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La decisión del gobierno uruguayo de no otorgar el asilo político al ex-Presidente peruano, Alan García, es la noticia del día en esta parte del mundo. El anuncio realizado la mañana del lunes por el Presidente Vázquez y el Canciller Nin Novoa establece que, de acuerdo con la información recibida por la Cancillería, no existe una persecución política por parte de las autoridades judiciales del Perú en contra de Alan García. Al rechazar esta solicitud, el gobierno considera que los delitos por los cuales se lo investiga son delitos económicos y no de naturaleza política.

Los considerandos de la Resolución que niega el asilo son importantes pues se basa en dos juristas uruguayos para fundamentar dicho rechazo. La primera referencia es a Manuel Adolfo Vieira, quien considera que el asilo es “uno de los factores fundamentales para la protección de vidas humanas, cuya única culpa es la declamar por la libertad de sus creencias filosóficas, políticas o religiosas”. A su vez, la referencia al trabajo de Eduardo Jiménez de Aréchaga justifica que el asilo tiene como fin sustraer al perseguido político de la, valga la redundancia, persecución que sufre en su país.

Luego se hace referencia a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y su Art. III, el cual determina que “no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes”. Es decir, la Resolución establece que el asilo diplomático es un mecanismo excepcional para proteger la vida, integridad o libertad de una persona que se encuentre perseguida por motivos políticos. Bajo estos criterios, y más allá de las suspicacias en torno al por qué Alan García decidió solicitar el asilo a la casa del embajador de Uruguay, se determinó que en este caso no se cumplían estas condiciones.

Un factor importante de la resolución que no debería pasar desapercibida es el considerando VIII). Esta establece que la decisión para conceder el asilo diplomático, si bien es discrecional, no tiene por qué ser arbitraria. Para esto, la resolución establece que la valoración si el acto de una persona que solicita el asilo  por parte del Ejecutivo, “debe ser análogo al realizado por un juez en un caso de extradición”. Esto es importante pues establece ciertos criterios que Uruguay deberá seguir ante futuras solicitudes. De ahí se entiende el énfasis que el Presidente Vásquez hizo en sus declaraciones al decir que la decisión se basó en “argumentos jurídicos y legales”.

El anuncio fue directo, sin demasiadas vueltas, tomando en cuenta la legislación y las convenciones internacionales de las cuales Uruguay es parte y fue recibido con beneplácito por todos los sectores del país.  La decisión tomada por el Uruguay es por demás trascendente por varias razones.

En primer lugar, pone un voto de confianza en el sistema judicial peruano, que viene siendo blanco de ataques por parte de ciertos dirigentes peruanos, no contentos con las investigaciones en torno a corrupción. Alan García no es el único ex-Presidente investigado en el Perú por corrupción. Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski están implicados en investigaciones sobre corrupción y fue Alan García y su partido político, el APRA, quién llevó al plano internacional estos casos, vociferando fuertes acusaciones en contra del sistema judicial de su país y poniendo en duda la parcialidad de las investigaciones.

Los pasos que se den en las investigaciones en torno a García deben ser basados en derechos, sin dar lugar a dudas por ninguna parte. El Ministerio Público peruano deberá llevar adelante los procesos, respetando los derechos y las garantías procesales, tomando en consideración las obligaciones existentes por parte del país en torno a la legislación local y las convenciones internacionales sobre derechos humanos y corrupción de las que el Perú es parte.

Al rechazar el pedido de asilo y dejar en claro que en el Perú hay Estado de Derecho, Uruguay también da un voto de confianza el gobierno peruano encabezado por Martín Vizcarra, quien asumió la presidencia luego de la dimisión de Kuczynski en marzo de 2018. Este domingo, 9 de diciembre el Perú realizó un referéndum con el fin de desarrollar reformas para asegurar la lucha contra la corrupción y lograr una mayor transparencia por parte de los partidos políticos.

Por último al rechazar con debidos fundamentos la solicitud de García, crea un precedente fundamental para el día de mañana no convertirse en refugio de políticos sospechados de corrupción que busquen eludir la justicia de sus países.  Es lastimoso, pero sucede en más de una ocasión que, quienes deben y tienen la obligación moral y política de responder buscan huir, alegando venganza política.

Ahora es el turno del sistema judicial peruano de hacer su parte, respetando los derechos y garantías que amparan a García y seguiremos atentos a la información que surja sobre presuntos pedidos de asilo hechos en otros Estados de la región. El Presidente Vásquez terminó su anuncio rechazando el asilo diciendo que en el Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado”. Corresponde a las autoridades honrar este voto de confianza.

‍*Artículo originalmente publicado en el portal Medium y la sección de blogs del Huffington Post en español.

 

*Mariana Rodríguez-Pareja | Salvador Herencia-Carrasco

Mariana Rodríguez Pareja es abogada defensora de Derechos Humanos y Profesora en la Universidad del Salvador (Argentina). Twitter: @maritaerrepe

Salvador Herencia Carrasco es director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza de Derechos Humanos (HRREC) de la Universidad de Ottawa. Twitter: @Sherencia77

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