Fotografía de @samiraponteve

Pobreza, desigualdad y violencia de género en tiempos del COVID

La pandemia del COVID-19, más allá de la emergencia sanitaria que ahora atienden gobiernos de la región, tendrá impactos diferenciados, ampliando las brechas de desigualdad, la extrema pobreza, las violencias directas y estructurales, la marginación y discriminación.

Desde Asuntos del Sur, como una organización regional comprometida con la paridad y la inclusión, nos pronunciamos en el más sentido tono de humanidad y sensibilidad para solicitar a Gobiernos, organizaciones y personas con capacidad de incidir en las decisiones y políticas públicas atender la pandemia del COVID-19 y sus impactos y hacer todos los esfuerzos posibles para asistir a las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

La paralización de actividades económicas generará una recesión a gran escala. Se estima que una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas podrían quebrar (OECD, 2020), implicando un aumento dramático del desempleo, con especial impacto en el empleo informal (OIT, 2020). De acuerdo a la CEPAL (2020), la pobreza podría incrementarse en más de 2%, afectando sobre todo a jóvenes menores de 34 años, mujeres, poblaciones indígenas, afrodescendientes y migrantes.

En lo que hace a la diversidad de mujeres, su participación en los mercados de trabajo es de 51,7%, por debajo del 76,9% de los hombres (OIT, 2019). Ellas poseen las fuentes laborales más precarias y peor remuneradas, ganando un 17% menos de salario que los hombres por hora trabajada y representando 59% de la fuerza laboral informal (OIT, 2019). Asimismo, 18 millones de mujeres en la región se dedican al empleo doméstico remunerado, y el 78% están en la informalidad (ONU Mujeres, 2020). A su vez, 1 de cada 5 mujeres ejercen roles de cuidado en el sector salud, con menor protección preventivo de bioseguridad, lo cual las expone a una mayor probabilidad de contagio del virus. Se debe reconocer y redistribuir las cargas de trabajo no remunerado que se producen en las casas, por cuidados de salud y de niñas/os, personas mayores, que mayoritariamente están a cargo de las mujeres. A todo lo anterior debe sumarse la violencia de género en el hogar, la cual de acuerdo a cifras de ONU Mujeres (2020), se incrementó hasta en 51% en algunos países.

Respecto a la población LGTTTBIQ+, se pone de manifiesto situaciones de extrema vulnerabilidad debido a su dificultad de acceso a fuentes laborales formales, la falta de reconocimiento de su identidad, bajo nivel de políticas focalizadas, y la alta prevalencia de casos de HIV/SIDA, la cual corre el riesgo de no poder recibir medicación y atención de salud ante la reorientación de recursos para atender la pandemia. Asimismo, se reconoce la existencia de denuncias de detenciones arbitrarias a poblaciones trans que se agudizan en este contexto.

A nivel urbano, la situación de los asentamientos informales es dramática. La pandemia no se vive de la misma manera en barrios de clase media y alta, con respecto a los barrios populares. En estos últimos, el hacinamiento y la falta de servicios básicos como agua, incrementa el riesgo de contagio considerablemente. Gran parte de la población que reside en estos, trabajan de manera informal, por lo que la cuarentena y el distanciamiento social, no sólo las aísla más, sino que repercute en sus economías y aumenta sus niveles de pobreza.

Ante tal contexto, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Esta situación nos preocupa y nos ocupa, siendo nuestra misión, desde Asuntos del Sur, construir y aportar a democracias paritarias, inclusivas y más participativas . Es necesario tener en cuenta las múltiples interseccionalidades que atraviesan las distintas poblaciones (personas con discapacidad, migrantes, quienes viven en asentamientos informales, personas trans, quienes viven con VIH, pueblos originarios, entre otras identidades). De esta forma, buscaremos extremar nuestro trabajo para visibilizar los impactos en estas poblaciones e instar a generar acciones específicas para apoyar a las mismas. Hoy más que nunca, es prioridad orientar las políticas sociales de emergencia al desarrollo social en los sectores más vulnerables desde una mirada redistributiva e inclusiva y de empoderamiento ciudadano. Sólo de esta forma, podremos apuntar a una salida colectiva, sin dejar a nadie atrás.

 

Equipo Asuntos del Sur