Costa Rica, un edén de muchos retos.
Costa Rica, país ubicado entre Nicaragua y Panamá, se cita a menudo como ejemplo de ecoturismo. Sin embargo, esta forma de turismo sostenible, centrada en descubrir la naturaleza y respetar el medio ambiente, no siempre beneficia a la población local.
Un modelo para un mundo sin carbono.
En los años ‘70, tras un largo periodo de deforestación, Costa Rica decidió apostar por un turismo responsable y emprendió una ambiciosa política de protección del medio ambiente. Si bien esta decisión iba a contracorriente de todos sus vecinos, esta elección fue, a primera vista, sorprendente: actualmente el país se encuentra con una cobertura de bosques de más del 53%, y con más del 98% de la energía del país producida por fuentes renovables (hidroelectricidad, energía geotérmica, energía eólica y energía solar, entre otras).
En 2019, Costa Rica anunció que quería ir aún más lejos, con un plan medioambiental con el que el país alcanzaría su objetivo de 0 emisiones de carbono en 2050. El país se comprometió a que el 70% de los autobuses y taxis sean sustituidos por vehículos eléctricos en 2035, y el 100% en 2050. Vale la pena considerar que, con una población de 5 millones de habitantes, Costa Rica produce sólo el 0,02% de las emisiones totales del planeta. El país alberga por sí el 6% de la flora y fauna del mundo, a pesar de representar sólo el 0,03% de la masa terrestre: un cuarto de su territorio ha sido designado «área natural protegida».
Proteger la naturaleza contra los nuevos apetitos económicos.
Esta «oda a la pura vida» atrae cada año a 3 millones de visitantes extranjeros, que representan entre 8% y 9% del PIB nacional. La pandemia ha tenido un gran impacto en la economía del país, tanto a nivel global como local, con una tasa de desempleo que ha aumentado drásticamente hasta el 14%. En el sur del país, la pobreza ha aumentado bruscamente, incitando a cada vez más personas a desbrozar la tierra en busca de metales preciosos como el oro. La agricultura también preocupa a los ecologistas. Al borde del Mangrove, los cultivadores de piña (principales productores y exportadores del mundo) ostentan el récord de uso de pesticidas por hectárea. La dificultad de introducir el reciclaje de plásticos también es un reto para el país, donde sólo se pueden reciclar los tapones de corcho.
Según Diego Bermúdez, presidente del sindicato de guías turísticos de Costa Rica: “Muchos parques superan el número máximo de visitantes que están autorizados a recibir cada día. Hace diez años, en algunos parques veía cinco parejas de quetzales [una de las aves más preciadas de la región] al día. Hoy, tengo que caminar durante horas para encontrarlos.” Sin embargo, se han tomado iniciativas gubernamentales para luchar contra la contaminación, sobre todo por plásticos: desde el 25 de febrero de 2021, se ha prohibido el uso y la entrada de plásticos de un solo uso en los parques y reservas nacionales.
Por otro lado, el 12% de los ingresos de Costa Rica proceden de un impuesto único sobre el combustible. Si el país logra su objetivo de reducir o incluso eliminar por completo los combustibles fósiles, esta fuente de financiación dejará de ser válida, por lo que habrá que encontrar otros métodos para suplir ese ingreso. Aunque la reforma del «impuesto verde» ya está en marcha, de momento no hay muchos detalles sobre las consecuencias reales de esta reforma.
La otra cara de la moneda
Este paraíso verde esconde también muchas desigualdades. Costa Rica alberga ocho pueblos indígenas: los boruca, bribri, terraba, cabécar, chorotega, huetar, maleku y ngäbe, que representan el 2,4% de la población total del país, unas 100.000 personas. El 34% de ellos vive en los 24 territorios indígenas del país, que juntos representan alrededor del 7% del territorio costarricense.
A día de hoy, la Constitución no reconoce ningún derecho especial a los pueblos indígenas. De hecho, hasta 2015 no se modificó el artículo 1 de la Constitución para especificar que el Estado es multiétnico y pluricultural. El artículo 76 del texto obliga al Estado a garantizar «la preservación y el desarrollo de las lenguas indígenas nacionales».
Hasta 1977 no se concedió a las poblaciones indígenas el derecho al voto. Esta ley reconoce la capacidad jurídica de los pueblos indígenas y establece que los territorios indígenas deben ser gobernados por los pueblos indígenas, según las estructuras comunitarias tradicionales o las leyes de la República que los rijan. En la misma línea, Costa Rica puso en marcha en 2016 un plan nacional para la recuperación de los territorios indígenas (liderado por el Instituto de Desarrollo Rural). Sin embargo, el relator de Naciones Unidas constató en 2022 que no se había producido ninguna restitución. Esto se suma a los ataques sistemáticos contra líderes indígenas y defensores de los derechos humanos y el medio ambiente. En los últimos años se han multiplicado los actos de intimidación (principalmente quema de casas y cultivos, amenazas de muerte).
Como ya se mencionó, un de su territorio está ciertamente etiquetado como «área natural protegida», pero ¿protegida de quién? Parece que no se consulta debidamente a los pueblos indígenas sobre los límites y la gestión de estas zonas «protegidas». Algunas de estas invaden el territorio de los pueblos indígenas, negándoles el acceso a lugares sagrados y la práctica de actividades ancestrales, como la pesca y la caza. Estas actividades se llevan a cabo respetando los conocimientos tradicionales y protegiendo las especies afectadas y el medio ambiente.
Estas desigualdades también se dejan sentir en el plano económico. El racismo estructural provoca un alto nivel de exclusión social y política de los pueblos indígenas. Por ejemplo, la tasa de desempleo en este grupo poblacional es del 59,3%. Además, el 70,1% de los hogares indígenas no puede satisfacer sus necesidades básicas, frente al 24,6% del conjunto de la población costarricense.
Nuevas políticas gubernamentales a favor de los pueblos indígenas
La creación de un mecanismo de consulta indígena para promover la participación política de estos pueblos fue introducida por el país en 2018 como muestra de buena voluntad para integrarlos mejoren los procesos de toma de decisiones. En línea con este proceso, en 2022, el Relator Especial de la ONU sobre Pueblos Indígenas celebró la adopción -por parte de los gobiernos nacionales- de un enfoque interministerial para las cuestiones indígenas. En su opinión, «la gestión y el enfoque de los procesos relacionados con los pueblos indígenas demuestran respeto por las prácticas, los conocimientos y las cosmovisiones indígenas». Queda entonces pendientes observar los próximos pasos que tomará el país, especialmente con la llegada al poder del gobierno conservador de Rodrigo Chaves.
Por Alicia CHARON
