Panorama del pensamiento divergente en la Sierra Nevada de Santa Marta: líderes y procesos
Usos y apropiaciones de la fuerza desde los mecanismos para-estatales y estatales
Usos y apropiaciones de la fuerza desde los mecanismos para-estatales y estatales
(Actualizado 24/03/2020)
Por: Esteban Tavera
Los días de confinamiento no son necesariamente días de inmovilidad. Esto quedó demostrado con las decenas de movilizaciones que han innovado en sus formas para seguir vivas a pesar del coronavirus. Aquí traemos un listado de algunas de estas iniciativas y dejamos el espacio abierto para que siga sumándose día a día.
Por estos días es casi imposible siquiera soñar con volver a ver las escenas que desde hace varios meses nos ofrecen las plazas de muchos de los países latinoamericanos. La idea de abarrotar de nuevo nuestras calles con manifestaciones políticas no resulta responsable en medio de una de la más graves pandemias que ha vivido el mundo en las últimas décadas.
Pero una cosa es ser responsable y otra muy diferente es quedarse inmóviles. Por eso, los períodos de cuarentena que demanda la expansión del Covid-19, han sido vistos por los movimientos sociales de nuestra región como una oportunidad para innovar en las estrategias de movilización. Si no se puede llevar la protesta a la calle, tendrán que usarse otros mecanismos para hacerse escuchar. Aquí recogemos algunas de esas iniciativas y dejamos el espacio abierto para que cada día se sumen más.
¿Quieres ver tu propuesta innovadora reseñada aquí? Escribe a esteban.tavera@asuntosdelsur.org y cuéntanos sobre las formas en que te estás movilizando en medio de la cuarentena. Actualizaremos esta página con cada nuevo aporte.
Protesta Virtual Feminista, Venezuela
“Somos muchas, hacemos de todo, estamos en todas partes y tenemos algo que decir”. Ese es el mensaje de bienvenida de la aplicación “Protesta Virtual”, una propuesta diseñada por el colectivo venezolano Resonalia como una alternativa para que las mujeres que viven dentro o fuera de ese país manifiesten su descontento de forma segura y anónima en el espacio virtual.
“La intención de esta aplicación –dice María Luisa Campos, integrante de Resonalia– es facilitar la expresión de las mujeres haciendo más accesible la movilización, promover la protesta segura, explorar mecanismos de interacción online hasta ahora no usados en el país y capitalizar reclamos en un contexto social potencialmente beligerante”.
Hasta ahora, el aplicativo ha recibido los mensajes de más de 30 personas de todo el mundo y estará disponible hasta el 31 de mayo esperando que más mujeres hagan llegar sus notas de protesta. “Queremos poner las experiencias de las mujeres como punto de partida, sin edulcorantes ni teorías: somos víctimas de violencia y sólo contando nosotras mismas lo que nos molesta, nuestras historias personales de frustración, podremos construir un futuro reivindicativo conjunto y realista”, apunta Luisa María.
Si quieres saber más o dejar tu mensaje de protesta, aquí te dejamos el enlace: arcg.is/1vjW9y
La hora de los balcones y la cacerola, Colombia
Desde noviembre del año pasado en Colombia no han parado las movilizaciones en protesta por las políticas del Gobierno de Iván Duque en áreas como la economía, la lucha contra la corrupción, la seguridad de activistas y defensores de Derechos Humanos, así como la implementación del acuerdo de paz. Pero ante la expansión tan acelerada que ha tenido el Covid-19 en ese país, el Gobierno y las fuerzas oposición coincidieron en apuntar que lo mejor, al menos por ahora, es quedarse en casa.
Eso no implica que la movilización se detiene. El tiempo de la cuarenta es también el tiempo de los balcones y la cacerola. Por eso, la propuesta que vino a mantener viva la movilización fue un paro nacional que, en lugar de grandes marchas, promoverá cacerolazos por todo el país. La protesta será el próximo 25 de marzo y durará doce horas, entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche.
Panelaço contra Bolsonaro, Brasil
Bajo la consigna “En tiempos de cuarentena las ventanas gritan”, el pasado 18 de marzo miles de personas sorprendieron a Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, con un cacerolazo espontáneo. El panelaço se escuchó simultáneamente a las 8 p.m. en ciudades como Río de Janeiro, San Pablo, Salvador, Belo Horizonte, Recife y otras.
Los reclamos de quienes salieron a sus ventanas a mostrar su inconformismo era dos principalmente: que se defienda a la salud pública, amenazada por el mal manejo que el gobierno le está dando a la crisis causada por el Covid-19, y que Jair Bolsonaro presente su renuncia al poder.
Pero la jornada no transcurrió solamente acompañada de cacerolas y gritos. En muchos de los balcones se vio a las personas bailando, interpretando instrumentos y en algunos edificios se hicieron proyecciones en las que se ve la cara de líderes populares asesinados por la policía o caricaturas con la cara del presidente, así como frases como “Fora Bolsonaro”. Como es de esperarse, ya las redes sociales están llenas de registros de la jornada de protesta desde casa y se pueden ver usando las etiquetas #18m #forabolsonaro #Panelaço18M #PanelaçoContraBolsonaro y #FueraBolsonaro.
Apuestas por la formación política desde casa, Argentina
Una de las ventajas que traen estos días de encierro para quienes se dedican a la transformación de los contextos latinoamericanos, es que se puede hacer una pausa del agitado ritmo que demanda el día a día. Para ellos y ellas, con la etiqueta #QuédateEnCasa con Asuntos del Sur, hay disponible una completa lista de herramientas digitales que ayudan a invertir el tiempo en casa en un proceso de formación política de alta calidad.
El “Kit de Formación en Línea”, que está disponible desde el 17 de marzo, puede usarse desde casa con una computadora o dispositivo móvil con acceso a internet. Entre el material compilado hay herramientas digitales, investigaciones y publicaciones.
Antonella Perini, coordinadora de la Academia de Innovación Política, dice sobre los contenidos disponibles: “Desde la Academia incluímos diversos materiales que aportan muchas herramientas de aplicación inmediata útiles para replantearnos los modelos de gobernanza en las organizaciones sociales, conocer el espíritu de nuestra Academia y acceder a recursos claves para periodistas en la era digital”.
En el Kit también hay varias aplicaciones web que pueden usarse como una herramienta de movilización. Ese es el caso de Detox y el Calentómetro, desarrollados por el proyecto SISA-Mujeres Activando. “Nosotras invitamos a hacer una cuarentena feminista para aquellas que tienen el privilegio de contar con internet, por eso ponemos a disposición productos como el calentómetro, una herramienta digital para estos tiempos de aislamiento en donde el placer se vuelve un acto de autocuidado. La herramienta nos permite conectarnos con caricias digitales, a través del sexting, y a su vez nos educa para hacerlo de manera segura con el objetivo de evitar violencias digitales como la sextorsión”, dice Georgia Rothe, integrante de SISA.
Por otro lado, el Detox es un programa de 7 días para desintoxicarse del machismo. Esta herramienta propone siete ejes de reflexión, análisis y ejercicios para fortalecer los feminismos. “Ideal para realizar durante la cuarentena”, apunta Georgia.
Para usar estas herramientas solo debes entrar aquí: https://asuntosdelsur.org/quedateencasa-con-asuntos-del-sur/
La plaza sigue llena, Argentina
Quienes se dedican a la fotografía, las artes plásticas, la poesía, la producción audiovisual y musical tienen una invitación para el 24 de marzo. Ese día, por invitación del colectivo argentino Emergentes, se busca que la plaza esté llena aunque no salgamos de casa. “Porque por más extraño que sea no encolumnarnos detrás de la bandera de lxs 30 mil detenidxs desaparecidxs, sabemos que igualmente estaremos con ellxs construyendo memoria en defensa de los Derechos Humanos”, dice la convocatoria.
La propuesta es que quienes tengan trabajos que aludan o de alguna manera se toquen con la memoria colectiva frente al horror causado en la última dictadura argentina, los envíen y participan de una jornada de manifestación en la que estos materiales serán publicados durante todo ese 24 de marzo.
Las personas interesadas se pueden escribir hasta el 22 de marzo en el siguiente enlace: http://bit.ly/LaPlazaSigueLlena
Festival Online de Cine Documental sobre Derechos Humanos, España
Entre el 16 y el 20 de marzo, la plataforma Entrefronteras realizará un festival de cine documental sobre Derechos Humanos que se podrá ver en directo a través de su página de facebook a las 19 horas de España (15 horas de Argentina).
Algunas de las películas que ya hacen parte de la muestra son: Ahed Tamimi, la heroína palestina (Palestina); Existir es resistir (España); Una historia necesaria (Chile); Tres territorios (Sahara), y Collapse (Puerto Rico).
Para conectarse a las proyecciones, ver tráilers y toda la programación: https://www.facebook.com/EntreFronterasPLAY/
Aprender sobre activismo y diseño social
La organización Diseño Social, como una forma de combatir la cuarentena, abrió todos sus cursos de formación para que puedan usarse de forma gratuita. “Nuestra formación tiene como objetivo aportar una visión estratégica y global sobre innovación social. En ellas, tratamos su aplicación práctica en comunicación y diseño integrándolos a su vez al entorno digital”, dice la ONG en su sitio web.
Los programas ofrecidos en esta cuarentena abordan temas relacionadas con emprendimiento, creatividad y la especialidad de la casa: diseño y comunicación social.
Para saber más puede visitar este sitio web: https://disenosocial.org/aulaprivada/
Recursos para mantener los vínculos sociales
La alianza global Civicus, que se dedica a fortalecer las formas de acción ciudadana en defensa de las libertades democráticas y el activismo, está compilando herramientas, información, cursos gratuitos y recomendaciones de distintos organismos internacionales que ayuden a las organizaciones sociales a mantener los vínculos y a seguir movilizándose en medio del encierro.
También está juntando las respuestas que a esta crisis le han dado instituciones públicas, privadas, organismos de cooperación y organizaciones sociales. La lista de acciones que tienen identificadas se actualiza permanentemente y se puede ver en este enlace: https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/blog/4345-resources-for-civil-society-in-the-midst-of-the-covid-19-pandemic
Una app para quienes no tienen renta en medio de la cuarentena, Brasil
En medio de la crisis desatada por la pandemia del Covid-19, la plataforma brasileña Desafabo Social, alzó un llamado de urgencia para las organizaciones sociales del continente: es necesario encontrar soluciones efectivas para que aquellas personas que no tienen una salario fijo puedan generar sus propios ingresos en medio de la cuarentena.
“Debido al coronavirus, –dice Desafabo en su página web– las empresas comenzaron a adoptar una oficina en casa, pero la mayoría de la población brasileña no tiene este privilegio. Por lo tanto, no todos tienen una reserva de emergencia, es decir, dinero ahorrado”.
Una de las ideas que pusieron a disposición de sus connacionales fue ItsNoon, un aplicativo web que permite que artistas, comerciantes, profesionales y todo aquel que lo necesite, encuentre soluciones de ingreso de capital. Además de esto, crearon un canal de Telegram en el que personas de todo el mundo pueden compartir ideas, propuestas y recomendaciones para resolver las necesidades económicas que apremian en este momento.
En este enlace está el tutorial de la aplicación ItsNoon: http://desabafosocial.com.br/blog/2020/03/16/tutorial-itsnoon/
Y en este está la comunidad de Telegram: https://t.me/joinchat/AAAAAFaFE8FM-s_8VpFqWA
#PañuelosConMemoria, Argentina
Durante todo el 24 de marzo, Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, en Argentina, las calles del país se llenarán de pañuelos blancos en balcones y ventanas. La invitación fue hecha por organizaciones de Derechos Humanos como la Asociación Abuelas Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, el Centro de Estudios Legales y Sociales y muchas otras. “Colgá en pañuelo en tu balcón, puerta o ventana y compartí la foto en redes sociales. Seguimos unidas y unidos en la lucha contra la impunidad. Sin marcha, pero con memoria”, dice la convocatoria. La etiqueta que se usará para subir todo el material a redes será #PañuelosConMemoria
La memoria proyectada, Argentina
Este 24 de marzo, entre las 21 y las 00 horas, las calles de Buenos Aires se convertirán en el telón de fondo de cientos videos e imágenes sobre la memoria de los más de 30 mil desaparecidos y desaparecidas que dejó la última dictadura militar en el país.
Para participar solo se necesita una computadora, un proyector y entrar a este link para descargar todas las imágenes que ha dispuesto el Espacio de Memoria y Derechos Humanos, exEsma: www.espaciomemoria.ar/proyectorazo.
Quienes se animen a participar pueden subir las fotos de sus proyecciones a las redes sociales usando algunas de las etiquetas: #MesdelaMemoria #DíadelaMemoria #Son30mil #MemoriaVerdadJusticia#NuncaMas #JuicioyCastigo. Toda la información sobre esta iniciativa está en www.espaciomemoria.ar/proyectorazo.
Las mujeres en el cine en contra del Covid-19
Los días de cuarentena pueden ser el mejor momento para ver cine hecho sólo por mujeres. Así se podrá hacer con el Festival Online Mujeres de Cine que se realizará entre 23 y el 31 de marzo. En total se presentarán 15 películas de directoras de Costa Rica, Chile, México, Portugal y España.
Toda la información está disponible aquí: https://www.efeminista.com/mujeres-cine-primer-festival-online/
Caceroleo Feminista, Uruguay
“Fueron 4 feminicidios esta semana. Si te hacen ruido, hacé ruido”. Con esta contundente frase, el colectivo feminista Minerva, de Uruguay, convocó a un cacerolazo en contra de los asesinatos sistemáticos en contra de mujeres en ese país.
La acción se realizó el viernes 20 de marzo, y significó un grito de rechazo ante varios aspectos que no están mal en el país. “Ante la iniciativa de muchas compañeras de levantar la voz a pesar del aislamiento, nos convocamos a realizar una caceroleada feminista para denunciar cuatro feminicidios ocurridos la semana pasada. También nos convocamos a estar alerta y continuar desplegando nuestra solidaridad feminista ante los efectos y consecuencias de la crisis sanitaria, que profundiza nuestra precarización laboral, y complejiza las tareas de cuidados”, dicen desde Minerva.
Algunas imágenes pueden verse: https://www.facebook.com/minervascolectivofeminista
Pedí ayuda, pedí tapabocas, Paraguay
Durante el tiempo que duren las medidas de aislamiento que se impulsaron en casi todos los países de América Latina, miles de mujeres se verán obligadas a encerrarse con sus agresores. Por esa razón, la organización Femi Unidas, de Paraguay, se ideó una forma de ayudar a quienes necesiten denunciar a un agresor.
La propuesta de Femi Unidas es que las mujeres tengan su número telefónico agendado y si llegan a necesitarlo llamen a pedir un delivery de tapabocas. “Si alguna mujer está en una situación de violencia y no puede llamar al 911 o al 137, puede escribir en sus estados “¿podés pedirme delivery?”, y expliquen de qué se trata. Un pedido de auxilio es la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Pueden agendar nuestra línea de atención permanente como “farmacia” y pedirnos “tapabocas”, nos comparten la dirección exacta y les haremos llegar ayuda. Nuestras voluntarias pueden llamar y esperar por horas si fuera necesario hasta que atiendan las líneas de asistencia”, dice Melani Vega, directora de Femi Unidas.
¿Quieres ver tu propuesta innovadora reseñada aquí? Escribe a esteban.tavera@asuntosdelsur.org y cuéntanos sobre las formas en que te estás movilizando en medio de la cuarentena. Actualizaremos esta página con cada nuevo aporte.
Como es de público conocimiento, el virus llamado Convid-19 se encuentra en estado de pandemia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y una de las mayores recomendaciones desde los distintos Estados Nacionales que hacen frente a esta crisis es practicar el aislamiento social y limitar la salida de nuestros hogares.
En Asuntos del Sur queremos colaborar a que esta estadía en casa no esté signada por la saturación de información que genera angustia y agobio sino que pueda ser un tiempo para aprovechar y realizar actividades para las cuales quizá no sueles tener tiempo.
Por eso, hemos armado para ti un kit de formación para que puedas usar desde tu casa, con tu computadora o dispositivo móvil y acceso a internet. Herramientas digitales, investigaciones, publicaciones y contenido liberado para que estos días también puedan ser de nuevos conocimientos.
Academia de Innovación Política
La AIP es nuestra plataforma de formación virtual cuyo objetivo principal es fortalecer liderazgos para alcanzar democracias inclusivas y participativas.
Estos son los productos a los que puedes acceder de forma gratuita:
? Liderazgos del Siglo XXI. Una mirada a los programas de formación política en América Latina
? Periodistas en la Era Digital: Innovación, desafíos y nuevas narrativas
? Sociocracia: Una herramienta para repensar nuestras democracias
? Canciones para inspirarte e innovar. Playlist Colaborativa
SISA – Mujeres Activando
SISA es un proyecto de innovación política feminista que aborda cómo las violencias machistas que padecen a diario la diversidad de mujeres obstaculizan su participación política, potenciando sus activismos como una herramienta para combatir y sortear dichas violencias.
Estas son algunas de nuestras herramientas que puedes obtener de forma gratuita:
? La innovación política desde los feminismos. Estrategias de incidencia para la legalización del aborto en Argentina
? Calentómetro. Cómo hacer #sexting de forma segura y sabrosa protegiendo tus prácticas de seguridad digital
? Detox para desintoxicarnos del machismo en 7 días
? Herramientas conceptuales: cuadernillos del programa de formación
? Manual de Sexting
Encuentra más herramientas y materiales en mujeresactivando.org
Innovación Pública 360
Programa de innovación pública para el fortalecimiento democrático de gobiernos subnacionales de Latinoamérica, a través de mecanismos de participación y modernización de las herramientas de gestión.
No te pierdas estas publicaciones, descárgalas gratis:
? Gobierno Abierto como estrategia para restaurar la confianza en las instituciones
? Seguridad ciudadana dentro de la agenda política del gobierno subnacional
? Gobierno Abierto en contextos locales. Agendas y desafíos
Resiliencia Democrática: activismo político en contextos de violencia
Asuntos del Sur y el Laboratorio de Seguridad de la Fundación Chile 21 realizaron este estudio basado en entrevistas y encuestas a activistas de la Región para poder entender los peligros que enfrentan, sus percepciones y los desafíos que se les presentan.
Descárgalo haciendo click aquí
Resistencias. Participación política en contextos hostiles.
Esta publicación resume el trabajo realizado en el Foro Latinoamericano “Resistencias”, en el marco del proyecto Gen Wayna, liderado por Asuntos del Sur y que cuenta con el apoyo del International Development Research
Center (IDRC).
? Descárgalo haciendo click aquí.
“No quiero que nadie me diga Feliz Día de la Mujer el 8 de marzo” dice Brendy Cuy Urizar. Tampoco Elsa Siquín Montafúr celebra este día. Brendy es la tía de Yohanna y Elsa la madre de Yemmi, dos de las 41 niñas que murieron en el incendio del Hogar Seguro en Guatemala el 8 de marzo de 2017.
Tres años después la tragedia, ésta es considerada culpa de los menores por protestar el día anterior, o son estimados delincuentes ya que “por estar ahí, algo habrán hecho mal”. También las madres tienen la culpa porque “abandonaron sus hijas en el Hogar”. Esta criminalización llegó a su colmo cuando, a finales de 2019, las quince niñas sobrevivientes fueron denunciadas por ser las responsables de la muerte de sus compañeras. La estigmatización y criminalización no solamente determinan la búsqueda de justicia después la tragedia, sino también determinó la muerte y vida de las chicas, y de cómo llegaron al Hogar.
Una tragedia anunciada
El día antes del fuego, varios jóvenes protestaron y se escaparon del Hogar Seguro Virgen de Asunción en el municipio de San José Pinula, a las afueras de la Ciudad de Guatemala. El Hogar Seguro no era tan seguro como pretendía su nombre, tampoco según la ley que establece su función como casa de acogida para jóvenes en riesgo de sufrir violencia.
Cada domingo y lunes la madre de Yemmi la visitó en el Hogar. Yemmi lloraba mucho, quería irse del Hogar. “Se quejaba de la comida podrida y maltratos. El último domingo que la vi, me contó que ya no quería tomar el refresco porque temían que les drogasen para tranquilizarlas, que vio cómo llevaron a una niña en la noche. Ese día me dio una carta, y por eso luego la castigaron”. Yemmi no exageró. Entre 2012 y 2016 el Procurador de Derechos Humanos registró decenas de denuncias de abusos, entre ellos maltratos, violaciones y trata sexual. Brendy, la tía de Yohanna, entiende por qué las niñas protestaron. “Lo único que estaban pidiendo eran sus derechos. No gozaban ni de toallas sanitarias. Cuando tenían sus reglas sacaban pedazos de los colchones.”
El 7 de marzo no fue la primera vez que los jóvenes se rebelaron contra los abusos. Excepcional fue que esta vez llegaron, por orden del entonces presidente Jimmy Morales, más de cien policías entrenados para combatir criminales a reprimir una protesta de menores de edad. Golpeados y rociados con gas pimienta, los y las jóvenes capturados tuvieron que esperar durante horas en el frío fuera del Hogar. Por no querer mezclar “los buenos” con “los malportados”, encerraron a los chicos en un auditorio grande y a 56 chicas en un aula de 47 metros cuadrados. Las chicas estaban aplastadas ahí desde medianoche, sin acceso al baño, ni a agua potable. Lo que les dieron fueron unas colchonetas de polietileno. Después de un día y una noche de desesperación, una compañera les prendió fuego. Rápidamente un mar de llamas llenó la habitación.
Durante 9 minutos la Subcomisaria Lucinda Marroquín tuvo la llave, pero no abrió la puerta. Sobrevivientes dicen que les insultó y gritó que se quemen. 23 niñas murieron calcinadas, 18 más en los próximos días. 15 niñas sobrevivieron, con graves lesiones físicas y emocionales. “Nueve minutos”, llora Brendy sentada en el cuarto donde duerme toda la familia. “Ni abrió la puerta cuando escuchó esos gritos aterrorizados de las niñas que se estaban quemando. Nunca lograré entender esto”.
Sobrevivientes denunciados por asesinato
Doce personas, entre ellas policías, empleados del Hogar Seguro, una jueza y altos funcionarios de la Secretaría de Bienestar Social, enfrentan juicios por los eventos del 7 y 8 marzo. Se les acusa de delitos menores, como maltrato y homicidio culposo, delitos que implican penas de 3 a 8 años. El proceso penal apenas avanza. “El mayor obstáculo resulta que dividieron la investigación y enjuiciamiento en tres procesos, según la capacidad de mando y decisión de los sindicados”, explica Esteban Celada, el abogado de Mujeres Transformando el Mundo, una organización que es querellante adhesiva en el caso y que defiende a tres familias. El proceso también está plagado por otros retrasos y obstáculos. Ya solamente en la última semana de enero de 2020 se canceló una audiencia porque un fiscal llegó dos minutos tarde, y la otra, porque olvidaron los permisos de transporte de una sindicada.
Otra estrategia de los abogados de los acusados es culpar a las sobrevivientes y familiares de las fallecidas. Es una campaña que se refleja también a nivel político, mediático y social. Celada habla indignado. “En vez de concebir las niñas como víctimas que sufrieron una cantidad de violencias, las pintan como jóvenes malportadas y delincuentes que fueron institucionalizadas”. También cuestionan a las familias, en específico a las madres, insinúan que no les importaron sus niñas y por lo cual terminaron bajo custodia del Estado. Celada califica esos discursos muy ofensivos. “Pero lo más perverso de toda esta criminalización es denunciar penalmente a las chicas sobrevivientes como responsables.”
En septiembre 2019, un cierto abogado, Ludwig Sandoval interpuso una denuncia en contra de las 15 niñas sobrevivientes, acusándolas de 18 delitos y asesinato, cargo que acarrea una pena de 25 a 50 años de prisión. Sandoval no tiene nada que ver con el caso pero sí con el ex-director del Hogar Seguro. La denuncia se dio justo cuando los abogados querellantes buscaban que siete niñas sobrevivientes pudieran por fin dar su testimonio y que ningún sobreviviente debería repetir su historia en tres procesos penales distintos. Según Celada, esta denuncia busca no solamente estigmatizar a las niñas sino también callarlas. Añade que para poder entender esta criminalización perversa, se debe contextualizar la estigmatización y la violencia continuada contra las niñas que ha determinado sus vidas, sus llegadas al Hogar, sus muertes y la búsqueda de justicia. “Este caso es un reflejo de Guatemala, un coctel letal de misoginia, pobreza extrema y violencia intrafamiliar, estatal, institucional y criminal”.
Secuestrada por el Estado
Yemmi tenía 15 años cuando murió en el fuego. Vivió toda su vida en un barrio empobrecido de la ciudad de Guatemala. Su casa parece un callejón donde se han montado unos ladrillos y láminas. Aun con la cocina fuera de este reducido espacio, apenas hay lugar para el cuarto de baño y dos cuartos con piso de tierra para toda la familia. En el cuarto más grande no caben más que dos camas matrimoniales, donde Yemmi dormía con su madre, tres hermanas y un hermano. El padre murió hace años. Los dos cuartos están llenos de trofeos. A Yemmi le encantaba jugar fútbol. Afuera hay vestidos secando por todos lados. Elsa lava ropa y vende comida para ganarse la vida. Cuando terminó la escuela, Yemmi y Carlota, su hermanita de cuatro años menor, ayudaban a su mama a preparar y vender tamales. “Nunca les faltó algo, siempre tuvieron que comer, aunque era solamente frijol. Si necesitaba un cuaderno yo miraba como podía comprarlo. Siempre fui papá y mamá para todos”.
No solamente la extrema pobreza distinguió la vida de Yemmi. También la determinó la violencia que azota Guatemala y el barrio donde creció. Las pandillas y la violencia que generan es una realidad que no se puede negar allí. Tampoco se puede negar la violencia que generan las autoridades que estigmatizan a los jóvenes pobres de esos barrios como posibles pandilleros. Debido a la persecución a varones jóvenes, las pandillas cambian de táctica y encargan a chicas el llevarles armas y drogas. Estando al lado de una amiga que cargaba un arma, Yemmi fue detenida en un retén de policía. No le permitieron llamar a su mamá. El policía que le sacó su teléfono nunca se lo devolvió. El juez mandó a su amiga a un penitenciario juvenil, y a Yemmi al Hogar Seguro. Nunca avisaron a Elsa donde estaba su hija.
El Estado tendrá el cuidado
Stef Arreaga es una periodista guatemalteca y miembro del Colectivo 8 Tijax. Tras escuchar del incendio, permaneció días en el hospital y en la morgue, desde entonces acompaña a la mayoría de las familias y sobrevivientes. “El dominador común de todas las 54 niñas que estaban en el incendio es la situación de pobreza extrema. Además, la mayoría vivía en áreas rojas, consideradas muy peligrosas. Otro factor común es que varias niñas vinieron de familias con madres solteras. Las razones por la cual las chicas llegaron al Hogar fueron distintas, pero ninguna estaba ahí porque cometieron delitos. Unos fueron maltratados y hasta prostituidas en casa, otras madres las pusieron ahí porque las maras querían recluir a las niñas. También hubo madres que querían que sus niñas pudieron tener una educación, comida, acceso a un médico. Algo que las madres no pudieron darles”. Otras niñas estaban en la situación de Yohanna, quien fue criada por su tía Brendy, porque sus padres se marcharon. “A los 15 años se puso rebelde, quería irse” explica Brendy en su casa de madera en un municipio de Sololá. “Yohanna llamó al juzgado para llevarla al Hogar.” Stef se pregunta si los jueces que tuvieron que decidir sobre las chicas, habrían tomado la misma decisión si no vinieran de áreas marginales. También le llama la atención que tantas niñas provinieran de familias donde mujeres criaron a las niñas, y la marginalización que esto implica.
Elsa, quien no puede leer ni escribir y casi nunca salió de los alrededores de su barrio, buscó a su hija en hospitales, morgues, hogares y juzgados, dentro y fuera de la Ciudad de Guatemala. Varias veces preguntó por Yemmi en el Juzgado de la Niñez que la había encerrado. Al cabo de un mes la encontró en el Hogar Seguro, después una sugerencia de un desconocido. “Su pelo tieso, su ropa y cuerpo llenos de manchas. No la dieron ni cosas para bañarse. Estaba todo golpeado por otras chicas y quemada porque la ponían en la cancha como castigo. La prometí que iba a sacarla de ahí. En la audiencia, el Juez dijo que él decidía, que el cuidado lo iba a tener él. ¿Pero qué cuidado? (llora Elsa) si me la entregó muerta.”
“Si hubiera recibido algo de dinero sacaría mi familia de este barrio”
Elsa y Brendy lo tienen claro. Es el Estado el que las quemó. “Pero los vecinos y mi familia me dicen que por mi culpa estaba ahí”, lamenta Elsa. “Hasta en el camino a la morgue mi madre y hermana me regañaron que Yemmi era mi responsabilidad.” También a Brendy la miran mal fuera de su pueblo. En las calles de la ciudad más cercana le gritaron asesina. “Ya no vamos por ahí.” Elsa ya tampoco vende sus tamales en el mismo puesto arriba del barrio por miedo a que la vayan a extorsionar. Muchas personas piensan que Elsa, Brendy y las otras familias, recibieron dinero por lo que pasó con sus hijas, les desprestigian alegando que su motivación por estar en juicios, es una indemnización.
“Si hubiera recibido algo de dinero sacaría mi familia de este barrio”, dice Elsa. Recién recibió amenazas de muerte de unos vecinos y hace un año y medio mataron a su hija, Carolina, de 13 años. Fue a una tienda al lado y nunca volvió, la decapitaron y la tiraron en un terreno baldío cercano. Elsa dice no tener idea por qué. “Quizás porque pensaron que yo recibí dinero, o quizás porqué Carolina no quería acompañar una persona como hizo su hermana. Aquí en Guatemala, la violencia lo agarra contra las niñas.”
Tres años sin justicia
Tanto Elsa como Brendy se desesperan en su búsqueda por justicia, como cuando el juez suspende una y otra audiencia. Llegar a éstas cuesta dinero y tiempo, algo que varias familias no tienen. “No voy a todas. El día que voy es un día que no trabajo”, explica Elsa. Brendy se indigna que ya son tres años y que todavía no hay justicia. “Sabemos que estamos enfrentando a funcionarios muy altos y poderosas”. Con unos sindicados tardaron dos años para decidir si debían enfrentar juicio, como la jueza que no cumplió con su deber de averiguar y asegurar la seguridad de los niños y adolescentes el 7 de marzo. Otros acusados tenían estrechos vínculos con el ex-presidente Jimmy Morales. Él también enfrenta querellas en este caso, por haber ordenado la llegada de 100 policías extra. Su inmunidad siempre lo protegió de persecución en este caso. Y sigue gozando de inmunidad, ya que en enero 2020 fue nombrado como diputado en el Parlamento Centroamericano, horas después de la toma de poder por el nuevo presidente en enero 2020.
Celada considera que otra razón por la cual se incrementa la obstaculización de la justicia, es porque dos de los tres procesos penales están a punto de entrar en la etapa final. En esta etapa habrá debate público y se presentarán evidencias. Quizás en 2020 se podrán ver condenas en el caso de Hogar Seguro. Sin embargo, Stef Arreaga, del colectivo 8 Tijax, teme que podrían ser penas leves, ya que no son juzgado por delitos de tortura si no por delitos como el maltrato. Además, unas penas como las de asesinato culposo no son acumulativas; se juzga por todo el grupo, no por las 56 niñas.
Justicia fuera de los tribunales
Para Brendy y Elsa justicia no es un memorial, ese que el gobierno instaló en noviembre 2019 a la entrada del Hogar, escribiendo mal los nombres y olvidando de invitar a las familias y sobrevivientes a la inauguración. Justicia para ellas es que se conozca la verdad sobre lo que pasó, que los culpables sean condenados apropiadamente y que no vuelva a pasar lo que pasó en ningún otro Hogar, y a ninguna otra niña.
Queda todavía mucho por hacer. “Siguen pasando esos episodios de motines en otros hogares donde los niños escapan, donde las niñas están pidiendo que les escuchen”, reflexiona el abogado Celada. “Lo malo es que la sociedad no escucha. Si siguen rebelándose es porque algo nos quieren decir, pero ni siquiera pensamos que son merecedores de ser escuchados”.
Celada enfatiza que la justicia también se debe buscar fuera de los tribunales, por ejemplo, manteniendo el altar que organizaciones de la sociedad civil y otras personas montaron en la Plaza Central de Guatemala. En septiembre 2019, el gobierno lo quitó. Aunque activistas volvieron a ponerlo, la falta de indignación de la población en general dice mucho, según Celada. Revela la estigmatización y criminalización hacia las familias y sobrevivientes. “Si una sociedad es incapaz de tener empatía por un hecho tan grave como este, se normaliza la violencia. Y puede volver a pasar una tragedia como este del Hogar Seguro”.
Por Frauke Decoodt
https://fraukedecoodt.org/
[author] [author_image timthumb=’on’]https://asuntosdelsur.org/wp-content/uploads/2019/09/LilaMonasterios.png[/author_image] [author_info]Autora: Lila Andrea Monasterios, periodista y responsable de comunicación en Asuntos del Sur[/author_info] [/author]
Foto: Pablo Muñoz
«Nuestro país es un verdadero oasis en una América Latina convulsionada» lo que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, no esperaba aquel 8 de octubre cuando declaró eso en un medio, era que se venía una explosión social que llevaría a los militares a la calle por primera vez desde la dictadura en los años 70. Al 26 de octubre el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) reportaba la existencia de 70 querellas contra la Policía y Ejército: 15 por violencia sexual, 50 por torturas y otros tratos crueles inhumanos y degradantes, y cinco por homicidios, datos obtenidos mediante entrevistas a 3.163 personas en 93 comisarías.
“¿No le molesta que no tenga el servicio del metro?” le preguntaba una periodista a una señora grande quien le dijo que no “Está bien que la juventud haga esto por que nosotros somos unos cobardes” fue la imagen sensata del sentimiento de un país que logró movilizaciones masivas de norte a sur, y que puso los ojos del mundo sobre el modelo chileno que siempre había sido tomado como un ejemplo y que día a día se va cayendo en cada grito, en cada abuso, en cada declaración desafortunada tratando de negar la violación a los derechos humanos.
Todo empezó con la juventud organizada para evadir el incremento del precio en el metro, “lo estudiantes empiezan a protestar de una manera muy novedosa que no se había hecho antes, se agolpaban dentro de una estación y entraban juntos sin pagar. Desde el principio se los trató de delincuentes y el presidente dijo muy firmemente que no iba a modificar el pasaje, esas declaraciones fueron muy mal recibidas, entonces las evasiones incrementaron y el gobierno puso policías, decidieron cerrar el metro el viernes, dejando varada a un montón de gente sin poder volver a sus casas” explica Rodrigo Echecopar, presidente de Revolución Democrática.
Pasaron unos días y empezaron los disturbios, lo que los medios locales mostraban eran saqueos a supermercados, lo que la gente subía a las redes eran cientos de videos de militares secuestrando gente, disparando a quemarropa, castigando a menores, y creando escenarios de caos que luego eran adjudicados a quienes protestaban.
La juventud tuvo valentía de decir “ya no queremos más abusos… Evasión” junto a la consigna “Evadir no pagar otra forma de luchar” pero a eso suma el descontento de décadas, el menosprecio de un modelo constitucional que no resguardó los derechos fundamentales de la población, acompañado por las voces de grupos sociales que han sufrido el abuso político y económico de las AFP, Isapres, deudas educacionales, privatización a recursos naturales, expropiaciones de tierras indígenas, ley de pesca, acuerdo del TTP11 y más. “Esto fue como una olla a presión que estalló y la consigna ha sido #ChileDespertó” acota Pablo Muñoz, quien forma parte de la Asamblea para un Nuevo Pacto Social que busca el cambio de la Constitución.
La vieja herida
“Hoy retrocedimos nuestros relojes 46 años. No puedo creer que tengamos a la fuerza policial y militar en las calles” dice Nicolas Morales, activista por los derechos humanos que día a día está en las movilizaciones de Santiago. “Fresca esta aun en la memoria, los abusos y violaciones a los derechos humanos de la dictadura civil-militar 1973-1990, lo que avivó más el fuego” explica Marcela Ferreira, activista y participante de la Academia de Innovación Política. “Que la represión de quienes quieren proteger los privilegios de unos pocos no apague la esperanza de quienes levantan sus brazos por un país mejor para todas y todos” anuncia el comunicado de Revolución Democrática.
“La percepción de muchas personas es que “volvimos al 73”, “Estamos en dictadura”, “No olvides tu carnet de identidad y siempre avisa donde estas, ya viene lo peor con los milicos en las calles… nos van a desaparecer” (entre muchas). El sentimiento de esperanza de los “Tiempos mejores” (frase populista del presidente) y el “Oasis de América Latina” fueron arrebatas en horas” dice Nicolás y eso se puede constatar en las masivas marchas que desde el cielo dibujan ríos de gente.
“En lugar de buscar una solución democrática, la respuesta del gobierno fue represiva. Esta irresponsabilidad por parte del gobierno ha generado un clima de ingobernabilidad, alimentando la violencia en las manifestaciones y agudizando el descontento de todas y todos” relata Revolución Democrática. Lo que se puede ver también es que la gente no dejará que el miedo se apodere, las manifestaciones no han cesado y aunque primero se levantó la suba de precios, y luego el presidente cambió a su gabinete lo que la población, ya organizada, quiere son cambios estructurales
Para esto, la organización comunitaria ha sido fundamental, amigos, vecinos, familia incluso desconocidos han sido solidarios los unos con los otros. “Las redes sociales marcan un precedente ante lo mencionado, donde la inmediatez ante la urgencia social ha sido el medio oportuno para la organización” destaca Nicolás, quien no ha dejado de compartir videos y relatos de lo vivido día a día.
El camino a transitar
Surge el pedido de una nueva Constitución en Chile quienes nunca tuvieron una carta fundamental propuesta, conversada, redactada y votada por su población. “Es el momento de alcanzar un anhelo histórico: que sea el propio pueblo de Chile quien decida los destinos hacia los que quiere avanzar. Nuestra acción continuará hasta lograr una transformación profunda del sistema vigente. Cuestionamos este modelo neoliberal abusivo que convierte nuestros derechos sociales en oportunidades para lucrativos negocios.” Se lee en la declaración de la Asamblea por un Nuevo Pacto Social.
Una sociedad con síntomas de Estallido luego de conocer que es uno de los países más desiguales, donde el 1% más adinerado del país se quedó con el 26,5% de la riqueza en 2017 (según la última edición del informe Panorama Social de América Latina elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe), donde el sueldo mínimo en Chile es de $301.000 (US$423) y solo el 50% de la población administra un sueldo igual o inferior a $400.000 (US$562) al mes está en búsqueda de ir más allá.
“Un pacto supone reciprocidad: no puede ser que unos siempre ganen y los otros siempre pierdan. El abuso es la negación de un pacto social” resalta Pablo, y para entender esto mejor hay que volver al inicio del estallido, cuando la juventud se organiza contra la suba del pasaje, no es su pasaje el que subía sino el de sus padres, el de sus abuelos, “personas que no tienen los recursos para vivir dignamente y esa fue la gota que rebalsó el vaso de un proceso largamente precarizado” señala Rodrigo – en definitiva, hay rabia, hay malestar, hay cansancio y soledad. Al 29 de octubre según la fiscalia hay 18 muertos y 7.000 detenidos.
“¡Chile despertó solicitando soluciones reparatorias, de paz y justicia restauradora para una sociedad que sufrió el peor síntoma de la desigualdad chilena!” exclama Nicolás, y mientras el presidente de Chile tardíamente intenta dar soluciones paliativas, las calles retumban, la memoria persiste, la lucha continúa.
Frente a los acontecimientos recientes en Latinoamérica, desde Asuntos del Sur repudiamos el creciente uso de la represión y la militarización de la seguridad pública en contra de estudiantes y movimientos organizados que se están manifestando en las calles, así como el asesinato, persecución y amenazas a líderes y lideresas sociales de la región.
La ciudadanía en redes sociales y los medios de comunicación han registrado casos de asesinatos, personas heridas, desapariciones, retenciones ilegales y abusos sexuales, entre otras situaciones alarmantes, que representan una clara violación a los Derechos Humanos y libertades protegidas como la manifestación pacífica, la libre de expresión y opinión, la movilidad en los territorios, la reunión y participación en los asuntos públicos.
Rechazamos enérgicamente la criminalización a la protesta y la lucha política, que nos remiten a los capítulos más oscuros de nuestra historia reciente como región; igualmente, consideramos que las posturas de organismos multilaterales y demás instituciones deberían velar por el diálogo y la observancia de las garantías para la ciudadanía, sin tomar posturas parcializadas, que en ningún modo contribuyen a la búsqueda de salidas negociadas.
Desde Asuntos del Sur trabajamos en la construcción de democracias paritarias, inclusivas y participativas en América Latina, por lo tanto, invitamos a los gobiernos, organizaciones, movimientos sociales y a la ciudadanía en general a pensar y propiciar soluciones no violentas, basadas en derechos, además instamos a que se ofrezcan garantías a quienes se manifiestan reclamando justicia y equidad en nuestro continente.
[author] [author_image timthumb=’on’]https://asuntosdelsur.org/wp-content/uploads/2019/09/LilaMonasterios.png[/author_image] [author_info]Texto y fotos: Lila Andrea Monasterios, Responsable de Comunicación en Asuntos del Sur[/author_info] [/author]
Originalmente publicado en Muy Waso
Más de cinco millones de hectáreas de naturaleza han dejado de existir en Bolivia. 28,4% de todo lo que se deforestó entre 2005 y 2018 sería el equivalente a lo que se quemó entre julio y septiembre de este año. Solo en el 2019, hasta el 26 de septiembre de este año.
En lo que se conoce como la Amazonía boliviana, más de dos millones de sus habitantes están carbonizados y desparramados en tierras antes rojizas y ahora cubiertas de ceniza. Los signos de sufrimiento son evidentes: los cuerpos fríos yacen sobre la tierra aún caliente. De aquellos que pudieron escapar, muchos morirán por falta de alimento, los otros tienen traumas. Pocos tuvieron la suerte de la osa bandera Valentina, que al ser rescatada, cayó en un coma profundo. En medio de toda esa destrucción, también está un pueblo ayoreo no contactado y acorralado por el fuego.
La cronología se remonta a décadas de falta de voluntad para convivir en armonía con la naturaleza. Pero es este año cuando se hace evidente que los planes por la preservación de los bosques -firmados en tantos convenios internacionales, como el Acuerdo de París, que Bolivia ratificó en 2017- son solo parte de la letra muerta de tantos otros papeles. Con la aprobación del decreto supremo 3973, el 9 de julio de 2019, se amplía la frontera agrícola y sin preguntar a la población se concreta que:
“ARTICULO 5.- En los departamentos de Santa Cruz y Beni, se autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias, que se enmarque en el Manejo Integral y Sustentable de Bosques y Tierra, conforme a los instrumentos de gestión específicos aprobados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra – ABT, y sus Planes de Uso de Suelo vigentes. En ambos departamentos se permite las quemas controladas de acuerdo a reglamentación vigente, en las áreas clasificadas por el PLUS que así lo permitan.”
Quienes se apuraron en manifestar su rechazo a esta medida fueron los indígenas del Comité Defensor de la Amazonía de la cuenca del río Madera, en el departamento de Beni. La tala y quema afectarán todo su trabajo en reforestación y calificaron de mercantilista el decreto, pues se evidenció que no hay un manejo profesional de la naturaleza. Como antecedente, la Red Amazónica de Información Socioambiental Georeferenciada establece que entre el 2005 y 2018, la Amazonía boliviana perdió 18,7 millones de hectáreas.
Pero no es hasta la segunda semana de agosto que la población en general se termina de enterar que este año los “chaqueos”, como se conoce a las quemas controladas en Bolivia, no son las que se acostumbra. Si bien ya estaba normalizado estar rodeados de humo en esta época, los pedidos de auxilio de las comunidades aledañas del territorio afectado, las alertas del Centro de Operaciones de Emergencias Departamental y los animales que inesperadamente llegan a la ciudad de Santa Cruz, son cada día mayores. Es entonces cuando una densa capa de humo cubre la ciudad, cuyo himno tiene paradójicamente la frase “bajo el cielo más puro de América”.
Desde el 13 de julio se sabe que el 46% de Santa Cruz está en peligro crítico por el fuego. El 8 de agosto, el alcalde de San José de Chiquitos, Germaín Caballero pide que se declare emergencia para gestionar ayuda internacional. Para el 13 de agosto Roboré se declara en desastre: 25 mil hectáreas quemadas parecen ser lo suficientemente impresionantes para llamar la atención del Gobierno central. Las acciones que se toman a nivel nacional, como el freno de las autorizaciones de quema controlada que otorga la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), no tienen ningún resultado.
Es recién el 19 de agosto que el presidente de Bolivia, Evo Morales, visita la zona y aunque declara que “hay que ser sinceros, no les voy a mentir, a ver si podemos apagar el fuego según la información es mucho”. Sin embargo, resalta que no es necesaria la ayuda internacional, pues, «el país está preparado». Aunque en ese momento solo se cuenta con dos helicópteros Bambi Bucket. A nivel nacional, empiezan las protestas, la agenda de medios toma el evento como el más relevante: cifras, datos, declaraciones, la temporada preelectoral parece estar en pausa.
El 20 de octubre, Bolivia elegirá a su presidente y este desastre se interpuso en la carrera
A la región de la Amazonía boliviana que se encuentra en Santa Cruz se la conoce como Chiquitania. Más al sur, como Chaco y Pantanal. El bosque seco chiquitano es el punto intermedio del degradé de árboles como las palmeras que lentamente se van cruzando con los burupaus, propios del Chaco, que se expande hasta Paraguay. Hacia el lado de Brasil está el Pantanal, hogar de la casi extinta paraba azul y una de las mayores zonas húmedas del mundo, que nutre las aguas del rio Paraguay.
Solo en Santa Cruz la destrucción representa 3,1 millones de hectáreas, más del 40% se tratan de áreas protegidas.
La sociedad parece estar dividida en este tema: desde el oficialismo se apunta a opositores y activistas como responsables. Incluso varias autoridades acusaron a chilenos, brasileños y menonitas. Activistas acusan al Gobierno que, con las leyes 741 y 1098, además de los decretos supremos 3874 y 3973, avala las prácticas de destrucción de la naturaleza. El presidente defiende a los pequeños chaqueadores, porque «de algo deben vivir» y dice que el desarrollo es primero. La oposición aprovecha el tema para decirle que Bolivia Dijo No a su cuarta candidatura. Para el resto, es como si el incendio no tuviera que ver con ellos.
El luto que dejaron los siete bomberos fallecidos durante los incendios en Bolivia reveló que, por un lado, nuestra sociedad es solidaria siempre y, por otro, que haber participado de esta titánica tarea dejará consecuencias a muchos. Por eso, consta como uno de los pedidos en la recién creada Coordinadora Intersectorial en Defensa de la Naturaleza y los Pueblos, que se les otorgue un seguro de salud, pues la inhalación de monóxido de carbono, entre otras cosas, puede causar daños en su salud.
Pero también hay que pensar en el costo psicológico de nuestra sociedad. ¿Quién dará la contención necesaria? Mónica Negrete, egresada en veterinaria y voluntaria lamentaba no tener tiempo para entristecer por la muerte de sus amigos bomberos, porque el fuego continúa y los animales siguen en riesgo.
Todos aquellos que ingresaron a las zonas, con o sin experiencia, están condenados a recordar de por vida las imágenes de devastación, el silencio de la tragedia, el manto blanco de la ceniza, el rojo vivo del fuego al lado del camino, el olor a humo impregnado en el cuerpo, la lluvia sombría con restos de árboles: la muerte, en alguna medida, de nuestro espíritu.
Una pequeña voz surge en Ñembi Guasu, el área protegida más joven de Bolivia. En medio de la vorágine de acusaciones, reclamos y protestas, desde Roboré -que se convirtió en el centro de operaciones gubernamental para dirigir las acciones-, se determina que las zonas con gente serán las prioritarias.
Ñembi Guasu, entonces, queda relegada como si se tratara de un monte sin vida. Sin embargo, gente del Gobierno Autónomo Guaraní Charagua Iyambae (GAIOC), junto con el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) y Naturaleza, Tierra y Vida (Nativa), entre otros, toman este territorio como su prioridad.
En guaraní, Ñembi Guasu significa «Gran Refugio».
Adhemar Flores, legislador de la GAIOC y miembro de la comisión de Recursos Naturales, Tierra y Territorio, cuenta que la falta de equipo y logística es lo que demora sus acciones de contingencia. Más adelante, vendrá la etapa de restauración, aunque prevé que la mayor amenaza serán los avasallamientos que tienen por aliados a los del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que a pesar de saber que es una área protegida, siguen entregando títulaciones. Flores ya tuvo que enfrentarse y sacar a gente que se estaba asentando en la zona.
De quienes no se sabe nada es de los ayoreos no contactados.
A pesar de existir diferentes legislaciones como el Decreto Supremo 24122, en el que “se garantizan y aseguran los derechos de subsistencia básica y actividades de transhumancia, recolección y manejo del hábitat de las familias ayoreo de nómadas no contactados” o el Decreto Supremo 1286, que señala que “las naciones y pueblos indígena originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados, serán protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva”, el rastro de estas vidas parecen ni cruzarse por la cabeza de quienes gestionan la ayuda «humanitaria».
Esta es la mayor preocupación de Jose Picanderai, un ayoreo de la comunidad Urucú, que entró hasta donde se hacían las exploraciones con drones en Ñembi Guasu para buscar algo de atención.
“Mis hermanos están ahí y estamos preocupados por que en las imágenes del satélite hemos visto que el fuego está en su zona”.
Cuando dice «su zona», se refiere a los hitos entre el 4 y 6 del lado boliviano, aproximadamente, desde el sur de Santa Teresita y la comunidad Nueva Jerusalén, hacia el parque Kaa Iya.
Sabe que no están en Paraguay, porque allá hay protocolos y gente que los monitorea, además de que allá los ganaderos cierran sus terrenos, mientras que en Bolivia quedan abiertos.
“Ellos no saben cómo protegerse, he pedido ayuda al Ejército, he escrito cartas al alcalde de Roboré. Quiero hacer un reconocimiento aéreo porque de día se los puede ver cuando están cocinando, pero no me hacen caso, dicen que no hay gente aquí, pero está nuestra huella. Ancestralmente este es nuestro territorio”, ruega José y explica que sus «hermanos» son nómadas y que, seguramente, irán a tierras elevadas donde no llegue el fuego. Pero la tristeza de la devastación los invadirá inevitablemente y los afectará de manera directa, porque sus fuentes de alimento mermarán.
Ellos, a diferencia de nosotros, cazan para el día, sacan la miel para el día.
Ante la falta de protocolos y conocimiento general, recomienda no acercarse a ellos, no hay que seguirles ni gritarles por que eso sería tomado como una provocación y les pueden defenderse a flechazos.
Rebeca Chiqueno, de la Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (CANOB), reconoce que existen indicios para saber que están por ahí. Hace un par de meses, cuando su hijo entró a cazar, los escuchó gritando, además de ver sendas abiertas donde están sus huellas. También está preocupada por esta situación y espera al encuentro de emergencia que habrá en octubre entre Bolivia y Paraguay, para saber como proceder en este tema.
Desde la CANOB en Bolivia y UNAP en Paraguay están demandando a las respectivas autoridades coordinar con sus organizaciones para generar acciones y garantizar los derechos humanos fundamentales del pueblo ayoreo, pues sus sistemas de supervivencia para alimentarse de las raíces, miel, insectos y animales han sido destruidos y señalan que se sienten amenazados por el agronegocio.
Responsabilizan a las autoridades de ambos países y exigen la sanción de los culpables. “¿qué será de ellos, viven aún?” cuestiona su comunicado.
“Los servidores públicos del nivel central del Estado, de las entidades territoriales autónomas y la sociedad civil, tienen el deber de hacer cumplir los derechos de los titulares de la presente Ley, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal”, dice el artículo 5 de la ley 450 de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios en Situación de Alta Vulnerabilidad del 4 de diciembre de 2013.
En la misma, se anuncia la creación de la Dirección General de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios (DIGEPIO). Hasta este año, esta oficina no existe. Como tampoco se sabe de protocolos bolivianos ni proyecto de sensibilización.
¿Qué pasaría si en medio del desastre bomberos voluntarios se encuentran con ellos? ¿Saben que nuestra ropa tiene bacterias que pueden enfermarlos? ¿Saben que son hostiles y que no hay que intentar establecer comunicación?
¿Qué será de ellos, viven aún? Ninguna autoridad se ha manifestado al respecto de los no contactados, pareciera que los decretos y leyes son, de nuevo, letra muerta en los documentos que se firman en el «intento» de hacer bien las cosas.
Llegada la hora, cuando es necesario implementarlas, el camino se desvía.
Habría que rescatarnos como a la osa Valentina, quien después de su coma despertó y muestra mejorías. Nunca será la misma de antes, pero por lo menos se le dio una nueva oportunidad para continuar con su vida.
En la agenda patriótica del Gobierno constan las grandes exploraciones en busca de combustibles fósiles, construcciones de megaproyectos, exportación de carne masiva, venta de etanol, que nada tienen que ver con los derechos de la madre tierra.
Mientras el modelo de desarrollo extractivista bolivianos -que se basa en la propiedad privada de los recursos y su extracción en grandes cantidades, mercantilizando a la naturaleza para fortalecer la economía internacional provocando consecuciones territoriales- continúe como regla, los habitantes de los últimos refugios naturales irán migrando, desapareciendo, escapando o muriendo.
Venezuela está hoy sumergida en una emergencia humanitaria compleja, porque el Estado no provee ni las garantías más básicas a quienes vivimos en este país. De todas las regiones, el estado Zulia es una de las más afectadas, con un colapso de la provisión de servicios públicos[1], una tasa de migración exorbitante, y niveles de inseguridad alimentaria verdaderamente alarmantes[2]. Vivir en el Zulia significa no poder dormir por no contar con ventiladores o aire condicionado en las calurosas noches del caribe, donde la sensación térmica sobrepasa los 40°C con regularidad, debido a cortes de la electricidad por 12, 14, o 16 horas seguidas a diario. Nuestras calles están rotas, nuestras universidades vacías, e incluso así se encuentran nuestros hogares. En una encuesta realizada por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) en la última semana de agosto 2019, el 72% de los encuestados respondieron que al menos un miembro de su familia directa había emigrado.[3]
Como si no fuera suficiente la violación sistemática de nuestros derechos económicos y sociales, el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática ha sido desmoronada por un gobierno de facto que se mantiene en el poder sin importar el sufrimiento de nuestra gente. La represión gubernamental es una realidad diaria. En el Zulia, además de la desaparición de los periódicos impresos, cuyo suministro de papel ha sido cortado por el monopolio del gobierno sobre este insumo, los periodistas son amenazados y violentados por intentar ejercer sus labores.[4] El gobernador que fue electo, opositor al gobierno de facto, fue remplazado por una figura adepta al gobierno de facto a cargo de Nicolás Maduro, quien se ha mostrado capaz de amenazar a activistas de la sociedad civil.[5] Las protestas de comunidades reclamando el derecho a los servicios públicos son reprimidas y los manifestantes detenidos. Ante este contexto sumamente hostil y una sociedad civil debilitada, ¿cómo se articulan las luchas por la democracia y los derechos humanos?
En 2016, el poder judicial frenó los esfuerzos porque se realizara un referendo revocatorio contra el entonces Presidente Maduro. Para la organización de derechos humanos Provea esto marcó el inicio de la dictadura en Venezuela. Ante el cierre de las vías electorales para solucionar la crisis política, la represión, y la crisis humanitaria, desde Codhez entendimos la necesidad de articularnos con las organizaciones y activistas comprometidos de la sociedad civil bajo la bandera de los derechos humanos, con el fin de trabajar en conjunto hacia la visión compartida del respeto por los derechos y la defensa de la democracia. Sabíamos que, en un contexto socialmente hostil y de alta tensión política, formar una red de actores de la sociedad civil requeriría dedicarle mucho tiempo y cariño a la construcción de la confianza y apoyo a organizaciones de diversos sectores. Emprendimos un camino que sabíamos sería pelo a pelo, paso a paso.
El 31 de marzo de 2017 explotan de nuevo las protestas masivas en el país tras la ruptura del orden constitucional en el momento que el Tribunal Supremo de Justicia dicta la sentencia 156, mediante la cual se atribuyó a sí mismo las funciones de la Asamblea Nacional, bajo el control mayoritario de la oposición política a Maduro. Fue en medio de estas protestas que propusimos formar la Red de Derechos Humanos del Estado Zulia (Redhez) con un diverso grupo de actores y organizaciones. Nos reunimos con cada organización aliada, una a la vez, para proponerles formar esta red, en la cual nos pudiésemos apoyar mutuamente y articularnos para que la sociedad civil zuliana cobrara mayor protagonismo en los cambios sociales que queremos ver.
A mediados de julio las organizaciones nos reunimos por dos días seguidos en un encuentro especial para planificar cuáles serían nuestros valores y cómo trabajaríamos en conjunto. Era la primera vez que organizaciones de derechos de los pueblos indígenas, ambientalistas, feministas, activistas LGBTI+, defensores de derechos universitarios, anticorrupción, derechos civiles y políticos, y derecho a la salud, se comprometían a unirse para trabajar en conjunto hacia la defensa y promoción de cada uno de los derechos que los demás también defendían en el Zulia. Con todos los problemas que vivía el país en ese momento, una perspectiva inclusiva de derechos humanos quedaba en segundo plano en la agenda pública. Redhez se dedicaría a visibilizar las problemáticas y las personas que eran invisibilizadas.
La unión de nuestras causas comenzó por una apertura dentro de nuestras propias actitudes que ocurría orgánicamente al reunirnos cada mes para actualizarnos sobre nuestras actividades mientras compartíamos una merienda. Las organizaciones ambientalistas nos concientizaron sobre el reciclaje, aprendimos sobre las violaciones de derechos humanos en la región indígena de la Guajira, hemos aprendido cómo el Gobierno Abierto podría reducir la corrupción en el Estado y hemos ido adoptando una perspectiva de género en las actividades que realizamos. Dedicar atención a estos procesos de aprendizaje entre aliados nos ha acercado más allá de ser aliados institucionales. Somos, realmente, una comunidad.
Fue así que, entre otros resultados de la cooperación que ha fomentado la red, el hermano menor del director de la fundación The ArTEA Project, que trabaja con niños dentro del espectro autista, diseñó el nuevo logo de Rehabilitarte, que atiende a personas con problemas de salud mental de manera gratuita. Fue así que Ciclovías Maracaibo, que se dedica a fomentar el uso de las bicicletas como transporte urbano ecológico, realizó un evento con Mulier, organización feminista, para visibilizar y conversar la realidad de mujeres ciclistas que usan la bicicleta como principal forma de transporte en una sociedad donde el acoso callejero aún es “normal”. Fue así que, bajo el liderazgo de Transparencia Venezuela, la red entera ha realizado protestas creativas para demandar acceso a la información pública al Estado en cada una de las temáticas que tocamos. Fue así que, cuando se fue la luz por al menos 5 días en nuestra región, las organizaciones reunimos todos nuestros contactos y recaudamos información sobre las muertes causadas por la falta de electricidad y la cantidad de comercios saqueados durante ese tiempo, difundiendo el informe al nivel nacional e internacional. Más recientemente, Redhez se unió para crear el primer Plan Vacacional para adolescentes sobre derechos humanos, titulado “Futuros Defensores”, en la que 26 jóvenes recibieron formación de cada organización de la red, así sembrando la semilla de defensa de los derechos en las próximas generaciones.
Pero también fue el caso que cuando una amistad de un miembro de la red necesitaba una donación de sangre urgente, contó con apoyo de los demás. Cuando se va la electricidad en toda la ciudad, región o país, el primer lugar que consultamos con el fin de obtener información verídica sobre lo que ocurre es nuestro grupo de chat. Cuando alguién está de cumpleaños, todos les felicitamos. Resulta que siempre fue tan importante para el fortalecimiento de Redhez que apoyáramos las actividades de los demás como lo era tomarnos el tiempo para reírnos, bailar juntos, y apoyarnos en los momentos difíciles. En una Venezuela en la que los que nos quedamos estamos cada vez más aislados, el éxito de nuestro activismo tiene tanto que ver con el apoyo institucional entre organizaciones como también las amistades que hemos desarrollado en el camino. Hemos aprendido que la resiliencia para luchar, nuestra habilidad para superar la grave situación venezolana, está íntimamente relacionada a la construcción de comunidad. Lo que antes asumimos como lema, hoy lo asumimos como realidad: juntxs somos más.
[1] “Comunidades de Maracaibo denuncian que han pasado períodos prolongados sin agua, que se extienden por más de 20 días e incluso meses. La situación también es crítica en la Costa Oriental del Lago. En Santa Rita, para junio de 2019 se contaban 19 meses sin servicio de agua por tubería.” Codhez. (Julio de 2019). Los zulianos llegan a la mitad de 2019 sin electricidad, sin agua y sin gas. http://codhez.ong/noticias/276-los-zulianos-llegan-a-la-mitad-de-2019-sin-electricidad-sin-agua-y-sin-gas.html
[2] Panorama. (19 de octubre de 2018). El hambre afecta a 3 de cada 4 hogares de Maracaibo. https://www.panorama.com.ve/ciudad/El-hambre-afecta-a-3-de-cada-4-hogares-de-Maracaibo–20181019-0019.html
[3] Codhez. (Por publicarse).
[4] Mariela Nava, Crónica Uno. (9 de mayo de 2019). Zulia se quedó sin diarios impresos tras el cese de circulación de Panorama. http://cronica.uno/zulia-se-quedo-sin-diarios-impresos-tras-el-cese-de-circulacion-de-panorama/
[5] TuReporte. (15 de octubre de 2018). Juan Pablo Guanipa fue electo gobernador hace un año con el 51,35% de los votos. http://tureporte.com/juan-pablo-guanipa-fue-electo-gobernador-hace-un-ano-con-el-51-35-de-los-votos/
[author] [author_info]Daniel Cooper Bermúdez (Defensor de derechos humanos en Venezuela con la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, Codhez) Foto: Ramon Espinosa[/author_info] [/author]
En abril de 2018 se suscitó una de las crisis políticas más intensas y violentas de la región. La crisis en Nicaragua sobrepasó ampliamente las garantías de cumplimiento y respeto de los derechos humanos: la represión, las agresiones físicas y el miedo psicológico, se convirtieron en vías para intentar restablecer el orden, la razón de Estado y extinguir la protesta social.
En ese contexto, Asuntos del Sur fue contactada por activistas y organizaciones aliadas para ayudar a articular acciones y colaborar a través del fortalecimiento de medidas de autodefensa en seguridad digital. Nuestra relación previa con organizaciones y activistas de Nicaragua, permitieron establecer alianzas bastante sólidas. De ese modo, generamos sinergias de trabajo con Movimiento Puente e Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP).
En este breve texto, Asuntos del Sur plasma un análisis desde los riesgos y aprendizajes generados durante la misión de emergencia realizada Nicaragua para ayudar a activistas y periodistas en situación de vulnerabilidad digital.