Bajo el lema “Transformando nuestras ciudades para un futuro urbano mejor”, tuvo lugar el Foro Urbano Mundial organizado por ONU Hábitat en Katowice (Polonia), entre el 26 y el 30 de junio pasado.
Desde Asuntos del Sur, nos hicimos presentes para trabajar en un nuevo modelo de gobernanza democrática e intercambiar aprendizajes en el Sur Global. Para ello, presentamos CILA, una agrupación de organizaciones de la sociedad civil que buscan impulsar formas innovadoras de gobernanza y de acción colectiva.
Matías Bianchi Director Ejecutivo de Asuntos del Sur, Elkin Velásquez Regional Representante de UN-Habitat LAC e Ignacio Lara, Director Programático de Asuntos del Sur en el Foro Urbano Mundial 11ª edición.
El punto de partida de los debates presentes en el Foro era el reconocimiento de las múltiples crisis que la ciudadanía del mundo enfrenta en sus espacios más inmediatos: las ciudades. A los problemas estructurales, vinculados a la falta de sostenibilidad de nuestros sistemas que agravan la situación climática del planeta, se han ido sumando diversos eventos disruptivos, sean pandemias como el Covid-19 o guerras como las de Siria, Yemen o Ucrania.
Las ciudades ya acaparan el 56% de la población global y se espera que gran parte del aumento de la población en todo el mundo ocurra en estos espacios urbanos. Es por ello que, en el contexto actual, se requiere planificar e implementar transformaciones integrales en nuestras ciudades, que incluyan dimensiones como la resiliencia, la inclusión, el enfoque de género, la equidad y la sostenibilidad económica junto a la ambiental.
Matías Bianchi, Director Ejecutivo de Asuntos del Sur en el Foro Urbano Mundial.
Durante estos días interactuamos con organizaciones internacionales, gobiernos de distintos niveles, organizaciones de la sociedad civil, empresas y universidades para compartir buenas prácticas, potenciar las estrategias y sumar esfuerzos de cara al futuro. En este sentido, se distinguieron con claridad los consensos en torno a la necesidad de construir esquemas de gobernanza y estructuras institucionales inclusivas, con una mirada multiactoral y multinivel, para poder crear proyectos de ciudades resilientes y adaptables a los tiempos que corren.
Para eso, el rediseño de los esquemas participativos, que potencien la inteligencia colectiva, surgió como un elemento clave para poder pensar las acciones en un amplio rango, desde la reutilización de los espacios públicos al las políticas para erradicar la pobreza y la desigualdad, desde el rediseño de los sistemas de movilidad a la priorización de los sistemas públicos de salud, o desde el desarrollo (e implementación) de innovaciones tecnológicas a la promoción de inversiones “verdes”, por nombrar sólo algunos. Es por todo ello, como se concluyó, que es indispensable pasar del diagnóstico y el debate al momento de la acción. Ya no hay ni tiempo (ni excusas razonables) para no tomar decisiones de largo plazo, incluyentes y basadas en la cooperación, en las que se reconstruya el sentimiento de pertenencia al lugar que habitamos para construir el mundo en el que queremos vivir.
Por Trinidad Reynoso, Asistente en Innovación Pública 360
En una nueva edición del ciclo de diálogos Al encuentro con Minerva, conversamos con Aura Cifuentes, referente de innovación pública en América Latina, sobre los desafíos a la hora de innovar el sector público. En esta oportunidad, dialogamos sobre la importancia de pasar de una mentalidad tradicional hacia una lógica de la experimentación para lograr transformaciones profundas y que realmente puedan tener incidencia en la resolución o acercamiento a verdaderas soluciones para las comunidades.
El sector público suele verse como una estructura altamente burocrática, muy lenta y alejada de las necesidades de la ciudadanía. Si bien no es un reflejo preciso de la realidad, lo que es cierto es que otras esferas de la sociedad, como el sector privado, suelen avanzar en temas de innovación a ritmos mucho más acelerados. Esto se debe a dos problemas importantes: la falta de entrenamiento y la existencia de barreras. Los desafíos de la innovación no podrán comprenderse en su totalidad si no se capacita a los actores del sector público, naturalmente, pero, además, hay impedimentos en el uso de los fondos públicos que limitan la capacidad de experimentación.
Aura considera la experimentación como estrategia primera para superar barreras y repensarla vieja concepción del ciclo de las políticas públicas, en un modelo de fases incremental, de constante experimentación y retroalimentación. Para realizar esta transformación, Aura establece tres principios fundamentales:
En primer lugar, es de vital importancia contar con una experimentación iterativa, lo cual implica una evaluación constante y permanente de nuestros proyectos. En efecto, lograr ciclos de iteración rápidos permite ajustar y afinar nuestro proyecto en línea con las necesidades de la comunidad y evaluar si estamos cumpliendo con lo que teníamos de supuesto.
En segundo lugar, es fundamental utilizar datos y evidencia empírica a la hora de diseñar e implementar. A través de la experimentación iremos probando si el supuesto “A” funciona; de no ser así, se documentará y se pasará a “B” para construir basándose en evidencia. Esta gestión del conocimiento es vital para generar proyectos que tengan impacto y se amolden a las necesidades de la comunidad.
En tercer lugar, es vital comprender que la ciudadanía no es solamente una receptora de las políticas; debe cumplir un rol más activo, a través de estrategias de co-creación, para construir junto a la comunidad. Como los ciudadanos y ciudadanas son los usuarios de las políticas creadas, ellos no deben ser solo validadores; deben aparecer en todo el proceso de creación e implementación.
A través de estos principios podremos cambiar la forma en la que se diseñan, implementan y evalúan las políticas públicas. En palabras de Aura Cifuentes, lo que buscamos hacer es “cambiar comportamientos, visiones y tener una mentalidad que innove. Para ello, es fundamental el reconocimiento de los errores, debemos poder cometer errores pequeños, focales y rápidos que podamos probar y testear”.
¿Qué destacamos, entonces?
Desde IP360, decidimos impulsar un modelo de intervención que apuesta a procesos de articulación, transferencia de conocimientos, intercambios y generación de una comunidad de agentes de innovación que no le tengan miedo a iterar y a experimentar. Para ello, la inteligencia colectiva es la herramienta central que permite dinamizar la agenda de innovación pública a nivel local. Con IP360 buscamos conocer el territorio y sus comunidades; fortalecer las capacidades de los actores intervinientes e incidir en los ecosistemas locales de innovación para que los procesos se vuelvan sostenibles y logren, verdaderamente, dar respuesta a los retos planteados por la ciudadanía.
Por María José Barlassina, Coordinadora General de la Academia de Innovación Política
La aparición de metodologías formativas utilizando recursos tecnológicos, las redes sociales, las tecnologías de comunicación y las “nuevas competencias” están provocando entornos en constante cambio y donde es necesario adaptar los espacios formativos para que sean accesibles a la ciudadanía en general.
El nuevo contexto postpandemia genera un momento propicio para formar a la ciudadanía en el desarrollo de habilidades socioemocionales y el aprendizaje sobre los distintos mecanismos que le permitan contribuir con la sociedad. La tecnología para la transformación educativa es fundamental, principalmente, por tres razones.
En primer lugar, porque la tecnología está cada día más presente en el mundo y, sólo a través de su uso, las personas pueden desarrollar sus habilidades digitales. Además, las nuevas generaciones son partícipes de esta revolución tecnológica, crecen con tecnologías y, por ende, éstas son ya parte integral de su contexto educativo.
En segundo lugar, porque la tecnología democratiza el acceso al contenido y la instrucción, al romper barreras como la escasez de docentes o tutores/as o la ubicación geográfica. En otras palabras, permite el aprendizaje en todas partes y en cualquier momento.
Y, en tercer lugar, porque -usada de forma correcta- la tecnología fomenta el aprendizaje personalizado y activo, da continuidad al aprendizaje fuera de los contextos formales como así, también, facilita el desarrollo de nuevas competencias y habilidades afines a las necesidades del mundo de hoy y del futuro (Diálogo Interamericano, 2019).
A partir del recorrido hecho con la Academia de Innovación Política (AIP), hemos problematizado el proceso de aprendizaje y enseñanza, dejando de lado el modelo verticalista, en el cual el rol del docente o tutor/a cumplía un papel central. En este último modelo, queda sesgada la generación de nuevos liderazgos, al colocar al participante como simple espectador/a o receptor/a del conocimiento. En cambio, el modelo de enseñanza y formación de la AIP promueve el aprendizaje entre pares y en comunidad, siendo más propicio para generar nuevos liderazgos horizontales, circulares, que se involucran con los saberes de sus comunidades y que se adaptan a las nuevas realidades y contextos.
Los cursos que desarrollamos desde la AIP poseen ciertas características comunes desde el planteo de las actividades de evaluación y desde el aprendizaje progresivo y colaborativo:
Actividades individuales y colaborativas dentro de las unidades temáticas referidas al seguimiento académico.
Talleres de aplicación práctica.
La metodologías propuestas para los talleres de aplicación práctica son, generalmente, dinámicas que se aplican en talleres presenciales y que fueron repensadas y reconstruidas para la dinámica y estrategia pedagógica de la educación en línea de los cursos de formación de la AIP. Por lo cual, estas metodologías, también, parten de una construcción colectiva de saberes que arrojan, como resultado, dinámicas de trabajo colaborativo muy interesantes y, a la vez, desafiantes.
En este modo de generar el conocimiento y de aprender haciendo con otros/as reside, también, la mayor motivación por parte de los/as participantes, quienes otorgan un significado a los contenidos y tareas sobre las que trabajan, ya que son cuestiones y problemas significativos para ellos/as en sus comunidades. Es allí donde radica la importancia de apoyar, desde nuestro espacio de formación, para continuar el legado delfortalecimiento de las democracias en América Latina.
Desde Asuntos del Sur estamos comprometidos/as con la transformación de nuestras democracias, a través de la formación de los liderazgos de la región.Es por ello que, en los próximos meses, lanzaremos nuevos programas de capacitación orientados a la formación de funcionarios/as, líderes y lideresas sociales; trabajando incansablemente junto a las gobernaciones locales de Latam para profundizar los procesos de gobernanza colaborativa. El objetivo es brindar herramientas y metodologías de gestión y cocreación a los procesos de políticas públicas y propiciar la colaboración en los ámbitos cívico- políticos.
El ambiente virtual de aprendizaje aplicado por la AIP reúne características que son especialmente poderosas para la colaboración, tales como su interactividad, ubicuidad y sincronismo. Transitar por estas experiencias, donde se combinan la práctica y la teoría, permite a los/as participantes conocer distintas herramientas para la aplicación de proyectos con una mirada interseccional, multicultural e inclusiva. La construcción del conocimiento logrado en los talleres de aplicación práctica permite, a los futuros liderazgos, adquirir nuevas habilidades y saberes desde las prácticas del otro/a, con una visión de valor social-público.
Por Tatiana Cárdenas, Coordinadora Metodológica de Asuntos del Sur
El domingo 29 de mayo se realizará la elección presidencial en Colombia y sería poco decir que todos los ojos están puestos en este país. No solo por el inusual escenario político que tiene al progresista de izquierda, Gustavo Petro, como principal opcionado a la Casa de Nariño sino por los movimientos realizados por las autoridades electorales, durante los últimos meses, que hacen temer por la transparencia del proceso.
Los candidatos que mejor marcan en las encuestas son: Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá y ex militante de la extinta guerrilla del M19; Federico Gutiérrez, que representa a los partidos más tradicionales y es el ungido del expresidente Álvaro Uribe Vélez; Rodolfo Hernández, empresario y exalcalde de Bucaramanga, que ha centrado su campaña en polémicas; y Sergio Fajardo, el elegido en la consulta de la llamada Coalición de la Centro Esperanza.
Es la primera vez que, en el país, una opción cercana a la izquierda y al progresismo tiene la posibilidad real de llegar a la presidencia. La fórmula vicepresidencial de Petro es Francia Márquez, lideresa social, activista ambiental y feminista que, en 2018, fue reconocida con el Premio Medioambiental Goldman por su defensa del territorio.
Uno de los mayores logros de Petro, quien fue candidato presidencial y alcanzó el segundo lugar en 2018, es aglutinar en su movimiento a partidos políticos, colectivos y referentes de izquierda y centroizquierda, además de liderazgos que luchan por la defensa de los derechos humanos y que tienen como bandera la implementación del acuerdo de paz con las Farc que, hasta ahora, viene realizándose con retrasos y sin garantías para la seguridad y la vida de los y las excombatientes.
Aunque lo ha negado en repetidas ocasiones, se sabe que Federico Gutiérrez o “Fico”, como se le conoce, representa el movimiento político que puso en la presidencia a Iván Duque, quien termina su mandato con bajísimos índices de popularidad (25,1% según la última encuesta de Invamer Gallup). Gutiérrez fue alcalde y concejal de Medellín y su paso por la ciudad le dejó una mancha difícil de borrar: su exsecretario de seguridad fue procesado por tener vínculos con la llamada Oficina, una estructura criminal heredera del cartel de Medellín.
Aunque las encuestas dan a Petro como ganador, alcanzar la mitad más uno de los votos escrutados en primera vuelta es una hazaña que solo ha logrado Álvaro Uribe Vélez en su elección y reelección; por lo tanto, es muy posible que haya una segunda -y acá está el mayor interrogante de la campaña actual: no se sabe si será Federico Gutiérrez o Rodolfo Hernández quien alcance el apoyo popular para meterse en el segundo round-.
Elecciones amenazadas
Más allá del escenario político inusual, y bastante convulsionado, se ha levantado un manto de duda sobre la transparencia del proceso electoral, tras el fiasco en el conteo de votos vivido en las elecciones legislativas del 13 de marzo. Aquella vez, durante el escrutinio, se evidenciaron serias irregularidades que la Registraduría General de la Nación justificó como errores de los jurados de votación.
Sobre las situaciones que pueden generar dudas sobre el proceso del domingo 29 de mayo, Extituto de Política Abierta -organización que hace parte de la alianza por la veeduría electoral- denunció que “se teme que se generen, nuevamente, eventos que puedan llegar a poner en duda los resultados y la idoneidad de la Registraduría Nacional del Estado Civil, entre otras cosas, porque no se ha observado un proceso de cambio en los procesos que generaron inconvenientes hace un poco más de dos meses”.
La semana antes de la elección trascendió que la Registraduría no iba a contratar una firma internacional para realizar auditoría al software que será utilizado durante los comicios; hecho que ha sido justificado por demoras para la autorización del presupuesto, por parte de los ministerios del interior y de Hacienda, generando suspicacias y temores, especialmente, entre los candidatos opositores al gobierno actual.
Otra situación que sumó a la desconfianza fue que Migración Colombia negara el ingreso al país del estadounidense Teri Mattson y el abogado argentino Alejandro Rusconi, observadores electorales invitados por organizaciones de derechos humanos locales.
Esto se suma a situaciones de orden público, como las amenazas que viven distintas regiones. A inicios de mayo, la estructura criminal Clan del Golfo paralizó parte de Antioquia y Córdoba con un paro armado, según ellos, en protesta por la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”. Este hecho afectó la movilidad y seguridad de miles de personas, quienes, durante cuatro días, no pudieron desplazarse libremente ni realizar actividades comerciales. El miedo aún se siente en las calles y se presume que tendrá efectos directos en la jornada del domingo.
También se han sembrado dudas sobre el Registrador Nacional, Alexánder Vega, quien fue denunciado y está siendo investigado por las irregularidades mencionadas en las elecciones legislativas y de consultas internas.
Sobre este antecedente, Extituto aportó: “los órganos de control, entiéndase Procuraduría y Contraloría, no tomaron ningún tipo de medida adicional para evitar que se repitan errores del 13 de marzo. Ninguno de estos entes generó actuaciones para investigar y sancionar a los responsables, así como tampoco hizo requerimientos para prevenir que los inconvenientes vuelvan a suceder”.
“La Contraloría se excusa en que su control es posterior, a pesar de contar con competencias para hacer controles especiales de manera preventiva y concomitante, y la Procuraduría ha brillado por su ausencia en estos meses de elecciones, excepto para sacar de sus cargos a funcionarios elegidos por voto popular, en contravía de lo establecido en la Convención Interamericana”.
A pesar de todo ello, Vega dice que no es posible que exista fraude electoral y que todo se hará de forma correcta. Habrá que esperar al domingo para confiar en su palabra.
Más información sobre el proceso electoral en Colombia:
– Campaña#NadiePorEncimaDeLaJusticia presenta lineamientos y propuestas para garantizar la independencia judicial en próximo gobierno
Por Paola Flores, Coordinadora del proyecto Altavoz
Durante años, a las juventudes se les ha dicho que en ellas/os está el futuro de su país, sin que nadie se responsabilice del presente. Por ello, asegurar discursivamente que las y los jóvenes tienen garantizado un futuro, es una de las maneras más irresponsables de abordar la crítica situación social, económica y política en la que se encuentran.
Recientemente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó que la población joven es cercana a los 160 millones de personas en la región, lo que representa una fuerte necesidad de poner atención a las persistentes brechas estructurales de desigualdad que no han permitido el desarrollo de sus capacidades y la garantía de sus derechos.
Basados en la matriz de desigualdad social en América Latina que la misma Comisión presenta, se espera que las y los jóvenes finalicen con éxito sus estudios para poder adquirir las capacidades necesarias que su campo laboral requiere y con ello, lograr posicionarse en un trabajo que permita su estabilidad financiera y la posibilidad (¿responsabilidad?) de formar su propio núcleo familiar. Todo esto, haciendo un equilibrio de su vida personal, social y mental. Nada más alejado de la realidad.
En Latinoamérica, por ejemplo, estas expectativas (aunadas a un discurso de estigmatización desde una mirada adultocentrista, privilegiada y sin tomar en cuenta la diversidad e interseccionalidad) ha generado que miles de jóvenes, aún accediendo a mayores grados de escolaridad, acceso a la información y desarrollo de capacidades autogestivas, padezcan de altos niveles de desempleo, falta de acceso a canales de movilidad social y económica, coacción por parte de pandillas y otros grupos conformados con base a violencia, menor acceso al poder y espacios de toma decisiones, ausencia de representatividad de sus demandas en órganos o instancias del sistema político, mayores probabilidades de sufrir muerte por agresiones físicas, consumo de drogas, suicidios, feminicidios y, actualmente, desapariciones forzadas, entre muchos otros factores (sin olvidar que la situación se agrava si éstos viven en zonas rurales, forman parte de la diversidad LGBTTTIQ+, son indígenas, pobres o viven con alguna discapacidad). Porque de las juventudes se espera todo pero no se les garantiza nada.
Por ello, ante esta crítica situación, es imperante identificar los esfuerzos colectivos en la región para transformar sus realidades. Actualmente, existen Marcos Generales que trazan una ruta programática de acciones indispensables para mitigar ésta crisis: el Consenso de Montevideo, los Compromisos de Nairobi en América Latina y el Caribe; la Agenda de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD); la Estrategia de las Naciones Unidas para la Juventud #Juventud2030; la Iniciativa regional de Inversión en Adolescentes y Jóvenes de UNFPA en América Latina y el Caribe “165 Millones de Razones” y la Estrategia Global de Juventud de UNFA “Mi Cuerpo, Mi Vida, Mi Mundo” , todas con un potencial enorme y construidas con diferentes sectores desde las juventudes.
Sin embargo, aprovecho esta oportunidad para resaltar una iniciativa que se destaca por haber transitado del papel a la acción; el proceso latinoamerico #AltaVoz. Éste es fruto de un esfuerzo colaborativo de más de 50 organizaciones en toda América Latina que se unieron en el año 2020 para co-construir un Nuevo Acuerdo Democrático (NAD), uno que integrara las voces y miradas históricamente excluidas. Este documento funciona, actualmente, como una guía programática, compuesta por 5 ejes temáticos y 21 acciones concretas para que las iniciativas y proyectos de Latinoamérica se enmarquen en aquellas agendas “irrenunciables” que nos permitan recuperar nuestras democracias y garantizar los derechos humanos. #AltaVoz busca darle vida al NAD desde los territorios y, así, fortalecer la participación de las juventudes y el posicionamiento de sus demandas.
Ante el cierre del espacio cívico en Centroamérica, los primeros países en implementar dicho proceso fueron Guatemala y El Salvador. En el año 2021, más de 130 personas en ambos países fueron capacitadaspara monitorear las posibles violaciones de derechos humanos y se les brindó herramientas para generar innovación política en sus activismos. Posteriormente, se les brindó asesoramiento para el diseño de campañas digitales que les permitiera posicionar sus demandas a través de redes sociales. A finales del año pasado, se celebró un encuentro presencial que permitió el diseño de 4 proyectos concretos para incidir en sus territorios mediante el fortalecimiento organizacional y el impulso de una agenda en temas de Salud Mental. En 2022, se comenzaron a implementar las primeras acciones, por lo que se volverá fundamental seguirles la pista para conocer sus resultados.
Este ejemplo brinda esperanza a la posibilidad de recuperar su futuro, aquel que no queda respaldado en acciones de sus representantes, pero si de ellxs mismxs. Por ello, este texto, más que informativo es una invitación a la reivindicación de las juventudes, a su inclusión y reconocimiento. Por eso, hoy, nos atrevemos a decir que en las juventudes no está el futuro porque les está tocando construirlo.
América Latina atraviesa una nueva ola de casos por covid-19. Justo cuando el mundo comenzaba a vislumbrar muy tímidamente el retorno a la vieja normalidad, aparece una nueva variante con nombre del malo de una película de superhéroes. Ómicron partió desde África y comenzó a expandirse por el mundo, más rápidamente que la anterior variante, la Delta, surgida en el viejo continente.
Y sí, hablo de vieja normalidad porque, en el reparto de poder y riquezas, pocas cosas cambiaron en el mundo y, si lo hicieron, no fue para “volver mejores”, como rezaba alguna que otra expresión de deseo. Porque, si bien es cierto que la letalidad de esta variante es menor, también es cierto que su propagación por el mundo y su llegada a América Latina volvió a poner en la tapa de los diarios y en las reflexiones de los y las analistas algunos de los puntos que, desde el consorcio Colabora.Lat, resaltamos en el reciente informe “Vacunación contra COVID-19 en América Latina. Gobernanza colaborativa en contextos asimétricos”
Asimetría de poder y ausencia de coordinación global – De cómo la inequidad nos pone a merced de nuevas variantes.
El covid-19 ya ha costado más de 5 millones de vidas alrededor del mundo, trastocando todas las dimensiones de nuestra vida individual y colectiva.
En este proceso, rápidamente, la ciencia global y los esfuerzos de Estados y privados, especialmente en los países más poderosos pero no solamente, con científicos y científicas de todos los puntos del globo, dieron muestra -una vez más- de la capacidad del conocimiento humano elaborando distintas versiones de vacunas para atacar a un virus nuevo y desconocido que puso al mundo en pausa. Hacia fines del año 2020, los procesos de vacunación estaban en marcha y, para mediados del 2021, quedaba claro -científicamente hablando- que la herramienta que tenemos para superar este nuevo virus es la vacunación. Sin embargo, el propio proceso de elaboración, fabricación, distribución y aplicación de las vacunas dejó en evidencia que la superación de esta pandemia, u otras venideras, no depende de la capacidad científica de la humanidad sino de la capacidad política de los actores con poder de decisión para colaborar y coordinar respuestas comunes en contextos de inequidad.
No es casual, sino consecuencia de la distribución inequitativa de dosis, que la nueva variante que hoy azota al planeta se haya originado en el continente menos vacunado; no por elección individual (algo que sucede en el primer mundo y es harina de otro costal) sino por asimetrías de poder, ausencia de coordinación global y falta de liderazgos comprometidos con el bienestar público, en un sentido amplio del concepto.
En el último informe de Colabora.Lat hemos dado cuenta de que la respuesta, a nivel mundial y regional, ha sido considerablemente asimétrica y poco favorable para los países más pobres y periféricos. Mientras, por un lado, los países ricos reservaron la mayoría de las dosis -y lo hicieron antes de que éstas estuvieran listas-, por el otro, los organismos multilaterales -que dependen de los aportes de los países ricos y de las organizaciones filantrópicas para reservar y repartir las dosis a los demás países- quedaron con una estrecha capacidad de maniobra. El resultado de esta asimetría fue que, a pesar de haber cantidades suficientes para que el mundo se vacune, la gran parte de las dosis distribuidas se concentraba (al 31 de octubre de 2021) en sólo 10 países:China, India, Estados Unidos, Brasil, Indonesia, Japón, México, Turquía, Alemania y Rusia.
Sin embargo, el mapa precedente muestra dos puntos necesarios de marcar. El primero y más visible: el abandono por parte de los países con más altos índices de desarrollo humano -y, por tanto, líderes globales- que sufre el continente africano roza ya no sólo un fracaso de la política humanitaria global sino un problema moral que nuestra generación deberá atender de manera urgente. El segundo es que, más allá de las dificultades en el acceso y distribución de los países de América Latina que se detallan en el informe, la región no es solamente una de las más vacunadas (vacuna que llega, se aplica) sino que -una vez más- los procesos de colaboración multiactorales y multinivel son dignos de analizar.Su sistematización, en términos de lecciones aprendidas y obstáculos comunes, es necesaria para encontrar patrones que nos permitan proponer esquemas de gobernanza colaborativa futuros.
Colaboración para la gestión de la escasez, los postergados de siempre, zonas marrones y la creatividad social latinoamericana como constante.
Mientras los países ricos concentran dosis -cuando una parte de su población decide no vacunarse-, los demás países armaron, de manera relativamente improvisada, sus respectivos planes de adquisición de vacunas. Una de las estrategias mayormente utilizadas fue el uso de acuerdos bilaterales con las propias empresas farmacéuticas. Estas negociaciones, dada la asimetría de poder entre transnacionales poderosas y países en desarrollo, con gobiernos estructuralmente debilitados, fueron -como da cuenta el informe- poco transparentes, dificultando el proceso de rendición de cuentas por parte de otros actores hacia el Estado y dejando a estos países en una situación de notable vulnerabilidad frente a la voluntad de las empresas. En algunos casos, como la Argentina, los países sufrieron importantes retrasos en las entregas de vacunas ya comprometidas durante la primera mitad de 2021, mientras que, en otros, como Guatemala, recibieron menos dosis de las adquiridas, quedando a merced de las donaciones internacionales.
Los países menos ricos y más periféricos han demostrado los límites que genera el carecer del poder político para hacer que los acuerdos se cumplan. Y, si bien ha habido instancias de solidaridad entre países, (Argentina y Bolivia para la obtención de dosis Sputnik) estas han sido ad hoc en naturaleza y, por ende, difíciles de sistematizar.
Las inequidades entre países también se han dado al interior de estos. Este informe ha revelado que los procesos de distribución de las vacunas, dentro de los confines de cada Estado, también han sido irregulares -dados los problemas y asimetrías estructurales que existían desde mucho antes de empezar la pandemia-. La desigualdad social, económica y política, así como la falta de infraestructura adecuada a lo largo del territorio, exacerbaron las diferencias entre grupos y dificultaron la entrega de las vacunas a distintos sectores poblacionales en muchos países.
Asimismo, las asimetrías, en cuanto al acceso, fueron exacerbadas por problemas de logística. La necesidad de tener un documento de identidad nacional, en el caso de Argentina y México, o de tener un trabajo formal o de cotizar seguridad social, como en Colombia, dificultó la entrega de vacunas a personas no documentadas o extranjeras. Por otro lado, el crecimiento de las noticias falsas fue un factor central en el fomento de dudas y miedos hacia las vacunas en Bolivia y Colombia. En este sentido, la desinformación sobre la confiabilidad de las vacunas hizo necesaria la creación de campañas para concientizar a la ciudadanía.
Los mismos grupos postergados en otras dimensiones de la vida pública lo fueron también, por acción u omisión de los Estados, en la distribución de vacunas.
Es, considerando todo lo anterior, que sostenemos que el principal aprendizaje que hemos obtenido es que estamos frente a un desafío político, más que científico. A su vez, que se trata de un desafío global al que no se le pueden dar respuestas nacionales aisladas que desatiendan las asimetrías de poder y recursos en el mundo. Ningún gobierno, institución, empresa o comunidad por sí sola posee las herramientas y medios necesarios para enfrentar satisfactoriamente los retos que imponen problemas como el covid-19. Es por esto que atender a las experiencias de colaboración multiactoral y multinivel, estudiarlas y sistematizarlas se vuelve clave, en perspectiva de los nuevos desafíos a los que la humanidad deberá hacer frente en el mediano plazo, como el cambio climático o la probabilidad de nuevas pandemias.
Luego de décadas de discusiones académicas, de luchas políticas, de confrontaciones tecnocráticas, retóricas y económicas –nacionales e internacionales-, es posible decir que el concepto de participación en América Latina es un derecho ganado. Desde el restablecimiento ‘definitivo’ de las democracias latinoamericanas -década de los 80-, queda claro que hay, en la participación social, política o ciudadana, un elemento fundamental a promover, a fortalecer. Sin embargo, existe hoy todavía una gran distancia entre “lo dicho” y “lo hecho”.
Los procesos de participación ciudadana y los espacios de construcción colaborativa se han puesto de moda, está dicho y explicitado en casi la mayoría de las intenciones de los gobiernos y misiones de organismos y organizaciones. Sin embargo, sigue resultando un desafío el cómo llevarlo a cabo, como plasmar en la acción esta perspectiva participativa y colaborativa. Existen en Latinoamérica innumerables experiencias pero que no han logrado todavía encarnarse como prácticas en lo cotidiano.
Es muy frecuente encontrarse con abordajes que entienden a la participación simplemente como medio para informar o validar alguna decisión ya tomada. Una participación no convencida, que es más requisito que intención. Por eso es necesario entender la participación no sólo como un método de consulta, sino como un encuentro de conocimientos entre todes, donde se reconoce y acepta al otre para permitir una construcción conjunta e integración de las necesidades jerarquizadas por la población que participa. Es en este punto donde, como Asuntos del Sur, entendemos la necesidad e importancia de diseñar e implementar metodologías que faciliten y fortalezcan el carácter participativo de las acciones que se deseen realizar.
El qué de la participación está claro, ahora bien, el cómo, sigue siendo un desafío y, en este caso, el fin sí justifica los medios. Es necesario transitar procesos diseñados y pensados específicamente para lograr llegar a esa participación que deseamos y es por esta razón que las metodologías cobran tanta importancia.
Nuestra tarea como organización en articulación con los gobiernos u otras organizaciones está vinculada a diseñar ese cómo. Un ejemplo claro de esta acción es el Proyecto de Innovación Pública 360 que busca incidir en la transformación del modelo de gestión pública de gobiernos subnacionales de Latinoamérica, a través de la innovación política. Desde lo metodológico, damos apoyo en la provisión de herramientas de facilitación de espacios de cocreación de políticas públicas para fortalecer la priorización de la ciudadanía como centro de la gestión. Partimos siempre de la mirada subjetiva de quien participa para luego invitar a la creación y definición de posibles acciones y soluciones.
Pensamos el cómo de manera innovadora e inclusiva, diseñando metodologías ágiles que hagan accesible la participación. Además, toda acción tiene como objetivo transferir capacidades, no es únicamente guiar el proceso sino, también, dejar capacidades instaladas en aquellas personas o poblaciones que se ven alcanzadas por el proceso de participación. Introducimos nuevas herramientas tecnológicas para ampliar el alcance de la participación ciudadana, sobre todo en este contexto de pandemia donde el encuentro presencial (principal mecanismo de participación) no es posible.
Estamos en un contexto favorable para diseñar acciones y políticas de manera participativa. Ya lo sabemos, ya estamos convencides de eso. El próximo desafío es seguir profundizando el cómo para lograr aterrizar lo que deseamos y hacer nuestro accionar cada vez más colectivo, participativo y disruptivo.
Autora: Mercedes Gregorini Analista en Coordinación Metodológica
Será imposible borrar de nuestra memoria los meses de encierro por cuenta del aislamiento preventivo obligatorio al que nos llevó la crisis sanitaria surgida por el COVID-19.
En las grandes ciudades, aquellas personas y familias que contaban con mayor acceso fueron quienes, entre otras garantías, tuvieron la posibilidad de tener cerca ambientes naturales, sin necesidad de salir de sus casas o propiedades. El sol y los espacios verdes se vieron como un privilegio.
Para otros y otras la realidad fue distinta. Disfrutar de áreas públicas parquizadas o agrestes, con arbolado y suelo absorbente, ya era algo escaso antes y lo fue más durante el encierro. En ciudades como Buenos Aires, donde la estadística oficial dice que hay, en promedio, 6 m2 de espacio verde por habitante —4 m2 menos de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)— el acceso a parques, plazoletas, plazas y paseos públicos se volvió una añoranza.
Es común que las comunidades empobrecidas vivan en sectores y barrios donde los espacios verdes no abundan ni son de calidad, espacios hacinados que aportan mayores factores de riesgo de exposición a diversas enfermedades. Si estas familias tuvieran espacios verdes, su calidad de vida mejoraría enormemente. Por lo tanto, también hablamos de justicia social, de la imperiosa necesidad de reducir las desigualdades socioeconómicas, que también son desigualdades en salud.
Esta necesidad es incuestionable y una problemática ambiental de primer orden para las ciudades, tomando además relevancia desde el punto de vista sanitario. Ya la OMS ha advertido en varias ocasiones que el 88% de los habitantes de zonas urbanas están expuestos a unos niveles de contaminación del aire exterior superiores a lo recomendable, teniendo esto un efecto directo en las enfermedades no transmisibles. Ahora que, en contexto de pandemia, hablamos mucho más de aquellas que son transmisibles, los espacios abiertos de calidad son nuestros mejores aliados.
Es por ello que cobran más relevancia iniciativas ciudadanas en defensa del ambiente y que buscan incrementar los espacios verdes públicos. Una de ellas es la Ley Marco de Espacios Verdes Públicos para la Ciudad de Buenos Aires (Proyecto de Ley N° 703-P-2021), impulsada desde el proyecto Partícipes de Asuntos del Sur, y cocreada por un grupo de organizaciones y colectivos de la sociedad civil. El interés de este proyecto de ley es que existan acciones concretas y medibles para recuperar áreas costeras, garantizar la integridad de parques, reservas ecológicas, plazas y plazoletas.
La actual es la última generación que tiene la oportunidad de reconstruir la relación con la naturaleza antes de llegar a un punto irreversible. Por ello, este año, además, es importante apoyar la iniciativa #GeneraciónRestauración, que marcará el inicio del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas.
Pero el cambio no depende únicamente de sembrar más árboles y garantizar más y mejores zonas verdes. Los sectores de la energía y el transporte en las ciudades son especialmente importantes, a medida que crece la urbanización, y contribuyen enormemente al cambio climático. Es por ello que deben ser llamados a hacer parte del compromiso con la solución.
Cambio estructural
En la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), en Glasgow, se presentaron diversos planes de acción climática para las ciudades globales. Pero la aplicación de los mismos está sujeta a un cambio estructural de las formas de producir, transportar y moverse entendiendo que el crecimiento permanente, en las condiciones actuales, no es posible en un planeta finito.
Lo propuso el politólogo Matías Bianchi, durante su exposición en la Maratón ComPol 2021 que se desarrolla en Cipolletti. El también profesor de la Universidad de Arizona llamó a “promover una nueva forma de gobernar, para reconstruir los lazos de legitimidad de las democracias liberales”.
El politólogo Matías Bianchi llamó a “promover una nueva forma de gobernar y construir una hoja de ruta hacia una nueva gobernanza democrática, para reconstituir los lazos de legitimidad de las democracias liberales”. Para ello dijo “es necesario poner la inteligencia colectiva en el centro de la toma de decisiones” pues “estamos en una sociedad en transformación y la infraestructura que tenemos para gobernar, está diseñada para otro momento” histórico, afirmó.
Durante su exposición en la Novena Edición de la Maratón ComPol 2021 que se realiza en la Ciudad de Cipolletti, Rio Negro, titulada «Inteligencia colectiva para gobernar» Bianchi enfatizó “tenemos que innovar en política, porque ella “está aquí para ofrecer bienes públicos y transformar lo que tenemos que transformar” y si bien calificó como muy necesaria la incorporación de tecnología e Inteligencia Artificial al proceso de toma de decisiones públicas, consideró que ella “No es neutra, tiene sesgos” por eso “Los algoritmos y las plataformas, tienen que ser una discusión de la democracia”.
El también profesor de la Universidad de Arizona opinó que “estamos viviendo problemas híper complejos y enmarañados, wicked problems, que tienen efectos sistémicos en nuestras sociedades. La pandemia, el cambio climático, las crisis humanitarias producto de migraciones forzadas, el tráfico ilegal de estupefacientes, etc son desafíos que tienen características de complejidad e interrelación muy similares y que conectan desde niveles multilaterales hasta lo más comunitario” postuló el especialista.
“Vemos protestas en todo el mundo y los datos indican que nuestros líderes, están en los niveles más bajos de legitimidad, lo que nos muestra los desafíos que tenemos enfrente. Estamos ante transformaciones estructurales, y cambios profundos en la forma en la que nos organizamos como sociedad, en nuestras relaciones económicas, de comunicación, en nuestros vínculos humanos” definió.
Bianchi que además encabeza el centro de pensamientoAsuntos del Sur, sostuvo “Estamos ante fenómenos políticos para los que no estábamos preparados cuando se diseñaron nuestras instituciones” y comparó nuestra actualidad, con los procesos que vivió el mundo, durante la ruptura del medioevo.
Maratón Compol 2021. Matías Bianchi
Citando al filósofo y político ingles Thomas Hobbes, el académico hizo referencia a su obra Leviathána la que definió como “una respuesta filosófica ante la transformación de una sociedad que salía del feudalismo y tenía que replantearse como se estructuraba ante una organización socioeconómica diferente: la emergencia del capitalismo, la propiedad privada y una nueva clase social como la burguesía”.
“Nos enfrentamos a problemas estructuralmente diferentes» expkicó. «Estamos viendo un capitalismo depredador que genera riqueza, pero al mismo tiempo niveles de desigualdad enormes, nunca antes vistos y no lo digo yo lo dice Thomas Piketty. Un capitalismo liderado por datos e información, plantea Shoshana Zuboff, una sociedad crecientemente líquida como señala Bauman (Zygmunt), que se organiza cada vez más en redes como dice Castells (Manuel) con poderes distribuidos. Una sociedad en transformación” cuya infraestructura de gobierno “está diseñada para otro momento” reseñó.
“Estados fiscalmente más débiles, como señalan OCDE y CEPAL. Por eso la crisis de los partidos políticos. Porque el poder ya no está ahí, ni en el Estado. Las empresas top ten en el mundo –graficó- tienen una capitalización bursátil más grande que Argentina, un país G20. Entonces surge el desafió ¿cómo volvemos a generar un pacto?”.
“Definitivamente tenemos que innovar. Joseph Schumpeter quien propuso el paradigma que se utiliza en innovación económica, decía que ella es el modo de supervivencia del capitalismo, que se reinventa con una mecánica de destrucción creativa: al surgir Netflix destruye lo que tiene enfrente, recuerden Blockbuster por ejemplo” afirmó.
“En política no nos podemos dar este lujo. La innovación política es ontológica, funcionalmente diferente y su objetivo es ampliar los derechos de la ciudadanía. Lograr que la gente viva mejor, en un pacto sostenible con el medioambiente y un modo de funcionamiento negociado, ese es el rol de la política” deslizó.
“Desgraciadamente –continuó- los paradigmas que tenemos en innovación pública responden al modelo shumpeteriano. El 75% de las iniciativas de la alianza global Gobierno Abierto por ejemplo, tienen que ver con transparencia y apertura de datos, peroByung-Chul Han nos alerta en su libro La sociedad de la transparencia, que ese es un concepto anti político. Un viejo prejuicio del liberalismo, que enfrenta a una política mala y sucia, con una sociedad civil y un sector privado virtuoso y la realidad es que la política está aquí para ofrecer bienes públicos, para transformar lo que tenemos que transformar. No está mal ser transparente, pero tiene que ser una condición del ejercicio, no un fin en sí mismo” puntualizó Bianchi.
“Ciudades inteligentes –reveló- es un modelo que ha sido dominado exclusivamente por la revolución tecnológica, donde el mercado propone su mirada y soluciones tecnológicas ante problemas de trasporte, procesos administrativos, etc. que vienen en paquetes cerrados” sin ”preguntar ¿qué ciudad queremos vivir? ¿cómo la queremos construir? o que rol tiene nuestro entorno y comunidad en todo este proceso”.
“Como dice Han -soltó- la Inteligencia Artificial no es más que una acumulación de correlaciones, una mirada continua, permanente, ampliada y bien informada sobre datos y comportamientos. Pero es apática. Le falta alma, concepto y lo que amalgama las diferentes partes de una unidad: el conocimiento, el saber, que es analógico. En definitiva le falta política” por eso “proponemos poner la inteligencia colectiva en el centro del escenario y de la toma de decisiones”.
“Pierre Lévy –citó- dice que la inteligencia colectiva se apoya en que nadie sabe todo, pero todos sabemos un poco. Y lo vimos con la pandemia y el cambio climático: todos tenemos algo para decir y aportar. Ningún gobierno, institución o empresa, puede dar respuesta solitariamente a los problemas y desafíos que tenemos enfrente. Tenemos que tomar decisiones en base a la participación y el escrutinio de nuestra sociedad” planteó.
“En un artículo muy reciente que escribimos junto a unos colegas en el Journal of politics in Latin America” indicó “medimos los niveles de colaboración que tienen los distintos gobiernos en las Américas, para dar respuestas políticas concertadas a la pandemia y vimos que los gobiernos que buscaron mayor colaboración, son los que tuvieron menos muertes por millón de habitantes. Eso no hace pensar en ¿cómo se construyen consensos?”.
“Desde Asuntos del Sur -enunció- proponemos un modelo de inteligencia colectiva para el sector público, basado en cuatro elementos. El primero es comprender. Convocar a la ciudadanía para reflexionar sobre la complejidad y generar evidencia. Necesitamos estados inteligentes, que generen datos e información que muestren donde estamos parados y hacia dónde queremos ir”.
“Segundo hay que generar capacidades. Antonio Gramsci nos había alertado que para que una revolución sea exitosa, necesita ser una revolución cultural. Si queremos que el vínculo entre estado y sociedad sea diferente, necesitamos formar otro animal político, uno que trabaje con otras herramientas y metodologías” ilustró.
“El tercer punto –avanzó- es la incorporación de las tecnologías, porque nos ofrecen un exponencial único dada la cantidad de cosas que se pueden procesar y de personas que pueden participar a bajo costo y rápidamente”.
“Finalmente –concluyó Bianchi- hacen falta nuevos desarrollos metodológicos, trabajar de manera diferente. En definitiva, se trata de promover una nueva forma de gobernar y comenzar a construir, porque todo esto es muy incipiente, una hoja de ruta hacia una nueva gobernanza democrática, para reconstruir los lazos de legitimidad, el gran desafío actual de las democracias liberales”.
Latinoamérica es enorme, muchas veces inabordable por sus múltiples especificidades, culturas e idiomas. Sin embargo, también nos unen las similitudes. Desigualdad, precarización laboral, violencia, exclusión.
Los últimos dos años han sido duros para la región, atravesada por procesos de inestabilidad institucional, económica y sanitaria. Según el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2021), desde el comienzo de la pandemia la tasa de pobreza regional aumentó un 33%, mientras que la tasa extrema de pobreza se incrementó un 12%. La crisis, según CEPAL, afectó en mayor medida a las mujeres, los jóvenes, y los sectores informales.
En este marco de mayor desigualdad, violencia y menos oportunidades para las mujeres, las voluntades organizadas desde los feminismos representan una oportunidad de cambio. Ante un sistema que obstaculiza la participación de las mujeres en la política y las precariza, creemos que el activismo y la incidencia en el sector público tienen un gran poder para transformar esa realidad y convertirse en una herramienta emancipatoria que nos permita combatir y superar las situaciones de violencia.
Desde Asuntos del Sur, identificamos a las voluntades organizadas desde los feminismos como parte del concepto “innovaciones políticas”: aquellas “prácticas, intervenciones, dispositivos tecnológicos y/o regulaciones que permiten solucionar problemas públicos, favoreciendo la ampliación de derechos y la calidad de vida de las personas”, (Bianchi, 2017:35), con el objetivo de transformarlas “en una práctica social generalizada” (Bianchi, 2017: 33). La característica diferencial de las innovaciones políticas es que no responden a prácticas inmanentes de la política tradicional sino que se estructuran horizontalmente y poseen esquemas de acción distribuidos.
Los movimientos de mujeres y movimientos feministas, que vienen ganando terreno en los últimos años en latinoamérica, obedecen a estas cuestiones. Se enmarcan en una lógica interseccional e interrelacionada: existen múltiples asociaciones y movimientos representativos de distintas culturas, clases y dimensiones geográficas. Feminismos barriales, urbanos, rurales, originarios, académicos, institucionales, de los movimientos trans y travesti, del feminismo lésbico, estudiantes, trabajadoras, migrantes.
Esta confluencia de los feminismos ha impulsado grandes hitos en la región: el Paro Internacional de Mujeres que se viene dando hace 5 años cada 8 de Marzo; el movimiento de mujeres “Ele Não” en Brasíl, en resistencia a Bolsonaro en 2018; la sanción de la Ley de
Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina en el 2020; la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en México en 2021; y la aprobación, en la Cámara de Diputados de Chile, de la despenalización del aborto, entre otros. Estos hitos hubieran parecido imposibles 20 años atrás y están atravesados por el protagonismo de las mujeres reivindicando la política en las calles.
Ante estos sucesos, creemos que existe una gran oportunidad para empoderar liderazgos y establecer lazos entre distintos feminismos de latinoamérica para pensar en red qué agendas, estrategias y narrativas fueron exitosas en el logro de cada uno de estos hitos. Por eso, desde Asuntos del Sur, lanzamos el Diplomado en Innovación Política Feminista, un espacio que busca reunir a lideresas latinoamericanas para la co – creación de estrategias conjuntas y el fortalecimiento de su capacidad de incidencia.
150 mujeres líderes de 18 países del sur global fortalecerán sus capacidades de liderazgo a través de herramientas, mecanismos de trabajo y colaboración entre las distintas colectivas, especialmente, las históricamente invisibilizadas. Se llevarán a cabo aquelarres virtuales e instancias de diálogo, donde se intercambiarán experiencias y estrategias concretas para la ampliación de derechos, buscando señalar los asuntos urgentes para convertirlos en lucha.
Este proyecto apuesta a la mejora de nuestras democracias, a través de la formación de los liderazgos de la región, en clave interseccional. Creemos firmemente que el camino son los feminismos que tengan en cuenta las identidades diversas y las relaciones de poder, entendiendo que la representatividad es la única manera de lograr democracias más plurales y justas.
Es por esto que, desde Asuntos del Sur, impulsamos la Innovación Política Feminista potenciando la conformación de redes y la colaboración entre la diversidad de activistas, militantes y funcionarias feministas de latinoamérica, bajo la certeza de que, trabajando unidas, somos capaces de consolidar el principal motor de transformación.
Autora: Rocío Díaz Practicante en Relaciones Institucionales de Asuntos del Sur
Licenciada en Ciencia Política (Universidad de Buenos Aires, Argentina), Magíster en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe por la Universidad Nacional de San Martín (Universidad Nacional de San Martín, Argentina) y maestranda en Ciencia Política (Universidad Torcuato Di Tella, Argentina). Me desempeño como investigadora en el Observatorio Electoral de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, docente universitaria y consultora independiente. Miembro de la Red de Politólogas #NoSinMujeres. Líneas de investigación: participación política de las mujeres y diversidades, gobernanza electoral y nuevas tecnologías para la participación política.
Mi nombre es Bruno, soy de Rio Cuarto, Córdoba. Me desempeño laboralmente como desarrollador web, especializado en Wordpress y Javascript. Actualmente estoy estudiando PHP y React. Me gusta mucho viajar y andar en bici 😁
Migrante colombiana viviendo en Buenos Aires hace más de 6 años. Estudié Ciencias Políticas y estoy realizando mi tesis de Maestría en Intervención Social. Investigo y trabajo en políticas urbanas, especialmente en barrios populares, me gusta pensar y hacer talleres participativos y disfruto mucho el trabajo en equipo. Practico y oriento prácticas de vinyasa yoga y amo bailar salsa.
Lic. En Comunicación Social (UBA). Máster en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digital (Universidad Rey Juan Carlos y Media Lab Prado, Madrid) especialista en procesos de innovación democrática, gobierno abierto y comunicación política, con más de 10 años de experiencia en investigación, diseño y ejecución de políticas de gobierno abierto y estrategias de comunicación política.
Actualmente, está estudiando Relaciones Internacionales. Le gusta entrenar, leer y adora aprender cosas nuevas. Su estación favorita del año es el invierno y le gustan los dulces y postres.
Vive en San Martín (Buenos Aires) y tiene 21 años. Es estudiante de la Lic. en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de San Martín y se encuentra realizando su trabajo de tesis sobre el modelo de desarrollo sostenible que presenta y defiende el Acuerdo de Escazú, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se suma a Asuntos del Sur motivada por adquirir conocimientos sobre cómo se lleva a cabo un proyecto a nivel regional y conocer sus dinámicas.
Maia tiene 22 años y es franco-argentina. Es ex estudiante de cine y actual estudiante de Ciencia política en la UNSAM. Amante de la fotografía. Dedica su tiempo libre a entrenarse para correr carreras.
Vive en Reconquista, Santa Fe, pero es originario de Buenos Aires. Tiene 25 años y es estudiante de la Licenciatura en Periodismo en la Universidad Siglo 21. También estudió Programación en la UTN.
Estudiante avanzada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de San Martín. Se encuentra cursando las últimas materias de la carrera y redactando la Tesis de Investigación. Se confiesa muy emocionada de ser parte de Asuntos del Sur para experimentar este nuevo desafío.
Artista y gestora cultural. Magíster en Mediación Cultural (Universidad Nouvelle Sorbonne Paris 3). Doctoranda en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó como asesora de despacho de la Gobernación de Nariño y de la Alcaldía de Cartagena, Colombia, en la implementación de procesos de innovación pública.
Magíster en Ciencia Política por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ha trabajado como consultora e investigadora para organismos internacionales, gubernamentales nacionales y Think Tanks nacionales e internacionales.
Politólogo de la Universidad de Buenos Aires, Máster en Mercados e Instituciones del Sistema Global y PhD en Políticas e Instituciones de la Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Italia). Activista por los derechos de las personas LGTBI y docente de postgrado en la Universidad de Lanús (Argentina) y en la Alta Escuela de Economía y Relaciones Internacionales (Italia). Sus áreas de especialización son la integración regional latinoamericana, la geopolítica energética y las políticas públicas con enfoque de derechos.
Peruana, Coach Ontológico Profesional con especialización en educación emocional y estudiante del último año de la carrera de Relaciones del Trabajo – UBA. Trabaja como coach facilitando capacitaciones para emprendedores y negocios. Como pasatiempo, disfruta leer, hacer yoga y trekking y viajar.
Argentino, politólogo (UBA) e investigador en cuestiones de género y seguridad (ILSED). Amante de los viajes, los idiomas y el intercambio cultural.
Oriunda de Río Negro. Estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de San Martín, con tesina en proceso. Además, participa en asociaciones civiles de base comunitaria. En su tiempo libre, juega para uno de los equipos deportivos de la UNSAM.
Estudiante de Relaciones Internacionales en la UNSAM y Coordinadora General en Soft Power, un think tank de relaciones internacionales. Interesada por las cuestiones relativas a la vinculación entre el género y el libre comercio
Estudiante de Relaciones Internacionales en la UNSAM. Le interesan las cuestiones de género y desplazamiento forzado. Como pasatiempo, la literatura y el cine.
Estudia Ciencias Políticas (UNSAM) con tesina en proceso. En paralelo, estudia Relaciones Internacionales en la misma casa de estudios. Además, trabaja en la Fundación Metropolitana haciendo desarrollo institucional y contenidos y escribe informes sobre Ambiente en Politeia.arg. Como hobbie, dedica tiempo a danza jazz y comedia musical desde hace varios años, como también a talleres de lectura sobre diferentes temáticas.
Nació y creció en Bogotá (Colombia). En 2011 emigró a Argentina para continuar sus estudios. Actualmente, está cursando la Licenciatura de Relaciones Internacionales.
Es estudiante de Ciencias Políticas y Profesorado Universitario en Ciencia Política (UNSAM). Disfruta mucho viajar y le gusta leer, cocinar y hacer deporte.
Licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales con una Maestría en Comunicación Política (Austral). Fue Directora Nacional de Relaciones Institucionales del Ministerio de Salud de la Nación y se especializó en el Ceremonial y Protocolo. Ama el running y viajar.
Actualmente cursando la Tecnicatura en Administración de Gestión y PyMEs y la licenciatura en Comercio Internacional. Atleta trans, fanática del ciclismo y activista de la inclusión deportiva.
Finalizando la Licenciatura en Comunicación Social con orientación en opinión pública y publicidad en la UBA. Becaria de la Nueva Escuela de Diseño y Comunicación. Se encuentra vinculada con las ONG desde el 2017.
Licenciada en Comunicación Social, experiencia de trabajo en OSC y en el Estado en temática de políticas públicas enfocadas en hábitat. Especializada en el diseño de metodologías participativas, facilitación de talleres, coordinación de grupos y acompañamiento en los procesos de diseño e implementación de proyectos. Docente de teatro en nivel secundario y actriz.
Lic. en Ciencia Política (UCA). Trabajó en el sector privado para diferentes multinacionales, en Escuelas de Negocio y tiene, además, experiencia en la función pública. Es docente universitario y secundario.
Jennifer Cyr es profesora asociada e investigadora de ciencias políticas y de los estudios latinoamericanos en la Universidad de Arizona. Además de estudiar la representación política y la democratización en América Latina, escribe sobre los métodos cualitativos y mixtos y el uso de los grupos focales en las ciencias sociales.
Directora de Arte e Ilustradora independiente. Artista autogestiva. Miembro activo de MEP (Mujeres en Publicidad), un colectivo de mujeres en busca de una industria publicitaria con perspectiva de género. www.jotaschneider.com
Lic. en Relaciones Públicas y Cs. de la Comunicación. Comunicadora en Bachillerato Popular Travesti Trans Mocha Celis. Activista por los DDHH LGBTIQ+. Transfeminista.
Politóloga por la UCB de La Paz con especialización en Gestión Equitativa por la USMP, Lima. Diplomada en IAP y Educación Superior. Trabaja en investigación, derechos políticos de las mujeres, paridad y alternancia, prevención de violencia contra las mujeres y presupuestos sensibles al género.
Dentro del tercer sector desarrolló todo tipo de tareas, profesionalizándose en la gestión humana y de comunidades de personas. Trabajó en temas relacionados a la educación, los derechos civiles y la responsabilidad social empresaria. Estudia idiomas y turismo para poder seguir relacionándose con personas de todo el mundo.
Licenciada en Comercialización. Ha prestado sus servicios como asistente de gestión académica del Programa Colegio de las Américas – COLAM de la Organización Universitaria Interamericana – OUI. Apoyo a los procesos de convocatoria, registro de estudiantes, monitoreo de inscripciones y pagos, coordinación del proceso de certificación y diplomación y producción de informes administrativos.
Periodista de Medellín, Colombia y estudiante de la Maestría en Comunicación y Criminología de la Universidad Nacional de La Plata. Trabaja en temas relacionados con la memoria histórica, la violencia y los derechos humanos. Participa en procesos de periodismo ciudadano por la memoria, así como en investigaciones sobre el mismo tema. Ha sido docente de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia.
Licenciada en Relaciones Internacionales (UCC); Técnica en Responsabilidad y Gestión Social (Universidad Siglo 21); Especialista en Políticas Públicas para la Igualdad en América Latina (CLACSO y FLACSO Brasil) y Magíster en Derechos Humanos y Políticas Públicas (UNED España). Se desempeña en los ámbitos de la cooperación internacional, el desarrollo institucional y la docencia.
Argentina. Lic. en Relaciones Internacionales (Universidad Católica de Córdoba). Maestranda en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano (Universidad Nacional de Córdoba). Con experiencia en la coordinación y facilitación de talleres presenciales en América Latina, en tutorías de programas de formación virtual, y en el diseño de metodologías y la creación de plataformas colaborativas.
Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, con una maestría en curso de Ciencia Política por la Universidad Torcuato Di Tella. Su trabajo se concentra en los derechos reproductivos de las mujeres y la participación ciudadana.
Abogada experta en violencia de género por la Comisión Nacional de Justicia de Género de Venezuela – TSJ y Magíster en Docencia para Educación Superior, Diplomada en Innovación Política, Derechos Humanos y Procesal Penal. Trabajó en el Poder Judicial en la competencia de Delitos de Violencia contra la Mujer en el Estado Zulia, Venezuela. Embajadora de Venezolanas Globales en Argentina; forma parte de la Red de Mujeres de Amnistía Internacional Venezuela y de la Red Feminista del Estado Zulia.
Licenciado en Ciencia Política de la UBA, con un amplio recorrido en comunicación digital y campañas políticas. Con formación en diseño audiovisual por su vocación para contar historias. Colaborador de la Federación Internacional de Racquetball.
Licenciada en Administración Gubernamental y Políticas Públicas por la Universidad de Guadalajara con especialización en temas de participación ciudadana, innovación política y combate a la corrupción. Actualmente es Maestrante en Politicas Públicas con enfoque en Gobiernos Locales y Rendición de Cuentas. Especialista en estrategias y herramientas de incidencia y construcción de Redes por EQUIS- Justicia para mujeres, Alternativas y Capacidades y la GIZ -Agencia del Gobierno Federal Alemán y en Contraloría Social y Sistemas Anticorrupción por el Colegio de Jalisco y el Comité de Participación Social de Estado de Jalisco.
Licenciada en Ciencia política por la Universidad de Buenos Aires. Magister en Administración Pública por la facultad de Ciencias Económicas de la UBA y Especialista en Educación y nuevas tecnologías por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Se desempeña hace más de 10 años en la educación en línea en diferentes organizaciones de la región.
Licenciada en Relaciones Internacionales (Universidad de San Andrés) y Mg. en Relaciones Internacionales Europa – América Latina (Universidad de Bolonia). Realiza una Maestría en Ciencias Sociales de Internet en Oxford Internet Institute (Universidad de Oxford). Especializada en innovación política y gobernanza de internet.
Politóloga por la Universidad Pompeu Fabra, especializada en género y juventudes. Máster Interuniversitario en Juventud y Sociedad, Universidad de Girona. Maestría en Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires (en proceso de elaboración de tesis). Forma parte de la Red de Politólogas. Sus intereses de investigación se focalizan en los temas de género, juventudes y participación política.
Coordinadora de Gobernanza, Estado y Gestión del Observatorio de Políticas Públicas y Docente investigadora de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV). Asesora de organismos públicos nacionales y subnacionales. Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador (Argentina) y especialista en Cooperación Internacional por la Universidad Nacional de San Martín (Argentina).
Coordina el programa de Innovación Pública 360 y es Digital Integrity Fellow del Open Tech Fund. Msc en Desarrollo Internacional (Universidad de Bristol). Fue investigador en tecnologías para la Vicepresidencia de Bolivia, PNUD y Fundación UNIR Bolivia. Ex becario Chevening.
Licenciada en Ciencia Política de la UBA, especializada en dirección y gestión de organizaciones sociales en UdeSA y docente en la UBA de la materia “el rol de las organizaciones de la sociedad civil en políticas públicas”.
Politólogo de la Universidad de Buenos Aires, MSc en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford, MPA y PhD en Ciencias Políticas del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po). Trabajó en el Woodrow Wilson Center, el Centro de Desarrollo de la OCDE y dirigió el Instituto Federal de Gobierno en Argentina. También es docente universitario e investiga sobre democracia, economía política y tecnopolítica.
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Por innovaciones políticas nos referimos
Al desarrollo de prácticas, intervenciones, dispositivos tecnológicos y/o regulaciones que permitan solucionar problemas públicos. Las innovaciones, entendemos, deben tener dos condiciones necesarias:
La primera es que deben buscar transformarse en una práctica social y política generalizada, es decir, deben buscar tener un impacto político.
La segunda es que deben favorecer a la ampliación de derechos y de calidad de vida de las personas. Entendida de este modo, la innovación política apunta a la construcción de sociedades abiertas, gobernadas por comunes, por lo que se requieren acciones que distribuyan el poder. Es por ello que, desde Asuntos del Sur, priorizamos las innovaciones centradas en la construcción de sociedades más paritarias, inclusivas y participativas.
