En medio de una gran convulsión social -debido a la crisis económica imperante-, esta semana Buenos Aires es sede de la Conferencia Internacional de Datos Abiertos (IODC18), Abrelatam, así como de varios otros eventos para la discusión, reflexión y conmutación de agendas en torno al manejo y uso de datos. Una gran parte de las personas asistentes se relacionan con temas político-sociales: son tomadoras de decisiones, asesoran en gestión pública, desarrollan aplicaciones cívicas, son activistas de los derechos humanos. Es decir, no necesariamente trabajan en el área de la informática o se dedican a la tecnología por la propia tecnología.

Es por ello que surge la nterrogante; ¿Qué tienen que ver los datos que interesan tanto a la política? o, mejor dicho; ¿qué pueden hacer los datos por la política?  En la era digital, la generación, uso y gestión de datos dejó de ser una cuestión meramente técnica, para convertirse en una de los aspectos más estratégicos y críticos de las ciencias sociales. Esto se debe a que los datos ya no representan solamente unidades de información que deben ser procesadas, sino que tienen múltiples connotaciones de vital importancia para la sociedad. Los datos son un recurso con alta potencialidad de impulsar el desarrollo, fortalecer las democracias y generar mayor igualdad.

Lo anterior, sin desconocer que los datos también necesitan ser sometidos a una reflexión con respecto a su mal utilización para fines contrarios a los anteriormente mencionados. La desinformación, el aprovechamiento de datos personales -vulnerando la privacidad de las personas-, el tecnoelitismo, entre otros aspectos,  son también puntos que deben ser divisados en los debates.

Enmarcado en todo lo anterior, en este artículo revisamos al menos tres aspectos claves para entender por qué tanto interés en torno a la agenda de datos abiertos. ‍

Datos abiertos para la transparencia‍

La corrupción es un problema endémico en toda América Latina y uno de los que más ha frenado el desarrollo. De acuerdo a encuestas de opinión, la corrupción se encuentra entre los cuatro principales problemas percibidos por la población, y es la principal razón de la crisis de representación, esto si por ejemplo tomamos en cuenta que sólo 3% de la población cree que los políticos no son corruptos. En ese marco, el margen de acción es tanto amplio como crítico.

Los datos abiertos pueden hacer mucho para mejorar la transparencia y empezar a incidir en la confianza hacia el sistema político. De acuerdo al Open Government Partnership (OGP), la apertura de datos ha demostrado tener una correlación positiva con la reducción de la corrupción. Asimismo, ésta incide en incrementar las expectativas positivas e incentivar a que la población busque acercarse más a sus gobiernos, impactando así en la confianza.

Ahora bien, publicar información por sólo buscar cumplir con ciertos niveles de transparencia, no logra de por sí el resultado buscado. Para generar rendición de cuentas y reducir la corrupción, la apertura de datos debe hacerse en temas estratégicos, por ejemplo, en presupuestos, formatos y maneras que de fácil acceso por parte de la población.

Datos abiertos para la gestión pública y el desarrollo‍

Los datos abiertos tienen una alta potencialidad de mejorar la gestión pública, al  generar procesos más eficientes y de menor costo. Estos, a su vez, pueden promover el surgimiento de nuevos encadenamientos productivos y dar mayor valor añadido en la producción de bienes y servicios. Todo en conjunto, por supuesto, tiene impactos directos en el desarrollo social y económico de los países.

Uno de los mayores ejemplos que combina todo lo anterior, son los sistemas públicos de contratación. La organización Transparencia Internacional estima que los costos de la corrupción en las compras públicas alcanzan entre 20 y 25% del valor de cada contrato, llegando en ocasiones al 40-50%. A su vez, cerca del 20% de los presupuestos son mal asignados. Entonces, su mal manejo genera ineficiencia, gasto irresponsable, eleva los gastos de transacción y afecta así a toda la cadena de decisiones. Abrir estos sistemas bajo la lógica de la contratación abierta (open contracting) podría hacer que los Gobiernos ejecuten sus presupuestos de manera más óptima, transparente, y permitir que  empresas y emprendedores  puedan acceder a nuevas oportunidades.

El uso de datos abiertos incide, a su vez, en aspectos estratégicos de las políticas públicas al facilitar la planificación estratégica y la articulación entre distintos sectores estatales. A menudo, se menciona que la coordinación interna a nivel del Estado es una actividad compleja y que debilita la capacidad de acción. Esto es así debido a que la poca interoperabilidad de información puede producir una duplicación de tareas y un bajo aprovechamiento del acervo de conocimiento entre unidades administrativas. Así, datos abiertos generarían lógicas más simples y directas de trabajo, aunque -claro está- existen otras implicaciones que deben ser resueltas en cuanto a seguridad y garantías del uso adecuado de datos.

Datos abiertos y derechos humanos‍

Ninguno de los beneficios que se le atribuyen a los datos abiertos es posible si no se promueve, paralelamente, el derecho al acceso a la información. La legislación sobre este derecho genera el mandato a las instituciones públicas para abrir información y, más allá de eso, de que se pueda acceder a esa información de manera universal.

Se requiere la participación y acceso universal de los datos para que estos puedan convertirse en un beneficio social. Lo anterior implica que los datos no sólo se piensen y publiquen buscando favorecer a un sector técnico, sino que se faciliten mecanismos para que una gran proporción de la ciudadanía pueda entenderlos y hacer uso de los mismos. Para esto, los gobiernos pueden facilitar plataformas y formatos para crear infografías o usar métodos analógicos y lúdicos usando datos. La visualización, ahí, es un elemento clave.

De no hacer el esfuerzo mencionado, se corre el riesgo que los datos abiertos generen tecnoelites y monopolios informacionales, lo cual no sólo reproduciría las actuales brechas socio-económicas, sino que hasta podría acrecentarlas, al dar aún más beneficios y oportunidades a sectores que, de por sí, ya las poseen.

En balance, está claro que los datos tienen una funcionalidad estratégica para los Gobiernos, organizaciones y activistas que desean generar mayor beneficio y bienestar social. No obstante, también cabe preguntarnos acerca de si las personas que trabajamos con datos estamos plenamente conscientes de ello. Al respecto, no sólo son los gobiernos y entidades que deben aprender a abrir datos, sino también somos las personas técnicas quienes debemos demostrar por qué se necesita hacerlo. Esto es necesario recalcar pues a veces, la tecnología por la tecnología nos lleva a la sobre simplificación de la realidad social.

IODC 2018 y Abrelatam tienen, desde todo lo anteriormente descrito, un gran ventana de oportunidad  para demostrar la potencialidad transformadora de los datos. Sus agendas de más de 5 años, han articulado una gran comunidad que año a año se reúne sin falta. No obstante, a su vez tiene un enorme desafío: conectar con una realidad política que es cada vez más adversa con la transparencia, la inclusión y el respeto a los derechos humanos. Los datos, abiertos o no, sin un compromiso con la defensa de la democracia, son peligroso.

Cristian León

Lidera el proyecto de Asuntos del Sur, #InnovaPolíticaLatAm. Licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Catolica Boliviana “San Pablo”. MSc en Estudios Críticos del Desarrollo del CIDES-UMSA. Investigador social en temáticas relacionadas a internet, política, tecnologia y sociedad.