América Latina atraviesa una nueva ola de casos por covid-19. Justo cuando el mundo comenzaba a vislumbrar muy tímidamente el retorno a la vieja normalidad, aparece una nueva variante con nombre del malo de una película de superhéroes. Ómicron partió desde África y comenzó a expandirse por el mundo, más rápidamente que la anterior variante, la Delta, surgida en el viejo continente.
Y sí, hablo de vieja normalidad porque, en el reparto de poder y riquezas, pocas cosas cambiaron en el mundo y, si lo hicieron, no fue para “volver mejores”, como rezaba alguna que otra expresión de deseo. Porque, si bien es cierto que la letalidad de esta variante es menor, también es cierto que su propagación por el mundo y su llegada a América Latina volvió a poner en la tapa de los diarios y en las reflexiones de los y las analistas algunos de los puntos que, desde el consorcio Colabora.Lat, resaltamos en el reciente informe “Vacunación contra COVID-19 en América Latina. Gobernanza colaborativa en contextos asimétricos”
Asimetría de poder y ausencia de coordinación global – De cómo la inequidad nos pone a merced de nuevas variantes.
El covid-19 ya ha costado más de 5 millones de vidas alrededor del mundo, trastocando todas las dimensiones de nuestra vida individual y colectiva.
En este proceso, rápidamente, la ciencia global y los esfuerzos de Estados y privados, especialmente en los países más poderosos pero no solamente, con científicos y científicas de todos los puntos del globo, dieron muestra -una vez más- de la capacidad del conocimiento humano elaborando distintas versiones de vacunas para atacar a un virus nuevo y desconocido que puso al mundo en pausa. Hacia fines del año 2020, los procesos de vacunación estaban en marcha y, para mediados del 2021, quedaba claro -científicamente hablando- que la herramienta que tenemos para superar este nuevo virus es la vacunación. Sin embargo, el propio proceso de elaboración, fabricación, distribución y aplicación de las vacunas dejó en evidencia que la superación de esta pandemia, u otras venideras, no depende de la capacidad científica de la humanidad sino de la capacidad política de los actores con poder de decisión para colaborar y coordinar respuestas comunes en contextos de inequidad.
No es casual, sino consecuencia de la distribución inequitativa de dosis, que la nueva variante que hoy azota al planeta se haya originado en el continente menos vacunado; no por elección individual (algo que sucede en el primer mundo y es harina de otro costal) sino por asimetrías de poder, ausencia de coordinación global y falta de liderazgos comprometidos con el bienestar público, en un sentido amplio del concepto.
En el último informe de Colabora.Lat hemos dado cuenta de que la respuesta, a nivel mundial y regional, ha sido considerablemente asimétrica y poco favorable para los países más pobres y periféricos. Mientras, por un lado, los países ricos reservaron la mayoría de las dosis -y lo hicieron antes de que éstas estuvieran listas-, por el otro, los organismos multilaterales -que dependen de los aportes de los países ricos y de las organizaciones filantrópicas para reservar y repartir las dosis a los demás países- quedaron con una estrecha capacidad de maniobra. El resultado de esta asimetría fue que, a pesar de haber cantidades suficientes para que el mundo se vacune, la gran parte de las dosis distribuidas se concentraba (al 31 de octubre de 2021) en sólo 10 países:China, India, Estados Unidos, Brasil, Indonesia, Japón, México, Turquía, Alemania y Rusia.
Sin embargo, el mapa precedente muestra dos puntos necesarios de marcar. El primero y más visible: el abandono por parte de los países con más altos índices de desarrollo humano -y, por tanto, líderes globales- que sufre el continente africano roza ya no sólo un fracaso de la política humanitaria global sino un problema moral que nuestra generación deberá atender de manera urgente. El segundo es que, más allá de las dificultades en el acceso y distribución de los países de América Latina que se detallan en el informe, la región no es solamente una de las más vacunadas (vacuna que llega, se aplica) sino que -una vez más- los procesos de colaboración multiactorales y multinivel son dignos de analizar.Su sistematización, en términos de lecciones aprendidas y obstáculos comunes, es necesaria para encontrar patrones que nos permitan proponer esquemas de gobernanza colaborativa futuros.
Colaboración para la gestión de la escasez, los postergados de siempre, zonas marrones y la creatividad social latinoamericana como constante.
Mientras los países ricos concentran dosis -cuando una parte de su población decide no vacunarse-, los demás países armaron, de manera relativamente improvisada, sus respectivos planes de adquisición de vacunas. Una de las estrategias mayormente utilizadas fue el uso de acuerdos bilaterales con las propias empresas farmacéuticas. Estas negociaciones, dada la asimetría de poder entre transnacionales poderosas y países en desarrollo, con gobiernos estructuralmente debilitados, fueron -como da cuenta el informe- poco transparentes, dificultando el proceso de rendición de cuentas por parte de otros actores hacia el Estado y dejando a estos países en una situación de notable vulnerabilidad frente a la voluntad de las empresas. En algunos casos, como la Argentina, los países sufrieron importantes retrasos en las entregas de vacunas ya comprometidas durante la primera mitad de 2021, mientras que, en otros, como Guatemala, recibieron menos dosis de las adquiridas, quedando a merced de las donaciones internacionales.
Los países menos ricos y más periféricos han demostrado los límites que genera el carecer del poder político para hacer que los acuerdos se cumplan. Y, si bien ha habido instancias de solidaridad entre países, (Argentina y Bolivia para la obtención de dosis Sputnik) estas han sido ad hoc en naturaleza y, por ende, difíciles de sistematizar.
Las inequidades entre países también se han dado al interior de estos. Este informe ha revelado que los procesos de distribución de las vacunas, dentro de los confines de cada Estado, también han sido irregulares -dados los problemas y asimetrías estructurales que existían desde mucho antes de empezar la pandemia-. La desigualdad social, económica y política, así como la falta de infraestructura adecuada a lo largo del territorio, exacerbaron las diferencias entre grupos y dificultaron la entrega de las vacunas a distintos sectores poblacionales en muchos países.
Asimismo, las asimetrías, en cuanto al acceso, fueron exacerbadas por problemas de logística. La necesidad de tener un documento de identidad nacional, en el caso de Argentina y México, o de tener un trabajo formal o de cotizar seguridad social, como en Colombia, dificultó la entrega de vacunas a personas no documentadas o extranjeras. Por otro lado, el crecimiento de las noticias falsas fue un factor central en el fomento de dudas y miedos hacia las vacunas en Bolivia y Colombia. En este sentido, la desinformación sobre la confiabilidad de las vacunas hizo necesaria la creación de campañas para concientizar a la ciudadanía.
Los mismos grupos postergados en otras dimensiones de la vida pública lo fueron también, por acción u omisión de los Estados, en la distribución de vacunas.
Es, considerando todo lo anterior, que sostenemos que el principal aprendizaje que hemos obtenido es que estamos frente a un desafío político, más que científico. A su vez, que se trata de un desafío global al que no se le pueden dar respuestas nacionales aisladas que desatiendan las asimetrías de poder y recursos en el mundo. Ningún gobierno, institución, empresa o comunidad por sí sola posee las herramientas y medios necesarios para enfrentar satisfactoriamente los retos que imponen problemas como el covid-19. Es por esto que atender a las experiencias de colaboración multiactoral y multinivel, estudiarlas y sistematizarlas se vuelve clave, en perspectiva de los nuevos desafíos a los que la humanidad deberá hacer frente en el mediano plazo, como el cambio climático o la probabilidad de nuevas pandemias.
Lo propuso el politólogo Matías Bianchi, durante su exposición en la Maratón ComPol 2021 que se desarrolla en Cipolletti. El también profesor de la Universidad de Arizona llamó a “promover una nueva forma de gobernar, para reconstruir los lazos de legitimidad de las democracias liberales”.
El politólogo Matías Bianchi llamó a “promover una nueva forma de gobernar y construir una hoja de ruta hacia una nueva gobernanza democrática, para reconstituir los lazos de legitimidad de las democracias liberales”. Para ello dijo “es necesario poner la inteligencia colectiva en el centro de la toma de decisiones” pues “estamos en una sociedad en transformación y la infraestructura que tenemos para gobernar, está diseñada para otro momento” histórico, afirmó.
Durante su exposición en la Novena Edición de la Maratón ComPol 2021 que se realiza en la Ciudad de Cipolletti, Rio Negro, titulada «Inteligencia colectiva para gobernar» Bianchi enfatizó “tenemos que innovar en política, porque ella “está aquí para ofrecer bienes públicos y transformar lo que tenemos que transformar” y si bien calificó como muy necesaria la incorporación de tecnología e Inteligencia Artificial al proceso de toma de decisiones públicas, consideró que ella “No es neutra, tiene sesgos” por eso “Los algoritmos y las plataformas, tienen que ser una discusión de la democracia”.
El también profesor de la Universidad de Arizona opinó que “estamos viviendo problemas híper complejos y enmarañados, wicked problems, que tienen efectos sistémicos en nuestras sociedades. La pandemia, el cambio climático, las crisis humanitarias producto de migraciones forzadas, el tráfico ilegal de estupefacientes, etc son desafíos que tienen características de complejidad e interrelación muy similares y que conectan desde niveles multilaterales hasta lo más comunitario” postuló el especialista.
“Vemos protestas en todo el mundo y los datos indican que nuestros líderes, están en los niveles más bajos de legitimidad, lo que nos muestra los desafíos que tenemos enfrente. Estamos ante transformaciones estructurales, y cambios profundos en la forma en la que nos organizamos como sociedad, en nuestras relaciones económicas, de comunicación, en nuestros vínculos humanos” definió.
Bianchi que además encabeza el centro de pensamientoAsuntos del Sur, sostuvo “Estamos ante fenómenos políticos para los que no estábamos preparados cuando se diseñaron nuestras instituciones” y comparó nuestra actualidad, con los procesos que vivió el mundo, durante la ruptura del medioevo.
Citando al filósofo y político ingles Thomas Hobbes, el académico hizo referencia a su obra Leviathána la que definió como “una respuesta filosófica ante la transformación de una sociedad que salía del feudalismo y tenía que replantearse como se estructuraba ante una organización socioeconómica diferente: la emergencia del capitalismo, la propiedad privada y una nueva clase social como la burguesía”.
“Nos enfrentamos a problemas estructuralmente diferentes» expkicó. «Estamos viendo un capitalismo depredador que genera riqueza, pero al mismo tiempo niveles de desigualdad enormes, nunca antes vistos y no lo digo yo lo dice Thomas Piketty. Un capitalismo liderado por datos e información, plantea Shoshana Zuboff, una sociedad crecientemente líquida como señala Bauman (Zygmunt), que se organiza cada vez más en redes como dice Castells (Manuel) con poderes distribuidos. Una sociedad en transformación” cuya infraestructura de gobierno “está diseñada para otro momento” reseñó.
“Estados fiscalmente más débiles, como señalan OCDE y CEPAL. Por eso la crisis de los partidos políticos. Porque el poder ya no está ahí, ni en el Estado. Las empresas top ten en el mundo –graficó- tienen una capitalización bursátil más grande que Argentina, un país G20. Entonces surge el desafió ¿cómo volvemos a generar un pacto?”.
“Definitivamente tenemos que innovar. Joseph Schumpeter quien propuso el paradigma que se utiliza en innovación económica, decía que ella es el modo de supervivencia del capitalismo, que se reinventa con una mecánica de destrucción creativa: al surgir Netflix destruye lo que tiene enfrente, recuerden Blockbuster por ejemplo” afirmó.
“En política no nos podemos dar este lujo. La innovación política es ontológica, funcionalmente diferente y su objetivo es ampliar los derechos de la ciudadanía. Lograr que la gente viva mejor, en un pacto sostenible con el medioambiente y un modo de funcionamiento negociado, ese es el rol de la política” deslizó.
“Desgraciadamente –continuó- los paradigmas que tenemos en innovación pública responden al modelo shumpeteriano. El 75% de las iniciativas de la alianza global Gobierno Abierto por ejemplo, tienen que ver con transparencia y apertura de datos, peroByung-Chul Han nos alerta en su libro La sociedad de la transparencia, que ese es un concepto anti político. Un viejo prejuicio del liberalismo, que enfrenta a una política mala y sucia, con una sociedad civil y un sector privado virtuoso y la realidad es que la política está aquí para ofrecer bienes públicos, para transformar lo que tenemos que transformar. No está mal ser transparente, pero tiene que ser una condición del ejercicio, no un fin en sí mismo” puntualizó Bianchi.
“Ciudades inteligentes –reveló- es un modelo que ha sido dominado exclusivamente por la revolución tecnológica, donde el mercado propone su mirada y soluciones tecnológicas ante problemas de trasporte, procesos administrativos, etc. que vienen en paquetes cerrados” sin ”preguntar ¿qué ciudad queremos vivir? ¿cómo la queremos construir? o que rol tiene nuestro entorno y comunidad en todo este proceso”.
“Como dice Han -soltó- la Inteligencia Artificial no es más que una acumulación de correlaciones, una mirada continua, permanente, ampliada y bien informada sobre datos y comportamientos. Pero es apática. Le falta alma, concepto y lo que amalgama las diferentes partes de una unidad: el conocimiento, el saber, que es analógico. En definitiva le falta política” por eso “proponemos poner la inteligencia colectiva en el centro del escenario y de la toma de decisiones”.
“Pierre Lévy –citó- dice que la inteligencia colectiva se apoya en que nadie sabe todo, pero todos sabemos un poco. Y lo vimos con la pandemia y el cambio climático: todos tenemos algo para decir y aportar. Ningún gobierno, institución o empresa, puede dar respuesta solitariamente a los problemas y desafíos que tenemos enfrente. Tenemos que tomar decisiones en base a la participación y el escrutinio de nuestra sociedad” planteó.
“En un artículo muy reciente que escribimos junto a unos colegas en el Journal of politics in Latin America” indicó “medimos los niveles de colaboración que tienen los distintos gobiernos en las Américas, para dar respuestas políticas concertadas a la pandemia y vimos que los gobiernos que buscaron mayor colaboración, son los que tuvieron menos muertes por millón de habitantes. Eso no hace pensar en ¿cómo se construyen consensos?”.
“Desde Asuntos del Sur -enunció- proponemos un modelo de inteligencia colectiva para el sector público, basado en cuatro elementos. El primero es comprender. Convocar a la ciudadanía para reflexionar sobre la complejidad y generar evidencia. Necesitamos estados inteligentes, que generen datos e información que muestren donde estamos parados y hacia dónde queremos ir”.
“Segundo hay que generar capacidades. Antonio Gramsci nos había alertado que para que una revolución sea exitosa, necesita ser una revolución cultural. Si queremos que el vínculo entre estado y sociedad sea diferente, necesitamos formar otro animal político, uno que trabaje con otras herramientas y metodologías” ilustró.
“El tercer punto –avanzó- es la incorporación de las tecnologías, porque nos ofrecen un exponencial único dada la cantidad de cosas que se pueden procesar y de personas que pueden participar a bajo costo y rápidamente”.
“Finalmente –concluyó Bianchi- hacen falta nuevos desarrollos metodológicos, trabajar de manera diferente. En definitiva, se trata de promover una nueva forma de gobernar y comenzar a construir, porque todo esto es muy incipiente, una hoja de ruta hacia una nueva gobernanza democrática, para reconstruir los lazos de legitimidad, el gran desafío actual de las democracias liberales”.
El COVID-19 nos ha demostrado que esta pandemia es un reto global con profundas repercusiones en una multiplicidad de dimensiones de la sociedad y su solución requiere de prácticas políticas que promuevan la colaboración.
Nueve de cada diez personas de países en desarrollo no recibirán la vacuna de la COVID-19 en 2021. Esta constatación, tan simple cuanto trágica, es la voz de alarma que desde organizaciones, plataformas multisectoriales, algunos gobiernos y organismos internacionales vienen advirtiendo y sustentando el pedido de liberar temporalmente los derechos de propiedad intelectual de las vacunas para inmunizar a la población mundial del virus de la COVID-19.
Lamentablemente, los planteos (a favor y en contra) sobre la circulación del libre de conocimiento y tecnología para salvar vidas no es nuevo. Así como se encuentran casos como el del descubridor de la vacuna de la polio (John Stalk), que se negó a patentar su descubrimiento, favoreciendo la extensión y la aceleración de su aplicación, otras patentes médicas han tenido un proceso más complejo. Este fue el caso de los medicamentos retrovirales para tratar el VIH, cuyas patentes se liberaron temporalmente a fines de los ’90, y pudieron ser producidas y adquiridas a precios asequibles para los países más pobres y aquellos en vías de desarrollo (aunque considerablemente más tarde que en los países más ricos, causando un gran daño en la población de los primeros)
En diciembre del 2020 comenzó el proceso de vacunación contra la COVID-19 en un puñado de países -la mayoría de ellos, del norte industrializado-. Y, a medida que pasaba el tiempo, y pese a los esfuerzos multilaterales encabezados por la Organización Mundial de Salud -junto a organizaciones y gobiernos aliados-, se mantuvo el patrón predominante del “sálvese quien pueda” y “yo primero” que caracterizan al actual apartheid de las vacunas.
De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud, al 19 de abril el mundo contaba con más de 140 millones de casos de contagios de COVID-19 y 3 millones de muertes. De estas últimas, algo más del 48% ocurrieron en el continente americano, con Estados Unidos (561.611 muertes), Brasil (371.678) y México (212.228) a la cabeza. A su vez, se aplicaron 792.796.083 dosis de vacunas para contrarrestar el virus, en una población mundial de 7.684.000.000. Sin embargo, si la desproporción entre las dosis aplicadas y la población mundial no fuese suficiente, el panorama empeora cuando se analiza cómo se han distribuido dichas dosis. Según manifestara el Director General de la OMS recientemente: el 87% de las dosis fueron aplicadas en países ricos, mientras el 0,2% de la población de los países de menores recursos recibieron alguna dosis. América Latina, que se estipula necesitaría unas 500 millones de dosis para inmunizar a su población, recibirá para fines de abril -mediante Covax- algo menos de 380.000 dosis. Solo un puñado de países tienen un nivel mayor al 12% de su población con al menos 1 dosis: Chile (66,58 dosis por cada 100 habitantes), Uruguay (36,48), Brasil (15,24), Argentina (13,48) y Panamá (12,7). Por su parte, países como Nicaragua, Guatemala y Honduras no llegan siquiera a 1 dosis por cada 100 habitantes.
El mundo no sólo necesita una mayor producción de dosis, sino también que estas lleguen a todos los rincones del planeta, al mismo tiempo y en condiciones tales de volver efectiva la inmunización de la población mundial. Sin embargo, según las previsiones de las farmacéuticas que tienen aprobadas sus vacunas, y ante la desigual (adquisición y) distribución de vacunas, viene empujando con fuerza la idea de actuar e intervenir sobre la producción de vacunas a través de la suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual -como solicitado por India y Sudáfrica, junto a un grupo de países, en el seno de la OMC- o a través de la implementación de plataformas colaborativas para el intercambio de información y tecnología, como Acceso Mancomunado a la Tecnología contra la covid-19 (C-TAP), liderado por la OMS.
El C-TAP fue lanzado por la OMS junto al gobierno de Costa Rica y co-patrocinado por otros 40 Estados reunidos en el Llamamiento a la acción solidaria, 13 de los cuales, pertenecientes a América Latina y el Caribe: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas y Uruguay. Este mecanismo insta a gobiernos, organizaciones financiadoras, empresas y a la comunidad científica a compartir (voluntariamente) el conocimiento, la propiedad intelectual y los datos relacionados con la tecnología de la salud COVID-19. La implementación del C-TAP se realiza a través del Fondo de Patentes de Medicamentos, el Compromiso Open COVID, la Asociación de Acceso a la Tecnología alojada por el Banco de Tecnología de las Naciones Unidas y Unitaid.
Sin embargo, y pese a que potencialmente podría ser una herramienta considerablemente útil -en el ámbito sanitario y económico, pero también para revitalizar una nuestra estructura colaborativa de la gobernanza internacional- al día de hoy ni una sola farmacéutica -que tenga aprobada alguna de las vacunas para combatir esta pandemia- ha adherido a este mecanismo. Ante la ausencia de las grandes farmacéuticas, así como la falta de apoyo de los países de donde estas provienen, poco hay que compartir, y mucho menos material para colaborar.
Diversas organizaciones de la sociedad civil han mostrado su preocupación ante la OMS, por la falta de apoyos efectivos y de resultados tangibles de la C-TAP, a la vez que se insta a la organización multilateral de la salud a tomar un rol más proactivo y transparente.
En lo que respecta al proceso iniciado en la OMC por India y Sudáfrica -en el que se solicita la exención de determinadas disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio para la prevención, contención y tratamiento de la COVID-19-, esta media ha encontrado un fuerte apoyo de más de 80 países de ingresos medios y bajos, en modo de aumentar el ritmo de producción y el costo de acceso a las vacunas. Sin embargo, un reducido grupo de países -ricos-, que son los que obviamente están liderando el ritmo de vacunación a nivel mundial, se oponen. Así, países como Estados Unidos, Reino Unido, Suiza y la mismísima Unión Europea se oponen a la medida, así como también la Federación Internacional de Asociaciones y Fabricantes de Productos Farmacéuticos, aduciendo que sería una mala señal parea nuevas inversiones (que son extremadamente altas) para la investigación y desarrollo de nuevas vacunas y medicamentos.
Las empresas del sector sostienen que los problemas de suministro de vacunas se podrían solucionar mediante la realización de acuerdos bilaterales con productores de medicamentos genéricos para hacer frente a las dificultades de producción, como ya han hecho AstraZeneca, Novartis y Johnson&Johnson con distintos institutos. En el caso latinoamericano, se trata del acuerdo de la primera de estas farmacéuticas realizado con Argentina y México para la fabricación conjuntan de las vacunas que utilizan su tecnología. Sin embargo, como señala el Director General de la OMS, estos mecanismos se están mostrando insuficientes.
No resulta complejo desentrañar los intereses por detrás del posicionamiento de los países más ricos. Por citar un ejemplo, de las 10 farmacéuticas más valoradas en el mundo 2019, 5 son estadounidenses (Pfizer, Abbot, Merck, Celgene y Abbvie), 2 son suizas (Roche y Novartis), 1 alemana (Bayer), 1 francesa (Sanofi) y 1 inglesa (Gsk). A su vez, en un reciente estudio publicado en The Lancet, queda en evidencia que el sector público (representado en los gobiernos nacionales) y el de la filantropía (con la Fundación Bill y Melinda Gates a la cabeza), aportaron -como mínimo- más de 10 mil millones de dólares para el la investigación y desarrollo de vacunas contra la COVID-19. Más del 83% de este financiamiento se concentró en solo 5 vacunas, que tienen como denominador común la presencia del gobierno de EEUU como financiador en todas ellas. A esto se suma el estudio que confirma, para el caso de la vacuna de AstraZeneca, que la industria farmacéutica aportó solo el 3% de los 120 millones de euros invertidos para su desarrollo -provenientes, principalmente, del Reino Unido y la Comisión Europea.
Fuente: Wouter et al. (2021)
Recientemente, un grupo de ex mandatarios y premios Nobel instaron al actual presidente de los Estados Unidos a que apoye la suspensión de los derechos de propiedad intelectual para la producción de vacunas contra la COVID-19. A esto se suma los resultados de una encuesta, en este mismo país, en el que el 60% de las personas consultadas (de distintas orientaciones ideológicas) expresa su acuerdo con la suspensión temporal de la protección de las patentes de las vacunas contra la COVID-19, lo cual facilitaría el proceso de vacunación mundial.
En este mismo sentido se ha expresado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien -junto a la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión- hicieron un llamamiento a los gobiernos que forman parte del sistema interamericano a que se promueva la distribución justa y equitativa de las vacunas, así como también garantizar que estas sean accesibles y asequibles para los países de medios y bajos ingresos. En especial, en los puntos 27 y 28 de la Resolución, se hace especial mención a la necesidad de avanzar en las dos direcciones mencionadas para promover una inmunización global, tanto en lo que hace a la suspensión temporaria de los derechos de propiedad intelectual como a la necesidad de fomentar el intercambio de tecnologías y conocimientos entre los Estados.
Siguiendo los pedidos de expertos y científicos de todo el planeta, reunidos en la mencionada publicación de The Lancet, una estrategia de inmunización global contra la COVID-19 que sea efectiva debe impactar en cuatro dimensiones: desarrollo y producción, asequibilidad, asignación y despliegue. Es por ello que, para el logro de dicha estrategia, es imperioso que se aumente la producción a escala de las vacunas, que las vacunas estén disponibles cuando se necesiten (para lo cual, los mecanismos cooperativos y multilaterales aparecen como herramientas fundamentales), que sus precios sean asequibles (y, cuando no lo son, deberán tomarse medidas para que lo sean) y garantizar la infraestructura y los medios necesarios para que estas lleguen a todas las comunidades.
Uno de los principales argumentos contra la liberalización de los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas radica en el hecho de considerar las mismas (y, en definitiva, a la salud) como un bien de consumo. Sin embargo, la vacuna de la COVID-19 debe ser considerada un bien público global, como sostuvo el Secretario General de las Naciones Unidas. Siguiendo esta premisa, y bajo el lema “la vacuna de los pueblos” es que personalidades de todo el mundo instando a una producción masiva y disponible para todo el mundo, de todos los países, que sea gratuita.
Ahora bien, en un mundo en el que reina el “salvase quien pueda” (donde primero, obviamente, se salvan los más ricos): ¿por qué habríamos de esperar que las grandes farmacéuticas actuarán en forma colaborativa y solidaria? Si los gobiernos de todo el planeta van desesperados a ofrecer lo que tienen (y lo que no) para reservarse un puñado de vacunas, estas no tienen ningún incentivo para cooperar, abrir patentes y manejarse por principios que no sean el lucro. Porque recordemos que, ante todo, son empresas. No son depositarias del interés general ni representan a nadie más que a sus inversores. También se abre un interrogante sobre el rol, y qué es esperable, de las fundaciones filantrópicas, como la Fundación Bill y Melinda Gates, que han financiado miles de millones de dólares para el desarrollo de vacunas.
Más allá de todo lo antes mencionado, la responsabilidad de lo que se haga o deje de hacer, así como la factibilidad de cambiar el curso de la actual pandemia sigue recayendo en los Estados y en las capacidades de estos de dotar de sentido (y contenido) los mecanismos colaborativos globales (como Covax y C-TAP). Pero, fundamentalmente, apostando por consensos globales sobre la importancia de salvaguardar la vida de los y las habitantes del planeta ante el mantenimiento de las reglas del mercado.
Autor: Ignacio Lara
Presidente del Consejo Directivo de Asuntos del Sur – Argentina
El coronavirus ha afectado la vida de las personas en todo el mundo, pero Latinoamérica es aún más perjudicado. Es necesario actuar en forma conjunta para superar esta crisis.
OXFAM sostiene que el COVID-19 es el virus de la desigualdad, donde los ricos se han hecho más ricos y los pobres más pobres. Adicionalmente, la OMS advierte que corremos el riesgo de tener países que puedan controlar la epidemia y otros en los que se volverá endémica. Y si los gobiernos no empiezan a coordinar acciones de respuestas la situación tendrá sin dudas consecuencias humanitarias catastróficas.
La reacción egoísta y predatoria la vimos al comienzo de la pandemia, cuando los países ricos se aseguraron rápidamente suministros de testeo e instrumental médico. Lo que actualmente está sucediendo con las vacunas es aún peor. Hace unos pocos días, el jefe de la OMS alertó sobre el “nacionalismo de vacunas” que están adoptando los países más ricos del planeta para tener acceso preferente a las vacunas contra COVID19, lo que supone una “falla moral catastrófica” que amenaza una distribución justa y equitativa de vacunas en el mundo.
En números, esto se traduce en que de los 65 millones de vacunas ya proporcionadas en el mundo, el 80% de las mismas fueron ofrecidas a los Estados Unidos, China y los países más ricos de Europa. El mencionado informe de expertos convocados por la OMS sostiene que la mayoría de los países más pobres no podrán vacunar a más del 20% de su población y muchos tendrán que esperar hasta el 2022.
Esta catástrofe es particularmente visible en América Latina donde a pesar de concentrar uno de cada cuatro casos de COVID-19 en el mundo, sólo se ha aplicado un millón de vacunas. Además, para peor, esas vacunas se concentran casi exclusivamente en México, Argentina, Brasil y Chile, esto es, en las economías más fuertes de la región.
Bollyky y Bown, en un artículo de la Foreign Affairs, sostienen que la causa es que estamos ante un clásico “dilema del prisionero” en el que los países actúan como agentes con escasos incentivos para cooperar.
Es por ello que la tragedia, más que moral como sostiene el jefe de la OMS, es en realidad política, dado que refleja la incapacidad de brindar respuestas concertadas entre las naciones frente a una pandemia que ha mostrado efectos sanitarios, económicos y sociales devastadores.
La Asamblea General de las Naciones Unidas tardó un año desde el inicio de la pandemia para realizar reuniones especiales sobre el tema, sin dar tampoco resultados tangibles. La OMS se ha mostrado carente de músculo político y financiero, debilitada aún más con la retirada de la membresía de los Estados Unidos por parte de Trump. También genera sorpresa la escasa intervención del G-7, el G-20 y hasta del G-77 en dar respuestas concertadas.
La iniciativa más cercana a un ejercicio de colaboración efectiva es el Acelerador ACT que reunió tempranamente a gobiernos, laboratorios farmacéuticos y a grandes organizaciones filantrópicas como la fundación Melinda y Bill Gates, con el objetivo de apresurar la fabricación y la distribución equitativa de vacunas, tratamientos y medios de diagnóstico contra el COVID-19. Un componente de esta iniciativa es el esquema COVAX, por el cual se propone ofrecer 2.000 millones de vacunas a países de ingreso bajo y mediano.
No obstante, este esquema no ha logrado atraer a algunos de los principales países fabricantes de vacunas. Estados Unidos se acaba de unir esta semana. Tampoco participan los grandes laboratorios farmacéuticos y solamente ha conseguido un 25% de los compromisos financieros proyectados. Es decir, en el mejor de los escenarios recién estará distribuyendo vacunas para finales del 2021, un año después del comienzo de la vacunación por parte de los países ricos. Muchos países de América Latina y de África podrían lograr cierta cobertura recién para el 2023 o 2024.
El impacto de esta falta de mecanismos de gobernanza colaborativa a nivel global tendrá consecuencias devastadoras. Voces especializadas que están actualmente asesorando a la OMS sostienen que esto generará una enorme fractura en el mundo, causando estragos en esas sociedades.
Sin embargo, los incentivos son lo suficientemente contundentes y deberían alertar a los países ricos. La falta de cooperación también afectará necesariamente a los “ganadores”. La OIT esgrime que ya se perdieron 255 millones de puestos de trabajo alrededor del mundo. Si las muertes continúan creciendo, se estima que la pandemia podría matar a 40 millones de personas y reducir la economía mundial en 12,5 trillones de dólares para finales del 2021. Esto significa menos consumidores, menos exportaciones y menos trabajo. Y si el nacionalismo se globaliza se podrían poner en riesgo las cadenas de valor de las propias vacunas, para las cuales los principios activos generalmente se suministran de países en desarrollo.
La única manera colectiva de evitar el famoso “dilema del prisionero” es generando mecanismos, o fortaleciendo los ya existentes para una gobernanza colaborativa. Claro, la crisis del multilateralismo no es nueva. Pero no queda otra que hacer un trabajo político de construcción de consensos y liderazgos compartidos en el campo internacional, para convencer a los países de esta cooperación.
Con la administración de Biden, y la reincorporación de los Estados Unidos a los Acuerdos de Paris, la OMS y a COVAX, se abre una nueva ventana de oportunidad. América Latina podría hacer lo mismo y reconstituir el Consejo Sudamericano de Salud. El mismo, parte de la desmantelada UNASUR, era justamente el único espacio regional que reunía a los ministros sudamericanos con el objetivo de promover políticas sanitarias comunes.
Una gobernanza colaborativa permitiría vacunar equilibradamente y asistir a poblaciones prioritarias con objetivos críticos de salud pública. A su vez, se estimularía a las economías, se evitaría interrupciones en las cadenas de suministros, se podría sostener condiciones para los laboratorios (y no al revés) y se evitarían conflictos geopolíticos innecesarios.
La política, ya sabemos, nunca es la salida más fácil. Pero también sabemos que, de esta crisis, nadie se salva solo. *Matías Bianchi es director de Asuntos del Sur y coordinador de la iniciativa #ColaboraLat
Se propone la necesidad de introducir mecanismos de inteligencia colectiva en políticas públicas, específicamente a nivel local, para construir un modelo de gobernanza más legítimo, eficiente y sostenible. Se hace una crítica a la mirada de gobierno abierto, y propone focalizar estrategias en la generación de capacidades, la inclusión política y la garantía de espacios efectivos de participación por parte de la ciudadanía.
La pandemia de Covid-19 nos ha puesto frente a un escenario desconocido, y para el que no tenemos aún las respuestas científicas ni las políticas sanitarias, tecnológicas o de infraestructura para hacerle frente. Ante esta situación, la mayoría de los gobernantes, con grandes diferencias entre ellos, han reaccionado de manera improvisada y reactiva.
Desgraciadamente, una gran cantidad de ellos utilizaron la emergencia sanitaria como excusa para concentrar aún más el poder en sus manos. Desconociendo la opinión de expertos, apelando a eslóganes facilistas e irresponsables, obviaron divisiones de poderes, y aprovecharon para violar derechos ciudadanos y para perseguir a opositores políticos. Estas acciones profundizan los desafíos ya existentes en nuestras democracias, en donde hemos visto en los últimos años fantasmas que creíamos extinguidos –como los golpes de Estado–; la emergencia de liderazgos políticos crecientemente autoritarios y algunos abiertamente antidemocráticos, y los niveles más altos de violencia política y violación de derechos humanos que hayamos experimentado en décadas.
El gobierno argentino ha sido uno de los que actuó de manera diferente. Ha mostrado vocación de diálogo, colaboración y concertación a la hora de responder a la emergencia sanitaria y económica. Sin embargo, como en la mayoría de los casos, la ciudadanía no ha tenido participación activa en este proceso, por lo que queda todavía pendiente el “gobernar con la ciudadanía”, tal como había propuesto el mismo Presidente en su discurso de asunción.
La realidad nos ha demostrado que esta pandemia es un desafío al que no podemos dar respuestas unilaterales desde las miradas parciales de un gobierno o una comunidad en particular.
Es por ello que este artículo sostiene que hoy más que nunca necesitamos enfoques que promuevan la inteligencia colectiva como forma para buscar soluciones a desafíos públicos. La premisa sobre la que se basa es que nadie lo sabe todo, pero todo el mundo conoce y sabe algo, por lo que el conocimiento está en la humanidad.
En este sentido, la agenda de gobierno abierto, la cual ya apela a este enfoque, se presenta como una oportunidad, sobre todo implementada a nivel local, para reconstruir lazos entre Estado y sociedad, generando capilaridad en el entramado social, y contribuyendo así a generar soluciones políticas más legítimas, eficientes y sostenibles. Sin embargo, también se advierte aquí, esta agenda debe dejar de lado el enfoque neoliberal imperante en la gestión anterior, focalizada principalmente en transparencia y apertura de datos, y pasar a impulsar iniciativas que apunten a “abrir la cocina” de gobiernos y sumar a la sociedad a la definición e implementación de políticas públicas.
Es por ello que este artículo también propone resignificar la agenda de gobierno abierto para ponerla al servicio de la construcción de tejido social y de democratización de la sociedad. Para su éxito, aquí se sostiene, se requiere diseñar los marcos legales necesarios para garantizar su institucionalidad y que estos procesos sean vinculantes, adoptar las herramientas pertinentes para incorporar a la ciudadanía en los procesos de tomas de decisión y la generación de capacidades tanto en el Estado como en la ciudadanía. Estas medidas no solo permitirán generar el marco para responder a este y a otros desafíos con las características de la actual pandemia, sino también diagramar una hoja de ruta para construir una sociedad más democrática.
Inteligencia colectiva en gobiernos locales
Hoy parecería que todos nuestros problemas surgieron con el Covid-19, y olvidamos que ya estábamos insertos en una crisis política y económica sin paralelo. Según la CEPAL, el desempeño económico de la región en esta última década ha sido el peor desde la Segunda Guerra Mundial, aumentando los niveles de pobreza, exclusión y desigualdad. Latinobarómetro también muestra que los niveles de apoyo a la democracia, a sus instituciones, y sobre todo a los partidos políticos, son los más bajos desde que comenzaron estas mediciones en 1995.
En gran medida, este desempeño responde a transformaciones estructurales que venimos experimentando en el mundo y están vinculadas a la “Cuarta Revolución Industrial” y al capitalismo globalizado que están cambiando la manera en la que vivimos, trabajamos y nos relacionamos.
Estos factores ponen en jaque el modelo de organización “estado-céntrica” que se había ido constituyendo a lo largo del siglo XX en las democracias de Occidente.
Algunos de los fenómenos que estamos viviendo corresponden a la creciente “liquidez” de la sociedad que, como sostiene Zygmunt Bauman, hace que los espacios de pertenencia y referencia de la ciudadanía sean más difusos; la precarización laboral ha vuelto a los sindicatos y organizaciones más irrelevantes; el encarecimiento y mediatización de la política han generado incentivos para que los políticos estén más lejos de sus bases, y la globalización económica le ha quitado centralidad al Estado, pudiendo hoy los poderes de facto tener una influencia desmedida sobre las agendas y decisiones públicas de los países. Es decir, el tejido social, y sobre todo los mecanismos tradicionales de intermediación entre Estado y sociedad, que se habían constituido sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, son cada vez más débiles y difusos (ver gráfico 1). Este fenómeno se acentúa en sociedades periféricas y fuertemente desiguales como las latinoamericanas.
Gráfico1. Las herramientas que hoy tenemos ya no sirven
Pierre Rosanvallon señala que la crisis de democracia en la que estamos insertos reside en que, si bien nuestros regímenes son democráticos, ya no se gobierna democráticamente. No deberían sorprender, entonces, los bajos niveles de satisfacción con la democracia, ni tampoco que amplios sectores de la sociedad apoyen alternativas políticas antisistema, recrudeciendo el tribalismo y la xenofobia que vemos profundizar en todo el mundo. Se vuelve necesario, por ende, construir un nuevo acuerdo democrático.
En este sentido, la agenda de gobierno abierto se presenta como una oportunidad para democratizar el Estado y reconstruir el tejido social deteriorado de las democracias en la región. Este enfoque ha ido ganando cada vez más relevancia como forma de innovar la administración pública alrededor del mundo, la cual pone énfasis en la participación de las personas, la colaboración y la transparencia, que están entre las demandas ciudadanas más importantes de Latinoamérica. Asimismo, responde al Objetivo 16 de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, especialmente en lo que se refiere a la identificación de estrategias que permitan lograr sociedades más inclusivas, sostenibles y justas. De acuerdo con la Alianza para el Gobierno Abierto, estas iniciativas están transformando el modo en que las instituciones interactúan con la sociedad al mismo tiempo que redefinen el compromiso ciudadano mediante nuevos principios y valores (OGP, 2017: 7-9). Más aún, uno de los pilares de este tipo de acercamiento, la co-creación, propone una “revolución” en la forma de gobernar, pues incluye a la ciudadanía como co-protagonista en los procesos de diseño de política y la toma de decisión.
La incorporación de la ciudadanía en las políticas públicas no responde solo a un problema de legitimidad democrática, sino también a una necesidad de dar soluciones de inteligencia colectiva a desafíos de un mundo cada vez más complejo e incierto. La inteligencia colectiva es la capacidad de una sociedad de organizarse para resolver problemas que la afectan, definidos y decididos a partir de ideas, experiencia y escrutinio de la ciudadanía. Este tipo de estrategias mejora la comprensión de los problemas a enfrentar, el desarrollo de las opciones e ideas, y establece un mecanismo más inclusivo para la toma de decisiones y un mejor control sobre lo que se ha hecho.
Específicamente, es a nivel local donde este tipo de estrategias tiene mayor potencial. En primer lugar, porque los gobiernos subnacionales son las entidades más cercanas territorialmente a la ciudadanía y, por ende, la vinculación con los gobiernos es más sencilla y fluida en este nivel. De hecho, en este nivel representantes y representados viven en el mismo lugar e incluso es posible que se conozcan personalmente; además, es más probable que la ciudadanía esté más predispuesta a participar e influenciar en el proceso de toma de decisión. En segundo lugar, porque en el último cuarto de siglo los países latinoamericanos han experimentado una considerable descentralización en los gobiernos subnacionales. Hoy en día, estos niveles controlan alrededor del 30% del gasto público y están a cargo de políticas públicas cruciales para el desarrollo, tales como educación, salud y seguridad. Desde este punto de vista, abrir dichos niveles de gobierno podría tener un potencial impacto en el desarrollo a largo plazo de las sociedades. Tercero, porque América latina se encuentra en franca urbanización. Tres ciudades en la región exceden los 15 millones de habitantes, otras cuatro están sobre los 10 millones y por lo menos 28 superan el millón. Estas transformaciones requieren ingentes cantidades de infraestructura pública, incluyendo más transporte público, mejores niveles de seguridad y un uso inteligente de los espacios públicos, ámbitos en los que la innovación pública es muy necesaria. Finalmente, porque es a ese nivel donde se han dado las principales innovaciones públicas en la última década, y es donde se han refugiado en modo defensivo movimientos emergentes que han sido amenazados por la creciente ola antiderechos y de violencia. Tanto el municipalismo español, el Movimiento Verde colombiano, Muitas en Belo Horizonte (Brasil) y tantos otros, son testigos de que hay mayor margen de maniobra para incidir políticamente a nivel subnacional.
El trabajo de apertura de gobiernos a nivel subnacional no es solo una posibilidad de incidencia, sino también una herramienta vital para la reconstrucción de confianza en instituciones para la recuperación de la democracia. La clave de la confianza se da en la continua interacción entre los diferentes actores políticos, tanto en gobierno como en ciudadanía, la cual va generando comportamientos reiterados, incidiendo en las expectativas positivas de los mismos, como en la creación de incentivos para la cooperación. Keele afirma que la confianza en sociedades surge a partir de sostener interacción a través de actividades cívicas entre la ciudadanía y los gobiernos, más que las afinidades ideológicas o de pertenencia.
Esta creciente incorporación se da, principalmente, a través de dos mecanismos. El primero es el incremento de canales de diálogo con la sociedad civil organizada, lo cual implica ampliar y mejorar los diferentes espacios de debate público (asambleas, los consejos estratégicos, presupuestos participativos, las mesas de trabajo, entre otras). El segundo mecanismo es la efectiva participación en el co-diseño de políticas públicas con la sociedad civil. Este nivel es cualitativamente superior, ya que requiere que las organizaciones inviertan más tiempo y conocimiento en un proceso público, y, por el otro lado, que los gobiernos den garantías y espacios para que esa colaboración sea efectiva.
En un estudio sobre la implementación de gobiernos abiertos en América latina, comprobamos empíricamente que, a mayor interacción, aumentaba la confianza. Y, curiosamente, la confianza ciudadana se extendía más allá de las personas u organizaciones que formaban parte del proceso directamente. Las mismas operan como “intermediarios” de confianza hacia poblaciones o grupos más amplios, que confían y tienen relaciones con ellos, pero no necesariamente con los gobiernos. Estas comparten información con otras organizaciones, actúan como portavoces de las políticas públicas y convocan a nuevos actores y habilidades a espacios colaborativos, haciendo uso de sus propias redes de alcance.
En la práctica, sin embargo, el modelo imperante de gobierno abierto propuesto por la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) se muestra insuficiente. El mismo es sesgado y prescriptivo. Es sesgado porque hace un foco sobredimensionado en la transparencia y tecnologías de datos abiertos. Un estudio de 2018 muestra que dos tercios de los compromisos de AGA están vinculados a la transparencia, apertura de datos y rendición de cuentas. Esta agenda se reconoce en una mirada de “ciudadanos espantados”, como nos invita a pensar el filósofo coreano-alemán Chul Han. La misma repite el presupuesto neoliberal de una sociedad civil virtuosa que contrasta con una política sucia a la que hay que controlar y transparentar.
En un contexto político regional donde se requiere una reconstrucción del tejido social, el foco de la apertura de gobiernos debería estar puesto, centralmente, en la inclusión política, la articulación entre actores y la provisión de bienes públicos, agendas prioritarias de la democracia en América latina.
El modelo de AGA también se presenta como prescriptivo porque se focaliza en que los gobiernos asuman compromisos como un fin en sí mismo, con muy pocas herramientas y metodologías para la construcción efectiva de esas agendas, ni dispositivos concretos de evaluación de impacto ni penalización por incumplimiento.
La coyuntura nos invita a pensar iniciativas y reformas que apunten a reconstruir el tejido social. El horizonte de un gobierno, un Estado y, en definitiva, una sociedad abierta no puede limitarse a la transparencia, sino en uno en el cual el conocimiento, la cultura, la naturaleza, la salud y las plataformas de información son considerados como bienes de todas las personas y traen beneficios para el entero conjunto. Una sociedad abierta es esencialmente democrática porque se basa en el debate público, la participación ciudadana y la mejora permanente. La infraestructura tecnológica y las capacidades técnicas ya están disponibles, sin embargo, para funcionar, requiere que se recupere una capilaridad social por parte del Estado para que no quede nadie fuera.
Entiendo que una agenda de gobierno abierto basada en la inteligencia colectiva necesita apoyarse en cuatro ejes:
i. Incentivos políticos
La inclusión de la ciudadanía tiene que ser efectiva. Por un lado, esto requiere una voluntad explícita por parte del liderazgo político, y, por el otro, que sean asuntos sensibles para la ciudadanía. En estudios hemos observado que las organizaciones que no participaban en espacios de co-creación en gobierno abierto lo hacían porque no observaban que los mismos tuvieran un impacto concreto en las políticas de gobierno. Sentían que los espacios abiertos eran testimoniales, o para legitimar decisiones ya tomadas, o que decidían sobre cuestiones menores. Esta participación tiene que ser concreta, con un efecto directo en las políticas públicas, y de carácter vinculante.
Asimismo, se ha observado que la principal resistencia a la agenda de gobierno abierto ha venido de la propia burocracia. Entonces cualquier diseño tiene que contemplar los incentivos políticos de cooperación interna dentro del Estado.
ii. Participación efectiva
La voluntad política es importante pero insuficiente. Los derechos, mecanismos y procesos requieren estar institucionalizados para poder garantizar y consolidar los avances más allá de la gestión de turno. Hay un corpus de marcos legales que garantizan el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, los mecanismos de participación, de consulta, asamblea, y la incorporación de nuevos actores vinculados al requerimiento de incorporar a la sociedad civil en el diseño y creación de las políticas públicas. Las mismas tienen que contemplar premios y castigos dentro de la gestión pública para la incorporación efectiva de esta agenda evitando los actores de veto.
iii. Capacidades
La efectiva participación ciudadana en el co-diseño de políticas públicas posa una demanda superior sobre el funcionariado público y los liderazgos sociales. Se requieren conocimientos tecnológicos para construir plataformas e intervenir en las mismas; metodologías de facilitación de espacios colaborativos; conocimientos avanzados sobre los procesos políticos de los gobiernos; habilidades blandas para coordinar y hacer efectivos espacios horizontales, entre otras cuestiones. Muchos de estos elementos están ausentes, tanto en los gobiernos como en la ciudadanía. Es por ello que cualquier iniciativa requiere incluir un componente pedagógico-formativo para generar el cambio cultural y proveer de las herramientas pertinentes para el aprovechamiento de los espacios.
iv. Dimensión comunitaria
La variable diferencial para el avance de este tipo de agendas reside en la capacidad de construir o consolidar (dependiendo el caso) los ecosistemas de organizaciones e individuos con intereses en las áreas políticas clave. Garantizar su voz e incidencia resulta fundamental para su efectiva participación y para su valor agregado en la vida pública. En un contexto de debilitamiento institucional y de tejido social es menester generar acciones explícitas para identificar los sectores sociales con vinculación a cada área de políticas públicas.
Conclusión
Frente a la creciente desconexión entre Estado y sociedad, y sus consecuencias en las crisis políticas recientes, este artículo propone pensar a la agenda de gobierno abierto como una manera de introducir mecanismos de inteligencia colectiva en nuestras políticas públicas. Específicamente se identificó a los gobiernos locales como espacios de avance de estas agendas, tanto por su proximidad territorial, su rol en áreas políticas clave, como por su posibilidad de incidencia directa por parte de la ciudadanía.
Sin embargo, se alertó que para ello es necesario replantearse tal agenda, tanto desde lo conceptual como desde la práctica, y pasar de poner el peso en la transparencia y la lucha contra la corrupción (sin por ello dejarlas de lado), para focalizarse en la articulación con la sociedad, la inclusión política y la garantía de espacios efectivos de participación e incidencia por parte de la ciudadanía. Si avanzamos en esta dirección no solo recuperaremos la confianza en las instituciones, sino que también estaremos dando los pasos necesarios para plantear modelos de gobernanza más legítimos, eficientes y sostenibles que puedan dar respuesta a los complejos desafíos que afrontamos.
Muchos insisten que el mundo no será el mismo después de la pandemia ocasionada por el coronavirus. No lo será. Pero podría ser aún peor.
Hoy, solo 2.153 multimillonarios concentran más riqueza material que el 60% de los otros 7.790.000.000 seres humanos que habitan el planeta. Representan una fracción tan insignificante del conjunto de la población global que los números no logran hacerlos visibles como porcentaje. La desigualdad que generan, sin embargo, es brutalmente visible.
Queremos un mundo para el 99,99%.
No podemos rendirnos a la vuelta de la normalidad que corrompe la naturaleza y condena a miles de millones de personas a la pobreza y al agotamiento de sus cuerpos. No debemos permitir que se siga destruyendo la Amazonia, cada vez más cerca del punto sin retorno. Tenemos que utilizar la suspensión de las actividades económicas impuesta por el virus para volver a imaginar un futuro donde podamos y queramos vivir. Mantenemos un distanciamiento físico, no un distanciamiento social. Las ideas tienen que circular. Tenemos que imaginar el futuro y empezar a crearlo ya.
¿Por qué lanzamos este movimiento? Porque queremos un mundo para los humanos y sus futuras generaciones, y también para todos los seres no humanos que habitan la Tierra. Tenemos que unirnos en torno a esta urgencia. Si no nos movemos, solo tendremos un futuro hostil, en un planeta devorado por el capitalismo y por la crisis climática provocada por un modo de producción incompatible con la vida. La destrucción de la naturaleza, de la que la mayoría de los humanos se ha despegado trágicamente, causará cada vez más pandemias y está sobrecalentando el planeta. Lanzamos este movimiento porque no queremos que nos maten como si fuéramos ganado. Ya sea en el campo o en la ciudad, queremos vivir como selva —en pie— y luchar.
CÓMO FUNCIONA:
Inspirados por el líder indígena Ailton Krenak, Achille Mbembe, Bruno Latour, Eliane Brum, Grada Kilomba y Paul Preciado, te invitamos a elaborar cinco propuestas para posponer el fin del mundo, en las que imagines posibles futuros pospandemia. Creemos que las preguntas son tan importantes como las respuestas. Para ayudarte en este ejercicio de imaginación, sugerimos los cinco puntos que hay a continuación. Los temas son desencadenantes para que puedas crear tus preguntas y luego responderlas.
Libera el futuro: imagínate cómo quieres vivir (¡atrévete!, sueña, crea, ve más allá de la razón).
Democracia: propón políticas públicas, cambios en las leyes y regulaciones para reducir las desigualdades de raza, género y clase y para que la democracia sea más que votar en cada elección (¡atrévete! y sé objetivo).
Consumo: señala alternativas para eliminar las prácticas de consumo que esclavizan a nuestra especie y a otras (¡atrévete! y sé específico).
Emergencia climática: propón acciones para impedir la destrucción de la naturaleza y asegurar la continuidad de todas las formas de vida en el planeta (¡atrévete! y sé combativo).
Insurrección: ¡define la mejor acción de desobediencia civil para crear el futuro en el que quieres vivir! (¡atrévete!).
Las propuestas deben enviarse en vídeos de un minuto cada una. Los vídeos, grabados en posición horizontal, deben publicarse en las redes sociales con (el hashtag) #liberaelfuturo o enviarse por WhatsApp +55 (11) 975579830. Todos se subirán a una plataforma digital abierta. El material producido no pertenece a nadie en particular, sino a todos colectivamente. Puedes divulgar, analizar y llevar a cabo acciones.
Sabemos que pensar en lo que queremos y exponer nuestros pensamientos al mundo puede ser difícil. Es realmente difícil intentar cambiar el mundo. Cuando empieces, te darás cuenta de que el gesto de imaginar —solo o con tu grupo de amigos, comunidad, colectivo, organización o empresa— ya te está cambiando. Imaginar es una fuerza poderosa. Si no quieres partir de los temas propuestos, responde una sola pregunta:
¿Qué futuro quieres liberar?
No desistas. Desistir de luchar por el futuro, en este momento histórico, puede significar desistir del presente.
«El futuro está aquí y ahora, puede que no haya un año que viene», dice Ailton Krenak.
“Quiero que me devuelvan el futuro con todas las matrices de lo posible”, podría decir Achille Mbembe.
«Además de mantenernos vivos, ¿cómo podemos desobedecer a los productores de muerte para crear un futuro donde podamos existir con todos los otros?«, provoca Eliane Brum.
“Todo depende de la capacidad que tengan [los seres humanos] de resistirse a regresar al orden anterior. El virus, sin ir más allá del contagio de persona a persona, un contagio que cada uno de nosotros puede interrumpir o, por el contrario, facilitar, nos ofrece una maravillosa lección: no hay ningún sistema capaz de resistir a la viralidad de la acción política”, escribió Bruno Latour.
«Me parece que no hay nada más urgente que empezar a crear un nuevo lenguaje. Un vocabulario donde todas/xs/os podamos encontrarnos, en la condición humana”, señala Grada Kilomba.
“Como el virus es mutante, si queremos resistir a la sumisión también tendremos que mutar”, desafía Paul Preciado.
QUIÉNES SOMOS:
Somos el 99,99%. Somos un movimiento para liberar el futuro. Y en movimiento crecemos todos los días. No hay autoría, no hay captura. Invitamos a todos a contribuir con una reflexión crítica y dinámica sobre el momento pospandemia y sobre otro mundo posible. En esta red somos río y calle, imaginación y realidad, somos humanos y más que humanos. La forma en que el mundo giraba hasta la crisis del coronavirus es una catástrofe anunciada. Tenemos una de las últimas oportunidades para desviar la ruta que nos conduce velozmente al abismo y que ya ha inaugurado el tiempo de las pandemias.
NIVELES DE COMPROMISO:
Difundir el movimiento #liberaelfuturo en tus redes.
Grabar un vídeo y difundirlo.
Grabar un vídeo, difundirlo y planificar acciones para el futuro.
Grabar un vídeo, difundirlo, planificar acciones para el futuro y ejecutarlas en el presente.
Desde Asuntos del Sur, nos unimos a la iniciativa #LiberaElFuturo de @liberteofuturo para pensar un mundo para el 99,99%.
El fortalecimiento de las tecnologías como herramientas de participación y la evidente necesidad de planes de metas ciudadanos claros y medibles son algunos de los temas más relevantes a analizar en un contexto de pandemia. La red Partícipes Argentina y la revista Anfibia se unieron para generar conversaciones en torno a los efectos del COVID-19 en la democracia y cómo la pandemia llegó para cambiar las dinámicas ciudadanas y de los gobiernos locales en Rosario, Mendoza, Córdoba y Ciudad de Buenos Aires.
Se realizaron dos webinars que generaron alta participación de personas en las ciudades analizadas y otros países de la región. Los invitados al primer encuentro fueron los representantes de las cuatro organizaciones que adelantan el proyecto Partícipes, Matías Bianchi de Asuntos del Sur (CABA), Virginia Romanutti de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba (Córdoba), Luis Cardoso de Acción Colectiva (Rosario) y Facundo Heras de Nuestra Mendoza (Mendoza).
En el segundo encuentro se escuchó la voz de los y las referentes de los gobiernos locales y respondieron al llamado Fernando Straface, secretario general de relaciones internacionales de CABA; Alejandra Torres, secretaria de planeamiento, modernización y relaciones internacionales en la Municipalidad de Córdoba; Laura Bartolacci, subsecretaria de vinculación ciudadana de Rosario;Gabriela Riveros, directora de Planificación Estratégica de Municipalidad de Maipú y Martín Appiolaza, director de prevención, participación comunitaria y Derechos Humanos de Godoy Cruz.
¿Democracia en pausa?
El COVID-19 creó un escenario que para muchos era impensable, no sólo ha cambiado radicalmente la forma en la que nos relacionamos en nuestros ámbitos más íntimos sino que tiene grandes efectos en las dinámicas de participación, asociación y el ejercicio de la ciudadanía. Lo que antes se concebía como un ejercicio territorial ahora debe gestionarse en la virtualidad, por eso nos preguntamos ¿está la democracia en pausa debido a la pandemia?
Para Matías Bianchi, de Asuntos del Sur, “en muchos lugares se ha visto a los mecanismos de participación ciudadana como superfluos, como un lujo de democracias liberales, esto de verla como una instancia de legitimación democrática encontró sus límites en la cuarentena porque, en gran medida, no se entiende su potencial para construir políticas públicas eficaces en momentos de crisis”.
En ese mismo sentido opina Facundo Heras, de Nuestra Mendoza, “los mecanismos implementados para salir de esta situación son los mismos de siempre, se consulta a los mismos de siempre y se deja fuera a los mismos de siempre también. Los espacios de participación no generan equidad sino que aumentan la que no existe”.
Para Luis Cardoso, de Acción Colectiva, “la democracia no está en pausa, sino que está siendo observada y analizada con lupa. Generar los mecanismos de participación es un desafío, debemos dejar de lado intereses individuales, escucharnos y colaborar”.
Por su parte, Virginia Romanutti Nuestra Córdoba “es un momento de autocrítica, para pensar si las decisiones que estamos llevando a cabo son las correctas, pensar qué clase de ciudad queremos planificar, y ver más allá del individualismo y respondernos cómo generar la sinergia para empezar a generar los procesos de construcción colectiva”.
¿Y qué opinan los gobiernos locales? en este contexto recae en ellos parte de la responsabilidad de que los mecanismos de participación sigan funcionando y el ejercicio deliberativo no decaiga, además de poner a disposición de la ciudadanía herramientas para garantizar la transparencia en los procesos.
En Ciudad de Buenos Aires, algunos espacios están sin funcionar y otros explicitan la deliberación, así lo explica Fernando Straface, secretario de relaciones internacionales, “hay aspectos de la gestión de gobierno tal como venían ocurriendo que están en pausa, los compromisos de gobierno, por ejemplo, están siendo en la práctica redefinidos. Con la nueva normalidad, estos compromisos serán reperfilados y esto expondrá una suerte de nuevo contrato público. Está en pausa parte de la gestión de Gobierno pero esto no quiere decir que se haya suspendido la participación sino que está cambiando su perfil”.
En Rosario se logró continuar con los procesos participativos gestionados desde el Gobierno. “En los equipos de gestión no se suspendió nada, sino que se implementaron nuevas herramientas. Logramos adelantar la primera reunión con Consejos barriales a través de Zoom, difundiendo mediante equipos barriales para que la ciudadanía se entere, sin embargo surge el problema de la brecha digital, pero esto se está trabajando con equipos de desarrollo humano. Sí cambiaron las herramientas y en muchos casos también las prioridades”, explica Laura Bartolacci, subsecretaria de vinculación ciudadana.
Martín Appiolaza, director de prevención, participación comunitaria y Derechos Humanos de Godoy Cruz (Mendoza) señala algo paradójico: “en el contexto de pandemia se ha registrado mayor participación sobre temáticas sociales y económicas y mayor demanda a los gobiernos locales de ejercer control, en el espacio público, en la interacción ciudadana. esto plantea el interrogante sobre qué cambio va a generar en la relación ciudadanía – Estado y cuánto más nos va a condicionar esta demanda de control frente al desafío de garantizar la autonomía y las libertades individuales”.
Planes de metas como garantía de transparencia
El ejercicio de Gobierno Abierto ha planteado varios retos y en este nuevo escenario una de las necesidades más claras es contar con planes de metas, que además de permitir dar seguimiento a los compromisos adquiridos, sean el resultado de un ejercicio de cocreación que brinde legitimidad y garantice respuestas a las necesidades de la ciudadanía.
Entre los municipios invitados a los webinarios, Córdoba, Godoy Cruz y Maipú tienen por normativa esta herramienta, sin embargo en un escenario que no favorece la deliberación también presentan distintas realidades.
Según explica Alejandra Torres, secretaria de planeamiento, modernización y relaciones internacionales en la Municipalidad de Córdoba, “teníamos un plan de metas que no tenía bases de datos que validara que esa meta pudiera ser cumplida, era improbable hacer un seguimiento. Nosotros construimos los ejes del plan basados en nuestro proyecto electoral, lo que la gente eligió, desarrollamos nuestra política estratégica que contiene seis ejes. En este momento no hemos podido presentarlo al Concejo Deliberante debido a la pandemia y la plataforma electrónica para el seguimiento a las metas amerita un recambio, pues es tan rebuscada que el ciudadano no puede participar”.
En Mendoza los planes de metas se siguen a través de la herramienta electrónica Sumen y aunque algunos municipios tienen normativa al respecto, otros apenas la están construyendo.
Aunque CABA cuenta con una serie de compromisos de Gobierno, planteados por el Jefe de Gobierno de cara a la comunidad, no hay normatividad que defina la forma como deben ser formulados esos compromisos, que exija que el proceso sea por medio de la participación ciudadana ni demande una estrategia de seguimiento, por lo que sigue siendo una deuda de la Ciudad.
Sobre la figura de compromisos de Ciudad, Fernando Straface destaca que “se establecen sobre aspectos que mejoran la calidad de vida de la ciudadanía, lo que no necesariamente hace un plan de metas. Algunos de los componentes de los compromisos, se eligen en la plataforma BA elige, allí los vecinos postulan sus metas y se eligen en función de votación”.
En términos generales se puede decir que el contexto de emergencia de salud, social y económica ha evidenciado las falencias de los sistemas y la necesidad de reforzar la participación ciudadana, haciéndola más incluyente. Concluye Matías Bianchi: “es un momento para repensar cómo nos vamos a vincular como sociedad y encontrar nuevas formas, nuevos andamiajes para la democracia”.
Por qué los países con mejores resultados ante el COVID19 son gobernados por mujeres
La pandemia por coronavirus puede ser una de las más grandes pruebas de liderazgo político que el mundo haya presenciado. Todos los líderes y lideresas, se enfrentan a la misma amenaza potencial y están reaccionando de manera diferente, en su propio estilo. Entre los mejores países que han afrontado la pandemia por el coronavirus se destacan: Noruega, Alemania, Nueva Zelanda, Finlandia, Dinamarca, Islandia y Taiwán.
¿Qué tienen en común estos países? Inicialmente, todos tomaron políticas públicas similares: la creación de políticas de aislamiento apenas empezó la propagación del virus, el cierre de fronteras de manera preventiva, las estrategias sanitarias para la detección temprana de casos, el seguimiento riguroso durante las fases tanto de respuesta como de recuperación; identificación de los peligros, vulnerabilidades y capacidad de abordaje estatal de los riesgos; el buen uso de las nuevas tecnologías para la difusión de conocimientos sobre los riesgos en las emergencias junto a una educación sanitaria, y la transparencia en la toma de decisiones. Ah, y todos son países liderados por mujeres.
Esta fuerte correlación amerita un análisis de causalidad: ¿qué distingue a las mujeres gobernantes de los hombres que gobiernan? y ¿por qué fueron precisamente mujeres quienes tomaron esas medidas? Podría decirse que es casualidad, pero hay razones para creer que estas mujeres gobernantes en realidad lideraron a sus diversos países de manera diferente frente a sus pares hombres.
Una investigación del MIT, proporciona fuerte evidencia que refiere a que la identidad de género de quien ejerce el poder influye en las políticas públicas. Los datos de la investigación señalan que las mujeres electas para liderar invierten más en los bienes públicos. Esto incluye gastos recurrentes y de capital provenientes del sector público destinados a la prestación de servicios de salud, actividades de planificación familiar, de nutrición y a la asistencia de emergencias para la salud; asuntos públicos estrechamente vinculados a las preocupaciones más relevantes para las mujeres por sus obstáculos históricos en el acceso a los mismos.
Lo anterior se corresponde con las cifras que indican que los países liderados por mujeres forman parte de los gobiernos con mayor presupuesto público de salud per cápita. Y, ante la pandemia por coronavirus, se ve cómo efectivamente son estos países liderados por mujeres (Noruega, Alemania, Nueva Zelanda, Finlandia, Dinamarca, Islandia y Taiwán), los que han tenido mejor respuesta ante la crisis sanitaria, no solo para aplanar la curva, sino para eliminarla.
Cónsono con esto, Flavia Bustreo, Subdirectora General de Salud de la Familia, la Mujer y el Niño de la OMS, afirma que la participación social, política y económica de las mujeres está estrechamente asociada con mejores resultados sanitarios. Por ejemplo, donde gobiernan mujeres, hay menos muertes. Esto lo corrobora una investigación basada en datos de las oficinas electorales provinciales de Canadá, en la cual se descubrió que a medida que el porcentaje promedio de mujeres en el gobierno ha aumentado históricamente, las tasas de mortalidad total han disminuido en un 37.5 por ciento (de 8.85 a 5.53 muertes por 1000 personas).
Åsa Regnér, Directora Ejecutiva (A) ONU Mujeres, señala que esto sucede porque cuando las mujeres lideran y participan en la toma de decisiones, cambian las prioridades y la forma en que se destinan los recursos. Entonces, ¿en realidad las mujeres gobiernan mejor?La respuesta no es tan simple como sí o no. Según diversas investigaciones, si bien los hombres y las mujeres son igualmente efectivos, se concluye que las mujeres son, en algunos sentidos, mejores líderes que los hombres; esto se puede adjudicar a la vinculación y la responsabilidad con la que las mujeres asumen las agendas sociales y a la prioridad que dan a atender agendas de salud, frente a los hombres, quienes como prioridad atienden la agenda económica. Sin embargo, las mujeres sufren la desventaja de que los roles de liderazgo tienen una imagen masculina, especialmente en algunos entornos y en niveles superiores.
Lo que sí es seguro es que los países que están viendo mejores resultados frente a la crisis, son los que vienen implementando la paridad como principio en sus democracias. Por lo que estos datos parecen sugerir que cuando las condiciones políticas permiten que las mujeres lideren, se fomentan procesos de innovación política que contribuyen al bienestar colectivo. Por lo tanto, la información indica que seguir impulsando la inclusión y participación en todos los niveles de gobierno, no es sólo cuestión de corrección política, también es cuestión de mejores resultados.
Licenciada en Ciencia Política (Universidad de Buenos Aires, Argentina), Magíster en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe por la Universidad Nacional de San Martín (Universidad Nacional de San Martín, Argentina) y maestranda en Ciencia Política (Universidad Torcuato Di Tella, Argentina). Me desempeño como investigadora en el Observatorio Electoral de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, docente universitaria y consultora independiente. Miembro de la Red de Politólogas #NoSinMujeres. Líneas de investigación: participación política de las mujeres y diversidades, gobernanza electoral y nuevas tecnologías para la participación política.
Mi nombre es Bruno, soy de Rio Cuarto, Córdoba. Me desempeño laboralmente como desarrollador web, especializado en Wordpress y Javascript. Actualmente estoy estudiando PHP y React. Me gusta mucho viajar y andar en bici 😁
Migrante colombiana viviendo en Buenos Aires hace más de 6 años. Estudié Ciencias Políticas y estoy realizando mi tesis de Maestría en Intervención Social. Investigo y trabajo en políticas urbanas, especialmente en barrios populares, me gusta pensar y hacer talleres participativos y disfruto mucho el trabajo en equipo. Practico y oriento prácticas de vinyasa yoga y amo bailar salsa.
Lic. En Comunicación Social (UBA). Máster en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digital (Universidad Rey Juan Carlos y Media Lab Prado, Madrid) especialista en procesos de innovación democrática, gobierno abierto y comunicación política, con más de 10 años de experiencia en investigación, diseño y ejecución de políticas de gobierno abierto y estrategias de comunicación política.
Actualmente, está estudiando Relaciones Internacionales. Le gusta entrenar, leer y adora aprender cosas nuevas. Su estación favorita del año es el invierno y le gustan los dulces y postres.
Vive en San Martín (Buenos Aires) y tiene 21 años. Es estudiante de la Lic. en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de San Martín y se encuentra realizando su trabajo de tesis sobre el modelo de desarrollo sostenible que presenta y defiende el Acuerdo de Escazú, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se suma a Asuntos del Sur motivada por adquirir conocimientos sobre cómo se lleva a cabo un proyecto a nivel regional y conocer sus dinámicas.
Maia tiene 22 años y es franco-argentina. Es ex estudiante de cine y actual estudiante de Ciencia política en la UNSAM. Amante de la fotografía. Dedica su tiempo libre a entrenarse para correr carreras.
Vive en Reconquista, Santa Fe, pero es originario de Buenos Aires. Tiene 25 años y es estudiante de la Licenciatura en Periodismo en la Universidad Siglo 21. También estudió Programación en la UTN.
Estudiante avanzada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de San Martín. Se encuentra cursando las últimas materias de la carrera y redactando la Tesis de Investigación. Se confiesa muy emocionada de ser parte de Asuntos del Sur para experimentar este nuevo desafío.
Artista y gestora cultural. Magíster en Mediación Cultural (Universidad Nouvelle Sorbonne Paris 3). Doctoranda en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó como asesora de despacho de la Gobernación de Nariño y de la Alcaldía de Cartagena, Colombia, en la implementación de procesos de innovación pública.
Magíster en Ciencia Política por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ha trabajado como consultora e investigadora para organismos internacionales, gubernamentales nacionales y Think Tanks nacionales e internacionales.
Politólogo de la Universidad de Buenos Aires, Máster en Mercados e Instituciones del Sistema Global y PhD en Políticas e Instituciones de la Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Italia). Activista por los derechos de las personas LGTBI y docente de postgrado en la Universidad de Lanús (Argentina) y en la Alta Escuela de Economía y Relaciones Internacionales (Italia). Sus áreas de especialización son la integración regional latinoamericana, la geopolítica energética y las políticas públicas con enfoque de derechos.
Peruana, Coach Ontológico Profesional con especialización en educación emocional y estudiante del último año de la carrera de Relaciones del Trabajo – UBA. Trabaja como coach facilitando capacitaciones para emprendedores y negocios. Como pasatiempo, disfruta leer, hacer yoga y trekking y viajar.
Argentino, politólogo (UBA) e investigador en cuestiones de género y seguridad (ILSED). Amante de los viajes, los idiomas y el intercambio cultural.
Oriunda de Río Negro. Estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de San Martín, con tesina en proceso. Además, participa en asociaciones civiles de base comunitaria. En su tiempo libre, juega para uno de los equipos deportivos de la UNSAM.
Estudiante de Relaciones Internacionales en la UNSAM y Coordinadora General en Soft Power, un think tank de relaciones internacionales. Interesada por las cuestiones relativas a la vinculación entre el género y el libre comercio
Estudiante de Relaciones Internacionales en la UNSAM. Le interesan las cuestiones de género y desplazamiento forzado. Como pasatiempo, la literatura y el cine.
Estudia Ciencias Políticas (UNSAM) con tesina en proceso. En paralelo, estudia Relaciones Internacionales en la misma casa de estudios. Además, trabaja en la Fundación Metropolitana haciendo desarrollo institucional y contenidos y escribe informes sobre Ambiente en Politeia.arg. Como hobbie, dedica tiempo a danza jazz y comedia musical desde hace varios años, como también a talleres de lectura sobre diferentes temáticas.
Nació y creció en Bogotá (Colombia). En 2011 emigró a Argentina para continuar sus estudios. Actualmente, está cursando la Licenciatura de Relaciones Internacionales.
Es estudiante de Ciencias Políticas y Profesorado Universitario en Ciencia Política (UNSAM). Disfruta mucho viajar y le gusta leer, cocinar y hacer deporte.
Licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales con una Maestría en Comunicación Política (Austral). Fue Directora Nacional de Relaciones Institucionales del Ministerio de Salud de la Nación y se especializó en el Ceremonial y Protocolo. Ama el running y viajar.
Actualmente cursando la Tecnicatura en Administración de Gestión y PyMEs y la licenciatura en Comercio Internacional. Atleta trans, fanática del ciclismo y activista de la inclusión deportiva.
Finalizando la Licenciatura en Comunicación Social con orientación en opinión pública y publicidad en la UBA. Becaria de la Nueva Escuela de Diseño y Comunicación. Se encuentra vinculada con las ONG desde el 2017.
Licenciada en Comunicación Social, experiencia de trabajo en OSC y en el Estado en temática de políticas públicas enfocadas en hábitat. Especializada en el diseño de metodologías participativas, facilitación de talleres, coordinación de grupos y acompañamiento en los procesos de diseño e implementación de proyectos. Docente de teatro en nivel secundario y actriz.
Lic. en Ciencia Política (UCA). Trabajó en el sector privado para diferentes multinacionales, en Escuelas de Negocio y tiene, además, experiencia en la función pública. Es docente universitario y secundario.
Jennifer Cyr es profesora asociada e investigadora de ciencias políticas y de los estudios latinoamericanos en la Universidad de Arizona. Además de estudiar la representación política y la democratización en América Latina, escribe sobre los métodos cualitativos y mixtos y el uso de los grupos focales en las ciencias sociales.
Directora de Arte e Ilustradora independiente. Artista autogestiva. Miembro activo de MEP (Mujeres en Publicidad), un colectivo de mujeres en busca de una industria publicitaria con perspectiva de género. www.jotaschneider.com
Lic. en Relaciones Públicas y Cs. de la Comunicación. Comunicadora en Bachillerato Popular Travesti Trans Mocha Celis. Activista por los DDHH LGBTIQ+. Transfeminista.
Politóloga por la UCB de La Paz con especialización en Gestión Equitativa por la USMP, Lima. Diplomada en IAP y Educación Superior. Trabaja en investigación, derechos políticos de las mujeres, paridad y alternancia, prevención de violencia contra las mujeres y presupuestos sensibles al género.
Dentro del tercer sector desarrolló todo tipo de tareas, profesionalizándose en la gestión humana y de comunidades de personas. Trabajó en temas relacionados a la educación, los derechos civiles y la responsabilidad social empresaria. Estudia idiomas y turismo para poder seguir relacionándose con personas de todo el mundo.
Licenciada en Comercialización. Ha prestado sus servicios como asistente de gestión académica del Programa Colegio de las Américas – COLAM de la Organización Universitaria Interamericana – OUI. Apoyo a los procesos de convocatoria, registro de estudiantes, monitoreo de inscripciones y pagos, coordinación del proceso de certificación y diplomación y producción de informes administrativos.
Periodista de Medellín, Colombia y estudiante de la Maestría en Comunicación y Criminología de la Universidad Nacional de La Plata. Trabaja en temas relacionados con la memoria histórica, la violencia y los derechos humanos. Participa en procesos de periodismo ciudadano por la memoria, así como en investigaciones sobre el mismo tema. Ha sido docente de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia.
Licenciada en Relaciones Internacionales (UCC); Técnica en Responsabilidad y Gestión Social (Universidad Siglo 21); Especialista en Políticas Públicas para la Igualdad en América Latina (CLACSO y FLACSO Brasil) y Magíster en Derechos Humanos y Políticas Públicas (UNED España). Se desempeña en los ámbitos de la cooperación internacional, el desarrollo institucional y la docencia.
Argentina. Lic. en Relaciones Internacionales (Universidad Católica de Córdoba). Maestranda en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano (Universidad Nacional de Córdoba). Con experiencia en la coordinación y facilitación de talleres presenciales en América Latina, en tutorías de programas de formación virtual, y en el diseño de metodologías y la creación de plataformas colaborativas.
Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, con una maestría en curso de Ciencia Política por la Universidad Torcuato Di Tella. Su trabajo se concentra en los derechos reproductivos de las mujeres y la participación ciudadana.
Abogada experta en violencia de género por la Comisión Nacional de Justicia de Género de Venezuela – TSJ y Magíster en Docencia para Educación Superior, Diplomada en Innovación Política, Derechos Humanos y Procesal Penal. Trabajó en el Poder Judicial en la competencia de Delitos de Violencia contra la Mujer en el Estado Zulia, Venezuela. Embajadora de Venezolanas Globales en Argentina; forma parte de la Red de Mujeres de Amnistía Internacional Venezuela y de la Red Feminista del Estado Zulia.
Licenciado en Ciencia Política de la UBA, con un amplio recorrido en comunicación digital y campañas políticas. Con formación en diseño audiovisual por su vocación para contar historias. Colaborador de la Federación Internacional de Racquetball.
Licenciada en Administración Gubernamental y Políticas Públicas por la Universidad de Guadalajara con especialización en temas de participación ciudadana, innovación política y combate a la corrupción. Actualmente es Maestrante en Politicas Públicas con enfoque en Gobiernos Locales y Rendición de Cuentas. Especialista en estrategias y herramientas de incidencia y construcción de Redes por EQUIS- Justicia para mujeres, Alternativas y Capacidades y la GIZ -Agencia del Gobierno Federal Alemán y en Contraloría Social y Sistemas Anticorrupción por el Colegio de Jalisco y el Comité de Participación Social de Estado de Jalisco.
Licenciada en Ciencia política por la Universidad de Buenos Aires. Magister en Administración Pública por la facultad de Ciencias Económicas de la UBA y Especialista en Educación y nuevas tecnologías por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Se desempeña hace más de 10 años en la educación en línea en diferentes organizaciones de la región.
Licenciada en Relaciones Internacionales (Universidad de San Andrés) y Mg. en Relaciones Internacionales Europa – América Latina (Universidad de Bolonia). Realiza una Maestría en Ciencias Sociales de Internet en Oxford Internet Institute (Universidad de Oxford). Especializada en innovación política y gobernanza de internet.
Politóloga por la Universidad Pompeu Fabra, especializada en género y juventudes. Máster Interuniversitario en Juventud y Sociedad, Universidad de Girona. Maestría en Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires (en proceso de elaboración de tesis). Forma parte de la Red de Politólogas. Sus intereses de investigación se focalizan en los temas de género, juventudes y participación política.
Coordinadora de Gobernanza, Estado y Gestión del Observatorio de Políticas Públicas y Docente investigadora de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV). Asesora de organismos públicos nacionales y subnacionales. Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador (Argentina) y especialista en Cooperación Internacional por la Universidad Nacional de San Martín (Argentina).
Coordina el programa de Innovación Pública 360 y es Digital Integrity Fellow del Open Tech Fund. Msc en Desarrollo Internacional (Universidad de Bristol). Fue investigador en tecnologías para la Vicepresidencia de Bolivia, PNUD y Fundación UNIR Bolivia. Ex becario Chevening.
Licenciada en Ciencia Política de la UBA, especializada en dirección y gestión de organizaciones sociales en UdeSA y docente en la UBA de la materia “el rol de las organizaciones de la sociedad civil en políticas públicas”.
Politólogo de la Universidad de Buenos Aires, MSc en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford, MPA y PhD en Ciencias Políticas del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po). Trabajó en el Woodrow Wilson Center, el Centro de Desarrollo de la OCDE y dirigió el Instituto Federal de Gobierno en Argentina. También es docente universitario e investiga sobre democracia, economía política y tecnopolítica.
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Por innovaciones políticas nos referimos
Al desarrollo de prácticas, intervenciones, dispositivos tecnológicos y/o regulaciones que permitan solucionar problemas públicos. Las innovaciones, entendemos, deben tener dos condiciones necesarias:
La primera es que deben buscar transformarse en una práctica social y política generalizada, es decir, deben buscar tener un impacto político.
La segunda es que deben favorecer a la ampliación de derechos y de calidad de vida de las personas. Entendida de este modo, la innovación política apunta a la construcción de sociedades abiertas, gobernadas por comunes, por lo que se requieren acciones que distribuyan el poder. Es por ello que, desde Asuntos del Sur, priorizamos las innovaciones centradas en la construcción de sociedades más paritarias, inclusivas y participativas.