Efectos colaterales del antiguo diseño de una política de seguridad en Colombia

El reporte de eventos adversos sobre el territorio en materia de seguridad, sobre personas y líderes que ejercen un papel de denuncia y defensa en el país, crece y hace parte de la antigua política de seguridad que se sobrepone con fortaleza. La Política de Defensa y Seguridad Democrática(2003) tenía, dentro de sus objetivos “proteger los derechos de los colombianos y fortalecer, con la solidaridad de la ciudadanía, el Estado de Derecho y la autoridad democrática, donde quiera que esté amenazada” (República de Colombia, 2003). El tema es que esta política de seguridad desató hechos como los Falsos Positivos, el incremento en la destinación de recursos para la guerra y fortaleció, de alguna manera, el aparato criminal, en manos de los grupos Paramilitares. El objetivo principal -que era vencer a las guerrillas militarmente- no se logró, pero sí hubo muchos efectos colaterales de esa política de Estado.

La base social que crearon los grupos Paramilitares, a lo largo y ancho del país, se basó en dos elementos para el control delas personas: el terror y la función totalitaria (grupal o individual) de ejercer la fuerza como mecanismo de fortaleza. Las guerrillas, por su parte,emplearon otras formas de lucha diferente, cuya base social extendieron a la población de una manera menos radical, pero sin dejar de ser una fuerza abrumadora y bélica. La estrategia de defensa entonces se dio conociendo esa premisa y con la impetuosa necesidad de ganar la guerra para dar paso a la confianza inversionista y establecer, entre otras cosas, la economía del país.Se dieron las alianzas y la ruta se estableció y a partir de allí empezaron a converger y establecer estrategias. Llegaron los asesinatos, el exilio, las amenazas, las desapariciones y el desplazamiento. “Hubo un momento en que uno,como campesino, veía el Ejército o la Policía y se asustaba mucho. Entraba en pánico.” (Testimonio oral, 2008).

Los resultados, catastróficos. Pero, no voy a referirme a ellos en extensión en este artículo, sino que abordaré la intimidación, el miedo y la amenaza (terrorismo) como estrategia de control que toma elementos repetitivos, casi que similares, con ese modelo pasado que ahora reaparece. En un extenso artículo, escrito por Hans–Peter Gasser, en 2002, en la Revista Internacional de la Cruz Roja, afirma que el Derecho Internacional Humanitario prohíbe, sin excepción, los actos de terrorismo en situaciones de conflicto armado internacional o no internacional (Gasser, 2002). También en 2002 surge la Convención Interamericana contra el Terrorismo, que cinco años después el gobierno de Álvaro Uribe y la Corte Constitucional aprobaron bajo la Ley 1108en diciembre de 2007; casi dos años después de la desmovilización de los grupos Paramilitares, quienes lo habían sembrado por décadas.

Gasser, también es enfático en decir que no hay una definición clara sobre terrorismo (ni antes ni ahora) porque es un fenómeno social que presenta numerosos y variables aspectos y los intentos que se han hecho, han demostrado que la cuestión está cargada de consideraciones políticas (c.f. Gasser, 2002), pero se pueden intuir algunos elementos: violencia, amenaza, medio para alcanzar un objetivo político que supuestamente no podría lograrse por medios legales y ordinarios y humillar a seres humanos; entre otros. Eso fue lo que instauraron los grupos Paramilitares a quienes, paradójicamente, el gobierno americano había declarado como organización terrorista en 2001. Entonces surge la estrategia del silencio, donde nadie habla y el terror se apodera del lenguaje simbólico, del ambiente y de las acciones. “Le abrieron la garganta y le sacaron la lengua. No se necesita ser un experto o un estudiado como usted para entender el mensaje” (Kogui, 2010).

La política que favoreció la confianza inversionista en el país y en varias regiones se mide desde la incidencia en el campo de la violencia. Una cosa es Bogotá; la capital. Otra, las regiones cuyas instituciones de representación, legalidad, defensa y protección fueron coaptadas en su inmensa mayoría. El paramilitarismo exterminó sistemáticamente,en muchas regiones, a los sindicatos, líderes sindicales, asociaciones campesinas y defensores de Derechos Humanos, bajo la premisa de ser aliados del socialismo, y la miseria sería lo que aportarían a la nación. Muchos callaron,por miedo; otros alzaron la voz y con esa misma fortaleza que lo hicieron, les dispararon y así mismo se disparaban en producción las empresas, porque la postura Paramilitar fue: “Entre más una persona tenga la mente ocupada no tiene tiempo para estar pensando cosas malas” (Expostulado, 2018), luego, explotarlos laboralmente y sin representación social o colectiva y sin mecanismos para exigir derechos, pasaron a ser mano de obra barata para las empresas que gracias a esto aumentaron su cobertura y producción.

El tema es lo repetitivo de esa criminalidad que se instauró bajo el terror y que se pueden estar repitiendo los mismos mecanismos totalitarios. ¿Quién defiende a un líder, un académico, un defensor, un reclamante o un denunciante? La respuesta es contundente. Si está en Bogotá,donde prácticamente no pasa nada, pues el Estado lo protege. Si está en regiones apartadas, rurales, entra a una base de datos, a un Comité de Justicia Transicional, o una denuncia y luego a esperar hasta 6 meses por una respuesta de la Unidad Nacional de Protección, que se toma otros meses más para definir el nivel de riesgo. Con suerte estás vivo, pero, si no llegara a estarlo, no hay lío: seguramente la Defensoría del Pueblo en su cuenta de Twitter va a lamentar y a rechazar el asesinato, como si con esto lo resucitara, haría que los asesinos se abstuvieran de volverlo a hacer o el Estado desactivara su burocracia que mata a más personas que la misma guerra.

De ahora en adelante y -mientras algún país nos acoge- solo queda como estrategia enunciar. Ojalá la JEP retome e investigue algunos temas,como los Falsos Positivos en la Sierra Nevada de Santa Marta, y que nos diga qué pasó con los 24 campesinos que asesinaron entre Paramilitares y algunos miembros de la Policía Antinarcóticos con posible ayuda de la DEA, dentro de la política de lucha por la erradicación de los cultivos declarados ilícitos. Que nos digan también qué pasó con los cerca de 80 afrocolombianos, que asesinaron antes de la disputa territorial entre Hernán Giraldo y Jorge 40 y que nos cuenten también las investigaciones sobre Para economía. Que nos digan también qué pasó con los Falsos Positivos y que por favor: ayuden a visibilizar los hechos para que por lo menos se contenga el crecimiento Paramilitar y se garantice la no repetición de hechos violentos, de coerción y de violación a los Derechos Humanos y al DIH.

Para terminar es importante definir lo colateral de esa política de seguridad, que se dio en un tiempo determinado y que no logró restablecer el orden constitucional y lo repetitivo de ella. Siguen por doquier las amenazas –algunas materializadas- y persistentes también los mecanismos de intimidación basados en el terror. Persisten los ejércitos totalitarios que se amparan en este nuevo modelo de gobierno para redefinir su postura: “ahora sí,las cosas van a cambiar, porque este país perdió mucho y se llenaron las calles de viciosos, rateros y sapos que se creen defensores. A esos los callamos sin problema” (Paz, 2018).

Hasta el momento, lo que se ha visto es el silencio de quienes quieren gritar y no pueden hacerlo porque hablar, denunciar y defender adquiere los calificativos de “muerte a los sapos y metidos” y nos toca seguir escuchando las denuncias solo desde la capital, porque para las zonas apartadas o ciudades pequeñas (provincias), quien habla, denuncia o defiende, se muere yeso hace parte de la política de exterminio que favorece esa conducta punible que se recompensa con pagos, inversiones en el campo de la guerra y crecimiento de los ejércitos totalitarios que redefinen las dinámicas sociales, políticas y económicas.

Bibliografía.

Andina,C. d. (14 de Febrero de 2008). Violencia, paras, guerrilas y Estado. (LerberLisandro Dimas Vásquez, Entrevistador)

Gasser,H.-P. (2002). Actos de terror, “terrorismo” y derecho internacionalhumanitario. Revista Internacional de la Cruz Roja, 10.

AutoridadKogui, A. t. (12 de Noviembre de 2010). Memorias y violencia. (Lerber LisandroDimas Vásquez, Entrevistador)

Paz,E. d. (20 de Mayo de 2018). Retornos . (Lerber Lisandro Dimas Vásquez,Entrevistador)

Repúblicade Colombia . (2003). Ministerio de Defensa . Obtenido de Política deDefensa y Seguridad Democrática:https://www.oas.org/csh/spanish/documentos/Colombia.pdf

*Lerber Lisandro Dimas Vásquez

Antropólogo, investigador del grupo de investigación Oraloteca de la Universidad del Magdalena. Con conocimiento sobre dinámicas, sociales, económicas, políticas y violentas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Con amplio recorrido en temas de Justicia Trasicional, construcción de paz, crimen organizado y violencia urbana. Con conocimientos y trabajos en comunidades étnicas y campesinas. Defensor de Derechos Humanos y del medio ambiente | Twitter @lerberlisandro