[author] [author_image timthumb=’on’]https://asuntosdelsur.org/wp-content/uploads/2019/10/CarlosFlores.png[/author_image] [author_info]Autor: Carlos Flores, periodista[/author_info] [/author]

Foto: RTVE.es

«Espero que la ciudadanía sepa comprender». Probablemente, el vicepresidente Otto Sonnenholzner pensó que las próximas medidas económicas tendrían una fuerte respuesta social. La expresión se hizo viral en las redes sociales y de inmediato las alertas sobre un “paquetazo” saltaron a la opinión pública. Había la sospecha de que se tocaría el tema de los subsidios. Y en efecto, cuando el presidente de la república, Lenín Moreno, anunció el ajuste económico en cadena nacional, la única medida que hizo ruido, y produjo enojo e indignación fue: eliminar los subsidios para el diésel y la gasolina extra y ecopaís.

En su tiempo, el gobierno que presidió Rafael Correa también barajó esa opción y explicó los altos costos que representan para el Estado mantener una medida que beneficia “más a los ricos que a los pobres”. Una línea que Moreno también usó para justificar la decisión. La diferencia es que su antecesor no lo aplicó. Él, sí. Por eso dijo: “Estas son decisiones postergadas por décadas”.

Ecuador tiene historia sobre qué sucede con los gobernantes que anuncian medidas económicas que perjudican a las grandes mayorías empobrecidas. Ocurrió, por ejemplo, con el autodenominado “gobierno de los pobres” de Abdalá Bucaram, o con Jamil Mahuad que representa el caso más doloroso en la historia económica y social del país. Con estos u otros casos, los anuncios económicos llevaron a los gobernantes de turno hacia un túnel que terminó con su salida del Palacio de Carondelet.

Y en dichas movilizaciones sociales, los indígenas tuvieron un rol relevante.

Por eso el anuncio de estas medidas suscitó prontamente la sospecha de que este gobierno se “caería”. Pero, a ese antecedente histórico también hay que sumarle hechos más coyunturales: la baja aceptación del presidente Moreno bordea el 20%, el correísmo concentra el descontento contra lo que llama “el peor gobierno de la historia” y que se trata de un régimen percibido como frágil, más aún cuando entra en comparación con la figura hiperpresidencialista y autoritaria del expresidente Rafael Correa.

Tras el anuncio, los movimientos indígenas llegaron en importante número a Quito, capital de Ecuador. Las protestas se dejaron sentir, y los hechos obligaron al régimen a tomar acciones como mover la sede del gobierno a Guayaquil, declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional, desplegar en territorio a los militares (incluyendo las tanquetas antimotines) y a todo el contingente policial y restringir la movilidad en las áreas donde funcionan entidades públicas, una suerte de “toque de queda” focalizado para impedir que los manifestantes lleguen a tomarlos.

Este amplio despliegue militar y policial en todo el país reveló el temor y la debilidad del régimen frente a líderes y lideresas indígenas que llegaron con una agenda clara: bajarse las medidas económicas del gobierno. Pero, la oposición correísta no dejó pasar la ocasión para insistir en aquello que maneja desde que comenzó el gobierno de Moreno: la renuncia del mandatario y convocar a elecciones generales. El líder de esta oposición y autoexiliado en Bélgica, Rafael Correa, envió un video en Twitter con el mensaje claro de que llegarán para la recuperación de la patria. Es más: en una rueda de prensa desde el Parlamento Europeo no solamente pidió el llamado a nuevas elecciones sino también dejó abierta la opción de ser candidato, como Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, a la vicepresidencia de Ecuador.

El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, un político que se perfila para postular a la presidencia en las próximas elecciones, también entró en dinámica electoral. Con la movida del régimen de Moreno para gobernar desde esta ciudad costera, Nebot junto a la alcaldesa de Guayaquil, Cinthya Viteri, cerraron filas para defender a esa ciudad contra el “vandalismo” y el “caos”. El llamado y énfasis, con una alta dosis de nacionalismo local y acentuando las diferencias regionales del país, mostraron a un país nuevamente quebrado en sus diferencias sociales. Ese nuevo episodio solamente reflejaba un asunto cotidiano: el señalamiento a los indígenas como “indios”, “vagos” y “sucios” que producen el caos en contra de los que “no son indios” y que quieren trabajar y tener progreso.

Al mismo tiempo, el movimiento indígena exigía sin descanso sus demandas. La jornada de lucha más intensa sucedió el miércoles 09 de octubre, fecha en que Guayaquil celebra año a año sus fiestas de independencia. Mientras en Quito las organizaciones indígenas demandaron sin descanso, en medio de toletazos y bombas lacrimógenas, en Guayaquil salieron a marchar por la paz y el progreso. En Quito, la represión fue dura. Los videos en redes sociales muestran una larga lista de excesos de la fuerza pública. No se respetó nada. Incluso, se lanzó una bomba lacrimógena en una zona de Ayuda Humanitaria que facilitó una universidad para atender a los movilizados. El atentado causó pánico y algunas de las personas que salieron del lugar, fueron perseguidas por elementos policiales.

El descontrol en el uso de la fuerza pública suscitó la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Pero, las acciones de violencia en estos ocho días de protestas también llegaron desde los manifestantes. En un reciente comunicado la misma CIDH, a través de  su Relatoría para la Libertad de Expresión, advirtió que hay más de 80 periodistas agredidos tanto por agentes estatales como por manifestantes.

Aunque en las marchas realizadas el saldo es mayor: ya se cuentan cinco muertos, hay más 700 personas detenidas, y según las organizaciones de derechos humanos, más de 70 personas detenidas de manera ilegal, ilegítima y arbitraria.

En este momento, pese a que el gobierno insiste que se genera “un clima de confianza” para el diálogo, el movimiento indígena señala que no hay tal cosa. Lo que sí queda claro es que, pese a las invocaciones para negociar, ambas partes tienen líneas duras: el gobierno no piensa derogar las medidas económicas y los indígenas piden que eso se elimine. No sé sabe bien cuál será el siguiente movimiento. Lo que sí queda claro es que el estado de excepción tendrá una duración de 30 días según lo dispuesto por la Corte Constitucional (y no por 60 días como inicialmente planteó el régimen) y que Lenín Moreno ha dicho que no piensa renunciar y que no dará un paso atrás en las medidas económicas que ya ha recibido el saludo y reconocimiento del FMI.

El movimiento indígena históricamente ha sufrido represión cuando sale a las calles a exigir sus demandas. En el gobierno anterior fueron reprimidos por un régimen que se tildó como “revolucionario”; hoy, padecen la misma represión, pero de un gobierno que dice optar primero por el “diálogo”.

Un diálogo que no existió con los movimientos sociales cuando este gobierno tomó la decisión de aplicar las medidas económicas que produjeron la crisis que se vive.