Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el número de migrantes internacionales es de 244 millones de personas. En todo el mundo las personas se desplazan internamente  debido al cambio climático, los conflictos armados, la violencia estructural, la guerra, el hambre y la pobreza.  

Latinoamérica no es ajena al fenómeno de la migración y es un tema clave en el desarrollo político social y económico de la región. La legitimación del racismo, con el efecto dominó de la llegada a la presidencia de Donald Trump, ha tenido un fuerte impacto mundial. El endurecimiento de las políticas migratorias, así como las protestas y los actos violentos en contra de inmigrantes en los países receptores, no se han hecho esperar. Las imágenes de las protestas xenófobas en Costa Rica contra los solicitantes de asilo procedentes del violento conflicto político en Nicaragua solo nos ha hecho refrescar la memoria de la histórica discriminación y exclusión de nicaragüenses en suelo costarricense.

Las cifras de la migración que genera laviolencia en Colombia, México, Honduras, Nicaragua, Guatemala y los desafíos dela nueva diáspora en Venezuela llega a reflejar que realmente la región enfrenta verdaderas crisis humanitarias. Pero sobre todo, enormes desafíos en materia de concientización y respeto por los derechos humanos.

Pese a los acuerdos de paz y una relativa calma, los conflictos entre grupos armados y el crimen organizado siguen generando el desplazamiento interno de ciudadanos colombianos. Según el Consejo Noruego para Refugiados, 7.2 millones de personas han sido desplazadas internamente en Colombia, colocando a ese país a la cabeza en las cifras de desplazados a nivel mundial, superando a países como Siria e Irak.  

De acuerdo al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la migración de venezolanos ha aumentado en 2000% desde el año 2014. Debido a ello, ese Alto Comisionado ha incorporado una nota delineamientos que tienen por objetivo ayudar a los Estados a determinar y otorgar protección internacional, basado no solo en la Convención sobre el Estatuto de Refugiado de 1951 y la Declaración de Cartagena de 1984. Los lineamientos están orientados a que los Estados de la región tomen en cuenta la dinámica del complejo contexto social político y económico de Venezuela, garanticen derechos básicos y status de legalidad. Sobre todo a que respeten la garantía de non refoulement a fin deque los venezolanos no se vean forzados a retornar a su país de origen.

De igual manera, el ACNUR ha creado directrices especiales para proteger a solicitantes de asilo procedentes de Honduras. La prolongada crisis política, la violencia ejercida por los carteles de la droga,las pandillas y otros grupos de delincuencia organizada, que operan con la aquiescencia y/o complicidad de agentes estatales, ha generado una ola de migración sui generis hacia países vecinos, Estados Unidos y Europa. Pese al cáracter complementario de las directrices, los Estados receptores no parecen estar dispuestos a reconocer el dramático contexto de violencia que se vive en Honduras, negando la calidad de refugiado a quien merece protección internacional frente a la inoperancia de un Estado que no quiere o no puede proteger al que huye de la violencia.

De acuerdo al Observatorio consular y migratorio hondureño,  128 hondureños salieron del país diariamente, con la intención de no regresar, solo en el 2017. En ese año, alrededor de 50,000 personas fueron retornadas desde México y los Estados Unidos de América.

Mientras Latinoamérica entera explota de indignación en las redes sociales frente a la separación de familias centroamericanas en la frontera estadounidense, la miopía y la doble moral no nos permite ver los problemas internos de racismo, exclusión y amnesia histórica de las migraciones provocadas por las dictaduras a nivel local. El rechazo al migrante en América del Sur es tan fuerte y tan grave como en los países donde la supremacía blanca ejerce violencia estructural y crea un círculo vicioso donde la marginación y la exclusión traen como consecuencia el aumento de la pobreza y la violencia.

Y para entender y atender el problema, hace falta hacer uso de un enfoque interseccional, donde la clase social, el género y la edad sean tomados en cuenta en el mismo grado que la nacionalidad. La tendencia es responsabilizar al choque cultural y étnico, cuando más bien se trata de asumir que los privilegios son invisibles para quienes los poseen y que todos esos factores mencionados influyen en las relaciones de poder, sometiendo al extranjero a un problema estructural que profundiza la discriminación, la explotación y la pobreza.

Mientras el efecto Trump se expande por Europa, los Estados latinoamericanos se enfrentan a la emergencia de apelar a la solidaridad y generosidad que caracteriza a la mayoría de sus habitantes. La necesidad de educar y sensibilizar a la población en Derechos Humanos es apremiante para combatir la xenofobia. Entre más educación e igualdad se promueva más fácil será el trabajo de construcción de democracias inclusivas. Y eso implica no solo promover la aceptación, sino también fomentar el diálogo y sensibilizar en derechos humanos a nacionales y a inmigrantes, porque para bailar el tango se necesitan dos. Diferentes experiencias y estudios demuestran que la diversidad es un factor ligado al crecimiento y al desarrollo económico. Pero eso no ocurre a puertas cerradas. Frente al aumento de la migración interregional, las acciones claves para un crecimiento sostenible son apertura, participación e inclusión.