Panorama del pensamiento divergente en la Sierra Nevada de Santa Marta: líderes y procesos
Usos y apropiaciones de la fuerza desde los mecanismos para-estatales y estatales
Usos y apropiaciones de la fuerza desde los mecanismos para-estatales y estatales
Transgredir para avanzar. Transformando la participación política es la investigación de Asuntos del Sur junto a la Red Paraguaya de la Diversidad Sexual (REPADIS), fruto de dos años de trabajo de investigación-acción en Paraguay, en el marco del proyecto SISA Mujeres Activando.
El fortalecimiento de las tecnologías como herramientas de participación y la evidente necesidad de planes de metas ciudadanos claros y medibles son algunos de los temas más relevantes a analizar en un contexto de pandemia. La red Partícipes Argentina y la revista Anfibia se unieron para generar conversaciones en torno a los efectos del COVID-19 en la democracia y cómo la pandemia llegó para cambiar las dinámicas ciudadanas y de los gobiernos locales en Rosario, Mendoza, Córdoba y Ciudad de Buenos Aires.
Se realizaron dos webinars que generaron alta participación de personas en las ciudades analizadas y otros países de la región. Los invitados al primer encuentro fueron los representantes de las cuatro organizaciones que adelantan el proyecto Partícipes, Matías Bianchi de Asuntos del Sur (CABA), Virginia Romanutti de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba (Córdoba), Luis Cardoso de Acción Colectiva (Rosario) y Facundo Heras de Nuestra Mendoza (Mendoza).
En el segundo encuentro se escuchó la voz de los y las referentes de los gobiernos locales y respondieron al llamado Fernando Straface, secretario general de relaciones internacionales de CABA; Alejandra Torres, secretaria de planeamiento, modernización y relaciones internacionales en la Municipalidad de Córdoba; Laura Bartolacci, subsecretaria de vinculación ciudadana de Rosario; Gabriela Riveros, directora de Planificación Estratégica de Municipalidad de Maipú y Martín Appiolaza, director de prevención, participación comunitaria y Derechos Humanos de Godoy Cruz.
El COVID-19 creó un escenario que para muchos era impensable, no sólo ha cambiado radicalmente la forma en la que nos relacionamos en nuestros ámbitos más íntimos sino que tiene grandes efectos en las dinámicas de participación, asociación y el ejercicio de la ciudadanía. Lo que antes se concebía como un ejercicio territorial ahora debe gestionarse en la virtualidad, por eso nos preguntamos ¿está la democracia en pausa debido a la pandemia?
Para Matías Bianchi, de Asuntos del Sur, “en muchos lugares se ha visto a los mecanismos de participación ciudadana como superfluos, como un lujo de democracias liberales, esto de verla como una instancia de legitimación democrática encontró sus límites en la cuarentena porque, en gran medida, no se entiende su potencial para construir políticas públicas eficaces en momentos de crisis”.
En ese mismo sentido opina Facundo Heras, de Nuestra Mendoza, “los mecanismos implementados para salir de esta situación son los mismos de siempre, se consulta a los mismos de siempre y se deja fuera a los mismos de siempre también. Los espacios de participación no generan equidad sino que aumentan la que no existe”.
Para Luis Cardoso, de Acción Colectiva, “la democracia no está en pausa, sino que está siendo observada y analizada con lupa. Generar los mecanismos de participación es un desafío, debemos dejar de lado intereses individuales, escucharnos y colaborar”.
Por su parte, Virginia Romanutti Nuestra Córdoba “es un momento de autocrítica, para pensar si las decisiones que estamos llevando a cabo son las correctas, pensar qué clase de ciudad queremos planificar, y ver más allá del individualismo y respondernos cómo generar la sinergia para empezar a generar los procesos de construcción colectiva”.
¿Y qué opinan los gobiernos locales? en este contexto recae en ellos parte de la responsabilidad de que los mecanismos de participación sigan funcionando y el ejercicio deliberativo no decaiga, además de poner a disposición de la ciudadanía herramientas para garantizar la transparencia en los procesos.
En Ciudad de Buenos Aires, algunos espacios están sin funcionar y otros explicitan la deliberación, así lo explica Fernando Straface, secretario de relaciones internacionales, “hay aspectos de la gestión de gobierno tal como venían ocurriendo que están en pausa, los compromisos de gobierno, por ejemplo, están siendo en la práctica redefinidos. Con la nueva normalidad, estos compromisos serán reperfilados y esto expondrá una suerte de nuevo contrato público. Está en pausa parte de la gestión de Gobierno pero esto no quiere decir que se haya suspendido la participación sino que está cambiando su perfil”.
En Rosario se logró continuar con los procesos participativos gestionados desde el Gobierno. “En los equipos de gestión no se suspendió nada, sino que se implementaron nuevas herramientas. Logramos adelantar la primera reunión con Consejos barriales a través de Zoom, difundiendo mediante equipos barriales para que la ciudadanía se entere, sin embargo surge el problema de la brecha digital, pero esto se está trabajando con equipos de desarrollo humano. Sí cambiaron las herramientas y en muchos casos también las prioridades”, explica Laura Bartolacci, subsecretaria de vinculación ciudadana.
Martín Appiolaza, director de prevención, participación comunitaria y Derechos Humanos de Godoy Cruz (Mendoza) señala algo paradójico: “en el contexto de pandemia se ha registrado mayor participación sobre temáticas sociales y económicas y mayor demanda a los gobiernos locales de ejercer control, en el espacio público, en la interacción ciudadana. esto plantea el interrogante sobre qué cambio va a generar en la relación ciudadanía – Estado y cuánto más nos va a condicionar esta demanda de control frente al desafío de garantizar la autonomía y las libertades individuales”.
El ejercicio de Gobierno Abierto ha planteado varios retos y en este nuevo escenario una de las necesidades más claras es contar con planes de metas, que además de permitir dar seguimiento a los compromisos adquiridos, sean el resultado de un ejercicio de cocreación que brinde legitimidad y garantice respuestas a las necesidades de la ciudadanía.
Entre los municipios invitados a los webinarios, Córdoba, Godoy Cruz y Maipú tienen por normativa esta herramienta, sin embargo en un escenario que no favorece la deliberación también presentan distintas realidades.
Según explica Alejandra Torres, secretaria de planeamiento, modernización y relaciones internacionales en la Municipalidad de Córdoba, “teníamos un plan de metas que no tenía bases de datos que validara que esa meta pudiera ser cumplida, era improbable hacer un seguimiento. Nosotros construimos los ejes del plan basados en nuestro proyecto electoral, lo que la gente eligió, desarrollamos nuestra política estratégica que contiene seis ejes. En este momento no hemos podido presentarlo al Concejo Deliberante debido a la pandemia y la plataforma electrónica para el seguimiento a las metas amerita un recambio, pues es tan rebuscada que el ciudadano no puede participar”.
En Mendoza los planes de metas se siguen a través de la herramienta electrónica Sumen y aunque algunos municipios tienen normativa al respecto, otros apenas la están construyendo.
Aunque CABA cuenta con una serie de compromisos de Gobierno, planteados por el Jefe de Gobierno de cara a la comunidad, no hay normatividad que defina la forma como deben ser formulados esos compromisos, que exija que el proceso sea por medio de la participación ciudadana ni demande una estrategia de seguimiento, por lo que sigue siendo una deuda de la Ciudad.
Sobre la figura de compromisos de Ciudad, Fernando Straface destaca que “se establecen sobre aspectos que mejoran la calidad de vida de la ciudadanía, lo que no necesariamente hace un plan de metas. Algunos de los componentes de los compromisos, se eligen en la plataforma BA elige, allí los vecinos postulan sus metas y se eligen en función de votación”.
En términos generales se puede decir que el contexto de emergencia de salud, social y económica ha evidenciado las falencias de los sistemas y la necesidad de reforzar la participación ciudadana, haciéndola más incluyente. Concluye Matías Bianchi: “es un momento para repensar cómo nos vamos a vincular como sociedad y encontrar nuevas formas, nuevos andamiajes para la democracia”.
No dejes de descargar nuestro diagnóstico sobre la implementación de gobierno abierto en la Ciudad de Buenos Aires, Andamiajes para para la participación ciudadana y nuestra Guía para la veeduría ciudadana en tiempos de COVID-19.
Dinámicas actuales y fenómenos emergentes en el Caribe Colombiano
Por Lerber Dimas Vázquez
La categoría de Ex975, es un término acuñado a todos aquellos exparamilitares que hicieron parte del Proceso de Paz y que fueron privados de la libertad (o estando privados) y se acogieron a la Ley 975 o Ley de Justicia y Paz, promovida desde el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, que llevaría a la pacificación de los territorios y daría una respuesta jurídica a quienes -en bloque y en inmensa capacidad bélica- desplegaron la más grande oleada de terror y violación a los derechos humanos, en el Caribe Colombiano.
Todorov establece que el pasado es un anuncio al presente y, como parte de la búsqueda de lo que él llama el yo actual, es muy importante el estudio de nosotros en el pasado. La Ley de Justicia y Paz se creó con más mentiras que posibilidades reales de aplicación a la justicia. La misma desmovilización paramilitar fue, en la mayoría de los casos, más mentira que verdad y, como parte de esa dualidad, quienes iban a ser postulados a esta Ley se enfrentaron a una serie de contradicciones, que son normales en todo Proceso de Paz, pero donde debía prevalecer la verdad, la reparación y los mecanismos de no repetición. Sobre este primero y el último haré mayor hincapié.
Sobre ¿Quiénes eran esas las máquinas de guerra? El Estado lo sabía muy bien; las regiones igualmente y parafraseando a Padura: en estos sitios las personas habían visto la muerte tan de cerca como nadie es capaz de concebirla. Creo que lo sabían todo sobre la muerte y más que sobre la muerte: la pérdida de la vida por cualquier cosa insignificante, en el mejor de los casos, o una tortura silenciosa y larga de las cuales había experticia.
La peligrosidad se formuló originalmente para comprender la delincuencia violenta grave, crónica y reiterativa, dice el Análisis Crítico de un concepto Polisémico del profesor Antonio Andrés-Pueyo, y aquí tenemos el primer error: no se midió ni se tuvo en cuenta la peligrosidad de quienes iban a ser postulados al mecanismo transicional. No se tuvo en la cuenta ni el perfil criminal, ni su perfil psicológico. No se aplicó un manual de perfilación y conducta criminal. Lo que sí se hizo, fue meterlos a todos en centros carcelarios de mediana seguridad y con privilegios. El delincuente aprende rápido porque todo el tiempo está pensando en un paso adelante, esa es la lógica formal de la guerra y se mide matemáticamente y en la memoria el factor oportunidad y riesgo.
El segundo error fue creer que querían dejar las armas, ¿para qué? Eran dueños de los territorios, tenían las mejores fincas, carros, casas, visitas “ilustres”, dinero a montón producto de cualquier tipo de actividad ilícita y tenían las armas con las cuales mataban y ordenaban muertes a diario. Eran el Estado y lo representaban incluso en las elecciones a cargos democráticos (parapolítica).
El tercer error, es pensar que actuaban solos y que sus conductas se medían solo por la capacidad de daño que podían hacerle a un ser humano. No se tuvo en cuenta que al ser un movimiento totalitario, obedecía también a intereses particulares, económicos, políticos, grupales; intereses mediados por la codicia y la expansión.
Y el cuarto error, dejar la verdad, judicial e histórica en manos de los victimarios, juntándolos a todos para inferir en una verdad construida acorde de las necesidades propias y de sus socios.
En este orden de ideas, lo que vienen son los anuncios de lo que puede ser una repercusión violenta a gran escala, promovida por los Ex975. Anuncios que, entre otras cosas, se han venido materializando y que ponen en jaque la seguridad y la estabilización de algunos territorios; en otros, su influencia ha estado presente, lo que quiere decir, como en el caso de Santa Marta y algunos municipios del César, Bolívar, Magdalena y Atlántico donde se encuentra la mayor concentración de estas personas, que la problemática nunca se fue.
Miremos algunos casos: en Soledad, Atlántico, un ex975 tiene más de 100 motos y motocarros que son administrados por exparamilitares de su confianza. Estas mismas sirven para la comisión de otros delitos. Las grandes extensiones de ganado, por ejemplo, en Sábanas de San Ángel (Magdalena), que son de otro ex975, son también administrados por personas de su confianza. Esas y otras fincas en otros municipios del departamento.
En un municipio del Magdalena, cuyo nombre no puedo revelar por temas de seguridad, un ex975, por poco pone alcalde. Quedó, eso sí, con la puerta abierta en el Concejo por aquello de la reforma de equilibrio de poderes -Estatuto de la Oposición-.
Rigoberto Rojas Mendoza y Jhon Jairo Esquivel, capturados por el secuestro de Melissa Martínez en el departamento del Magdalena. Según algunas fuentes, hay órdenes de capturas contra otros Ex975, por otros delitos como el rearme. Esto sin contar con las múltiples reuniones en las que varias de estas personas han participado y a donde han asistido con su robusto esquema de seguridad que les brinda la Unidad Nacional de Protección. En total protegen a 18 de ellos en toda la Región Caribe.
El debate es sobre la culpabilidad. Se supone que deberían empezar de cero, por aquello de la reparación a las víctimas, pero como en el caso de los parapolíticos, todos salieron de las cárceles alegando quiebra y ninguno, escúchelo bien, ninguno, aportó un solo peso para las víctimas. Lo mismo ocurre con estas personas: todos han salido a disfrutar de sus fortunas que fueron intocables y que incluso se potencializaron estando privados de la libertad y aquí le recae una responsabilidad enorme al Estado.
En síntesis: no hay un mecanismo de la libertad vigilada, algo así como post-cárcel, ya que no hubo post-conflicto, tampoco la idoneidad en algunos de los casos de quienes los cuidarían. Recordemos que la UNP se nutrió de personal del DAS, y estos claramente fueron aliados del paramilitarismo. Los mismos, cuidando a los mismos.
La realidad de los que podemos llamar un fenómeno emergente, que se activó con la salida de ex975 de los centros carcelarios, es una realidad en el Caribe Colombiano. No todos están inmersos en prácticas delictivas; sin embargo, esa mayoría que si lo está tiene el poder militar, el conocimiento y las personas (leales o reclutadas) con las que pueden armar un grupo tipo paramilitar en una hora. Tienen facilidad para conseguir las armas y las alianzas para ingresar nuevamente a los territorios, como lo han venido haciendo en algunas regiones y tienen a los aliados que buscan afanosamente recuperar su economía y sus tierras.
¿Sabe el Estado y la justicia, dónde está cada uno de ellos y qué está haciendo? Es la pregunta que se debe hacer y desde aquí le sugerimos una respuesta: vayan a las antiguas zonas donde anteriormente operaron.
Lerber Dimas Vázquez – Antropólogo. Miembro de Mama Coca. Experto en violencia en Sierra Nevada Santa Marta
[La fotografía pertenece a Federico Ríos Escobar – https://www.federicorios.net]
Fotografía de @samiraponteve
Pobreza, desigualdad y violencia de género en tiempos del COVID
La pandemia del COVID-19, más allá de la emergencia sanitaria que ahora atienden gobiernos de la región, tendrá impactos diferenciados, ampliando las brechas de desigualdad, la extrema pobreza, las violencias directas y estructurales, la marginación y discriminación.
Desde Asuntos del Sur, como una organización regional comprometida con la paridad y la inclusión, nos pronunciamos en el más sentido tono de humanidad y sensibilidad para solicitar a Gobiernos, organizaciones y personas con capacidad de incidir en las decisiones y políticas públicas atender la pandemia del COVID-19 y sus impactos y hacer todos los esfuerzos posibles para asistir a las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
La paralización de actividades económicas generará una recesión a gran escala. Se estima que una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas podrían quebrar (OECD, 2020), implicando un aumento dramático del desempleo, con especial impacto en el empleo informal (OIT, 2020). De acuerdo a la CEPAL (2020), la pobreza podría incrementarse en más de 2%, afectando sobre todo a jóvenes menores de 34 años, mujeres, poblaciones indígenas, afrodescendientes y migrantes.
En lo que hace a la diversidad de mujeres, su participación en los mercados de trabajo es de 51,7%, por debajo del 76,9% de los hombres (OIT, 2019). Ellas poseen las fuentes laborales más precarias y peor remuneradas, ganando un 17% menos de salario que los hombres por hora trabajada y representando 59% de la fuerza laboral informal (OIT, 2019). Asimismo, 18 millones de mujeres en la región se dedican al empleo doméstico remunerado, y el 78% están en la informalidad (ONU Mujeres, 2020). A su vez, 1 de cada 5 mujeres ejercen roles de cuidado en el sector salud, con menor protección preventivo de bioseguridad, lo cual las expone a una mayor probabilidad de contagio del virus. Se debe reconocer y redistribuir las cargas de trabajo no remunerado que se producen en las casas, por cuidados de salud y de niñas/os, personas mayores, que mayoritariamente están a cargo de las mujeres. A todo lo anterior debe sumarse la violencia de género en el hogar, la cual de acuerdo a cifras de ONU Mujeres (2020), se incrementó hasta en 51% en algunos países.
Respecto a la población LGTTTBIQ+, se pone de manifiesto situaciones de extrema vulnerabilidad debido a su dificultad de acceso a fuentes laborales formales, la falta de reconocimiento de su identidad, bajo nivel de políticas focalizadas, y la alta prevalencia de casos de HIV/SIDA, la cual corre el riesgo de no poder recibir medicación y atención de salud ante la reorientación de recursos para atender la pandemia. Asimismo, se reconoce la existencia de denuncias de detenciones arbitrarias a poblaciones trans que se agudizan en este contexto.
A nivel urbano, la situación de los asentamientos informales es dramática. La pandemia no se vive de la misma manera en barrios de clase media y alta, con respecto a los barrios populares. En estos últimos, el hacinamiento y la falta de servicios básicos como agua, incrementa el riesgo de contagio considerablemente. Gran parte de la población que reside en estos, trabajan de manera informal, por lo que la cuarentena y el distanciamiento social, no sólo las aísla más, sino que repercute en sus economías y aumenta sus niveles de pobreza.
Ante tal contexto, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Esta situación nos preocupa y nos ocupa, siendo nuestra misión, desde Asuntos del Sur, construir y aportar a democracias paritarias, inclusivas y más participativas . Es necesario tener en cuenta las múltiples interseccionalidades que atraviesan las distintas poblaciones (personas con discapacidad, migrantes, quienes viven en asentamientos informales, personas trans, quienes viven con VIH, pueblos originarios, entre otras identidades). De esta forma, buscaremos extremar nuestro trabajo para visibilizar los impactos en estas poblaciones e instar a generar acciones específicas para apoyar a las mismas. Hoy más que nunca, es prioridad orientar las políticas sociales de emergencia al desarrollo social en los sectores más vulnerables desde una mirada redistributiva e inclusiva y de empoderamiento ciudadano. Sólo de esta forma, podremos apuntar a una salida colectiva, sin dejar a nadie atrás.
Equipo Asuntos del Sur
(English version at the end)
English version:
Un mapa es una realidad de interacciones que desde abajo empodera y transforma
( Las redes en el territorio frente al COVID19)
Por qué los países con mejores resultados ante el COVID19 son gobernados por mujeres
La pandemia por coronavirus puede ser una de las más grandes pruebas de liderazgo político que el mundo haya presenciado. Todos los líderes y lideresas, se enfrentan a la misma amenaza potencial y están reaccionando de manera diferente, en su propio estilo. Entre los mejores países que han afrontado la pandemia por el coronavirus se destacan: Noruega, Alemania, Nueva Zelanda, Finlandia, Dinamarca, Islandia y Taiwán.
¿Qué tienen en común estos países? Inicialmente, todos tomaron políticas públicas similares: la creación de políticas de aislamiento apenas empezó la propagación del virus, el cierre de fronteras de manera preventiva, las estrategias sanitarias para la detección temprana de casos, el seguimiento riguroso durante las fases tanto de respuesta como de recuperación; identificación de los peligros, vulnerabilidades y capacidad de abordaje estatal de los riesgos; el buen uso de las nuevas tecnologías para la difusión de conocimientos sobre los riesgos en las emergencias junto a una educación sanitaria, y la transparencia en la toma de decisiones. Ah, y todos son países liderados por mujeres.
Esta fuerte correlación amerita un análisis de causalidad: ¿qué distingue a las mujeres gobernantes de los hombres que gobiernan? y ¿por qué fueron precisamente mujeres quienes tomaron esas medidas? Podría decirse que es casualidad, pero hay razones para creer que estas mujeres gobernantes en realidad lideraron a sus diversos países de manera diferente frente a sus pares hombres.
Una investigación del MIT, proporciona fuerte evidencia que refiere a que la identidad de género de quien ejerce el poder influye en las políticas públicas. Los datos de la investigación señalan que las mujeres electas para liderar invierten más en los bienes públicos. Esto incluye gastos recurrentes y de capital provenientes del sector público destinados a la prestación de servicios de salud, actividades de planificación familiar, de nutrición y a la asistencia de emergencias para la salud; asuntos públicos estrechamente vinculados a las preocupaciones más relevantes para las mujeres por sus obstáculos históricos en el acceso a los mismos.
Lo anterior se corresponde con las cifras que indican que los países liderados por mujeres forman parte de los gobiernos con mayor presupuesto público de salud per cápita. Y, ante la pandemia por coronavirus, se ve cómo efectivamente son estos países liderados por mujeres (Noruega, Alemania, Nueva Zelanda, Finlandia, Dinamarca, Islandia y Taiwán), los que han tenido mejor respuesta ante la crisis sanitaria, no solo para aplanar la curva, sino para eliminarla.
Cónsono con esto, Flavia Bustreo, Subdirectora General de Salud de la Familia, la Mujer y el Niño de la OMS, afirma que la participación social, política y económica de las mujeres está estrechamente asociada con mejores resultados sanitarios. Por ejemplo, donde gobiernan mujeres, hay menos muertes. Esto lo corrobora una investigación basada en datos de las oficinas electorales provinciales de Canadá, en la cual se descubrió que a medida que el porcentaje promedio de mujeres en el gobierno ha aumentado históricamente, las tasas de mortalidad total han disminuido en un 37.5 por ciento (de 8.85 a 5.53 muertes por 1000 personas).
Åsa Regnér, Directora Ejecutiva (A) ONU Mujeres, señala que esto sucede porque cuando las mujeres lideran y participan en la toma de decisiones, cambian las prioridades y la forma en que se destinan los recursos. Entonces, ¿en realidad las mujeres gobiernan mejor? La respuesta no es tan simple como sí o no. Según diversas investigaciones, si bien los hombres y las mujeres son igualmente efectivos, se concluye que las mujeres son, en algunos sentidos, mejores líderes que los hombres; esto se puede adjudicar a la vinculación y la responsabilidad con la que las mujeres asumen las agendas sociales y a la prioridad que dan a atender agendas de salud, frente a los hombres, quienes como prioridad atienden la agenda económica. Sin embargo, las mujeres sufren la desventaja de que los roles de liderazgo tienen una imagen masculina, especialmente en algunos entornos y en niveles superiores.
Lo que sí es seguro es que los países que están viendo mejores resultados frente a la crisis, son los que vienen implementando la paridad como principio en sus democracias. Por lo que estos datos parecen sugerir que cuando las condiciones políticas permiten que las mujeres lideren, se fomentan procesos de innovación política que contribuyen al bienestar colectivo. Por lo tanto, la información indica que seguir impulsando la inclusión y participación en todos los niveles de gobierno, no es sólo cuestión de corrección política, también es cuestión de mejores resultados.
Georgia Rothe – @georgiarothe
Analista Proyecto SISA – Mujeres Activando
Asuntos del Sur
Tejiendo mujeres, trenzando luchas. Los obstáculos de la participación política de la diversidad de mujeres en Guatemala es el resultado de la investigación de Asuntos del Sur Las Poderosas-Teatro, liderada por Cora Ruiz Tena, fruto de los 20 meses de investigación-acción SISA-Guatemala, en el marco del proyecto SISA Mujeres Activando.
Para ello, entrevistamos a 10 lideresas, que fueron seleccionadas a partir de un mapeo sobre las colectivas de mujeres en Guatemala, las cuales se les realizó una entrevista en profundidad. Entre las que figuran Sandra Morán -diputada del Congreso de la República de Guatemala por el Partido Convergencia-, Adriana Quiñones -representante de ONU-Mujeres en Guatemala-, Francisca Gómez Grijalva, maya k’iche’ -responsable de promover el acceso a la justicia para mujeres y niñas kaqchikel, tz’utujil y k’che’ vulneradas en sus derechos en la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia-, Meylin Lorena Mejía López de la Asociación Mujeres Transformando el Mundo, Glenda Joanna Wetherborn, afroguatemalteca creole, de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora y Ch’umilkaj Curruchiche Nicho, artista maya kaqchikel del Movimiento Artistas Mayas Ruk’ux, entre otras referentas.
En este trabajo nos hicimos las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los obstáculos que se encuentran la diversidad de mujeres en sus activismos políticos y en su día a día? ¿Y las jóvenas? ¿Es posible hablar de una agenda colectiva en Guatemala? ¿Qué herramientas y qué estrategias son exitosas para sortear dichos obstáculos?
Además, realizamos un grupo focal con mujeres defensoras de los derechos humanos de los distintos departamentos de Guatemala, activistas y académicas reconocidas del país. Finalmente, el trabajo de campo se complementó con la incorporación de los conocimientos fruto del trabajo colectivo de los dos talleres SISA junto a lideresas provenientes de los departamentos del país. En su mayoría jóvenas, pero también adultas, mujeres indígenas de distintas comunidades mayas (Kaqchikel, Mam, Tz’utujil, Q’eqchi’ y K’iche), mestizas, afro-creole y trans.
Para la investigación-acción, se identificaron los obstáculos que impiden la participación efectiva de las mujeres, siendo las violencias de género una parte considerable de las limitantes. Así, se analizan si los obstáculos identificados en la literatura se verifican (y cómo) en el territorio operan las distintas dificultades, sus múltiples intersecciones, cómo se conectan y articulan las diferentes opresiones, y el modo en que se van agravando las situaciones de discriminación y expulsión de la participación política y pública de la diversidad de mujeres. Asimismo, desde la búsqueda de aportes de las propias mujeres, especialmente las más jóvenes, se trata de sintetizar las estrategias que han logrado generar impactos para sortear estos contextos de violencias machistas y que han contribuido al fortalecimiento del empoderamiento de dichas mujeres en Guatemala.
Esta investigación forma parte del proyecto SISA, que lidera Asuntos del Sur con el apoyo del IDRC. SISA aborda cómo la diversidad de mujeres a través de sus activismos feministas fortalece sus liderazgos, y de esta forma, sortean las diferentes situaciones de violencias machistas en las que se encuentran en su día a día, en cuatro países de América Latina: Guatemala, Ecuador, Paraguay y Argentina.
La investigación se puede descargar gratuitamente aquí
Por Esteban Tavera
La mañana de este miércoles 25 de marzo un aplauso quebró la monotonía que ha traído consigo la cuarentena. Desde que empezaron las medidas de aislamiento que pretenden frenar la expansión del Covid-19, la calle en donde vivo ha perdido su vida, y más en ese fin de semana largo –larguísimo–. Esos cuatro días descanso –¿de espera?–, en esta calle gobernó un silencio que solo se rompió a las nueve de la noche durante el rato en que los vecinos sostuvieron sus aplausos de agradecimiento al personal médico que se enfrenta a esta pandemia.
Pero esa mañana, el gesto fue mucho antes. Desde que empezaron a circular en redes sociales los videos, fotografías e historias provenientes de varios países de Europa en los que se ve a miles de personas aplaudiendo a quienes permanecen en hospitales, sanatorios y clínicas, pero también a quienes no dejan de cocinar, sembrar, vigilar, socorrer y limpiar; desde que eso ocurre, en algunos países de América Latina se quiso copiar la idea y ya hoy se ha vuelto casi un pacto tácito: a las nueve de la noche salimos a aplaudir.
Sin embargo, la mañana de ese miércoles era muy claro que mi vecina había obrado por fuera del pacto. Agradecí mentalmente que por fin algo nos sacaría de la monotonía y luego salí a ver qué era aquello que había roto la regla de las nueve. Como fui uno de los primeros en salir, alcancé a darme cuenta de quién era la motivadora del aplauso, que rápidamente ya se había expandido por varios balcones aledaños; una vecina que vive casi a la misma altura en que vivo yo, en uno de los edificios de enfrente. Recordé que una de las noches calladas del fin de semana había sido ella quien salió a su balcón a pedirle airadamente a un transeúnte que se fuera para su casa. “Andá a tu casa, la puta que te parió”, le dijo.
La razón de su alteración del nuevo orden era que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires había parqueado una patrulla justo debajo de su edificio para vigilar a quienes pasaran por allí caminando o en auto. Mientras los policías se equipaban con guantes, tapabocas y alcohol en gel, mi vecina, que ya estaba acompañada por varias otras personas, les expresaba agradecimiento y aprobación. Uno de ellos levantó su mano y movió la muñeca como saludando. La escena se ha repetido durante todos estos días.
¿Se habrá repetido también en otras calles, en otros barrios y en otras ciudades? Pensé que sí. Lo que leo en redes sociales y medios de comunicación me hace suponerlo. Cada vez es mayor la sensación de que necesitamos tener a la policía en la calle y de que su tarea allí es la de ser contundentes con quienes aún no se hacen a la idea –por que no quieren, porque no pueden o porque no la entienden– de que deben estar encerrados en sus casas. “Lo que no entra con la razón, va a entrar con la fuerza”, dijo Alberto Fernández, presidente de la Argentina, ese mismo miércoles del aplauso mañanero, tal vez empujado por la ola de reclamos de mano dura. En otros países de la Región, el asunto a sido aún más alarmante. Han empezado a promulgarse decretos que permiten a las policías o los ejércitos usar todos los medios a sus alcances para salvaguardar el aislamiento forzado, lo que se suma a la pandemia de policías de balcón. Los casos más tristes de esto son los de Perú y Colombia, pero ningún país sale en limpio.
Somos conscientes de que el encierro no será el remedio, pero creemos que al menos puede ayudar a que el virus no acabe con nosotros. Así de poderoso es el enemigo que enfrentamos. Será por eso que, para mucha gente, hasta la crueldad vale para frenarlo. En últimas, lo que está en juego de un lado y del otro, lo que se ve amenazado tanto por la pandemia como por la respuestas punitivas, es nuestro propio cuerpo. Estamos entre la represión y el disciplinamiento.
“En nuestras sociedades –dice Michel Foucault¹–, hay que situar los sistemas punitivos en cierta ‘economía política’ del cuerpo: incluso si no apelan a castigos violentos o sangrientos, incluso cuando utilizan los métodos ‘suaves’ que encierran o corrigen, siempre es del cuerpo del que se trata —del cuerpo y de sus fuerzas, de su utilidad y de su docilidad, de su distribución y de su sumisión”.
Pero, cuidado, el enemigo es el Covid, no quienes aún no quieren o pueden encerrarse. Esto parece que no lo han entendido muchas personas, entre quienes, claro está, están los y las policías, que, como todos los demás, también se ven presos del estrés que ha generado esta pandemia. En momentos de pánico, como lo enseña Eugenio Raúl Zaffaroni, se levanta un muro que separa entre un ellos y un nosotros, que marca el límite entre los buenos y los enemigos.
“El pánico moral –dice Zaffaroni²– es el resultado del bombardeo continuo de noticia rojas, de la reproducción criminal provocada por esas mismas noticias, de la permanente instigación a la venganza, de la creación de una realidad en la que los únicos males provienen de ellos”.
Y ya empezamos a ver los efectos de los bombardeos mediáticos que se enfrentan a la pandemia del Covid. Han comenzado a circular videos que muestran graves casos de violencia policial en diferentes ciudades latinoamericanas, y la enorme mayoría comparte un factor común, las víctimas son los mismos de siempre: los pobres, los excluidos.
Esta pandemia no puede enfrentarse a costa de la humanidad. No puede ser que mientras médicos, médicas, enfermeros y enfermeras libran una batalla diaria en contra de un virus que tritura pulmones, en las calles estemos pidiendo a gritos una mano dura que triture cuerpos enteros. Si no, ¿para qué nos salvamos? No puede sucedernos lo de la historia del explorador que pregunta: “¿Hay caníbales aquí?”, y escucha como respuesta: “No, aquí no hay caníbales. Ayer nos hemos comido al último”.
—
¹ Michel Foucault. Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. 2008, p. 32. México, Fondo de Cultura Económica.
² Raúl Zaffaroni. La palabra de los muertos. Conferencias de criminología cautelar. 2017, p. 278. Buenos Aires, Ediar.