La digitalización y la innovación pública ¿Van de la mano?
Autor: Cristian León*
La agenda de innovación pública no es en sí misma una agenda de digitalización de la gestión pública, pero a menudo quedan solapadas y hasta confundidas. ¿Qué tanto dependen una de la otra?. Ante el nuevo contexto que vivimos, se puede decir que mucho.
Las fuentes de la innovación pública
Empecemos estableciendo que la innovación pública siempre fue una agenda separada de la digitalización. La innovación pública es una cultura de transformación de los gobiernos tanto en sus procesos internos como en sus servicios externos a partir de tres premisas. La primera se refiere a un cambio en la comprensión del valor público – desde el criterio de eficiencia liberal al de resolución de necesidades -. Segundo, promueve un Gobierno Abierto, con base en la transparencia, participación y cocreación. Tercero, se centra en la inteligencia colectiva como fuente inagotable de conocimiento y capacidad distribuida.
Hasta ahí se puede innovar el sector público sin digitalizar. Gran parte de las transformaciones se introducen a partir de cambiar ciertas prácticas, nivelar capacidades y emplazar espacios de encuentro entre ciudadanía y gobierno. De hecho, los mecanismos de mayor impacto no son en sí mismos tecnológicos, sino de diseño institucional y político. La innovación pública es, a todas luces, una agenda de democratización del servicio público.
Por su parte, lo digital se convirtió en una suerte de solucionismo que, en vez de resolver varios de los déficits democráticos, ocultaba otro tipo de intereses. Iniciativas como las de ciudades inteligentes – que justifican la instalación de todo tipo de sensores de medición y control -, mayores mecanismos de vigilancia para la seguridad ciudadana, interoperabilidad de sistemas sin garantías para los datos personales, entre otras iniciativas, supusieron altos riesgos para varios Derechos Humanos.
Cuando la pandemia obliga
En un contexto de pandemia y en el cual el distanciamiento social parece haber cambiado varios aspectos de la cultura laboral y de servicios, ¿Es posible seguir pensando la innovación pública sin la digitalización? Claramente, no.
Hoy es difícil pensar que vamos a poder seguir sosteniendo una innovación pública sin repensar cómo el gobierno llega a la ciudadanía. Esto conlleva avanzar en varias de las dimensiones de gobierno digital que, por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) promueve como bases de la digitalización:
- Procesos y servicios pensados y creados desde las oportunidades que brindan las tecnologías
- Mecanismos y toma de decisiones que usen datos como principal fuente de consulta
- Funcionamiento del gobierno como plataforma, lo que implica que la mayor cantidad de servicios se encuentren disponibles en un ecosistema lo más abierto posible.
- Apertura de la información por defecto, y no post-generación.
- Tecnologías pensadas de manera inclusiva para todo tipo de usuarios/as.
- Proactividad: anticipar las necesidades de la población y responder rápidamente.
Digitalizar desde América Latina
A los anteriores puntos, cabe sumar tres aspectos más que necesarios para el contexto latinoamericano.
Por un lado, accesibilidad e inclusión digital, para lograr llegar al máximo posible de la población – tomando en cuenta que en muchos países, de acuerdo a un reciente informe de la CEPAL, existen aún grandes porcentajes de la población no conectada. Por el otro, una alfabetización digital dentro y fuera del gobierno. Esto va más allá de enseñar las herramientas básicas, pero de fomentar una cultura de lo digital desde lo abierto. Finalmente, la protección de los datos personales y la privacidad, como principio rector de la digitalización, brindando así garantías para que todo sistema y acción de gobierno, se enmarque en el respeto de los derechos humanos.
Si la innovación pública ayuda a democratizar la toma de decisiones, y la digitalización ayuda a generar procesos más eficientes y acceso a servicios, entonces la combinación de ambos tiene una mayor potencialidad de transformación. Por tanto, ambas son dos agendas que además de complementarias, son para estos tiempos, prácticamente indivisibles.
*Director programático de Asuntos del Sur y coordinador del proyecto Innovación Pública 360
América Latina es la región más desigual del planeta. La COVID-19 ha puesto en evidencia esta afirmación y ha aumentado los impactos diferenciados por género. Las cargas que han derivado de esta son particularmente graves para las mujeres en general y, más todavía, cuando las diversas identidades se cruzan: mujeres indígenas, afrodescendientes, en situación de pobreza y migrantes, entre otras.
La pandemia planteó el dilema de estar más conectados a pesar del distanciamiento. La educación, trabajo, acceso a servicios públicos, entre otras necesidades, tuvieron que rápidamente trasladarse al plano digital, adaptando formatos y, en algunos casos, hasta reinventándose. No obstante, al hacerlo mostraron la precariedad de infraestructura y servicios en prácticamente todos los países del sur global: grandes brechas de acceso y uso, problemas de seguridad, carencia de plataformas y contenidos adecuados, ausencia de legislación, entre otros. Si la salida de esta crisis depende en gran parte de la capacidad digital de los países, dejaremos a un gran porcentaje de la población atrás.
La pandemia del COVID-19 se nos presenta como un desafío de alcance global y, como tal, se necesitan emplazar y coordinar distintos niveles de colaboración y cooperación. La inteligencia colectiva debe permear las adaptaciones institucionales y los liderazgos impulsar acciones que articulen lo nacional con local y la colaboración entre gobiernos y ciudadanía.
La emergencia del COVID-19 fue, en sus inicios, subestimada por la mayoría de los gobiernos a nivel global. Ello llevó a que los sistemas de salud sean sobrepasados, aún en los países que cuentan con mayor presupuesto, infraestructura, personal médico e insumos. La rapidez y tipo de medidas implementadas, con protocolos adecuadamente aplicados, fueron determinantes para frenar las curvas ascendentes de personas infectadas, y así, salvar más vidas.
El COVID-19 trajo consigo a uno de los mayores desafíos de gestión pública nunca antes vistos para autoridades y funcionarios/as de gobierno. De acuerdo a las proyecciones, si los gobiernos no intervienen, en promedio, el 60% de la población podría llegar a infectarse.