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Opiniones

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Gobernar con la ciudadanía

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Por: Matías Bianchi*

 

Se propone la necesidad de introducir mecanismos de inteligencia colectiva en políticas públicas, específicamente a nivel local, para construir un modelo de gobernanza más legítimo, eficiente y sostenible. Se hace una crítica a la mirada de gobierno abierto, y propone focalizar estrategias en la generación de capacidades, la inclusión política y la garantía de espacios efectivos de participación por parte de la ciudadanía.

La pandemia de Covid-19 nos ha puesto frente a un escenario desconocido, y para el que no tenemos aún las respuestas científicas ni las políticas sanitarias, tecnológicas o de infraestructura para hacerle frente. Ante esta situación, la mayoría de los gobernantes, con grandes diferencias entre ellos, han reaccionado de manera improvisada y reactiva.

Desgraciadamente, una gran cantidad de ellos utilizaron la emergencia sanitaria como excusa para concentrar aún más el poder en sus manos. Desconociendo la opinión de expertos, apelando a eslóganes facilistas e irresponsables, obviaron divisiones de poderes, y aprovecharon para violar derechos ciudadanos y para perseguir a opositores políticos. Estas acciones profundizan los desafíos ya existentes en nuestras democracias, en donde hemos visto en los últimos años fantasmas que creíamos extinguidos –como los golpes de Estado–; la emergencia de liderazgos políticos crecientemente autoritarios y algunos abiertamente antidemocráticos, y los niveles más altos de violencia política y violación de derechos humanos que hayamos experimentado en décadas.

El gobierno argentino ha sido uno de los que actuó de manera diferente. Ha mostrado vocación de diálogo, colaboración y concertación a la hora de responder a la emergencia sanitaria y económica. Sin embargo, como en la mayoría de los casos, la ciudadanía no ha tenido participación activa en este proceso, por lo que queda todavía pendiente el “gobernar con la ciudadanía”, tal como había propuesto el mismo Presidente en su discurso de asunción.

La realidad nos ha demostrado que esta pandemia es un desafío al que no podemos dar respuestas unilaterales desde las miradas parciales de un gobierno o una comunidad en particular.

Es por ello que este artículo sostiene que hoy más que nunca necesitamos enfoques que promuevan la inteligencia colectiva como forma para buscar soluciones a desafíos públicos. La premisa sobre la que se basa es que nadie lo sabe todo, pero todo el mundo conoce y sabe algo, por lo que el conocimiento está en la humanidad.

En este sentido, la agenda de gobierno abierto, la cual ya apela a este enfoque, se presenta como una oportunidad, sobre todo implementada a nivel local, para reconstruir lazos entre Estado y sociedad, generando capilaridad en el entramado social, y contribuyendo así a generar soluciones políticas más legítimas, eficientes y sostenibles. Sin embargo, también se advierte aquí, esta agenda debe dejar de lado el enfoque neoliberal imperante en la gestión anterior, focalizada principalmente en transparencia y apertura de datos, y pasar a impulsar iniciativas que apunten a “abrir la cocina” de gobiernos y sumar a la sociedad a la definición e implementación de políticas públicas.

Es por ello que este artículo también propone resignificar la agenda de gobierno abierto para ponerla al servicio de la construcción de tejido social y de democratización de la sociedad. Para su éxito, aquí se sostiene, se requiere diseñar los marcos legales necesarios para garantizar su institucionalidad y que estos procesos sean vinculantes, adoptar las herramientas pertinentes para incorporar a la ciudadanía en los procesos de tomas de decisión y la generación de capacidades tanto en el Estado como en la ciudadanía. Estas medidas no solo permitirán generar el marco para responder a este y a otros desafíos con las características de la actual pandemia, sino también diagramar una hoja de ruta para construir una sociedad más democrática.

Inteligencia colectiva en gobiernos locales

Hoy parecería que todos nuestros problemas surgieron con el Covid-19, y olvidamos que ya estábamos insertos en una crisis política y económica sin paralelo. Según la CEPAL, el desempeño económico de la región en esta última década ha sido el peor desde la Segunda Guerra Mundial, aumentando los niveles de pobreza, exclusión y desigualdad. Latinobarómetro también muestra que los niveles de apoyo a la democracia, a sus instituciones, y sobre todo a los partidos políticos, son los más bajos desde que comenzaron estas mediciones en 1995.

En gran medida, este desempeño responde a transformaciones estructurales que venimos experimentando en el mundo y están vinculadas a la “Cuarta Revolución Industrial” y al capitalismo globalizado que están cambiando la manera en la que vivimos, trabajamos y nos relacionamos.

Estos factores ponen en jaque el modelo de organización “estado-céntrica” que se había ido constituyendo a lo largo del siglo XX en las democracias de Occidente.
Algunos de los fenómenos que estamos viviendo corresponden a la creciente “liquidez” de la sociedad que, como sostiene Zygmunt Bauman, hace que los espacios de pertenencia y referencia de la ciudadanía sean más difusos; la precarización laboral ha vuelto a los sindicatos y organizaciones más irrelevantes; el encarecimiento y mediatización de la política han generado incentivos para que los políticos estén más lejos de sus bases, y la globalización económica le ha quitado centralidad al Estado, pudiendo hoy los poderes de facto tener una influencia desmedida sobre las agendas y decisiones públicas de los países. Es decir, el tejido social, y sobre todo los mecanismos tradicionales de intermediación entre Estado y sociedad, que se habían constituido sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, son cada vez más débiles y difusos (ver gráfico 1). Este fenómeno se acentúa en sociedades periféricas y fuertemente desiguales como las latinoamericanas.

Gráfico1. Las herramientas que hoy tenemos ya no sirven

Pierre Rosanvallon señala que la crisis de democracia en la que estamos insertos reside en que, si bien nuestros regímenes son democráticos, ya no se gobierna democráticamente. No deberían sorprender, entonces, los bajos niveles de satisfacción con la democracia, ni tampoco que amplios sectores de la sociedad apoyen alternativas políticas antisistema, recrudeciendo el tribalismo y la xenofobia que vemos profundizar en todo el mundo. Se vuelve necesario, por ende, construir un nuevo acuerdo democrático.

En este sentido, la agenda de gobierno abierto se presenta como una oportunidad para democratizar el Estado y reconstruir el tejido social deteriorado de las democracias en la región. Este enfoque ha ido ganando cada vez más relevancia como forma de innovar la administración pública alrededor del mundo, la cual pone énfasis en la participación de las personas, la colaboración y la transparencia, que están entre las demandas ciudadanas más importantes de Latinoamérica. Asimismo, responde al Objetivo 16 de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, especialmente en lo que se refiere a la identificación de estrategias que permitan lograr sociedades más inclusivas, sostenibles y justas. De acuerdo con la Alianza para el Gobierno Abierto, estas iniciativas están transformando el modo en que las instituciones interactúan con la sociedad al mismo tiempo que redefinen el compromiso ciudadano mediante nuevos principios y valores (OGP, 2017: 7-9). Más aún, uno de los pilares de este tipo de acercamiento, la co-creación, propone una “revolución” en la forma de gobernar, pues incluye a la ciudadanía como co-protagonista en los procesos de diseño de política y la toma de decisión.

La incorporación de la ciudadanía en las políticas públicas no responde solo a un problema de legitimidad democrática, sino también a una necesidad de dar soluciones de inteligencia colectiva a desafíos de un mundo cada vez más complejo e incierto. La inteligencia colectiva es la capacidad de una sociedad de organizarse para resolver problemas que la afectan, definidos y decididos a partir de ideas, experiencia y escrutinio de la ciudadanía. Este tipo de estrategias mejora la comprensión de los problemas a enfrentar, el desarrollo de las opciones e ideas, y establece un mecanismo más inclusivo para la toma de decisiones y un mejor control sobre lo que se ha hecho.

Específicamente, es a nivel local donde este tipo de estrategias tiene mayor potencial. En primer lugar, porque los gobiernos subnacionales son las entidades más cercanas territorialmente a la ciudadanía y, por ende, la vinculación con los gobiernos es más sencilla y fluida en este nivel. De hecho, en este nivel representantes y representados viven en el mismo lugar e incluso es posible que se conozcan personalmente; además, es más probable que la ciudadanía esté más predispuesta a participar e influenciar en el proceso de toma de decisión. En segundo lugar, porque en el último cuarto de siglo los países latinoamericanos han experimentado una considerable descentralización en los gobiernos subnacionales. Hoy en día, estos niveles controlan alrededor del 30% del gasto público y están a cargo de políticas públicas cruciales para el desarrollo, tales como educación, salud y seguridad. Desde este punto de vista, abrir dichos niveles de gobierno podría tener un potencial impacto en el desarrollo a largo plazo de las sociedades. Tercero, porque América latina se encuentra en franca urbanización. Tres ciudades en la región exceden los 15 millones de habitantes, otras cuatro están sobre los 10 millones y por lo menos 28 superan el millón. Estas transformaciones requieren ingentes cantidades de infraestructura pública, incluyendo más transporte público, mejores niveles de seguridad y un uso inteligente de los espacios públicos, ámbitos en los que la innovación pública es muy necesaria. Finalmente, porque es a ese nivel donde se han dado las principales innovaciones públicas en la última década, y es donde se han refugiado en modo defensivo movimientos emergentes que han sido amenazados por la creciente ola antiderechos y de violencia. Tanto el municipalismo español, el Movimiento Verde colombiano, Muitas en Belo Horizonte (Brasil) y tantos otros, son testigos de que hay mayor margen de maniobra para incidir políticamente a nivel subnacional.

El trabajo de apertura de gobiernos a nivel subnacional no es solo una posibilidad de incidencia, sino también una herramienta vital para la reconstrucción de confianza en instituciones para la recuperación de la democracia. La clave de la confianza se da en la continua interacción entre los diferentes actores políticos, tanto en gobierno como en ciudadanía, la cual va generando comportamientos reiterados, incidiendo en las expectativas positivas de los mismos, como en la creación de incentivos para la cooperación. Keele afirma que la confianza en sociedades surge a partir de sostener interacción a través de actividades cívicas entre la ciudadanía y los gobiernos, más que las afinidades ideológicas o de pertenencia.

Esta creciente incorporación se da, principalmente, a través de dos mecanismos. El primero es el incremento de canales de diálogo con la sociedad civil organizada, lo cual implica ampliar y mejorar los diferentes espacios de debate público (asambleas, los consejos estratégicos, presupuestos participativos, las mesas de trabajo, entre otras). El segundo mecanismo es la efectiva participación en el co-diseño de políticas públicas con la sociedad civil. Este nivel es cualitativamente superior, ya que requiere que las organizaciones inviertan más tiempo y conocimiento en un proceso público, y, por el otro lado, que los gobiernos den garantías y espacios para que esa colaboración sea efectiva.

En un estudio sobre la implementación de gobiernos abiertos en América latina, comprobamos empíricamente que, a mayor interacción, aumentaba la confianza. Y, curiosamente, la confianza ciudadana se extendía más allá de las personas u organizaciones que formaban parte del proceso directamente. Las mismas operan como “intermediarios” de confianza hacia poblaciones o grupos más amplios, que confían y tienen relaciones con ellos, pero no necesariamente con los gobiernos. Estas comparten información con otras organizaciones, actúan como portavoces de las políticas públicas y convocan a nuevos actores y habilidades a espacios colaborativos, haciendo uso de sus propias redes de alcance.

En la práctica, sin embargo, el modelo imperante de gobierno abierto propuesto por la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) se muestra insuficiente. El mismo es sesgado y prescriptivo. Es sesgado porque hace un foco sobredimensionado en la transparencia y tecnologías de datos abiertos. Un estudio de 2018 muestra que dos tercios de los compromisos de AGA están vinculados a la transparencia, apertura de datos y rendición de cuentas. Esta agenda se reconoce en una mirada de “ciudadanos espantados”, como nos invita a pensar el filósofo coreano-alemán Chul Han. La misma repite el presupuesto neoliberal de una sociedad civil virtuosa que contrasta con una política sucia a la que hay que controlar y transparentar.

En un contexto político regional donde se requiere una reconstrucción del tejido social, el foco de la apertura de gobiernos debería estar puesto, centralmente, en la inclusión política, la articulación entre actores y la provisión de bienes públicos, agendas prioritarias de la democracia en América latina.

El modelo de AGA también se presenta como prescriptivo porque se focaliza en que los gobiernos asuman compromisos como un fin en sí mismo, con muy pocas herramientas y metodologías para la construcción efectiva de esas agendas, ni dispositivos concretos de evaluación de impacto ni penalización por incumplimiento.

La coyuntura nos invita a pensar iniciativas y reformas que apunten a reconstruir el tejido social. El horizonte de un gobierno, un Estado y, en definitiva, una sociedad abierta no puede limitarse a la transparencia, sino en uno en el cual el conocimiento, la cultura, la naturaleza, la salud y las plataformas de información son considerados como bienes de todas las personas y traen beneficios para el entero conjunto. Una sociedad abierta es esencialmente democrática porque se basa en el debate público, la participación ciudadana y la mejora permanente. La infraestructura tecnológica y las capacidades técnicas ya están disponibles, sin embargo, para funcionar, requiere que se recupere una capilaridad social por parte del Estado para que no quede nadie fuera.

Entiendo que una agenda de gobierno abierto basada en la inteligencia colectiva necesita apoyarse en cuatro ejes:

i. Incentivos políticos
La inclusión de la ciudadanía tiene que ser efectiva. Por un lado, esto requiere una voluntad explícita por parte del liderazgo político, y, por el otro, que sean asuntos sensibles para la ciudadanía. En estudios hemos observado que las organizaciones que no participaban en espacios de co-creación en gobierno abierto lo hacían porque no observaban que los mismos tuvieran un impacto concreto en las políticas de gobierno. Sentían que los espacios abiertos eran testimoniales, o para legitimar decisiones ya tomadas, o que decidían sobre cuestiones menores. Esta participación tiene que ser concreta, con un efecto directo en las políticas públicas, y de carácter vinculante.
Asimismo, se ha observado que la principal resistencia a la agenda de gobierno abierto ha venido de la propia burocracia. Entonces cualquier diseño tiene que contemplar los incentivos políticos de cooperación interna dentro del Estado.

ii. Participación efectiva
La voluntad política es importante pero insuficiente. Los derechos, mecanismos y procesos requieren estar institucionalizados para poder garantizar y consolidar los avances más allá de la gestión de turno. Hay un corpus de marcos legales que garantizan el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, los mecanismos de participación, de consulta, asamblea, y la incorporación de nuevos actores vinculados al requerimiento de incorporar a la sociedad civil en el diseño y creación de las políticas públicas. Las mismas tienen que contemplar premios y castigos dentro de la gestión pública para la incorporación efectiva de esta agenda evitando los actores de veto.

iii. Capacidades
La efectiva participación ciudadana en el co-diseño de políticas públicas posa una demanda superior sobre el funcionariado público y los liderazgos sociales. Se requieren conocimientos tecnológicos para construir plataformas e intervenir en las mismas; metodologías de facilitación de espacios colaborativos; conocimientos avanzados sobre los procesos políticos de los gobiernos; habilidades blandas para coordinar y hacer efectivos espacios horizontales, entre otras cuestiones. Muchos de estos elementos están ausentes, tanto en los gobiernos como en la ciudadanía. Es por ello que cualquier iniciativa requiere incluir un componente pedagógico-formativo para generar el cambio cultural y proveer de las herramientas pertinentes para el aprovechamiento de los espacios.

iv. Dimensión comunitaria
La variable diferencial para el avance de este tipo de agendas reside en la capacidad de construir o consolidar (dependiendo el caso) los ecosistemas de organizaciones e individuos con intereses en las áreas políticas clave. Garantizar su voz e incidencia resulta fundamental para su efectiva participación y para su valor agregado en la vida pública. En un contexto de debilitamiento institucional y de tejido social es menester generar acciones explícitas para identificar los sectores sociales con vinculación a cada área de políticas públicas.

Conclusión

Frente a la creciente desconexión entre Estado y sociedad, y sus consecuencias en las crisis políticas recientes, este artículo propone pensar a la agenda de gobierno abierto como una manera de introducir mecanismos de inteligencia colectiva en nuestras políticas públicas. Específicamente se identificó a los gobiernos locales como espacios de avance de estas agendas, tanto por su proximidad territorial, su rol en áreas políticas clave, como por su posibilidad de incidencia directa por parte de la ciudadanía.

Sin embargo, se alertó que para ello es necesario replantearse tal agenda, tanto desde lo conceptual como desde la práctica, y pasar de poner el peso en la transparencia y la lucha contra la corrupción (sin por ello dejarlas de lado), para focalizarse en la articulación con la sociedad, la inclusión política y la garantía de espacios efectivos de participación e incidencia por parte de la ciudadanía. Si avanzamos en esta dirección no solo recuperaremos la confianza en las instituciones, sino que también estaremos dando los pasos necesarios para plantear modelos de gobernanza más legítimos, eficientes y sostenibles que puedan dar respuesta a los complejos desafíos que afrontamos.

 

*Matías Bianchi es director de Asuntos del Sur.

Fuente: Voces en el fénix

Los Ex975: una mirada retrospectiva de un movimiento en ascenso

Los Ex975: una mirada retrospectiva de un movimiento en ascenso

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Dinámicas actuales y fenómenos emergentes en el Caribe Colombiano  

Por Lerber Dimas Vázquez

La categoría de Ex975, es un término acuñado a todos aquellos exparamilitares que hicieron parte del Proceso de Paz y que fueron privados de la libertad (o estando privados) y se acogieron a la Ley 975 o Ley de Justicia y Paz, promovida desde el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, que llevaría a la pacificación de los territorios y daría una respuesta jurídica a quienes -en bloque y en inmensa capacidad bélica- desplegaron la más grande oleada de terror y violación a los derechos humanos, en el Caribe Colombiano.

Todorov establece que el pasado es un anuncio al presente y, como parte de la búsqueda de lo que él llama el yo actual, es muy importante el estudio de nosotros en el pasado. La Ley de Justicia y Paz se creó con más mentiras que posibilidades reales de aplicación a la justicia. La misma desmovilización paramilitar fue, en la mayoría de los casos, más mentira que verdad y, como parte de esa dualidad, quienes iban a ser postulados a esta Ley se enfrentaron a una serie de contradicciones, que son normales en todo Proceso de Paz, pero donde debía prevalecer la verdad, la reparación y los mecanismos de no repetición. Sobre este primero y el último haré mayor hincapié.

Sobre ¿Quiénes eran esas las máquinas de guerra? El Estado lo sabía muy bien; las regiones igualmente y parafraseando a Padura: en estos sitios las personas habían visto la muerte tan de cerca como nadie es capaz de concebirla. Creo que lo sabían todo sobre la muerte y más que sobre la muerte: la pérdida de la vida por cualquier cosa insignificante, en el mejor de los casos, o una tortura silenciosa y larga de las cuales había experticia.

La peligrosidad se formuló originalmente para comprender la delincuencia violenta grave, crónica y reiterativa, dice el Análisis Crítico de un concepto Polisémico del profesor Antonio Andrés-Pueyo, y aquí tenemos el primer error: no se midió ni se tuvo en cuenta la peligrosidad de quienes iban a ser postulados al mecanismo transicional. No se tuvo en la cuenta ni el perfil criminal, ni su perfil psicológico. No se aplicó un manual de perfilación y conducta criminal. Lo que sí se hizo, fue meterlos a todos en centros carcelarios de mediana seguridad  y con privilegios. El delincuente aprende rápido porque todo el tiempo está pensando en un paso adelante, esa es la lógica formal de la guerra y se mide matemáticamente y en la memoria el factor oportunidad y riesgo.

El segundo error fue creer que querían dejar las armas, ¿para qué? Eran dueños de los territorios, tenían las mejores fincas, carros, casas, visitas “ilustres”, dinero a montón producto de cualquier tipo de actividad ilícita y tenían las armas con las cuales mataban y ordenaban muertes a diario. Eran el Estado y lo representaban incluso en las elecciones a cargos democráticos (parapolítica).

El tercer error, es pensar que actuaban solos y que sus conductas se medían solo por la capacidad de daño que podían hacerle a un ser humano. No se tuvo en cuenta que al ser un movimiento totalitario, obedecía también a intereses particulares, económicos, políticos, grupales; intereses mediados por la codicia y la expansión.

Y el cuarto error, dejar la verdad, judicial e histórica en manos de los victimarios, juntándolos a todos para inferir en una verdad construida acorde de las necesidades propias y de sus socios.

En este orden de ideas, lo que vienen son los anuncios de lo que puede ser una repercusión violenta a gran escala, promovida por los Ex975. Anuncios que, entre otras cosas, se han venido materializando y que ponen en jaque la seguridad y la estabilización de algunos territorios; en otros, su influencia ha estado presente, lo que quiere decir, como en el caso de Santa Marta y algunos municipios del César, Bolívar, Magdalena y Atlántico donde se encuentra la mayor concentración de estas personas, que la problemática nunca se fue.

Miremos algunos casos: en Soledad, Atlántico, un ex975 tiene más de 100 motos y motocarros que son administrados por exparamilitares de su confianza. Estas mismas sirven para la comisión de otros delitos. Las grandes extensiones de ganado, por ejemplo, en Sábanas de San Ángel (Magdalena), que son de otro ex975, son también administrados por personas de su confianza. Esas y otras fincas en otros municipios del departamento.

En un municipio del Magdalena, cuyo nombre no puedo revelar por temas de seguridad, un ex975, por poco pone alcalde. Quedó, eso sí, con la puerta abierta en el Concejo por aquello de la reforma de equilibrio de poderes -Estatuto de la Oposición-.

Rigoberto Rojas Mendoza y Jhon Jairo Esquivel, capturados por el secuestro de Melissa Martínez en el departamento del Magdalena. Según algunas fuentes, hay órdenes de capturas contra otros Ex975, por otros delitos como el rearme. Esto sin contar con las múltiples reuniones en las que varias de estas personas han participado y a donde han asistido con su robusto esquema de seguridad que les brinda la Unidad Nacional de Protección. En total protegen a 18 de ellos en toda la Región Caribe.

El debate es sobre la culpabilidad. Se supone que deberían empezar de cero, por aquello de la reparación a las víctimas, pero como en el caso de los parapolíticos, todos salieron de las cárceles alegando quiebra y ninguno, escúchelo bien, ninguno, aportó un solo peso para las víctimas. Lo mismo ocurre con estas personas: todos han salido a disfrutar de sus fortunas que fueron intocables y que incluso se potencializaron estando privados de la libertad y aquí le recae una responsabilidad enorme al Estado.

En síntesis: no hay un mecanismo de la libertad vigilada, algo así como post-cárcel, ya que no hubo post-conflicto, tampoco la idoneidad en algunos de los casos de quienes los cuidarían. Recordemos que la UNP se nutrió de personal del DAS, y estos claramente fueron aliados del paramilitarismo. Los mismos, cuidando a los mismos.

La realidad de los que podemos llamar un fenómeno emergente, que se activó con la salida de ex975 de los centros carcelarios, es una realidad en el Caribe Colombiano. No todos están inmersos en prácticas delictivas; sin embargo, esa mayoría que si lo está tiene el poder militar, el conocimiento y las personas (leales o reclutadas) con las que pueden armar un grupo tipo paramilitar en una hora. Tienen facilidad para conseguir las armas y las alianzas para ingresar nuevamente a los territorios, como lo han venido haciendo en algunas regiones y tienen a los aliados que buscan afanosamente recuperar su economía y sus tierras.

¿Sabe el Estado y la justicia, dónde está cada uno de ellos y qué está haciendo? Es la pregunta que se debe hacer y desde aquí le sugerimos una respuesta: vayan a las antiguas zonas donde anteriormente operaron.

 

Lerber Dimas Vázquez – Antropólogo. Miembro de Mama Coca. Experto en violencia en Sierra Nevada Santa Marta

[La fotografía pertenece a Federico Ríos Escobar  – https://www.federicorios.net]

 

¿Las Mujeres Gobiernan Mejor_ (3)

¿Las mujeres gobiernan mejor ante la crisis?

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Por qué los países con mejores resultados ante el COVID19 son gobernados por mujeres

La pandemia por coronavirus puede ser una de las más grandes pruebas de liderazgo político que el mundo haya presenciado. Todos los líderes y lideresas, se enfrentan a la misma amenaza potencial y están reaccionando de manera diferente, en su propio estilo. Entre los mejores países que han afrontado la pandemia por el coronavirus se destacan: Noruega, Alemania, Nueva Zelanda, Finlandia, Dinamarca, Islandia y Taiwán. 

¿Qué tienen en común estos países? Inicialmente, todos tomaron políticas públicas similares: la creación de políticas de aislamiento apenas empezó la propagación del virus, el cierre de fronteras de manera preventiva, las estrategias sanitarias para la detección temprana de casos, el seguimiento riguroso durante las fases tanto de respuesta como de recuperación; identificación de los peligros, vulnerabilidades y capacidad de abordaje estatal de los riesgos; el buen uso de las nuevas tecnologías para la difusión de conocimientos sobre los riesgos en las emergencias junto a una educación sanitaria, y la transparencia en la toma de decisiones. Ah, y todos son países liderados por mujeres.

Esta fuerte correlación amerita un análisis de causalidad: ¿qué distingue a las mujeres gobernantes de los hombres que gobiernan? y ¿por qué fueron precisamente mujeres quienes tomaron esas medidas? Podría decirse que es casualidad, pero hay razones para creer que estas mujeres gobernantes en realidad lideraron a sus diversos países de manera diferente frente a sus pares hombres. 

Una investigación del MIT, proporciona fuerte evidencia que refiere a que la identidad de género de quien ejerce el poder influye en las políticas públicas. Los datos de la investigación señalan que las mujeres electas para liderar invierten más en los bienes públicos. Esto incluye gastos recurrentes y de capital provenientes del sector público destinados a la prestación de servicios de salud, actividades de planificación familiar, de nutrición y a la asistencia de emergencias para la salud; asuntos públicos estrechamente vinculados a las preocupaciones más relevantes para las mujeres por sus obstáculos históricos en el acceso a los mismos.

Lo anterior se corresponde con las cifras que indican que los países liderados por mujeres forman parte de los gobiernos con mayor presupuesto público de salud per cápita. Y, ante la pandemia por coronavirus, se ve cómo efectivamente son estos países liderados por mujeres (Noruega, Alemania, Nueva Zelanda, Finlandia, Dinamarca, Islandia y Taiwán), los que han tenido mejor respuesta ante la crisis sanitaria, no solo para aplanar la curva, sino para eliminarla.

Cónsono con esto, Flavia Bustreo, Subdirectora General de Salud de la Familia, la Mujer y el Niño de la OMS, afirma que la participación social, política y económica de las mujeres está estrechamente asociada con mejores resultados sanitarios. Por ejemplo, donde gobiernan mujeres, hay menos muertes. Esto lo corrobora una investigación basada en datos de las oficinas electorales provinciales de Canadá, en la cual se descubrió que a medida que el porcentaje promedio de mujeres en el gobierno ha aumentado históricamente, las tasas de mortalidad total han disminuido en un 37.5 por ciento (de 8.85 a 5.53 muertes por 1000 personas).

Åsa Regnér, Directora Ejecutiva (A) ONU Mujeres, señala que esto sucede porque cuando las mujeres lideran y participan en la toma de decisiones, cambian las prioridades y la forma en que se destinan los recursos.  Entonces, ¿en realidad las mujeres gobiernan mejor? La respuesta no es tan simple como sí o no. Según diversas investigaciones, si bien los hombres y las mujeres son igualmente efectivos, se concluye que las mujeres son, en algunos sentidos, mejores líderes que los hombres; esto se puede adjudicar a la vinculación y la responsabilidad con la que las mujeres asumen las agendas sociales y a la prioridad que dan a atender agendas de salud, frente a los hombres, quienes como prioridad atienden la agenda económica. Sin embargo, las mujeres sufren la desventaja de que los roles de liderazgo tienen una imagen masculina, especialmente en algunos entornos y en niveles superiores.

Lo que sí es seguro es que los países que están viendo mejores resultados frente a la crisis, son los que vienen implementando la paridad como principio en sus democracias. Por lo que estos datos parecen sugerir que cuando las condiciones políticas permiten que las mujeres lideren, se fomentan procesos de innovación política que contribuyen al bienestar colectivo. Por lo tanto, la información indica que seguir impulsando la inclusión y participación en todos los niveles de gobierno, no es sólo cuestión de corrección política, también es cuestión de mejores resultados. 

 

Georgia Rothe – @georgiarothe

Analista Proyecto SISA – Mujeres Activando

Asuntos del Sur

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Cuando esto se acabe, ¿quedará humanidad?

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Por Esteban Tavera

La mañana de este miércoles 25 de marzo un aplauso quebró la monotonía que ha traído consigo la cuarentena. Desde que empezaron las medidas de aislamiento que pretenden frenar la expansión del Covid-19, la calle en donde vivo ha perdido su vida, y más en ese fin de semana largo –larguísimo–. Esos cuatro días descanso –¿de espera?–, en esta calle gobernó un silencio que solo se rompió a las nueve de la noche durante el rato en que los vecinos sostuvieron sus aplausos de agradecimiento al personal médico que se enfrenta a esta pandemia. 

Pero esa mañana, el gesto fue mucho antes. Desde que empezaron a circular en redes sociales los videos, fotografías e historias provenientes de varios países de Europa en los que se ve a miles de personas aplaudiendo a quienes permanecen en hospitales, sanatorios y clínicas, pero también a quienes no dejan de cocinar, sembrar, vigilar, socorrer y limpiar; desde que eso ocurre, en algunos países de América Latina se quiso copiar la idea y ya hoy se ha vuelto casi un pacto tácito: a las nueve de la noche salimos a aplaudir. 

Sin embargo, la mañana de ese miércoles era muy claro que mi vecina había obrado por fuera del pacto. Agradecí mentalmente que por fin algo nos sacaría de la monotonía y luego salí a ver qué era aquello que había roto la regla de las nueve. Como fui uno de los primeros en salir, alcancé a darme cuenta de quién era la motivadora del aplauso, que rápidamente ya se había expandido por varios balcones aledaños; una vecina que vive casi a la misma altura en que vivo yo, en uno de los edificios de enfrente. Recordé que una de las noches calladas del fin de semana había sido ella quien salió a su balcón a pedirle airadamente a un transeúnte que se fuera para su casa. “Andá a tu casa, la puta que te parió”, le dijo. 

La razón de su alteración del nuevo orden era que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires había parqueado una patrulla justo debajo de su edificio para vigilar a quienes pasaran por allí caminando o en auto. Mientras los policías se equipaban con guantes, tapabocas y alcohol en gel, mi vecina, que ya estaba acompañada por varias otras personas, les expresaba agradecimiento y aprobación. Uno de ellos levantó su mano y movió la muñeca como saludando. La escena se ha repetido durante todos estos días. 

¿Se habrá repetido también en otras calles, en otros barrios y en otras ciudades? Pensé que sí. Lo que leo en redes sociales y medios de comunicación me hace suponerlo. Cada vez es mayor la sensación de que necesitamos tener a la policía en la calle y de que su tarea allí es la de ser contundentes con quienes aún no se hacen a la idea –por que no quieren, porque no pueden o porque no la entienden– de que deben estar encerrados en sus casas. “Lo que no entra con la razón, va a entrar con la fuerza”, dijo Alberto Fernández, presidente de la Argentina, ese mismo miércoles del aplauso mañanero, tal vez empujado por la ola de reclamos de mano dura. En otros países de la Región, el asunto a sido aún más alarmante. Han empezado a promulgarse decretos que permiten a las policías o los ejércitos usar todos los medios a sus alcances para salvaguardar el aislamiento forzado, lo que se suma a la pandemia de policías de balcón. Los casos más tristes de esto son los de Perú y Colombia, pero ningún país sale en limpio. 

Crédito: La Nación

Somos conscientes de que el encierro no será el remedio, pero creemos que al menos puede ayudar a que el virus no acabe con nosotros. Así de poderoso es el enemigo que enfrentamos. Será por eso que, para mucha gente, hasta la crueldad vale para frenarlo. En últimas, lo que está en juego de un lado y del otro, lo que se ve amenazado tanto por la pandemia como por la respuestas punitivas, es nuestro propio cuerpo. Estamos entre la represión y el disciplinamiento. 

“En nuestras sociedades –dice Michel Foucault¹–, hay que situar los sistemas punitivos en cierta ‘economía política’ del cuerpo: incluso si no apelan a castigos violentos o sangrientos, incluso cuando utilizan los métodos ‘suaves’ que encierran o corrigen, siempre es del cuerpo del que se trata —del cuerpo y de sus fuerzas, de su utilidad y de su docilidad, de su distribución y de su sumisión”.

Pero, cuidado, el enemigo es el Covid, no quienes aún no quieren o pueden encerrarse. Esto parece que no lo han entendido muchas personas, entre quienes, claro está, están los y las policías, que, como todos los demás, también se ven presos del estrés que ha generado esta pandemia. En momentos de pánico, como lo enseña Eugenio Raúl Zaffaroni, se levanta un muro que separa entre un ellos y un nosotros, que marca el límite entre los buenos y los enemigos. 

“El pánico moral –dice Zaffaroni²– es el resultado del bombardeo continuo de noticia rojas, de la reproducción criminal provocada por esas mismas noticias, de la permanente instigación a la venganza, de la creación de una realidad en la que los únicos males provienen de ellos”. 

Y ya empezamos a ver los efectos de los bombardeos mediáticos que se enfrentan a la pandemia del Covid. Han comenzado a circular videos que muestran graves casos de violencia policial en diferentes ciudades latinoamericanas, y la enorme mayoría comparte un factor común, las víctimas son los mismos de siempre: los pobres, los excluidos. 

Esta pandemia no puede enfrentarse a costa de la humanidad. No puede ser que mientras médicos, médicas, enfermeros y enfermeras libran una batalla diaria en contra de un virus que tritura pulmones, en las calles estemos pidiendo a gritos una mano dura que triture cuerpos enteros. Si no, ¿para qué nos salvamos? No puede sucedernos lo de la historia del explorador que pregunta: “¿Hay caníbales aquí?”, y escucha como respuesta: “No, aquí no hay caníbales. Ayer nos hemos comido al último”. 

 

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¹ Michel Foucault. Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. 2008, p. 32. México, Fondo de Cultura Económica.
² Raúl Zaffaroni. La palabra de los muertos. Conferencias de criminología cautelar. 2017, p. 278. Buenos Aires, Ediar.

 

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La crisis de los partidos ausentes

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[author] [author_image timthumb=’on’][/author_image] [author_info]Por: Matías Bianchi. Director de Asuntos del Sur[/author_info] [/author]

Desde Catalunya hasta Chile, pasando por Inglaterra, Ecuador y Bolivia, amplios sectores sociales se han revelado, casi simultáneamente, dispuestos a tomar las calles. ¿Qué tienen en común situaciones tan disímiles tanto en su historia, la composición de sus fuerzas políticas, marcos institucionales y demandas sociales? La incapacidad del establishment político de actuar como articulador de debates sociales y de coordinar soluciones legítimas a demandas públicas.

En las democracias modernas, los dispositivos diseñados para llevar a cabo ese rol son los partidos políticos. A pesar de su mala fama, quizás nunca haya sido positiva, los partidos políticos están para ejercer de intermediación, entre ciudadanía y el poder político.

Además de seleccionar candidaturas y buscar ganar elecciones, también algunos cumplen el rol de interpelar intereses de diferentes sectores de la sociedad; de generar intersubjetividades sobre el mundo y sobre agendas sociales; de ejercer una pedagogía ciudadana digiriendo problemas complejos para hacerlos accesible al consumo de mayorías; y, no menor, el de organizar territorialmente a sectores sociales con ideas afines.

La realidad es que, crecientemente, una gran mayoría de los principales partidos políticos dominantes se han transformado meros canales electorales, dejando de lado otras funciones tan necesarias para el funcionamiento de la democracia. Claro, los incentivos apuntan en esa dirección – y no son nuevos- : la centralidad de los medios de comunicación para establecer agenda pública; el escandaloso encarecimiento de las campañas políticas que hacen a los dirigentes tomar dinero de sectores a los que luego les tienen que devolver favores; la creciente influencia de los poderes de facto que disminuye la autonomía relativa de los partidos; o la emergencia de agendas para las que los partidos simplemente no están preparados.

Es decir, los partidos políticos dominantes cada vez se alejan más de la ciudadanía, y se acercan, por debilidad o por decisión deliberada, a los poderes fácticos. Por ende, no es casual que los mismos se encuentren sistemáticamente en el fondo de la tabla de legitimidad entre instituciones públicas y que la ciudadanía sostenga que los políticos responden a sus propios intereses.

En el contexto actual de incertidumbre política global, de estancamiento de la economía global (y el consecuente caída de los precios de los commodities, clave para los países de América Latina), estas falencias se tornan mucho más notorias. Existen menos capacidades de contener y contrarrestar a discursos oportunistas como el Brexit o la independencia definitiva de Catalunya. Mayorías indígenas en Ecuador o sectores populares de Chile carecen de canales electorales legítimos que representen a sus intereses.

Aún el MAS boliviano, originalmente constituído por una plétora de organizaciones, cooperativas y partidos de base, fue con los años paulatinamente perdiendo capilaridad territorial y afianzando su fuerza en el control de los recursos del Estado.

No debería sorprendernos, por ende, que importantes sectores sociales no encuentran cómo canalizar institucionalmente su descontento frente a medidas impopulares como la humillación judicial de los líderes en cataluña, o la negación a incorporar la agenda de la emergencia climática en Inglaterra, o cómo resistirse a las draconianas medidas neoliberales en Chile y Ecuador, o la desprolijidad del conteo de votos en Bolivia. Es decir, los partidos políticos se han mostrado ausentes en su función “bisagra” que les proponía Duverger.

Esta desconexión, me permito hipotetizar, nos ayuda a explicar porqué los ciudadanos eligen las calles para salir a manifestarse. Del otro lado de moneda, los líderes políticos, frente a la falta de vasos conectores con estos sectores sociales, parecieran desconectados de las demandas territoriales, ignorando completamente importantes demandas sociales.

Es más, cuando la sociedad sale a la calle, han respondido con desconcierto de la peor manera: estados de excepción, represión, y algunos con una violencia y crueldad inusitada. Ya nos decía Max Weber, cuando se carece de la capacidad de crear consensos, solo queda la coacción.

Es curioso notar cómo Argentina no ha tenido una experiencia similar, por ahora, a pesar de tener una situación económica muy difícil y un deterioro social dramático. Por un lado, el gobierno no ha descuidado a los más pobres, multiplicando planes sociales que buscan contenerlos. Y por el otro, a que la oposición peronista se reorganizó, proponiendo una alternativa electoral contundente, interpelando y logrando incorporar a organizaciones de base, sindicatos, cámaras empresariales, piqueteros, y estudiantes descontentos con las medidas del gobierno actual.

Quizás los partidos políticos, y el modelo democrático representativo, diseñados para un mundo pasado, sean anacrónicos y tengamos que ponernos a pensar y construir nuevos mecanismos de articulación entre estado y sociedad. Sin embargo, como sabemos, en política es más fácil destruir que construir nuevas alternativas. Por ahora, me conformo con que trabajemos en (re) construir a los modelos actuales de partidos políticos para que puedan ser instrumentos de diálogo social, generación de consensos y representación de todos los sectores de la sociedad. No debería ser difícil crear incentivos inversos a los actuales a partir de cambios drásticos en el financiamiento de la política, mejor regulación de medios de comunicación y redes sociales, y la apertura a la ciudadanía para participar y decidir sobre políticas públicas.

Seguramente éste no es el único desafío de las democracias actuales, pero, por algún lado hay que empezar. Y no hacer nada, la historia del siglo XX nos ha enseñado, puede tener un costo demasiado alto.

Foto: cortesía, Wilmer Machaca

Arden las urnas. Claves para entender el escenario electoral en Bolivia

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[author] [author_image timthumb=’on’]https://asuntosdelsur.org/wp-content/uploads/2019/08/Cris1.jpg[/author_image] [author_info]Autor: Cristian León, politólogo, coordinador de InnovaPolíticaLatam[/author_info] [/author]

Foto: cortesía Wilmer Machaca

Al segundo día del conteo de votos, los edificios del Tribunal Supremo Electoral de los departamentos del Sur de Bolivia,  ardían en llamas. En otros departamentos, se registraron marchas, disturbios y muchas fogatas en las cuales se quemaban maletines electorales que contenían las papeletas de la votación del día anterior. El clamor de un presunto fraude electoral llenó las calles, acaparó las publicaciones en redes sociales y los titulares de los medios de comunicación.

Si ganó Evo en primera vuelta o lo hará en segunda o no, ya no importa, las urnas se incendiaron, el proceso se impugnó y mostró el lado más frágil de una democracia que no logró reinventarse y superarse. Uno de los mayores responsables fue sin duda el Órgano Electoral, el cual no sólo careció de efectividad, pero mostró poca capacidad para generar confianza en el momento de mayor incertidumbre.

A continuación se hace un repaso de algunas de las claves para entender el delicado escenario electoral que afronta Bolivia.

Los indicios del fraude

Las recientes elecciones en Bolivia fueron  las más competitivas desde la primera victoria de Evo Morales en 2005. Después de haber ganado  en 2014 con un hinchado 63%, en esta ocasión  las encuestas indicaban que Morales no  tenía asegurada su victoria en la primera vuelta – para ganar en primera vuelta, el candidato debe asegurar al menos 40% de la votación con una diferencia de 10% con respecto al segundo – .

Sobre ese contexto, el Organo Electoral Plurinacional se convirtió en uno de los principales dinamitadores. Todo comenzó cuando, a través de su Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el OEP publicó cifras sobre el 85% de los votos que indicaban una segunda vuelta entre Morales, el candidato oficialista (con 45% de la votación) y Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, con 39%. A pesar de este resultado, Morales anunció  su victoria en conferencia de prensa, alegando que los votos rurales no contabilizados hasta ese momento, le darían el empuje final.

Por su parte, el OEP comunicó que no haría más publicaciones a través del TREP, lo cual levantó la desconfianza de la población de una posible intervención del Gobierno para asegurar su victoria. En un clima de alto suspenso y presión ciudadana, el OEP retrocedió sobre sus pasos y publicó una nueva actualización en el TREP sobre 95% de los votos, dándole una victoria a Morales en la primera vuelta con apenas décimas por encima del 10% de diferencia requerido por la Ley electoral.

La diferencia registrada, sumada a una gran cantidad de irregularidades compartidas a través de plataformas de redes sociales, enardeció a la población. La misión oficial de la OEA lanzó un comunicado en el cual observaban los resultados y pedían explicaciones, mientras que el rector de la mayor universidad pública del país, salía herido en una de las manifestaciones. Independientemente de los resultados finales, el proceso eleccionario ya se había empañado, convirtiéndose en el más controvertido de los últimos 20 años.

La repostulación de Evo

El escenario antes descrito no es resultado de una sola coyuntura, sino del desgaste que acumuló Evo a partir de su repostulación. De acuerdo a la Constitución Política, Morales no podía postularse por una tercera vez consecutiva, por lo que en gran medida las elecciones se jugaron en torno a si su postulación era legal o no.

El rechazó a la candidatura de Evo se capitalizó cuando, después de perder el Referendúm constitucional para habilitar su reelección el año 2016, se generó una vertiginosa carrera para encontrar alguna argucia legal que lo habilitara. A finales de 2017, el Tribunal Constitucional declaró la aplicación preferente de los “derechos políticos” por encima de los artículos de la Constitución, lo que abrió el camino a su postulación.

Del lado de una fragmentada oposición, las estrategias para evitar la reelección de Morales se centraron en la convocatoria de masivos mitines la “recuperación de la democracia”, los cuales no tuvieron ninguna fuerza real para cambiar el juego de poder.   La  oposición terminó por elegir sus candidatos y presentarse a las elecciones.

La estrategia electoral era complicada dada la ausencia de candidatos/as. Por ese entonces, la figura del ex presidente Carlos Mesa, había crecido debido a su rol como vocero de la causa  marítima de la demanda contra Chile. Aunque en varias ocasiones había rechazado su intención de lanzarse nuevamente a la política, Mesa decidió lanzarse a la presidencia a un año de las elecciones.

Otro rasgo del rechazo a la postulación de Evo, fue por ejemplo el nombre que adoptó la por entonces, tercera fuerza política: el partido cruceño Democrátas. Para estas elecciones asumió el nombre “Bolivia Dice No” para reivindicar los resultados del referendúm que rechazó la candidatura de Morales.

El voto útil

El candidato Mesa se posicionó  a partir del voto útil. Al ser, según las encuestas, el candidato con mayores posibilidades para ganar a Evo Morales, recibió apoyo de otros partidos como Unidad Nacional y Soberanía y Libertad, buscando así sumar los suficientes votos para activar la segunda vuelta.

Esto explica, por ejemplo, que a pesar múltiples embates que pudieron haber afectado a Mesa, como denuncias de posible corrupción en su anterior mandato, haber aceptado dinero para ser candidato a vicepresidente en 2002, y hasta críticas a su poco posicionamiento frente a varios temas, aun así se pudiera mantener a flote.

Ayudó también que apenas días de llevarse a cabo las elecciones, personalidades de la política hicieran públicos sus pedidos de renuncia al tercer candidato en las encuestas, Oscar Ortiz, para así fortalecer a Mesa. De hecho, incluso se difundió una noticia falsa sobre la renuncia de Ortiz, la cual tuvo que ser rápidamente desmentida.

La capacidad de mantener su apoyo en las últimas semanas en las encuestas, fue clave para que Mesa terminará por captar un buen porcentaje de los votantes que aún andaban indecisos y se posicionará cerca de Morales.

El outsiderismo conservador

La emergencia de un candidato completamente desconocido: un doctor coreano de apellido Chi, fue una de los mayores claves del actual escenario electoral. Chi fue de mano del Partido Democrata Cristiano (PDC), y sorprendió a todos al subir rápidamente en las encuestas a pesar de una campaña con poca maquinaria electoral y un candidato sin experiencia.

Su discurso altamente misógino e intolerante con las disidencias sexuales, el cual culpa al comportamiento de las mujeres por las altas tasas de feminicidios, y a los “pecados” de la comunidad LGTBI por ser las causantes del castigo divino de los incendios de la Amazonía, atrajo a un electorado conservador cautivo. Eso sumado a su discurso anti-político, que lo convirtió en una figura potencial para los medios de comunicación y caldo de cultivo para la cultura de los memes en internet.

El partido de Chi quedó como la tercera fuerza política, con un 8% de votación, y desplazó completamente a “Bolivia Dice No”(BDN). Su alto crecimiento pudo haber afectado directamente a BDN, al restarle su posibilidad de ser la fuerza que compita a Morales, y empujando más el voto útil hacia Carlos Mesa. Así también, este partido parece haber arrancado electorado al MAS en departamentos como Oruro y Potosí.

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A la fecha, se avisora una salida difícil y que requerirá a corto plazo lograr las siguientes condiciones: restablecer la confianza en el Tribunal Supremo Electoral, replegar los sectores de choque y establecer alguna línea de diálogo que tienda puentes sobre una posible grieta entre oficialismo y oposición.

Los resultados de todos modos son claros: Evo Morales ya no cuenta con la mayoría que en anteriores veces lo llevó al Palacio de Gobierno, lo que muestra el claro desgaste de su imagen política y el costo de prorrogarse en el poder. Otros aspecto a tomar en cuenta es que el conservadurismo consolidó su apoyo y generó capacidad de interpelación y bloqueo a futuras políticas públicas, teniendo el voto dirimidor dentro de la Asamblea Legislativa. Este elemento no está siendo mencionado ni analizado, y puede que las fuerzas políticas enfrentadas en el actual escenario de polarización, cedan a sus condicionamientos para lograr mayorías.

Estas fueron las elecciones más impugnadas y violentas de los últimos años en Bolivia.

 

NO a la represión violenta y la criminalización de la protesta en América Latina

NO a la represión violenta y la criminalización de la protesta en América Latina

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Frente a los acontecimientos recientes en Latinoamérica, desde Asuntos del Sur repudiamos el creciente uso de la represión y la militarización de la seguridad pública en contra de estudiantes y movimientos organizados que se están manifestando en las calles, así como el asesinato, persecución y amenazas a líderes y lideresas sociales de la región.

La ciudadanía en redes sociales y los medios de comunicación han registrado casos de asesinatos, personas heridas, desapariciones, retenciones ilegales y abusos sexuales, entre otras situaciones alarmantes, que representan una clara violación a los Derechos Humanos y libertades protegidas como la manifestación pacífica, la libre de expresión y opinión, la movilidad en los territorios, la reunión y participación en los asuntos públicos.

Rechazamos enérgicamente la criminalización a la protesta y la lucha política, que nos remiten a los capítulos más oscuros de nuestra historia reciente como región; igualmente, consideramos que las posturas de organismos multilaterales y demás instituciones deberían velar por el diálogo y la observancia de las garantías para la ciudadanía, sin tomar posturas parcializadas, que en ningún modo contribuyen a la búsqueda de salidas negociadas.

Desde Asuntos del Sur trabajamos en la construcción de democracias paritarias, inclusivas y participativas en América Latina, por lo tanto, invitamos a los gobiernos, organizaciones, movimientos sociales y a la ciudadanía en general a pensar y propiciar soluciones no violentas, basadas en derechos, además instamos a que se ofrezcan garantías a quienes se manifiestan reclamando justicia y equidad en nuestro continente.

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El Encuentro Plurinacional de la alianza intergeneracional y el protagonismo de las personas con cuerpas plurales

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Autoras: Cora Ruiz y Georgia Rothe
Fotos y videos: Lila Andrea Monasterios

El 34º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries en La Plata fue el más grande de la historia, no solo por la cantidad de mujeres que asistieron a las actividades -unas 200 mil, y 500 mil en la marcha- sino también porque hubo 87 talleres en simultáneo, charlas, conversatorios e infinidad de actos culturales y artísticos durante tres días, donde se trabajaron muchos de los temas que nos atraviesan como diversidad de mujeres y personas con identidades y sexualidades plurales1. Las aulas de las facultades y escuelas de la Plata quedaron chicas; tuvieron que multiplicar los espacios de los talleres por la cantidad de personas en cada uno de ellos. Algo inaudito hasta este año. 

Si miramos hacia atrás, el primer ENM de 1986 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue convocado por las que ahora cariñosamente llamamos “las históricas” del movimiento feminista argentino: docentes, médicas, psicólogas, abogadas, escritoras, entre otras, que comenzaron a organizar actividades en centros académicos, organizaciones civiles y a publicar sobre temáticas feministas. La mayor parte de esta generación provenía de la  militancia en diferentes espacios políticos2. En ese momento el tema central fue la situación de la mujer en la Argentina y las estrategias para el cambio. Este largo recorrido de 33 años, tal como indica Dora Barrancos, es único en la región tanto por su forma de construcción como por su constancia a lo largo del tiempo3.

¿Qué tuvo de innovador el 34º Encuentro? 

En esta oportunidad el protagonismo, como nunca antes, fue de la intergeneracionalidad de la movilización por los derechos de las mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries. Desde el Ni una Menos de 2015, se produce el crecimiento exponencial del movimiento feminista que Dora Barrancos conceptualiza como “el rompimiento de la capilla del feminismo”: las jóvenas se apropian de las calles y muestran nuevas formas de habitar el espacio público con sus cuerpas y consignas, algo que no siempre fue entendido por el feminismo. Diana Maffía lo define como “disrupción generacional”.4

Esta irrupción de las mujeres jóvenas se consolida a partir del proceso de innovación política que se generó alrededor del debate por el Aborto Legal Seguro y Gratuito de 2018, donde ellas tomaron un protagonismo histórico por el reclamo de la implementación de la educación sexual integral (ESI) y el derecho de las adolescencias para decidir sobre sus propias cuerpas como territorio de disputa política. Tal como señala Diana Maffia: “hubo un punto de inflexión en el reconocimiento mutuo de formas de hacer distintas y que se generaron diálogos enriquecedores” por lo que, desde entonces, podemos hablar de alianza intergeneracional. 

Este año, se afianza esta presencia de las jóvenas que ya no están dispuestas a que hablen o decidan por ellas y elles, con talleres como el de “Niñez y ESI” donde niñas y adolescentas de 14 años debatieron, mientras su madres asistían a otros talleres. Así como, “infancias e infancias trans y no binarias sin violencias ni discriminación” también fueron parte de los talleres. Además, las estudiantas de secundaria de la provincia de Buenos Aires coparon los talleres. También se incorporaron a la palestra temas liderados por las juventudes como el “ciberfeminismo y las mujeres en internet”, “cuerpes menstruantes”, “mujeres y deconstrucción de cuerpos feminizados”, y los “cuerpos gordxs”.

Las calles de La Plata se llenaron de glitter y brillo, como estrategia identitaria de las juventudes, y de pañuelos verdes, como ícono de la lucha de la clandestinidad de los abortos y de resistencia y rebelión al patriarcado. El glitter y el verde fueron los protagonistas indiscutibles. Sin embargo, no solo fue muestra de identidad política feminista de las jóvenas, sino que este intercambio de prácticas generacionales se plasmó en su apropiación por parte la diversidad de mujeres. Las adultas, las trans, las travestis, las lesbianas, las adultas mayores, las mujeres con discapacidad, les no binaries también tomaron las calles con glitter verde y lila como otra forma de ocupar la ciudad y de intercambio generacional. 

Reconocimiento explícito del carácter Plurinacional del Encuentro

Las mujeres de los pueblos originarios desde los inicios son parte activa de los Encuentros Nacionales de Mujeres. Pero, este año fue la primera vez que se realizaron talleres sobre Ecofeminismo. En América Latina, históricamente para los feminismos el medio ambiente constituye el eje central, tal es así que las feministas comunitarias y decoloniales nos enseñaron la defensa de los derechos de las mujeres como primer territorio en disputa. Sus luchas y resistencias desde el cuerpo y los territorios para la sostenibilidad de la vida las tienen como protagonistas así como su concepción de la cosmogonía desde la colectividad. 

En este Encuentro se retoma el debate del año pasado en Chubut, donde se reivindicó la participación popular y los sistemas de cooperación, y la centralidad de la demanda de las mujeres de los pueblos y comunidades originarias de las 36 Naciones de todo el Abya Yala; de las identidades afros y negras, de las racializadas y migrantes, de las mujeres con discapacidad y de las niñeces libres. Y, a su vez, la visibilización y protagonismo a las mujeres y disidencias sexuales, quienes sintetizaron una lucha colectiva contra el racismo, el colonialismo y la violencia machista del capitalismo patriarcal. 

Para finalizar, tal como ocurrió el año pasado con la confluencia de los feminismos en la demanda por el aborto legal, este año se demostró la capacidad de generar una agenda feminista transversal intergeneracional, más allá de ideologías políticas, clases sociales y que engloba personas con cuerpos plurales, identidades plurales y sexualidades plurales.  Sigamos tejiendo redes y acuerpando las luchas diversas de las mujeres originarias, las trans y travestis, las lesbianas, las afroargentinas, las racializadas y migrantes, las mujeres con discapacidad, entre otras colectivas. Desde Asuntos del Sur estamos convencidas que sin la participación efectiva de la diversidad de mujeres y disidencias sexuales en la toma de decisiones públicas y políticas no podemos seguir hablando de democracias.

  1.  Conceptos acuñados por la feminista comunitaria territorial, indígena maya-xinca, Lorena Cabnal.
  2.  Belloti, Magui (1988).Hacia un movimiento autónomo de mujeres: los encuentros nacionales. Brujas, 14, Buenos Aires.
  3.  Barrancos, Dora (2019). Artículo publicado en CGTN America, del 17 de febrero de 2019. A defiant women’s movement rises up in Argentina.
  4.  En Ruiz Tena, Cora y D’Alessandro, Mercedes (2019). La innovación política desde los feminismos. Estrategias de incidencia para la legalización del aborto en Argentina. Asuntos del Sur en colaboración con Economía Femini(s)ta. Disponible en: https://asuntosdelsur.org/la-innovacion-politica-desde-los-feminismos/.

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