Será imposible borrar de nuestra memoria los meses de encierro por cuenta del aislamiento preventivo obligatorio al que nos llevó la crisis sanitaria surgida por el COVID-19.

En las grandes ciudades, aquellas personas y familias que contaban con mayor acceso fueron quienes, entre otras garantías, tuvieron la posibilidad de tener cerca ambientes naturales, sin necesidad de salir de sus casas o propiedades. El sol y los espacios verdes se vieron como un privilegio.

Para otros y otras la realidad fue distinta. Disfrutar de áreas públicas parquizadas o agrestes, con arbolado y suelo absorbente, ya era algo escaso antes y lo fue más durante el encierro. En ciudades como Buenos Aires, donde la estadística oficial dice que hay, en promedio, 6 m2 de espacio verde por habitante —4 m2 menos de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)— el acceso a parques, plazoletas, plazas y paseos públicos se volvió una añoranza.

Es común que las comunidades empobrecidas vivan en sectores y barrios donde los espacios verdes no abundan ni son de calidad, espacios hacinados que aportan mayores factores de riesgo de exposición a diversas enfermedades. Si estas familias tuvieran espacios verdes, su calidad de vida mejoraría enormemente. Por lo tanto, también hablamos de justicia social, de la imperiosa necesidad de reducir las desigualdades socioeconómicas, que también son desigualdades en salud.

Esta necesidad es incuestionable y una problemática ambiental de primer orden para las ciudades, tomando además relevancia desde el punto de vista sanitario. Ya la OMS ha advertido en varias ocasiones que el 88% de los habitantes de zonas urbanas están expuestos a unos niveles de contaminación del aire exterior superiores a lo recomendable, teniendo esto un efecto directo en las enfermedades no transmisibles. Ahora que, en contexto de pandemia, hablamos mucho más de aquellas que son transmisibles, los espacios abiertos de calidad son nuestros mejores aliados.

Es por ello que cobran más relevancia iniciativas ciudadanas en defensa del ambiente y que buscan incrementar los espacios verdes públicos. Una de ellas es la Ley Marco de Espacios Verdes Públicos para la Ciudad de Buenos Aires (Proyecto de Ley N° 703-P-2021), impulsada desde el proyecto Partícipes de Asuntos del Sur, y cocreada por un grupo de organizaciones y colectivos de la sociedad civil. El interés de este proyecto de ley es que existan acciones concretas y medibles para recuperar áreas costeras, garantizar la integridad de parques, reservas ecológicas, plazas y plazoletas.

Asuntos del Sur, en colaboración con el Observatorio del Derecho a la Ciudad y Jóvenes por el clima, realizó en 2020 un informe de situación sobre los espacios verdes en la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo análisis y mediciones que son el punto de partida para mejorar la situación en la Ciudad.

La actual es la última generación que tiene la oportunidad de reconstruir la relación con la naturaleza antes de llegar a un punto irreversible. Por ello, este año, además, es importante apoyar la iniciativa #GeneraciónRestauración, que marcará el inicio del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas.

Pero el cambio no depende únicamente de sembrar más árboles y garantizar más y mejores zonas verdes. Los sectores de la energía y el transporte en las ciudades son especialmente importantes, a medida que crece la urbanización, y contribuyen enormemente al cambio climático. Es por ello que deben ser llamados a hacer parte del compromiso con la solución.

Cambio estructural

En la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), en Glasgow, se presentaron diversos planes de acción climática para las ciudades globales. Pero la aplicación de los mismos está sujeta a un cambio estructural de las formas de producir, transportar y moverse entendiendo que el crecimiento permanente, en las condiciones actuales, no es posible en un planeta finito.

Autora: Tatiana Cárdenas Arciniegas
Coordinadora Metodológica