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Elecciones europeas: una amenazante continuidad

“Errar es humano, pero perseverar en el error es diabólico”. Esta frase, que se le atribuye a San Agustín hace cientos de años, pareciera condensar como pocas lo que nos dejan los resultados de las últimas elecciones europeas. El panorama que dejó es relativamente el que se esperaba previo a los comicios: la victoria de las fuerzas conservadoras, el renovado impulso de los extremismos de derecha, los problemas de los progresismos para articular propuestas que entusiasmen (más allá del conclamado “miedo al fascismo”), y la profundización del desencanto de la población que no tiene una identidad partidaria arraigada y que titubeó entre el abstencionismo -casi la mitad de la población con derecho a voto no acudió a las urnas- y la elección de propuestas “antisistema” que chocan de frente con pilares importantes de la tradición democrática europea.

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Hand in medical glove holding a vaccine vial

La vacuna contra la COVID-19: ¿de quién y para quién?

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Nueve de cada diez personas de países en desarrollo no recibirán la vacuna de la COVID-19 en 2021. Esta constatación, tan simple cuanto trágica, es la voz de alarma que desde organizaciones, plataformas multisectoriales, algunos gobiernos y organismos internacionales vienen advirtiendo y sustentando el pedido de liberar temporalmente los derechos de propiedad intelectual de las vacunas para inmunizar a la población mundial del virus de la COVID-19.

Lamentablemente, los planteos (a favor y en contra) sobre la circulación del libre de conocimiento y tecnología para salvar vidas no es nuevo. Así como se encuentran casos como el del descubridor de la vacuna de la polio (John Stalk), que se negó a patentar su descubrimiento, favoreciendo la extensión y la aceleración de su aplicación, otras patentes médicas han tenido un proceso más complejo. Este fue el caso de los medicamentos retrovirales para tratar el VIH, cuyas patentes se liberaron temporalmente a fines de los ’90, y pudieron ser producidas y adquiridas a precios asequibles para los países más pobres y aquellos en vías de desarrollo (aunque considerablemente más tarde que en los países más ricos, causando un gran daño en la población de los primeros)

En diciembre del 2020 comenzó el proceso de vacunación contra la COVID-19 en un puñado de países -la mayoría de ellos, del norte industrializado-. Y, a medida que pasaba el tiempo, y pese a los esfuerzos multilaterales encabezados por la Organización Mundial de Salud -junto a organizaciones y gobiernos aliados-, se mantuvo el patrón predominante del “sálvese quien pueda” y “yo primero” que caracterizan al actual apartheid de las vacunas.

De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud, al 19 de abril el mundo contaba con más de 140 millones de casos de contagios de COVID-19 y 3 millones de muertes. De estas últimas, algo más del 48% ocurrieron en el continente americano, con Estados Unidos (561.611 muertes), Brasil (371.678) y México (212.228) a la cabeza. A su vez, se aplicaron 792.796.083 dosis de vacunas para contrarrestar el virus, en una población mundial de 7.684.000.000. Sin embargo, si la desproporción entre las dosis aplicadas y la población mundial no fuese suficiente, el panorama empeora cuando se analiza cómo se han distribuido dichas dosis. Según manifestara el Director General de la OMS recientemente: el 87% de las dosis fueron aplicadas en países ricos, mientras el 0,2% de la población de los países de menores recursos recibieron alguna dosis. América Latina, que se estipula necesitaría unas 500 millones de dosis para inmunizar a su población, recibirá para fines de abril -mediante Covax- algo menos de 380.000 dosis. Solo un puñado de países tienen un nivel mayor al 12% de su población con al menos 1 dosis: Chile (66,58 dosis por cada 100 habitantes), Uruguay (36,48), Brasil (15,24), Argentina (13,48) y Panamá (12,7). Por su parte, países como Nicaragua, Guatemala y Honduras no llegan siquiera a 1 dosis por cada 100 habitantes.

El mundo no sólo necesita una mayor producción de dosis, sino también que estas lleguen a todos los rincones del planeta, al mismo tiempo y en condiciones tales de volver efectiva la inmunización de la población mundial. Sin embargo, según las previsiones de las farmacéuticas que tienen aprobadas sus vacunas, y ante la desigual (adquisición y) distribución de vacunas, viene empujando con fuerza la idea de actuar e intervenir sobre la producción de vacunas a través de la suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual -como solicitado por India y Sudáfrica, junto a un grupo de países, en el seno de la OMC- o a través de la implementación de plataformas colaborativas para el intercambio de información y tecnología, como Acceso Mancomunado a la Tecnología contra la covid-19 (C-TAP), liderado por la OMS.

El C-TAP fue lanzado por la OMS junto al gobierno de Costa Rica y co-patrocinado por otros 40 Estados reunidos en el Llamamiento a la acción solidaria, 13 de los cuales, pertenecientes a América Latina y el Caribe: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas y Uruguay. Este mecanismo insta a gobiernos, organizaciones financiadoras, empresas y a la comunidad científica a compartir (voluntariamente) el conocimiento, la propiedad intelectual y los datos relacionados con la tecnología de la salud COVID-19. La implementación del C-TAP se realiza a través del Fondo de Patentes de Medicamentos, el Compromiso Open COVID, la Asociación de Acceso a la Tecnología alojada por el Banco de Tecnología de las Naciones Unidas y Unitaid.

Sin embargo, y pese a que potencialmente podría ser una herramienta considerablemente útil -en el ámbito sanitario y económico, pero también para revitalizar una nuestra estructura colaborativa de la gobernanza internacional- al día de hoy ni una sola farmacéutica -que tenga aprobada alguna de las vacunas para combatir esta pandemia- ha adherido a este mecanismo. Ante la ausencia de las grandes farmacéuticas, así como la falta de apoyo de los países de donde estas provienen, poco hay que compartir, y mucho menos material para colaborar.

Diversas organizaciones de la sociedad civil han mostrado su preocupación ante la OMS, por la falta de apoyos efectivos y de resultados tangibles de la C-TAP, a la vez que se insta a la organización multilateral de la salud a tomar un rol más proactivo y transparente.

En lo que respecta al proceso iniciado en la OMC por India y Sudáfrica -en el que se solicita la exención de determinadas disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio para la prevención, contención y tratamiento de la COVID-19-, esta media ha encontrado un fuerte apoyo de más de 80 países de ingresos medios y bajos, en modo de aumentar el ritmo de producción y el costo de acceso a las vacunas. Sin embargo, un reducido grupo de países -ricos-, que son los que obviamente están liderando el ritmo de vacunación a nivel mundial, se oponen. Así, países como Estados Unidos, Reino Unido, Suiza y la mismísima Unión Europea se oponen a la medida, así como también la Federación Internacional de Asociaciones y Fabricantes de Productos Farmacéuticos, aduciendo que sería una mala señal parea nuevas inversiones (que son extremadamente altas) para la investigación y desarrollo de nuevas vacunas y medicamentos.

Las empresas del sector sostienen que los problemas de suministro de vacunas se podrían solucionar mediante la realización de acuerdos bilaterales con productores de medicamentos genéricos para hacer frente a las dificultades de producción, como ya han hecho AstraZeneca, Novartis y Johnson&Johnson con distintos institutos. En el caso latinoamericano, se trata del acuerdo de la primera de estas farmacéuticas realizado con Argentina y México para la fabricación conjuntan de las vacunas que utilizan su tecnología. Sin embargo, como señala el Director General de la OMS, estos mecanismos se están mostrando insuficientes.

No resulta complejo desentrañar los intereses por detrás del posicionamiento de los países más ricos. Por citar un ejemplo, de las 10 farmacéuticas más valoradas en el mundo 2019, 5 son estadounidenses (Pfizer, Abbot, Merck, Celgene y Abbvie), 2 son suizas (Roche y Novartis), 1 alemana (Bayer), 1 francesa (Sanofi) y 1 inglesa (Gsk). A su vez, en un reciente estudio publicado en The Lancet, queda en evidencia que el sector público (representado en los gobiernos nacionales) y el de la filantropía (con la Fundación Bill y Melinda Gates a la cabeza), aportaron -como mínimo- más de 10 mil millones de dólares para el la investigación y desarrollo de vacunas contra la COVID-19. Más del 83% de este financiamiento se concentró en solo 5 vacunas, que tienen como denominador común la presencia del gobierno de EEUU como financiador en todas ellas. A esto se suma el estudio que confirma, para el caso de la vacuna de AstraZeneca, que la industria farmacéutica aportó solo el 3% de los 120 millones de euros invertidos para su desarrollo -provenientes, principalmente, del Reino Unido y la Comisión Europea.

Fuente:  Wouter et al. (2021)

Recientemente, un grupo de ex mandatarios y premios Nobel instaron al actual presidente de los Estados Unidos a que apoye la suspensión de los derechos de propiedad intelectual para la producción de vacunas contra la COVID-19. A esto se suma los resultados de una encuesta, en este mismo país, en el que el 60% de las personas consultadas (de distintas orientaciones ideológicas) expresa su acuerdo con la suspensión temporal de la protección de las patentes de las vacunas contra la COVID-19, lo cual facilitaría el proceso de vacunación mundial.

En este mismo sentido se ha expresado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien -junto a la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión- hicieron un llamamiento a los gobiernos que forman parte del sistema interamericano a que se promueva la distribución justa y equitativa de las vacunas, así como también garantizar que estas sean accesibles y asequibles para los países de medios y bajos ingresos. En especial, en los puntos 27 y 28 de la Resolución, se hace especial mención a la necesidad de avanzar en las dos direcciones mencionadas para promover una inmunización global, tanto en lo que hace a la suspensión temporaria de los derechos de propiedad intelectual como a la necesidad de fomentar el intercambio de tecnologías y conocimientos entre los Estados.

Siguiendo los pedidos de expertos y científicos de todo el planeta, reunidos en la mencionada publicación de The Lancet, una estrategia de inmunización global contra la COVID-19 que sea efectiva debe impactar en cuatro dimensiones: desarrollo y producción, asequibilidad, asignación y despliegue. Es por ello que, para el logro de dicha estrategia, es imperioso que se aumente la producción a escala de las vacunas, que las vacunas estén disponibles cuando se necesiten (para lo cual, los mecanismos cooperativos y multilaterales aparecen como herramientas fundamentales), que sus precios sean asequibles (y, cuando no lo son, deberán tomarse medidas para que lo sean) y garantizar la infraestructura y los medios necesarios para que estas lleguen a todas las comunidades.

Uno de los principales argumentos contra la liberalización de los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas radica en el hecho de considerar las mismas (y, en definitiva, a la salud) como un bien de consumo. Sin embargo, la vacuna de la COVID-19 debe ser considerada un bien público global, como sostuvo el Secretario General de las Naciones Unidas. Siguiendo esta premisa, y bajo el lema “la vacuna de los pueblos”  es que personalidades de todo el mundo instando a una producción masiva y disponible para todo el mundo, de todos los países, que sea gratuita.

Ahora bien, en un mundo en el que reina el “salvase quien pueda” (donde primero, obviamente, se salvan los más ricos): ¿por qué habríamos de esperar que las grandes farmacéuticas actuarán en forma colaborativa y solidaria? Si los gobiernos de todo el planeta van desesperados a ofrecer lo que tienen (y lo que no) para reservarse un puñado de vacunas, estas no tienen ningún incentivo para cooperar, abrir patentes y manejarse por principios que no sean el lucro. Porque recordemos que, ante todo, son empresas. No son depositarias del interés general ni representan a nadie más que a sus inversores. También se abre un interrogante sobre el rol, y qué es esperable, de las fundaciones filantrópicas, como la Fundación Bill y Melinda Gates, que han financiado miles de millones de dólares para el desarrollo de vacunas.

Más allá de todo lo antes mencionado, la responsabilidad de lo que se haga o deje de hacer, así como la factibilidad de cambiar el curso de la actual pandemia sigue recayendo en los Estados y en las capacidades de estos de dotar de sentido (y contenido) los mecanismos colaborativos globales (como Covax y C-TAP). Pero, fundamentalmente, apostando por consensos globales sobre la importancia de salvaguardar la vida de los y las habitantes del planeta ante el mantenimiento de las reglas del mercado.

Autor: Ignacio Lara 

Presidente del Consejo Directivo de Asuntos del Sur – Argentina

Leer en: El Universal (México) | El Espectador (Colombia) | Folha (Brasil) | El Universo (Ecuador)

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Propuesta: Innovar formando agentes públicos para el cambio

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Autor: Equipo de Asuntos del Sur

Terminamos la formación de nuestra primera cohorte de 700 agentes de innovación pública de gobiernos subnacionales y organizaciones de la sociedad civil de más de 14 países de la región. Fue un proceso que iniciamos desde la Academia de Innovación Política en octubre pasado, en el marco del proyecto de Innovación Pública 360, buscando incidir en la adquisición de competencias para la transformación de la cultura de gestión desde el gobierno abierto, la inteligencia colectiva y la digitalización.

¿Por qué formar agentes públicos para la innovación?

Dentro de la perspectiva 360 que adoptamos en Asuntos del Sur, la formación de servidores y servidoras públicos/as responde a la necesidad de brindar herramientas y fortalecer capacidades para acelerar la apertura de gobiernos.

Como habíamos advertido en un anterior artículo, organismos internacionales han observado las grandes dificultades para propiciar transformaciones en los gobiernos de cara a la digitalización y gobierno abierto, debido a bajos niveles de capacitación (ONU, 2018). La pandemia, a su vez, exhibió, con mayor énfasis, la urgencia por tener servidores y servidoras públicas que puedan aprovechar al máximo todas las herramientas disponibles para brindar respuestas rápidas y eficaces. 

Es por ello que, con base en la experiencia que tenemos en formación con la Academia de Innovación Política (AIP), buscamos, en Asuntos del Sur, responder a este gran desafío y brindar un programa de formación para gobiernos a la altura de las circunstancias. 

El Curso en Innovación Pública 360

El programa que generamos consistió en un proceso de siete unidades temáticas diseñadas y desarrolladas por expertos y expertas de trayectoria regional. Entre los temas vistos se encuentran: nuevos municipalismos y derecho a la ciudad, gobierno abierto e innovación, tecnologías cívicas para la innovación pública, participación ciudadana, comunicación política de gestión, planificación sostenible y métodos de participación, co-creación e inteligencia colectiva. El curso tuvo una duración de 9 semanas, contando espacios de introducción a la navegación de la plataforma virtual y espacios de intercambio de dudas y comentarios. Uno de los grandes valores que la AIP ofrece en cada uno de sus cursos es el acompañamiento personalizado a cada uno/a de sus estudiantes a través de un tutor/a que brinda seguimiento semanal a las actividades.

Durante el desarrollo del curso, se generaron dos grandes actividades asincrónicas con el objetivo de que las y los estudiantes pudieran compartir sus experiencias y retos en cuanto a la participación ciudadana y las herramientas y tecnologías cívicas que han utilizado para resolverlas. En el debate se compartieron buenas prácticas y metodologías innovadoras que han utilizado gobiernos subnacionales de toda la región generando un ambiente de reconocimiento y aprendizaje mutuo.

Como valor agregado al contenido brindado en el aula virtual se ofreció una serie de webinarios en vivo y otras actividades de intercambio entre los y las participantes. Así, se desarrollaron los siguientes espacios de discusión con expertos y expertas, los cuales fueron transmitidos a través del canal de youtube de la AIP: 

  1. Gobernanza local y participativa. 16 de octubre. Invitados/as: Rocío Noriega (Congreso Nacional Chile), Enrique Bravo-Escobar (National Endowment for Democracy -NED-), Celía Ramíez (Gobierno de Jalisco).

  1. Tejido digital del Gobierno abierto. 23 de octubre. Invitados/as: Cecilia Nicolini (Asesora del Presidente de la Nación  argentina), Diego Gismondi (Ex subsecretario Santa Fe),  María Paz (GobLab Chile), y Luisa Medina (Ministerio TIC Colombia)

  1. ODS desde lo local: desafíos y buenas prácticas. 13 de noviembre. Invitados/as: Pablo Giles (Gobierno de Argentina), Rocío Molina (AMB Bolivia), Pablo Maturana (AMVA Colombia).

  1. Innovación Urbana y derecho a la ciudad. 20 de noviembre. Invitados/a: Sergio Blanco (ONU Habitat), Mercedes Di Virgilio (CONICET) y Christian Correa (Visor Urbano – México).

Como cierre del proceso de formación realizamos un conversatorio denominado “Gobiernos disruptivos para nuevas realidades”. Tuvimos como invitados/as a tres intendentes/as: Fernanda Alonso, de General Pico; Pablo Javkin, de Rosario y Héctor Gay, de Bahía Blanca; así como al ex Gobernador de Nariño, Colombia, Camilo Romero. Asimismo, contamos con la participación de representantes de los gobiernos de Tucumán, Rosario, Bahía Blanca, Jalisco, Hurlingham y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), quienes compartieron  iniciativas desarrolladas en sus gobiernos durante la pandemia. 

Así, este programa contribuyó a una perspectiva integral para la transformación de los gobiernos, alineada con las necesidades de una era digital y los objetivos de desarrollo sostenible – datos, apertura institucional, participación, colaboración, inteligencia colectiva- pero, sobre todo, con el contexto de nuevos desafíos que planteó la pandemia. 

Aquí algunas de nuestras postales:

Más allá de lo aparente

El mayor aprendizaje del curso fue, sin duda alguna, la articulación y el tejido colectivo logrado a través de múltiples foros y espacios facilitados para la discusión y el intercambio de experiencias. Juntar más de 700 funcionarios y funcionarias públicas de 14 países para pensar juntos y juntas la innovación pública es, en sí mismo, un gran ejercicio de inteligencia colectiva.

Varios/as de los/as participantes del curso, que más que estudiantes son también grandes profesores, se animaron a contar sus vivencias e iniciativas: Alejandra Leon, René Rivera, Milenka Villegas, Santiago, Javier Hernan, Claudia Fullone, Vannia Villegas, Maria Paola, Daniel Marca, Julieta de Luca, Jonatan Campo, Eugenia Velasquez, Laura Durdana y Evelin Chavez. 

Ellos y ellas demuestran cómo, desde sus acciones en territorio, están innovando y generando transformaciones de pequeña escala pero con gran impacto. Este tipo de historias son las que nos animan a seguir impulsando este tipo de proyectos. 

Es por ello que, como Asuntos del Sur, reafirmamos nuestra convicción para formar en 2021 una segunda cohorte de Innovación Pública y conformar una red de agentes públicos para la innovación a nivel regional. 

 

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El feminismo de datos es para todo el mundo

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Autora: Ana Clara Montañez*

Sí, feminismo de datos, una manera de denunciar análisis heteropatriarcales, racistas y coloniales que se enfrenta a las formas patriarcales de pensar la ciencia de datos y la ética de los mismos desde una postura interseccional. ¿Acaso aún pensabas que los datos eran neutrales?

A principios de 2020, Catherine D’Ignazio y Lauren Klein, publicaron el libro Feminismo de Datos, donde muestran su crítica sobre la recopilación, tratamiento y presentación que se hace hoy en día de los datos ante la opinión pública.

El libro parte de un hecho fundamental: los datos se han presentado como el nuevo potenciador de diversos sectores  (privado, públicos y sociedad civil) pero,  si los datos no son desglosados en categorías como sexo, género, raza, etnia, etc.,  no van a reflejar las desigualdades que estructuran las sociedades actuales. Entonces, al igual que los históricos sesgos androcéntricos en la ciencia que demuestran que la ciencia no es neutral, los datos tampoco y los problemas comienzan, incluso, antes de recolectar los datos porque muchas veces esa recopilación está  incompleta.

Por otro lado, si los datos no son  utilizados para actuar atendiendo a las necesidades y demandas de los sectores más vulnerables, se priorizan los intereses de unos pocos en detrimento de las mayorías sosteniendo, de esta manera, las desigualdades.

Ahora bien, que los datos no sean neutrales y existan ciertos sesgos de género no resulta extraño si  consideramos que quienes suelen trabajar en esta actividad son personas dominantes y privilegiadas: varones, cisgénero, heterosexuales y blancos. Esto genera que una parte muy reducida de la población se encuentre trabajando en la recopilación, el mantenimiento y la utilización de los datos y, más allá, diseñando herramientas para una mayoría que no se  encuentra en la intersección de todas esas identidades. Frente a esta situación, el feminismo de datos se propone frenar la reproducción del status quo patriarcal y, por ende, desigual.  Su valor radica, además, en que se producirán proyectos de mayor alcance y con información más completa.

Para comenzar a romper con estas lógicas patriarcales al trabajar en ciencia de datos, es necesario preguntarse: 

  • ¿Sobre quién?
  • ¿Para quién?
  • ¿Sirviendo a qué intereses?
  • ¿Con qué valores?

Catherine D’Ignazio y Lauren Klein presentan, en su libro, siete principios del feminismo de datos:

  • Examinar el poder.
  • Desafiar el poder.

Los dos primeros puntos refieren al análisis del poder. Esto es central porque examinarlo equivale a entender cómo funcionan estas estructuras de poder y a la idea de que el feminismo de datos debe evaluarlas para entender cómo contribuyen a perpetuar diversas injusticias sociales:  “creer en la igualdad continúa pareciendo un proyecto irrealizable. El mundo no está funcionando como debería y nosotras queremos trabajar para lograr que sea más justo ” (2020).

De esta manera, el feminismo de datos trata, entre otras cosas, sobre poder, sobre quién lo tiene y quién no. El  feminismo interseccional examina la distribución desigual de poder. Y, en el mundo contemporáneo, los datos son poder.  De esta manera, el punto de partida del feminismo de datos es algo que la ciencia de datos en general no reconoce: en el mundo, el poder no se distribuye de manera igualitaria. 

  • Elevar la emoción y la corporalidad

Reivindicar las emociones como una manera de conocer y responder al mundo. Tal como sostiene Sara Ahmed (2019), las emociones implican una postura ante el mundo o una manera de aprehenderlo. A través de ellas podemos revisar las formas de socialización que nos consigna el pensamiento patriarcal y que nos llevan a considerarnos inferiores a los hombres. El feminismo es emocional y posee una estrecha relación con la indignación y el miedo pero esto no implica que las emociones que expresa no sean pensadas. Al contrario, el pensamiento feminista involucra una respuesta emocional al mundo que consiste en la compleja reorientación de nuestra relación corporal con las normas sociales.

  • Repensar los binarismos y las jerarquías

Es necesario desafiar los binarismos, no existen sólo dos géneros y existen muchos otros sistemas de opresión. Por este motivo, el feminismo de datos no es sólo sobre mujeres, para lograr la igualdad es necesario contemplar a todos los géneros para trabajar por una sociedad más igualitaria.

  • Adoptar el pluralismo

De la mano con el principio anterior y la interseccionalidad, las múltiples perspectivas y otorgarles prioridad a los pueblos originarios, brindarán distintas formas de aprehender y conocer.

  • Considerar el contexto

Los datos no son objetivos, muestran relaciones sociales desiguales, el contexto es esencial para comprender si  los análisis realizados son precisos.

  • Hacer visible el trabajo

Todo trabajo es el resultado de diversos actores, es necesario valorar todas las contribuciones. El feminismo nos habla de lógicas horizontales y formas de conocimiento orgánicas. 

Por supuesto, estos cambios son parte de procesos más amplios pero, para incentivar a gobiernos y organizaciones a implementar estos principios en sus análisis y construcción de información, la educación es clave. Incorporar los principios del feminismo de datos significa aprender otras perspectivas en pos de crear no sólo una mejor ciencia de datos sino también productos y proyectos. También significa escuchar a las comunidades para las cuales trabajamos, de lo contrario, nos estaríamos perdiendo la oportunidad de comprender sus necesidades y desarrollar los mejores caminos para ayudar y crear impactos que perduren en el tiempo.

De esta manera, si bien el potencial de los datos para exponer problemáticas, desigualdades y mejorar o ser aplicados en políticas públicas ha quedado demostrado en los últimos años, es el momento de replantearse: ¿datos para quién? Por eso, el feminismo de datos, trabaja para incluir a todas las personas en la construcción y análisis de información.  Parafraseando a Bell Hooks, al igual que los movimientos feministas, el feminismo de datos es para todo el mundo.

*Analista Innovación Pública 360

Fuente imágenes: Adobe Stock/Artem.

 

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Una nueva realidad requiere gobernanza colaborativa: taller inauguración de COLABORA.Lat

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Autora: Antonella Perini*

Con muchísima alegría y entusiasmo realizamos el pasado 24 de noviembre el Taller inauguración de COLABORA.Lat, un proyecto impulsado por Asuntos del Sur, Universidad Icesi, USACH, UNSAM, FES Bolivia, Diálogos y Nosotrxs. Generamos un diálogo de saberes entre investigadores/as del proyecto, el Consejo Asesor e invitados/as a través del cual intercambiar pareceres respecto a la coordinación intergubernamental, el impacto de COVID-19 sobre las poblaciones vulnerabilizadas y los desafíos de medición.

Durante la bienvenida, Jairo Acuña, miembro del Consejo Asesor del proyecto y Team Leader de Gobernanza en PNUD, destacó que COVID-19 es principalmente un amplificador de déficits estructurales. La respuesta a la crisis, como crisis de gobernabilidad, debe ser política y relacionado a la gobernanza. Nicholas Benequista, Senior Program Specialist en IDRC, añadió que la pandemia nos desafía a renegociar el pacto social, un proceso que en América Latina ya estaba ocurriendo. Asimismo, invitó a las organizaciones parte del consorcio a mantener el ojo crítico y estar abiertas a respuestas no esperadas. 

Matías Bianchi, Director Ejecutivo de Asuntos del Sur, y Antonella Perini, Coordinadora del proyecto, presentaron oficialmente COLABORA.Lat, su surgimiento, marco conceptual y fases de ejecución. Las organizaciones que forman parte del consorcio de COLABORA.Lat, junto al Consejo Asesor y participantes iniciaron luego las mesas de trabajo para responder a los desafíos que presenta el proyecto.

Coordinación Intergubernamental

Jacqueline Behrend (UNSAM) moderó la mesa de Coordinación Intergubernamental. En ella, Carolina Tohá, Presidenta del Instituto Ciudad y miembro del Consejo Asesor del proyecto,  señaló que, la manera de enfrentar correctamente el virus, es tener capacidad de actuar universalmente pero diferenciándose a las distintas realidades y conociendo la capilaridad del tejido social en detalle.

Para esto, es necesario un trabajo conjunto entre niveles y sectores del gobierno, es decir, una coordinación multinivel e intersectorial. Sin embargo, el clima político y económico dificulta la coordinación y a esto le acompañan crisis de corrupción, desigualdad, desconfianza y apatía. Marcela Aguilar, Directora de formación y seguimiento de Nosotrxs, compartió el trabajo de la Asociación Civil Nosotrxs en relación a las mujeres trabajadoras del hogar y migrantes. A partir de esto, identificaron en México la existencia de esfuerzos aislados de gobierno, sociedad civil y ciudadanía, así como la inexistencia de políticas focalizadas en poblaciones en situación de vulnerabilidad. 

Impactos sobre poblaciones vulnerabilizadas

La mesa Impactos sobre poblaciones vulnerabilizadas, fue moderada por Inge Valencia y Jorge Figueroa (Universidad Icesi). En ella, Lourdes Morales, profesora asociada del Centro de Investigación y Docencia Económicas, destacó la necesidad de un modelo de gobernanza basada en la información, difundida de forma digital y medios tradicionales. Asimismo, señaló cómo un reciente decreto presidencial en México, que reduce las oportunidades de intermediación entre organizaciones sociales y del gobierno federal, afectó principalmente a las mujeres.

Yoseth Ariza, por su lado, destacó el impacto diferenciado de COVID-19 en la salud de la población afrodescendiente en Colombia. Ilustró la tensión entre el nivel central de la administración de los datos con el nivel territorial local en el Pacífico colombiano y sugirió enfocarnos en la articulación con autoridades étnico-territoriales, así como apostar por un proceso de alfabetización en lo que es la gramática racial.

Jairo Acuña destacó tres retos: la velocidad de la demanda y del reclamo, que es mayor a la de respuesta o solución del Estado, la escala – especialmente en los territorios en los cuales el Estado está ausente – y la política y distribución de ingresos.

Finalmente, Nicole Jordán (FES Bolivia) alentó a escuchar a los sectores vulnerabilizados para ver dónde están los vacíos en estructuración y articulación, qué necesitan, cómo generar espacios de articulación concretos y qué velocidad de respuestas pueden irse dando de acuerdo a la necesidades, incluso de manera anticipada. 

Desafíos de medición

La última mesa estuvo moderada por Liza Zuñiga (USACH) y se centró en los Desafíos de medición. Jennifer Cyr detalló el enfoque teórico-conceptual y metodológico del proyecto y reiteró la idea de la multidimensionalidad, tanto de la gobernanza colaborativa como de algunos de los elementos que la componen.

Lucas Gonzalez (UNSAM) señaló los desafíos de contar con subreportes de los datos así como, también, la falta de variables control, que son fundamentales para el análisis cuantitativo.

Richard Snyder (Brown University) identificó las dificultades de medir este tema en contextos de pandemia, tales como los sesgos al hacer una medición en línea y no alcanzar a poblaciones vulnerables.

Finalmente, Carlos Mendoza (Diálogos) presentó el índice de vulnerabilidad social en Guatemala desarrollado por la organización en conjunto con un grupo de expertos/as. La base principal de datos en el censo de población de 2018, añadió un nivel de accesibilidad hacia los centros hospitalarios para luego desarrollar el índice de vulnerabilidad a nivel municipal. Aplicando la metodología sugerida se podían hacer mapas donde, para cada indicador, podían sacar su valor para cada uno de los 340 municipios de Guatemala, ordenarlos y clasificarlos, a fin de generar alertas de los municipios más vulnerables.

El encuentro finalizó con las reflexiones finales de Matías Bianchi, quien destacó los aprendizajes principales de cada mesa y agradeció el esfuerzo de las organizaciones participantes del consorcio, IDRC, Consejo Asesor y participantes del taller.

 

Te invitamos a ver el taller completo en:

*Coordinadora de COLABORA.Lat

Visita la web de COLABORA.Lat ingresando a colabora.lat

#QueSeaLey

Nada mejor que la lucha colectiva

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Autora: Ana Montañez*

Luego de meses de haber asumido el compromiso, finalmente, Alberto Fernández envió al Congreso el proyecto para la Interrupción voluntaria del embarazo. La iniciativa fue secundada/presentada junto al Plan de los 1000 días que consiste en una propuesta de acompañamiento de la maternidad en situación de vulnerabilidad  hasta los primeros 3 años de vida de niños y niñas.

El proyecto que despenaliza y legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación (art. 86 del Código Penal) tiene algunas modificaciones respecto del presentado siete veces (sí, siete) por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, entre las que se encuentran: incorporación de la objeción de conciencia para lxs profesionales que intervengan de manera directa en la interrupción del embarazo; penalización a las mujeres o personas gestantes que se realicen un aborto por fuera de las 14 semanas (modificando el art. 88 del Código Penal); estableciendo un plazo de diez días para que pueda realizarse la práctica -mientras que el anterior proyecto suponía cinco-. Y, finalmente, la incorporación del Derecho al Aborto en el  contenido de la ESI. Estos puntos, a partir de ahora, deberán tratarse en comisiones.

¿Por qué es necesario despenalizar y legalizar el aborto?

El aborto inseguro es una de las principales causas de muerte de mujeres y personas gestantes en la Argentina, muertes evitables que consituyen una deuda de todos los gobiernos democráticos y la dirigencia política mientras 500 mil mujeres abortan de manera insegura año tras año y unas 80.000 son hospitalizadas por las complicaciones que implica la clandestinidad. 

Con el acceso al aborto legal, seguro y gratuito se evitará la persecusion punitivista que recae sobre quienes deciden abortar y deben jugarse la vida o la libertad en un aborto.  En este sentido, la clandestinidad es violencia de género porque, a la discusión, subyace la criminalización de las mujeres y personas gestantes. No poder decidir sobre nuestros cuerpos es violencia y restringe nuestra capacidad de agencia.  Recordando a Julieta Di Corleto (2020) “Paradójicamente, las excepcionales condiciones en que llevan adelante los embarazos (las mujeres y personas gestantes), en lugar de encontrar en el derecho un espacio de cuidado y protección, dan lugar a la intrusión del sistema penal”.

Gloria Orrego-Hoyos y  María Lina Carrera y Natalia Saralegui, las abogadas autoras del libro “Dicen que tuve un bebé”,publicado hace unos meses, resaltan cómo el caso de Belén marcó la agenda de los feminismos con relación al debate sobre el aborto poniendo sobre la mesa tanto el nivel de criminalización y flagelo de las mujeres presas por abortar como  los vínculos que exiten entre las corporaciones médicas y judiciales. La libertad de Belén es la confirmación de que no puede haber personas presas por aborto. 

 

Fuente: Asuntos del Sur

Un poco de devenir histórico

El paso del ejecutivo al enviar el proyecto y volver al escenario legislativo es fruto de una lucha colectiva impulsada por la Campaña durante más de 15 años. Comienzan días agitados e históricos para quienes militamos por el derecho al aborto en Argentina.

Por supuesto, existieron hechos que potenciaron la agenda feminista y ayudaron a que el debate se instale socialmente: desde avances en la normativa sobre violencias de géneros a la ampliación de derechos para los colectivos LGBTTTQI+.

Especialmente, y retomando algunos acontecimientos que se señalan en la investigación realizada por Asuntos del Sur “La innovación política desde los feminismos”, hay elementos que permiten darle un contexto a la llegada del debate al Congreso en 2018:

  •  Los Encuentros Nacionales de Mujeres (ENM) masivos, los cuales evidenciaron que los feminismos se encontraban en un momento muy alto y unido en toda su heterogeneidad, llegando a consensos muy grandes.
  • El crecimiento del lugar que ocupa la agenda de género en el debate argentino y latinoamericano en los últimos años.
  •  El antes y después que genera el estallido del Ni Una Menos en 2015, un hito en la historia nacional Argentina, que permitió visibilizar la violencia de género. Un acontecimiento que ha sido y es  la expresión de capital cultural en acción, en participación y en construcción de ciudadanía para una conquista colectiva en defensa de la vida y de la libertad.
  •  La propia agenda política de la Argentina en aquel entonces, cuando gobernaba Mauricio Macri.
  • Los paros del 8 de marzo, movilizaciones que evidenciaron una fuerza revolucionaria que se opone a las políticas neoliberales y a la explotación capitalista. Una fuerza capaz de derrotar el sistema patriarcal que ha tomado a los varones como el eje sobre el que pivotea la historia. Y que nos mostró, una vez más, que para desandar esa historia es indispensable el compromiso de la ciudadanía en su conjunto.

La  relevancia de los feminismos es incuestionable y ha revelado una red, el rizoma que siempre ha estado ahí en resistencia, marginada en un sistema de abuso y exclusión pero  siempre disponible de afectos y de organización. Particularmente, la militancia por el aborto ha evidenciado esa forma de construir con lógicas orgánicas espontáneas, construyendo de manera horizontal, alejada de la imposición de expertos  y delirios de superioridad propios de los diseños patriarcales. Esto es fundamental porque reconocer, conectar y proyectar es esencial para generar otro modelo de gobernanza y, es por esto, que “la fuerza en las calles y la capacidad de tejer alianzas de los activismos feministas desde el Sur se constituyen como innovadoras formas de hacer política.”

Al mismo tiempo, toda la actividad en redes sociales, la masividad y difusión a nivel nacional nos lleva a reivindicar la tecnología como espacio para potenciar estas demandas sociales y necesidades de comunidades locales. Muchas veces hablamos de las violencias digitales pero la lucha colectiva por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito es una muestra reciente de que la tecnología puede y debe ser defendida como espacio para potenciar los procesos de construcción colectiva.

La sanción de la ley constituirá un punto de partida en estas lógicas de articulación y un recordatorio de que son múltiples y debemos crearlas o encontrarlas en procesos de devenir común, en discusiones sobre posibles intereses comunes en la disparidad nuestra, para inventar juntxs rechazando la obediencia y apostando por nuevas formas de organización y ordenamientos que incluso avancen un paso más frente a las modalidades vigentes de gobernanza. Porque luchar desde la democracia funciona mejor cuando rebasa lo tradicional y si mañana pensamos en otros modos de lo político, de gobierno y de intervención, bienvenido sea.

Por más libertades, nunca menos. Y como nuestro poder descansa en la práctica colectiva: luche y que se escuche.  

Qué sea ley!

*Analista del proyecto de Innovación Pública 360 y Partícipes

 

Inteligencia Colectiva para la Democracia 2017

Inteligencia colectiva para la democracia: digital, deliberativa y por sorteo

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Autor: Cristian León Coronado*

Cuando los mecanismos tradicionales de la democracia muestran un alto nivel de agotamiento, al mostrar bajos niveles de legitimidad o al extremo de ser desconocidos por los grupos más  radicales, se requiere volver a lo esencial. La democracia es un sistema de gestión del poder pensado para la participación en igualdad de condiciones y la representación de la mayor parte de la población. Entonces, ¿cómo pensar un mecanismo que ejecute de mejor manera esos principios? La respuesta es: con una democracia digital, deliberativa y por sorteo.

Inteligencia colectiva para la democracia – 2017 (Madrid)

Imagen cortesía de Ana Doria

Hace 3 años, en el marco de “Inteligencia colectiva para la democracia” (ICD) del MediaLab Prado de Madrid, junto a un equipo de expertos/as de varias nacionalidades, nos animamos a pensar una toma de decisiones más coherente con la diversidad de nuestras sociedades y más representativa al conjunto de toda la población. Así surgió el modelo “Democracia híbrida”, una combinación de mecanismos de democracia por sorteo, deliberativa y digital. Parte de este modelo se aplicó posteriormente en Madrid y, en el contexto en el cual nos encontramos, hoy cobra cada vez más sentido.

La ola deliberativa

De acuerdo a un reciente reporte de la OCDE, las formas de deliberación y participación se han vuelto cada vez más atractivas para resolver varios dilemas que afectan a las democracias. Este reporte argumenta que varios factores afectan la credibilidad en los sistemas tradicionales, como la mayor sensación de injusticia, la polarización política, la falta de inclusión en la toma de decisiones y la falta de confianza en que las autoridades puedan enfrentar los desafíos actuales. A esto debe añadirse la percepción de altos niveles de corrupción y el hecho de que los países son gobernados por una minoría de políticos que sólo persiguen sus propios intereses, como muestra el Latinobarómetro (2018). En conjunto, se muestra que la población quiere poder opinar y tener una mayor participación en las políticas públicas que definen su vida y su futuro.

¿Cómo lograr resolver todos esos problemas? No hay un sólo modelo, OECD identificó al menos 12 modelos distintos que han mostrado ser exitosos en 289 casos de estudio.

El modelo de “Democracia híbrida”, que construimos en el ICD, buscaba combinar las capacidades digitales de la plataforma Decide.Madrid (Basada en CONSUL), el abordaje de la mayor deliberación ciudadana posible y las herramientas? (siento que faltaría una palabra acá) del principio de democracia por sorteo para la toma de decisiones en políticas públicas. Por un lado, la participación digital permite una participación más masiva e individualizada aunque con problemas de representación, debido a las brechas digitales; es decir, participan quienes pueden y tienen las posibilidades. Por otro, la democracia por sorteo, un mecanismo por el cual se elige de manera aleatoria grupos de ciudadanos/as que representen, de la mejor manera posible, la diversidad de toda la población. Estos son elegidos para resolver decisiones de políticas públicas de manera informada y con base en la deliberación.

Nuestro modelo, basado en el contexto de Madrid pero replicable a otras ciudades o gobiernos locales, identificó 6 fases y 3 mecanismos de activación para la combinación de ambos en la toma de decisiones. Las fases eran: a) selección de la problemática a ser resuelta, b) debate en línea a través de una plataforma, c) deliberación del grupo de ciudadanos seleccionado por sorteo, d) elevación de recomendaciones al consejo de la ciudad para su aprobación o rechazo, e) monitoreo de los resultados, f) evaluación del proceso.

Etapas del modelo de Democracia Híbrida

Reactivando la democracia

Este mecanismo se activaría a través de la solicitud de un partido, ante un impasse en el congreso o legislatura, votación en la plataforma digital o activación automática para cierto tipo de decisiones que cumplan ciertos requisitos normados previamente (por ejemplo, que impliquen una inversión grande o afecten a ciertas poblaciones minoritarias). A ello seguiría el proceso antes descrito, el cual debería ser ejecutado por un organizador independiente al gobierno de turno.

En marzo de 2019, el entonces gobierno de Manuela Carmena, decidió instaurar el Observatorio de la ciudad, un mecanismo de democracia por sorteo compuesto por 49 delegados. Este mecanismo se basó en parte del modelo de Democracia Híbrida desarrollado en ICD 2017 y fue un avance en términos cualitativos a los procesos de democracia deliberativa.

Tomando en cuenta los hallazgos del estudio de la OCDE referenciado anteriormente, este tipo de procesos trae varias ventajas en la toma de decisiones e influye positivamente en la innovación pública. Así, por ejemplo, los procesos deliberativos influyen en una mayor legitimidad en las políticas públicas, diversidad de opiniones, capacidad de mitigar la excesiva polarización electoral y generar confianza en la democracia y los gobiernos.

En el contexto actual de las democracias latinoamericanas, es necesario repensar los mecanismos sobre los cuales basamos algunas decisiones y cómo se está generando la representación. Las crisis políticas y conflictos recientes son sintomáticos de una institucionalidad que ya no alcanza y que ha demostrado ser fácilmente corruptible o desconocida por ciertos grupos de poder más radicalizados. Por ese motivo, es necesario devolver la legitimidad y confianza en la democracia innovando desde sus mecanismos pero, ante todo, generando una toma decisiones que refleje, de la mejor manera posible, la diversidad en la sociedad.

 

*Director programático de Asuntos del Sur y coordinador de Innovación Pública 360

Tecnología

La digitalización y la innovación pública ¿Van de la mano?

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Autor: Cristian León*

La agenda de innovación pública no es en sí misma una agenda de digitalización de la gestión pública, pero a menudo quedan solapadas y hasta confundidas. ¿Qué tanto dependen una de la otra?. Ante el nuevo contexto que vivimos, se puede decir que mucho.

Las fuentes de la innovación pública

Empecemos estableciendo que la innovación pública siempre fue una agenda separada de la digitalización. La innovación pública es una cultura de transformación de los gobiernos tanto en sus procesos internos como en sus servicios externos a partir de tres premisas. La primera se refiere a un cambio en la comprensión del valor público – desde el criterio de eficiencia liberal al de resolución de necesidades -. Segundo, promueve un Gobierno Abierto, con base en la transparencia, participación y cocreación. Tercero, se centra en la inteligencia colectiva como fuente inagotable de conocimiento y capacidad distribuida. 

Hasta ahí se puede innovar el sector público sin digitalizar. Gran parte de las transformaciones se introducen a partir de cambiar ciertas prácticas, nivelar capacidades y emplazar espacios de encuentro entre ciudadanía y gobierno. De hecho, los mecanismos de mayor impacto no son en sí mismos tecnológicos, sino de diseño institucional y político. La innovación pública es, a todas luces,  una agenda de democratización del servicio público. 

Por su parte, lo digital se convirtió en una suerte de solucionismo que, en vez de resolver varios de los déficits democráticos, ocultaba otro tipo de intereses. Iniciativas como las de ciudades inteligentes – que justifican la instalación de todo tipo de sensores de medición y control -, mayores mecanismos de vigilancia para la seguridad ciudadana, interoperabilidad de sistemas sin garantías para los datos personales, entre otras iniciativas, supusieron altos riesgos para varios Derechos Humanos. 

Cuando la pandemia obliga

En un contexto de pandemia y en el cual el distanciamiento social parece haber cambiado varios aspectos de la cultura laboral y de servicios, ¿Es posible seguir pensando la innovación pública sin la digitalización? Claramente, no. 

Hoy es difícil pensar que vamos a poder seguir sosteniendo una innovación pública sin repensar cómo el gobierno llega a la ciudadanía. Esto conlleva avanzar en varias de las dimensiones de gobierno digital que, por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) promueve como bases de la digitalización:

  • Procesos y servicios pensados y creados desde las oportunidades que brindan las tecnologías
  • Mecanismos y toma de decisiones que usen datos como principal fuente de consulta
  • Funcionamiento del gobierno como plataforma, lo que implica que la mayor cantidad de servicios se encuentren disponibles en un ecosistema lo más abierto posible.
  • Apertura de la información por defecto, y no post-generación. 
  • Tecnologías pensadas de manera inclusiva para todo tipo de usuarios/as.
  • Proactividad: anticipar las necesidades de la población y responder rápidamente.

Digitalizar desde América Latina

A los anteriores puntos, cabe sumar tres aspectos más que necesarios para el contexto latinoamericano. 

Por un lado, accesibilidad e inclusión digital, para lograr llegar al máximo posible de la población – tomando en cuenta que en muchos países, de acuerdo a un reciente informe de la CEPAL, existen aún grandes porcentajes de la población no conectada. Por el otro, una alfabetización digital dentro y fuera del gobierno. Esto va más allá de enseñar las herramientas básicas, pero de fomentar una cultura de lo digital desde lo abierto. Finalmente, la protección de los datos personales y la privacidad, como principio rector de la digitalización, brindando así garantías para que todo sistema y acción de gobierno, se enmarque en el respeto de los derechos humanos. 

Si la innovación pública ayuda a democratizar la toma de decisiones, y la digitalización ayuda a generar procesos más eficientes y acceso a servicios, entonces la combinación de ambos tiene una mayor potencialidad de transformación. Por tanto, ambas son dos agendas que además de complementarias, son para estos tiempos, prácticamente indivisibles.

 

*Director programático de Asuntos del Sur y coordinador del proyecto Innovación Pública 360

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