Dinámicas actuales y fenómenos emergentes en el Caribe Colombiano  

Por Lerber Dimas Vázquez

La categoría de Ex975, es un término acuñado a todos aquellos exparamilitares que hicieron parte del Proceso de Paz y que fueron privados de la libertad (o estando privados) y se acogieron a la Ley 975 o Ley de Justicia y Paz, promovida desde el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, que llevaría a la pacificación de los territorios y daría una respuesta jurídica a quienes -en bloque y en inmensa capacidad bélica- desplegaron la más grande oleada de terror y violación a los derechos humanos, en el Caribe Colombiano.

Todorov establece que el pasado es un anuncio al presente y, como parte de la búsqueda de lo que él llama el yo actual, es muy importante el estudio de nosotros en el pasado. La Ley de Justicia y Paz se creó con más mentiras que posibilidades reales de aplicación a la justicia. La misma desmovilización paramilitar fue, en la mayoría de los casos, más mentira que verdad y, como parte de esa dualidad, quienes iban a ser postulados a esta Ley se enfrentaron a una serie de contradicciones, que son normales en todo Proceso de Paz, pero donde debía prevalecer la verdad, la reparación y los mecanismos de no repetición. Sobre este primero y el último haré mayor hincapié.

Sobre ¿Quiénes eran esas las máquinas de guerra? El Estado lo sabía muy bien; las regiones igualmente y parafraseando a Padura: en estos sitios las personas habían visto la muerte tan de cerca como nadie es capaz de concebirla. Creo que lo sabían todo sobre la muerte y más que sobre la muerte: la pérdida de la vida por cualquier cosa insignificante, en el mejor de los casos, o una tortura silenciosa y larga de las cuales había experticia.

La peligrosidad se formuló originalmente para comprender la delincuencia violenta grave, crónica y reiterativa, dice el Análisis Crítico de un concepto Polisémico del profesor Antonio Andrés-Pueyo, y aquí tenemos el primer error: no se midió ni se tuvo en cuenta la peligrosidad de quienes iban a ser postulados al mecanismo transicional. No se tuvo en la cuenta ni el perfil criminal, ni su perfil psicológico. No se aplicó un manual de perfilación y conducta criminal. Lo que sí se hizo, fue meterlos a todos en centros carcelarios de mediana seguridad  y con privilegios. El delincuente aprende rápido porque todo el tiempo está pensando en un paso adelante, esa es la lógica formal de la guerra y se mide matemáticamente y en la memoria el factor oportunidad y riesgo.

El segundo error fue creer que querían dejar las armas, ¿para qué? Eran dueños de los territorios, tenían las mejores fincas, carros, casas, visitas “ilustres”, dinero a montón producto de cualquier tipo de actividad ilícita y tenían las armas con las cuales mataban y ordenaban muertes a diario. Eran el Estado y lo representaban incluso en las elecciones a cargos democráticos (parapolítica).

El tercer error, es pensar que actuaban solos y que sus conductas se medían solo por la capacidad de daño que podían hacerle a un ser humano. No se tuvo en cuenta que al ser un movimiento totalitario, obedecía también a intereses particulares, económicos, políticos, grupales; intereses mediados por la codicia y la expansión.

Y el cuarto error, dejar la verdad, judicial e histórica en manos de los victimarios, juntándolos a todos para inferir en una verdad construida acorde de las necesidades propias y de sus socios.

En este orden de ideas, lo que vienen son los anuncios de lo que puede ser una repercusión violenta a gran escala, promovida por los Ex975. Anuncios que, entre otras cosas, se han venido materializando y que ponen en jaque la seguridad y la estabilización de algunos territorios; en otros, su influencia ha estado presente, lo que quiere decir, como en el caso de Santa Marta y algunos municipios del César, Bolívar, Magdalena y Atlántico donde se encuentra la mayor concentración de estas personas, que la problemática nunca se fue.

Miremos algunos casos: en Soledad, Atlántico, un ex975 tiene más de 100 motos y motocarros que son administrados por exparamilitares de su confianza. Estas mismas sirven para la comisión de otros delitos. Las grandes extensiones de ganado, por ejemplo, en Sábanas de San Ángel (Magdalena), que son de otro ex975, son también administrados por personas de su confianza. Esas y otras fincas en otros municipios del departamento.

En un municipio del Magdalena, cuyo nombre no puedo revelar por temas de seguridad, un ex975, por poco pone alcalde. Quedó, eso sí, con la puerta abierta en el Concejo por aquello de la reforma de equilibrio de poderes -Estatuto de la Oposición-.

Rigoberto Rojas Mendoza y Jhon Jairo Esquivel, capturados por el secuestro de Melissa Martínez en el departamento del Magdalena. Según algunas fuentes, hay órdenes de capturas contra otros Ex975, por otros delitos como el rearme. Esto sin contar con las múltiples reuniones en las que varias de estas personas han participado y a donde han asistido con su robusto esquema de seguridad que les brinda la Unidad Nacional de Protección. En total protegen a 18 de ellos en toda la Región Caribe.

El debate es sobre la culpabilidad. Se supone que deberían empezar de cero, por aquello de la reparación a las víctimas, pero como en el caso de los parapolíticos, todos salieron de las cárceles alegando quiebra y ninguno, escúchelo bien, ninguno, aportó un solo peso para las víctimas. Lo mismo ocurre con estas personas: todos han salido a disfrutar de sus fortunas que fueron intocables y que incluso se potencializaron estando privados de la libertad y aquí le recae una responsabilidad enorme al Estado.

En síntesis: no hay un mecanismo de la libertad vigilada, algo así como post-cárcel, ya que no hubo post-conflicto, tampoco la idoneidad en algunos de los casos de quienes los cuidarían. Recordemos que la UNP se nutrió de personal del DAS, y estos claramente fueron aliados del paramilitarismo. Los mismos, cuidando a los mismos.

La realidad de los que podemos llamar un fenómeno emergente, que se activó con la salida de ex975 de los centros carcelarios, es una realidad en el Caribe Colombiano. No todos están inmersos en prácticas delictivas; sin embargo, esa mayoría que si lo está tiene el poder militar, el conocimiento y las personas (leales o reclutadas) con las que pueden armar un grupo tipo paramilitar en una hora. Tienen facilidad para conseguir las armas y las alianzas para ingresar nuevamente a los territorios, como lo han venido haciendo en algunas regiones y tienen a los aliados que buscan afanosamente recuperar su economía y sus tierras.

¿Sabe el Estado y la justicia, dónde está cada uno de ellos y qué está haciendo? Es la pregunta que se debe hacer y desde aquí le sugerimos una respuesta: vayan a las antiguas zonas donde anteriormente operaron.

 

Lerber Dimas Vázquez – Antropólogo. Miembro de Mama Coca. Experto en violencia en Sierra Nevada Santa Marta

[La fotografía pertenece a Federico Ríos Escobar  – https://www.federicorios.net]