El Encuentro Regional Colabora.Lat 2022: Una respuesta colaborativa a problemáticas complejas se enmarca en el proyecto Colabora.Lat. Este tiene por objetivo estudiar y generar recomendaciones sobre los modelos de gobernanza de las políticas públicas y las iniciativas sociales implementadas para dar respuesta a la pandemia COVID-19.
El evento propone un espacio de diálogo para discutir respuestas colaborativas a los problemas complejos de la región: post pandemia COVID-19 y sus consecuencias sociales, aumento de la desigualdad, crecimiento de las brechas de género y participación política activa de las juventudes. Buscaremos reflexionar sobre las experiencias de colaboración institucional, social y comunitaria para encontrar en ellas líneas de articulación y proveer herramientas políticas para responder a estas problemáticas complejas.
Luego del éxito del Foro Global Colabora.Lat 2021, este año tendremos unencuentro presencial en la Ciudad de Buenos Aires con la participación del consorcio latinoamericano junto con funcionarias y funcionarios públicos, organizaciones de la sociedad civil y activistas sociales. Ellas y ellos, con sus visiones y expertises en los distintos campos de accionar político, nos acompañarán a abordar una serie de ejes temáticos.
Ejes temáticos y Paneles
La interseccionalidad en la gobernanza colaborativa
Brindar soluciones posibles a estos problemas complejos implica reconocer las diferencias de género, etnia y clase social. En la región, las experiencias de gobernanza colaborativa que involucran un enfoque interseccional se destacaron por su resiliencia.
El panel «La colaboración con enfoque interseccional» tendrá el objetivo de dialogar sobre las experiencias de gobernanza colaborativa que involucraron la interseccionalidad en las respuestas de política pública y proponer la interseccionalidad como herramienta fundamental a las posibles salidas.
La colaboración gubernamental desde la perspectiva de las juventudes
El panel «Juventudes Gobernando» buscará dialogar y discutir sobre el accionar colaborativo de las juventudes para responder a las complejidades actuales, como el cambio climático, migración, desigualdad,, entendiendo que son sujetas y sujetos políticos imprescindibles para construir un modelo de gobernanza colaborativa. El objetivo central será analizar los procesos de organización juvenil y problematizar la gobernanza colaborativa desde una perspectiva de la juventud.
La colaboración institucional como herramienta de respuesta
El panel «Gobernar Colaborando» buscará dialogar sobre nuevas formas posibles de colaboración gubernamental en pos de mejores resultados en políticas públicas y las limitaciones que existen para lograr articular instancias de colaboración. Para esto expondrán figuras con experiencia en la gestión pública y articulación colaborativa con instituciones sociales, privadas y de gobierno.
Por Trinidad Reynoso Castillo, Coordinadora Interina del Consorcio IP360
La pandemia del COVID – 19 trajo consigo transformaciones estructurales y cambios profundos en la forma de interactuar y organizarnos como sociedad. Los lemas «Quédate en casa» y «Lávate las manos» se repitieron exhaustivamente presentándose como desafíos para poblaciones ya marcadas por la segregación del territorio y las fragmentaciones espaciales..
Si bien la pandemia aceleró estas transformaciones, el mundo y con mayor énfasis, el sur global, se encuentra signado por crisis humanitarias producto de migraciones forzadas, el cambio climático, la desconfianza en los gobiernos y la desigualdad social. Frente a este escenario de crisis económica, política y social, es fundamental promover una nueva forma de gobernar, para reconstruir los lazos de legitimidad de las democracias liberales y hacer frente a los desafíos que este siglo impone.
Como dice nuestro Director Ejecutivo, Matías Bianchi, “estamos ante fenómenos políticos para los que no estábamos preparados cuando se diseñaron nuestras instituciones. Estamos viendo un capitalismo depredador que genera riqueza, pero al mismo tiempo niveles de desigualdad enormes, nunca antes vistos.”
Para enfrentar estos cambios debemos innovar en política. De esta manera, la innovación política se presenta como una alternativa para ampliar los derechos de la ciudadanía. “Al final, es lograr que la gente viva mejor, es un pacto sostenible con el ambiente y un modo de funcionamiento negociado, este debe ser el rol de la política», enfatizó Bianchi.
Desde Asuntos del Sur creemos que sin cooperación y trabajo en red, no es posible lograr una plena gobernanza democrática. Es por ello que el año pasado llevamos adelante CILA junto a Fundación Ciudadanía Inteligente. Un evento pensado con la visión de transformarse en una plataforma para potenciar el trabajo colaborativo con organizaciones del ecosistema de innovación pública de la región.
Flyer del evento CILA, 2021
Durante 3 días, representantes del sector público, la sociedad civil, la academia y personas expertas en apertura, transparencia, enfoque de género y sostenibilidad, compartieron sus experiencias y aprendizajes para darle respuesta a desafíos de gobernanza y gestión pública.
Luego, de un balance de experiencias y aprendizajes decidimos incrementar nuestras acciones y crear CILA ya no como un evento anual, sino un consorcio de organizaciones de la sociedad civil latinoamericanas que se proponen impulsar formas innovadoras de gobernanza y acción colectiva en Ciudades del Sur Global.
Directores de Ciudadanía Inteligente, Extituto de Política Abierta, Instituto Pro Común y Asuntos del Sur en la firma del consorcio, marzo 2022
Es por ello que, en marzo de este año, junto a Fundación Ciudadanía Inteligente, Extituto de Política Abierta e Instituto Pro Comúm consolidamos un espacio donde ciudades y ciudadanos del Sur Global se fortalecen a través del intercambio de metodologías y herramientas para innovar en la gobernanza en pos de ciudades más abiertas, participativas, democráticas y sostenibles.
Como las ciudades ya acaparan el 56% de la población global y se espera que gran parte del aumento de la población en todo el mundo ocurra en estos espacios urbanos, creemos que el trabajo con gobiernos locales es el objetivo principal para generar acciones concretas e incrementar la satisfacción de la ciudadanía con la democracia.
Tomando las ciudades como objeto decidimos pasar de las ideas a la acción. Porque más allá de ser un espacio de diálogo, CILA busca diferenciarse a través de su capacidad para liderar procesos innovadores de empatía, diseño, construcción y evaluación de proyectos para las comunidades locales, mediante la colaboración con la ciudadanía y las instituciones.
CILA busca traspasar barreras geográficas y abordar los sures del mundo. Desde nuestra experiencia latinoamericana nos proponemos redoblar la apuesta y generar redes con el resto de los sures marcados por la invisibilidad y las asimetrías estructurales de poder. El sur no es solo un lugar geográfico, sino un punto de partida, una puerta de entrada que marca una dirección de cambio.
Para lograr incidir en políticas públicas CILA apuesta por una gobernanza democrática, colaborativa, innovadora y transformadora. De esta manera, se propone impulsar ciudades más preparadas a los desafíos del siglo XXI.
A través de un acuerdo entre las autoridades de la Secretaría de Innovación Tecnológica de la Jefatura de Gabinete de Ministros de Argentina, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y Asuntos del Sur, comenzaremos una iniciativa para fortalecer la estrategia de transformación digital de municipios en Argentina.
El proyecto “Fortalecimiento Institucional de Municipios de Argentina a través del uso de plataformas tecnológicas colaborativas” busca instaurar capacidades en los gobiernos locales para generar y fortalecer procesos de innovación pública. El foco está puesto en la participación ciudadana a través de la utilización de herramientas tecnológicas.
Como primer paso, se propone producir un diagnóstico sobre las capacidades digitales ya instaladas en los municipios de Argentina, para poder nutrir la estrategia de transformación digital que lleva a cabo la Secretaría de Innovación Tecnológica.
Esta iniciativa se propone, a través del programa Innovación Pública 360(e) de Asuntos del Sur, ofrecer capacitaciones y realizar pruebas piloto en municipios con plataformas digitales de participación ciudadana.
IP360 es un modelo de intervención basado en la inteligencia colectiva, dirigido a gobiernos subnacionales latinoamericanos. En este marco de intervención, “Inteligencia Colectiva en acción” se refiere a impulsar mecanismos, herramientas, espacios de escucha y de diálogo con la ciudadanía buscando incorporar estos conocimientos en el ejercicio público.
Bajo el lema “Transformando nuestras ciudades para un futuro urbano mejor”, tuvo lugar el Foro Urbano Mundial organizado por ONU Hábitat en Katowice (Polonia), entre el 26 y el 30 de junio pasado.
Desde Asuntos del Sur, nos hicimos presentes para trabajar en un nuevo modelo de gobernanza democrática e intercambiar aprendizajes en el Sur Global. Para ello, presentamos CILA, una agrupación de organizaciones de la sociedad civil que buscan impulsar formas innovadoras de gobernanza y de acción colectiva.
Matías Bianchi Director Ejecutivo de Asuntos del Sur, Elkin Velásquez Regional Representante de UN-Habitat LAC e Ignacio Lara, Director Programático de Asuntos del Sur en el Foro Urbano Mundial 11ª edición.
El punto de partida de los debates presentes en el Foro era el reconocimiento de las múltiples crisis que la ciudadanía del mundo enfrenta en sus espacios más inmediatos: las ciudades. A los problemas estructurales, vinculados a la falta de sostenibilidad de nuestros sistemas que agravan la situación climática del planeta, se han ido sumando diversos eventos disruptivos, sean pandemias como el Covid-19 o guerras como las de Siria, Yemen o Ucrania.
Las ciudades ya acaparan el 56% de la población global y se espera que gran parte del aumento de la población en todo el mundo ocurra en estos espacios urbanos. Es por ello que, en el contexto actual, se requiere planificar e implementar transformaciones integrales en nuestras ciudades, que incluyan dimensiones como la resiliencia, la inclusión, el enfoque de género, la equidad y la sostenibilidad económica junto a la ambiental.
Matías Bianchi, Director Ejecutivo de Asuntos del Sur en el Foro Urbano Mundial.
Durante estos días interactuamos con organizaciones internacionales, gobiernos de distintos niveles, organizaciones de la sociedad civil, empresas y universidades para compartir buenas prácticas, potenciar las estrategias y sumar esfuerzos de cara al futuro. En este sentido, se distinguieron con claridad los consensos en torno a la necesidad de construir esquemas de gobernanza y estructuras institucionales inclusivas, con una mirada multiactoral y multinivel, para poder crear proyectos de ciudades resilientes y adaptables a los tiempos que corren.
Para eso, el rediseño de los esquemas participativos, que potencien la inteligencia colectiva, surgió como un elemento clave para poder pensar las acciones en un amplio rango, desde la reutilización de los espacios públicos al las políticas para erradicar la pobreza y la desigualdad, desde el rediseño de los sistemas de movilidad a la priorización de los sistemas públicos de salud, o desde el desarrollo (e implementación) de innovaciones tecnológicas a la promoción de inversiones “verdes”, por nombrar sólo algunos. Es por todo ello, como se concluyó, que es indispensable pasar del diagnóstico y el debate al momento de la acción. Ya no hay ni tiempo (ni excusas razonables) para no tomar decisiones de largo plazo, incluyentes y basadas en la cooperación, en las que se reconstruya el sentimiento de pertenencia al lugar que habitamos para construir el mundo en el que queremos vivir.
Por Trinidad Reynoso, Asistente en Innovación Pública 360
En una nueva edición del ciclo de diálogos Al encuentro con Minerva, conversamos con Aura Cifuentes, referente de innovación pública en América Latina, sobre los desafíos a la hora de innovar el sector público. En esta oportunidad, dialogamos sobre la importancia de pasar de una mentalidad tradicional hacia una lógica de la experimentación para lograr transformaciones profundas y que realmente puedan tener incidencia en la resolución o acercamiento a verdaderas soluciones para las comunidades.
El sector público suele verse como una estructura altamente burocrática, muy lenta y alejada de las necesidades de la ciudadanía. Si bien no es un reflejo preciso de la realidad, lo que es cierto es que otras esferas de la sociedad, como el sector privado, suelen avanzar en temas de innovación a ritmos mucho más acelerados. Esto se debe a dos problemas importantes: la falta de entrenamiento y la existencia de barreras. Los desafíos de la innovación no podrán comprenderse en su totalidad si no se capacita a los actores del sector público, naturalmente, pero, además, hay impedimentos en el uso de los fondos públicos que limitan la capacidad de experimentación.
Aura considera la experimentación como estrategia primera para superar barreras y repensarla vieja concepción del ciclo de las políticas públicas, en un modelo de fases incremental, de constante experimentación y retroalimentación. Para realizar esta transformación, Aura establece tres principios fundamentales:
En primer lugar, es de vital importancia contar con una experimentación iterativa, lo cual implica una evaluación constante y permanente de nuestros proyectos. En efecto, lograr ciclos de iteración rápidos permite ajustar y afinar nuestro proyecto en línea con las necesidades de la comunidad y evaluar si estamos cumpliendo con lo que teníamos de supuesto.
En segundo lugar, es fundamental utilizar datos y evidencia empírica a la hora de diseñar e implementar. A través de la experimentación iremos probando si el supuesto “A” funciona; de no ser así, se documentará y se pasará a “B” para construir basándose en evidencia. Esta gestión del conocimiento es vital para generar proyectos que tengan impacto y se amolden a las necesidades de la comunidad.
En tercer lugar, es vital comprender que la ciudadanía no es solamente una receptora de las políticas; debe cumplir un rol más activo, a través de estrategias de co-creación, para construir junto a la comunidad. Como los ciudadanos y ciudadanas son los usuarios de las políticas creadas, ellos no deben ser solo validadores; deben aparecer en todo el proceso de creación e implementación.
A través de estos principios podremos cambiar la forma en la que se diseñan, implementan y evalúan las políticas públicas. En palabras de Aura Cifuentes, lo que buscamos hacer es “cambiar comportamientos, visiones y tener una mentalidad que innove. Para ello, es fundamental el reconocimiento de los errores, debemos poder cometer errores pequeños, focales y rápidos que podamos probar y testear”.
¿Qué destacamos, entonces?
Desde IP360, decidimos impulsar un modelo de intervención que apuesta a procesos de articulación, transferencia de conocimientos, intercambios y generación de una comunidad de agentes de innovación que no le tengan miedo a iterar y a experimentar. Para ello, la inteligencia colectiva es la herramienta central que permite dinamizar la agenda de innovación pública a nivel local. Con IP360 buscamos conocer el territorio y sus comunidades; fortalecer las capacidades de los actores intervinientes e incidir en los ecosistemas locales de innovación para que los procesos se vuelvan sostenibles y logren, verdaderamente, dar respuesta a los retos planteados por la ciudadanía.
Por María José Barlassina, Coordinadora General de la Academia de Innovación Política
La aparición de metodologías formativas utilizando recursos tecnológicos, las redes sociales, las tecnologías de comunicación y las “nuevas competencias” están provocando entornos en constante cambio y donde es necesario adaptar los espacios formativos para que sean accesibles a la ciudadanía en general.
El nuevo contexto postpandemia genera un momento propicio para formar a la ciudadanía en el desarrollo de habilidades socioemocionales y el aprendizaje sobre los distintos mecanismos que le permitan contribuir con la sociedad. La tecnología para la transformación educativa es fundamental, principalmente, por tres razones.
En primer lugar, porque la tecnología está cada día más presente en el mundo y, sólo a través de su uso, las personas pueden desarrollar sus habilidades digitales. Además, las nuevas generaciones son partícipes de esta revolución tecnológica, crecen con tecnologías y, por ende, éstas son ya parte integral de su contexto educativo.
En segundo lugar, porque la tecnología democratiza el acceso al contenido y la instrucción, al romper barreras como la escasez de docentes o tutores/as o la ubicación geográfica. En otras palabras, permite el aprendizaje en todas partes y en cualquier momento.
Y, en tercer lugar, porque -usada de forma correcta- la tecnología fomenta el aprendizaje personalizado y activo, da continuidad al aprendizaje fuera de los contextos formales como así, también, facilita el desarrollo de nuevas competencias y habilidades afines a las necesidades del mundo de hoy y del futuro (Diálogo Interamericano, 2019).
A partir del recorrido hecho con la Academia de Innovación Política (AIP), hemos problematizado el proceso de aprendizaje y enseñanza, dejando de lado el modelo verticalista, en el cual el rol del docente o tutor/a cumplía un papel central. En este último modelo, queda sesgada la generación de nuevos liderazgos, al colocar al participante como simple espectador/a o receptor/a del conocimiento. En cambio, el modelo de enseñanza y formación de la AIP promueve el aprendizaje entre pares y en comunidad, siendo más propicio para generar nuevos liderazgos horizontales, circulares, que se involucran con los saberes de sus comunidades y que se adaptan a las nuevas realidades y contextos.
Los cursos que desarrollamos desde la AIP poseen ciertas características comunes desde el planteo de las actividades de evaluación y desde el aprendizaje progresivo y colaborativo:
Actividades individuales y colaborativas dentro de las unidades temáticas referidas al seguimiento académico.
Talleres de aplicación práctica.
La metodologías propuestas para los talleres de aplicación práctica son, generalmente, dinámicas que se aplican en talleres presenciales y que fueron repensadas y reconstruidas para la dinámica y estrategia pedagógica de la educación en línea de los cursos de formación de la AIP. Por lo cual, estas metodologías, también, parten de una construcción colectiva de saberes que arrojan, como resultado, dinámicas de trabajo colaborativo muy interesantes y, a la vez, desafiantes.
En este modo de generar el conocimiento y de aprender haciendo con otros/as reside, también, la mayor motivación por parte de los/as participantes, quienes otorgan un significado a los contenidos y tareas sobre las que trabajan, ya que son cuestiones y problemas significativos para ellos/as en sus comunidades. Es allí donde radica la importancia de apoyar, desde nuestro espacio de formación, para continuar el legado delfortalecimiento de las democracias en América Latina.
Desde Asuntos del Sur estamos comprometidos/as con la transformación de nuestras democracias, a través de la formación de los liderazgos de la región.Es por ello que, en los próximos meses, lanzaremos nuevos programas de capacitación orientados a la formación de funcionarios/as, líderes y lideresas sociales; trabajando incansablemente junto a las gobernaciones locales de Latam para profundizar los procesos de gobernanza colaborativa. El objetivo es brindar herramientas y metodologías de gestión y cocreación a los procesos de políticas públicas y propiciar la colaboración en los ámbitos cívico- políticos.
El ambiente virtual de aprendizaje aplicado por la AIP reúne características que son especialmente poderosas para la colaboración, tales como su interactividad, ubicuidad y sincronismo. Transitar por estas experiencias, donde se combinan la práctica y la teoría, permite a los/as participantes conocer distintas herramientas para la aplicación de proyectos con una mirada interseccional, multicultural e inclusiva. La construcción del conocimiento logrado en los talleres de aplicación práctica permite, a los futuros liderazgos, adquirir nuevas habilidades y saberes desde las prácticas del otro/a, con una visión de valor social-público.
Por Paola Flores, Coordinadora del proyecto Altavoz
Durante años, a las juventudes se les ha dicho que en ellas/os está el futuro de su país, sin que nadie se responsabilice del presente. Por ello, asegurar discursivamente que las y los jóvenes tienen garantizado un futuro, es una de las maneras más irresponsables de abordar la crítica situación social, económica y política en la que se encuentran.
Recientemente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó que la población joven es cercana a los 160 millones de personas en la región, lo que representa una fuerte necesidad de poner atención a las persistentes brechas estructurales de desigualdad que no han permitido el desarrollo de sus capacidades y la garantía de sus derechos.
Basados en la matriz de desigualdad social en América Latina que la misma Comisión presenta, se espera que las y los jóvenes finalicen con éxito sus estudios para poder adquirir las capacidades necesarias que su campo laboral requiere y con ello, lograr posicionarse en un trabajo que permita su estabilidad financiera y la posibilidad (¿responsabilidad?) de formar su propio núcleo familiar. Todo esto, haciendo un equilibrio de su vida personal, social y mental. Nada más alejado de la realidad.
En Latinoamérica, por ejemplo, estas expectativas (aunadas a un discurso de estigmatización desde una mirada adultocentrista, privilegiada y sin tomar en cuenta la diversidad e interseccionalidad) ha generado que miles de jóvenes, aún accediendo a mayores grados de escolaridad, acceso a la información y desarrollo de capacidades autogestivas, padezcan de altos niveles de desempleo, falta de acceso a canales de movilidad social y económica, coacción por parte de pandillas y otros grupos conformados con base a violencia, menor acceso al poder y espacios de toma decisiones, ausencia de representatividad de sus demandas en órganos o instancias del sistema político, mayores probabilidades de sufrir muerte por agresiones físicas, consumo de drogas, suicidios, feminicidios y, actualmente, desapariciones forzadas, entre muchos otros factores (sin olvidar que la situación se agrava si éstos viven en zonas rurales, forman parte de la diversidad LGBTTTIQ+, son indígenas, pobres o viven con alguna discapacidad). Porque de las juventudes se espera todo pero no se les garantiza nada.
Por ello, ante esta crítica situación, es imperante identificar los esfuerzos colectivos en la región para transformar sus realidades. Actualmente, existen Marcos Generales que trazan una ruta programática de acciones indispensables para mitigar ésta crisis: el Consenso de Montevideo, los Compromisos de Nairobi en América Latina y el Caribe; la Agenda de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD); la Estrategia de las Naciones Unidas para la Juventud #Juventud2030; la Iniciativa regional de Inversión en Adolescentes y Jóvenes de UNFPA en América Latina y el Caribe “165 Millones de Razones” y la Estrategia Global de Juventud de UNFA “Mi Cuerpo, Mi Vida, Mi Mundo” , todas con un potencial enorme y construidas con diferentes sectores desde las juventudes.
Sin embargo, aprovecho esta oportunidad para resaltar una iniciativa que se destaca por haber transitado del papel a la acción; el proceso latinoamerico #AltaVoz. Éste es fruto de un esfuerzo colaborativo de más de 50 organizaciones en toda América Latina que se unieron en el año 2020 para co-construir un Nuevo Acuerdo Democrático (NAD), uno que integrara las voces y miradas históricamente excluidas. Este documento funciona, actualmente, como una guía programática, compuesta por 5 ejes temáticos y 21 acciones concretas para que las iniciativas y proyectos de Latinoamérica se enmarquen en aquellas agendas “irrenunciables” que nos permitan recuperar nuestras democracias y garantizar los derechos humanos. #AltaVoz busca darle vida al NAD desde los territorios y, así, fortalecer la participación de las juventudes y el posicionamiento de sus demandas.
Ante el cierre del espacio cívico en Centroamérica, los primeros países en implementar dicho proceso fueron Guatemala y El Salvador. En el año 2021, más de 130 personas en ambos países fueron capacitadaspara monitorear las posibles violaciones de derechos humanos y se les brindó herramientas para generar innovación política en sus activismos. Posteriormente, se les brindó asesoramiento para el diseño de campañas digitales que les permitiera posicionar sus demandas a través de redes sociales. A finales del año pasado, se celebró un encuentro presencial que permitió el diseño de 4 proyectos concretos para incidir en sus territorios mediante el fortalecimiento organizacional y el impulso de una agenda en temas de Salud Mental. En 2022, se comenzaron a implementar las primeras acciones, por lo que se volverá fundamental seguirles la pista para conocer sus resultados.
Este ejemplo brinda esperanza a la posibilidad de recuperar su futuro, aquel que no queda respaldado en acciones de sus representantes, pero si de ellxs mismxs. Por ello, este texto, más que informativo es una invitación a la reivindicación de las juventudes, a su inclusión y reconocimiento. Por eso, hoy, nos atrevemos a decir que en las juventudes no está el futuro porque les está tocando construirlo.
América Latina atraviesa una nueva ola de casos por covid-19. Justo cuando el mundo comenzaba a vislumbrar muy tímidamente el retorno a la vieja normalidad, aparece una nueva variante con nombre del malo de una película de superhéroes. Ómicron partió desde África y comenzó a expandirse por el mundo, más rápidamente que la anterior variante, la Delta, surgida en el viejo continente.
Y sí, hablo de vieja normalidad porque, en el reparto de poder y riquezas, pocas cosas cambiaron en el mundo y, si lo hicieron, no fue para “volver mejores”, como rezaba alguna que otra expresión de deseo. Porque, si bien es cierto que la letalidad de esta variante es menor, también es cierto que su propagación por el mundo y su llegada a América Latina volvió a poner en la tapa de los diarios y en las reflexiones de los y las analistas algunos de los puntos que, desde el consorcio Colabora.Lat, resaltamos en el reciente informe “Vacunación contra COVID-19 en América Latina. Gobernanza colaborativa en contextos asimétricos”
Asimetría de poder y ausencia de coordinación global – De cómo la inequidad nos pone a merced de nuevas variantes.
El covid-19 ya ha costado más de 5 millones de vidas alrededor del mundo, trastocando todas las dimensiones de nuestra vida individual y colectiva.
En este proceso, rápidamente, la ciencia global y los esfuerzos de Estados y privados, especialmente en los países más poderosos pero no solamente, con científicos y científicas de todos los puntos del globo, dieron muestra -una vez más- de la capacidad del conocimiento humano elaborando distintas versiones de vacunas para atacar a un virus nuevo y desconocido que puso al mundo en pausa. Hacia fines del año 2020, los procesos de vacunación estaban en marcha y, para mediados del 2021, quedaba claro -científicamente hablando- que la herramienta que tenemos para superar este nuevo virus es la vacunación. Sin embargo, el propio proceso de elaboración, fabricación, distribución y aplicación de las vacunas dejó en evidencia que la superación de esta pandemia, u otras venideras, no depende de la capacidad científica de la humanidad sino de la capacidad política de los actores con poder de decisión para colaborar y coordinar respuestas comunes en contextos de inequidad.
No es casual, sino consecuencia de la distribución inequitativa de dosis, que la nueva variante que hoy azota al planeta se haya originado en el continente menos vacunado; no por elección individual (algo que sucede en el primer mundo y es harina de otro costal) sino por asimetrías de poder, ausencia de coordinación global y falta de liderazgos comprometidos con el bienestar público, en un sentido amplio del concepto.
En el último informe de Colabora.Lat hemos dado cuenta de que la respuesta, a nivel mundial y regional, ha sido considerablemente asimétrica y poco favorable para los países más pobres y periféricos. Mientras, por un lado, los países ricos reservaron la mayoría de las dosis -y lo hicieron antes de que éstas estuvieran listas-, por el otro, los organismos multilaterales -que dependen de los aportes de los países ricos y de las organizaciones filantrópicas para reservar y repartir las dosis a los demás países- quedaron con una estrecha capacidad de maniobra. El resultado de esta asimetría fue que, a pesar de haber cantidades suficientes para que el mundo se vacune, la gran parte de las dosis distribuidas se concentraba (al 31 de octubre de 2021) en sólo 10 países:China, India, Estados Unidos, Brasil, Indonesia, Japón, México, Turquía, Alemania y Rusia.
Sin embargo, el mapa precedente muestra dos puntos necesarios de marcar. El primero y más visible: el abandono por parte de los países con más altos índices de desarrollo humano -y, por tanto, líderes globales- que sufre el continente africano roza ya no sólo un fracaso de la política humanitaria global sino un problema moral que nuestra generación deberá atender de manera urgente. El segundo es que, más allá de las dificultades en el acceso y distribución de los países de América Latina que se detallan en el informe, la región no es solamente una de las más vacunadas (vacuna que llega, se aplica) sino que -una vez más- los procesos de colaboración multiactorales y multinivel son dignos de analizar.Su sistematización, en términos de lecciones aprendidas y obstáculos comunes, es necesaria para encontrar patrones que nos permitan proponer esquemas de gobernanza colaborativa futuros.
Colaboración para la gestión de la escasez, los postergados de siempre, zonas marrones y la creatividad social latinoamericana como constante.
Mientras los países ricos concentran dosis -cuando una parte de su población decide no vacunarse-, los demás países armaron, de manera relativamente improvisada, sus respectivos planes de adquisición de vacunas. Una de las estrategias mayormente utilizadas fue el uso de acuerdos bilaterales con las propias empresas farmacéuticas. Estas negociaciones, dada la asimetría de poder entre transnacionales poderosas y países en desarrollo, con gobiernos estructuralmente debilitados, fueron -como da cuenta el informe- poco transparentes, dificultando el proceso de rendición de cuentas por parte de otros actores hacia el Estado y dejando a estos países en una situación de notable vulnerabilidad frente a la voluntad de las empresas. En algunos casos, como la Argentina, los países sufrieron importantes retrasos en las entregas de vacunas ya comprometidas durante la primera mitad de 2021, mientras que, en otros, como Guatemala, recibieron menos dosis de las adquiridas, quedando a merced de las donaciones internacionales.
Los países menos ricos y más periféricos han demostrado los límites que genera el carecer del poder político para hacer que los acuerdos se cumplan. Y, si bien ha habido instancias de solidaridad entre países, (Argentina y Bolivia para la obtención de dosis Sputnik) estas han sido ad hoc en naturaleza y, por ende, difíciles de sistematizar.
Las inequidades entre países también se han dado al interior de estos. Este informe ha revelado que los procesos de distribución de las vacunas, dentro de los confines de cada Estado, también han sido irregulares -dados los problemas y asimetrías estructurales que existían desde mucho antes de empezar la pandemia-. La desigualdad social, económica y política, así como la falta de infraestructura adecuada a lo largo del territorio, exacerbaron las diferencias entre grupos y dificultaron la entrega de las vacunas a distintos sectores poblacionales en muchos países.
Asimismo, las asimetrías, en cuanto al acceso, fueron exacerbadas por problemas de logística. La necesidad de tener un documento de identidad nacional, en el caso de Argentina y México, o de tener un trabajo formal o de cotizar seguridad social, como en Colombia, dificultó la entrega de vacunas a personas no documentadas o extranjeras. Por otro lado, el crecimiento de las noticias falsas fue un factor central en el fomento de dudas y miedos hacia las vacunas en Bolivia y Colombia. En este sentido, la desinformación sobre la confiabilidad de las vacunas hizo necesaria la creación de campañas para concientizar a la ciudadanía.
Los mismos grupos postergados en otras dimensiones de la vida pública lo fueron también, por acción u omisión de los Estados, en la distribución de vacunas.
Es, considerando todo lo anterior, que sostenemos que el principal aprendizaje que hemos obtenido es que estamos frente a un desafío político, más que científico. A su vez, que se trata de un desafío global al que no se le pueden dar respuestas nacionales aisladas que desatiendan las asimetrías de poder y recursos en el mundo. Ningún gobierno, institución, empresa o comunidad por sí sola posee las herramientas y medios necesarios para enfrentar satisfactoriamente los retos que imponen problemas como el covid-19. Es por esto que atender a las experiencias de colaboración multiactoral y multinivel, estudiarlas y sistematizarlas se vuelve clave, en perspectiva de los nuevos desafíos a los que la humanidad deberá hacer frente en el mediano plazo, como el cambio climático o la probabilidad de nuevas pandemias.
Luego de décadas de discusiones académicas, de luchas políticas, de confrontaciones tecnocráticas, retóricas y económicas –nacionales e internacionales-, es posible decir que el concepto de participación en América Latina es un derecho ganado. Desde el restablecimiento ‘definitivo’ de las democracias latinoamericanas -década de los 80-, queda claro que hay, en la participación social, política o ciudadana, un elemento fundamental a promover, a fortalecer. Sin embargo, existe hoy todavía una gran distancia entre “lo dicho” y “lo hecho”.
Los procesos de participación ciudadana y los espacios de construcción colaborativa se han puesto de moda, está dicho y explicitado en casi la mayoría de las intenciones de los gobiernos y misiones de organismos y organizaciones. Sin embargo, sigue resultando un desafío el cómo llevarlo a cabo, como plasmar en la acción esta perspectiva participativa y colaborativa. Existen en Latinoamérica innumerables experiencias pero que no han logrado todavía encarnarse como prácticas en lo cotidiano.
Es muy frecuente encontrarse con abordajes que entienden a la participación simplemente como medio para informar o validar alguna decisión ya tomada. Una participación no convencida, que es más requisito que intención. Por eso es necesario entender la participación no sólo como un método de consulta, sino como un encuentro de conocimientos entre todes, donde se reconoce y acepta al otre para permitir una construcción conjunta e integración de las necesidades jerarquizadas por la población que participa. Es en este punto donde, como Asuntos del Sur, entendemos la necesidad e importancia de diseñar e implementar metodologías que faciliten y fortalezcan el carácter participativo de las acciones que se deseen realizar.
El qué de la participación está claro, ahora bien, el cómo, sigue siendo un desafío y, en este caso, el fin sí justifica los medios. Es necesario transitar procesos diseñados y pensados específicamente para lograr llegar a esa participación que deseamos y es por esta razón que las metodologías cobran tanta importancia.
Nuestra tarea como organización en articulación con los gobiernos u otras organizaciones está vinculada a diseñar ese cómo. Un ejemplo claro de esta acción es el Proyecto de Innovación Pública 360 que busca incidir en la transformación del modelo de gestión pública de gobiernos subnacionales de Latinoamérica, a través de la innovación política. Desde lo metodológico, damos apoyo en la provisión de herramientas de facilitación de espacios de cocreación de políticas públicas para fortalecer la priorización de la ciudadanía como centro de la gestión. Partimos siempre de la mirada subjetiva de quien participa para luego invitar a la creación y definición de posibles acciones y soluciones.
Pensamos el cómo de manera innovadora e inclusiva, diseñando metodologías ágiles que hagan accesible la participación. Además, toda acción tiene como objetivo transferir capacidades, no es únicamente guiar el proceso sino, también, dejar capacidades instaladas en aquellas personas o poblaciones que se ven alcanzadas por el proceso de participación. Introducimos nuevas herramientas tecnológicas para ampliar el alcance de la participación ciudadana, sobre todo en este contexto de pandemia donde el encuentro presencial (principal mecanismo de participación) no es posible.
Estamos en un contexto favorable para diseñar acciones y políticas de manera participativa. Ya lo sabemos, ya estamos convencides de eso. El próximo desafío es seguir profundizando el cómo para lograr aterrizar lo que deseamos y hacer nuestro accionar cada vez más colectivo, participativo y disruptivo.
Autora: Mercedes Gregorini Analista en Coordinación Metodológica
Será imposible borrar de nuestra memoria los meses de encierro por cuenta del aislamiento preventivo obligatorio al que nos llevó la crisis sanitaria surgida por el COVID-19.
En las grandes ciudades, aquellas personas y familias que contaban con mayor acceso fueron quienes, entre otras garantías, tuvieron la posibilidad de tener cerca ambientes naturales, sin necesidad de salir de sus casas o propiedades. El sol y los espacios verdes se vieron como un privilegio.
Para otros y otras la realidad fue distinta. Disfrutar de áreas públicas parquizadas o agrestes, con arbolado y suelo absorbente, ya era algo escaso antes y lo fue más durante el encierro. En ciudades como Buenos Aires, donde la estadística oficial dice que hay, en promedio, 6 m2 de espacio verde por habitante —4 m2 menos de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)— el acceso a parques, plazoletas, plazas y paseos públicos se volvió una añoranza.
Es común que las comunidades empobrecidas vivan en sectores y barrios donde los espacios verdes no abundan ni son de calidad, espacios hacinados que aportan mayores factores de riesgo de exposición a diversas enfermedades. Si estas familias tuvieran espacios verdes, su calidad de vida mejoraría enormemente. Por lo tanto, también hablamos de justicia social, de la imperiosa necesidad de reducir las desigualdades socioeconómicas, que también son desigualdades en salud.
Esta necesidad es incuestionable y una problemática ambiental de primer orden para las ciudades, tomando además relevancia desde el punto de vista sanitario. Ya la OMS ha advertido en varias ocasiones que el 88% de los habitantes de zonas urbanas están expuestos a unos niveles de contaminación del aire exterior superiores a lo recomendable, teniendo esto un efecto directo en las enfermedades no transmisibles. Ahora que, en contexto de pandemia, hablamos mucho más de aquellas que son transmisibles, los espacios abiertos de calidad son nuestros mejores aliados.
Es por ello que cobran más relevancia iniciativas ciudadanas en defensa del ambiente y que buscan incrementar los espacios verdes públicos. Una de ellas es la Ley Marco de Espacios Verdes Públicos para la Ciudad de Buenos Aires (Proyecto de Ley N° 703-P-2021), impulsada desde el proyecto Partícipes de Asuntos del Sur, y cocreada por un grupo de organizaciones y colectivos de la sociedad civil. El interés de este proyecto de ley es que existan acciones concretas y medibles para recuperar áreas costeras, garantizar la integridad de parques, reservas ecológicas, plazas y plazoletas.
La actual es la última generación que tiene la oportunidad de reconstruir la relación con la naturaleza antes de llegar a un punto irreversible. Por ello, este año, además, es importante apoyar la iniciativa #GeneraciónRestauración, que marcará el inicio del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas.
Pero el cambio no depende únicamente de sembrar más árboles y garantizar más y mejores zonas verdes. Los sectores de la energía y el transporte en las ciudades son especialmente importantes, a medida que crece la urbanización, y contribuyen enormemente al cambio climático. Es por ello que deben ser llamados a hacer parte del compromiso con la solución.
Cambio estructural
En la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), en Glasgow, se presentaron diversos planes de acción climática para las ciudades globales. Pero la aplicación de los mismos está sujeta a un cambio estructural de las formas de producir, transportar y moverse entendiendo que el crecimiento permanente, en las condiciones actuales, no es posible en un planeta finito.
Investigadora asistente en CONICET, profesora en la Universidad Torcuato Di Tella y directora del Interdisciplinary Laboratory for Computational Social Science, de University of Maryland, en Argentina. Doctora en Ciencia Política (UTDT), MA en Social Research por Uneversity of Warwick, (becaria Chevening) y licenciada en Ciencia Política (UBA). Especialista en instituciones políticas, comportamiento legislativo y federalismo.
Abogada (UBA), con maestría en Políticas Públicas (UTDT) y MPA en Tecnologías Digitales y Policy (UCL, en curso). Vicepresidenta para América del Grupo Asesor de Desarrollo de Telecomunicaciones de la UIT y experta en el Grupo de Iniciativas de Capacitación del mismo organismo. Integra el Consejo Directivo de Internet Society Argentina desde 2020 y es docente de Derecho en la Universidad de Palermo.
Licenciada en Ciencia Política (Universidad de Buenos Aires, Argentina), Magíster en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe por la Universidad Nacional de San Martín (Universidad Nacional de San Martín, Argentina) y maestranda en Ciencia Política (Universidad Torcuato Di Tella, Argentina). Me desempeño como investigadora en el Observatorio Electoral de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, docente universitaria y consultora independiente. Miembro de la Red de Politólogas #NoSinMujeres. Líneas de investigación: participación política de las mujeres y diversidades, gobernanza electoral y nuevas tecnologías para la participación política.
Mi nombre es Bruno, soy de Rio Cuarto, Córdoba. Me desempeño laboralmente como desarrollador web, especializado en Wordpress y Javascript. Actualmente estoy estudiando PHP y React. Me gusta mucho viajar y andar en bici 😁
Migrante colombiana viviendo en Argentina. Licenciada en Ciencias Políticas con formación de Maestría en Intervención Social. Investiga y trabaja en políticas urbanas, especialmente en barrios populares. Diseña procesos participativos con enfoque interseccional.
Lic. En Comunicación Social (UBA). Máster en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digital (Universidad Rey Juan Carlos y Media Lab Prado, Madrid) especialista en procesos de innovación democrática, gobierno abierto y comunicación política, con más de 10 años de experiencia en investigación, diseño y ejecución de políticas de gobierno abierto y estrategias de comunicación política.
Actualmente, está estudiando Relaciones Internacionales. Le gusta entrenar, leer y adora aprender cosas nuevas. Su estación favorita del año es el invierno y le gustan los dulces y postres.
Vive en San Martín (Buenos Aires) y tiene 21 años. Es estudiante de la Lic. en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de San Martín y se encuentra realizando su trabajo de tesis sobre el modelo de desarrollo sostenible que presenta y defiende el Acuerdo de Escazú, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se suma a Asuntos del Sur motivada por adquirir conocimientos sobre cómo se lleva a cabo un proyecto a nivel regional y conocer sus dinámicas.
Maia tiene 22 años y es franco-argentina. Es ex estudiante de cine y actual estudiante de Ciencia política en la UNSAM. Amante de la fotografía. Dedica su tiempo libre a entrenarse para correr carreras.
Vive en Reconquista, Santa Fe, pero es originario de Buenos Aires. Tiene 25 años y es estudiante de la Licenciatura en Periodismo en la Universidad Siglo 21. También estudió Programación en la UTN.
Estudiante avanzada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de San Martín. Se encuentra cursando las últimas materias de la carrera y redactando la Tesis de Investigación. Se confiesa muy emocionada de ser parte de Asuntos del Sur para experimentar este nuevo desafío.
Artista y gestora cultural. Magíster en Mediación Cultural (Universidad Nouvelle Sorbonne Paris 3). Doctoranda en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó como asesora de despacho de la Gobernación de Nariño y de la Alcaldía de Cartagena, Colombia, en la implementación de procesos de innovación pública.
Magíster en Ciencia Política por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ha trabajado como consultora e investigadora para organismos internacionales, gubernamentales nacionales y Think Tanks nacionales e internacionales.
Politólogo de la Universidad de Buenos Aires, Máster en Mercados e Instituciones del Sistema Global y PhD en Políticas e Instituciones de la Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Italia). Activista por los derechos de las personas LGTBI y docente de postgrado en la Universidad de Lanús (Argentina) y en la Alta Escuela de Economía y Relaciones Internacionales (Italia). Sus áreas de especialización son la integración regional latinoamericana, la geopolítica energética y las políticas públicas con enfoque de derechos.
Peruana, Coach Ontológico Profesional con especialización en educación emocional y estudiante del último año de la carrera de Relaciones del Trabajo – UBA. Trabaja como coach facilitando capacitaciones para emprendedores y negocios. Como pasatiempo, disfruta leer, hacer yoga y trekking y viajar.
Argentino, politólogo (UBA) e investigador en cuestiones de género y seguridad (ILSED). Amante de los viajes, los idiomas y el intercambio cultural.
Oriunda de Río Negro. Estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de San Martín, con tesina en proceso. Además, participa en asociaciones civiles de base comunitaria. En su tiempo libre, juega para uno de los equipos deportivos de la UNSAM.
Abogada. Derecho Internacional Público. Gestión de proyectos en temáticas de transparencia, acceso a información pública, participación ciudadana, integridad, fortalecimiento institucional, innovación y gobierno abierto.
Estudiante de Relaciones Internacionales en la UNSAM. Le interesan las cuestiones de género y desplazamiento forzado. Como pasatiempo, la literatura y el cine.
Estudia Ciencias Políticas (UNSAM) con tesina en proceso. En paralelo, estudia Relaciones Internacionales en la misma casa de estudios. Además, trabaja en la Fundación Metropolitana haciendo desarrollo institucional y contenidos y escribe informes sobre Ambiente en Politeia.arg. Como hobbie, dedica tiempo a danza jazz y comedia musical desde hace varios años, como también a talleres de lectura sobre diferentes temáticas.
Nació y creció en Bogotá (Colombia). En 2011 emigró a Argentina para continuar sus estudios. Actualmente, está cursando la Licenciatura de Relaciones Internacionales.
Es estudiante de Ciencias Políticas y Profesorado Universitario en Ciencia Política (UNSAM). Disfruta mucho viajar y le gusta leer, cocinar y hacer deporte.
Licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales con una Maestría en Comunicación Política (Austral). Fue Directora Nacional de Relaciones Institucionales del Ministerio de Salud de la Nación y se especializó en el Ceremonial y Protocolo. Ama el running y viajar.
Actualmente cursando la Tecnicatura en Administración de Gestión y PyMEs y la licenciatura en Comercio Internacional. Atleta trans, fanática del ciclismo y activista de la inclusión deportiva.
Licenciada en Comunicación Social con orientación en opinión pública y publicidad en la UBA. Becaria de la Nueva Escuela de Diseño y Comunicación. Se encuentra vinculada con las ONG desde el 2017. Consultora y especialista en herramientas digitales y Ecommerce & Marketing Digital.
Licenciada en Comunicación Social, experiencia de trabajo en OSC y en el Estado en temática de políticas públicas enfocadas en hábitat. Especializada en el diseño de metodologías participativas, facilitación de talleres, coordinación de grupos y acompañamiento en los procesos de diseño e implementación de proyectos. Docente de teatro en nivel secundario y actriz.
Lic. en Ciencia Política (UCA). Trabajó en el sector privado para diferentes multinacionales, en Escuelas de Negocio y tiene, además, experiencia en la función pública. Es docente universitario y secundario.
Jennifer Cyr es profesora asociada e investigadora de ciencias políticas y de los estudios latinoamericanos en la Universidad de Arizona. Además de estudiar la representación política y la democratización en América Latina, escribe sobre los métodos cualitativos y mixtos y el uso de los grupos focales en las ciencias sociales.
Directora de Arte e Ilustradora independiente. Artista autogestiva. Miembro activo de MEP (Mujeres en Publicidad), un colectivo de mujeres en busca de una industria publicitaria con perspectiva de género. www.jotaschneider.com
Lic. en Relaciones Públicas y Cs. de la Comunicación. Comunicadora en Bachillerato Popular Travesti Trans Mocha Celis. Activista por los DDHH LGBTIQ+. Transfeminista.
Politóloga por la UCB de La Paz con especialización en Gestión Equitativa por la USMP, Lima. Diplomada en IAP y Educación Superior. Trabaja en investigación, derechos políticos de las mujeres, paridad y alternancia, prevención de violencia contra las mujeres y presupuestos sensibles al género.
Dentro del tercer sector desarrolló todo tipo de tareas, profesionalizándose en la gestión humana y de comunidades de personas. Trabajó en temas relacionados a la educación, los derechos civiles y la responsabilidad social empresaria. Estudia idiomas y turismo para poder seguir relacionándose con personas de todo el mundo.
Licenciada en Comercialización. Ha prestado sus servicios como asistente de gestión académica del Programa Colegio de las Américas – COLAM de la Organización Universitaria Interamericana – OUI. Apoyo a los procesos de convocatoria, registro de estudiantes, monitoreo de inscripciones y pagos, coordinación del proceso de certificación y diplomación y producción de informes administrativos.
Periodista de Medellín, Colombia y estudiante de la Maestría en Comunicación y Criminología de la Universidad Nacional de La Plata. Trabaja en temas relacionados con la memoria histórica, la violencia y los derechos humanos. Participa en procesos de periodismo ciudadano por la memoria, así como en investigaciones sobre el mismo tema. Ha sido docente de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia.
Licenciada en Relaciones Internacionales (UCC); Técnica en Responsabilidad y Gestión Social (Universidad Siglo 21); Especialista en Políticas Públicas para la Igualdad en América Latina (CLACSO y FLACSO Brasil) y Magíster en Derechos Humanos y Políticas Públicas (UNED España). Se desempeña en los ámbitos de la cooperación internacional, el desarrollo institucional y la docencia.
Argentina. Lic. en Relaciones Internacionales (Universidad Católica de Córdoba). Maestranda en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano (Universidad Nacional de Córdoba). Con experiencia en la coordinación y facilitación de talleres presenciales en América Latina, en tutorías de programas de formación virtual, y en el diseño de metodologías y la creación de plataformas colaborativas.
Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, con una maestría en curso de Ciencia Política por la Universidad Torcuato Di Tella. Su trabajo se concentra en los derechos reproductivos de las mujeres y la participación ciudadana.
Abogada experta en violencia de género por la Comisión Nacional de Justicia de Género de Venezuela – TSJ y Magíster en Docencia para Educación Superior, Diplomada en Innovación Política, Derechos Humanos y Procesal Penal. Trabajó en el Poder Judicial en la competencia de Delitos de Violencia contra la Mujer en el Estado Zulia, Venezuela. Embajadora de Venezolanas Globales en Argentina; forma parte de la Red de Mujeres de Amnistía Internacional Venezuela y de la Red Feminista del Estado Zulia.
Licenciado en Ciencia Política de la UBA, con un amplio recorrido en comunicación digital y campañas políticas. Con formación en diseño audiovisual por su vocación para contar historias. Colaborador de la Federación Internacional de Racquetball.
Licenciada en Administración Gubernamental y Políticas Públicas por la Universidad de Guadalajara con especialización en temas de participación ciudadana, innovación política y combate a la corrupción. Actualmente es Maestrante en Politicas Públicas con enfoque en Gobiernos Locales y Rendición de Cuentas. Especialista en estrategias y herramientas de incidencia y construcción de Redes por EQUIS- Justicia para mujeres, Alternativas y Capacidades y la GIZ -Agencia del Gobierno Federal Alemán y en Contraloría Social y Sistemas Anticorrupción por el Colegio de Jalisco y el Comité de Participación Social de Estado de Jalisco.
Licenciada en Ciencia política por la Universidad de Buenos Aires. Magister en Administración Pública por la facultad de Ciencias Económicas de la UBA y Especialista en Educación y nuevas tecnologías por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Se desempeña hace más de 10 años en la educación en línea en diferentes organizaciones de la región.
Licenciada en Relaciones Internacionales (Universidad de San Andrés) y Mg. en Relaciones Internacionales Europa – América Latina (Universidad de Bolonia). Realiza una Maestría en Ciencias Sociales de Internet en Oxford Internet Institute (Universidad de Oxford). Especializada en innovación política y gobernanza de internet.
Politóloga por la Universidad Pompeu Fabra, especializada en género y juventudes. Máster Interuniversitario en Juventud y Sociedad, Universidad de Girona. Maestría en Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires (en proceso de elaboración de tesis). Forma parte de la Red de Politólogas. Sus intereses de investigación se focalizan en los temas de género, juventudes y participación política.
Coordinadora de Gobernanza, Estado y Gestión del Observatorio de Políticas Públicas y Docente investigadora de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV). Asesora de organismos públicos nacionales y subnacionales. Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador (Argentina) y especialista en Cooperación Internacional por la Universidad Nacional de San Martín (Argentina).
Coordina el programa de Innovación Pública 360 y es Digital Integrity Fellow del Open Tech Fund. Msc en Desarrollo Internacional (Universidad de Bristol). Fue investigador en tecnologías para la Vicepresidencia de Bolivia, PNUD y Fundación UNIR Bolivia. Ex becario Chevening.
Licenciada en Ciencia Política de la UBA, especializada en dirección y gestión de organizaciones sociales en UdeSA y docente en la UBA de la materia “el rol de las organizaciones de la sociedad civil en políticas públicas”.
Politólogo de la Universidad de Buenos Aires, MSc en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford, MPA y PhD en Ciencias Políticas del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po). Trabajó en el Woodrow Wilson Center, el Centro de Desarrollo de la OCDE y dirigió el Instituto Federal de Gobierno en Argentina. También es docente universitario e investiga sobre democracia, economía política y tecnopolítica.
.contacto
info@asuntosdelsur.org
Novedades, contenidos e información de interés directo a tu correo.
There was an error. Please try again later.
Tu solicitud se ha completado. Recuerda validad tu suscripción revisando tu correo.
¿Nos encontramos en Casa Sur?
Av. Díaz Vélez 4736, CABA.
Por innovaciones políticas nos referimos
Al desarrollo de prácticas, intervenciones, dispositivos tecnológicos y/o regulaciones que permitan solucionar problemas públicos. Las innovaciones, entendemos, deben tener dos condiciones necesarias:
La primera es que deben buscar transformarse en una práctica social y política generalizada, es decir, deben buscar tener un impacto político.
La segunda es que deben favorecer a la ampliación de derechos y de calidad de vida de las personas. Entendida de este modo, la innovación política apunta a la construcción de sociedades abiertas, gobernadas por comunes, por lo que se requieren acciones que distribuyan el poder. Es por ello que, desde Asuntos del Sur, priorizamos las innovaciones centradas en la construcción de sociedades más paritarias, inclusivas y participativas.
