Luego de meses de haber asumido el compromiso, finalmente, Alberto Fernández envió al Congreso el proyecto para la Interrupción voluntaria del embarazo. La iniciativa fue secundada/presentada junto al Plan de los 1000 días que consiste en una propuesta de acompañamiento de la maternidad en situación de vulnerabilidad hasta los primeros 3 años de vida de niños y niñas.
El proyecto que despenaliza y legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación (art. 86 del Código Penal) tiene algunas modificaciones respecto del presentado siete veces (sí, siete) por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, entre las que se encuentran: incorporación de la objeción de conciencia para lxs profesionales que intervengan de manera directa en la interrupción del embarazo; penalización a las mujeres o personas gestantes que se realicen un aborto por fuera de las 14 semanas (modificando el art. 88 del Código Penal); estableciendo un plazo de diez días para que pueda realizarse la práctica -mientras que el anterior proyecto suponía cinco-. Y, finalmente, la incorporación del Derecho al Aborto en el contenido de la ESI. Estos puntos, a partir de ahora, deberán tratarse en comisiones.
¿Por qué es necesario despenalizar y legalizar el aborto?
Con el acceso al aborto legal, seguro y gratuito se evitará la persecusion punitivista que recae sobre quienes deciden abortar y deben jugarse la vida o la libertad en un aborto. En este sentido, la clandestinidad es violencia de género porque, a la discusión, subyace la criminalización de las mujeres y personas gestantes. No poder decidir sobre nuestros cuerpos es violencia y restringe nuestra capacidad de agencia. Recordando a Julieta Di Corleto (2020) “Paradójicamente, las excepcionales condiciones en que llevan adelante los embarazos (las mujeres y personas gestantes), en lugar de encontrar en el derecho un espacio de cuidado y protección, dan lugar a la intrusión del sistema penal”.
Gloria Orrego-Hoyos y María Lina Carrera y Natalia Saralegui, las abogadas autoras del libro “Dicen que tuve un bebé”,publicado hace unos meses, resaltan cómo el caso de Belén marcó la agenda de los feminismos con relación al debate sobre el aborto poniendo sobre la mesa tanto el nivel de criminalización y flagelo de las mujeres presas por abortar como los vínculos que exiten entre las corporaciones médicas y judiciales. La libertad de Belén es la confirmación de que no puede haber personas presas por aborto.
Fuente: Asuntos del Sur
Un poco de devenir histórico
El paso del ejecutivo al enviar el proyecto y volver al escenario legislativo es fruto de una lucha colectiva impulsada por la Campaña durante más de 15 años. Comienzan días agitados e históricos para quienes militamos por el derecho al aborto en Argentina.
Por supuesto, existieron hechos que potenciaron la agenda feminista y ayudaron a que el debate se instale socialmente: desde avances en la normativa sobre violencias de géneros a la ampliación de derechos para los colectivos LGBTTTQI+.
Especialmente, y retomando algunos acontecimientos que se señalan en la investigación realizada por Asuntos del Sur “La innovación política desde los feminismos”, hay elementos que permiten darle un contexto a la llegada del debate al Congreso en 2018:
Los Encuentros Nacionales de Mujeres (ENM) masivos, los cuales evidenciaron que los feminismos se encontraban en un momento muy alto y unido en toda su heterogeneidad, llegando a consensos muy grandes.
El crecimiento del lugar que ocupa la agenda de género en el debate argentino y latinoamericano en los últimos años.
El antes y después que genera el estallido del Ni Una Menos en 2015, un hito en la historia nacional Argentina, que permitió visibilizar la violencia de género. Un acontecimiento que ha sido y es la expresión de capital cultural en acción, en participación y en construcción de ciudadanía para una conquista colectiva en defensa de la vida y de la libertad.
La propia agenda política de la Argentina en aquel entonces, cuando gobernaba Mauricio Macri.
Los paros del 8 de marzo, movilizaciones que evidenciaron una fuerza revolucionaria que se opone a las políticas neoliberales y a la explotación capitalista. Una fuerza capaz de derrotar el sistema patriarcal que ha tomado a los varones como el eje sobre el que pivotea la historia. Y que nos mostró, una vez más, que para desandar esa historia es indispensable el compromiso de la ciudadanía en su conjunto.
La relevancia de los feminismos es incuestionable y ha revelado una red, el rizoma que siempre ha estado ahí en resistencia, marginada en un sistema de abuso y exclusión pero siempre disponible de afectos y de organización. Particularmente, la militancia por el aborto ha evidenciado esa forma de construir con lógicas orgánicas espontáneas, construyendo de manera horizontal, alejada de la imposición de expertos y delirios de superioridad propios de los diseños patriarcales. Esto es fundamental porque reconocer, conectar y proyectar es esencial para generar otro modelo de gobernanza y, es por esto, que “la fuerza en las calles y la capacidad de tejer alianzas de los activismos feministas desde el Sur se constituyen como innovadoras formas de hacer política.”
Al mismo tiempo, toda la actividad en redes sociales, la masividad y difusión a nivel nacional nos lleva a reivindicar la tecnología como espacio para potenciar estas demandas sociales y necesidades de comunidades locales. Muchas veces hablamos de las violencias digitales pero la lucha colectiva por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito es una muestra reciente de que la tecnología puede y debe ser defendida como espacio para potenciar los procesos de construcción colectiva.
La sanción de la ley constituirá un punto de partida en estas lógicas de articulación y un recordatorio de que son múltiples y debemos crearlas o encontrarlas en procesos de devenir común, en discusiones sobre posibles intereses comunes en la disparidad nuestra, para inventar juntxs rechazando la obediencia y apostando por nuevas formas de organización y ordenamientos que incluso avancen un paso más frente a las modalidades vigentes de gobernanza. Porque luchar desde la democracia funciona mejor cuando rebasa lo tradicional y si mañana pensamos en otros modos de lo político, de gobierno y de intervención, bienvenido sea.
Por más libertades, nunca menos. Y como nuestro poder descansa en la práctica colectiva:luche y que se escuche.
Qué sea ley!
*Analista del proyecto de Innovación Pública 360 y Partícipes
Cuando los mecanismos tradicionales de la democracia muestran un alto nivel de agotamiento, al mostrar bajos niveles de legitimidad o al extremo de ser desconocidos por los grupos más radicales, se requiere volver a lo esencial. La democracia es un sistema de gestión del poder pensado para la participación en igualdad de condiciones y la representación de la mayor parte de la población. Entonces, ¿cómo pensar un mecanismo que ejecute de mejor manera esos principios? La respuesta es: con una democracia digital, deliberativa y por sorteo.
Inteligencia colectiva para la democracia – 2017 (Madrid)
Imagen cortesía de Ana Doria
Hace 3 años, en el marco de “Inteligencia colectiva para la democracia” (ICD) del MediaLab Prado de Madrid, junto a un equipo de expertos/as de varias nacionalidades, nos animamos a pensar una toma de decisiones más coherente con la diversidad de nuestras sociedades y más representativa al conjunto de toda la población. Así surgió el modelo “Democracia híbrida”, una combinación de mecanismos de democracia por sorteo, deliberativa y digital. Parte de este modelo se aplicó posteriormente en Madrid y, en el contexto en el cual nos encontramos, hoy cobra cada vez más sentido.
La ola deliberativa
De acuerdo a un reciente reporte de la OCDE, las formas de deliberación y participación se han vuelto cada vez más atractivas para resolver varios dilemas que afectan a las democracias. Este reporte argumenta que varios factores afectan la credibilidad en los sistemas tradicionales, como la mayor sensación de injusticia, la polarización política, la falta de inclusión en la toma de decisiones y la falta de confianza en que las autoridades puedan enfrentar los desafíos actuales. A esto debe añadirse la percepción de altos niveles de corrupción y el hecho de que los países son gobernados por una minoría de políticos que sólo persiguen sus propios intereses, como muestra el Latinobarómetro (2018). En conjunto, se muestra que la población quiere poder opinar y tener una mayor participación en las políticas públicas que definen su vida y su futuro.
¿Cómo lograr resolver todos esos problemas? No hay un sólo modelo, OECD identificó al menos 12 modelos distintos que han mostrado ser exitosos en 289 casos de estudio.
El modelo de “Democracia híbrida”, que construimos en el ICD, buscaba combinar las capacidades digitales de la plataforma Decide.Madrid (Basada en CONSUL), el abordaje de la mayor deliberación ciudadana posible y las herramientas? (siento que faltaría una palabra acá) del principio de democracia por sorteo para la toma de decisiones en políticas públicas. Por un lado, la participación digital permite una participación más masiva e individualizada aunque con problemas de representación, debido a las brechas digitales; es decir, participan quienes pueden y tienen las posibilidades. Por otro, la democracia por sorteo, un mecanismo por el cual se elige de manera aleatoria grupos de ciudadanos/as que representen, de la mejor manera posible, la diversidad de toda la población. Estos son elegidos para resolver decisiones de políticas públicas de manera informada y con base en la deliberación.
Nuestro modelo, basado en el contexto de Madrid pero replicable a otras ciudades o gobiernos locales, identificó 6 fases y 3 mecanismos de activación para la combinación de ambos en la toma de decisiones. Las fases eran: a) selección de la problemática a ser resuelta, b) debate en línea a través de una plataforma, c) deliberación del grupo de ciudadanos seleccionado por sorteo, d) elevación de recomendaciones al consejo de la ciudad para su aprobación o rechazo, e) monitoreo de los resultados, f) evaluación del proceso.
Etapas del modelo de Democracia Híbrida
Reactivando la democracia
Este mecanismo se activaría a través de la solicitud de un partido, ante un impasse en el congreso o legislatura, votación en la plataforma digital o activación automática para cierto tipo de decisiones que cumplan ciertos requisitos normados previamente (por ejemplo, que impliquen una inversión grande o afecten a ciertas poblaciones minoritarias). A ello seguiría el proceso antes descrito, el cual debería ser ejecutado por un organizador independiente al gobierno de turno.
En marzo de 2019, el entonces gobierno de Manuela Carmena, decidió instaurar el Observatorio de la ciudad, un mecanismo de democracia por sorteo compuesto por 49 delegados. Este mecanismo se basó en parte del modelo de Democracia Híbrida desarrollado en ICD 2017 y fue un avance en términos cualitativos a los procesos de democracia deliberativa.
Tomando en cuenta los hallazgos del estudio de la OCDE referenciado anteriormente, este tipo de procesos trae varias ventajas en la toma de decisiones e influye positivamente en la innovación pública. Así, por ejemplo, los procesos deliberativos influyen en una mayor legitimidad en las políticas públicas, diversidad de opiniones, capacidad de mitigar la excesiva polarización electoral y generar confianza en la democracia y los gobiernos.
En el contexto actual de las democracias latinoamericanas, es necesario repensar los mecanismos sobre los cuales basamos algunas decisiones y cómo se está generando la representación. Las crisis políticas y conflictos recientes son sintomáticos de una institucionalidad que ya no alcanza y que ha demostrado ser fácilmente corruptible o desconocida por ciertos grupos de poder más radicalizados. Por ese motivo, es necesario devolver la legitimidad y confianza en la democracia innovando desde sus mecanismos pero, ante todo, generando una toma decisiones que refleje, de la mejor manera posible, la diversidad en la sociedad.
*Director programático de Asuntos del Sur y coordinador de Innovación Pública 360
La agenda de innovación pública no es en sí misma una agenda de digitalización de la gestión pública, pero a menudo quedan solapadas y hasta confundidas. ¿Qué tanto dependen una de la otra?. Ante el nuevo contexto que vivimos, se puede decir que mucho.
Las fuentes de la innovación pública
Empecemos estableciendo que la innovación pública siempre fue una agenda separada de la digitalización. La innovación pública es una cultura de transformación de los gobiernos tanto en sus procesos internos como en sus servicios externos a partir de tres premisas. La primera se refiere a un cambio en la comprensión del valor público – desde el criterio de eficiencia liberal al de resolución de necesidades -. Segundo, promueve un Gobierno Abierto, con base en la transparencia, participación y cocreación. Tercero, se centra en la inteligencia colectiva como fuente inagotable de conocimiento y capacidad distribuida.
Hasta ahí se puede innovar el sector público sin digitalizar. Gran parte de las transformaciones se introducen a partir de cambiar ciertas prácticas, nivelar capacidades y emplazar espacios de encuentro entre ciudadanía y gobierno. De hecho, los mecanismos de mayor impacto no son en sí mismos tecnológicos, sino de diseño institucional y político. La innovación pública es, a todas luces, una agenda de democratización del servicio público.
Por su parte, lo digital se convirtió en una suerte de solucionismo que, en vez de resolver varios de los déficits democráticos, ocultaba otro tipo de intereses. Iniciativas como las de ciudades inteligentes – que justifican la instalación de todo tipo de sensores de medición y control -, mayores mecanismos de vigilancia para la seguridad ciudadana, interoperabilidad de sistemas sin garantías para los datos personales, entre otras iniciativas, supusieron altos riesgos para varios Derechos Humanos.
Cuando la pandemia obliga
En un contexto de pandemia y en el cual el distanciamiento social parece haber cambiado varios aspectos de la cultura laboral y de servicios, ¿Es posible seguir pensando la innovación pública sin la digitalización? Claramente, no.
Hoy es difícil pensar que vamos a poder seguir sosteniendo una innovación pública sin repensar cómo el gobierno llega a la ciudadanía. Esto conlleva avanzar en varias de las dimensiones de gobierno digital que, por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) promueve como bases de la digitalización:
Procesos y servicios pensados y creados desde las oportunidades que brindan las tecnologías
Mecanismos y toma de decisiones que usen datos como principal fuente de consulta
Funcionamiento del gobierno como plataforma, lo que implica que la mayor cantidad de servicios se encuentren disponibles en un ecosistema lo más abierto posible.
Apertura de la información por defecto, y no post-generación.
Tecnologías pensadas de manera inclusiva para todo tipo de usuarios/as.
Proactividad: anticipar las necesidades de la población y responder rápidamente.
Digitalizar desde América Latina
A los anteriores puntos, cabe sumar tres aspectos más que necesarios para el contexto latinoamericano.
Por un lado, accesibilidad e inclusión digital, para lograr llegar al máximo posible de la población – tomando en cuenta que en muchos países, de acuerdo a un reciente informe de la CEPAL, existen aún grandes porcentajes de la población no conectada. Por el otro, una alfabetización digital dentro y fuera del gobierno. Esto va más allá de enseñar las herramientas básicas, pero de fomentar una cultura de lo digital desde lo abierto. Finalmente, la protección de los datos personales y la privacidad, como principio rector de la digitalización, brindando así garantías para que todo sistema y acción de gobierno, se enmarque en el respeto de los derechos humanos.
Si la innovación pública ayuda a democratizar la toma de decisiones, y la digitalización ayuda a generar procesos más eficientes y acceso a servicios, entonces la combinación de ambos tiene una mayor potencialidad de transformación. Por tanto, ambas son dos agendas que además de complementarias, son para estos tiempos, prácticamente indivisibles.
*Director programático de Asuntos del Sur y coordinador del proyecto Innovación Pública 360
Luego de cuatro años de implementación de la Política de Compromisos de Gobierno, actualmente la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en una nueva etapa con un desafío mayor: ampliar el proceso de participación de los Compromisos para que no sean formulados sólo desde el Gobierno, sino que integren a la ciudadanía; e impulsar su institucionalización como una política del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires más allá de esta gestión.
Es por ello que Asuntos del Sur, en el marco del proyecto Partícipes, se ha unido al Gobierno de la Ciudad en el proceso de cocreación de una de una Ley de Compromisos de Gobierno, públicos y participativos.
Dentro de esta iniciativa se enmarca el ciclo de conversaciones Diálogos de Saberes, desde donde se busca sumar voces y miradas de diferentes sectores.
Han sido tres encuentros que abordan la participación ciudadana y la rendición de cuentas desde las perspectivas del ámbito académico, el político y las experiencias de distintas ciudades y países.
Este 3 de noviembre (10 hs. Méx, 11 hs. Col, 13 hs. Arg/Chi) se realizó el tercero de estos encuentros con la participación de Laia Bonet, Teniente de Alcalde de Barcelona; Florencia Romano, subsecretaria Gobierno Abierto y Rendición de cuentas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Roman Yosif, director del Laboratorio de Gobierno de Chile y Luca Pierantoni, Jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Argentina.
En este espacio se generó una conversación entre experiencias exitosas de Gobierno Abierto, con especial énfasis en la temática de compromisos y metas diseñadas por medio de procesos participativos, así como el uso de herramientas diversas para el monitoreo de las mismas.
Algunas nociones del proyecto Compromisos
Los Compromisos de gobierno representan ejes prioritarios de la gestión, son en sí mismos, una forma de gobernanza innovadora, basada en buenas prácticas internacionales. Son objetivos específicos con plazos de cumplimiento sobre los que la gestión rinde cuentas permanentemente ante la ciudadanía.
La iniciativa de Compromisos Públicos de Gobierno para la Ciudad de Buenos Aires puede ser fortalecida mediante normativa que institucionalice esta práctica de gestión al establecer la obligatoriedad de anunciar metas públicas, con plazos de cumplimiento y la rendición de cuentas periódica.
Asimismo, esta práctica puede ser mejorada ampliando el ámbito de responsabilidades a otros sectores de la sociedad para el logro de metas cocreadas, lo que habilitará la posibilidad de asumir objetivos más ambiciosos, y la institucionalización de compromisos internacionales de la Ciudad.
María Luisa Estevarena, diputada de la Ciudad de Buenos Aires y quien ha acompañado a Asuntos del Sur en el proceso de formulación del proyecto de Ley desde el año 2019, manifestó que “lo novedoso de la metodología de compromisos es que busca que la gestión gubernamental se base en prácticas reactivas. El objetivo último es asegurar que esas promesas se cumplan y no queden en promesas de campaña. Deben ser concretos. La ley es necesaria porque al institucionalizar esto se trasciende la gestión, permitiendo una mayor participación ciudadana. El proyecto establece que los compromisos deben ser publicados, difundidos y existir el tablero de control para monitorear estas metas”.
Posterior al Ciclo Diálogos de Saberes, se realizarán talleres con diversos públicos con el fin de cocrear una metodología de diseño y monitoreo a los compromisos, que sería implementada a partir de 2021.
Se propone la necesidad de introducir mecanismos de inteligencia colectiva en políticas públicas, específicamente a nivel local, para construir un modelo de gobernanza más legítimo, eficiente y sostenible. Se hace una crítica a la mirada de gobierno abierto, y propone focalizar estrategias en la generación de capacidades, la inclusión política y la garantía de espacios efectivos de participación por parte de la ciudadanía.
La pandemia de Covid-19 nos ha puesto frente a un escenario desconocido, y para el que no tenemos aún las respuestas científicas ni las políticas sanitarias, tecnológicas o de infraestructura para hacerle frente. Ante esta situación, la mayoría de los gobernantes, con grandes diferencias entre ellos, han reaccionado de manera improvisada y reactiva.
Desgraciadamente, una gran cantidad de ellos utilizaron la emergencia sanitaria como excusa para concentrar aún más el poder en sus manos. Desconociendo la opinión de expertos, apelando a eslóganes facilistas e irresponsables, obviaron divisiones de poderes, y aprovecharon para violar derechos ciudadanos y para perseguir a opositores políticos. Estas acciones profundizan los desafíos ya existentes en nuestras democracias, en donde hemos visto en los últimos años fantasmas que creíamos extinguidos –como los golpes de Estado–; la emergencia de liderazgos políticos crecientemente autoritarios y algunos abiertamente antidemocráticos, y los niveles más altos de violencia política y violación de derechos humanos que hayamos experimentado en décadas.
El gobierno argentino ha sido uno de los que actuó de manera diferente. Ha mostrado vocación de diálogo, colaboración y concertación a la hora de responder a la emergencia sanitaria y económica. Sin embargo, como en la mayoría de los casos, la ciudadanía no ha tenido participación activa en este proceso, por lo que queda todavía pendiente el “gobernar con la ciudadanía”, tal como había propuesto el mismo Presidente en su discurso de asunción.
La realidad nos ha demostrado que esta pandemia es un desafío al que no podemos dar respuestas unilaterales desde las miradas parciales de un gobierno o una comunidad en particular.
Es por ello que este artículo sostiene que hoy más que nunca necesitamos enfoques que promuevan la inteligencia colectiva como forma para buscar soluciones a desafíos públicos. La premisa sobre la que se basa es que nadie lo sabe todo, pero todo el mundo conoce y sabe algo, por lo que el conocimiento está en la humanidad.
En este sentido, la agenda de gobierno abierto, la cual ya apela a este enfoque, se presenta como una oportunidad, sobre todo implementada a nivel local, para reconstruir lazos entre Estado y sociedad, generando capilaridad en el entramado social, y contribuyendo así a generar soluciones políticas más legítimas, eficientes y sostenibles. Sin embargo, también se advierte aquí, esta agenda debe dejar de lado el enfoque neoliberal imperante en la gestión anterior, focalizada principalmente en transparencia y apertura de datos, y pasar a impulsar iniciativas que apunten a “abrir la cocina” de gobiernos y sumar a la sociedad a la definición e implementación de políticas públicas.
Es por ello que este artículo también propone resignificar la agenda de gobierno abierto para ponerla al servicio de la construcción de tejido social y de democratización de la sociedad. Para su éxito, aquí se sostiene, se requiere diseñar los marcos legales necesarios para garantizar su institucionalidad y que estos procesos sean vinculantes, adoptar las herramientas pertinentes para incorporar a la ciudadanía en los procesos de tomas de decisión y la generación de capacidades tanto en el Estado como en la ciudadanía. Estas medidas no solo permitirán generar el marco para responder a este y a otros desafíos con las características de la actual pandemia, sino también diagramar una hoja de ruta para construir una sociedad más democrática.
Inteligencia colectiva en gobiernos locales
Hoy parecería que todos nuestros problemas surgieron con el Covid-19, y olvidamos que ya estábamos insertos en una crisis política y económica sin paralelo. Según la CEPAL, el desempeño económico de la región en esta última década ha sido el peor desde la Segunda Guerra Mundial, aumentando los niveles de pobreza, exclusión y desigualdad. Latinobarómetro también muestra que los niveles de apoyo a la democracia, a sus instituciones, y sobre todo a los partidos políticos, son los más bajos desde que comenzaron estas mediciones en 1995.
En gran medida, este desempeño responde a transformaciones estructurales que venimos experimentando en el mundo y están vinculadas a la “Cuarta Revolución Industrial” y al capitalismo globalizado que están cambiando la manera en la que vivimos, trabajamos y nos relacionamos.
Estos factores ponen en jaque el modelo de organización “estado-céntrica” que se había ido constituyendo a lo largo del siglo XX en las democracias de Occidente.
Algunos de los fenómenos que estamos viviendo corresponden a la creciente “liquidez” de la sociedad que, como sostiene Zygmunt Bauman, hace que los espacios de pertenencia y referencia de la ciudadanía sean más difusos; la precarización laboral ha vuelto a los sindicatos y organizaciones más irrelevantes; el encarecimiento y mediatización de la política han generado incentivos para que los políticos estén más lejos de sus bases, y la globalización económica le ha quitado centralidad al Estado, pudiendo hoy los poderes de facto tener una influencia desmedida sobre las agendas y decisiones públicas de los países. Es decir, el tejido social, y sobre todo los mecanismos tradicionales de intermediación entre Estado y sociedad, que se habían constituido sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, son cada vez más débiles y difusos (ver gráfico 1). Este fenómeno se acentúa en sociedades periféricas y fuertemente desiguales como las latinoamericanas.
Gráfico1. Las herramientas que hoy tenemos ya no sirven
Pierre Rosanvallon señala que la crisis de democracia en la que estamos insertos reside en que, si bien nuestros regímenes son democráticos, ya no se gobierna democráticamente. No deberían sorprender, entonces, los bajos niveles de satisfacción con la democracia, ni tampoco que amplios sectores de la sociedad apoyen alternativas políticas antisistema, recrudeciendo el tribalismo y la xenofobia que vemos profundizar en todo el mundo. Se vuelve necesario, por ende, construir un nuevo acuerdo democrático.
En este sentido, la agenda de gobierno abierto se presenta como una oportunidad para democratizar el Estado y reconstruir el tejido social deteriorado de las democracias en la región. Este enfoque ha ido ganando cada vez más relevancia como forma de innovar la administración pública alrededor del mundo, la cual pone énfasis en la participación de las personas, la colaboración y la transparencia, que están entre las demandas ciudadanas más importantes de Latinoamérica. Asimismo, responde al Objetivo 16 de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, especialmente en lo que se refiere a la identificación de estrategias que permitan lograr sociedades más inclusivas, sostenibles y justas. De acuerdo con la Alianza para el Gobierno Abierto, estas iniciativas están transformando el modo en que las instituciones interactúan con la sociedad al mismo tiempo que redefinen el compromiso ciudadano mediante nuevos principios y valores (OGP, 2017: 7-9). Más aún, uno de los pilares de este tipo de acercamiento, la co-creación, propone una “revolución” en la forma de gobernar, pues incluye a la ciudadanía como co-protagonista en los procesos de diseño de política y la toma de decisión.
La incorporación de la ciudadanía en las políticas públicas no responde solo a un problema de legitimidad democrática, sino también a una necesidad de dar soluciones de inteligencia colectiva a desafíos de un mundo cada vez más complejo e incierto. La inteligencia colectiva es la capacidad de una sociedad de organizarse para resolver problemas que la afectan, definidos y decididos a partir de ideas, experiencia y escrutinio de la ciudadanía. Este tipo de estrategias mejora la comprensión de los problemas a enfrentar, el desarrollo de las opciones e ideas, y establece un mecanismo más inclusivo para la toma de decisiones y un mejor control sobre lo que se ha hecho.
Específicamente, es a nivel local donde este tipo de estrategias tiene mayor potencial. En primer lugar, porque los gobiernos subnacionales son las entidades más cercanas territorialmente a la ciudadanía y, por ende, la vinculación con los gobiernos es más sencilla y fluida en este nivel. De hecho, en este nivel representantes y representados viven en el mismo lugar e incluso es posible que se conozcan personalmente; además, es más probable que la ciudadanía esté más predispuesta a participar e influenciar en el proceso de toma de decisión. En segundo lugar, porque en el último cuarto de siglo los países latinoamericanos han experimentado una considerable descentralización en los gobiernos subnacionales. Hoy en día, estos niveles controlan alrededor del 30% del gasto público y están a cargo de políticas públicas cruciales para el desarrollo, tales como educación, salud y seguridad. Desde este punto de vista, abrir dichos niveles de gobierno podría tener un potencial impacto en el desarrollo a largo plazo de las sociedades. Tercero, porque América latina se encuentra en franca urbanización. Tres ciudades en la región exceden los 15 millones de habitantes, otras cuatro están sobre los 10 millones y por lo menos 28 superan el millón. Estas transformaciones requieren ingentes cantidades de infraestructura pública, incluyendo más transporte público, mejores niveles de seguridad y un uso inteligente de los espacios públicos, ámbitos en los que la innovación pública es muy necesaria. Finalmente, porque es a ese nivel donde se han dado las principales innovaciones públicas en la última década, y es donde se han refugiado en modo defensivo movimientos emergentes que han sido amenazados por la creciente ola antiderechos y de violencia. Tanto el municipalismo español, el Movimiento Verde colombiano, Muitas en Belo Horizonte (Brasil) y tantos otros, son testigos de que hay mayor margen de maniobra para incidir políticamente a nivel subnacional.
El trabajo de apertura de gobiernos a nivel subnacional no es solo una posibilidad de incidencia, sino también una herramienta vital para la reconstrucción de confianza en instituciones para la recuperación de la democracia. La clave de la confianza se da en la continua interacción entre los diferentes actores políticos, tanto en gobierno como en ciudadanía, la cual va generando comportamientos reiterados, incidiendo en las expectativas positivas de los mismos, como en la creación de incentivos para la cooperación. Keele afirma que la confianza en sociedades surge a partir de sostener interacción a través de actividades cívicas entre la ciudadanía y los gobiernos, más que las afinidades ideológicas o de pertenencia.
Esta creciente incorporación se da, principalmente, a través de dos mecanismos. El primero es el incremento de canales de diálogo con la sociedad civil organizada, lo cual implica ampliar y mejorar los diferentes espacios de debate público (asambleas, los consejos estratégicos, presupuestos participativos, las mesas de trabajo, entre otras). El segundo mecanismo es la efectiva participación en el co-diseño de políticas públicas con la sociedad civil. Este nivel es cualitativamente superior, ya que requiere que las organizaciones inviertan más tiempo y conocimiento en un proceso público, y, por el otro lado, que los gobiernos den garantías y espacios para que esa colaboración sea efectiva.
En un estudio sobre la implementación de gobiernos abiertos en América latina, comprobamos empíricamente que, a mayor interacción, aumentaba la confianza. Y, curiosamente, la confianza ciudadana se extendía más allá de las personas u organizaciones que formaban parte del proceso directamente. Las mismas operan como “intermediarios” de confianza hacia poblaciones o grupos más amplios, que confían y tienen relaciones con ellos, pero no necesariamente con los gobiernos. Estas comparten información con otras organizaciones, actúan como portavoces de las políticas públicas y convocan a nuevos actores y habilidades a espacios colaborativos, haciendo uso de sus propias redes de alcance.
En la práctica, sin embargo, el modelo imperante de gobierno abierto propuesto por la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) se muestra insuficiente. El mismo es sesgado y prescriptivo. Es sesgado porque hace un foco sobredimensionado en la transparencia y tecnologías de datos abiertos. Un estudio de 2018 muestra que dos tercios de los compromisos de AGA están vinculados a la transparencia, apertura de datos y rendición de cuentas. Esta agenda se reconoce en una mirada de “ciudadanos espantados”, como nos invita a pensar el filósofo coreano-alemán Chul Han. La misma repite el presupuesto neoliberal de una sociedad civil virtuosa que contrasta con una política sucia a la que hay que controlar y transparentar.
En un contexto político regional donde se requiere una reconstrucción del tejido social, el foco de la apertura de gobiernos debería estar puesto, centralmente, en la inclusión política, la articulación entre actores y la provisión de bienes públicos, agendas prioritarias de la democracia en América latina.
El modelo de AGA también se presenta como prescriptivo porque se focaliza en que los gobiernos asuman compromisos como un fin en sí mismo, con muy pocas herramientas y metodologías para la construcción efectiva de esas agendas, ni dispositivos concretos de evaluación de impacto ni penalización por incumplimiento.
La coyuntura nos invita a pensar iniciativas y reformas que apunten a reconstruir el tejido social. El horizonte de un gobierno, un Estado y, en definitiva, una sociedad abierta no puede limitarse a la transparencia, sino en uno en el cual el conocimiento, la cultura, la naturaleza, la salud y las plataformas de información son considerados como bienes de todas las personas y traen beneficios para el entero conjunto. Una sociedad abierta es esencialmente democrática porque se basa en el debate público, la participación ciudadana y la mejora permanente. La infraestructura tecnológica y las capacidades técnicas ya están disponibles, sin embargo, para funcionar, requiere que se recupere una capilaridad social por parte del Estado para que no quede nadie fuera.
Entiendo que una agenda de gobierno abierto basada en la inteligencia colectiva necesita apoyarse en cuatro ejes:
i. Incentivos políticos
La inclusión de la ciudadanía tiene que ser efectiva. Por un lado, esto requiere una voluntad explícita por parte del liderazgo político, y, por el otro, que sean asuntos sensibles para la ciudadanía. En estudios hemos observado que las organizaciones que no participaban en espacios de co-creación en gobierno abierto lo hacían porque no observaban que los mismos tuvieran un impacto concreto en las políticas de gobierno. Sentían que los espacios abiertos eran testimoniales, o para legitimar decisiones ya tomadas, o que decidían sobre cuestiones menores. Esta participación tiene que ser concreta, con un efecto directo en las políticas públicas, y de carácter vinculante.
Asimismo, se ha observado que la principal resistencia a la agenda de gobierno abierto ha venido de la propia burocracia. Entonces cualquier diseño tiene que contemplar los incentivos políticos de cooperación interna dentro del Estado.
ii. Participación efectiva
La voluntad política es importante pero insuficiente. Los derechos, mecanismos y procesos requieren estar institucionalizados para poder garantizar y consolidar los avances más allá de la gestión de turno. Hay un corpus de marcos legales que garantizan el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, los mecanismos de participación, de consulta, asamblea, y la incorporación de nuevos actores vinculados al requerimiento de incorporar a la sociedad civil en el diseño y creación de las políticas públicas. Las mismas tienen que contemplar premios y castigos dentro de la gestión pública para la incorporación efectiva de esta agenda evitando los actores de veto.
iii. Capacidades
La efectiva participación ciudadana en el co-diseño de políticas públicas posa una demanda superior sobre el funcionariado público y los liderazgos sociales. Se requieren conocimientos tecnológicos para construir plataformas e intervenir en las mismas; metodologías de facilitación de espacios colaborativos; conocimientos avanzados sobre los procesos políticos de los gobiernos; habilidades blandas para coordinar y hacer efectivos espacios horizontales, entre otras cuestiones. Muchos de estos elementos están ausentes, tanto en los gobiernos como en la ciudadanía. Es por ello que cualquier iniciativa requiere incluir un componente pedagógico-formativo para generar el cambio cultural y proveer de las herramientas pertinentes para el aprovechamiento de los espacios.
iv. Dimensión comunitaria
La variable diferencial para el avance de este tipo de agendas reside en la capacidad de construir o consolidar (dependiendo el caso) los ecosistemas de organizaciones e individuos con intereses en las áreas políticas clave. Garantizar su voz e incidencia resulta fundamental para su efectiva participación y para su valor agregado en la vida pública. En un contexto de debilitamiento institucional y de tejido social es menester generar acciones explícitas para identificar los sectores sociales con vinculación a cada área de políticas públicas.
Conclusión
Frente a la creciente desconexión entre Estado y sociedad, y sus consecuencias en las crisis políticas recientes, este artículo propone pensar a la agenda de gobierno abierto como una manera de introducir mecanismos de inteligencia colectiva en nuestras políticas públicas. Específicamente se identificó a los gobiernos locales como espacios de avance de estas agendas, tanto por su proximidad territorial, su rol en áreas políticas clave, como por su posibilidad de incidencia directa por parte de la ciudadanía.
Sin embargo, se alertó que para ello es necesario replantearse tal agenda, tanto desde lo conceptual como desde la práctica, y pasar de poner el peso en la transparencia y la lucha contra la corrupción (sin por ello dejarlas de lado), para focalizarse en la articulación con la sociedad, la inclusión política y la garantía de espacios efectivos de participación e incidencia por parte de la ciudadanía. Si avanzamos en esta dirección no solo recuperaremos la confianza en las instituciones, sino que también estaremos dando los pasos necesarios para plantear modelos de gobernanza más legítimos, eficientes y sostenibles que puedan dar respuesta a los complejos desafíos que afrontamos.
El COVID-19 cambió el mundo. Se ha puesto de manifiesto que esta pandemia excede a la emergencia sanitaria: se trata de una crisis a nivel económico, humanitario, de seguridad y de derechos humanos. No solo ha generado una desaceleración económica a nivel global, sino que ha evidenciado las graves fragilidades y desigualdades que afectan a los países entre sí y al interior de ellos (ONU). Afectó la forma en que vivimos, producimos y nos relacionamos social, cultural, económica y políticamente. Para salir de esta crisis será necesario un enfoque que incluya la participación responsable y comprometida de todos los sectores y la diversidad de actores del mundo entero. También, se abre la oportunidad para un despertar regional: hoy más que nunca Latinoamérica demanda un cambioque integre voces y miradas históricamente excluidas.
Nunca como ahora fueron necesarias estrategias de integración regional y nunca como ahora la región enfrentó un contexto tan adverso. Por ello, más de 50 organizaciones, gobiernos, centros de pensamiento y universidades de la región, lideradas por Asuntos del Sur, generaron un espacio de debate y reflexión llamado Democracia Viva, que durante una semana de septiembre de 2020 reunió voces de distintos sectores y nacionalidades con un objetivo claro: sentar las bases para un nuevo acuerdo democrático regional.
Lo que surgió de este ejercicio de diálogo y cocreación fue una serie de propuestas relacionadas con diversos ejes temáticos, que responden a las problemáticas más relevantes y prioritarias como pobreza, inequidad, acceso limitado a recursos y servicios, violencias, destrucción de los recursos naturales. También fueron incluidos reclamos relacionados con la conectividad y accesibilidad, además de la necesidad de apertura de las instituciones democráticas para promover una participación efectiva.
Se apuntaba a no quedar en grandilocuentes consignas sin aplicabilidad en los contextos latinoamericanos, y se logró reunir una valiosa lista de acciones y propuestas. Este trabajo apenas comienza y exige seguir pensando, debatiendo y accionando en la hoja de ruta que se busca construir.
Acciones urgentes
Un factor común en las propuestas o soluciones que se plantearon recae en los gobiernos y su compromisos por generar condiciones dignas de acceso e inclusión, es decir, en su gran mayoría son acciones que dependen de los Estados o de las instituciones que los sostienen.
Una de las propuestas más recurrentes fue la de implementar una estrategia de ayuda económica para quienes se han visto más impactados por la pandemia generada por el COVID-19, sea esta una renta básica universal u otra de este tipo
Los datos refuerzan la importancia de esta medida, según Oxfam, por causa de la pandemia habría una caída del 5,3% del PIB y un aumento del desempleo de 3,4 puntos porcentuales en América Latina y el Caribe. También se señala que la pobreza aumentaría al menos 4,4 puntos porcentuales, lo que representa un total de 28,7 millones de nuevos pobres. La pobreza alcanzaría a un total de 214,7 millones de personas, lo cual representa el 34,7% de la población de la región.
Frente a la ola de levantamientos sociales, que se han reactivado en los últimos meses, varias personas participantes en los paneles de discusión confluyeron en que la ciudadanía tiene el poder y debe ejercerlo de forma inteligente, a través de la verdad, el diálogo y la exigencia organizada.
La destrucción de los territorios debe parar
No puede haber debate democrático si no se reconoce la pluralidad y se prioriza el capital sobre la vida, esto quedó claro en las diversas propuestas. Los pueblos originarios y las comunidades históricamente excluidas deben incluirse en la toma de decisiones.
Esta necesidad se vuelve imperante cuando en territorios como la Amazonía, que enfrentan múltiples conflictos ambientales y violencia hacia quienes buscan defender los recursos naturales, entre agosto de 2019 y mayo de 2020 la deforestación creció un 54%, lo que representa un total de 4.567 kilómetros cuadrados de selva devastados en apenas 10 meses. Esta realidad ha empeorado con los incendios de finales del año pasado y al accionar de empresas extractivas.
Desmilitarización de la seguridad
Hechos recientes de violencia policial y militar en países como Chile, Argentina, Brasil y Colombia han prendido todas las alarmas sobre los excesos de la Fuerza Pública y su uso como instrumento de represión estatal. Es necesario desmilitarizar la seguridad, regresar los militares a los cuarteles, construir modelos comunitarios de seguridad ciudadana. La seguridad no se construye con más policías y una postura punitivista, la región reclama atender la violencia y los fenómenos de inseguridad de otra manera.
En esta línea, también se mencionó repetidamente la urgencia de fortalecer los sistemas de justicia y el estado de derecho, la cultura democrática y las formas no violentas de resolver los conflictos. La ciudadanía debe entrar activamente en el debate sobre la seguridad.
Esa centralidad de la ciudadanía también fue el pilar de otras intervenciones y propuestas, promover el protagonismo ciudadano, en contraste con los acuerdos de las elites, de las castas, pensar las democracias más allá de posturas ideológicas, desde los intereses comunes, transformar las semi-soberanías de estas democracias que funcionan mal, por soberanías plenas, darle el poder al elector, que el elector tenga la palabra, no los partidos.
Otros elementos que son indispensables en la configuración de los Estados que se espera construir para el futuro cercano, son paridad política, leyes de cuotas, participación y representación de mujeres en espacios de poder y toma de decisión desde sus diversidades.
La garantía en el acceso a derechos como educación, trabajo, conectividad, es vital para robustecer la democracia. Debemos cuidar la vida y defender la autodeterminación de los pueblos, darle valor a las maneras de autodeterminación de las personas para construir la democracia desde lo cotidiano, y que eso signifique una posibilidad de buen vivir. Más allá de lograr más espacios de participación, necesitamos que los espacios sean paritarios y con diversidad política.
La paridad, una deuda pendiente
La inclusión, la paridad y la lucha contra la desigualdad fue quizá el elemento más mencionado durante las charlas, paneles y presentaciones, además de los aportes hechos por quienes participaron a través de las redes sociales.
El reclamo de acciones afirmativas es enfático, pues las mujeres tienen que estar en todos los espacios de toma de decisiones, considerando sus interseccionalidades. Otro reto que se plantea es lograr que más hombres se monten en el carro de la igualdad de los derechos, pues esto no lo pueden llevar las mujeres solas sobre sus hombros.
El COVID-19 dejó claro que las labores del cuidado, que históricamente han sido subvaloradas y puestas en los márgenes sociales, se convierten en el centro, esto requiere visibilizar el aporte de la economía del cuidado, que recae casi exclusivamente en las mujeres, en la micro y macroeconomía. Adicional a esto, el género debe incidir de manera transversal en la definición de presupuestos para la salud, la educación, la vivienda y en todos los ámbitos.
La información como pilar de la democracia
Las propuestas para una mejor democracia se relacionan con la información que se produce en nuestras sociedades y que es finalmente una de las variables que más impacta en los resultados electorales. Un nuevo acuerdo democrático requiere regulación que proteja la privacidad hacia periodistas y activistas y que proteja la transparencia y acceso a la información pública. También requiere de protección a la vida y a la labor de periodistas y líderes sociales en toda la región.
Se señaló, además, que más que pensar en los retos y responsabilidades que tienen quienes difunden información, es urgente llevar procesos educativos a quienes consumen esos contenidos, principalmente a las infancias y juventudes, que son quienes más expuestas están frente a los problemas de información.
No se puede dar por sentada la información que se recibe, pues hay personas e intereses por detrás, por ello hay que aprender a identificar cómo se da la desinformación, de donde viene y esto no es responsabilidad solo de los gobiernos, también de la ciudadanía.
La academia y los movimientos sociales tienen un rol fundamental en las transformaciones de las democracias, pero para esto se debe buscar la igualdad de las inteligencias, el reconocimiento de los saberes ajenos, estar en la capacidad de construir un discurso que permita a los sectores populares igualarse en la discusión política.
Integración regional y Estado fuerte
Desde un punto de vista internacional, se destacó la importancia de que los Estados salgan de la crisis generada por la pandemia de manera conjunta. Apuntar a la ayuda y cooperación mutua entre países y regiones, con la consigna de que solos somos débiles y juntos somos más fuertes. No es posible responder a problemas globales con fronteras cerradas, por ello es urgente priorizar la cooperación transnacional, y el acceso común e igualitario a la infraestructura digital.
Desde el punto de vista de los gobiernos, para hacer tránsito hacia democracias más maduras debe existir una profesionalización del Estado, enfrentar la captura político-partidista de las instituciones. Para un Estado más empático, ágil y amigable hay que trabajar en formar a personas que sean más empáticas, ágiles y amigables.
Autores: Cristian León y Tatiana Cárdenas – Programa Innovación Pública de Asuntos del Sur
La pandemia exhibió las grandes dificultades que tienen la mayoría de los gobiernos de América Latina para sostener sus funciones y servicios de manera digital. De acuerdo al índice de resiliencia del Estado (CAF, CEPAL et al., 2020), el promedio latinoamericano es de 40 sobre 100, mientras que el de los países de la OCDE es de 66 sobre 100. La capacidad de resiliencia de los gobiernos depende de dos principales factores: su infraestructura desplegada y la formación de funcionarios/as públicos/as (ONU, 2018).
El rezago a nivel latinoamericano es evidente, implicando que los gobiernos no pueden responder a la crisis ni a las necesidades de la ciudadanía. Sin personas en el servicio público debidamente capacitadas, los gobiernos simplemente no pueden adaptarse a la era digital, y aún peor, en el contexto de pandemia.
Estas competencias influyen en los procesos de innovación y transformación, en la adaptación a nuevas tecnologías y en la provisión de servicios más eficientes y con valor público. Más allá de eso, durante la pandemia, el uso de datos y sistemas de información ayudó en acciones más eficaces, pero la mayoría de los gobiernos en países en desarrollo no tenían recursos humanos capacitados para generar este tipo de estrategias (ONU, 2020).
No obstante, la digitalización de los gobiernos no se trata solamente de su capacidad para desplegar tecnologías, la habilidad de introducirlas con estrategia y visión es esencial. Se requiere, como indica la ONU (2020), de una perspectiva integral que promueva una cultura de lo abierto y colaborativo, el diseño de políticas públicas adecuadas e implementación de nuevos esquemas de participación y estrategias de inteligencia colectiva.
La situación de la formación en América Latina
En 2016, en el marco de un proyecto para la Organización de Estados Americanos (OEA), que buscaba identificar la participación y formación de nuevos liderazgos en América Latina, Asuntos del Sur hizo un relevamiento de 165 programas de desarrollo de capacidades, competencias políticas y gestión pública (Asuntos del Sur, 2016). La mayoría de estos se concentraban en pocos países – prácticamente no había cursos con enfoque regional -. Más de la mitad no representaban una formación sólida, pues eran sólo cursos cortos o seminarios. Menos del 20% contenía temáticas relacionadas a Gobierno Abierto y tecnologías para innovar el sector público, y ninguno tenía enseñanza conceptual en diseño, cultura colaborativa, inteligencia colectiva.
Este estudio reveló una mirada muy afianzada en la Nueva Gestión Pública, sin hacer aún una transformación hacia los nuevos modelos de gestión pública – aunque para ese entonces varios países en América Latina ya se habían adherido a la Alianza para el Gobierno Abierto y entraban incluso en su Segundo plan de acción.
Dos años después, la encuesta de Gobierno electrónico de la ONU, observaba todavía grandes obstáculos para la digitalización de los gobiernos. Indicaba que los niveles de capacitación eran insuficientes, evidenciándose grandes niveles de analfabetismo electrónico (ONU, 2018).
Una gran innovación para la mayoría de los gobiernos fue la introducción de la educación y formación en línea, con varias experiencias en países como Argentina, Colombia y Chile, entre otros. De acuerdo a una reciente publicación del BID, existe un creciente interés en los gobiernos de América Latina por desarrollar capacitación en línea (92% de ellos), con cerca del 58% de ellos con estrategias desplegadas para todo el Gobierno – la mitad de ellas orientadas a aptitudes en tecnologías (BID, 2020).
Programas también como los de la CEPAL, OEA y el de Asuntos del Sur, fueron pioneros en ese sentido. La primera reportó en 2018 que desde 2011, más de 1000 profesionales de 19 países de América Latina y el Caribe recibieron capacitación en Gobierno Abierto y gobierno digital (ONU, 2018). La Academia de Innovación Política de Asuntos del Sur, a su vez, ha capacitado más de 7000 liderazgos en 26 países de Iberoamérica.
Innovación Pública 360 como respuesta a los retos
Aprovechando la experiencia adquirida por Asuntos del Sur con su Academia de Innovación Política, y la perspectiva integral del proyecto Innovación Pública 360, hemos lanzado el curso online de Innovación Pública. Este, además de buscar responder las necesidades de digitalización de los gobiernos, se centra además en el nivel de gobierno subnacional (local) – enfocándose así en un segmento poco explorado en América Latina.
El curso integra siete módulos: nuevos municipalismos, Gobierno Abierto, participación, tecnologías cívicas, métodos de cocreación e inteligencia colectiva, comunicación política y planificación sostenible. Abarcando de forma integral la innovación, sin centrarse únicamente en lo digital, e incorporando la noción de la participación ciudadana como elemento vital en la toma de decisiones y creación de políticas públicas.
El curso estará disponible inicialmente para 800 agentes de innovación de los 21 gobiernos con los que se adelanta el proyecto de Innovación Pública 360 y organizaciones de la sociedad civil con la que existe colaboración, pero con el objetivo de abrir este proceso en un futuro próximo, a personas dedicadas a la función pública en América Latina, que quieran recibir formación y actualizar sus conocimientos.
Este programa contribuye a una perspectiva integral para la transformación de los gobiernos, alineada con las necesidades de una era digital y los objetivos de desarrollo sostenible – datos, apertura institucional, participación, colaboración, inteligencia colectiva- , pero sobre todo, con el contexto de nuevos desafíos que planteó la pandemia. No podemos pensar resolver los grandes dilemas de nuestra sociedad sin servidores y servidoras que desde lo público tengan capacidades para entenderlos, con una cultura de principios y actitudes abierta a la innovación pública.
La resistencia política feminista: Las mujeres negras/afroecuatorianas en Esmeraldas es el resultado de la investigación de Asuntos del Sur junto aMujeres de Asfalto, y es parte de los 24 meses de desarrollo del proyecto SISA Mujeres Activando.
Para ello, entrevistamos a 12 lideresas, que fueron seleccionadas a partir de un mapeo sobre las colectivas de mujeres, en la provincia de Esmeraldas de Ecuador, a las cuales se les realizó una entrevista en profundidad. Entre estas mujeres figuran Cecilia Angulo Jiron, afroecuatoriana -Vicealcaldesa de Esmeraldas-; Ruth Quiñonez, afrodescendiente, -Presidenta del Foro de Mujeres de Esmeraldas-; Erika Toala, joven afroecuatoriana, -integrante de la Juventud Revolucionaria Activando al Pueblo; Juanita Rodríguez, afrodescendiente, -Presidenta de Mujeres diversas de Esmeraldas-, entre otras referentas.
En este trabajo tratamos de responder a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los obstáculos que se encuentran la diversidad de mujeres en sus activismos políticos y en su día a día en la región de Esmeraldas? ¿Y las jóvenes? ¿Qué estrategias y formas de resistencia del territorio han fortalecido la organización comunitaria y su memoria colectiva?
Además, realizamos un grupo focal con mujeres lideresas de distintas organizaciones de cinco de los siete cantones de la provincia esmeraldeña (Muisne, Quinindé, Atacames, San Lorenzo y Esmeraldas). Finalmente, el trabajo de investigación se complementó con la incorporación de los conocimientos fruto del trabajo colectivo de los dos talleres SISA junto a lideresas provenientes de los siete cantones de la provincia. En su mayoría se autoidentifican como mujeres negras/afroecuatorianas y mestizas, provenientes tanto de áreas rurales como urbanas, y tienen entre 15 y 35 años, pero también participaron mujeres adultas (entre 40 y 60 años).
Para la investigación-acción, se identificaron los obstáculos que impiden la participación efectiva de las mujeres, siendo las violencias de género una parte considerable de las limitantes. Así, se analizan si los obstáculos identificados en la literatura se verifican (y cómo) en el territorio operan las distintas dificultades, sus múltiples intersecciones, cómo se conectan y articulan las diferentes opresiones, y el modo en que se van agravando las situaciones de discriminación y expulsión de la participación política y pública de la diversidad de mujeres. Asimismo, desde la búsqueda de aportes de las propias mujeres, especialmente las más jóvenes, se trata de sintetizar las estrategias que han logrado generar impactos para sortear estos contextos de violencias machistas y que han contribuido al fortalecimiento del empoderamiento de dichas mujeres en Esmeraldas.
Esta investigación forma parte del proyecto SISA, que lidera Asuntos del Sur con el apoyo del IDRC. SISA aborda cómo la diversidad de mujeres a través de sus activismos feministas fortalece sus liderazgos, y de esta forma, sortean las diferentes situaciones de violencias machistas en las que se encuentran en su día a día, en cuatro países de América Latina: Ecuador, Guatemala, Paraguay y Argentina.
La investigación se puede descargar gratuitamente AQUÍ
Más de 50 organizaciones, gobiernos, universidades y referentes de la región se unen en la realización de Democracia Viva, un encuentro para pensar, debatir y accionar ante la emergencia global.
La cita es entre el 14 y el 19 de septiembre, durante la semana mundial de la democracia.
Se plantea la construcción de un nuevo acuerdo democrático, en respuesta a la profunda crisis que vive actualmente la región. Este acuerdo será participativo e incluyente.
El COVID-19 cambió el mundo. El virus no sólo impactó la salud, también golpeó la forma en que vivimos, producimos y nos relacionamos social, económica y políticamente. A su vez, profundizó la exclusión y representó un retroceso en las luchas por sus derechos para muchas poblaciones.
Esta realidad requiere un nuevo acuerdo democrático. Para impulsarlo y con motivo de la semana de la democracia (del lunes 14 al sábado 19 de septiembre), más de 50 organizaciones, gobiernos, universidades y referentes de América Latina se unen en Democracia Viva.
Se realizarán 21 actividades, entre conferencias con referentes políticos, paneles de debate, conversatorios y talleres, impulsados desde organizaciones, universidades y gobiernos locales.
Un nuevo acuerdo democrático
Democracia Viva es un grito que llama al cambio, desde Argentina hasta México, América Latina y el Caribe se unen en la necesidad de un nuevo acuerdo democrático que sea incluyente, deliberativo y participativo. Este manifiesto debe tener cinco componentes:
Garantías a la libertad de expresión.
Eliminación de todo tipo de violencias.
Estrategias para la equidad, eliminación de la discriminación y el racismo.
Compromiso para combatir el cambio climático.
Apertura de las instituciones democráticas.
Cifras de impacto
Libertad de expresión:
América Latina es la región donde más periodistas fueron asesinados en 2019, 18 en total. El 89% de los casos no han sido resueltos.
Violencia de género
12% de las mujeres y niñas (15 a 49 años) de América Latina y el Caribe fueron víctimas de violencias físicas o sexuales por parte de su pareja o ex pareja en el último año (ONU Mujeres, 2020), es decir, 1 de cada 3 mujeres.
La cifra de mujeres asesinadas en la región supera las 3800 (ONU Mujeres, 2020).
Inclusión:
(Oxfam) Por causa del COVID-19 habría una caída del 5,3% del PIB y el aumento del desempleo de 3,4 puntos porcentuales proyectados en América Latina y el Caribe.
(Cepal) Se estima que la pobreza incrementará del 30 al 36% de la población. Esto se traduce en que 36 millones de latinoamericanos pasarán a ser pobres.
Cambio climático:
El cambio climático, le cuesta entre 17.000 y 27.000 millones de dólares al año a los países de América Latina. Un costo que podría llegar a los 100.000 millones de dólares en 2050.
Entre agosto de 2019 y mayo de 2020, la deforestación en la Amazonía creció un 54%, lo que representa un total de 4.567 kilómetros cuadrados de selva devastados en apenas 10 meses. Esta realidad se generó gracias a los incendios de finales del año pasado y al accionar de empresas extractivas.
Legitimidad de las instituciones, apoyo a la democracia:
Cifras de Latinobarómetro 2018
El apoyo a la democracia en la región es de 48%
La satisfacción con la democracia en la región es de 24%
Licenciada en Ciencia Política (Universidad de Buenos Aires, Argentina), Magíster en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe por la Universidad Nacional de San Martín (Universidad Nacional de San Martín, Argentina) y maestranda en Ciencia Política (Universidad Torcuato Di Tella, Argentina). Me desempeño como investigadora en el Observatorio Electoral de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, docente universitaria y consultora independiente. Miembro de la Red de Politólogas #NoSinMujeres. Líneas de investigación: participación política de las mujeres y diversidades, gobernanza electoral y nuevas tecnologías para la participación política.
Mi nombre es Bruno, soy de Rio Cuarto, Córdoba. Me desempeño laboralmente como desarrollador web, especializado en Wordpress y Javascript. Actualmente estoy estudiando PHP y React. Me gusta mucho viajar y andar en bici 😁
Migrante colombiana viviendo en Buenos Aires hace más de 6 años. Estudié Ciencias Políticas y estoy realizando mi tesis de Maestría en Intervención Social. Investigo y trabajo en políticas urbanas, especialmente en barrios populares, me gusta pensar y hacer talleres participativos y disfruto mucho el trabajo en equipo. Practico y oriento prácticas de vinyasa yoga y amo bailar salsa.
Lic. En Comunicación Social (UBA). Máster en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digital (Universidad Rey Juan Carlos y Media Lab Prado, Madrid) especialista en procesos de innovación democrática, gobierno abierto y comunicación política, con más de 10 años de experiencia en investigación, diseño y ejecución de políticas de gobierno abierto y estrategias de comunicación política.
Actualmente, está estudiando Relaciones Internacionales. Le gusta entrenar, leer y adora aprender cosas nuevas. Su estación favorita del año es el invierno y le gustan los dulces y postres.
Vive en San Martín (Buenos Aires) y tiene 21 años. Es estudiante de la Lic. en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de San Martín y se encuentra realizando su trabajo de tesis sobre el modelo de desarrollo sostenible que presenta y defiende el Acuerdo de Escazú, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se suma a Asuntos del Sur motivada por adquirir conocimientos sobre cómo se lleva a cabo un proyecto a nivel regional y conocer sus dinámicas.
Maia tiene 22 años y es franco-argentina. Es ex estudiante de cine y actual estudiante de Ciencia política en la UNSAM. Amante de la fotografía. Dedica su tiempo libre a entrenarse para correr carreras.
Vive en Reconquista, Santa Fe, pero es originario de Buenos Aires. Tiene 25 años y es estudiante de la Licenciatura en Periodismo en la Universidad Siglo 21. También estudió Programación en la UTN.
Estudiante avanzada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de San Martín. Se encuentra cursando las últimas materias de la carrera y redactando la Tesis de Investigación. Se confiesa muy emocionada de ser parte de Asuntos del Sur para experimentar este nuevo desafío.
Artista y gestora cultural. Magíster en Mediación Cultural (Universidad Nouvelle Sorbonne Paris 3). Doctoranda en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó como asesora de despacho de la Gobernación de Nariño y de la Alcaldía de Cartagena, Colombia, en la implementación de procesos de innovación pública.
Magíster en Ciencia Política por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ha trabajado como consultora e investigadora para organismos internacionales, gubernamentales nacionales y Think Tanks nacionales e internacionales.
Politólogo de la Universidad de Buenos Aires, Máster en Mercados e Instituciones del Sistema Global y PhD en Políticas e Instituciones de la Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Italia). Activista por los derechos de las personas LGTBI y docente de postgrado en la Universidad de Lanús (Argentina) y en la Alta Escuela de Economía y Relaciones Internacionales (Italia). Sus áreas de especialización son la integración regional latinoamericana, la geopolítica energética y las políticas públicas con enfoque de derechos.
Peruana, Coach Ontológico Profesional con especialización en educación emocional y estudiante del último año de la carrera de Relaciones del Trabajo – UBA. Trabaja como coach facilitando capacitaciones para emprendedores y negocios. Como pasatiempo, disfruta leer, hacer yoga y trekking y viajar.
Argentino, politólogo (UBA) e investigador en cuestiones de género y seguridad (ILSED). Amante de los viajes, los idiomas y el intercambio cultural.
Oriunda de Río Negro. Estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de San Martín, con tesina en proceso. Además, participa en asociaciones civiles de base comunitaria. En su tiempo libre, juega para uno de los equipos deportivos de la UNSAM.
Estudiante de Relaciones Internacionales en la UNSAM y Coordinadora General en Soft Power, un think tank de relaciones internacionales. Interesada por las cuestiones relativas a la vinculación entre el género y el libre comercio
Estudiante de Relaciones Internacionales en la UNSAM. Le interesan las cuestiones de género y desplazamiento forzado. Como pasatiempo, la literatura y el cine.
Estudia Ciencias Políticas (UNSAM) con tesina en proceso. En paralelo, estudia Relaciones Internacionales en la misma casa de estudios. Además, trabaja en la Fundación Metropolitana haciendo desarrollo institucional y contenidos y escribe informes sobre Ambiente en Politeia.arg. Como hobbie, dedica tiempo a danza jazz y comedia musical desde hace varios años, como también a talleres de lectura sobre diferentes temáticas.
Nació y creció en Bogotá (Colombia). En 2011 emigró a Argentina para continuar sus estudios. Actualmente, está cursando la Licenciatura de Relaciones Internacionales.
Es estudiante de Ciencias Políticas y Profesorado Universitario en Ciencia Política (UNSAM). Disfruta mucho viajar y le gusta leer, cocinar y hacer deporte.
Licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales con una Maestría en Comunicación Política (Austral). Fue Directora Nacional de Relaciones Institucionales del Ministerio de Salud de la Nación y se especializó en el Ceremonial y Protocolo. Ama el running y viajar.
Actualmente cursando la Tecnicatura en Administración de Gestión y PyMEs y la licenciatura en Comercio Internacional. Atleta trans, fanática del ciclismo y activista de la inclusión deportiva.
Finalizando la Licenciatura en Comunicación Social con orientación en opinión pública y publicidad en la UBA. Becaria de la Nueva Escuela de Diseño y Comunicación. Se encuentra vinculada con las ONG desde el 2017.
Licenciada en Comunicación Social, experiencia de trabajo en OSC y en el Estado en temática de políticas públicas enfocadas en hábitat. Especializada en el diseño de metodologías participativas, facilitación de talleres, coordinación de grupos y acompañamiento en los procesos de diseño e implementación de proyectos. Docente de teatro en nivel secundario y actriz.
Lic. en Ciencia Política (UCA). Trabajó en el sector privado para diferentes multinacionales, en Escuelas de Negocio y tiene, además, experiencia en la función pública. Es docente universitario y secundario.
Jennifer Cyr es profesora asociada e investigadora de ciencias políticas y de los estudios latinoamericanos en la Universidad de Arizona. Además de estudiar la representación política y la democratización en América Latina, escribe sobre los métodos cualitativos y mixtos y el uso de los grupos focales en las ciencias sociales.
Directora de Arte e Ilustradora independiente. Artista autogestiva. Miembro activo de MEP (Mujeres en Publicidad), un colectivo de mujeres en busca de una industria publicitaria con perspectiva de género. www.jotaschneider.com
Lic. en Relaciones Públicas y Cs. de la Comunicación. Comunicadora en Bachillerato Popular Travesti Trans Mocha Celis. Activista por los DDHH LGBTIQ+. Transfeminista.
Politóloga por la UCB de La Paz con especialización en Gestión Equitativa por la USMP, Lima. Diplomada en IAP y Educación Superior. Trabaja en investigación, derechos políticos de las mujeres, paridad y alternancia, prevención de violencia contra las mujeres y presupuestos sensibles al género.
Dentro del tercer sector desarrolló todo tipo de tareas, profesionalizándose en la gestión humana y de comunidades de personas. Trabajó en temas relacionados a la educación, los derechos civiles y la responsabilidad social empresaria. Estudia idiomas y turismo para poder seguir relacionándose con personas de todo el mundo.
Licenciada en Comercialización. Ha prestado sus servicios como asistente de gestión académica del Programa Colegio de las Américas – COLAM de la Organización Universitaria Interamericana – OUI. Apoyo a los procesos de convocatoria, registro de estudiantes, monitoreo de inscripciones y pagos, coordinación del proceso de certificación y diplomación y producción de informes administrativos.
Periodista de Medellín, Colombia y estudiante de la Maestría en Comunicación y Criminología de la Universidad Nacional de La Plata. Trabaja en temas relacionados con la memoria histórica, la violencia y los derechos humanos. Participa en procesos de periodismo ciudadano por la memoria, así como en investigaciones sobre el mismo tema. Ha sido docente de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia.
Licenciada en Relaciones Internacionales (UCC); Técnica en Responsabilidad y Gestión Social (Universidad Siglo 21); Especialista en Políticas Públicas para la Igualdad en América Latina (CLACSO y FLACSO Brasil) y Magíster en Derechos Humanos y Políticas Públicas (UNED España). Se desempeña en los ámbitos de la cooperación internacional, el desarrollo institucional y la docencia.
Argentina. Lic. en Relaciones Internacionales (Universidad Católica de Córdoba). Maestranda en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano (Universidad Nacional de Córdoba). Con experiencia en la coordinación y facilitación de talleres presenciales en América Latina, en tutorías de programas de formación virtual, y en el diseño de metodologías y la creación de plataformas colaborativas.
Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, con una maestría en curso de Ciencia Política por la Universidad Torcuato Di Tella. Su trabajo se concentra en los derechos reproductivos de las mujeres y la participación ciudadana.
Abogada experta en violencia de género por la Comisión Nacional de Justicia de Género de Venezuela – TSJ y Magíster en Docencia para Educación Superior, Diplomada en Innovación Política, Derechos Humanos y Procesal Penal. Trabajó en el Poder Judicial en la competencia de Delitos de Violencia contra la Mujer en el Estado Zulia, Venezuela. Embajadora de Venezolanas Globales en Argentina; forma parte de la Red de Mujeres de Amnistía Internacional Venezuela y de la Red Feminista del Estado Zulia.
Licenciado en Ciencia Política de la UBA, con un amplio recorrido en comunicación digital y campañas políticas. Con formación en diseño audiovisual por su vocación para contar historias. Colaborador de la Federación Internacional de Racquetball.
Licenciada en Administración Gubernamental y Políticas Públicas por la Universidad de Guadalajara con especialización en temas de participación ciudadana, innovación política y combate a la corrupción. Actualmente es Maestrante en Politicas Públicas con enfoque en Gobiernos Locales y Rendición de Cuentas. Especialista en estrategias y herramientas de incidencia y construcción de Redes por EQUIS- Justicia para mujeres, Alternativas y Capacidades y la GIZ -Agencia del Gobierno Federal Alemán y en Contraloría Social y Sistemas Anticorrupción por el Colegio de Jalisco y el Comité de Participación Social de Estado de Jalisco.
Licenciada en Ciencia política por la Universidad de Buenos Aires. Magister en Administración Pública por la facultad de Ciencias Económicas de la UBA y Especialista en Educación y nuevas tecnologías por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Se desempeña hace más de 10 años en la educación en línea en diferentes organizaciones de la región.
Licenciada en Relaciones Internacionales (Universidad de San Andrés) y Mg. en Relaciones Internacionales Europa – América Latina (Universidad de Bolonia). Realiza una Maestría en Ciencias Sociales de Internet en Oxford Internet Institute (Universidad de Oxford). Especializada en innovación política y gobernanza de internet.
Politóloga por la Universidad Pompeu Fabra, especializada en género y juventudes. Máster Interuniversitario en Juventud y Sociedad, Universidad de Girona. Maestría en Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires (en proceso de elaboración de tesis). Forma parte de la Red de Politólogas. Sus intereses de investigación se focalizan en los temas de género, juventudes y participación política.
Coordinadora de Gobernanza, Estado y Gestión del Observatorio de Políticas Públicas y Docente investigadora de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV). Asesora de organismos públicos nacionales y subnacionales. Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador (Argentina) y especialista en Cooperación Internacional por la Universidad Nacional de San Martín (Argentina).
Coordina el programa de Innovación Pública 360 y es Digital Integrity Fellow del Open Tech Fund. Msc en Desarrollo Internacional (Universidad de Bristol). Fue investigador en tecnologías para la Vicepresidencia de Bolivia, PNUD y Fundación UNIR Bolivia. Ex becario Chevening.
Licenciada en Ciencia Política de la UBA, especializada en dirección y gestión de organizaciones sociales en UdeSA y docente en la UBA de la materia “el rol de las organizaciones de la sociedad civil en políticas públicas”.
Politólogo de la Universidad de Buenos Aires, MSc en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford, MPA y PhD en Ciencias Políticas del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po). Trabajó en el Woodrow Wilson Center, el Centro de Desarrollo de la OCDE y dirigió el Instituto Federal de Gobierno en Argentina. También es docente universitario e investiga sobre democracia, economía política y tecnopolítica.
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La primera es que deben buscar transformarse en una práctica social y política generalizada, es decir, deben buscar tener un impacto político.
La segunda es que deben favorecer a la ampliación de derechos y de calidad de vida de las personas. Entendida de este modo, la innovación política apunta a la construcción de sociedades abiertas, gobernadas por comunes, por lo que se requieren acciones que distribuyan el poder. Es por ello que, desde Asuntos del Sur, priorizamos las innovaciones centradas en la construcción de sociedades más paritarias, inclusivas y participativas.
