La transformación digital ofrece enormes beneficios para mejorar la calidad de los servicios públicos y el vínculo con la ciudadanía. Sin embargo, un estudio reciente de Asuntos del Sur y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe reveló que en Argentina sólo el 8% de los municipios tienen una estrategia a tal fin
El gobierno derogó la resolución que exigía la paridad en empresas y asociaciones civiles, uno de los 17 objetivos de desarrollo estipulados por Naciones Unidas. Argentina fue pionera en la materia al ser el primer país del mundo en aprobar la Ley de Cuotas de Género en 1991.
Argentina se está enfrentando a un aumento dramático de los casos de dengue. En los primeros tres meses del 2024, se diagnosticaron más de 200.000 contagios, superando todos los casos reportados en el 2023 y batiendo un récord histórico. Las causas son varias, pero la respuesta para abordar estos desafíos debería ser una: el Estado liderando políticas públicas. Algunas lecciones aprendidas de la pandemia Covid-19 que podría incorporar la gestión de Milei.
Aunque Latinoamérica lidera en el camino hacia la paridad, con un promedio del 34,9% de representación en 2022, se estima que llevará más de 40 años alcanzar la paridad total en los parlamentos nacionales.
¿Cuáles son las perspectivas de su administración radical?
En sólo tres años, Javier Milei, un excéntrico economista libertario y participante habitual en tertulias televisivas, consiguió crear un partido político y convertirse en Presidente de Argentina. Y en la segunda vuelta de las elecciones, venció a su rival peronista Sergio Massa, que era ministro de Economía en el momento de los comicios, por un margen considerablemente mayor de lo que pronosticaban las encuestas: 55,7% contra 44,3%. La victoria de Milei fue tan abrumadora que ganó en 21 de las 24 provincias, incluidos enclaves peronistas históricos en los que su oponente había liderado en la primera vuelta.
En el marco del plan de implementación de la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades (PNDIC), Bolivia contará con un Laboratorio de Innovación Urbana. En criterio de Beatriz Lizarazu, Especialista en Planificación Urbana y Espacial, Coordinadora del proyecto Ciudades Resilientes (CoREUrban) de HELVETAS Swiss Intercooperation, «el Laboratorio se encargará de identificar problemáticas urbanas, proponer soluciones a partir de prototipos escalables y acompañar la planificación del desarrollo urbano, desde insumos técnicos, en relación a los niveles de intervención que tiene la PNDIC».
Las instancias involucradas en este proceso son el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo,HELVETAS Swiss Intercooperation Bolivia y ONU Hábitat. Roger Cruz Viceministro de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, dio a conocer el interés estratégico que se tiene en la temática del Laboratorio de Innovación Urbana, porque permitirá identificar problemas que se presentan a nivel de las ciudades, conocer las percepciones de las personas y precisar soluciones eficientes. Cruz señaló la importancia de acompañar la operacionalización e implementación de la PNDIC a través de metodologías y capacidades de trabajo colaborativo.
La Gerente del Subprograma de Territorios Resilientes de HELVETAS Bolivia, y Directora del Proyecto Basura 0 financiado por la Cooperación Sueca en Bolivia, Mariana Daza explicó que «desde el ámbito estratégico de la institución, diversos proyectos como el caso de Gestión Integral del Agua, Gestión Ambiental Municipal, CoREUrban, Basura 0 forman parte activa del proceso que está orientado a la generación del Laboratorio de Innovación Urbana, desde un abordaje colaborativo y participativo».
El 23 y 24 de abril, el equipo del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, HELVETAS Bolivia, ONU Hábitat y entidades interesadas en la temática participan de un proceso de capacitación, cuyo objetivo es promover el acercamiento a los conceptos relacionados con los laboratorios de innovación, así como de herramientas diseñadas para el Laboratorio.
En criterio de Javier Zubieta, Director del proyecto Gestión Integral del Agua de la Cooperación para el Desarrollo de la Embajada de Suiza en Bolivia que implementa HELVETAS «el Laboratorio de Innovación Urbana constituye una opción adecuada al contexto en el cual vivimos, donde la riqueza de la información que se recupera, brinda oportunidades valiosas para la toma de decisiones efectiva, desde una planificación clara de políticas públicas»
Cristian León, Sub Director programático en Asuntos del Sur y Coordinador de Innovación Pública 360, instancia encargada del diseño conceptual del Laboratorio de Innovación Urbana señaló que el Laboratorio «es un espacio vivo e interactivo que permite conocer los problemas y necesidades de la población con relación al ámbito urbano y también contribuye a generar diálogo para encarar soluciones conjuntas».
Nueve de cada diez personas de países en desarrollo no recibirán la vacuna de la COVID-19 en 2021. Esta constatación, tan simple cuanto trágica, es la voz de alarma que desde organizaciones, plataformas multisectoriales, algunos gobiernos y organismos internacionales vienen advirtiendo y sustentando el pedido de liberar temporalmente los derechos de propiedad intelectual de las vacunas para inmunizar a la población mundial del virus de la COVID-19.
Lamentablemente, los planteos (a favor y en contra) sobre la circulación del libre de conocimiento y tecnología para salvar vidas no es nuevo. Así como se encuentran casos como el del descubridor de la vacuna de la polio (John Stalk), que se negó a patentar su descubrimiento, favoreciendo la extensión y la aceleración de su aplicación, otras patentes médicas han tenido un proceso más complejo. Este fue el caso de los medicamentos retrovirales para tratar el VIH, cuyas patentes se liberaron temporalmente a fines de los ’90, y pudieron ser producidas y adquiridas a precios asequibles para los países más pobres y aquellos en vías de desarrollo (aunque considerablemente más tarde que en los países más ricos, causando un gran daño en la población de los primeros)
En diciembre del 2020 comenzó el proceso de vacunación contra la COVID-19 en un puñado de países -la mayoría de ellos, del norte industrializado-. Y, a medida que pasaba el tiempo, y pese a los esfuerzos multilaterales encabezados por la Organización Mundial de Salud -junto a organizaciones y gobiernos aliados-, se mantuvo el patrón predominante del “sálvese quien pueda” y “yo primero” que caracterizan al actual apartheid de las vacunas.
De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud, al 19 de abril el mundo contaba con más de 140 millones de casos de contagios de COVID-19 y 3 millones de muertes. De estas últimas, algo más del 48% ocurrieron en el continente americano, con Estados Unidos (561.611 muertes), Brasil (371.678) y México (212.228) a la cabeza. A su vez, se aplicaron 792.796.083 dosis de vacunas para contrarrestar el virus, en una población mundial de 7.684.000.000. Sin embargo, si la desproporción entre las dosis aplicadas y la población mundial no fuese suficiente, el panorama empeora cuando se analiza cómo se han distribuido dichas dosis. Según manifestara el Director General de la OMS recientemente: el 87% de las dosis fueron aplicadas en países ricos, mientras el 0,2% de la población de los países de menores recursos recibieron alguna dosis. América Latina, que se estipula necesitaría unas 500 millones de dosis para inmunizar a su población, recibirá para fines de abril -mediante Covax- algo menos de 380.000 dosis. Solo un puñado de países tienen un nivel mayor al 12% de su población con al menos 1 dosis: Chile (66,58 dosis por cada 100 habitantes), Uruguay (36,48), Brasil (15,24), Argentina (13,48) y Panamá (12,7). Por su parte, países como Nicaragua, Guatemala y Honduras no llegan siquiera a 1 dosis por cada 100 habitantes.
El mundo no sólo necesita una mayor producción de dosis, sino también que estas lleguen a todos los rincones del planeta, al mismo tiempo y en condiciones tales de volver efectiva la inmunización de la población mundial. Sin embargo, según las previsiones de las farmacéuticas que tienen aprobadas sus vacunas, y ante la desigual (adquisición y) distribución de vacunas, viene empujando con fuerza la idea de actuar e intervenir sobre la producción de vacunas a través de la suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual -como solicitado por India y Sudáfrica, junto a un grupo de países, en el seno de la OMC- o a través de la implementación de plataformas colaborativas para el intercambio de información y tecnología, como Acceso Mancomunado a la Tecnología contra la covid-19 (C-TAP), liderado por la OMS.
El C-TAP fue lanzado por la OMS junto al gobierno de Costa Rica y co-patrocinado por otros 40 Estados reunidos en el Llamamiento a la acción solidaria, 13 de los cuales, pertenecientes a América Latina y el Caribe: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas y Uruguay. Este mecanismo insta a gobiernos, organizaciones financiadoras, empresas y a la comunidad científica a compartir (voluntariamente) el conocimiento, la propiedad intelectual y los datos relacionados con la tecnología de la salud COVID-19. La implementación del C-TAP se realiza a través del Fondo de Patentes de Medicamentos, el Compromiso Open COVID, la Asociación de Acceso a la Tecnología alojada por el Banco de Tecnología de las Naciones Unidas y Unitaid.
Sin embargo, y pese a que potencialmente podría ser una herramienta considerablemente útil -en el ámbito sanitario y económico, pero también para revitalizar una nuestra estructura colaborativa de la gobernanza internacional- al día de hoy ni una sola farmacéutica -que tenga aprobada alguna de las vacunas para combatir esta pandemia- ha adherido a este mecanismo. Ante la ausencia de las grandes farmacéuticas, así como la falta de apoyo de los países de donde estas provienen, poco hay que compartir, y mucho menos material para colaborar.
Diversas organizaciones de la sociedad civil han mostrado su preocupación ante la OMS, por la falta de apoyos efectivos y de resultados tangibles de la C-TAP, a la vez que se insta a la organización multilateral de la salud a tomar un rol más proactivo y transparente.
En lo que respecta al proceso iniciado en la OMC por India y Sudáfrica -en el que se solicita la exención de determinadas disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio para la prevención, contención y tratamiento de la COVID-19-, esta media ha encontrado un fuerte apoyo de más de 80 países de ingresos medios y bajos, en modo de aumentar el ritmo de producción y el costo de acceso a las vacunas. Sin embargo, un reducido grupo de países -ricos-, que son los que obviamente están liderando el ritmo de vacunación a nivel mundial, se oponen. Así, países como Estados Unidos, Reino Unido, Suiza y la mismísima Unión Europea se oponen a la medida, así como también la Federación Internacional de Asociaciones y Fabricantes de Productos Farmacéuticos, aduciendo que sería una mala señal parea nuevas inversiones (que son extremadamente altas) para la investigación y desarrollo de nuevas vacunas y medicamentos.
Las empresas del sector sostienen que los problemas de suministro de vacunas se podrían solucionar mediante la realización de acuerdos bilaterales con productores de medicamentos genéricos para hacer frente a las dificultades de producción, como ya han hecho AstraZeneca, Novartis y Johnson&Johnson con distintos institutos. En el caso latinoamericano, se trata del acuerdo de la primera de estas farmacéuticas realizado con Argentina y México para la fabricación conjuntan de las vacunas que utilizan su tecnología. Sin embargo, como señala el Director General de la OMS, estos mecanismos se están mostrando insuficientes.
No resulta complejo desentrañar los intereses por detrás del posicionamiento de los países más ricos. Por citar un ejemplo, de las 10 farmacéuticas más valoradas en el mundo 2019, 5 son estadounidenses (Pfizer, Abbot, Merck, Celgene y Abbvie), 2 son suizas (Roche y Novartis), 1 alemana (Bayer), 1 francesa (Sanofi) y 1 inglesa (Gsk). A su vez, en un reciente estudio publicado en The Lancet, queda en evidencia que el sector público (representado en los gobiernos nacionales) y el de la filantropía (con la Fundación Bill y Melinda Gates a la cabeza), aportaron -como mínimo- más de 10 mil millones de dólares para el la investigación y desarrollo de vacunas contra la COVID-19. Más del 83% de este financiamiento se concentró en solo 5 vacunas, que tienen como denominador común la presencia del gobierno de EEUU como financiador en todas ellas. A esto se suma el estudio que confirma, para el caso de la vacuna de AstraZeneca, que la industria farmacéutica aportó solo el 3% de los 120 millones de euros invertidos para su desarrollo -provenientes, principalmente, del Reino Unido y la Comisión Europea.
Fuente: Wouter et al. (2021)
Recientemente, un grupo de ex mandatarios y premios Nobel instaron al actual presidente de los Estados Unidos a que apoye la suspensión de los derechos de propiedad intelectual para la producción de vacunas contra la COVID-19. A esto se suma los resultados de una encuesta, en este mismo país, en el que el 60% de las personas consultadas (de distintas orientaciones ideológicas) expresa su acuerdo con la suspensión temporal de la protección de las patentes de las vacunas contra la COVID-19, lo cual facilitaría el proceso de vacunación mundial.
En este mismo sentido se ha expresado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien -junto a la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión- hicieron un llamamiento a los gobiernos que forman parte del sistema interamericano a que se promueva la distribución justa y equitativa de las vacunas, así como también garantizar que estas sean accesibles y asequibles para los países de medios y bajos ingresos. En especial, en los puntos 27 y 28 de la Resolución, se hace especial mención a la necesidad de avanzar en las dos direcciones mencionadas para promover una inmunización global, tanto en lo que hace a la suspensión temporaria de los derechos de propiedad intelectual como a la necesidad de fomentar el intercambio de tecnologías y conocimientos entre los Estados.
Siguiendo los pedidos de expertos y científicos de todo el planeta, reunidos en la mencionada publicación de The Lancet, una estrategia de inmunización global contra la COVID-19 que sea efectiva debe impactar en cuatro dimensiones: desarrollo y producción, asequibilidad, asignación y despliegue. Es por ello que, para el logro de dicha estrategia, es imperioso que se aumente la producción a escala de las vacunas, que las vacunas estén disponibles cuando se necesiten (para lo cual, los mecanismos cooperativos y multilaterales aparecen como herramientas fundamentales), que sus precios sean asequibles (y, cuando no lo son, deberán tomarse medidas para que lo sean) y garantizar la infraestructura y los medios necesarios para que estas lleguen a todas las comunidades.
Uno de los principales argumentos contra la liberalización de los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas radica en el hecho de considerar las mismas (y, en definitiva, a la salud) como un bien de consumo. Sin embargo, la vacuna de la COVID-19 debe ser considerada un bien público global, como sostuvo el Secretario General de las Naciones Unidas. Siguiendo esta premisa, y bajo el lema “la vacuna de los pueblos” es que personalidades de todo el mundo instando a una producción masiva y disponible para todo el mundo, de todos los países, que sea gratuita.
Ahora bien, en un mundo en el que reina el “salvase quien pueda” (donde primero, obviamente, se salvan los más ricos): ¿por qué habríamos de esperar que las grandes farmacéuticas actuarán en forma colaborativa y solidaria? Si los gobiernos de todo el planeta van desesperados a ofrecer lo que tienen (y lo que no) para reservarse un puñado de vacunas, estas no tienen ningún incentivo para cooperar, abrir patentes y manejarse por principios que no sean el lucro. Porque recordemos que, ante todo, son empresas. No son depositarias del interés general ni representan a nadie más que a sus inversores. También se abre un interrogante sobre el rol, y qué es esperable, de las fundaciones filantrópicas, como la Fundación Bill y Melinda Gates, que han financiado miles de millones de dólares para el desarrollo de vacunas.
Más allá de todo lo antes mencionado, la responsabilidad de lo que se haga o deje de hacer, así como la factibilidad de cambiar el curso de la actual pandemia sigue recayendo en los Estados y en las capacidades de estos de dotar de sentido (y contenido) los mecanismos colaborativos globales (como Covax y C-TAP). Pero, fundamentalmente, apostando por consensos globales sobre la importancia de salvaguardar la vida de los y las habitantes del planeta ante el mantenimiento de las reglas del mercado.
Autor: Ignacio Lara
Presidente del Consejo Directivo de Asuntos del Sur – Argentina
El coronavirus ha afectado la vida de las personas en todo el mundo, pero Latinoamérica es aún más perjudicado. Es necesario actuar en forma conjunta para superar esta crisis.
OXFAM sostiene que el COVID-19 es el virus de la desigualdad, donde los ricos se han hecho más ricos y los pobres más pobres. Adicionalmente, la OMS advierte que corremos el riesgo de tener países que puedan controlar la epidemia y otros en los que se volverá endémica. Y si los gobiernos no empiezan a coordinar acciones de respuestas la situación tendrá sin dudas consecuencias humanitarias catastróficas.
La reacción egoísta y predatoria la vimos al comienzo de la pandemia, cuando los países ricos se aseguraron rápidamente suministros de testeo e instrumental médico. Lo que actualmente está sucediendo con las vacunas es aún peor. Hace unos pocos días, el jefe de la OMS alertó sobre el “nacionalismo de vacunas” que están adoptando los países más ricos del planeta para tener acceso preferente a las vacunas contra COVID19, lo que supone una “falla moral catastrófica” que amenaza una distribución justa y equitativa de vacunas en el mundo.
En números, esto se traduce en que de los 65 millones de vacunas ya proporcionadas en el mundo, el 80% de las mismas fueron ofrecidas a los Estados Unidos, China y los países más ricos de Europa. El mencionado informe de expertos convocados por la OMS sostiene que la mayoría de los países más pobres no podrán vacunar a más del 20% de su población y muchos tendrán que esperar hasta el 2022.
Esta catástrofe es particularmente visible en América Latina donde a pesar de concentrar uno de cada cuatro casos de COVID-19 en el mundo, sólo se ha aplicado un millón de vacunas. Además, para peor, esas vacunas se concentran casi exclusivamente en México, Argentina, Brasil y Chile, esto es, en las economías más fuertes de la región.
Bollyky y Bown, en un artículo de la Foreign Affairs, sostienen que la causa es que estamos ante un clásico “dilema del prisionero” en el que los países actúan como agentes con escasos incentivos para cooperar.
Es por ello que la tragedia, más que moral como sostiene el jefe de la OMS, es en realidad política, dado que refleja la incapacidad de brindar respuestas concertadas entre las naciones frente a una pandemia que ha mostrado efectos sanitarios, económicos y sociales devastadores.
La Asamblea General de las Naciones Unidas tardó un año desde el inicio de la pandemia para realizar reuniones especiales sobre el tema, sin dar tampoco resultados tangibles. La OMS se ha mostrado carente de músculo político y financiero, debilitada aún más con la retirada de la membresía de los Estados Unidos por parte de Trump. También genera sorpresa la escasa intervención del G-7, el G-20 y hasta del G-77 en dar respuestas concertadas.
La iniciativa más cercana a un ejercicio de colaboración efectiva es el Acelerador ACT que reunió tempranamente a gobiernos, laboratorios farmacéuticos y a grandes organizaciones filantrópicas como la fundación Melinda y Bill Gates, con el objetivo de apresurar la fabricación y la distribución equitativa de vacunas, tratamientos y medios de diagnóstico contra el COVID-19. Un componente de esta iniciativa es el esquema COVAX, por el cual se propone ofrecer 2.000 millones de vacunas a países de ingreso bajo y mediano.
No obstante, este esquema no ha logrado atraer a algunos de los principales países fabricantes de vacunas. Estados Unidos se acaba de unir esta semana. Tampoco participan los grandes laboratorios farmacéuticos y solamente ha conseguido un 25% de los compromisos financieros proyectados. Es decir, en el mejor de los escenarios recién estará distribuyendo vacunas para finales del 2021, un año después del comienzo de la vacunación por parte de los países ricos. Muchos países de América Latina y de África podrían lograr cierta cobertura recién para el 2023 o 2024.
El impacto de esta falta de mecanismos de gobernanza colaborativa a nivel global tendrá consecuencias devastadoras. Voces especializadas que están actualmente asesorando a la OMS sostienen que esto generará una enorme fractura en el mundo, causando estragos en esas sociedades.
Sin embargo, los incentivos son lo suficientemente contundentes y deberían alertar a los países ricos. La falta de cooperación también afectará necesariamente a los “ganadores”. La OIT esgrime que ya se perdieron 255 millones de puestos de trabajo alrededor del mundo. Si las muertes continúan creciendo, se estima que la pandemia podría matar a 40 millones de personas y reducir la economía mundial en 12,5 trillones de dólares para finales del 2021. Esto significa menos consumidores, menos exportaciones y menos trabajo. Y si el nacionalismo se globaliza se podrían poner en riesgo las cadenas de valor de las propias vacunas, para las cuales los principios activos generalmente se suministran de países en desarrollo.
La única manera colectiva de evitar el famoso “dilema del prisionero” es generando mecanismos, o fortaleciendo los ya existentes para una gobernanza colaborativa. Claro, la crisis del multilateralismo no es nueva. Pero no queda otra que hacer un trabajo político de construcción de consensos y liderazgos compartidos en el campo internacional, para convencer a los países de esta cooperación.
Con la administración de Biden, y la reincorporación de los Estados Unidos a los Acuerdos de Paris, la OMS y a COVAX, se abre una nueva ventana de oportunidad. América Latina podría hacer lo mismo y reconstituir el Consejo Sudamericano de Salud. El mismo, parte de la desmantelada UNASUR, era justamente el único espacio regional que reunía a los ministros sudamericanos con el objetivo de promover políticas sanitarias comunes.
Una gobernanza colaborativa permitiría vacunar equilibradamente y asistir a poblaciones prioritarias con objetivos críticos de salud pública. A su vez, se estimularía a las economías, se evitaría interrupciones en las cadenas de suministros, se podría sostener condiciones para los laboratorios (y no al revés) y se evitarían conflictos geopolíticos innecesarios.
La política, ya sabemos, nunca es la salida más fácil. Pero también sabemos que, de esta crisis, nadie se salva solo. *Matías Bianchi es director de Asuntos del Sur y coordinador de la iniciativa #ColaboraLat
Se propone la necesidad de introducir mecanismos de inteligencia colectiva en políticas públicas, específicamente a nivel local, para construir un modelo de gobernanza más legítimo, eficiente y sostenible. Se hace una crítica a la mirada de gobierno abierto, y propone focalizar estrategias en la generación de capacidades, la inclusión política y la garantía de espacios efectivos de participación por parte de la ciudadanía.
La pandemia de Covid-19 nos ha puesto frente a un escenario desconocido, y para el que no tenemos aún las respuestas científicas ni las políticas sanitarias, tecnológicas o de infraestructura para hacerle frente. Ante esta situación, la mayoría de los gobernantes, con grandes diferencias entre ellos, han reaccionado de manera improvisada y reactiva.
Desgraciadamente, una gran cantidad de ellos utilizaron la emergencia sanitaria como excusa para concentrar aún más el poder en sus manos. Desconociendo la opinión de expertos, apelando a eslóganes facilistas e irresponsables, obviaron divisiones de poderes, y aprovecharon para violar derechos ciudadanos y para perseguir a opositores políticos. Estas acciones profundizan los desafíos ya existentes en nuestras democracias, en donde hemos visto en los últimos años fantasmas que creíamos extinguidos –como los golpes de Estado–; la emergencia de liderazgos políticos crecientemente autoritarios y algunos abiertamente antidemocráticos, y los niveles más altos de violencia política y violación de derechos humanos que hayamos experimentado en décadas.
El gobierno argentino ha sido uno de los que actuó de manera diferente. Ha mostrado vocación de diálogo, colaboración y concertación a la hora de responder a la emergencia sanitaria y económica. Sin embargo, como en la mayoría de los casos, la ciudadanía no ha tenido participación activa en este proceso, por lo que queda todavía pendiente el “gobernar con la ciudadanía”, tal como había propuesto el mismo Presidente en su discurso de asunción.
La realidad nos ha demostrado que esta pandemia es un desafío al que no podemos dar respuestas unilaterales desde las miradas parciales de un gobierno o una comunidad en particular.
Es por ello que este artículo sostiene que hoy más que nunca necesitamos enfoques que promuevan la inteligencia colectiva como forma para buscar soluciones a desafíos públicos. La premisa sobre la que se basa es que nadie lo sabe todo, pero todo el mundo conoce y sabe algo, por lo que el conocimiento está en la humanidad.
En este sentido, la agenda de gobierno abierto, la cual ya apela a este enfoque, se presenta como una oportunidad, sobre todo implementada a nivel local, para reconstruir lazos entre Estado y sociedad, generando capilaridad en el entramado social, y contribuyendo así a generar soluciones políticas más legítimas, eficientes y sostenibles. Sin embargo, también se advierte aquí, esta agenda debe dejar de lado el enfoque neoliberal imperante en la gestión anterior, focalizada principalmente en transparencia y apertura de datos, y pasar a impulsar iniciativas que apunten a “abrir la cocina” de gobiernos y sumar a la sociedad a la definición e implementación de políticas públicas.
Es por ello que este artículo también propone resignificar la agenda de gobierno abierto para ponerla al servicio de la construcción de tejido social y de democratización de la sociedad. Para su éxito, aquí se sostiene, se requiere diseñar los marcos legales necesarios para garantizar su institucionalidad y que estos procesos sean vinculantes, adoptar las herramientas pertinentes para incorporar a la ciudadanía en los procesos de tomas de decisión y la generación de capacidades tanto en el Estado como en la ciudadanía. Estas medidas no solo permitirán generar el marco para responder a este y a otros desafíos con las características de la actual pandemia, sino también diagramar una hoja de ruta para construir una sociedad más democrática.
Inteligencia colectiva en gobiernos locales
Hoy parecería que todos nuestros problemas surgieron con el Covid-19, y olvidamos que ya estábamos insertos en una crisis política y económica sin paralelo. Según la CEPAL, el desempeño económico de la región en esta última década ha sido el peor desde la Segunda Guerra Mundial, aumentando los niveles de pobreza, exclusión y desigualdad. Latinobarómetro también muestra que los niveles de apoyo a la democracia, a sus instituciones, y sobre todo a los partidos políticos, son los más bajos desde que comenzaron estas mediciones en 1995.
En gran medida, este desempeño responde a transformaciones estructurales que venimos experimentando en el mundo y están vinculadas a la “Cuarta Revolución Industrial” y al capitalismo globalizado que están cambiando la manera en la que vivimos, trabajamos y nos relacionamos.
Estos factores ponen en jaque el modelo de organización “estado-céntrica” que se había ido constituyendo a lo largo del siglo XX en las democracias de Occidente.
Algunos de los fenómenos que estamos viviendo corresponden a la creciente “liquidez” de la sociedad que, como sostiene Zygmunt Bauman, hace que los espacios de pertenencia y referencia de la ciudadanía sean más difusos; la precarización laboral ha vuelto a los sindicatos y organizaciones más irrelevantes; el encarecimiento y mediatización de la política han generado incentivos para que los políticos estén más lejos de sus bases, y la globalización económica le ha quitado centralidad al Estado, pudiendo hoy los poderes de facto tener una influencia desmedida sobre las agendas y decisiones públicas de los países. Es decir, el tejido social, y sobre todo los mecanismos tradicionales de intermediación entre Estado y sociedad, que se habían constituido sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, son cada vez más débiles y difusos (ver gráfico 1). Este fenómeno se acentúa en sociedades periféricas y fuertemente desiguales como las latinoamericanas.
Gráfico1. Las herramientas que hoy tenemos ya no sirven
Pierre Rosanvallon señala que la crisis de democracia en la que estamos insertos reside en que, si bien nuestros regímenes son democráticos, ya no se gobierna democráticamente. No deberían sorprender, entonces, los bajos niveles de satisfacción con la democracia, ni tampoco que amplios sectores de la sociedad apoyen alternativas políticas antisistema, recrudeciendo el tribalismo y la xenofobia que vemos profundizar en todo el mundo. Se vuelve necesario, por ende, construir un nuevo acuerdo democrático.
En este sentido, la agenda de gobierno abierto se presenta como una oportunidad para democratizar el Estado y reconstruir el tejido social deteriorado de las democracias en la región. Este enfoque ha ido ganando cada vez más relevancia como forma de innovar la administración pública alrededor del mundo, la cual pone énfasis en la participación de las personas, la colaboración y la transparencia, que están entre las demandas ciudadanas más importantes de Latinoamérica. Asimismo, responde al Objetivo 16 de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, especialmente en lo que se refiere a la identificación de estrategias que permitan lograr sociedades más inclusivas, sostenibles y justas. De acuerdo con la Alianza para el Gobierno Abierto, estas iniciativas están transformando el modo en que las instituciones interactúan con la sociedad al mismo tiempo que redefinen el compromiso ciudadano mediante nuevos principios y valores (OGP, 2017: 7-9). Más aún, uno de los pilares de este tipo de acercamiento, la co-creación, propone una “revolución” en la forma de gobernar, pues incluye a la ciudadanía como co-protagonista en los procesos de diseño de política y la toma de decisión.
La incorporación de la ciudadanía en las políticas públicas no responde solo a un problema de legitimidad democrática, sino también a una necesidad de dar soluciones de inteligencia colectiva a desafíos de un mundo cada vez más complejo e incierto. La inteligencia colectiva es la capacidad de una sociedad de organizarse para resolver problemas que la afectan, definidos y decididos a partir de ideas, experiencia y escrutinio de la ciudadanía. Este tipo de estrategias mejora la comprensión de los problemas a enfrentar, el desarrollo de las opciones e ideas, y establece un mecanismo más inclusivo para la toma de decisiones y un mejor control sobre lo que se ha hecho.
Específicamente, es a nivel local donde este tipo de estrategias tiene mayor potencial. En primer lugar, porque los gobiernos subnacionales son las entidades más cercanas territorialmente a la ciudadanía y, por ende, la vinculación con los gobiernos es más sencilla y fluida en este nivel. De hecho, en este nivel representantes y representados viven en el mismo lugar e incluso es posible que se conozcan personalmente; además, es más probable que la ciudadanía esté más predispuesta a participar e influenciar en el proceso de toma de decisión. En segundo lugar, porque en el último cuarto de siglo los países latinoamericanos han experimentado una considerable descentralización en los gobiernos subnacionales. Hoy en día, estos niveles controlan alrededor del 30% del gasto público y están a cargo de políticas públicas cruciales para el desarrollo, tales como educación, salud y seguridad. Desde este punto de vista, abrir dichos niveles de gobierno podría tener un potencial impacto en el desarrollo a largo plazo de las sociedades. Tercero, porque América latina se encuentra en franca urbanización. Tres ciudades en la región exceden los 15 millones de habitantes, otras cuatro están sobre los 10 millones y por lo menos 28 superan el millón. Estas transformaciones requieren ingentes cantidades de infraestructura pública, incluyendo más transporte público, mejores niveles de seguridad y un uso inteligente de los espacios públicos, ámbitos en los que la innovación pública es muy necesaria. Finalmente, porque es a ese nivel donde se han dado las principales innovaciones públicas en la última década, y es donde se han refugiado en modo defensivo movimientos emergentes que han sido amenazados por la creciente ola antiderechos y de violencia. Tanto el municipalismo español, el Movimiento Verde colombiano, Muitas en Belo Horizonte (Brasil) y tantos otros, son testigos de que hay mayor margen de maniobra para incidir políticamente a nivel subnacional.
El trabajo de apertura de gobiernos a nivel subnacional no es solo una posibilidad de incidencia, sino también una herramienta vital para la reconstrucción de confianza en instituciones para la recuperación de la democracia. La clave de la confianza se da en la continua interacción entre los diferentes actores políticos, tanto en gobierno como en ciudadanía, la cual va generando comportamientos reiterados, incidiendo en las expectativas positivas de los mismos, como en la creación de incentivos para la cooperación. Keele afirma que la confianza en sociedades surge a partir de sostener interacción a través de actividades cívicas entre la ciudadanía y los gobiernos, más que las afinidades ideológicas o de pertenencia.
Esta creciente incorporación se da, principalmente, a través de dos mecanismos. El primero es el incremento de canales de diálogo con la sociedad civil organizada, lo cual implica ampliar y mejorar los diferentes espacios de debate público (asambleas, los consejos estratégicos, presupuestos participativos, las mesas de trabajo, entre otras). El segundo mecanismo es la efectiva participación en el co-diseño de políticas públicas con la sociedad civil. Este nivel es cualitativamente superior, ya que requiere que las organizaciones inviertan más tiempo y conocimiento en un proceso público, y, por el otro lado, que los gobiernos den garantías y espacios para que esa colaboración sea efectiva.
En un estudio sobre la implementación de gobiernos abiertos en América latina, comprobamos empíricamente que, a mayor interacción, aumentaba la confianza. Y, curiosamente, la confianza ciudadana se extendía más allá de las personas u organizaciones que formaban parte del proceso directamente. Las mismas operan como “intermediarios” de confianza hacia poblaciones o grupos más amplios, que confían y tienen relaciones con ellos, pero no necesariamente con los gobiernos. Estas comparten información con otras organizaciones, actúan como portavoces de las políticas públicas y convocan a nuevos actores y habilidades a espacios colaborativos, haciendo uso de sus propias redes de alcance.
En la práctica, sin embargo, el modelo imperante de gobierno abierto propuesto por la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) se muestra insuficiente. El mismo es sesgado y prescriptivo. Es sesgado porque hace un foco sobredimensionado en la transparencia y tecnologías de datos abiertos. Un estudio de 2018 muestra que dos tercios de los compromisos de AGA están vinculados a la transparencia, apertura de datos y rendición de cuentas. Esta agenda se reconoce en una mirada de “ciudadanos espantados”, como nos invita a pensar el filósofo coreano-alemán Chul Han. La misma repite el presupuesto neoliberal de una sociedad civil virtuosa que contrasta con una política sucia a la que hay que controlar y transparentar.
En un contexto político regional donde se requiere una reconstrucción del tejido social, el foco de la apertura de gobiernos debería estar puesto, centralmente, en la inclusión política, la articulación entre actores y la provisión de bienes públicos, agendas prioritarias de la democracia en América latina.
El modelo de AGA también se presenta como prescriptivo porque se focaliza en que los gobiernos asuman compromisos como un fin en sí mismo, con muy pocas herramientas y metodologías para la construcción efectiva de esas agendas, ni dispositivos concretos de evaluación de impacto ni penalización por incumplimiento.
La coyuntura nos invita a pensar iniciativas y reformas que apunten a reconstruir el tejido social. El horizonte de un gobierno, un Estado y, en definitiva, una sociedad abierta no puede limitarse a la transparencia, sino en uno en el cual el conocimiento, la cultura, la naturaleza, la salud y las plataformas de información son considerados como bienes de todas las personas y traen beneficios para el entero conjunto. Una sociedad abierta es esencialmente democrática porque se basa en el debate público, la participación ciudadana y la mejora permanente. La infraestructura tecnológica y las capacidades técnicas ya están disponibles, sin embargo, para funcionar, requiere que se recupere una capilaridad social por parte del Estado para que no quede nadie fuera.
Entiendo que una agenda de gobierno abierto basada en la inteligencia colectiva necesita apoyarse en cuatro ejes:
i. Incentivos políticos
La inclusión de la ciudadanía tiene que ser efectiva. Por un lado, esto requiere una voluntad explícita por parte del liderazgo político, y, por el otro, que sean asuntos sensibles para la ciudadanía. En estudios hemos observado que las organizaciones que no participaban en espacios de co-creación en gobierno abierto lo hacían porque no observaban que los mismos tuvieran un impacto concreto en las políticas de gobierno. Sentían que los espacios abiertos eran testimoniales, o para legitimar decisiones ya tomadas, o que decidían sobre cuestiones menores. Esta participación tiene que ser concreta, con un efecto directo en las políticas públicas, y de carácter vinculante.
Asimismo, se ha observado que la principal resistencia a la agenda de gobierno abierto ha venido de la propia burocracia. Entonces cualquier diseño tiene que contemplar los incentivos políticos de cooperación interna dentro del Estado.
ii. Participación efectiva
La voluntad política es importante pero insuficiente. Los derechos, mecanismos y procesos requieren estar institucionalizados para poder garantizar y consolidar los avances más allá de la gestión de turno. Hay un corpus de marcos legales que garantizan el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, los mecanismos de participación, de consulta, asamblea, y la incorporación de nuevos actores vinculados al requerimiento de incorporar a la sociedad civil en el diseño y creación de las políticas públicas. Las mismas tienen que contemplar premios y castigos dentro de la gestión pública para la incorporación efectiva de esta agenda evitando los actores de veto.
iii. Capacidades
La efectiva participación ciudadana en el co-diseño de políticas públicas posa una demanda superior sobre el funcionariado público y los liderazgos sociales. Se requieren conocimientos tecnológicos para construir plataformas e intervenir en las mismas; metodologías de facilitación de espacios colaborativos; conocimientos avanzados sobre los procesos políticos de los gobiernos; habilidades blandas para coordinar y hacer efectivos espacios horizontales, entre otras cuestiones. Muchos de estos elementos están ausentes, tanto en los gobiernos como en la ciudadanía. Es por ello que cualquier iniciativa requiere incluir un componente pedagógico-formativo para generar el cambio cultural y proveer de las herramientas pertinentes para el aprovechamiento de los espacios.
iv. Dimensión comunitaria
La variable diferencial para el avance de este tipo de agendas reside en la capacidad de construir o consolidar (dependiendo el caso) los ecosistemas de organizaciones e individuos con intereses en las áreas políticas clave. Garantizar su voz e incidencia resulta fundamental para su efectiva participación y para su valor agregado en la vida pública. En un contexto de debilitamiento institucional y de tejido social es menester generar acciones explícitas para identificar los sectores sociales con vinculación a cada área de políticas públicas.
Conclusión
Frente a la creciente desconexión entre Estado y sociedad, y sus consecuencias en las crisis políticas recientes, este artículo propone pensar a la agenda de gobierno abierto como una manera de introducir mecanismos de inteligencia colectiva en nuestras políticas públicas. Específicamente se identificó a los gobiernos locales como espacios de avance de estas agendas, tanto por su proximidad territorial, su rol en áreas políticas clave, como por su posibilidad de incidencia directa por parte de la ciudadanía.
Sin embargo, se alertó que para ello es necesario replantearse tal agenda, tanto desde lo conceptual como desde la práctica, y pasar de poner el peso en la transparencia y la lucha contra la corrupción (sin por ello dejarlas de lado), para focalizarse en la articulación con la sociedad, la inclusión política y la garantía de espacios efectivos de participación e incidencia por parte de la ciudadanía. Si avanzamos en esta dirección no solo recuperaremos la confianza en las instituciones, sino que también estaremos dando los pasos necesarios para plantear modelos de gobernanza más legítimos, eficientes y sostenibles que puedan dar respuesta a los complejos desafíos que afrontamos.
Licenciada en Ciencia Política (Universidad de Buenos Aires, Argentina), Magíster en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe por la Universidad Nacional de San Martín (Universidad Nacional de San Martín, Argentina) y maestranda en Ciencia Política (Universidad Torcuato Di Tella, Argentina). Me desempeño como investigadora en el Observatorio Electoral de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, docente universitaria y consultora independiente. Miembro de la Red de Politólogas #NoSinMujeres. Líneas de investigación: participación política de las mujeres y diversidades, gobernanza electoral y nuevas tecnologías para la participación política.
Mi nombre es Bruno, soy de Rio Cuarto, Córdoba. Me desempeño laboralmente como desarrollador web, especializado en Wordpress y Javascript. Actualmente estoy estudiando PHP y React. Me gusta mucho viajar y andar en bici 😁
Migrante colombiana viviendo en Buenos Aires hace más de 6 años. Estudié Ciencias Políticas y estoy realizando mi tesis de Maestría en Intervención Social. Investigo y trabajo en políticas urbanas, especialmente en barrios populares, me gusta pensar y hacer talleres participativos y disfruto mucho el trabajo en equipo. Practico y oriento prácticas de vinyasa yoga y amo bailar salsa.
Lic. En Comunicación Social (UBA). Máster en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digital (Universidad Rey Juan Carlos y Media Lab Prado, Madrid) especialista en procesos de innovación democrática, gobierno abierto y comunicación política, con más de 10 años de experiencia en investigación, diseño y ejecución de políticas de gobierno abierto y estrategias de comunicación política.
Actualmente, está estudiando Relaciones Internacionales. Le gusta entrenar, leer y adora aprender cosas nuevas. Su estación favorita del año es el invierno y le gustan los dulces y postres.
Vive en San Martín (Buenos Aires) y tiene 21 años. Es estudiante de la Lic. en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de San Martín y se encuentra realizando su trabajo de tesis sobre el modelo de desarrollo sostenible que presenta y defiende el Acuerdo de Escazú, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se suma a Asuntos del Sur motivada por adquirir conocimientos sobre cómo se lleva a cabo un proyecto a nivel regional y conocer sus dinámicas.
Maia tiene 22 años y es franco-argentina. Es ex estudiante de cine y actual estudiante de Ciencia política en la UNSAM. Amante de la fotografía. Dedica su tiempo libre a entrenarse para correr carreras.
Vive en Reconquista, Santa Fe, pero es originario de Buenos Aires. Tiene 25 años y es estudiante de la Licenciatura en Periodismo en la Universidad Siglo 21. También estudió Programación en la UTN.
Estudiante avanzada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de San Martín. Se encuentra cursando las últimas materias de la carrera y redactando la Tesis de Investigación. Se confiesa muy emocionada de ser parte de Asuntos del Sur para experimentar este nuevo desafío.
Artista y gestora cultural. Magíster en Mediación Cultural (Universidad Nouvelle Sorbonne Paris 3). Doctoranda en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó como asesora de despacho de la Gobernación de Nariño y de la Alcaldía de Cartagena, Colombia, en la implementación de procesos de innovación pública.
Magíster en Ciencia Política por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ha trabajado como consultora e investigadora para organismos internacionales, gubernamentales nacionales y Think Tanks nacionales e internacionales.
Politólogo de la Universidad de Buenos Aires, Máster en Mercados e Instituciones del Sistema Global y PhD en Políticas e Instituciones de la Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Italia). Activista por los derechos de las personas LGTBI y docente de postgrado en la Universidad de Lanús (Argentina) y en la Alta Escuela de Economía y Relaciones Internacionales (Italia). Sus áreas de especialización son la integración regional latinoamericana, la geopolítica energética y las políticas públicas con enfoque de derechos.
Peruana, Coach Ontológico Profesional con especialización en educación emocional y estudiante del último año de la carrera de Relaciones del Trabajo – UBA. Trabaja como coach facilitando capacitaciones para emprendedores y negocios. Como pasatiempo, disfruta leer, hacer yoga y trekking y viajar.
Argentino, politólogo (UBA) e investigador en cuestiones de género y seguridad (ILSED). Amante de los viajes, los idiomas y el intercambio cultural.
Oriunda de Río Negro. Estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de San Martín, con tesina en proceso. Además, participa en asociaciones civiles de base comunitaria. En su tiempo libre, juega para uno de los equipos deportivos de la UNSAM.
Estudiante de Relaciones Internacionales en la UNSAM y Coordinadora General en Soft Power, un think tank de relaciones internacionales. Interesada por las cuestiones relativas a la vinculación entre el género y el libre comercio
Estudiante de Relaciones Internacionales en la UNSAM. Le interesan las cuestiones de género y desplazamiento forzado. Como pasatiempo, la literatura y el cine.
Estudia Ciencias Políticas (UNSAM) con tesina en proceso. En paralelo, estudia Relaciones Internacionales en la misma casa de estudios. Además, trabaja en la Fundación Metropolitana haciendo desarrollo institucional y contenidos y escribe informes sobre Ambiente en Politeia.arg. Como hobbie, dedica tiempo a danza jazz y comedia musical desde hace varios años, como también a talleres de lectura sobre diferentes temáticas.
Nació y creció en Bogotá (Colombia). En 2011 emigró a Argentina para continuar sus estudios. Actualmente, está cursando la Licenciatura de Relaciones Internacionales.
Es estudiante de Ciencias Políticas y Profesorado Universitario en Ciencia Política (UNSAM). Disfruta mucho viajar y le gusta leer, cocinar y hacer deporte.
Licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales con una Maestría en Comunicación Política (Austral). Fue Directora Nacional de Relaciones Institucionales del Ministerio de Salud de la Nación y se especializó en el Ceremonial y Protocolo. Ama el running y viajar.
Actualmente cursando la Tecnicatura en Administración de Gestión y PyMEs y la licenciatura en Comercio Internacional. Atleta trans, fanática del ciclismo y activista de la inclusión deportiva.
Finalizando la Licenciatura en Comunicación Social con orientación en opinión pública y publicidad en la UBA. Becaria de la Nueva Escuela de Diseño y Comunicación. Se encuentra vinculada con las ONG desde el 2017.
Licenciada en Comunicación Social, experiencia de trabajo en OSC y en el Estado en temática de políticas públicas enfocadas en hábitat. Especializada en el diseño de metodologías participativas, facilitación de talleres, coordinación de grupos y acompañamiento en los procesos de diseño e implementación de proyectos. Docente de teatro en nivel secundario y actriz.
Lic. en Ciencia Política (UCA). Trabajó en el sector privado para diferentes multinacionales, en Escuelas de Negocio y tiene, además, experiencia en la función pública. Es docente universitario y secundario.
Jennifer Cyr es profesora asociada e investigadora de ciencias políticas y de los estudios latinoamericanos en la Universidad de Arizona. Además de estudiar la representación política y la democratización en América Latina, escribe sobre los métodos cualitativos y mixtos y el uso de los grupos focales en las ciencias sociales.
Directora de Arte e Ilustradora independiente. Artista autogestiva. Miembro activo de MEP (Mujeres en Publicidad), un colectivo de mujeres en busca de una industria publicitaria con perspectiva de género. www.jotaschneider.com
Lic. en Relaciones Públicas y Cs. de la Comunicación. Comunicadora en Bachillerato Popular Travesti Trans Mocha Celis. Activista por los DDHH LGBTIQ+. Transfeminista.
Politóloga por la UCB de La Paz con especialización en Gestión Equitativa por la USMP, Lima. Diplomada en IAP y Educación Superior. Trabaja en investigación, derechos políticos de las mujeres, paridad y alternancia, prevención de violencia contra las mujeres y presupuestos sensibles al género.
Dentro del tercer sector desarrolló todo tipo de tareas, profesionalizándose en la gestión humana y de comunidades de personas. Trabajó en temas relacionados a la educación, los derechos civiles y la responsabilidad social empresaria. Estudia idiomas y turismo para poder seguir relacionándose con personas de todo el mundo.
Licenciada en Comercialización. Ha prestado sus servicios como asistente de gestión académica del Programa Colegio de las Américas – COLAM de la Organización Universitaria Interamericana – OUI. Apoyo a los procesos de convocatoria, registro de estudiantes, monitoreo de inscripciones y pagos, coordinación del proceso de certificación y diplomación y producción de informes administrativos.
Periodista de Medellín, Colombia y estudiante de la Maestría en Comunicación y Criminología de la Universidad Nacional de La Plata. Trabaja en temas relacionados con la memoria histórica, la violencia y los derechos humanos. Participa en procesos de periodismo ciudadano por la memoria, así como en investigaciones sobre el mismo tema. Ha sido docente de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia.
Licenciada en Relaciones Internacionales (UCC); Técnica en Responsabilidad y Gestión Social (Universidad Siglo 21); Especialista en Políticas Públicas para la Igualdad en América Latina (CLACSO y FLACSO Brasil) y Magíster en Derechos Humanos y Políticas Públicas (UNED España). Se desempeña en los ámbitos de la cooperación internacional, el desarrollo institucional y la docencia.
Argentina. Lic. en Relaciones Internacionales (Universidad Católica de Córdoba). Maestranda en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano (Universidad Nacional de Córdoba). Con experiencia en la coordinación y facilitación de talleres presenciales en América Latina, en tutorías de programas de formación virtual, y en el diseño de metodologías y la creación de plataformas colaborativas.
Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, con una maestría en curso de Ciencia Política por la Universidad Torcuato Di Tella. Su trabajo se concentra en los derechos reproductivos de las mujeres y la participación ciudadana.
Abogada experta en violencia de género por la Comisión Nacional de Justicia de Género de Venezuela – TSJ y Magíster en Docencia para Educación Superior, Diplomada en Innovación Política, Derechos Humanos y Procesal Penal. Trabajó en el Poder Judicial en la competencia de Delitos de Violencia contra la Mujer en el Estado Zulia, Venezuela. Embajadora de Venezolanas Globales en Argentina; forma parte de la Red de Mujeres de Amnistía Internacional Venezuela y de la Red Feminista del Estado Zulia.
Licenciado en Ciencia Política de la UBA, con un amplio recorrido en comunicación digital y campañas políticas. Con formación en diseño audiovisual por su vocación para contar historias. Colaborador de la Federación Internacional de Racquetball.
Licenciada en Administración Gubernamental y Políticas Públicas por la Universidad de Guadalajara con especialización en temas de participación ciudadana, innovación política y combate a la corrupción. Actualmente es Maestrante en Politicas Públicas con enfoque en Gobiernos Locales y Rendición de Cuentas. Especialista en estrategias y herramientas de incidencia y construcción de Redes por EQUIS- Justicia para mujeres, Alternativas y Capacidades y la GIZ -Agencia del Gobierno Federal Alemán y en Contraloría Social y Sistemas Anticorrupción por el Colegio de Jalisco y el Comité de Participación Social de Estado de Jalisco.
Licenciada en Ciencia política por la Universidad de Buenos Aires. Magister en Administración Pública por la facultad de Ciencias Económicas de la UBA y Especialista en Educación y nuevas tecnologías por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Se desempeña hace más de 10 años en la educación en línea en diferentes organizaciones de la región.
Licenciada en Relaciones Internacionales (Universidad de San Andrés) y Mg. en Relaciones Internacionales Europa – América Latina (Universidad de Bolonia). Realiza una Maestría en Ciencias Sociales de Internet en Oxford Internet Institute (Universidad de Oxford). Especializada en innovación política y gobernanza de internet.
Politóloga por la Universidad Pompeu Fabra, especializada en género y juventudes. Máster Interuniversitario en Juventud y Sociedad, Universidad de Girona. Maestría en Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires (en proceso de elaboración de tesis). Forma parte de la Red de Politólogas. Sus intereses de investigación se focalizan en los temas de género, juventudes y participación política.
Coordinadora de Gobernanza, Estado y Gestión del Observatorio de Políticas Públicas y Docente investigadora de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV). Asesora de organismos públicos nacionales y subnacionales. Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador (Argentina) y especialista en Cooperación Internacional por la Universidad Nacional de San Martín (Argentina).
Coordina el programa de Innovación Pública 360 y es Digital Integrity Fellow del Open Tech Fund. Msc en Desarrollo Internacional (Universidad de Bristol). Fue investigador en tecnologías para la Vicepresidencia de Bolivia, PNUD y Fundación UNIR Bolivia. Ex becario Chevening.
Licenciada en Ciencia Política de la UBA, especializada en dirección y gestión de organizaciones sociales en UdeSA y docente en la UBA de la materia “el rol de las organizaciones de la sociedad civil en políticas públicas”.
Politólogo de la Universidad de Buenos Aires, MSc en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford, MPA y PhD en Ciencias Políticas del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po). Trabajó en el Woodrow Wilson Center, el Centro de Desarrollo de la OCDE y dirigió el Instituto Federal de Gobierno en Argentina. También es docente universitario e investiga sobre democracia, economía política y tecnopolítica.
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Al desarrollo de prácticas, intervenciones, dispositivos tecnológicos y/o regulaciones que permitan solucionar problemas públicos. Las innovaciones, entendemos, deben tener dos condiciones necesarias:
La primera es que deben buscar transformarse en una práctica social y política generalizada, es decir, deben buscar tener un impacto político.
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