Juan Luis Pernalete era un estudiante de apenas 20 años que vivía en Caracas. El 26 de abril de 2017, él decidió participar en una manifestación pacífica para protestar por la difícil situación social y económica en Venezuela. Juan Luis fue asesinado ese día cuando una bomba lacrimógena, disparada por un Guardia Nacional Bolivariano, le impactó directamente en el pecho. Sus padres han denunciado el régimen del presidente Nicolás Maduro por la muerte de su hijo. Hasta el día de hoy, nadie ha sido inculpado por este crimen.

Este es uno de los múltiples testimonios que se pueden leer en el reporte presentado a fines de mayo por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Panel de Expertos Independientes sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Cada uno de los casos documentados revela un mismo patrón: el régimen niega las acusaciones, ataca y difama a los acusadores y un sistema judicial que no administra justicia. Todo esto seguido por retaliaciones contra las víctimas y sus familiares. Quienes son arrestados terminan usualmente sometidos a tortura y otras formas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Este patrón de violaciones contra los derechos humanos fue confirmado a fines de junio por un reporte del Alto Comisionado de las Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien enfatiza sobre el uso excesivo de la fuerza, las múltiples detenciones arbitrarias y el abuso contra los prisioneros.

El reporte de los expertos convocados por la OEA concluye que existen bases razonables para acusar al régimen venezolano de haber cometido crímenes contra la humanidad. Asesinatos, torturas, violencia sexual, detenciones arbitrarias y persecución forman parte de ataques sistemáticos y extendidos contra la población civil y líderes políticos acusados de criticar al régimen, lo que los califica como crímenes de lesa humanidad según lo establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI).

El panel de expertos, conformado por un ex-Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana, un ex-magistrado de la Corte Interamericana y un ex-Ministro de Justicia de Canadá, recomendó que el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, presentara el reporte y la evidencia acumulada durante la investigación a la Fiscal de la CPI. El panel también recomendó que otros estados deberían referir la situación de Venezuela a la CPI, según lo estipulado en el artículo 14 del Estatuto de Roma.  

La Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, abrió una investigación preliminar sobre la situación en Venezuela en febrero de 2018. En principio, sus averiguaciones se enfocarán sobre posibles crímenes contra la humanidad perpetrados contra líderes políticos y la población civil durante la protestas que comenzaron en abril de 2017, aunque la persecución política y las violaciones contra los derechos humanos han sido un problema desde hace tiempo en Venezuela.  

¿La CPI acusará finalmente a Maduro y a los funcionarios de su régimen? La Fiscal tendrá que revisar con mucho cuidado los documentos que su oficina ha recibido, incluyendo el reporte de la OEA. Los expertos convocados por Almagro identificaron 131 víctimas de asesinatos en las protestas que ocurrieron entre 2014 y 2017 a manos de fuerzas de seguridad del Estado y/o de los llamados “colectivos” (grupos paramilitares apoyados por el régimen). Además, se han registrado –según el reporte– 8.292 ejecuciones extrajudiciales desde 2015. Se estima que más de 12.000 venezolanos han sido detenidos de forma arbitraria, encarcelados o sometidos a severas restricciones a su libertad desde las elecciones presidenciales de 2013, año en el que Maduro fue electo.

El reporte se publica cuando Venezuela vive lo que ha sido definido por varias instancias internacionales como una verdadera crisis humanitaria, debido a la escasez de alimentos y medicinas. Según un estudio realizado por tres universidades del país, los venezolanos han perdido un promedio de 11 kilos (unas 24 libras) en 2017. El mismo Ministerio de Salud del régimen admitió que en 2016 se produjo un incremento de 65% en la mortalidad materna, que la mortalidad infantil creció en un 30% y que los casos de malaria subieron en un 76%. Las personas con enfermedades crónicas, lo que incluye a las que recibieron transplantes de órganos o que padecen VIH-Sida, han sufrido graves consecuencias por la falta de medicamentos. La crisis humanitaria, que se traduce en muertes por hambre, podría incluso ser considerada como otra forma de crimen contra la humanidad.