¿Cómo innovar en la gestión pública?

La erosión de las instituciones democráticas a nivel global, le ha planteado a los gobiernos la difícil tarea de brindar respuestas eficaces a la creciente desconfianza en la democracia y sus instituciones. Sumado a esto, la historia demuestra que, después de grandes pandemias, a nivel interno, se agudizan los clivajes sociales; surge un clamor ciudadano contra los gobiernos por lo que se hizo mal, regular o pésimo y hay más demandas por parte de la sociedad en torno a necesidades elocuentes en materias económicas y sociales (Tokatlian, 2020). Se plantea, entonces, un claro escenario en el cual resulta aún más imperioso fortalecer y reimaginar la relación entre gobiernos, instituciones y sociedad civil.

Los gobiernos locales son el primer contacto y experiencia que tienen los ciudadanos con una administración gubernamental. En Argentina, por ejemplo, el 66% de la población reside en los 31 mayores aglomerados urbanos (Lanfranchi, G.: 2017). Los 2300 gobiernos locales argentinos se caracterizan por tener realidades heterogéneas que, a su vez, están fuertemente interrelacionados por las dinámicas cotidianas. Tienen grandes desafíos pero, también, en algunos casos, escenarios con graves limitaciones.

En este sentido, la innovación pública resulta clave para renovar un sector que, normalmente, tiene pocos incentivos para mejorar sus procesos o cambiarlos. No obstante, la innovación en gestión municipal no es solo a nivel de mecanismos o herramientas sino que requiere un cambio de estrategias y modificar estilos y prácticas de la administración que son adversas a los cambios (Tecco,C.: 2002). Este nuevo escenario pone en juego nuevas misiones y funciones a las ciudades para buscar novedosas y mejores formas de agregar valor público

La toma de decisión pública demanda nuevos abordajes que atiendan temáticas complejizadas por la vinculación de un mayor número de actores sociales, poniendo en juego nuevas capacidades. Con miras a mejorar la calidad de vida de las personas, los gobiernos locales deben fortalecer sus conocimientos, habilidades, experiencias y destrezas rediseñando las lógicas tradicionales de gestión pero recuperando y fortaleciendo sus capacidades endógenas. Generar evidencia empírica identificando desafíos institucionales, económicos, sociales y/o ambientales; promover el trabajo colaborativo consolidando la cooperación y el compromiso del ecosistema local; incentivar lógicas de coordinación y construir consensos que potencien vínculos y proyectos ya no son solamente una opción. Ser una ciudad innovadora implica gestionar estas variables que son nuevas y, en muchos casos, exceden los límites y funciones conocidas.

El acento en los gobiernos locales es aún más pronunciado en la actual situación mundial, la cual profundiza las  incertidumbres  de  todos  los  actores y requiere esquemas de participación  de  actores  multinivel (Bianchi y Lara, 2021). Aún cuando los Estados siguen teniendo un rol fundamental en dichas instancias, están llamados a trabajar conjuntamente con otros actores, tan relevantes como los primeros. El nivel local  cumple  un  rol  fundamental  debido a que  tienen  un conocimiento  y  legitimidad  en  el  territorio  de  la  cual  carecen  (en  mayor  o  menor medida)  los  demás  actores  (Schapper  y  Jenichen,  2020).  

En esta línea, el diagnóstico realizado en el marco del proyecto Innovación Pública 360, con 17 gobiernos locales de Latinoamérica, permitió señalar áreas sobre las cuales trabajar, tales como fortalecimiento de  formatos de datos abiertos, ampliación de la información y transparencia en compras o mecanismos de rendición de cuentas. Además, la necesidad de seguir formando agentes de gobierno en las temáticas analizadas se encuentra presente de manera transversal. El tablero de IP360 brinda la base a partir de la cual mejorar la calidad de estos datos. 

El trabajo se inserta en los diferentes debates y documentos sobre la importancia de diseñar índices e información sobre innovación pública.  Ha sido NESTA quien, desde 2008, comenzó a abrir el debate mundial sobre el tema. Además, se encuentra La Declaración Sobre Innovación en el Sector Público, adoptada el 22 de mayo de 2019 por 35 países miembros de la OCDE y por 5 no miembros (entre ellos, Argentina). La Declaración tiene como propósito legitimar la innovación como centro y estrategia del funcionamiento de las instituciones del sector público y, en el trabajo diario, de los servidores públicos. Introduce, además, un compendio de cinco principios generales, acompañados con acciones que legitiman y apoyan la innovación como centro y estrategia de la función pública de instituciones y servidores. 

Adicionalmente, existen otro tipo de países que comenzaron la tarea de medir la innovación desde 2002, como es el caso de Canadá y la República de Corea, los cuales diseñaron un Índice de Innovación en 2006. De igual forma, los países Nórdicos desarrollaron en 2010 un Índice para medir la Innovación Pública, con indicadores internacionalmente comparables.

Recientemente, el Gobierno de Chile, a través del Laboratorio de Gobierno, desarrolló un índice que permitirá medir las capacidades para innovar y transformarse de los servicios públicos de cara a las personas. El Índice considera cuatro dimensiones de medición, las que, a su vez, se asocian a diversos estados del proceso de innovación: recursos institucionales; actividades y prácticas; colaboración y apertura; y resultados. 

En este contexto, en 2021, el tablero de IP360 pasará a una segunda etapa que buscará cuantificar indicadores, ampliar las variables de análisis e incrementar la cantidad de gobiernos que son parte del mismo, entendiendo la potencialidad de los municipios en el escenario actual y lo valioso e importante de llevar nuevas ideas a la práctica en el marco de la planificación local.

Autora: Ana Montañez

Analista Innovación Pública 360

 

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