Por tercer año consecutivo, los firmantes del Acuerdo de Escazú se reunirán en Santiago de Chile, del 22 al 24 de abril de 2024. Hay mucho en juego, pero destaca la aprobación del Plan
de Acción de los defensores de los derechos humanos y medioambientales.

Un acuerdo sin precedentes

El acuerdo de Escazú es único. Es el primer tratado internacional de América Latina y el Caribe que se ocupa del medio ambiente, y el primero del mundo que incluye disposiciones legales sobre los derechos de las personas defensoras del medio ambiente. El acuerdo, adoptado en Escazú (Costa Rica) el 4 de marzo de 2018, nació en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible de 2012 y es el único tratado vinculante que se ha adoptado tras la conferencia.

Durante varias décadas, las políticas de desarrollo económico de América Latina se han centrado principalmente en la explotación de recursos extractivos (como por ejemplo, la extracción de hidrocarburos) y la producción de productos agrícolas para la exportación (soja, caña de azúcar, café, aceite de palma, etc.). Sin embargo, la marcha hacia la globalización se realiza frecuentemente a expensas de la población que vive en estas fértiles tierras. Muchos activistas luchan por proteger su entorno, a costa de sus vidas. En 2016, el asesinato de Berta Cáceres, activista medioambiental hondureña, tuvo un profundo efecto en la mente de la gente, y tristemente contribuyó a acelerar la creación del Acuerdo de Escazú. Llevaba 22 años luchando por la defensa de los derechos humanos y, en particular, contra la construcción de una presa hidroeléctrica que habría privado de agua a cientos de habitantes de la comunidad de Río Blanco. Según Global Witness, 200 activistas medioambientales fueron asesinadas en América Latina en 2020, lo que la convierte en el continente con el mayor número de asesinatos de activistas medioambientales.

El acuerdo de Escazú se inscribe precisamente en esta lógica de protección jurídica de las poblaciones, principalmente de los «pueblos originarios», que son las primeras víctimas de la explotación de los recursos naturales. Este instrumento internacional se inspira en el principio 10 de la Declaración de Río de 1992, que consagra la participación ciudadana como piedra angular de la protección del medio ambiente (al igual que la Convención de Aarhus de 1998, que promovió este mismo principio en Europa).

Las consecuencias de la crisis de Covid-19 han tenido una resonancia especial para los activistas medioambientales de Sudamérica y el Caribe. La violencia física y moral contra los activistas se ha exacerbado, y los gobiernos utilizan sistemáticamente la pandemia para criminalizar sus acciones. La prohibición metódica de todas las manifestaciones ecologistas en algunos países, con el pretexto de «difundir informaciones que incitan a la violencia», representa un peligro para la libertad de expresión, pero sobre todo para la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente. Sin embargo, la crisis de la pandemia también podría representar un punto de inflexión hacia una recuperación más integradora y respetuosa con el medio ambiente.

La tercera COP

La primera Conferencia de las Partes (COP, por su denominación en inglés), celebrada también en Santiago en abril de 2022, estableció la capacidad del Comité para recibir «quejas», conocidas como comunicaciones, no sólo de los Estados sino también de particulares, algo poco habitual en el mundo de la defensa del medio ambiente. Esta prioridad de reforzar la cooperación y el multilateralismo a largo plazo se reflejó también en la voluntad de retransmitir en directo la COP 2, que tuvo lugar en Buenos Aires en abril de 2023. Las fechas de estas reuniones no se eligieron al azar, ya que el 22 de abril simboliza el Día Mundial de los Defensores del Planeta. En 2024, la COP 3 volverá a celebrarse en la capital chilena, con el objetivo de finalizar el Plan de Acción para proteger a los defensores de los derechos humanos. El programa detallado de esta reunión estará disponible próximamente en el sitio web del Acuerdo de Escazú (https://acuerdodeescazu.cepal.org).

Un futuro prometedor

La llegada al poder en Costa Rica del nuevo presidente conservador, Rodrigo Chaves Robles, ha trastocado los planes medioambientales del acuerdo de Escuazú. Chaves Robles se niega a ratificar el acuerdo. En una rueda de prensa, el nuevo presidente anunció que no creía «que (el acuerdo de Escuazú) beneficiará al país, ya que todo lo incluido en el acuerdo de Escuazú ya está previsto en nuestra legislación», y añadió que «el sector privado debe estar tranquilo porque el acuerdo de Escuazú no está en la agenda del gobierno». Estos anuncios se producen en un momento en el que numerosas organizaciones se oponen a las disposiciones de Escazu, alegando la pérdida de soberanía nacional como argumento a menudo utilizado por los partidos conservadores. Sin embargo, el artículo 3 del acuerdo de Escazú estipula que todos los países firmantes conservan la soberanía absoluta sobre sus recursos naturales. Los acuerdos de París de 2015 también suscitaron las mismas preocupaciones entre algunos sectores de la clase política en la región.

Sin embargo, el “nuevo” giro a la izquierda en algunos países latinoamericanos es prometedor. El nuevo presidente de Colombia, G. Petro, y Lula da Silva, de Brasil, se han comprometido a aplicar el tratado. Durante un coloquio organizado por Asuntos del Sur, el 20 de febrero, tuvimos la oportunidad de hablar de los acuerdos de Escazú con especialistas brasileñas en temas medioambientales y de defensa de los derechos humanos. Siendo Brasil el país con más conflictos socioambientales de América Latina, este acuerdo puede ser la promesa de un futuro más justo y respetuoso con nuestro planeta.

Alicia Charon