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El activismo por una internet libre tiene quien lo represente, se llama IFF

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“Nuestra intención no es volverlos a todos paranoicos, pero sí decirles que hay razones para estarlo” fue una de las frases que refleja el Internet Freedom Festival que desde hace cinco años se lleva a cabo en Valencia, España. Este año, la primera semana de abril, congregó a una gran comunidad de defensores y defensoras de derechos humanos, activistas y expertos/as en seguridad digital. Asuntos del Sur estuvo presente para facilitar un espacio de conversación entre activistas de Latinoamérica en riesgo.

Pocas veces un evento tan global se siente tan local. El Internet Freedom Festival (#IFF) tiene eso, no sólo porque desde hace 5 años nombró a Valencia como su sede, generando su propia territorialidad, sino también porque se ha convertido en una gran comunidad en sí misma. Las personas que se dan cita para asistir a este evento han logrado crear un fuerte lazo de confianza, poco visto en otros espacios.

El IFF es una suerte de desconferencia que, desde hace 5 años, aborda un tema sensible: los riesgos y amenazas para el internet como un medio y espacio para la comunicación de activistas en el mundo. Hoy, luego de destaparse las acciones de desinformación y recolección de datos personales sin consentimiento que llevan a cabo gobiernos, empresas y organizaciones políticas, esto parece un discurso más bien algo recurrente. No obstante, quienes fundaron el IFF ya lo sabían, por eso vienen reuniendo una gran capacidad técnica y social para gestionar prácticas que puedan fortalecer la autodefensa de activistas por lo derechos humanos y otras causas sociales.

Como Asuntos del Sur, asistimos por segunda vez al IFF para promover una visión de una América Latina articulada y dispuesta a construir inteligencia colectiva para contrarrestar potenciales embates a nuestras democracias. Así, coordinamos una sesión titulada “Construyendo resiliencia digital en contextos represivos de América Latina”. Esta sesión fue un espacio abierto, en mesa redonda, que incentivó la participación de más de 20 activistas de nuestra región, que sienten motivación por colaborar y compartir sus experiencias.

Desde cada país, y cada contexto, se habló distintos riesgos percibidos, varios de los cuales surgen a partir de una militarización de la ciberseguridad y mayor criminalización de la protesta. Los países con situaciones más represivas son sin duda Venezuela y Nicaragua, que están atravesando agudas crisis políticas. Ambas comparten, en alguna medida, similares riesgos: confiscación o sustracción, a manera de robo, de dispositivos y vigilancia selectiva.

En el primero, además, tomó relevancia las censura a páginas y servicios web, los cuales han sido detectados por varios activistas a través de las sondas del Observatorio Abierto de Interferencias de la Red (OONI). En Brasil,  Argentina, Paraguay y otros países de Centro América, aunque se perciben menos focos de violencia, las amenazas vienen más de las prácticas de vigilancia a través de cámaras, reconocimiento facial, drones y control de información, por citar solo algunas. Hay poca transparencia sobre cómo se están ejecutando estas políticas y los datos que se están recopilando. En otros casos, como el Bolivia, el problema surge a partir de intenciones de regulación y poca legislación que promueva la protección de derechos, en vez de control de la opinión pública.

A partir de esta situación, la estrategia más recomendada por quienes asistieron a esta sesión fue la de generar mejores prácticas, en vez de simplemente difundir más herramientas. Un problema frecuente es que se intenta llevar a audiencias en riesgo (activistas, periodistas y personas con perfil expuesto) a nuevas herramientas, lo cual genera dos dificultades: estas no se encuentran localizadas (no tienen soporte en español, por ejemplo), y tienen una curva de aprendizaje poco accesible para personas con poco conocimiento técnico. No estamos necesariamente más seguros/as por utilizar cifrado en nuestros mensajes si no construimos resiliencia en comunidad.

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Los riesgos no se van a disipar en el corto plazo. Todo apunta a que las empresas y gobiernos  busquen más y más control. De hecho, al mismo tiempo de realizarse este evento, Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, demandaba mayor regulación y control de contenidos, con la posibilidad de convertirse ellos mismos en decisores de qué es y no correcto. Esta situación implica que cada vez se requiera más miradas y formación desde la resiliencia digital, no porque sea algo que deseamos, sino porque es nuestra única oportunidad de proteger nuestros derechos.

El IFF fue eso, la oportunidad de practicar resiliencia desde una comunidad altamente activa y solidaria. La efectividad de la defensa de nuestros derechos no reside en nuestras conocimientos y capacidades, sino en la integridad de nosotros tanto como individuos y como también formando parte de un colectivo.  

Autor: Cristian León, coordinador InnovaPolítica Latam  

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