Por Tatiana Cárdenas, Coordinadora Metodológica de Asuntos del Sur

El domingo 29 de mayo se realizará la elección presidencial en Colombia y sería poco decir que todos los ojos están puestos en este país. No solo por el inusual escenario político que tiene al progresista de izquierda, Gustavo Petro, como principal opcionado a la Casa de Nariño sino por los movimientos realizados por las autoridades electorales, durante los últimos meses, que hacen temer por la transparencia del proceso.

Los candidatos que mejor marcan en las encuestas son: Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá y ex militante de la extinta guerrilla del M19; Federico Gutiérrez, que representa a los partidos más tradicionales y es el ungido del expresidente Álvaro Uribe Vélez; Rodolfo Hernández, empresario y exalcalde de Bucaramanga, que ha centrado su campaña en polémicas; y Sergio Fajardo, el elegido en la consulta de la llamada Coalición de la Centro Esperanza.

Es la primera vez que, en el país, una opción cercana a la izquierda y al progresismo tiene la posibilidad real de llegar a la presidencia. La fórmula vicepresidencial de Petro es Francia Márquez, lideresa social, activista ambiental y feminista que, en 2018, fue reconocida con el Premio Medioambiental Goldman por su defensa del territorio.

Uno de los mayores logros de Petro, quien fue candidato presidencial y alcanzó el segundo lugar en 2018, es aglutinar en su movimiento a partidos políticos, colectivos y referentes de izquierda y centroizquierda, además de liderazgos que luchan por la defensa de los derechos humanos y que tienen como bandera la implementación del acuerdo de paz con las Farc que, hasta ahora, viene realizándose con retrasos y sin garantías para la seguridad y la vida de los y las excombatientes.

Aunque lo ha negado en repetidas ocasiones, se sabe que Federico Gutiérrez o “Fico”, como se le conoce, representa el movimiento político que puso en la presidencia a Iván Duque, quien termina su mandato con bajísimos índices de popularidad (25,1% según la última encuesta de Invamer Gallup). Gutiérrez fue alcalde y concejal de Medellín y su paso por la ciudad le dejó una mancha difícil de borrar: su exsecretario de seguridad fue procesado por tener vínculos con la llamada Oficina, una estructura criminal heredera del cartel de Medellín.

Aunque las encuestas dan a Petro como ganador, alcanzar la mitad más uno de los votos escrutados en primera vuelta es una hazaña que solo ha logrado Álvaro Uribe Vélez en su elección y reelección; por lo tanto, es muy posible que haya una segunda -y acá está el mayor interrogante de la campaña actual: no se sabe si será Federico Gutiérrez o Rodolfo Hernández quien alcance el apoyo popular para meterse en el segundo round-.

Elecciones amenazadas

Más allá del escenario político inusual, y bastante convulsionado, se ha levantado un manto de duda sobre la transparencia del proceso electoral, tras el fiasco en el conteo de votos vivido en las elecciones legislativas del 13 de marzo. Aquella vez, durante el escrutinio, se evidenciaron serias irregularidades que la Registraduría General de la Nación justificó como errores de los jurados de votación.

Sobre las situaciones que pueden generar dudas sobre el proceso del domingo 29 de mayo, Extituto de Política Abierta -organización que hace parte de la alianza por la veeduría electoral- denunció que “se teme que se generen, nuevamente, eventos que puedan llegar a poner en duda los resultados y la idoneidad de la Registraduría Nacional del Estado Civil, entre otras cosas, porque no se ha observado un proceso de cambio en los procesos que generaron inconvenientes hace un poco más de dos meses”.

La semana antes de la elección trascendió que la Registraduría no iba a contratar una firma internacional para realizar auditoría al software que será utilizado durante los comicios; hecho que ha sido justificado por demoras para la autorización del presupuesto, por parte de los ministerios del interior y de Hacienda, generando suspicacias y temores, especialmente, entre los candidatos opositores al gobierno actual.

Otra situación que sumó a la desconfianza fue que Migración Colombia negara el ingreso al país del estadounidense Teri Mattson y el abogado argentino Alejandro Rusconi, observadores electorales invitados por organizaciones de derechos humanos locales.

Esto se suma a situaciones de orden público, como las amenazas que viven distintas regiones. A inicios de mayo, la estructura criminal Clan del Golfo paralizó parte de Antioquia y Córdoba con un paro armado, según ellos, en protesta por la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”. Este hecho afectó la movilidad y seguridad de miles de personas, quienes, durante cuatro días, no pudieron desplazarse libremente ni realizar actividades comerciales. El miedo aún se siente en las calles y se presume que tendrá efectos directos en la jornada del domingo.

También se han sembrado dudas sobre el Registrador Nacional, Alexánder Vega, quien fue denunciado y está siendo investigado por las irregularidades mencionadas en las elecciones legislativas y de consultas internas.

Sobre este antecedente, Extituto aportó: “los órganos de control, entiéndase Procuraduría y Contraloría, no tomaron ningún tipo de medida adicional para evitar que se repitan errores del 13 de marzo. Ninguno de estos entes generó actuaciones para investigar y sancionar a los responsables, así como tampoco hizo requerimientos para prevenir que los inconvenientes vuelvan a suceder”.

“La Contraloría se excusa en que su control es posterior, a pesar de contar con competencias para hacer controles especiales de manera preventiva y concomitante, y la Procuraduría ha brillado por su ausencia en estos meses de elecciones, excepto para sacar de sus cargos a funcionarios elegidos por voto popular, en contravía de lo establecido en la Convención Interamericana”.

A pesar de todo ello, Vega dice que no es posible que exista fraude electoral y que todo se hará de forma correcta. Habrá que esperar al domingo para confiar en su palabra.

 

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