El pasado 9 y 10 de septiembre se llevó a cabo el taller de incidencia: Diversidad de mujeres Activando organizado por Asuntos del Sur en articulación con el colectivo Las Poderosas-Teatroen Ciudad de Guatemala en la FGER (Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas).
¿Por qué volvemos a Guatemala?
En el proyecto SISA trabajamos durante 18 meses con la diversidad de mujeres de 4 países de la región (Ecuador, Paraguay, Argentina y Guatemala) en la identificación de los obstáculos que se encuentran las mujeres en sus respectivos activismos políticos y en la facilitación de procesos para la creación de iniciativas de empoderamiento desde las propias mujeres.
En esta segunda fase del proyecto lanzamos desde Asuntos del Sur el Programa de Formación SISA-Mujeres Activando que se encuentra alojado en la plataforma de la Academia de Innovación Política. Esta formación tiene como objetivos brindar contenido teórico y herramientas prácticas para los activismos de la diversidad de mujeres, así como para impulsar la articulación y fortalecimiento de sus mecanismos de trabajo e identidades entre las distintas colectivas. Del mismo participan actualmente más de 1000 lideresas de 19 países de América Latina, de las cuales 70 mujeres se encuentran en Guatemala.
Contexto político de Guatemala
Este es el tercer año consecutivo que, desde Asuntos del Sur, trabajamos en Guatemala. En esta ocasión llegamos en un contexto de declaración de Estado de excepción en 5 departamentos del nordeste del país: Izabal, Baja Verapaz, Zacapa, El Progreso, Alta Verapaz y Petén. El mismo fue ratificado por el Congreso, en los días posteriores, como supuesta medida para combatir el narcotráfico; sin embargo se sabe que en estos territorios tradicionalmente hubo tensiones entre las comunidades y las empresas por la explotación de los recursos naturales. En estos días, se está tratando de renovar el Estado de Sitio en 22 municipios de los departamentos afectados.
Por su parte, en Ciudad de Guatemala, el gobierno retiró el altar de las 41 cruces que se encontraban en la plaza central, en memoria de las 41 niñas quemadas en el incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción el pasado 8 de marzo de 2018. Cada una de las cruces tenía una vela y un cártel con el nombre y la edad de cada una de las niñas. Las mujeres tomaron la “Plaza de las Niñas” (como ellas la nombran) y restituyeron las cruces, pero ese mismo día fueron expulsadas por los antidisturbios. Días más tarde, restituyeron el altar pintando las cruces con un emotivo ritual maya conducido por Lorena Cabnal, del cual fuimos parte. Este caso movilizó a las mujeres del país, porque 56 niñas fueron encerradas en una habitación sin acceso a baños o comida durante más de 12 horas como represalia por un intento de huída debido a las violaciones y abusos sexuales así como las condiciones insalubres de vida que sufrían. Tras pasar toda la noche encerradas, una de las niñas prendió una colchoneta para que les abrieran la puerta como medida de protesta. Pero no lo hicieron, y dejaron que 41 niñas murieran calcinadas y otras 15 sufrieran quemaduras de hasta el 80% de sus cuerpos.
Talleres SISA-Diversidad de Mujeres Activando
El Programa de Formación contempla sedes presenciales en 6 países de la región (Paraguay, Guatemala, Ecuador, México, Colombia y Argentina), y como parte presencial del Programa en Guatemala realizamos un taller de dos días en Ciudad de Guatemala organizado junto a las Poderosas Teatro. Del mismo, participaron 35 mujeres: mayas (Tz’utujil, Q’eqchi’, Kaqchikel, K’iche), mestizas, jóvenes, adultas, rurales y urbanas; de distintos departamentos del país (Sacatepéquez, Izabal, Totonicapán, Huehuetenango, Sololá, Chimaltenango, y de municipios de Guatemala y de capital). Durante el taller utilizamos el Método SISA como herramienta innovadora en el diseño de acciones concretas con enfoque feminista. En ese sentido, las mujeres que participaron, por un lado, se propusieron trabajar la educación integral sexual a través de metodologías lúdicas y participativas, y por el otro, se interpelaron sobre cómo articular una agenda que integre la diversidad de luchas de las mujeres indígenas y las mujeres mestizas.
Cerramos la primera jornada de trabajo con una movilizante noche cultural de teatro “Preguntas púrpuras y discursos violetas” de Violetas resilientes con el proceso de formación, sanación y creación escénica de nuestras aliadas Las Poderosas Teatro.
En el segundo día de trabajo, se realizó el webinario “Estrategias para sortear los contextos de violencias machistas contra las mujeres” con la intervención de nuestra aliada Yren Rotela de Repadis, defensora de los derechos humanos de las personas trans en Paraguay, para contarnos sobre las estrategias que llevan adelante las mujeres trans y travestis para sortear los contextos de simultáneas y complejas situaciones de violencias machistas en los transitan sus vidas. También escuchamos a Kristell Anaid Perla Montes, defensora de los derechos humanos de las mujeres en Honduras, y participante del Programa de Formación, que nos contó del proyecto de investigación social que forma parte “Resiliencia: Mujeres enfrentando la violencia en espacios urbanos y estrategias para abordarlas”.
Acuerpamos las luchas de las hermanas de Guatemala, y seguiremos trabajando para el impulso de los liderazgos de las mujeres en plural, porque estamos convencidas que sin la diversidad de mujeres, ocupando los puestos de toma de decisiones públicas y políticas, no podemos seguir hablando de democracias. Las voces plurales, las cuerpas plurales y las identidades plurales tienen que estar defendiendo sus necesidades e intereses diferenciados para romper la tríada entre racismo, patriarcado y colonialismo.
[author] [author_image timthumb=’on’]https://asuntosdelsur.org/wp-content/uploads/2019/09/LilaMonasterios.png[/author_image] [author_info]Texto y fotos: Lila Andrea Monasterios, Responsable de Comunicación en Asuntos del Sur[/author_info] [/author]
Más de cinco millones de hectáreas de naturaleza han dejado de existir en Bolivia. 28,4% de todo lo que se deforestó entre 2005 y 2018 sería el equivalente a lo que se quemó entre julio y septiembre de este año. Solo en el 2019, hasta el 26 de septiembre de este año.
En lo que se conoce como la Amazonía boliviana, más de dos millones de sus habitantes están carbonizados y desparramados en tierras antes rojizas y ahora cubiertas de ceniza. Los signos de sufrimiento son evidentes: los cuerpos fríos yacen sobre la tierra aún caliente. De aquellos que pudieron escapar, muchos morirán por falta de alimento, los otros tienen traumas. Pocos tuvieron la suerte de la osa bandera Valentina, que al ser rescatada, cayó en un coma profundo. En medio de toda esa destrucción, también está un pueblo ayoreo no contactado y acorralado por el fuego.
La cronología se remonta a décadas de falta de voluntad para convivir en armonía con la naturaleza. Pero es este año cuando se hace evidente que los planes por la preservación de los bosques -firmados en tantos convenios internacionales, como el Acuerdo de París, que Bolivia ratificó en 2017- son solo parte de la letra muerta de tantos otros papeles. Con la aprobación del decreto supremo 3973, el 9 de julio de 2019, se amplía la frontera agrícola y sin preguntar a la población se concreta que:
“ARTICULO 5.- En los departamentos de Santa Cruz y Beni, se autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias, que se enmarque en el Manejo Integral y Sustentable de Bosques y Tierra, conforme a los instrumentos de gestión específicos aprobados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra – ABT, y sus Planes de Uso de Suelo vigentes. En ambos departamentos se permite las quemas controladas de acuerdo a reglamentación vigente, en las áreas clasificadas por el PLUS que así lo permitan.”
Quienes se apuraron en manifestar su rechazo a esta medida fueron los indígenas del Comité Defensor de la Amazonía de la cuenca del río Madera, en el departamento de Beni. La tala y quema afectarán todo su trabajo en reforestación y calificaron de mercantilista el decreto, pues se evidenció que no hay un manejo profesional de la naturaleza. Como antecedente, la Red Amazónica de Información Socioambiental Georeferenciada establece que entre el 2005 y 2018, la Amazonía boliviana perdió 18,7 millones de hectáreas.
La sociedad prende chispa
Pero no es hasta la segunda semana de agosto que la población en general se termina de enterar que este año los “chaqueos”, como se conoce a las quemas controladas en Bolivia, no son las que se acostumbra. Si bien ya estaba normalizado estar rodeados de humo en esta época, los pedidos de auxilio de las comunidades aledañas del territorio afectado, las alertas del Centro de Operaciones de Emergencias Departamental y los animales que inesperadamente llegan a la ciudad de Santa Cruz, son cada día mayores. Es entonces cuando una densa capa de humo cubre la ciudad, cuyo himno tiene paradójicamente la frase “bajo el cielo más puro de América”.
Desde el 13 de julio se sabe que el 46% de Santa Cruz está en peligro crítico por el fuego. El 8 de agosto, el alcalde de San José de Chiquitos, Germaín Caballero pide que se declare emergencia para gestionar ayuda internacional. Para el 13 de agosto Roboré se declara en desastre: 25 mil hectáreas quemadas parecen ser lo suficientemente impresionantes para llamar la atención del Gobierno central. Las acciones que se toman a nivel nacional, como el freno de las autorizaciones de quema controlada que otorga la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), no tienen ningún resultado.
Es recién el 19 de agosto que el presidente de Bolivia, Evo Morales, visita la zona y aunque declara que “hay que ser sinceros, no les voy a mentir, a ver si podemos apagar el fuego según la información es mucho”. Sin embargo, resalta que no es necesaria la ayuda internacional, pues, «el país está preparado». Aunque en ese momento solo se cuenta con dos helicópteros Bambi Bucket. A nivel nacional, empiezan las protestas, la agenda de medios toma el evento como el más relevante: cifras, datos, declaraciones, la temporada preelectoral parece estar en pausa.
El 20 de octubre, Bolivia elegirá a su presidente y este desastre se interpuso en la carrera
A la región de la Amazonía boliviana que se encuentra en Santa Cruz se la conoce como Chiquitania. Más al sur, como Chaco y Pantanal. El bosque seco chiquitano es el punto intermedio del degradé de árboles como las palmeras que lentamente se van cruzando con los burupaus, propios del Chaco, que se expande hasta Paraguay. Hacia el lado de Brasil está el Pantanal, hogar de la casi extinta paraba azul y una de las mayores zonas húmedas del mundo, que nutre las aguas del rio Paraguay.
Solo en Santa Cruz la destrucción representa 3,1 millones de hectáreas, más del 40% se tratan de áreas protegidas.
La sociedad parece estar dividida en este tema: desde el oficialismo se apunta a opositores y activistas como responsables. Incluso varias autoridades acusaron a chilenos, brasileños y menonitas. Activistas acusan al Gobierno que, con las leyes 741 y 1098, además de los decretos supremos 3874 y 3973, avala las prácticas de destrucción de la naturaleza. El presidente defiende a los pequeños chaqueadores, porque «de algo deben vivir» y dice que el desarrollo es primero. La oposición aprovecha el tema para decirle que Bolivia Dijo No a su cuarta candidatura. Para el resto, es como si el incendio no tuviera que ver con ellos.
Contener el espíritu
El luto que dejaron los siete bomberos fallecidos durante los incendios en Bolivia reveló que, por un lado, nuestra sociedad es solidaria siempre y, por otro, que haber participado de esta titánica tarea dejará consecuencias a muchos. Por eso, consta como uno de los pedidos en la recién creada Coordinadora Intersectorial en Defensa de la Naturaleza y los Pueblos, que se les otorgue un seguro de salud, pues la inhalación de monóxido de carbono, entre otras cosas, puede causar daños en su salud.
Pero también hay que pensar en el costo psicológico de nuestra sociedad. ¿Quién dará la contención necesaria? Mónica Negrete, egresada en veterinaria y voluntaria lamentaba no tener tiempo para entristecer por la muerte de sus amigos bomberos, porque el fuego continúa y los animales siguen en riesgo.
Todos aquellos que ingresaron a las zonas, con o sin experiencia, están condenados a recordar de por vida las imágenes de devastación, el silencio de la tragedia, el manto blanco de la ceniza, el rojo vivo del fuego al lado del camino, el olor a humo impregnado en el cuerpo, la lluvia sombría con restos de árboles: la muerte, en alguna medida, de nuestro espíritu.
Última parada: El gran refugio
Una pequeña voz surge en Ñembi Guasu, el área protegida más joven de Bolivia.En medio de la vorágine de acusaciones, reclamos y protestas, desde Roboré -que se convirtió en el centro de operaciones gubernamental para dirigir las acciones-, se determina que las zonas con gente serán las prioritarias.
Ñembi Guasu, entonces, queda relegada como si se tratara de un monte sin vida. Sin embargo, gente del Gobierno Autónomo Guaraní Charagua Iyambae (GAIOC), junto con el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) y Naturaleza, Tierra y Vida (Nativa), entre otros, toman este territorio como su prioridad.
En guaraní, Ñembi Guasu significa «Gran Refugio».
Adhemar Flores, legislador de la GAIOC y miembro de la comisión de Recursos Naturales, Tierra y Territorio, cuenta que la falta de equipo y logística es lo que demora sus acciones de contingencia. Más adelante, vendrá la etapa de restauración, aunque prevé que la mayor amenaza serán los avasallamientos que tienen por aliados a los del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que a pesar de saber que es una área protegida, siguen entregando títulaciones. Flores ya tuvo que enfrentarse y sacar a gente que se estaba asentando en la zona.
De quienes no se sabe nada es de los ayoreos no contactados.
A pesar de existir diferentes legislaciones como el Decreto Supremo 24122, en el que “se garantizan y aseguran los derechos de subsistencia básica y actividades de transhumancia, recolección y manejo del hábitat de las familias ayoreo de nómadas no contactados” o el Decreto Supremo 1286, que señala que “las naciones y pueblos indígena originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados, serán protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva”, el rastro de estas vidas parecen ni cruzarse por la cabeza de quienes gestionan la ayuda «humanitaria».
Esta es la mayor preocupación de Jose Picanderai, un ayoreo de la comunidad Urucú, que entró hasta donde se hacían las exploraciones con drones en Ñembi Guasu para buscar algo de atención.
“Mis hermanos están ahí y estamos preocupados por que en las imágenes del satélite hemos visto que el fuego está en su zona”.
Cuando dice «su zona», se refiere a los hitos entre el 4 y 6 del lado boliviano, aproximadamente, desde el sur de Santa Teresita y la comunidad Nueva Jerusalén, hacia el parque Kaa Iya.
Sabe que no están en Paraguay, porque allá hay protocolos y gente que los monitorea, además de que allá los ganaderos cierran sus terrenos, mientras que en Bolivia quedan abiertos.
“Ellos no saben cómo protegerse, he pedido ayuda al Ejército, he escrito cartas al alcalde de Roboré. Quiero hacer un reconocimiento aéreo porque de día se los puede ver cuando están cocinando, pero no me hacen caso, dicen que no hay gente aquí, pero está nuestra huella. Ancestralmente este es nuestro territorio”, ruega José y explica que sus «hermanos» son nómadas y que, seguramente, irán a tierras elevadas donde no llegue el fuego. Pero la tristeza de la devastación los invadirá inevitablemente y los afectará de manera directa, porque sus fuentes de alimento mermarán.
Ellos, a diferencia de nosotros, cazan para el día, sacan la miel para el día.
Ante la falta de protocolos y conocimiento general, recomienda no acercarse a ellos, no hay que seguirles ni gritarles por que eso sería tomado como una provocación y les pueden defenderse a flechazos.
Rebeca Chiqueno, de la Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (CANOB), reconoce que existen indicios para saber que están por ahí. Hace un par de meses, cuando su hijo entró a cazar, los escuchó gritando, además de ver sendas abiertas donde están sus huellas. También está preocupada por esta situación y espera al encuentro de emergencia que habrá en octubre entre Bolivia y Paraguay, para saber como proceder en este tema.
Desde la CANOB en Bolivia y UNAP en Paraguay están demandando a las respectivas autoridades coordinar con sus organizaciones para generar acciones y garantizar los derechos humanos fundamentales del pueblo ayoreo, pues sus sistemas de supervivencia para alimentarse de las raíces, miel, insectos y animales han sido destruidos y señalan que se sienten amenazados por el agronegocio.
Responsabilizan a las autoridades de ambos países y exigen la sanción de los culpables. “¿qué será de ellos, viven aún?” cuestiona su comunicado.
“Los servidores públicos del nivel central del Estado, de las entidades territoriales autónomas y la sociedad civil, tienen el deber de hacer cumplir los derechos de los titulares de la presente Ley, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal”, dice el artículo 5 de la ley 450 de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios en Situación de Alta Vulnerabilidad del 4 de diciembre de 2013.
En la misma, se anuncia la creación de la Dirección General de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios (DIGEPIO). Hasta este año, esta oficina no existe. Como tampoco se sabe de protocolos bolivianos ni proyecto de sensibilización.
¿Qué pasaría si en medio del desastre bomberos voluntarios se encuentran con ellos? ¿Saben que nuestra ropa tiene bacterias que pueden enfermarlos? ¿Saben que son hostiles y que no hay que intentar establecer comunicación?
¿Qué será de ellos, viven aún? Ninguna autoridad se ha manifestado al respecto de los no contactados, pareciera que los decretos y leyes son, de nuevo, letra muerta en los documentos que se firman en el «intento» de hacer bien las cosas.
Llegada la hora, cuando es necesario implementarlas, el camino se desvía.
Habría que rescatarnos como a la osa Valentina, quien después de su coma despertó y muestra mejorías. Nunca será la misma de antes, pero por lo menos se le dio una nueva oportunidad para continuar con su vida.
En la agenda patriótica del Gobierno constan las grandes exploraciones en busca de combustibles fósiles, construcciones de megaproyectos, exportación de carne masiva, venta de etanol, que nada tienen que ver con los derechos de la madre tierra.
Mientras el modelo de desarrollo extractivista bolivianos -que se basa en la propiedad privada de los recursos y su extracción en grandes cantidades, mercantilizando a la naturaleza para fortalecer la economía internacional provocando consecuciones territoriales- continúe como regla, los habitantes de los últimos refugios naturales irán migrando, desapareciendo, escapando o muriendo.
[author] [author_image timthumb=’on’]https://asuntosdelsur.org/wp-content/uploads/2019/10/Captura-de-pantalla-2019-10-08-a-las-4.00.05-p.m..png[/author_image] [author_info]Autor: Ignacio García Marín, Doctor en Gobierno y Administración Pública [/author_info] [/author]
(Foto: redes sociales)
La semana pasada, el 2 de octubre de 2019, el presidente de la República del Perú, Martín Vizcarra, disolvió el Congreso con base en el artículo 134 constitucional. Todo ello sucedió luego de una jornada de tensiones entre las bancadas fujimorista y aprista y el gobierno peruano. Como si de una clase de derecho constitucional se tratara, el conflicto entre poderes se resolvió mediante el empleo de una facultad típicamente parlamentaria e impropia, en términos teóricos, de un régimen presidencial como el de la nación andina, dada la separación de los procesos electorales que el presidencialismo establece para el jefe del Estado y los legisladores.
Sin embargo, y a pesar de haber sido la primera ocasión en la que se ha empleado este mecanismo desde la entrada en vigor de la actual Constitución de 1993, no parece un hecho inesperado ni imprevisto. Tanto en la década de los años 80, como en los primeros años de Alberto Fujimori, el choque entre el legislativo y el ejecutivo peruanos fue razonablemente constante, gracias en parte, a las frecuentes minorías oficialistas y, en otra parte, a una oposición con poco sentido de Estado y altamente electoralista. Con la recuperación de la democracia en los 2000, la tónica fue similar, aunque podemos identificar mayor colaboración entre los grupos parlamentarios y el oficialismo, especialmente durante el ejecutivo del fallecido Alan García.
No en vano, no hay que olvidar el bajo nivel de institucionalización del sistema de partidos peruano, lo que ya en diferentes investigaciones se ha evidenciado una debilitación del empleo de las facultades constitucionales del ejecutivo y del legislativo, así como de colaboración inter-institucional. En efecto, en el Perú podemos a menudo identificar organizaciones partidarias creadas ad hoc para los comicios generales, una gran dependencia de estas precarias y noveles estructuras hacia sus líderes y una escasa estabilidad electoral y parlamentaria. Se trata del país con mayores niveles de volatilidad agregada y de rotación de ministros y primeros ministros entre 1980 y 2018 en toda América Latina. Sirva de ejemplo que, para este período, un primer ministro -o presidente del consejo de ministros, como oficialmente se le denomina- ha estado en su cargo poco más de 14 meses, por 11 meses de los ministros.
Por tanto, nos encontramos ante un sistema de partidos frágil e inestable, mismos adjetivos que podríamos agregar a los ejecutivos peruanos de los últimos años. A ello añádase el sistema presidencial “parlamentarizado” del Perú, el cual, en situaciones de bloqueo como la que se dio hace unos días, puede resolverse, al menos momentáneamente, mediante la aplicación de una facultad pensada para estos fines. ¿Cuál es por tanto la polémica?
En primer lugar, aunque la Constitución del Perú faculta al presidente de la república a la disolución de legislativo -monocameral- una vez que éste haya censurado en al menos dos ocasiones al presidente del consejo de ministros -el primer ministro- durante un mismo mandato, no está del todo claro que estas condiciones aplicaran al caso de Martín Vizcarra. Para unos, indudablemente se produjeron dos censuras en junio y septiembre de este año; para otros, estaríamos ante una interpretación autoritaria de los supuestos que habilitaron al presidente a la convocatoria de elecciones, lo que cuestionaría la visión simplista de buenos y malos de esta película. En todo caso, y quizá como algo positivo, ni oficialismo ni fujimorismo aparecen como los claros candidatos a la obtención de una sólida mayoría parlamentaria en los comicios de enero de 2020, aunque sea apresurado lanzar esta previsión.
En segundo lugar, tenemos la arena política del momento. El fujimorismo, junto a las alianzas parlamentarias que estaba tejiendo con el aprismo, APP, Acción Republicana y otros, se situaba cerca de alcanzar los dos tercios de la cámara. Con esa mayoría cualificada no solo podía aspirar a reformar puntos cruciales del sistema político, caso de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, sino además llevar adelante de manera exitosa la amenaza de la vacancia presidencial con difícil encaje legal. Es decir, en apenas unas horas la situación política se tornó irremediablemente en favor de Martín Vizcarra, preso hasta entonces de una presidencia errática y de una aguda minoría parlamentaria. Más que por sus acciones de gobierno, es probable que el electorado le apoye por esta disolución congresual que ha herido gravemente al fujimorismo.
En tercer lugar, no ha de entenderse el apoyo popular como un juicio de constitucionalidad. Ciertamente pueden identificarse de manera sencilla encuestas y reacciones populares a favor de la convocatoria de elecciones y de la acción ejecutiva. Sin embargo, aunque la imagen del Congreso y, aún más de las bancadas protagonistas sea muy baja, no le corresponde al máximo intérprete de la Carta Magna fallar en consonancia al sentir popular. Más al contrario, y a pesar de la política de hechos consumados dirigida por Martín Vizcarra, hemos de estar expectantes ante el próximo fallo de la corte constitucional, el cual no llegará antes de diciembre de 2019, salvo sorpresa. Es improbable que anule la convocatoria de elecciones legislativas por la previa disolución parlamentaria, pero la sentencia ante la primera ocasión en que se ha empleado esta facultad puede resultar un interesante precedente sobre el adecuado uso de esta herramienta de desbloqueo ante escenarios de abierto enfrentamiento entre los poderes del Estado. Especialmente, en un contexto global donde los populismos pugnan por imponer el voto sin límites ante las bases del Estado Constitucional y de la Democracia Liberal. El discurso fácil pero muy peligroso de pueblo vs instituciones contra-mayoritarias está servido.
Por tanto, en el propio Perú no sólo se está librando una batalla que supera las luchas entre dos poderes del Estado debilitados por un sistema de partidos frágil, inestable y tendente a la volatilidad, hecho no del todo novedoso para la república andina. Más bien, se está discutiendo sobre los límites a los poderes del Estado, a la esencia de la Constitución y al propio arbitrio de conflictos cuando los representantes del pueblo no están a la altura esperada. Es pues, una cuestión de democracia, por muy predecible que ésta pudiera haber sido.
La noche del 1 de octubre, el Presidente Lenín Moreno anunció la entrada en vigencia de nuevas medidas económicas y laborales para lxs ecuatorianxs. La decisión presidencial incluye la liberación de los precios de la gasolina y el diésel, la reducción de los días de vacación para los empleados públicos, así como nuevas modalidades de contrato por período determinado y reajustes a la jubilación patronal. A la par, se anunció la eliminación y reducción del impuesto a la renta e impuestos para la importación de maquinaria industrial y bienes tecnológicos, entre otros puntos de índole tributaria.
Desde el día siguiente hasta el viernes 04 de octubre, ciudadanxs no agrupadxs y organizaciones civiles autoconvocadas han ocupado las calles a lo largo del país exigiendo la derogatoria de las medidas. La movilización social inició con marchas hacia el centro histórico y la paralización del servicio de transporte público. A la protesta se unieron estudiantes de las universidades públicas y cientos de personas que denuncian la precarización de la vida y la injerencia del Fondo Monetario Internacional en la política nacional.
Luego de las primeras horas de movilización, Moreno dispuso el Estado de excepción, medida que habilita el empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como y la limitación del derecho a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito y asociación. Esto, mientras manifestantes y medios independientes denunciaban detenciones a estudiantes, violencia física hacia reporteros y fotógrafos y fuerte represión en los alrededores del Palacio de Carondelet, sede presidencial.
La zanganería
En lo que va de la protesta, un joven quiteño perdió el ojo derecho a causa del impacto de una bomba lacrimógena y se ha elevado el número de heridos y detenciones a nivel nacional. En medio de la inconformidad social, medios corporativos y prensa escrita tradicional han emprendido una campaña de desprestigio contra indígenas, estudiantes, padres y madres de familia que se han ido sumando al paro nacional. En línea con el discurso oficial que acusa de vándalos a quienes ejercen el derecho a la protesta, la tarde del viernes 4 de octubre, el Presidente Moreno ratificó que no cambiará la eliminación del subsidio al combustible y que “se acabó la zanganería”, refiriéndose de manera despectiva hacia quienes se han movilizado a lo largo del país.
Al cierre de esta nota, la expresión presidencial ha sido resignificada por quienes apoyan el paro y el hashtag #YoTambiénSoyZángano ya ocupa las redes sociales y las paredes de distintas ciudades. Asimismo, activistas informan que la fuerza policial impide que familiares y abogadxs de las personas detenidas puedan realizar su labor de defensa, y se conoce de manera oficial que la asociación de transportistas ha declinado de la paralización del servicio, hecho que deja en duda bajo qué parámetro se toma la decisión pues no se ha transparentado el acuerdo.
Ante este panorama, se mantiene la preocupación por el alza de los pasajes, por el encarecimiento de la vida y por la represión y desaparición de manifestantes. Si la movilización continúa -y para que el horizonte de una vida digna no se pierda-, que “lxs zánganos” seamos más.
Los incendios en la Chiquitanía y el Chaco boliviano las afectan particularmente. El desastre natural, la quema de cultivos y la contaminación del agua no les permiten cumplir con los roles de género y el sistema de cuidados que les impone el patriarcado. Por eso, más allá de sufrir el fuego en carne propia, la mayoría se lamenta por sus familias. Cuando el fuego se apague, las mujeres saben que los hombres se irán a trabajar a la ciudad y ellas quedarán solas en el territorio con sus niños y niñas.
Las mujeres indígenas sufren una doble opresión: por ser mujeres y por ser indígenas. Junto a las afrodescendientes son el ejemplo más claro de cómo el racismo, el patriarcado y el colonialismo se entrecruzan para mostrarnos la cara más perversa de la modernidad.
En el caso de los incendios, el principal problema pasa por el sistema de cuidados: el patriarcado ha impuesto a las mujeres el rol de cuidadoras de las infancias, de la tercera edad y de las personas enfermas. Es decir, un trabajo que no es ni pago ni reconocido por la sociedad. En circunstancias de desastre natural, estas tareas se ven imposibilitadas de cumplir: mientras los hombres van a apagar el fuego, las mujeres se quedan en la casa y no pueden ni obtener el agua y los alimentos para la familia ni cuidar de los animales domésticos.
Un segundo conflicto es cuando el fuego afecta a las plantaciones en donde las mujeres recogen los alimentos para el hogar y las materias primas para las manufacturas que realizan de modo colectivo. Dado que uno de sus principales problemas es la independencia económica, cuando se afectan los recursos naturales de donde producen su sustento, se afecta también su libertad.
En su recorrida por la Chiquitanía boliviana, la Directora Regional del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), Daniela Vidal, ha seguido de cerca las consecuencias del fuego en los bosques bolivianos: “Los incendios afectan a la economía del hogar, la alimentación y la salud: cuestiones que recaen sobre la responsabilidad de las mujeres. Cuando las indígenas producen recursos, los ingresos se distribuyen con todos los integrantes de la familia y se destina a las tareas de cuidado que son las asignadas por los roles de género. No suele pasar lo mismo con la figura masculina que destina solo una parte de sus ingresos a la familia”.
De este modo, se reproduce lo que explica la antropóloga Rita Segato en su ensayo Género y colonialidad: del patriarcado comunitario de baja intensidad al patriarcado colonial moderno de alta intensidad: confinada al espacio doméstico, la hegemonía del espacio público apropiado por los hombres como lugar de deliberación y toma de decisiones relegó a la mujer a una esfera privada carente de intervención pública. En el fondo, esta jerarquía de espacios propia de la irrupción del patriarcado eurocéntrico, significó una ruptura ontológica en la mujer. La desigualdad de esferas significa una desigualdad de género. Al mismo tiempo, el hombre indígena oprimido por el blanco fuera de la aldea, será empoderado al interior de la misma.
Si bien siempre existió una jerarquía previa a la conquista europea, un “patriarcado de baja intensidad” en términos de Segato, esta diferencia se radicaliza con la intrusión colonial que toma a los hombres indígenas como interlocutores privilegiados y “domestica” a las mujeres. “Los vínculos exclusivos entre las mujeres, que orientaba a la reciprocidad y a la colaboración solidaria tanto ritual como en las faenas productivas y reproductivas, se ven dilacerados en el proceso del encapsulamiento de la domesticidad como ‘vida privada’. Esto significa, para el espacio doméstico y quienes lo habitan, nada más y nada menos que un desmoronamiento de su valor y munición política, es decir, de su capacidad de participación en las decisiones que afectan a toda la colectividad”, concluye Segato.
Entre los roles de género y la participación política
La Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB) reúne a las indígenas de tierras bajas (como se denomina al Oriente boliviano cuya altura promedio es de 500 metros sobre el nivel del mar) y su misión es promover la participación activa de las mujeres en las decisiones políticas. Sacarlas de la esfera doméstica para repolitizarlas en la esfera pública. Su presidenta, Wilma Mendoza Miró, explica que la mujer indígena comienza a ser discriminada cuando exige sus derechos dentro del mismo entorno familiar. A participar de la toma de decisiones como lideresas, la marginación se vuelve a repetir: “Venimos de una cultura en la que el jefe del hogar tiene que ser el hombre y en tu familia misma te discriminan por nacer mujer. También somos discriminadas como dirigentas porque la mayor parte son varones. Entonces se ríen de lo que una dice por más que sea una buena propuesta. Es una lucha constante para demostrar que nuestras ideas son buenas”. La misma discriminación se hace presente una vez más cuando la mujer indígena sale del territorio y en la ciudad la miran despectivamente por no tener el mismo nivel educativo que las mujeres urbanas.
En este momento, Mendoza Miró se encuentra en la Chiquitanía, una de las regiones más afectadas por el fuego, encabezando una vigilia que reclama el apoyo del gobierno nacional. La dirigenta pone en palabras cómo sufren el incumplimiento del cuidado de sus familias: “Las mujeres están sufriendo más los incendios que los hombres porque tienen que preparar el alimento todos los días para sus familias. Además, toda el agua está yendo a los ganados, pero no a los chanchitos, gallinas y conejos que forman parte de nuestra alimentación”.
La lideresa cuenta que, con la sequía, las chiquitanas también perdieron el maíz para alimentar los animales menores y se vieron obligadas a salir de sus comunidades para pedir ayuda en la ciudad: “Eso no nos gusta porque en nuestra casa grande tenemos todo: es nuestro mercado. A nosotras nos da vergüenza pedir ayuda, pero lo que está ocurriendo nos obliga. Se están perdiendo vidas: no solo humanas. La flora para nosotras es muy importante. Por eso hablamos de la biodiversidad y del equilibrio con el entorno. La naturaleza nos necesita y nosotros a ella. La mujer indígena está sufriendo mucho”.
Leticia Resamano Enríquez es la técnica especializada en género del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), una de las organizaciones que más ha acompañado las luchas y el desarrollo rural desde su fundación en 1970 bajo la iniciativa de tres jesuitas. Actualmente, la institución busca fortalecer los liderazgos de los jóvenes y las mujeres en la primera autonomía indígena del Estado Plurinacional de Bolivia: la Autonomía Guaraní Charagua Iyambae.
La especialista cuenta que las dificultades de las guaraníes están relacionadas con la influencia de la cultura patriarcal y los roles de género, tanto en la participación política como en la independencia económica: “Para las mujeres indígenas, el patriarcado opera más fuerte por los roles que se asumen. Se cree que deben estar en la casa y sufren una doble discriminación por ser mujeres e indígenas. A veces se suma también si eres joven. No podemos comparar la opresión a la mujer urbana con la mujer rural e indígena, la cual se reproduce tanto afuera como adentro de la comunidad”.
Resamano Enríquez explica que en las regiones donde más ha durado la explotación colonial, el liderazgo de las mujeres está más adormecido por los efectos de la conquista. En las autonomías, las mujeres han asumido un rol muy importante en la construcción y la consolidación de los procesos. Aún así, en las mayorías de las carteras las mujeres siguen siendo relegadas a los puestos más bajos.
Otro conflicto surge con la reacción de los hombres. “Cuando hablamos de género, los hombres guaraníes nos dicen que les metemos cosas en la cabeza a las mujeres”, sonríe la técnica mirando de reojo a un señor que se hace el desentendido con el comentario. En principio, los varones se muestran a favor de que las indígenas participen políticamente, pero cuando llega el momento de la elección la mayoría de los puestos son ocupados por hombres. Nada muy diferente a lo que ocurre en los partidos políticos y sindicatos occidentales.
El Territorio Indígena Monte Verde: el temor por el cusisal y el problema de la sequía
El Territorio Indígena Monte Verde, ubicado en la Chiquitanía boliviana, comprende un área de 974.447 hectáreas y es uno de los más afectados por los incendios. El pueblo chiquitano señala que la expansión de la frontera agrícola, el desmonte y las quemas, combinadas con la helada y la sequía, son las responsables del fuego que ya se comió a más de 224.000 hectáreas de su territorio y afectó a 35 comunidades.
La secretaria de Género de la Central Indígena Paiconeca, Albertina Flores Mancilla, recorrió las comunidades afectadas y colaboró con la evacuación de los niños y niñas. La joven dirigenta explica que la helada quemó las plantaciones de maíz, plátano y yuca con los que las mujeres indígenas alimentan a sus familias. La lideresa chiquitana sostiene que el incendio agravó la situación que viven diariamente: “Muchas veces el varón se va de las comunidades en busca de trabajo y quedamos solas con nuestros hijos. Las mujeres indígenas somos las que más sufrimos en las comunidades. Más allá de la quema de cultivos, tenemos que salir a buscar agua para tomar y, como nuestros chacos [porción de tierra destinada a la agricultura] quedan lejos de los centros urbanos, tenemos que encontrar soluciones sin poder pedir ayuda inmediata”.
Por su parte, la presidenta de la comunidad Virgen de Urkupiña, Carmen Lourdes Herrera Rodríguez, explica que su territorio ha sido muy afectado y todos los comunarios sufren el desastre natural. La preocupación por la falta de agua vuelve a estar presente: “Nosotros teníamos un pequeño chorro de agua que pasaba por la comunidad, pero con la sequía ya no existe. Nos quedamos sin agua nosotros y los animales. Hasta el momento se nos murieron dos vacas por falta de pasto”.
En la comunidad Palestina, el fuego amenaza la independencia económica. La Asociación de Mujeres 1° de Mayo está preocupada por su emprendimiento colectivo de plantaciones de cusi: de las semillas de las palmeras extraen un aceite amarillo similar al aceite de coco que usan para hacer cremas y shampoo. “Si se quema el cusisal no podemos realizar los productos y no tenemos para sustentar a la familia. Somos mujeres que damos todos los días la cara por nuestros hijos y pedimos ayuda porque el fuego ya va a llegar a la zona donde hacemos la recolecta del cusi. Estamos preocupadas”, explica una de las integrantes de la asociación.
En el Territorio Indígena Monte Verde, las mujeres chiquitanas sufren la crisis del sistema de cuidados y los efectos del desastre natural: como madres, piensan en cómo afectará el incendio la salud de sus hijas e hijos, mientras que, como indígenas, se preocupan por el bosque y qué comerán los animales silvestres.
La Autonomía Charagua Iyambae: la contaminación y los parques nacionales
Al igual que en Monte Verde, las mujeres guaraníes de la primera autonomía indígena del Estado Plurinacional de Bolivia también están desarrollando sus iniciativas productivas que les otorguen independencia económica. En la capitanía de Parapitiguasu, tienen sus cajas de abejas y transforman la miel: hacen shampoo, jabón, cremas y jarabes. También trabajan la semilla de la flor del ñetira con la que producen cremas de enjuague y, realizan canastas y tejidos. En Charagua Norte, fabrican láminas de cera para la producción de miel. Lo que falta trabajar es la comercialización. Otros emprendimientos como las huertas comunales son muy eficientes, pero no se visibiliza su efecto: si bien disminuyen los gastos en la canasta familiar, como lo producido no se vende, su aporte no es valorado por los hombres.
Frente al avance del fuego, Resamano Enríquez comenta que los incendios están lejos de sus viviendas y la preocupación no pasa por las pérdidas económicas, sino por cómo afectan a la naturaleza: “Las mujeres tienen miedo por el tema ambiental y la contaminación de las aguas subterráneas que, de algún modo, a la larga las van a afectar. Están esperando la lluvia. La Madre Tierra está muy arraigada al nivel cultural porque a las mujeres guaraníes siempre se las ha considerado como seres espirituales y de conexión directa con la naturaleza”.
Marta Morales es asambleísta de Parapitiguasu y señala que los focos de fuego son muy grandes: “Como mujer y madre de familia puedo decir que es bien lamentable para nosotras que nuestros bosques lleven ardiendo más de un mes. Se están quemando nuestra fauna, aves, animales silvestres y recursos naturales. La situación es muy crítica”. En este momento, su preocupación está en los Parques Nacionales Kaa-Iya y Otuquis, y el Área de Conservación Ecológica Ñembi Guasu: todos ubicados dentro de la autonomía de Charagua.
Morales señala que reforestar lleva mucho tiempo y que no es lo mismo que el árbol nativo. La situación se agrava cuando ya son más de un millón de hectáreas quemadas. “Nuestros animales silvestres: ¿cuánto se ha perdido y cuánto nos va costar ver cuántos quedaron? Como madre me preocupa y pienso que mis hijos deberían conocer estas áreas protegidas y ver qué tenían. Ya no lo van a conocer. Ni lo van a palpar. Le pedimos a Dios y a la naturaleza que nos derrame su bendición y llueva porque ese va a ser el final de la quema”, concluye la referenta ante el deseo de que sus hijos conozcan el territorio.
En Ñembi Guasu y Otuquis, viven en aislamiento voluntario varias familias de los ayoreos no contactados. No se sabe cuántos. Hace tan solo dos meses hubo avistamientos de sus rastros. Con el avance de los incendios, se teme que sean acorralados por las llamas que a veces superan los 25 metros de altura.
La secretaria de género de la Central Ayoreo Nativa del Oriente Boliviano (CANOB), Rebeca Chiqueno, afirma que están preocupados porque no se sabe dónde se encuentran los ayoreos no contactados: “Las mujeres ayoreas son muy valientes. Salen a cazar y tradicionalmente son tejedoras: usan la hoja de garabata, pero cada vez es más difícil conseguir la plata para seguir realizando esta práctica. En el contexto urbano es la mujer ayorea quien administra los recursos de la familia: los esposos salen a trabajar, pero siempre el dinero se entrega a la mujer y es ella la que hace la distribución”.
Ñembi Guasu en guaraní significa “el gran escondite” o “el gran refugio”, y es así como lo siente Rocío Rúa, una mujer indígena guaraní que llegó desde el municipio de Camiri: “Alguna vez vimos esto con vida. Es normal que sea un área seca porque somos del Chaco. Hay sonidos del ambiente que te manifiestan que hay vida ahí. Sentir este silencio del viento, es desolador”. Isapi, su nombre en su lengua materna, pisa el suelo aún caliente tras un incendio que recién se apagó. Los abuelos le enseñaron sus creencias espirituales y, por qué es importante mantener las raíces para preservar y mantener la vida de estos lugares. “La noche que llegué sentí todo apagado, tuve sueños extraños, tuve miedo”, comenta con ansiedad, sabe que se están perdiendo las líneas de conexión entre lo espiritual y el territorio, y eso es algo que la entristece.
Los guaraníes cuentan que los verdaderos dueños de la tierra son los espíritus que la protegen. No es necesario ser indígena para creerlo, en el parque Kaa-Iya se dice que no ha entrado el fuego, porque su Iya (“amo mítico del monte”, en guaraní) lo custodia y resguarda de los incendios. El territorio está vivo porque ahí se sigue viviendo la conexión entre humanos y naturaleza que enseñan los abuelos. Las mujeres indígenas viven este vínculo de un modo particular, forma parte de su cultura, y por eso sufren por la flora, la fauna y la tierra arrasadas.
Después del fuego
Los incendios en el Estado Plurinacional de Bolivia han consumido más de 4 millones de hectáreas. En esos bosques devorados por las llamas, los pueblos indígenas en general y las mujeres en particular padecen la destrucción de la flora y la fauna: allí está su cultura, su espiritualidad y su sustento.
Al igual que las mujeres urbanas, las indígenas sufren el patriarcado dentro del territorio. Pero a diferencia de ellas, también deben convivir con el racismo cuando salen de la comunidad. Es una doble opresión propia de la colonialidad del poder y la creación de la categoría de “raza” como mecanismos de dominación, inexistentes antes de la conquista de América.
Frente al fuego, las mujeres no pueden cumplir con el sistema de cuidados: una estuctura propia del patriarcado que las obliga a hacerse responsables de las infancias, la tercera edad y las personas enfermas. De este modo, ante la falta de agua potable y alimentos, los testimonios de las mujeres chiquitanas y guaraníes mencionan constantemente a sus hijos e hijas. En algunos casos, también hacen referencia al temor de que las llamas afecten a sus emprendimientos productivos que les permiten su independencia económica.
Sin embargo, cuando el incendio se apaga, los problemas continúan. El sufrimiento no solo está en el presente, sino en el futuro. “La ayuda durará tres meses. Pero en un momento se va a acabar. ¿Qué va a pasar después?”, se pregunta Vilma Mendoza que sabe que la asistencia y las donaciones tienen un límite. Mientras tanto, las mujeres indígenas se van preparando para los próximos meses: los hombres van a dejar las comunidades para salir a buscar trabajo en la ciudad y ellas quedarán solas en los territorios con sus niños y niñas.
* Damián Andrada es investigador de IWGIA y ORE, magister en Ciencia Política y Sociología, y docente de periodismo, comunicación y epistemología en USAL, UMSA y FLACSO.
* Lila Andrea Monasterios es documentalista y periodista boliviana, maestranda en derechos humanos y política social en la UNSAM, responsable de comunicación en Asuntos del Sur.
* Editora de género: Luciana Mignoli es periodista, docente e investigadora especializada en feminismos y pueblos indígenas.
Entre agosto y septiembre, realizamos la gira por Argentina entre las provincias de Neuquén, Santa Fe, Tucumán, Salta y Chubut, donde trabajamos junto a equipos de gobierno abierto subnacionales con el objetivo de fortalecer los espacios de co-creación de iniciativas y políticas con perspectiva de género, así como para promover articulaciones con organizaciones, sociedad civil y la ciudadanía. Los talleres de co-creación se han realizado con el NQNLab, SantaLab, la Secretaría de Participación Ciudadana de Tucumán, la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional y Territorial en Derechos Humanos de Salta y la Subsecretaría de Relaciones Institucionales de Chubut.
Este proyecto parte de los equipos de trabajo de Innovación Política LATAM y de SISA de Asuntos del Sur con el objetivo de fortalecer la perspectiva de género dentro de las iniciativas de gobierno abierto en los gobiernos locales de Argentina; y está co-financiado por la Embajada Británica en Argentina. En este objetivo de articulación con laboratorios cívicos y agentes claves de los gobiernos locales tenemos como contrapartes aliadas a la Mesa de Participación Federal, un espacio de encuentro entre 18 provincias del país que trabajan para el fortalecimiento del sistema democrático y donde la ciudadana es parte activa de la creación y desarrollo de política públicas.
La primera parte de este trabajo consistió en una capacitación mediante el Programa de Formación “SISA-Mujeres Activando”, realizada a través de la plataforma de la Academia de Innovación Política, en línea y de carácter gratuito. Éste fue un programa de carácter introductorio pensado, con el objetivo, de sentar las bases para trabajar gobierno abierto con enfoque de género. La segunda etapa, estuvo relacionada a proporcionar herramientas para incluir la perspectiva de género en espacios de co-construcción que permitieran introducir o profundizar la formación de agentes de gobierno en dicha temática mediante el uso de nuestra poderosa herramienta “Método SISA”. Esta metodología apunta a guiar procesos colectivos de manera sistematizada, aplicando componentes de la metodología del design thinking (pensamiento creativo), para garantizar el enfoque de género en la elaboración de políticas públicas y la generación de los próximos planes de acción de gobierno abierto.
Nuestra gira de trabajo comenzó en la Patagonia junto a NQN-LAB que conduce Ernesto Figueroa y el equipo de facilitadoras y facilitadores Romina Díaz, Eric Barchiesi, Maximiliano Korin y Martín Medrano. El NQN-Lab es un espacio de reflexión, producción y prototipado de ideas para promover la innovación pública, y es parte del Ministerio de Ciudadanía de la provincia de Neuquén.
Esta jornada de trabajo empezó con un conversatorio sobre políticas públicas con enfoque de género del que participaron Cora Ruiz Tena (directora de SISA) y Sofía Castro Mariel (coordinadora de incidencia territorial) ambas de Asuntos del Sur junto a la Doctora en Ciencia Política María Esperanza Casullo. Durante el conversatorio hablaron de la necesidad de preguntarnos, en nuestra práctica cotidiana, qué significa incorporar la perspectiva de género en todo aquello que se piensa y se articula desde el Estado. Contamos con la participación activa de la Ministra de Ciudadanía, Vanina Merlo; del Subsecretario de Ciudades Saludables y Prevención de Consumos Problemáticos, Hernán Ingelmo; de Patricia Maistegui, Subsecretaría de las Mujeres, y de Mage Ferraresso Concejala de la Ciudad de Neuquén.
En los dos días de taller estuvieron presentes 38 agentes de gobierno, tanto hombres como mujeres, pertenecientes a la Subsecretaría de Ciudades Saludables, a la Subsecretaría de Juventud, a la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, a la Subsecretaría de Mujeres,al Dispositivo de Asistencia a Varones dentro de esta última, a la Subsecretaría de Discapacidad, a la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, y al gobierno del Municipio de Villa El Chocón. Asimismo, contamos con la visita de Pablo Gutiérrez, Secretario de COPADE (Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo del Gobierno de la Provincia del Neuquén). En estas jornadas planificaron acciones concretas para seguir incorporando las miradas, intereses y necesidades diferenciadas de mujeres y varones cada vez que co-creamos acciones de gobierno abierto.
La segunda parada fue en Rosario, provincia de Santa Fe, junto a nuestros socios estratégicos de SantaLab liderado por Dardo Ceballos y el equipo de trabajo en el que se encuentra Belén Della Schiava. Santalab es una de las políticas más importantes que ha impulsado la Subsecretaría de Innovación Pública, a través de su Dirección Provincial de Gobierno Abierto de la provincia de Santa Fe, y desde 2016 vienen trabajando en tres líneas de innovación: Hacking Cívico, Cultura Digital y Desarrollo Sostenible.
Del taller, facilitado por Cora Ruiz Tena y Georgia Rothe de Asuntos del Sur, participaron 25 agentes de innovación de gobiernos locales y provinciales, tanto hombres como mujeres. Uno de los temas que más suscitó interés fue prototipar colectivamente acciones concretas con el objetivo de incorporar y visibilizar a las mujeres y disidencias sexuales en los espacios de toma de decisión de la administración pública de Santa Fe. En este espacio contamos con la participación de la Subsecretaría de Políticas de Género de Santa Fe, Gabriela Sosa, y Rosana Bellati, que asumirá como Diputada provincial, y también de Joaquín Blanco que en la actualidad es Diputado provincial.
Continuamos nuestra ruta, en el norte del país, en San Miguel de Tucumán junto a la Subsecretaría de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad del gobierno de Tucumán que encabeza José Farhat, quien también está a cargo de la Secretaría General de la Mesa Federal de Participación Ciudadana. La Subsecretaría de Participación Ciudadana tiene como objetivo el diseño de agendas participativas y vínculos con las diversas comunidades ciudadanas, para la prevención del delito.
En estas dos jornadas de taller fueron parte 17 personas del equipo de la Secretaría y se sumó personal del Ministerio de Seguridad, tanto mujeres como varones. La facilitación estuvo a cargo de Cora Ruiz Tena y Georgia Rothe de Asuntos del Sur, y se hizo hincapié en la construcción colectiva para incorporar la perspectiva de género en el trabajo que llevan adelante en los barrios de prevención comunitaria y participación ciudadana.
En las provincias del NOA, nuestra siguiente destino fue Salta, participamos activamente en el 2º Foro Regional de Redes de las 6 provincias del Norte de la Argentina (Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero). Desde Asuntos del Sur fuimos invitadas por nuestra aliada Clelia Ávalos, Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional y Territorial en Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de la provincia de Salta, y que actualmente se desempeña como Vicepresidenta de la Mesa Federal de Participación Ciudadana.
Este foro de alianzas que se llevó a cabo en la sede del Polo Integral de las Mujeres tiene por objetivos: tejer redes, intercambiar contactos, socializar herramientas y prácticas de gestión en red. Durante la jornada, también hubo una feria de buenas prácticas en las que expusimos y compartimos el trabajo de la Academia de Innovación Política y de SISA de Asuntos del Sur. En este espacio, presentamos Método SISA y realizamos la dinámica de la SuperSISA junto a las 50 mujeres que participaron del taller, con el objetivo de encontrar soluciones creativas a los obstáculos que ellas encuentran en su día a día.
Para cerrar nuestra ruta por el norte del país, implementamos nuestro taller de Método SISA en el Polo Integral de las Mujeres de Salta junto a 20 personas del equipo de trabajadoras y trabajadores comunitarias y a la policía comunitaria, para identificar nuestras habilidades para fortalecernos en red, y de esta forma, buscar soluciones concretas a nuestras necesidades colectivas.
Finalmente, la última parada, de esta etapa del proyecto, fue en Puerto Madryn, Chubut, donde se desarrollaron dos jornadas de taller articuladas e impulsadas junto a Gonzalo Mondillo y Tamara Sanders de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales del Ministerio de la Familia del gobierno del Chubut desde donde se creó el “Yene Lab” primer laboratorio de participación ciudadana de la provincia.
La facilitación estuvo a cargo de Georgia Rothe y Fiorella Wernicke de Asuntos del Sur y se contó con una activa participación de 34 hombres y mujeres de diferentes localidades de la provincia. A lo largo de los encuentros se focalizó en la sensibilización para agentes de gobierno; funcionarias y funcionarios en general y personal de seguridad en particular respecto a las prácticas cotidianas y la formulación de políticas públicas en materia de géneros desde donde se identificaron herramientas diversas como talleres de participación ciudadanía, métodos no convencionales de difusión e interpelación a la ciudadanía, el uso de las nuevas tecnologías; entre otras.
Agradecemos la predisposición a nuestras aliadas de la Mesa Federal de Participación Ciudadana y especialmente a NQNLab, SantaLab, la Secretaría de Participación Ciudadana de Tucumán, la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional y Territorial en Derechos Humanos de Salta y la Subsecretaría de Relaciones Institucionales de Chubut, que hicieron posible este trabajo de incluir y/o fortalecer la perspectiva de género en la agenda de gobierno abierto, así como la Embajada del Reino Unido en Buenos Aires.
El trabajo realizado a lo largo del país fue el puntapié inicial para fortalecer la perspectiva de género en gobierno abierto, y de esta forma, incidir en las brechas de desigualdad de género y los sesgos de género que todavía persisten en el diseño, la implementación y evaluación de las políticas públicas. La tercer etapa comienza este octubre y se basará en la facilitación de talleres de gobierno abierto con perspectiva de género por parte de agentes de gobierno de las provincias contrapartes con referentas y referentes de organizaciones de la sociedad civil.
[author] [author_image timthumb=’on’]https://asuntosdelsur.org/wp-content/uploads/2019/09/Ramon.jpg[/author_image] [author_info]Autor: Ramón González, desde Buenos Aires.[/author_info] [/author]
Foto: Leo Cáceres
Hace días que me entraron unas ganas terribles de poder estar en Paraguay en estas fechas. El 30 de Septiembre se conmemora el día nacional del orgullo LGTBIQ+ y este año se cumplen 16 años de marchas LGTBIQ+ ininterrumpidas y realizadas en Asunción – Capital y desde hace un año se logró expandir la misma posibilidad a otras partes del país, como Encarnación y Coronel Oviedo, gracias al grupo Diversxs que empezó a organizar a lxs chicxs para hacer un sueño realidad: contar con una marcha propia.
Cada marcha se considera una conquista y más aún en estos lugares que se realizan por primera vez, como el caso de Hernandarias, que éste año se sumó a tener su primera marcha LGTBIQ+. La misma fue convocada por el grupo Diversxs, con el apoyo de varias organizaciones que luchan por los derechos LGTBIQ+, como Amnistía Internacional, Repadis, It Gets Better Paraguay, Ñepyru y SomosGay, entre otras.
LOS PREPARATIVOS. En un grupo de Whatsapp que tengo de It Gets Better Paraguay -organización de la cual soy miembro fundador-, vi cómo estaban organizando el viaje, esta vez, desde Asunción hasta Hernandarias para poder acompañar el evento. Los veía preparando banderas multicolores, carteles, globos, plumas y lentejuelas, pero sobre todo los veía con mucha alegría de poder ser parte de esta primera marcha por la igualdad de derechos. En esos momentos mis ganas de estar allá obviamente se dispararon.
El día sábado fue la 16º Marcha LGTBIQ+ en Asunción. En resumen, un éxito rotundo, lxs chicxs bailaron cantaron se vistieron como quisieron, caminaron por las calles de Asunción con sus parejas, ante la vista de todos, fueron libres por algunas horas y esa libertad en Paraguay se paga con oro. Algunos de lxs chicxs viajaban por la noche luego de la marcha para llegar al amanecer del domingo a Hernandarias.
El domingo desperté y leí que ya habían llegado a destino y estaban preparándose para salir a marchar y pasar un día hermoso, con un sol prometedor. Pasado el mediodía se largó la marcha por la avenida costanera, las calles estaban coloridas, con jóvenes bailando y cantando, soltando frases como “¡Somos más que 108!”, “¡Dictadura nunca más!” y caminando pacíficamente. La idea era hacer un pequeño recorrido hasta llegar al escenario que se había preparado para disfrutar de varios shows artísticos. Nos llegaban las primeras fotos y videos la marcha estaba en pleno auge, realmente moría por estar ahí.
EL ATAQUE. Al cabo de unas horas de iniciarse la marcha, empezaron a llegar al grupo, un cúmulo de mensajes: “nos acorralaron”, “llamen a la policía, nos atacan”, “hay heridos”, “tienen armas”, “cobardes que no dan la cara”… Al principio no se entendía nada, todo era confuso. A estos mensajes se le sumaban videos, uno tras otro, uno más fuerte que el otro, pero estos videos -a diferencia de los primeros- ya no tenían colores sino sangre y mucha violencia. Cada vez que los vuelvo a mirar me pongo mal, me llena de impotencia saber cómo en un segundo tanta alegría se convirtió en miedo, terror, pesadilla y cómo las banderas multicolores que tanto simbolizan para nosotros eran mutiladas y prendidas fuego por gente con cruces y biblias en la mano. No lo puedo entender.
Los videos mostraban a nuestros compañeros corriendo de un lado a otro, escondiéndose, refugiándose como podían: “Que te pasó Marcos [herido], nos están atacando”, “boludo, casi nos atropellan [se ve a una camioneta pasar a toda velocidad]”, “nos están amedrentando con bombas para que nos vayamos, pero no nos vamos a ir”, “hay dos heridos, nos están tirando piedras, frutas, huevos y la policía no hace nada”. Los miraba atónito, sin poder hacer nada desde acá más que publicar en mis redes y así lo hice para calmar la angustia.
Del otro lado, un gran “muro” de telas unidas -que luego me enteré que le llamaron “El Sabanazo”- desde donde se escondían cobardemente estos autodenominados “provida”, para arrojar sin que nadie los vea, explosivos, huevos, piedras y otros objetos contundentes que tenían a mano. Me pregunto si más que “provida” no deberían llamarse “pro-odio”, porque realmente lo que hicieron no puede ser otra cosa que producto de un odio falsamente justificado por sus creencias religiosas. No sé qué puede haber más horrible que empuñar a una religión para hacer uso y abuso de su adoctrinamiento.
Según relataron lxs compañerxs, fueron rodeados primero en el escenario, provocando que los mismos tengan que refugiarse en algunas casas cercanas, negocios o donde se podía por miedo de los ataques y además porque veían a varios hombres con armas blancas y hasta de fuego. Desde sus refugios, veían a los y las “pro-odio” con una cruz en una mano y una piedra en la otra, rodeando la vivienda y exigiendo que se retiren de la zona, en todo momento justificando su accionar con la falsa idea de protección de la “vida y la familia”.
La imagen es muy clara, mujeres y hombres adultos tirando piedras a personas que exigían sus derechos, al costado, sus hijos e hijas mirando y aprendiendo. Conclusión: ¡Qué mal que estamos Paraguay!. ¿Qué es lo que estxs niñxs y jóvenes pueden aprender de estos actos violentos? ¿Qué la vida y la familia se puede proteger promoviendo el odio y la intolerancia? ¿Quién tiene la culpa de estos hechos?
EL RESPONSABLE. El grupo de organizadores de la marcha hace públicamente responsable de las agresiones recibidas al intendente de Hernandarias, Rubén Amancio Rojas, quien días anteriores firmó una polémica resolución por la cual prohibía la marcha y luego salió a decir que si se podía marchar ¿Fue una trampa?. La organización considera que ese documento al ser avalado por el propio Estado, incitó al odio que desembocó en éste atropello y varios heridos. También denunciaron el hecho de que la Policía Nacional local jamás tomó las precauciones necesarias para proteger a las personas LGTBIQ+ que estaban marchando, sino que prácticamente los dejaron ser atacados.
Leo Cáceres, uno de los fotógrafos activistas que estaba cubriendo la Marcha, mandó este mensaje al grupo: “Hay que prepararnos, unirnos y ser más fuerte que nunca, porque ellos no nos olvidarán y les prometo que el año que viene será peor y no es por ser pesimista pero yo vi a tipos con armas frente a los polis que no hacían nada, es una vergüenza todo lo que pasó, cómo nos atacaron, qué mal la pasamos, la impotencia me tiene en la mano, una pena que esta gente le enseñe a sus hijos a tirar piedras, amenazar y a demostrar tanto odio hacia otras personas”
Los organizadores de la marcha, al principio, estuvieron negociando con la policía, pidiendo que se respete la realización de la marcha y que puedan brindar seguridad para poder realizar los actos, pero ante el ataque masivo y el poco personal policial, tuvieron que sacar en sus patrulleros por grupos a las personas, hasta el bus y poder trasladarse a un lugar seguro sin que haya más heridos que lamentar.
LA IGLESIA. El padre Jorge Miguel Martínez, de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús de Hernandarias, fue uno de los que celebró la medida de la municipalidad y justificó lo ocurrido mediante un video que lo subió a la cuenta de Facebook de la misma Iglesia: “Apoyamos plenamente a nuestras autoridades en la conservación de los principios culturales cristianos más preciados para nuestro pueblo…Hoy un grupo LGTB organizó una marcha para exigir lo que ellos consideran derechos, ante eso, un grupo de ciudadanos hernandarienses decidieron manifestarse también, utilizando el derecho de la manifestación prevista en la constitución nacional que lo llamaron El Sabanazo, para tapar aquello que es vergonzoso de la vista de niños y jóvenes por el exhibicionismo que suele producirse en este tipo de eventos y hubo un tercer grupo de manifestantes los pobladores del lugar que estaban hartos de este tipo de cosas los cuales se excedieron un poco en sus reacciones…La violencia injusta es ciertamente reprobable…pero hay una violencia muchísimo más grave que es la violencia contra la verdad, querer elevar a derecho lo que está mal, el pecado, lo que es un atentado a la ley natural…El pecado nunca va a ser un derecho”.
EL MENSAJE. Lo que empezó como un gran día para muchos, terminó de la peor manera posible. Afortunadamente todxs las personas heridas ya fueron atendidas y se podrán recuperan físicamente, pero el ataque psicológico que sufrieron no lo van a poder olvidar jamás, sobre todo lxs voluntarixs que participaban por primera vez en la vida de una marcha. Ahora, no sabemos si van a querer volver a marchar, pero lo que estamos seguros es que nosotros -desde el lugar que nos toque estar-, vamos a seguir marchando y alzando las voces por ellxs y por todxs aquellxs que no pueden, por quienes tienen miedo, por los y las que sufren en silencio. Queremos decirles a esas personas que todxs tenemos miedo y más aún después de lo que pasó, pero no estamos solos, somos cada vez más lxs que exigimos un mundo mejor, más igualitario e inclusivo para todxs. Ojalá en Paraguay algún día podamos acceder a todos nuestros derechos que, hasta ahora, en pleno siglo XXI, año 2019, nos lo siguen negando y de la peor manera.
Si me preguntan si sigo queriendo estar en Paraguay en estas fechas….les diría que sí, pero también debo confesar que me invaden muchos otros sentimientos de impotencia, rabia, angustia, terror, mucho miedo de volver, pero también unas ganas tremendas de estar allá acompañando a mis compañerxs para gritar juntos al mundo: ¡Paraguay no me mates!
*Texto dedicado a todos los compañerxs que hoy arriesgaron sus vidas y su integridad física por querer hacer de Paraguay un lugar mejor para todxs.
Venezuela está hoy sumergida en una emergencia humanitaria compleja, porque el Estado no provee ni las garantías más básicas a quienes vivimos en este país. De todas las regiones, el estado Zulia es una de las más afectadas, con un colapso de la provisión de servicios públicos[1], una tasa de migración exorbitante, y niveles de inseguridad alimentaria verdaderamente alarmantes[2]. Vivir en el Zulia significa no poder dormir por no contar con ventiladores o aire condicionado en las calurosas noches del caribe, donde la sensación térmica sobrepasa los 40°C con regularidad, debido a cortes de la electricidad por 12, 14, o 16 horas seguidas a diario. Nuestras calles están rotas, nuestras universidades vacías, e incluso así se encuentran nuestros hogares. En una encuesta realizada por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) en la última semana de agosto 2019, el 72% de los encuestados respondieron que al menos un miembro de su familia directa había emigrado.[3]
Como si no fuera suficiente la violación sistemática de nuestros derechos económicos y sociales, el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática ha sido desmoronada por un gobierno de facto que se mantiene en el poder sin importar el sufrimiento de nuestra gente. La represión gubernamental es una realidad diaria. En el Zulia, además de la desaparición de los periódicos impresos, cuyo suministro de papel ha sido cortado por el monopolio del gobierno sobre este insumo, los periodistas son amenazados y violentados por intentar ejercer sus labores.[4] El gobernador que fue electo, opositor al gobierno de facto, fue remplazado por una figura adepta al gobierno de facto a cargo de Nicolás Maduro, quien se ha mostrado capaz de amenazar a activistas de la sociedad civil.[5] Las protestas de comunidades reclamando el derecho a los servicios públicos son reprimidas y los manifestantes detenidos. Ante este contexto sumamente hostil y una sociedad civil debilitada, ¿cómo se articulan las luchas por la democracia y los derechos humanos?
En 2016, el poder judicial frenó los esfuerzos porque se realizara un referendo revocatorio contra el entonces Presidente Maduro. Para la organización de derechos humanos Provea esto marcó el inicio de la dictadura en Venezuela. Ante el cierre de las vías electorales para solucionar la crisis política, la represión, y la crisis humanitaria, desde Codhez entendimos la necesidad de articularnos con las organizaciones y activistas comprometidos de la sociedad civil bajo la bandera de los derechos humanos, con el fin de trabajar en conjunto hacia la visión compartida del respeto por los derechos y la defensa de la democracia. Sabíamos que, en un contexto socialmente hostil y de alta tensión política, formar una red de actores de la sociedad civil requeriría dedicarle mucho tiempo y cariño a la construcción de la confianza y apoyo a organizaciones de diversos sectores. Emprendimos un camino que sabíamos sería pelo a pelo, paso a paso.
El 31 de marzo de 2017 explotan de nuevo las protestas masivas en el país tras la ruptura del orden constitucional en el momento que el Tribunal Supremo de Justicia dicta la sentencia 156, mediante la cual se atribuyó a sí mismo las funciones de la Asamblea Nacional, bajo el control mayoritario de la oposición política a Maduro. Fue en medio de estas protestas que propusimos formar la Red de Derechos Humanos del Estado Zulia (Redhez) con un diverso grupo de actores y organizaciones. Nos reunimos con cada organización aliada, una a la vez, para proponerles formar esta red, en la cual nos pudiésemos apoyar mutuamente y articularnos para que la sociedad civil zuliana cobrara mayor protagonismo en los cambios sociales que queremos ver.
A mediados de julio las organizaciones nos reunimos por dos días seguidos en un encuentro especial para planificar cuáles serían nuestros valores y cómo trabajaríamos en conjunto. Era la primera vez que organizaciones de derechos de los pueblos indígenas, ambientalistas, feministas, activistas LGBTI+, defensores de derechos universitarios, anticorrupción, derechos civiles y políticos, y derecho a la salud, se comprometían a unirse para trabajar en conjunto hacia la defensa y promoción de cada uno de los derechos que los demás también defendían en el Zulia. Con todos los problemas que vivía el país en ese momento, una perspectiva inclusiva de derechos humanos quedaba en segundo plano en la agenda pública. Redhez se dedicaría a visibilizar las problemáticas y las personas que eran invisibilizadas.
La unión de nuestras causas comenzó por una apertura dentro de nuestras propias actitudes que ocurría orgánicamente al reunirnos cada mes para actualizarnos sobre nuestras actividades mientras compartíamos una merienda. Las organizaciones ambientalistas nos concientizaron sobre el reciclaje, aprendimos sobre las violaciones de derechos humanos en la región indígena de la Guajira, hemos aprendido cómo el Gobierno Abierto podría reducir la corrupción en el Estado y hemos ido adoptando una perspectiva de género en las actividades que realizamos. Dedicar atención a estos procesos de aprendizaje entre aliados nos ha acercado más allá de ser aliados institucionales. Somos, realmente, una comunidad.
Fue así que, entre otros resultados de la cooperación que ha fomentado la red, el hermano menor del director de la fundación The ArTEA Project, que trabaja con niños dentro del espectro autista, diseñó el nuevo logo de Rehabilitarte, que atiende a personas con problemas de salud mental de manera gratuita. Fue así que Ciclovías Maracaibo, que se dedica a fomentar el uso de las bicicletas como transporte urbano ecológico, realizó un evento con Mulier, organización feminista, para visibilizar y conversar la realidad de mujeres ciclistas que usan la bicicleta como principal forma de transporte en una sociedad donde el acoso callejero aún es “normal”. Fue así que, bajo el liderazgo de Transparencia Venezuela, la red entera ha realizado protestas creativas para demandar acceso a la información pública al Estado en cada una de las temáticas que tocamos. Fue así que, cuando se fue la luz por al menos 5 días en nuestra región, las organizaciones reunimos todos nuestros contactos y recaudamos información sobre las muertes causadas por la falta de electricidad y la cantidad de comercios saqueados durante ese tiempo, difundiendo el informe al nivel nacional e internacional. Más recientemente, Redhez se unió para crear el primer Plan Vacacional para adolescentes sobre derechos humanos, titulado “Futuros Defensores”, en la que 26 jóvenes recibieron formación de cada organización de la red, así sembrando la semilla de defensa de los derechos en las próximas generaciones.
Pero también fue el caso que cuando una amistad de un miembro de la red necesitaba una donación de sangre urgente, contó con apoyo de los demás. Cuando se va la electricidad en toda la ciudad, región o país, el primer lugar que consultamos con el fin de obtener información verídica sobre lo que ocurre es nuestro grupo de chat. Cuando alguién está de cumpleaños, todos les felicitamos. Resulta que siempre fue tan importante para el fortalecimiento de Redhez que apoyáramos las actividades de los demás como lo era tomarnos el tiempo para reírnos, bailar juntos, y apoyarnos en los momentos difíciles. En una Venezuela en la que los que nos quedamos estamos cada vez más aislados, el éxito de nuestro activismo tiene tanto que ver con el apoyo institucional entre organizaciones como también las amistades que hemos desarrollado en el camino. Hemos aprendido que la resiliencia para luchar, nuestra habilidad para superar la grave situación venezolana, está íntimamente relacionada a la construcción de comunidad. Lo que antes asumimos como lema, hoy lo asumimos como realidad: juntxs somos más.
[1] “Comunidades de Maracaibo denuncian que han pasado períodos prolongados sin agua, que se extienden por más de 20 días e incluso meses. La situación también es crítica en la Costa Oriental del Lago. En Santa Rita, para junio de 2019 se contaban 19 meses sin servicio de agua por tubería.” Codhez. (Julio de 2019). Los zulianos llegan a la mitad de 2019 sin electricidad, sin agua y sin gas. http://codhez.ong/noticias/276-los-zulianos-llegan-a-la-mitad-de-2019-sin-electricidad-sin-agua-y-sin-gas.html
[2]Panorama. (19 de octubre de 2018). El hambre afecta a 3 de cada 4 hogares de Maracaibo. https://www.panorama.com.ve/ciudad/El-hambre-afecta-a-3-de-cada-4-hogares-de-Maracaibo–20181019-0019.html
[4]Mariela Nava, Crónica Uno. (9 de mayo de 2019). Zulia se quedó sin diarios impresos tras el cese de circulación de Panorama. http://cronica.uno/zulia-se-quedo-sin-diarios-impresos-tras-el-cese-de-circulacion-de-panorama/
[5]TuReporte. (15 de octubre de 2018). Juan Pablo Guanipa fue electo gobernador hace un año con el 51,35% de los votos. http://tureporte.com/juan-pablo-guanipa-fue-electo-gobernador-hace-un-ano-con-el-51-35-de-los-votos/
[author] [author_info]Daniel Cooper Bermúdez (Defensor de derechos humanos en Venezuela con la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, Codhez) Foto: Ramon Espinosa[/author_info] [/author]
La diversidad cultural, social, económica y poblacional de la extensa provincia de Santa Fe nos debe llevar obligadamente a repensar el regreso del Colegio Electoral para la elección de Gobernador y Vicegobernador.
Ante de avanzar en ese aspecto, creo necesario realizar una breve aclaración acerca de que, cuando aquí hablo de “colegio electoral” hago referencia al sistema representativo indirecto (esto es, por electores votados popularmente) para la elección del representante del Poder Ejecutivo Provincial, y no en los términos esgrimidos en otros países que utilizan la palabra para designar a los lugares o centros de votación o incluso la misma mesa de elecciones.
En sus orígenes, el cuerpo de electores instaurado por la Carta de Filadelfia de 1776 para la elección de Presidente de los Estados Unidos de América, tomada en su génesis por la Constitución Chilena de 1833, que resultó ser de inspiración a nuestra Carta Magna de 1857, no tenía como objetivo primario el fortalecimiento del federalismo. Muy por el contrario Hamilton[1] destacaba como idea nuclear que la elección presidencial por medio del voto de compromisarios (electores) resultantes del sufragio popular, ofrecía varias ventajas, siendo las principales: a) que un grupo de ciudadanos capaces e ilustrados, elegidos por sus pares “entre la masa general”, se encuentra en mejores perspectivas de meritar las condiciones de los candidatos a ocupar la primera magistratura ejecutiva; b) que dicho sistema disipaba las probabilidades de tumulto y desorden que podrían acaecer en una elección directa, en la que las pasiones podrían enturbiar el acto; y c) que el hecho de que los grupos de compromisarios o colegios electorales se reunieran a lo largo de los trece Estados de la Unión, haría más dificultosas las maniobras para cooptar ilegítimamente la voluntad de éstos.
En esta inteligencia, un sistema ideado para elegir al mejor para gobernar que tanto en nuestro país como en su país de origen mutaron en beneficio de un federalismo a través de la equidad en el peso electoral de cada distrito (o provincia) fue cayendo en desuso hasta su total eliminación en Argentina, por críticas poco fundadas y motivados por intereses contrarios a los que inspiraron a nuestros fundadores patrios.
Así, en las inmediaciones de la Reforma Constitucional de 1994 se alzaban críticas al sistema de electores tildándolo de arcaico, elitista, no representativo de las voluntades populares, pues puede llegar el caso de que un candidato obtenga mayor cantidad de sufragios que su contrincante pero menos electores y por ende que el ganador se consagre como tal con menor cantidad de votos válidamente emitidos, como ha ocurrido en reiteradas oportunidades en los Estados Unidos de América (1824 Adams contra Jackson; 1888 Harrison contra Cleveland; 2000 Bush contra Al Gore; 2016 Trump contra Clinton), siendo entonces el titular del Poder Ejecutivo un funcionario sin “legitimación popular” en su gobierno.
No obstante ello, ningún argumento fue lo suficientemente válido para contrarrestar los beneficios federalista que consagra el Colegio Electoral. Sin interés en adentrarnos en los hechos históricos de nuestra república y de manera sumaria, es interesante destacar que entre 1862 y 1919 los electores eran elegidos usando un sistema de lista incompleta, en donde los partidos que recibían la mayoría relativa de votos en las elecciones presidenciales tenían derecho a elegir a todos los electores de esa provincia. Entre 1916 y 1932, y en 1958, se utilizó un sistema de lista incompleta, donde el partido del candidato presidencial puntero en cada provincia nombraba dos terceras partes de los electores de esa provincia, y el resto lo hacía el partido que quedaba en segundo lugar. Más recientemente, explica Dalla Vía[2], los electores eran elegidos mediante el sistema de representación proporcional y luego de la reforma de 1994, y con la eliminación del Colegio Electoral, mediante voto directo de los ciudadanos.
En Santa Fe existieron durante mucho tiempo sistemas electorales indirectos (Constituciones de 1856 y 1863) que fueron modificados a un sistema de elección de gobernador y vice directo, mediante el voto popular a partir de 1949, con una realidad totalmente distinta a la actual. La Constitución de 1856 –adecuada a la Carta Magna Nacional- establecía una Legislatura que tenía entre sus funciones la de elegir Gobernador de la Provincia. La modificación a ésta en el año 1863 creó el Colegio de Electores –elegido popularmente- que tenía como función la de nombrar al Gobernador. Asimismo es de destacar que las modificaciones posteriores, como la famosa Constitución de 1900 y 1921, tuvieron en miras el dispar desarrollo económico que se comenzaba a visibilizar entre el norte y el sur provincial.
No se duda de los beneficios del sistema de elección de las máximas autoridades de manera directa, sino de la desventaja y perjuicio que esto acarrea para zonas menos pobladas del territorio. La absoluta desproporción existente entre ambos extremos del territorio provincial (en lo que aquí interesa: en materia poblacional) conlleva necesariamente a replantearnos el sistema electoral en funcionamiento. Dos de los diecinueve departamentos suman más de la mitad de la población total de Santa Fe (Rosario 1.193.703 habitantes y La Capital 525.093 habitantes, según el IPEC[3]) y de los 2.432.664 personas habilitadas para votar[4], 928.590 corresponden al departamento Rosario, esto es el 38,17% que sumados al departamento La Capital contabilizan más del 54% de los sufragios.
En términos claros y en un ejemplo de laboratorio, si un candidato a Gobernador decide solamente hacer campaña en las ciudades de Santa Fe y Rosario, efectuando promesas electorales que beneficien solamente a estas localidades sin siquiera recorrer el resto del territorio, podría convertirse en la máxima autoridad de la provincia, en contraposición a lo que piense y vote el resto de los 17 departamentos, sin interesarle la realidad del resto de los 1.300.000 habitantes y sin importar las necesidades del resto de los 53 municipios y 310 comunas[5] que componen la provincia de Santa Fe, un juego de la democracia que algunos sostienen como el modo más puro para la elección de los representantes del pueblo[6].
Lijphart[7] realizó una importante investigación sobre veintisiete sistemas políticos comparados, clasificándolos en proporcionales y mayoritarios, prefiriendo a los primeros por entender que son “consociativos”, asegurando mayor estabilidad y una mejor convivencia política basada en el debate. Por su parte, Sartori[8] clasifica a los sistemas en “fuerte” y “débiles” en términos de los resultados que obtienen, manifestando su preferencia por los sistemas mayoritarios con doble vuelta. En suma, no existe un sistema electoral ideal, que resulte el mejor sobre los mejores y que garantice la elección del “mejor entre los mejores” como pretendían lograrlo los father patriotic con los Electores del Colegio Electoral. Cada uno de ellos muta según las realidades en las que se desarrollan y desenvuelven y su triunfo o su fracaso estará directamente relacionado con la calidad institucional de cada país o región donde se lo deba aplicar.
La voz de la mayoría, entendida ésta como la suma matemática directa de sus voluntades, no representa el espíritu de todo el territorio electoral, pues los intereses que mueven a cada uno de estos votantes son diferentes según su propia realidad y el gobernante no debe gobernar para ese elector sino para todos, logrando (por mandato constitucional) el desarrollo íntegro y equitativo de toda la provincia. Destinar fondos para obras que en zonas despobladas implican beneficiar a una cantidad ínfima de personas en comparación con la misma inversión en las urbes más pobladas es una tarea que debe ser efectuada con suma cautela pero sin que esas decisiones se vean influenciadas por las elecciones futuras. Y esta espiral perversa en la que se puede caer, no deja de llamar la atención de cómo una ciudad pueda tener tanta influencia en la elección del Gobernador de la Provincia, interpretando que los ciudadanos de la pujante ciudad de Rosario puedan arrasar de manera absoluta con las voluntades de habitantes de pueblos como Intiyaco, Las Garzas o Villa Minetti, sólo por nombrar algunas del norte santafesino donde su población no superan los cinco mil habitantes.
En este marco de disparidad, tanto de población como de necesidades y de realidades sociales, es que debe entenderse impostergable la discusión sobre el sistema electoral imperante en Santa Fe. Una provincia pionera en cambios que son ejemplo en todo el país merece darse este debate.
[1] Hamilton, 2006 [1780]: 288, citado por Gardinetti, Juan. La supresión del colegio electoral y el debilitamiento del federalismo en la Argentina. Revista Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. U.N.L.P. 2015
[2] Dalla Via, Alberto R. Instituciones de Derecho Político y Constitucional: derecho político y electoral – T II. Abeledo Perrot. Buenos Aires, 2014
[6] JIMÉNEZ CASTILLO, Elva Regina y PRECIADO RODRÍGUEZ, Teresa Magnolia (2013). “La función del colegio electoral en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de Norteamérica”. EN: Sufragio. Revista especializada en derecho electoral, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, N° 11, Junio-Noviembre de 2013. Disponible en http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/sufragio/ cont/11/art/art6.pdf
[7] Lijphart, Arend. Modelos de democracia. Ariel, Barcelona. 2000., citado por Dalla Via, Alberto. Op. Cit.
[8] Sartori, Giovannni. Ingeniería Constitucional comparada. Mexico. 1994, citado por Dalla Via, Alberto. Op. Cit.
[author] [author_info]Alexis Matías Marega es Profesor de Matemáticas y Abogado por la Universidad Católica de Santa Fe. Prosecretario en el Poder Judicial de Santa Fe. Posee una diplomatura en derecho municipal de la UCSF y un diplomado en Innovación Democrática por Asuntos del Sur y por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. [/author_info] [/author]
[author] [author_image timthumb=’on’]https://asuntosdelsur.org/wp-content/uploads/2019/09/Lucas.jpeg[/author_image] [author_info]Autor: Lucas Barreña, periodista[/author_info] [/author]
Quince días de denuncias que no fueron noticia; miles de hectáreas de selva amazónica destruidas por un incendio; fuego en los estados brasileños de Rondonia, Mato Grosso y Mato Grosso del Sur, en los departamentos bolivianos de Santa Cruz y Beni, en el Chaco paraguayo y en la zona de Madre de Dios en Perú. Recién esta semana trascendió la catástrofe de magnitud asombrosa, aunque todavía no se ha dimensionado en su totalidad. Miles de animales que huyen de su hábitat y los indígenas que viven en el Amazonas son testigos de cómo arde el pulmón del mundo mientras a pocos parece importarles.
De acuerdo a estimaciones del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE), durante esta última semana los focos de incendio han afectado 68 zonas protegidas o reservas indígenas de la región amazónica. En las redes sociales, los internautas, los que tienen voz, comenzaron a visibilizar su reclamo a través de los hashtags #ActForAmazonia y #PrayForAmazonia.
La indiferencia de Bolsonaro hizo que los focos de preocupación miren hacia el país carioca, sin embargo algunas políticas de Evo Morales también llevaron a que el incendio afecte a más de un millón de hectáreas en tierras bolivianas. La quema controlada aprobada meses atrás paradójicamente se descontroló.
Para comprender la importancia de la selva, la peligrosidad del incidente y la peligrosidad del gobierno de Jair Bolsonaro, vale aquí un repaso.
La importancia del Amazonas
Las plantas –en contraste con los animales– captan el carbono del ambiente y eliminan el oxígeno. Es por eso que la selva amazónica es considerada “el pulmón del mundo”: produce un 20% de la cantidad total de oxígeno que hay en el ambiente y absorbe 1.000 millones de toneladas de dióxido de carbono, el principal impulsor del calentamiento global. De no existir el Amazonas, todas las emisiones de carbono que el ecosistema absorbe por año se concentrarían en la atmósfera, provocando el aumento de las temperaturas a nivel mundial.
El Amazonas, de 7.4 millones de km2 de extensión, es el bosque tropical más grande del planeta y alrededor del 60% se encuentra en Brasil. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), es el hábitat de 40.000 especies de plantas, 427 de mamíferos, 1.300 de aves, 378 de reptiles, 400 de anfibios, 3.000 de peces y de 400 pueblos indígenas diferentes (alrededor de 34 millones de personas). Estas vastas superficies verdes cumplen una función vital tanto para el funcionamiento de la Tierra como para la supervivencia del humano.
El principio del fin
Varios sectores de la sociedad brasileña alarmaron el peligro que significa Bolsonaro para el Amazonas incluso antes de ser electo. El presidente brasileño, que asumió en enero, cuenta con el apoyo de la agroindustria y en varias oportunidades ha manifestado su deseo de explotar la selva amazónica para fines lucrativos.
Sin embargo, conocida la noticia de los incendios, desde el gobierno han salido a defenderse. Ricardo Salles, ministerio de Medioambiente, atribuyó la catástrofe a una gran sequía en las regiones norte y centro-oeste del país, mientras que Bolsonaro apuntó a una conspiración en su contra para dañar su imagen. “Puede existir una acción criminal de las ONG para llamar la atención contra mi persona”, declaró Bolsonaro el pasado miércoles 21 ante periodistas. Como consecuencia, decidió retirar las subvenciones públicas destinadas las ONG que luchan por proteger el Amazonas.
Científicos, ambientalistas y organizaciones sociales no piensan lo mismo. Varios especialistas desmintieron los dichos de Salles, pues si bien la escasez de lluvia es causante de incendios, “este año ha sido bastante húmedo”, explicó Adriane Muelbert, ecóloga experta en estudiar el rol del Amazonas en el cambio climático. Por otra parte, conocida la postura de Bolsonaro, les es fácil concluir que los incendios fueron provocados deliberadamente para deforestar esas vastas extensiones de tierras, lo que deja el terreno preparado para la minería o la agricultura extensiva.
Para entender las hipótesis de quienes acusan al presidente de ser responsable de los incendios, primero hay que tratar de descifrar quién es y cómo piensa Bolsonaro, a qué intereses responde y cómo fue que llegó al poder.
El paradigma BBB: “Bala, Biblia y Buey”
Que el presidente del país que contiene “el pulmón del mundo” no crea en el calentamiento global es un gran problema. Que haya amenazado con salirse del Acuerdo Climático de París, también lo es. Esta última idea fue desestimada luego de que, en el marco del G-20 organizado en Buenos Aires, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, haya aclarado que no habría tratado entre la Unión Europea y el Mercosur si Bolsonaro cumplía con su promesa de abandonar el Acuerdo de París, como ya lo había hecho anteriormente Donald Trump.
En octubre del año pasado, en plena campaña, trascendió la noticia de que Jair Bolsonaro habría pensado en unificar los ministerios de Agricultura y Medioambiente, casi como si fuesen lo mismo y dejando en claro su posición al declarar quién mandaría en el súperministerio: “Seamos claros: el futuro ministro provendrá del sector productivo. No nos pelearemos más por esto”.
Luego de las críticas recibidas en campaña tras reiterar en varias oportunidades sus deseos de abrir el Amazonas para las empresas y mostrarse a favor de intereses comerciales, adoptó un tono más conciliador y aceptó entablar negociaciones. Sin embargo, desde su asunción solo ha colaborado a la explotación de la selva amazónica sin siquiera oír reclamos de la comunidad internacional.
BBB, “Biblia, Bala y Buey”, son las siglas con que utilizan los brasileños para referirse a los tres grupos de poder que mayor peso tienen en su agenda conservadora: los religiosos, los armamentistas y los de agronegocios. El apoyo de este último sector explica las retribuciones que desde el gobierno ha dado Bolsonaro a madereros, hacendados y terratenientes.
¿Extractivismo o protección?: el progreso a costas de la existencia
Los pesimistas que creyeron que Bolsonaro iba a actuar a favor de intereses comerciales en el Amazonas finalmente tuvieron razón. Menos de nueve meses en el gobierno fueron suficientes para comprobarlo. Según datos del INPE, hasta julio se deforestaron 2.255 km2 y solo en los primeros 15 días de ese mes fueron talados otros 1.000 km2 de selva amazónica. El instituto también precisó que entre el 1 de enero y el 18 de agosto se registraron 71.497 focos de incendio, de los que un 52.5% se situaron en la región amazónica (otro 30.1% se detectó en el Cerrado, la sabana brasileña que rodea la Amazonia, y el 10.9% restante en el Bosque Atlántico, que rodea el litoral del país).
En el mismo período del año anterior, se habían acumulado 39.194 siniestros, por lo que en comparación se superaron los incendios en un 83%. De acuerdo a las estadísticas del INPE, solo en este verano la deforestación en Brasil ha sido mayor que en los últimos tres años. No hay que caer en la tentación de que el gobierno anterior, de Michel Temer, no haya inmiscuido en la propagación de incendios, pues entre agosto de 2017 y julio de 2018 la deforestación aumentó un 13.7% y durante todo el año pasado han desaparecido más de 1.3 millones de hectáreas de selva amazónica, según un informe de Global Forest Watch, del Instituto de Recursos Mundiales.
La deforestación es una práctica habitual para transformar áreas forestales en áreas agrícolas o de cría de ganado. La tala de madera, el cultivo de soja y la agricultura son algunas de las actividades que, para muchos, son consideradas como beneficios. La quema de árboles despeja el terreno rápidamente: la región se vuelve más seca y estimula aún más la deforestación.
La quema prescripta –también conocida como quema controlada o chaqueo– es una técnica voluntaria como alternativa de prevención de los incendios forestales, herramienta que permite habilitar terrenos para la siembra y demás actividades lucrativas. Cuando se vigila la quema prescripta, el fuego se descontrola y se terminan quemando tierras vírgenes que intentaban preservar.
En Bolivia, por ejemplo, Evo Morales aprobó en julio pasado un decreto con el cual autorizó los chaqueos en los departamentos de Santa Cruz y Beni. Conocida la catástrofe del Amazonas, el presidente acusó que solo un 20% de los terrenos destruidos en Bolivia pertenecían a tierras vírgenes. En este espiral descendente, favorecido por la ausencia estatal, el bosque podría secarse cada vez más hasta transformarse en un ecosistema más parecido a una sabana. Los costos de estos “beneficios comerciales”, como veremos más adelante, son bastante apocalípticos.
La política de Bolsonaro con respecto al cuidado del medioambiente y el potencial desarrollo económico que podría tener la región se alinea a la idea de que, durante décadas, las leyes han sido demasiado restrictivas para un país que necesita crear nuevos empleos. En ese marco, en reiteradas oportunidades se ha mostrado a favor de explotar las ricas áreas protegidas del Amazonas y favorable a una mayor flexibilización de las políticas ambientales brasileñas. La agricultura y la agroindustria acumulan alrededor del 44% de las exportaciones del país y el 23% del Producto Bruto Interno (PBI). El debate sobre si se debe mantener la protección de la selva o abrirla a la explotación es el que se instaló unilateralmente en Brasil.
A pesar de las alertas de grupos ambientalistas y científicos, Bolsonaro ha hecho oídos sordos e insiste en explotar las selvas amazónicas. Incluso se ha burlado de quienes quieren colaborar en su política ambiental. “Amazonas es de Brasil, no de ustedes”, sentenció en conferencia de prensa el pasado viernes 16 en el Planalto, el palacio presidencial de Brasilia, ante corresponsales extranjeros. El mandatario, de hecho, consideró que se generó una gran exageración con respecto al tema y aclaró que se acabó “la psicosis ambiental”.
En ese marco, el gobierno de Bolsonaro propuso algunas reglas de juego que alimentaron la explotación del Amazonas. La agencia de cumplimiento ambiental de Brasil ha tenido un recorte presupuestario de US$ 23 millones de dólares y sus operaciones han disminuido al igual que las confiscaciones de maderas y las multas ambientales para los agricultores. Estas últimas han sido ampliamente criticadas desde el oficialismo por no permitir la apertura de las reservas indígenas y otras áreas protegidas al desarrollo económico. IBAMA, la agencia de protección forestal encargada de las condenas a individuos y empresas que deforestan y contaminan ilegalmente, ha entrado en el ojo de la tormenta y el propio presidente manifestó su deseo de querer restringir su capacidad.
La reacción de la comunidad internacional
Un informe publicado en abril por la ONG Amazon Watch, elaborado en conjunto con National Articulation of Indigenous Peoples of Brazil (ABIP), expuso algunas maniobras de empresas brasileñas e internacionales que practican la tala de árboles en el Amazonas. La compañía Benevides Madeiras, por ejemplo, exportó en los últimos dos años unas 125 toneladas de madera a firmas de Francia, Bélgica, Holanda y Dinamarca. Un total de 27 empresas europeas y estadounidenses trabajan con proveedores locales que llevan a cabo talas ilegales y pagan irrisorias multas por contaminar el planeta.
En el documento se analizaron las cadenas de suministro de 56 compañías brasileñas involucradas en la deforestación y venta de madera. En otro apartado, Amazon Watch sostiene las grandes cantidades de productos que continúan ingresando a los mercados internacionales, principalmente a los tres socios comerciales más importantes de Brasil: China, Estados Unidos y la Unión Europea. Este último obtiene el 41% de sus importaciones de carne de Brasil, otro negocio que promueve la deforestación amazónica al necesitar cada vez más terrenos para desarrollar la ganadería.
Por otro lado, Greenpeace elaboró un reporte titulado “Árboles imaginarios, destrucción real” en el que señaló a la exportación de maderas preciosas de Brasil, como el lapacho, hacia Europa y Estados Unidos, como unas de las acciones ilegales que devastan a la selva.
Otras de las respuestas recibidas desde otras partes del mundo fueron las de Noruega y Alemania. Ambas naciones aportan el 99.5% de las donaciones que recibe el Fondo Amazonia, un proyecto creado en 2008 durante el Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) con el objetivo de prevenir, monitorear y combatir la deforestación del mayor bosque tropical del mundo. Luego de que el gobierno bolsonarista haya cambiado de manera unilateral al equipo directivo que gestiona el fondo, el país nórdico ha anunciado la congelación una ayuda de 30 millones de euros y Alemania ya suspendió un aporte similar.
En estos días, también trascendió la noticia de que Macron –que había sugerido que no habría tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur si Bolsonaro sacaba a Brasil del Acuerdo de París– estaría oponiéndose al pacto luego de la postura del presidente brasileño con respecto al cambio climático y su nulo accionar en la región amazónica.
Las consecuencias del desastre
Los millones de indígenas que habitan el Amazonas no parecen ser un impedimento para el gobierno de Bolsonaro si quiere utilizar la selva para su explotación. En su primera semana como presidente, el exmilitar firmó un decreto en el que otorgó al ministerio de Agricultura el poder de delimitar las tierras indígenas, una tarea que antes realizaba, justamente, la Fundación Nacional de Indígenas (FUNAI).
Luego de los incendios forestales, varios estados brasileños, como Amazonas y Acre, han declarado situación de emergencia o alerta ambiental. La deforestación hace que se pierda la función del bosque, que es la de proporcionar nubes a la atmósfera para producir lluvia, y que, en estos días, lugares como Mato Grosso del Sur, Paraná e incluso Sao Paulo solo puedan ver nubes de humo causadas por el fuego y que provocan graves enfermedades respiratorias.
Sin embargo, deforestar el Amazonas no repercute solamente en el área local. Como se explicó anteriormente, la deforestación hará que “el pulmón del mundo” reduzca su capacidad de absorber grandes cantidades de dióxido de carbono, lo que aumentaría las temperaturas globales. Y si la selva tropical llegase a convertirse en una sabana seca inhabitable para gran parte de su vida silvestre no solo no existiría más como fuente de oxígeno, sino que comenzaría a emitir carbono, el principal impulsor del cambio climático. Que sí, existe.
Investigadora asistente en CONICET, profesora en la Universidad Torcuato Di Tella y directora del Interdisciplinary Laboratory for Computational Social Science, de University of Maryland, en Argentina. Doctora en Ciencia Política (UTDT), MA en Social Research por Uneversity of Warwick, (becaria Chevening) y licenciada en Ciencia Política (UBA). Especialista en instituciones políticas, comportamiento legislativo y federalismo.
Abogada (UBA), con maestría en Políticas Públicas (UTDT) y MPA en Tecnologías Digitales y Policy (UCL, en curso). Vicepresidenta para América del Grupo Asesor de Desarrollo de Telecomunicaciones de la UIT y experta en el Grupo de Iniciativas de Capacitación del mismo organismo. Integra el Consejo Directivo de Internet Society Argentina desde 2020 y es docente de Derecho en la Universidad de Palermo.
Licenciada en Ciencia Política (Universidad de Buenos Aires, Argentina), Magíster en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe por la Universidad Nacional de San Martín (Universidad Nacional de San Martín, Argentina) y maestranda en Ciencia Política (Universidad Torcuato Di Tella, Argentina). Me desempeño como investigadora en el Observatorio Electoral de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, docente universitaria y consultora independiente. Miembro de la Red de Politólogas #NoSinMujeres. Líneas de investigación: participación política de las mujeres y diversidades, gobernanza electoral y nuevas tecnologías para la participación política.
Mi nombre es Bruno, soy de Rio Cuarto, Córdoba. Me desempeño laboralmente como desarrollador web, especializado en Wordpress y Javascript. Actualmente estoy estudiando PHP y React. Me gusta mucho viajar y andar en bici 😁
Migrante colombiana viviendo en Argentina. Licenciada en Ciencias Políticas con formación de Maestría en Intervención Social. Investiga y trabaja en políticas urbanas, especialmente en barrios populares. Diseña procesos participativos con enfoque interseccional.
Lic. En Comunicación Social (UBA). Máster en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digital (Universidad Rey Juan Carlos y Media Lab Prado, Madrid) especialista en procesos de innovación democrática, gobierno abierto y comunicación política, con más de 10 años de experiencia en investigación, diseño y ejecución de políticas de gobierno abierto y estrategias de comunicación política.
Actualmente, está estudiando Relaciones Internacionales. Le gusta entrenar, leer y adora aprender cosas nuevas. Su estación favorita del año es el invierno y le gustan los dulces y postres.
Vive en San Martín (Buenos Aires) y tiene 21 años. Es estudiante de la Lic. en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de San Martín y se encuentra realizando su trabajo de tesis sobre el modelo de desarrollo sostenible que presenta y defiende el Acuerdo de Escazú, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se suma a Asuntos del Sur motivada por adquirir conocimientos sobre cómo se lleva a cabo un proyecto a nivel regional y conocer sus dinámicas.
Maia tiene 22 años y es franco-argentina. Es ex estudiante de cine y actual estudiante de Ciencia política en la UNSAM. Amante de la fotografía. Dedica su tiempo libre a entrenarse para correr carreras.
Vive en Reconquista, Santa Fe, pero es originario de Buenos Aires. Tiene 25 años y es estudiante de la Licenciatura en Periodismo en la Universidad Siglo 21. También estudió Programación en la UTN.
Estudiante avanzada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de San Martín. Se encuentra cursando las últimas materias de la carrera y redactando la Tesis de Investigación. Se confiesa muy emocionada de ser parte de Asuntos del Sur para experimentar este nuevo desafío.
Artista y gestora cultural. Magíster en Mediación Cultural (Universidad Nouvelle Sorbonne Paris 3). Doctoranda en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó como asesora de despacho de la Gobernación de Nariño y de la Alcaldía de Cartagena, Colombia, en la implementación de procesos de innovación pública.
Magíster en Ciencia Política por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ha trabajado como consultora e investigadora para organismos internacionales, gubernamentales nacionales y Think Tanks nacionales e internacionales.
Politólogo de la Universidad de Buenos Aires, Máster en Mercados e Instituciones del Sistema Global y PhD en Políticas e Instituciones de la Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Italia). Activista por los derechos de las personas LGTBI y docente de postgrado en la Universidad de Lanús (Argentina) y en la Alta Escuela de Economía y Relaciones Internacionales (Italia). Sus áreas de especialización son la integración regional latinoamericana, la geopolítica energética y las políticas públicas con enfoque de derechos.
Peruana, Coach Ontológico Profesional con especialización en educación emocional y estudiante del último año de la carrera de Relaciones del Trabajo – UBA. Trabaja como coach facilitando capacitaciones para emprendedores y negocios. Como pasatiempo, disfruta leer, hacer yoga y trekking y viajar.
Argentino, politólogo (UBA) e investigador en cuestiones de género y seguridad (ILSED). Amante de los viajes, los idiomas y el intercambio cultural.
Oriunda de Río Negro. Estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de San Martín, con tesina en proceso. Además, participa en asociaciones civiles de base comunitaria. En su tiempo libre, juega para uno de los equipos deportivos de la UNSAM.
Abogada. Derecho Internacional Público. Gestión de proyectos en temáticas de transparencia, acceso a información pública, participación ciudadana, integridad, fortalecimiento institucional, innovación y gobierno abierto.
Estudiante de Relaciones Internacionales en la UNSAM. Le interesan las cuestiones de género y desplazamiento forzado. Como pasatiempo, la literatura y el cine.
Estudia Ciencias Políticas (UNSAM) con tesina en proceso. En paralelo, estudia Relaciones Internacionales en la misma casa de estudios. Además, trabaja en la Fundación Metropolitana haciendo desarrollo institucional y contenidos y escribe informes sobre Ambiente en Politeia.arg. Como hobbie, dedica tiempo a danza jazz y comedia musical desde hace varios años, como también a talleres de lectura sobre diferentes temáticas.
Nació y creció en Bogotá (Colombia). En 2011 emigró a Argentina para continuar sus estudios. Actualmente, está cursando la Licenciatura de Relaciones Internacionales.
Es estudiante de Ciencias Políticas y Profesorado Universitario en Ciencia Política (UNSAM). Disfruta mucho viajar y le gusta leer, cocinar y hacer deporte.
Licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales con una Maestría en Comunicación Política (Austral). Fue Directora Nacional de Relaciones Institucionales del Ministerio de Salud de la Nación y se especializó en el Ceremonial y Protocolo. Ama el running y viajar.
Actualmente cursando la Tecnicatura en Administración de Gestión y PyMEs y la licenciatura en Comercio Internacional. Atleta trans, fanática del ciclismo y activista de la inclusión deportiva.
Licenciada en Comunicación Social con orientación en opinión pública y publicidad en la UBA. Becaria de la Nueva Escuela de Diseño y Comunicación. Se encuentra vinculada con las ONG desde el 2017. Consultora y especialista en herramientas digitales y Ecommerce & Marketing Digital.
Licenciada en Comunicación Social, experiencia de trabajo en OSC y en el Estado en temática de políticas públicas enfocadas en hábitat. Especializada en el diseño de metodologías participativas, facilitación de talleres, coordinación de grupos y acompañamiento en los procesos de diseño e implementación de proyectos. Docente de teatro en nivel secundario y actriz.
Lic. en Ciencia Política (UCA). Trabajó en el sector privado para diferentes multinacionales, en Escuelas de Negocio y tiene, además, experiencia en la función pública. Es docente universitario y secundario.
Jennifer Cyr es profesora asociada e investigadora de ciencias políticas y de los estudios latinoamericanos en la Universidad de Arizona. Además de estudiar la representación política y la democratización en América Latina, escribe sobre los métodos cualitativos y mixtos y el uso de los grupos focales en las ciencias sociales.
Directora de Arte e Ilustradora independiente. Artista autogestiva. Miembro activo de MEP (Mujeres en Publicidad), un colectivo de mujeres en busca de una industria publicitaria con perspectiva de género. www.jotaschneider.com
Lic. en Relaciones Públicas y Cs. de la Comunicación. Comunicadora en Bachillerato Popular Travesti Trans Mocha Celis. Activista por los DDHH LGBTIQ+. Transfeminista.
Politóloga por la UCB de La Paz con especialización en Gestión Equitativa por la USMP, Lima. Diplomada en IAP y Educación Superior. Trabaja en investigación, derechos políticos de las mujeres, paridad y alternancia, prevención de violencia contra las mujeres y presupuestos sensibles al género.
Dentro del tercer sector desarrolló todo tipo de tareas, profesionalizándose en la gestión humana y de comunidades de personas. Trabajó en temas relacionados a la educación, los derechos civiles y la responsabilidad social empresaria. Estudia idiomas y turismo para poder seguir relacionándose con personas de todo el mundo.
Licenciada en Comercialización. Ha prestado sus servicios como asistente de gestión académica del Programa Colegio de las Américas – COLAM de la Organización Universitaria Interamericana – OUI. Apoyo a los procesos de convocatoria, registro de estudiantes, monitoreo de inscripciones y pagos, coordinación del proceso de certificación y diplomación y producción de informes administrativos.
Periodista de Medellín, Colombia y estudiante de la Maestría en Comunicación y Criminología de la Universidad Nacional de La Plata. Trabaja en temas relacionados con la memoria histórica, la violencia y los derechos humanos. Participa en procesos de periodismo ciudadano por la memoria, así como en investigaciones sobre el mismo tema. Ha sido docente de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia.
Licenciada en Relaciones Internacionales (UCC); Técnica en Responsabilidad y Gestión Social (Universidad Siglo 21); Especialista en Políticas Públicas para la Igualdad en América Latina (CLACSO y FLACSO Brasil) y Magíster en Derechos Humanos y Políticas Públicas (UNED España). Se desempeña en los ámbitos de la cooperación internacional, el desarrollo institucional y la docencia.
Argentina. Lic. en Relaciones Internacionales (Universidad Católica de Córdoba). Maestranda en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano (Universidad Nacional de Córdoba). Con experiencia en la coordinación y facilitación de talleres presenciales en América Latina, en tutorías de programas de formación virtual, y en el diseño de metodologías y la creación de plataformas colaborativas.
Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, con una maestría en curso de Ciencia Política por la Universidad Torcuato Di Tella. Su trabajo se concentra en los derechos reproductivos de las mujeres y la participación ciudadana.
Abogada experta en violencia de género por la Comisión Nacional de Justicia de Género de Venezuela – TSJ y Magíster en Docencia para Educación Superior, Diplomada en Innovación Política, Derechos Humanos y Procesal Penal. Trabajó en el Poder Judicial en la competencia de Delitos de Violencia contra la Mujer en el Estado Zulia, Venezuela. Embajadora de Venezolanas Globales en Argentina; forma parte de la Red de Mujeres de Amnistía Internacional Venezuela y de la Red Feminista del Estado Zulia.
Licenciado en Ciencia Política de la UBA, con un amplio recorrido en comunicación digital y campañas políticas. Con formación en diseño audiovisual por su vocación para contar historias. Colaborador de la Federación Internacional de Racquetball.
Licenciada en Administración Gubernamental y Políticas Públicas por la Universidad de Guadalajara con especialización en temas de participación ciudadana, innovación política y combate a la corrupción. Actualmente es Maestrante en Politicas Públicas con enfoque en Gobiernos Locales y Rendición de Cuentas. Especialista en estrategias y herramientas de incidencia y construcción de Redes por EQUIS- Justicia para mujeres, Alternativas y Capacidades y la GIZ -Agencia del Gobierno Federal Alemán y en Contraloría Social y Sistemas Anticorrupción por el Colegio de Jalisco y el Comité de Participación Social de Estado de Jalisco.
Licenciada en Ciencia política por la Universidad de Buenos Aires. Magister en Administración Pública por la facultad de Ciencias Económicas de la UBA y Especialista en Educación y nuevas tecnologías por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Se desempeña hace más de 10 años en la educación en línea en diferentes organizaciones de la región.
Licenciada en Relaciones Internacionales (Universidad de San Andrés) y Mg. en Relaciones Internacionales Europa – América Latina (Universidad de Bolonia). Realiza una Maestría en Ciencias Sociales de Internet en Oxford Internet Institute (Universidad de Oxford). Especializada en innovación política y gobernanza de internet.
Politóloga por la Universidad Pompeu Fabra, especializada en género y juventudes. Máster Interuniversitario en Juventud y Sociedad, Universidad de Girona. Maestría en Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires (en proceso de elaboración de tesis). Forma parte de la Red de Politólogas. Sus intereses de investigación se focalizan en los temas de género, juventudes y participación política.
Coordinadora de Gobernanza, Estado y Gestión del Observatorio de Políticas Públicas y Docente investigadora de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV). Asesora de organismos públicos nacionales y subnacionales. Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador (Argentina) y especialista en Cooperación Internacional por la Universidad Nacional de San Martín (Argentina).
Coordina el programa de Innovación Pública 360 y es Digital Integrity Fellow del Open Tech Fund. Msc en Desarrollo Internacional (Universidad de Bristol). Fue investigador en tecnologías para la Vicepresidencia de Bolivia, PNUD y Fundación UNIR Bolivia. Ex becario Chevening.
Licenciada en Ciencia Política de la UBA, especializada en dirección y gestión de organizaciones sociales en UdeSA y docente en la UBA de la materia “el rol de las organizaciones de la sociedad civil en políticas públicas”.
Politólogo de la Universidad de Buenos Aires, MSc en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford, MPA y PhD en Ciencias Políticas del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po). Trabajó en el Woodrow Wilson Center, el Centro de Desarrollo de la OCDE y dirigió el Instituto Federal de Gobierno en Argentina. También es docente universitario e investiga sobre democracia, economía política y tecnopolítica.
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Por innovaciones políticas nos referimos
Al desarrollo de prácticas, intervenciones, dispositivos tecnológicos y/o regulaciones que permitan solucionar problemas públicos. Las innovaciones, entendemos, deben tener dos condiciones necesarias:
La primera es que deben buscar transformarse en una práctica social y política generalizada, es decir, deben buscar tener un impacto político.
La segunda es que deben favorecer a la ampliación de derechos y de calidad de vida de las personas. Entendida de este modo, la innovación política apunta a la construcción de sociedades abiertas, gobernadas por comunes, por lo que se requieren acciones que distribuyan el poder. Es por ello que, desde Asuntos del Sur, priorizamos las innovaciones centradas en la construcción de sociedades más paritarias, inclusivas y participativas.