Por Ana Doria, Coordinadora de Innovación Pública 360, Asuntos del Sur. En la actualidad, la transformación digital en gobiernos subnacionales resulta un proceso indiscutible a transitar. A menudo, este proceso conlleva un proceso prolongado y muchas veces complejo. La necesidad de incorporar tecnologías a la administración pública y la digitalización de la gestión gubernamental se ha visto acelerada en los últimos años producto, en gran parte, de la Pandemia del COVID-19 Sin embargo, es evidente que se ha materializado la desigualdad particular de cada localidad.
La transformación digital no se limita a una simple “digitalización del status quo”, más bien, se trata de incorporar las tecnologías con el fin de promover gobiernos transparentes e innovadores en colaboración con la ciudadanía. Es decir, se trata de incorporar las tecnologías y procesos digitales para encontrar soluciones a los problemas públicos.
Por lo tanto, en concordancia con la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), la digitalización del Estado implica el “uso de las tecnologías digitales como parte integral de las estrategias de modernización de los gobiernos para crear valor público”. Este enfoque se sustenta en un ecosistema de gobierno digital compuesto por actores gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, empresas, asociaciones de ciudadanos e individuos que apoyan la producción y el acceso a los datos, los servicios y el contenido a través de interacciones con el gobierno.
El desafío de lograr la transformación digital comparte varios puntos en común en la región. Desde IP360 (e) creemos que el intercambio de experiencias y los encuentros de debate son esenciales para acelerar este proceso, fomentando la incorporación de aprendizajes y formando redes de acción. Un ejemplo de ello fue el evento +Digital co-organizado por Asuntos del Sur, que tuvo lugar en la ciudad de Villa María, Argentina, en Julio 2023. En este encuentro,representantes de organismos de Argentina, Bolivia, Colombia y Brasil pudieron intercambiar sus iniciativas en el terreno de la transformación digital en gobiernos locales.
Durante este evento, los y las participantes tuvieron la oportunidad de compartir sus experiencias y dar a conocer sus enfoques. Desde Medellín, Colombia, se resaltaron las problemáticas urbanas comunes como la seguridad, movilidad, infraestructura, residuos y el involucramiento de la ciudadanía. Se señaló cómo estos problemas pueden ser atendidos con la facilitación de las tecnologías, diseñadas para facilitar y mejorar la vida de las y los vecinos. En sintonía con esto, la Asociación de Municipalidades de Bolivia planteó el desafío de satisfacer las demandas de la ciudadanía, que cambian a un ritmo acelerado, y la importancia de fomentar una cultura digital con la ciudadanía.
Panel: Transformación digital en gobiernos locales. Experiencias regionales.
Patricia Alborta – Representante en Argentina – CAF.
Rivier Gómez Cuevas – Secretario de Innovación Digital de Medellín, Colombia.
Alfonso Lema – Director Ejecutivo Asociación de Municipalidades – AMB, Bolivia.
Marcelo Facchina – Ejecutivo Principal en Ciudades Inteligentes y Gobierno Digital – CAF.
En síntesis, la transformación digital en los gobiernos locales debe ser un proceso en que la ciudadanía esté involucrada desde el inicio hasta la implementación. Esto implica el diagnóstico, la recopilación y la transmisión de información, además de la adopción de tecnologías en la administración y su aplicación. A través de una sólida infraestructura tecnológica, recursos técnicos y humanos capacitados, desarrollo tecnológico y formación es posible alcanzar un gobierno abierto, transparente e innovador. Sin embargo, el factor imprescindible para este impulso es, sin dudas, la inclusión y participación de la ciudadanía.
Intercambio entre Rivier Gómez Cuevas – Secretario de Innovación Digital de Medellín, Colombia. y Luciano Crisafulli Director General de CorLab durante el evento de +Digital.
*Los laboratorios de innovación son uno de los mecanismos y respuestas a las problemáticas actuales con la ciudadanía como protagonista. En este espacio de intercambio regional, se encontraron MedeINN – Laboratorio de Innovación Pública del Municipio de Medellín y al CorLab – el Laboratorio de Innovación Govtech de la Municipalidad de Córdoba.
Durante el último año, medios de comunicación, partidos políticos, organizaciones sociales, empresas y think tanks le dedicaron minutos de campaña, aire o informes a esa promesa milagrosa que lograría aumentar las divisas del país argentino. Si, ese mineral del que todos hablan: el litio. Entre los debates, intereses en tensión, y actores en pugna, desde CILA nos preguntamos ¿Cómo podemos construir una gobernanza del litio desde el sur?
La demanda del litio aumentó rápidamente ya que es un recurso estratégico fundamental para la transición ecológica. Este es indispensable para la producción de las baterías de los autos eléctricos, los celulares que utilizamos todos los días y la tecnología que nos rodea. Como el 68% de este recurso se encuentra en el llamado Triángulo del Litio (Argentina, Chile, Bolivia)¹, la región cuenta con una relevancia geopolítica a nivel global no solo por la cantidad de litio presente en la región, sino también debido a la manera en que se presenta este mineral. En la región sudamericana el litio se encuentra en forma de salmueras, es decir, el formato de más práctico procesamiento y mayor rentabilidad de extracción.
Pero, ¿de quién es el litio?
En pocas palabras, esto significa que el Sur Global cuenta con un exceso de materia prima demandada por el Norte. ¿Queremos como latinoamericanxs vender nuestro litio para que grandes empresas multinacionales lo extraigan y trasladen a otros países? ¿Queremos ceder nuestra soberanía? ¿O queremos desarrollar productos con mayor valor agregado para exportar?
En esta línea, la región cuenta con un conflicto claro: establecer un modelo estratégico de gestión del litio que permita traspasar las barreras de la dependencia Sur – Norte. En el caso argentino, la legislación nacional vigente pone en tensión la cuestión de la soberanía hacia afuera y hacia adentro. Hacia afuera, la estrategia argentina de comercialización del litio continúa marcada por el modelo vigente desde la apertura económica de los 90, que permite una libre inversión de las empresas transnacionales, con un bajo porcentaje en regalías (3%), explica Patricia Vásquez, investigadora del centro de estudios Wilson Center. Así, se le otorgan muchos beneficios a los inversores, perdiendo soberanía estatal. No todo lo que brilla es oro: es litio.
Hacia adentro, el Estado nacional enfrenta obstáculos para establecer una planificación a largo plazo. El artículo 124 de la Constitución Nacional Argentina establece que le corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales en su territorio. En el caso del litio, su manejo y gestión es potestad de Jujuy, Salta y Catamarca. Entonces el ingreso de divisas al país podría depender de los gobiernos locales, cuyos intereses entran en tensión con los intereses nacionales.
Al analizar este conflicto, no hay que perder el eje local y territorial más allá de los Estados: Los territorios donde se encuentra el litio son habitados por comunidades indígenas, qué son las principales afectadas por la explotación del litio en todas sus formas. Según la legislación argentina, se debe obtener el consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios. Sin embargo, no necesariamente se logran en la práctica. La académica Debora Pragier explica que se les entregan dos días antes informes muy extensos, muchas veces incluso con partes en inglés. El Estado no les provee técnicos ni herramientas para poder realmente evaluar. Entonces todo depende de la buena voluntad del funcionariado y de las empresas para que las comunidades sean parte de la negociación y su voz sea escuchada.
Es fundamental darle valor al litio sin perder el enfoque local. Garantizar la aplicación de las evaluaciones de impacto ambiental correspondientes, como también el desarrollo de mecanismos de participación social en las diferentes provincias para lograr una transición verde e inclusiva.
Construir un modelo de gestión del litio desde el sur va a ser clave para el desarrollo del país en los próximos años. Un modelo desde el sur requiere por sobre todo un Estado presente que amplíe los márgenes de negociación de la Argentina con las empresas transnacionales, e implemente los mecanismos de participación necesarios para que se respeten los derechos de las comunidades.
¹“Litio en Sudamérica”, publicado por CLACSO (Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales) y el IEALC (Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Estudio sobre el Estado de Situación del Litio en la región sudamericana.
Por Daniela Galvis, Asistente Sr. Metodológica de Asuntos del Sur.
Desde hace más de 30 años, los 25 de julio se conmemora el día de las mujeres afrolatinoamericanas, caribeñas y de la diáspora, luego de que por primera vez en 1992 se realizara un encuentro regional para compartir y debatir las agendas del antirracismo y el género en la región, que culminó con la creación de La Red de Mujeres Afrolatinoamericanas Afrocaribeñas y de la Diáspora.
En esa primera fecha se dieron cita en República Dominicana unas 400 mujeres de 32 países latinoamericanos y caribeños, para conversar sobre eso que más allá de las fronteras formales las atraviesa en toda la región, la intersección entre las desigualdades de género y aquellas vinculadas con la pertenencia étnica, pero también con la clase, la diversidad sexual, la localización, entre otras.
En ese primer 25J se produjo un verdadero Quilombo, es decir un encuentro para proteger la vida y comunidad, para revolucionar el mundo conocido como lo hicieron les ancestres en los tiempos de la esclavización. Porque aunque no lo registren los diccionarios y el sentido común racista, Quilombo significa unión, libertad y lucha.
Las mujeres negras de América Latina y el Caribe siempre han sabido luchar en comunidad, primero, protegiendo su vida y las de sus descendientes de la injusticia colonial, al entrelazar rutas de escape en sus peinados y esconder semillas para la supervivencia en libertad; luego, luchando para la liberación de su pueblo y de las personas que habitaban en la Latinoamérica en el marco de las guerras de independencia, como María Remedios del Valle en Argentina. Y ahora, resistiendo al empobrecimiento y la exclusión y defendiendo sus territorios del extractivismo y la violencia como Francia Márquez en Colombia.
Por eso, el encuentro de 1992 fue un espacio de lucha pero también de celebración, al hermanar la construcción política y de conocimiento de las comunidades de toda la región. Desde entonces la fecha es una oportunidad para poner en la agenda regional las transformaciones urgentes que requieren las mujeres, disidencias y comunidades afrodescendientes, afrocaribeñas y de la diáspora para vivir una vida plena y libre de violencias y desigualdad. Una agenda que necesariamente debe incluir reparaciones económicas, culturales, políticas y territoriales, garantizando que todas las personas afrodescendientes tengan un acceso pleno a derechos.
La revolución digital ha transformado y facilitado las comunicaciones, el comercio, la productividad y la descentralización del conocimiento, así como la automatización de procesos complejos y la creación de espacios virtuales nunca antes imaginados. Pero también han quedado al descubierto los efectos negativos como los sesgos (de género, de raza, de clase) con los que se entrenan los algoritmos, el potencial de la inteligencia artificial para reemplazar a miles de trabajadores y los riesgos democráticos de la manipulación de información y la difusión masiva de desinformación que distorsiona el debate público, por solo mencionar algunos.
Ante estos desafíos tan complejos, tal como nos ha enseñado la pandemia de COVID-19, las respuestas unilaterales, desde las miradas parciales de un solo gobierno o de una comunidad en particular, son insuficientes. Por el contrario, estos problemas enmarañados demandan soluciones multidimensionales y enfoque interseccional. La gobernanza colaborativa aparece como una herramienta potencialmente poderosa para construir políticas públicas integrales, efectivas, y legítimas, especialmente para desafíos políticos de alta complejidad.
La gobernanza colaborativa apunta a la construcción de políticas públicas que tomen en cuenta las ideas, los intereses y el expertise de una variedad de actores de distintos ámbitos, provenientes tanto de las esferas privada como pública. Se compone de una serie de instancias de intercambios entre organizaciones, grupos, y/o distintas instituciones, que están orientadas a un mismo fin: diseñar e implementar una política o acción. Así, estas prácticas incluyen a diferentes actores relevantes, por lo menos dos, que trabajan hacia un objetivo común, como por ejemplo, reducir la propagación de COVID-19 (Cyr et al., 2021, 295).
¿Qué podemos aprender de la gobernanza colaborativa en América Latina para enfrentar los inminentes desafíos de la revolución digital?
En primer lugar, que el gobierno nacional tiene un rol central para que la colaboración sea efectiva y legítima, dado que es un actor que cuenta con recursos, presencia territorial y legitimidad de origen. Sin embargo, para que su participación tenga un lugar central en las instancias de gobernanza colaborativa debe existir voluntad política para priorizar este tipo de creación de políticas públicas, así como reconstruir la confianza que otros actores puedan identificar hacia el gobierno nacional.
Character illustration of business people with connection icons
En segundo lugar, son necesarios incentivos y voluntad política para trascender los objetivos de corto plazo de modo que la colaboración despliegue su potencial transformador y logre institucionalizarse, fundamentalmente para dar soluciones más efectivas en la atención de quienes más lo necesitan.
El tercer aprendizaje desde América Latina indica que la colaboración es dinámica. Esto implica que pueden sumarse y/o retirarse distintos actores, incluso el gobierno nacional, a lo largo del tiempo. La colaboración puede ir institucionalizandose y/o desinstitucionalizando con el tiempo. Puede perder su raison d´être, una vez superada la crisis que le dio origen, o puede permanecer latente para luego reinstalarse nuevamente frente a otra crisis.
En conclusión, en una región caracterizada por bajos niveles de institucionalización de la transformación digital, instituciones públicas con escasos recursos y fuertemente cuestionadas y/o deslegitimadas, las instancias de gobernanza colaborativa que involucren a múltiples tipos de actores dotados de diferentes recursos y distintos saberes son fundamentales y estratégicas. Y las respuestas de gobernanza colaborativa no pueden ser analógicas.
Un impulso hacia la gobernanza colaborativa y la mejora de políticas públicas.
El 5 de julio 2023, se llevó a cabo el lanzamiento del curso de Transformación Digital e Innovación en la Participación Ciudadana, una iniciativa diseñada para abordar los desafíos crecientes que enfrentan las autoridades locales en la mejora de la gestión y la toma de decisiones en un contexto de demanda ciudadana por políticas y acciones de gobierno más efectivas.
La sesión de lanzamiento tuvo lugar en la ciudad de Villa María, Córdoba y contó con la participación destacada de expertos como Alejandro Belmonte, coordinador del proyecto +Digital: Potenciando innovación local”, Matías Bianchi, director de Asuntos del Sur Global, del vicepresidente corporativo de programación estratégica de CAF -banco de desarrollo de América Latina-, Christian Asinelli y de expertos internacionales. Estas figuras destacadas en el ámbito de la participación ciudadana y la transformación digital compartieron sus conocimientos y experiencias, que en muchos casos han sido transformadoras, como el caso de la ciudad de Medellín en Colombia, marcando así el inicio de este programa orientado a fortalecer la voz de la ciudadanía en la definición de políticas públicas a nivel municipal.
Desde la perspectiva de CAF, Christian Asinelli destacó la importancia de estos espacios de trabajo conjunto y el apoyo financiero brindado por CAF a lo largo de los años para fortalecer el desarrollo de las universidades públicas y mejorar la gestión local. Asimismo, señaló la necesidad de utilizar la tecnología como una herramienta para acercarse a la ciudadanía, fomentar el diálogo y cumplir los objetivos de disminuir la brecha digital y promover políticas públicas que beneficien a todos los ciudadanos.
El lanzamiento del curso de Transformación Digital e Innovación en la Participación Ciudadana marca un hito importante en el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos municipales de Argentina. A través de la integración de herramientas digitales y la participación ciudadana, se busca mejorar la gestión local y promover una cultura de diálogo, transparencia y colaboración.
El objetivo fundamental de este curso es fortalecer las capacidades de los funcionarios y las funcionarias encargados de implementar herramientas de participación ciudadana en los gobiernos municipales de Argentina. Este curso representa una oportunidad única para los municipios argentinos de adquirir conocimientos y habilidades necesarias para implementar soluciones innovadoras y participativas en beneficio de sus comunidades. La transformación digital se convierte en un aliado estratégico para acercar a los gobiernos locales a la ciudadanía y construir una sociedad más inclusiva y participativa.
Con la implementación de soluciones participativas y el aprovechamiento de la tecnología, los gobiernos municipales de Argentina estarán un paso más cerca de responder de manera efectiva las demandas de sus ciudadanos y construir un futuro más prometedor y equitativo.
¡Inscripciones abiertas hasta el 31 de julio exclusivamente para personas de Argentina!
No pierdas la oportunidad de participar en este emocionante curso. Para realizar tu inscripción y obtener más información sobre el programa, te invitamos a visitar el siguiente enlace: Curso de transformación digital e innovación en la participación ciudadana.
CAF «Fortaleciendo la participación ciudadana a través de la transformación digital en los gobiernos municipales de Argentina» PUEDES VER LA NOTA AQUÍ
Por Giovanni Pérez, Coordinador metodológico de Asuntos del Sur.
Esta pregunta puede tener múltiples respuestas, particularmente, la que encontramos más acertada es que los gobiernos no pueden ser (no son) particularmente ágiles, pero sí pueden incorporar una cultura de agilidad, para responder esta pregunta proponemos una rápida revisión de los cuatro valores principales del famoso “manifiesto agile” de 2001, que se reconoce como el momento fundacional de la agilidad
Pero antes, es importante resaltar que el concepto de agilidad tuvo su origen en un contexto muy específico, el ecosistema corporativo de desarrollo de software de los años 90, y que, desde esa época, la agilidad, entendida en su momento como una serie de principios y valores, devino en una serie de prácticas (las metodologías) más o menos asociadas a esos principios y posteriormente a una “cultura de agilidad” (Alaimo y Salías, 2019)
Este origen específico de la agilidad no ha sido un obstáculo para que la cultura ágil y sus prácticas asociadas se hayan hecho extensivas a otras actividades productivas o de organizaciones de la sociedad civil e incluso se discuta (como intentamos aquí) su aplicabilidad a la lógica del sector público,
Proponemos un experimento, revisar los cuatro valores fundacionales de “agile” y analizar brevemente su sentido, oportunidades y restricciones de aplicación para el sector público
1 Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas
Este valor implica darle prioridad a los colaboradores y a las potenciales sinergias entre ellos antes que, a procesos y procedimientos, de alguna manera es adaptar los procesos a las personas y no la versión tradicional bajo la cual la organización se considera como algo más monolítico, con procesos y parámetros establecidos a los cuales deben siempre adaptarse los colaboradores.
El impacto de este valor en la agilidad es fundamental, porque se traduce en una mayor confianza e independencia de colaboradores y equipos de trabajo en relación a ciertos aspectos del proceso de desarrollo.
Considerar este valor desde la óptica de la administración pública puede parecer contradictorio en un principio con la naturaleza misma de sus funciones, pero si lo analizamos con un mayor nivel de detalle lo que encontraremos es que la aplicación de este valor se basa en la confianza en los colaboradores para adaptar e implementar los procedimientos a los procesos específicos que ellos manejan, idea que suena perfectamente aplicable.
Los entornos y procesos públicos suelen estar altamente jerarquizados y reglamentados, aún más si es una organización con parámetros de control de calidad, de esta manera encontramos, formatos, manuales de procesos y de funciones, organigramas extensos y de varios niveles de tal manera que parece que el “margen de acción” del colaborador público este bastante reducido.
Sin embargo, lo que esta supuesta rigidez “esconde” es una enorme oportunidad para diseñar equipos de trabajo autogestionados, que puedan adelantar las tareas a su cargo en un obvio entorno de cumplimiento de los parámetros públicos, pero también de confianza, confianza en la experiencia y formación de los profesionales que conforman los equipos, en muchísimas ocasiones el “know how” o la ventaja competitiva de algún proceso público recae en la experiencia y conocimiento de algún colaborador en particular al que hay que acudir en caso de emergencia.
¿Qué pasaría si algunos procesos y tareas fuesen más flexibles y dieran a los colaboradores la oportunidad de plantear y solucionar desafíos públicos con creatividad y mayor libertad?, no sería posible potenciar la experiencia latente en los equipos de colaboradores públicos, tantas veces subutilizada o mal aprovechada.
2 Software funcionando sobre documentación extensiva
Es obvio que este valor apunta específicamente al desarrollo de software, pero sin embargo al entender a qué apunta el postulado se encuentra un concepto bastante interesante y perfectamente aplicable a la administración pública.
La necesidad de darle prioridad al funcionamiento sobre la documentación tiene que ver con la necesidad de superar la planificación tradicional en cascada (waterfall) según la cual es necesario documentar y planificar todo en detalle antes de implementar, dicho de otra manera, este valor de “agile” apunta a la necesidad de tener prototipos o versiones funcionales del producto, no solo como oportunidad de mercado si no también como una oportunidad para evaluar el funcionamiento sobre la marcha y con la posibilidad de contar con retroalimentación constante y rápida por parte de los usuarios, aspecto sobre el cual profundizaremos en el siguiente punto.
La idea más importante de este valor, aplicable a los desafíos del sector público es la idea de prototipar, esto es diseñar una versión completa y funcional del proyecto a implementar que permita evaluar su funcionamiento y contar con retroalimentación de diversos agentes para su proceso de mejora.
La idea de prototipar/evaluar/mejorar no es del todo ajena a las políticas públicas como evidencian las sucesivas reformas o ajustes que alguna vez se implementan en diferentes políticas, lo que suele suceder es que los ciclos de evaluación/reforma suelen ser mucho más largos que en un proceso privado, y es precisamente en este punto en el que también considero que existe una enorme oportunidad de mejora.
Diseñar políticas públicas que sean funcionales a sus objetivos, sin excederse de manera innecesaria en su proceso de documentación, con correctos dispositivos de seguimiento y evaluación permitirá diseñar ciclos de evaluación de esa política y visualizar ciclos de mejora de que no sean excesivamente largos.
Un buen ejemplo de políticas con documentación excesiva son los planes urbanos o maestros de escala general, suelen ser tantos los requisitos necesarios (plan hídrico, geológico, estudio de riesgos, estudio económico, evaluación demográfica etc.) que algunas veces la documentación misma es interminable y nunca pasa a proceso de formulación, siempre hay un estudio que hace falta, y si finalmente el plan sale adelante contiene reglamentaciones a situaciones ya inexistentes o consolidadas y/o no incluye reglamentaciones aplicables a nuevos desafíos territoriales. El proceso de planificación territorial es un ejemplo de política en el que podrían diseñarse dispositivos normativos más simples o de menor escala que respondan de manera más eficiente a los desafíos que impone la realidad.
3 Colaboración con el cliente sobre negociación contractual
Este valor hace énfasis en la idea de “colaborar con el cliente”, ¿a quién podemos considerar cliente de una política pública?, la respuesta dependerá obviamente de la naturaleza de esa política, si es una política abstracta de carácter general, si es una política sectorial o incluso si es una política de discriminación positiva destinada a promover la igualdad de un grupo tradicionalmente discriminado.
El punto es, que las políticas públicas no tienen necesariamente “clientes”, sino usuarios y destinatarios, que cuentan con información poderosa y relevante para el éxito de las mismas, información que a veces por diagnósticos deficientes o malos procesos de participación no siempre es considerada en los procesos de formulación.
Este valor apunta entonces a la necesidad de tener no solo prototipos o versiones funcionales del producto si no también y esto es lo más importante, a tener rápida retroalimentación (feedback) de parte de los usuarios.
Desde una lógica de desafíos públicos, es válido preguntar ¿es posible prototipar políticas públicas?, en qué casos y bajo qué circunstancias sería posible implementar políticas funcionales que se enriquecen y mejoran con las observaciones de los usuarios finales.
Entendemos perfectamente que algunas veces el exceso de detalle en los procesos de diseño y formulación de las políticas públicas también tiene que ver con criterios de disminución de riesgo fiscal, esto es, la intención de disminución de la incertidumbre y del riesgo en la inversión de los recursos públicos.
En algunas políticas y procesos específicos la opinión del usuario es fundamental y constituye un valioso insumo de mejora, un ejemplo de esta situación son las políticas de optimización y digitalización de trámites por parte de la ciudadanía, en las que es posible considerar iteraciones que se optimicen con la opinión y percepción de la ciudadanía.
4 Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan
Este valor apunta a un concepto adicional a los que hemos presentado, el manejo y la velocidad de adaptación ante la incertidumbre, esto es la capacidad de personas y equipos para adaptarse a la realidad, incluso en detrimento del plan o programa.
Considerar la aplicación de este principio a la actividad pública supone identificar una restricción relacionada con el hecho de que las políticas públicas usualmente concretan su proceso de adopción a través de alguna ley, norma o acto administrativo, y esta característica supone ya de entrada una dificultad para una eventual modificación “ágil” de esas políticas.
Pero también existe una oportunidad de mejora, a pesar de la aparente rigidez de algunas políticas públicas es necesario dar la discusión sobre los criterios bajo los cuales es posible modificarlas o adaptarlas ante cambios de tendencia o situaciones imprevistas, que mejor ejemplo que la respuesta global en materia de políticas públicas ante la pandemia del COVID-19; a pesar de que gobiernos y agentes públicos no estaban preparados para esta circunstancia fue necesario “pivotar” políticas de colaboración, financiación, adquisición, investigación y distribución para responder ante la emergencia
Un ejemplo de este tipo de marcos de trabajo o metodologías que pueden ser útiles son los estudios de prospectiva como la “prospectiva estratégica” (Godet & Durance, 2007) y los “escenarios exploratorios” (Schwartz & Vásquez, 1995)
Conclusión
Este corto intento de buscar áreas de contacto entre la agilidad y la actividad pública a partir de los cuatro valores del manifiesto ágil nos deja, por lo menos cuatro enseñanzas que son perfectamente aplicables e incluso recomendables al desplegar la acción pública, estas son: a) La importancia del conocimiento y experiencia de los agentes públicos y la importancia de los entornos de colaboración; b) La importancia de prototipar, siempre que sea posible; c) La importancia de tener mecanismos de evaluación y retroalimentación de la opinión de los usuarios finales como insumo fundamental del proceso de mejora y d) considerar la incertidumbre como parámetro de diseño de políticas públicas que sean capaces de adaptarse a entornos cambiantes.
Alaimo, M., Salías, M. (2019). Proyectos Ágiles con Scrum (2nd ed.). Ed. Dunken.
Cyr, J., Bianchi, M., González, L., & Perini, A. (2021). Governing a pandemic: Assessing the role of collaboration on Latin American responses to the COVID-19 crisis. Journal of Politics in Latin America, 13(3), 290-327.
Godet, M., & Durance, P. (2007). Prospectiva Estratégica: problemas y métodos. Cuadernos de LIPSOR, 104(20), 169-187.
Schwartz, P., & Vásquez, J. M. (1995). La planificación estratégica por escenarios. Cuadernos de Administración, 14(21), 199-225.
Asuntos del Sur, junto al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Secretaría de Innovación Pública de la Nación llevaron a cabo el conversatorio “+Digital: potenciando innovación local» en la ciudad de Villa María, Córdoba. Del encuentro participaron representantes de gobiernos locales de Argentina, presentaron sus casos de éxito y discutieron sobre las oportunidades y desafíos que las nuevas tecnologías implican para la participación ciudadana.
En la apertura, el intendente de la localidad de Villa María, Martín Gill, expresó: «La construcción de la comunidad organizada requiere del desarrollo digital, lo que permite y posibilita un vínculo más cercano, más efectivo y de cara con la gente. Las herramientas digitales nos muestran enormes oportunidades». Luego tomó la palabra el rector de la Universidad Nacional de Villa María, Luis Negretti quien señaló: «La Academia aporta desde la producción de conocimiento y desarrollo de herramientas vinculado al gobierno abierto y la innovación». También estuvo presente la Subsecretaria de Servicios y País Digital, Ana Carina Rodríguez, quien destacó el federalismo de la iniciativa: «Si queremos hablar de innovación, transformación digital, de participación ciudadana tenemos que trabajar con los municipios, Intendentes, equipos de gobierno de todos los territorios».
Siguiendo con el inicio de la jornada, Matías Bianchi, Director de AdS Global, agregó que «El desarrollo no es un elemento que tiene que venir de los centros. La innovación genuina es transformar realidades donde hace falta hacerlo». Finalmente el vicedirector ejecutivo de CAF, Christian Asinelli, habló sobre la importancia de fomentar espacios para pensar el futuro de las ciudades: «En ellas se puede marcar la diferencia, como fomento de la innovación. y cerró su discurso señalando la importancia de la inclusión de toda la ciudadanía: «Que nadie se quede afuera de esta innovación. Las brechas de la región tenemos que trabajar para achicarlas.»
El panel «Transformación digital en gobiernos locales: experiencias regionales» fue moderado por la Representante residente en Argentina de CAF, Patricia Alborta, y contó con la participación de Marcelo Facchina, Ejecutivo principal de Ciudades Inteligentes y Gobierno Digital de CAF, Rivier Gómez Cuevas, Secretario de Innovación Digital de Medellín, Colombia y Alfonso «Pica» Lema, Director Ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de Bolivia. En esta enriquecedora conversación plantearon las acciones llevadas a cabo en la región.
En el siguiente panel, la mencionada Ana Carina Rodriguez y Alejandro Belmonte, de Asuntos del Sur, presentaron los datos arrojados por ell diagnóstico sobre capacidades de digitalización de 369 municipios argentinos, en el marco de una cooperación técnica para la Secretaría de Innovación Pública financiada por CAF. Dicho documento se realizó en 369 municipios de Argentina y la implementación piloto de la plataforma de participación ciudadana en seis de ellos (Virasoro, Comodoro Rivadavia, Maipú, Río Grande, Viedma y Villa María).
En el panel “Participación ciudadana y plataformas digitales”, la Directora Ejecutiva de Asuntos del Sur Fiorella Wernicke moderó la conversación entre el Intendente de Río Grande, Tierra del Fuego, Alexis Sanchez, subsecretario de Comunicación y Tecnología aplicada del Gobierno de Viedma, Otto Wester, Secretario de planeamiento, Relaciones Institucionales y Vínculos comunitarios de Villa MAría, y Elizabeth Tjeiler, vicerrectora de la UNVM. contaron las estrategias que se llevan a cabo en cada localidad para la transformación digital. A su vez, los desafíos desde las áreas de gobierno, la academia y la política para la transformación digital.
Llegando al final de la jornada, la actividad titulada “Inteligencia Colectiva: Desafíos para la participación ciudadana en la era digital” se propuso un taller participativo coordinado por el equipo de Innovación Pública 360 de Asuntos del Sur donde se delinearon algunas líneas de acción que puedan dar respuestas a los desafíos planteados para impulsar procesos de participación en gobiernos locales. El espacio contó con la facilitación de Delfina Perez, Directora de Gobierno Abierto (JGM), José Farhat, Secretario de Participación Ciudadana de Tucumán y Secretario General de la Mesa Federal de Participación Ciudadana, y la coordinadora de Innovación Pública 360 de Asuntos del Sur, Ana Doria. Previamente la Subsecretaria de Asuntos Parlamentarios (JGM), Cecilia Gómez Mirada y José Farhat, presentaron los disparadores para impulsar procesos de participación ciudadana.
Este evento, impulsado por Asuntos del sur junto con otras instituciones dio lugar a que los gobiernos locales, equipos de gobiernos, e interesados en estas temáticas dialoguen en pos de impulsar una plataforma digital de código abierto para la participación ciudadana.
+Digital es una iniciativa conjunta entre Asuntos del Sur, a partir del proyecto IP360e, CAF y la Secretaría de Innovación Pública perteneciente a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, con el objetivo de potenciar la transformación digital y la participación ciudadana en gobiernos locales capaces de brindar mayor legitimidad y transparencia al proceso de toma de decisiones públicas.
En el extremo norte del Área Metropolitana de Colombia se encuentra el municipio de Barbosa, allí se está implementando un proceso participativo de autoría totalmente local conocido como el Sistema de ALDEAS. Esta iniciativa, creada en concertación entre la comunidad y las autoridades locales, forma parte del Sistema Municipal de Planeación y Presupuesto Participativo y contempla un ejercicio que permite la integración de las veredas y el desarrollo de proyectos en respuesta a las necesidades locales.
ALDEAS nació aún antes de su implementación, de la mano de Fundación Grupo Social y apoyado por vecinos y vecinas, en 2009 se realizaron más de 30 asambleas y talleres, con el objetivo de que las comunidades analizaran la sus contextos e identificaran las necesidades más acuciantes.
El resultado fue la consolidación en el mapa de Barbosa de 11 ALDEAS: Los Meandros, Fortín de las Aguas, Manantial de Paz, El Hato, Frutos del Progreso, Caminos de Esperanza, Cuencas de Oriente, Florencio Arango, Vicaguayarta, Nuevo Amanecer y Diego Fernández Barbosa, nombradas por la propia comunidad, afianzando un antecedente de participación novedoso y cuyo funcionamiento se replicaría hasta la actualidad.
Actualmente, las Agencias Locales de Desarrollo Autónomo (ALDEAS) son organizaciones político-administrativas, definidas mediante una división geopolítica del territorio, que agrupan comunidades por sus características de cercanía, cultura y actividad económica. Funcionan como unidades de planeación y optimizan la concertación comunidad-administración municipal a través de los Consejos de Desarrollo de cada ALDEA y el Comité Coordinador del Sistema, ambos compuestos por líderes y lideresas comunales.
Cada ALDEA formula participativamente su Plan de Desarrollo, resultado de la priorización de necesidades territoriales en los Consejos y la supervisión del Comité. En este Plan, se plasman las necesidades y los proyectos, programas o actividades a desarrollar para luego presentarlos a quienes estarán en lugares de representación municipal. Se trata, entonces, de un claro mecanismo de participación ciudadana, a través del cual los habitantes organizan el territorio y hacen planes estratégicos con visión a corto, mediano y largo plazo.
Municipio IP360
Barbosa es uno de los municipios intervenidos en el proyecto IP360 de Asuntos del Sur y el Sistema de ALDEAS es una práctica en sintonía con el modelo IP360e, que en la actualidad se encuentra implementando la fase “Conocer”, junto a la Secretaría de Participación Ciudadana e Inclusión Social local, buscando visibilizar la experiencia a otros gobiernos subnacionales interesados. Igualmente, se realiza un análisis de sus prácticas con el objetivo de potenciarlas y mejorarlas.
La documentación y sistematización ha sido exhaustiva, permitiendo conocer y transmitir el modelo del Sistema de ALDEAS a otras latitudes en pos de propagar formas innovadoras de participación ciudadana, tan necesarias para construir democracias participativas e inclusivas.
Durante una jornada de tres días, organizaciones internacionales de distintas partes del mundo estuvieron reunidas en el primer Encuentro Anual de la red People Powered en la ciudad de México para promover acciones específicas en pos de continuar impulsando mejores democracias. En este marco, Asuntos del Sur estuvo presente con el fin de continuar y expandir los lazos entre organizaciones.
Durante el primer día, ONGs y miembros de People Powered se reunieron para diseñar, planificar, mapear, encontrar nuevas soluciones y oportunidades para la colaboración en red. Para ello, la jornada se dividió en grupos de trabajo y paneles para conocer metodologías de trabajo como teatro legislativo, asambleas ciudadanas, presupuesto participativo y elaboración participativa de políticas.
Representación de Teatro Legislativo con los miembros de la red.
En el segundo día, los y las miembros de la red participaron por la mañana de una serie de talleres de metodologías de trabajo en pos de fortalecer la democracia deliberativa en la región. Posteriormente, se inició la primera de dos sesiones de planificación estratégica de People Powered. Allí, las y los participantes se dividieron en grupos de trabajo para evaluar las líneas estratégicas y fortalecer el impacto que la red global puede tener en las ciudades miembro.
Por último, el tercer día se terminó de testear los distintos productos con los que cuenta People Powered y se continuó con la planificación estratégica con el fin de hacer partícipes a voces y comunidades excluidas.
Desde Asuntos del Sur apostamos por el trabajo en red y por eso agradecemos la invitación de People Powered de ser parte de esta increíble experiencia y compartir con colegas de todos los continentes del mundo! Estamos orgullosos de haber trabajando conjuntamente en pos de democracias más abiertas, participativas e inclusivas.
Esta semana se celebró la firma de un acuerdo de entendimiento entre el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal de Bogotá (IDPAC) y Asuntos del Sur (AdS), un acuerdo que tiene como objetivo principal “fomentar la participación ciudadana a través de la innovación, impulsando así el crecimiento y desarrollo de nuestras comunidades”.
Foto: Alexander Reina (IDPAC) y Matías Bianchi (ADS)
El trabajo principal de IDPAC es el fortalecimiento de la participación ciudadana y los lazos comunitarios, que también hace parte de los ejes estratégicos de intervención de Asuntos del Sur en América Latina y el Sur Global. Este es un paso más en la cooperación que desde hace tres años se viene realizando entre la entidad colombiana y Asuntos del Sur, con proyectos e iniciativas de transferencia de conocimiento y metodologías, entre otros.
El acuerdo, firmado por el director de ADS Global Matías Bianchi y Alexander Reina, director de IDPAC, permitirá compartir experiencias valiosas y aprender mutuamente de los éxitos y desafíos que se enfrenta la región en el camino a democracias más abiertas, inclusivas y participativas.
Entre muchos ejemplos inspiradores de América Latina, se incluye el trabajo que gobiernos subnacionales, como el de Bogotá, realizan en alianza con organizaciones de la sociedad civil y colectivos de ciudadanos y ciudadanas, para desarrollar procesos y tejer redes de confianza y trabajo colaborativo entre el Estado y la sociedad civil, así como el impulso del LabLocal a partir del Consorcio Internacional de Localidades en Acción, encuentro que se realizará en el mes de agosto.
En la actualidad, Asuntos del Sur realiza la implementación del proyecto Innovación Pública 360, que busca fortalecer las capacidades de innovación en el sector público, teniendo la participación ciudadana y la inteligencia colectiva como pilar en la toma de decisiones públicas.
Licenciada en Ciencia Política (Universidad de Buenos Aires, Argentina), Magíster en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe por la Universidad Nacional de San Martín (Universidad Nacional de San Martín, Argentina) y maestranda en Ciencia Política (Universidad Torcuato Di Tella, Argentina). Me desempeño como investigadora en el Observatorio Electoral de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, docente universitaria y consultora independiente. Miembro de la Red de Politólogas #NoSinMujeres. Líneas de investigación: participación política de las mujeres y diversidades, gobernanza electoral y nuevas tecnologías para la participación política.
Mi nombre es Bruno, soy de Rio Cuarto, Córdoba. Me desempeño laboralmente como desarrollador web, especializado en Wordpress y Javascript. Actualmente estoy estudiando PHP y React. Me gusta mucho viajar y andar en bici 😁
Migrante colombiana viviendo en Buenos Aires hace más de 6 años. Estudié Ciencias Políticas y estoy realizando mi tesis de Maestría en Intervención Social. Investigo y trabajo en políticas urbanas, especialmente en barrios populares, me gusta pensar y hacer talleres participativos y disfruto mucho el trabajo en equipo. Practico y oriento prácticas de vinyasa yoga y amo bailar salsa.
Lic. En Comunicación Social (UBA). Máster en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digital (Universidad Rey Juan Carlos y Media Lab Prado, Madrid) especialista en procesos de innovación democrática, gobierno abierto y comunicación política, con más de 10 años de experiencia en investigación, diseño y ejecución de políticas de gobierno abierto y estrategias de comunicación política.
Actualmente, está estudiando Relaciones Internacionales. Le gusta entrenar, leer y adora aprender cosas nuevas. Su estación favorita del año es el invierno y le gustan los dulces y postres.
Vive en San Martín (Buenos Aires) y tiene 21 años. Es estudiante de la Lic. en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de San Martín y se encuentra realizando su trabajo de tesis sobre el modelo de desarrollo sostenible que presenta y defiende el Acuerdo de Escazú, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se suma a Asuntos del Sur motivada por adquirir conocimientos sobre cómo se lleva a cabo un proyecto a nivel regional y conocer sus dinámicas.
Maia tiene 22 años y es franco-argentina. Es ex estudiante de cine y actual estudiante de Ciencia política en la UNSAM. Amante de la fotografía. Dedica su tiempo libre a entrenarse para correr carreras.
Vive en Reconquista, Santa Fe, pero es originario de Buenos Aires. Tiene 25 años y es estudiante de la Licenciatura en Periodismo en la Universidad Siglo 21. También estudió Programación en la UTN.
Estudiante avanzada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de San Martín. Se encuentra cursando las últimas materias de la carrera y redactando la Tesis de Investigación. Se confiesa muy emocionada de ser parte de Asuntos del Sur para experimentar este nuevo desafío.
Artista y gestora cultural. Magíster en Mediación Cultural (Universidad Nouvelle Sorbonne Paris 3). Doctoranda en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó como asesora de despacho de la Gobernación de Nariño y de la Alcaldía de Cartagena, Colombia, en la implementación de procesos de innovación pública.
Magíster en Ciencia Política por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ha trabajado como consultora e investigadora para organismos internacionales, gubernamentales nacionales y Think Tanks nacionales e internacionales.
Politólogo de la Universidad de Buenos Aires, Máster en Mercados e Instituciones del Sistema Global y PhD en Políticas e Instituciones de la Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Italia). Activista por los derechos de las personas LGTBI y docente de postgrado en la Universidad de Lanús (Argentina) y en la Alta Escuela de Economía y Relaciones Internacionales (Italia). Sus áreas de especialización son la integración regional latinoamericana, la geopolítica energética y las políticas públicas con enfoque de derechos.
Peruana, Coach Ontológico Profesional con especialización en educación emocional y estudiante del último año de la carrera de Relaciones del Trabajo – UBA. Trabaja como coach facilitando capacitaciones para emprendedores y negocios. Como pasatiempo, disfruta leer, hacer yoga y trekking y viajar.
Argentino, politólogo (UBA) e investigador en cuestiones de género y seguridad (ILSED). Amante de los viajes, los idiomas y el intercambio cultural.
Oriunda de Río Negro. Estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de San Martín, con tesina en proceso. Además, participa en asociaciones civiles de base comunitaria. En su tiempo libre, juega para uno de los equipos deportivos de la UNSAM.
Estudiante de Relaciones Internacionales en la UNSAM y Coordinadora General en Soft Power, un think tank de relaciones internacionales. Interesada por las cuestiones relativas a la vinculación entre el género y el libre comercio
Estudiante de Relaciones Internacionales en la UNSAM. Le interesan las cuestiones de género y desplazamiento forzado. Como pasatiempo, la literatura y el cine.
Estudia Ciencias Políticas (UNSAM) con tesina en proceso. En paralelo, estudia Relaciones Internacionales en la misma casa de estudios. Además, trabaja en la Fundación Metropolitana haciendo desarrollo institucional y contenidos y escribe informes sobre Ambiente en Politeia.arg. Como hobbie, dedica tiempo a danza jazz y comedia musical desde hace varios años, como también a talleres de lectura sobre diferentes temáticas.
Nació y creció en Bogotá (Colombia). En 2011 emigró a Argentina para continuar sus estudios. Actualmente, está cursando la Licenciatura de Relaciones Internacionales.
Es estudiante de Ciencias Políticas y Profesorado Universitario en Ciencia Política (UNSAM). Disfruta mucho viajar y le gusta leer, cocinar y hacer deporte.
Licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales con una Maestría en Comunicación Política (Austral). Fue Directora Nacional de Relaciones Institucionales del Ministerio de Salud de la Nación y se especializó en el Ceremonial y Protocolo. Ama el running y viajar.
Actualmente cursando la Tecnicatura en Administración de Gestión y PyMEs y la licenciatura en Comercio Internacional. Atleta trans, fanática del ciclismo y activista de la inclusión deportiva.
Finalizando la Licenciatura en Comunicación Social con orientación en opinión pública y publicidad en la UBA. Becaria de la Nueva Escuela de Diseño y Comunicación. Se encuentra vinculada con las ONG desde el 2017.
Licenciada en Comunicación Social, experiencia de trabajo en OSC y en el Estado en temática de políticas públicas enfocadas en hábitat. Especializada en el diseño de metodologías participativas, facilitación de talleres, coordinación de grupos y acompañamiento en los procesos de diseño e implementación de proyectos. Docente de teatro en nivel secundario y actriz.
Lic. en Ciencia Política (UCA). Trabajó en el sector privado para diferentes multinacionales, en Escuelas de Negocio y tiene, además, experiencia en la función pública. Es docente universitario y secundario.
Jennifer Cyr es profesora asociada e investigadora de ciencias políticas y de los estudios latinoamericanos en la Universidad de Arizona. Además de estudiar la representación política y la democratización en América Latina, escribe sobre los métodos cualitativos y mixtos y el uso de los grupos focales en las ciencias sociales.
Directora de Arte e Ilustradora independiente. Artista autogestiva. Miembro activo de MEP (Mujeres en Publicidad), un colectivo de mujeres en busca de una industria publicitaria con perspectiva de género. www.jotaschneider.com
Lic. en Relaciones Públicas y Cs. de la Comunicación. Comunicadora en Bachillerato Popular Travesti Trans Mocha Celis. Activista por los DDHH LGBTIQ+. Transfeminista.
Politóloga por la UCB de La Paz con especialización en Gestión Equitativa por la USMP, Lima. Diplomada en IAP y Educación Superior. Trabaja en investigación, derechos políticos de las mujeres, paridad y alternancia, prevención de violencia contra las mujeres y presupuestos sensibles al género.
Dentro del tercer sector desarrolló todo tipo de tareas, profesionalizándose en la gestión humana y de comunidades de personas. Trabajó en temas relacionados a la educación, los derechos civiles y la responsabilidad social empresaria. Estudia idiomas y turismo para poder seguir relacionándose con personas de todo el mundo.
Licenciada en Comercialización. Ha prestado sus servicios como asistente de gestión académica del Programa Colegio de las Américas – COLAM de la Organización Universitaria Interamericana – OUI. Apoyo a los procesos de convocatoria, registro de estudiantes, monitoreo de inscripciones y pagos, coordinación del proceso de certificación y diplomación y producción de informes administrativos.
Periodista de Medellín, Colombia y estudiante de la Maestría en Comunicación y Criminología de la Universidad Nacional de La Plata. Trabaja en temas relacionados con la memoria histórica, la violencia y los derechos humanos. Participa en procesos de periodismo ciudadano por la memoria, así como en investigaciones sobre el mismo tema. Ha sido docente de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia.
Licenciada en Relaciones Internacionales (UCC); Técnica en Responsabilidad y Gestión Social (Universidad Siglo 21); Especialista en Políticas Públicas para la Igualdad en América Latina (CLACSO y FLACSO Brasil) y Magíster en Derechos Humanos y Políticas Públicas (UNED España). Se desempeña en los ámbitos de la cooperación internacional, el desarrollo institucional y la docencia.
Argentina. Lic. en Relaciones Internacionales (Universidad Católica de Córdoba). Maestranda en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano (Universidad Nacional de Córdoba). Con experiencia en la coordinación y facilitación de talleres presenciales en América Latina, en tutorías de programas de formación virtual, y en el diseño de metodologías y la creación de plataformas colaborativas.
Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, con una maestría en curso de Ciencia Política por la Universidad Torcuato Di Tella. Su trabajo se concentra en los derechos reproductivos de las mujeres y la participación ciudadana.
Abogada experta en violencia de género por la Comisión Nacional de Justicia de Género de Venezuela – TSJ y Magíster en Docencia para Educación Superior, Diplomada en Innovación Política, Derechos Humanos y Procesal Penal. Trabajó en el Poder Judicial en la competencia de Delitos de Violencia contra la Mujer en el Estado Zulia, Venezuela. Embajadora de Venezolanas Globales en Argentina; forma parte de la Red de Mujeres de Amnistía Internacional Venezuela y de la Red Feminista del Estado Zulia.
Licenciado en Ciencia Política de la UBA, con un amplio recorrido en comunicación digital y campañas políticas. Con formación en diseño audiovisual por su vocación para contar historias. Colaborador de la Federación Internacional de Racquetball.
Licenciada en Administración Gubernamental y Políticas Públicas por la Universidad de Guadalajara con especialización en temas de participación ciudadana, innovación política y combate a la corrupción. Actualmente es Maestrante en Politicas Públicas con enfoque en Gobiernos Locales y Rendición de Cuentas. Especialista en estrategias y herramientas de incidencia y construcción de Redes por EQUIS- Justicia para mujeres, Alternativas y Capacidades y la GIZ -Agencia del Gobierno Federal Alemán y en Contraloría Social y Sistemas Anticorrupción por el Colegio de Jalisco y el Comité de Participación Social de Estado de Jalisco.
Licenciada en Ciencia política por la Universidad de Buenos Aires. Magister en Administración Pública por la facultad de Ciencias Económicas de la UBA y Especialista en Educación y nuevas tecnologías por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Se desempeña hace más de 10 años en la educación en línea en diferentes organizaciones de la región.
Licenciada en Relaciones Internacionales (Universidad de San Andrés) y Mg. en Relaciones Internacionales Europa – América Latina (Universidad de Bolonia). Realiza una Maestría en Ciencias Sociales de Internet en Oxford Internet Institute (Universidad de Oxford). Especializada en innovación política y gobernanza de internet.
Politóloga por la Universidad Pompeu Fabra, especializada en género y juventudes. Máster Interuniversitario en Juventud y Sociedad, Universidad de Girona. Maestría en Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires (en proceso de elaboración de tesis). Forma parte de la Red de Politólogas. Sus intereses de investigación se focalizan en los temas de género, juventudes y participación política.
Coordinadora de Gobernanza, Estado y Gestión del Observatorio de Políticas Públicas y Docente investigadora de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV). Asesora de organismos públicos nacionales y subnacionales. Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador (Argentina) y especialista en Cooperación Internacional por la Universidad Nacional de San Martín (Argentina).
Coordina el programa de Innovación Pública 360 y es Digital Integrity Fellow del Open Tech Fund. Msc en Desarrollo Internacional (Universidad de Bristol). Fue investigador en tecnologías para la Vicepresidencia de Bolivia, PNUD y Fundación UNIR Bolivia. Ex becario Chevening.
Licenciada en Ciencia Política de la UBA, especializada en dirección y gestión de organizaciones sociales en UdeSA y docente en la UBA de la materia “el rol de las organizaciones de la sociedad civil en políticas públicas”.
Politólogo de la Universidad de Buenos Aires, MSc en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford, MPA y PhD en Ciencias Políticas del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po). Trabajó en el Woodrow Wilson Center, el Centro de Desarrollo de la OCDE y dirigió el Instituto Federal de Gobierno en Argentina. También es docente universitario e investiga sobre democracia, economía política y tecnopolítica.
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Por innovaciones políticas nos referimos
Al desarrollo de prácticas, intervenciones, dispositivos tecnológicos y/o regulaciones que permitan solucionar problemas públicos. Las innovaciones, entendemos, deben tener dos condiciones necesarias:
La primera es que deben buscar transformarse en una práctica social y política generalizada, es decir, deben buscar tener un impacto político.
La segunda es que deben favorecer a la ampliación de derechos y de calidad de vida de las personas. Entendida de este modo, la innovación política apunta a la construcción de sociedades abiertas, gobernadas por comunes, por lo que se requieren acciones que distribuyan el poder. Es por ello que, desde Asuntos del Sur, priorizamos las innovaciones centradas en la construcción de sociedades más paritarias, inclusivas y participativas.
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