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Trayendo a la sociedad de vuelta. El papel de Activa el Congreso en la campaña para la legalización del aborto
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La democracia liberal y representativa supone un marco de participación amplio y abierto para la ciudadanía. No obstante, son pocos los “actores de veto” que, en la práctica toman las decisiones. Estos se reducen a las y los representantes o miembros del Congreso y al Presidente y autoridades ejecutivas. Así, se genera una falta de control público y social; lo que se denomina como accountability, tanto horizontal como social.
Esta falencia detectada de desarrollo de instrumentos de participación ciudadana, está estrechamente ligada al empoderamiento ciudadano(Smulovitz y Peruzzotti, 2002). Para ello se requiere mayor información disponible, respeto de los derechos individuales y la publicidad y transparencia de la toma de decisiones de los distintos poderes (ejecutivo, legislativo y judicial). Es decir, lo que Oszlak (2013) determina como “Estado abierto”, pero que el resto de autores hablan de “gobierno abierto”.
A razón de esta situación de “crisis de representación”, los actores que desean influir en el proceso político con fines de generar un mayor control social, deben hacer un trabajo de convencimiento y seguimiento a las autoridades decisorias. Normalmente, quienes pueden realizar ese trabajo, debido a su disponibilidad de recursos, son los partidos políticos, a través de la disciplina partidaria, los sectores religiosos y las empresas, haciendo el denominado lobby. La ciudadanía, en cambio, tiene menor posibilidad de influencia debido a varias limitantes, entre ellas, el tiempo de dedicación que requiere. Así, su participación se limita al sufragio (la elección de autoridades), no pudiendo así, influir sobre decisiones y políticas públicas que le afectan directamente.
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“Activa el Congreso” asumió la difícil tarea de cambiar esa situación. Ante la posibilidad que la decisión en torno a la aprobación del aborto en Argentina quedará supeditada solo a pocos sectores, varios de ellos sin conocimiento de causa sobre embarazos no deseados y las situaciones de abortos inseguros, al cual normalmente acceden mujeres de escasos recursos; de esta manera, la práctica del aborto plantea problemas de inequidad y refuerzan las diferencias entre los sectores sociales. Por estos motivos, un grupo de activistas decidió traer a la población de vuelta al Congreso, entendiendo el aborto como un problema público que, particularmente, afecta a los derechos reproductivos y la salud física, psíquica y social de las mujeres y, por ello, necesita estar en el centro del debate social.
Dicha tarea no resultó fácil. El Congreso o Asamblea Legislativa, es quizás una de las instituciones más anquilosadas de la democracia representativa. Sus miembros, a menudo, son objeto de críticas por su falta de representatividad y su alejamiento con sectores de la sociedad civil. En la última encuesta de Latinobarómetro, en promedio, el 42% de la población en América Latina no confía en el Congreso y el 36% confía poco. Sin embargo, a pesar de esta baja legitimidad, legisladores y legisladoras siguen teniendo en su potestad la posibilidad de decidir sobre las normas que rigen nuestras sociedades, dirimir los grandes debates que enfrentan nuestras sociedades y deliberar al respecto. Entonces, reactivar el Congreso implicaba no solo hacer que la ciudadanía vuelva a creer que puede influir en los y las congresistas, sino también que éstos vuelvan a ver a la ciudadanía como un actor válido.
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Para ello, se creó una plataforma online que posibilita que cada ciudadano y ciudadana pueda comunicarse directamente con sus representantes a través de tuits, mensajes de Facebook e, incluso, llamadas a sus despachos. Además, la plataforma te brinda mensajes pre-escritos: “Hola! Estuve buscando declaraciones tuyas pero no encontré nada que aclare cómo vas a votar sobre la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo…”, y un repositorio de documentos y argumentaciones para que, la persona que se comunique con el o la legisladora, intente convencerla de manera informada.
Tan simple como suena, “Activa el Congreso” hizo que usuarios y usuarias envíen mensajes a sus representantes en más de 160.000 ocasiones. La página web de la plataforma tuvo 1,3 millones de visitas durante todo el proceso, con más de 172.000 usuarios (72% fueron mujeres y 40% jóvenes entre 18 y 24 años). Sus impactos fueron múltiples: se generó un nuevo relato con respecto a la capacidad ciudadana de influir directamente en la toma de decisiones y, de hecho, 3 diputados de La Pampa que cambiaron su voto a último momento a favor del aborto, fueron a su vez, los más “activados” mediante tuits y llamadas.
No obstante, esto no hubiera sido posible sin un considerable trabajo de campaña activista. “Activa el Congreso” estuvo activo a su vez en Twitter, Facebook e Instagram, a través de videos virales grabados por los y las mismas activistas, articulación de diversos movimientos y grupos, acción de calle en las vigilias, pañuelazos y otros momentos de manifestación pública.
Más allá de la campaña por el Aborto legal, seguro y gratuito, “Activa el Congreso” se perfila como un mecanismo innovador para introducir a la ciudadanía como un actor con alta capacidad de presión e influencia en los procesos de toma de decisiones. Las tecnologías digitales y el ingenio comunicacional permiten que, a pesar de no tener ni los recursos ni el tiempo de dedicación que tienen los lobbistas profesionales, la ciudadanía pueda ejercer un rol más activo y tener mayor presencia en la política.
Bibliografía
Oszlak, O. (2013). Estado abierto: hacia un nuevo paradigma de gestión pública. Presentado a Congreso CLAD Montevideo.
Smulovitz, C. & Peruzzotti, E. (2002). Accountability Social: la otra cara del control. En Peruzzotti, E. & Smulovitz, C. (eds.). Controlando la Política. Ciudadanos y Medios en las Democracias Latinoamericanas. Bueno Aires: Grupo Editorial Temas.
Cristian León
Lidera el nuevo proyecto de Asuntos del Sur, #InnovaPolíticaLatAm. Licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Catolica Boliviana “San Pablo”. MSc en Estudios Críticos del Desarrollo del CIDES-UMSA. Investigador social en temáticas relacionadas a internet, política, tecnologia y sociedad.
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¿Hay una agenda para Internet en América Latina?
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¿Hay una agenda para Internet en América Latina?
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Internet ha impactado en América Latina con igual, o hasta mayor intensidad, que en las regiones del Norte Global. Con mayor intensidad en tanto, como evidenciaron en su momento los distintos informes, hubo un incremento acelerado de la conectividad en los últimos 6 a 8 años. De acuerdo con la última publicación de la CEPAL, entre 2010 y 2016, el incremento alcanzó un 103%. Esta situación ha planteado serios desafíos de comprensión y adecuación por parte de las sociedades latinoamericanas a la era digital, pues a la par de ese acelerado paso, la tecnología no ha dejado de avanzar ni sus complejidades se han reducido.
En esa línea, temas como la desinformación, vulneración a la privacidad, violencia digital, infraestructura insuficiente, falta de competitividad, vigilancia, exclusión y falta de participación se constituyen en problemas considerables que afectan actualmente a los países latinoamericanos. Si bien existe una gran incertidumbre, también abundan capacidades y quienes trabajamos por una internet libre, abierta y segura, estamos promoviendo una nueva agenda para internet en América Latina. Esa agenda aún está en definición, pero se siente que cada vez estamos más cerca de consolidarla.
Esto fue lo que se pudo visibilizar durante más de siete intensos días de eventos relacionados con internet en Buenos Aires, Argentina. Allí nos dimos cita distintas organizaciones, activistas, investigadores, periodistas y otros actores para discutir, desde distintos enfoques, sobre la situación de internet en América Latina. Acá te contamos un poco qué pasó con estos eventos y cómo nos acercaron un poco más a definir la agenda de internet para la región.
¿Cuál es la relación entre el espectro radioeléctrico y los derechos humanos?
Quizás no nos damos cuenta, pero la manera como se gestiona la infraestructura de telecomunicaciones determina nuestra libertad de expresión, asociación y capacidad de participar en democracia. El problema es que la regulación de las telecomunicaciones se ha tornado cada vez más compleja ante el incremento notable de personas conectadas, la emergencia de nuevos servicios y la prevalencia de intereses económicos y políticos. No obstante, los altos requerimientos técnicos para entrar en la defensa de derechos y políticas públicas en el área de telecomunicaciones, ha debilitado la presencia de la sociedad civil.
En ese marco, la organización Public Knowledge, con apoyo de Derechos Digitales, Access Now, Fundación Karisma, Artículo 19 y Global Partners, entre otras, coordinó una amplia discusión y profundización de capacidades en varias temáticas como: servicios Over The Top(OTT), uso del espacio radioeléctrico, redes comunitarias, neutralidad de la red, capacidades de advocacy y organizaciones internacionales. Este primer evento, realizado previamente a LACIGF, permitió que distintos miembros de la sociedad civil podamos establecer un lenguaje común y horizontalizar así un campo que ha sido altamente controlado por un puñado de actores poco diverso.
Buscando una gobernanza intergeneracional
En los días previos al LACIGF, también se llevaron a cabo las reuniones Youth LACIGF+Youth IGF Argentina y el IGF Argentina, este último adelantando a contrarreloj el evento planificado para finales del segundo semestre del año.
Por primera vez se realizó una iniciativa nacional para las juventudes. Dado los intereses mutuos y espacios de colaboración pre-existentes, el Youth IGF Argentina y Youth LACIGF se unieron para convocar a jóvenes de entre 18 y 30 años en un espacio que alentara su inclusión en el ecosistema de gobernanza de internet. El encuentro combinó formatos dinámicos liderados por Youth LACIGF, desde grupos de debate sobre libertad de expresión y ciberseguridad, hasta un espacio donde los y las jóvenes intercambiaron experiencias e iniciativas que están impulsando en sus comunidades. Durante la tarde, Youth IGF Argentina invitó a quienes participaban a discutir sobre temáticas que se abordarían durante IGF Argentina, como género y tecnología, derechos digitales y responsabilidad de intermediarios, culminando con un taller de datos abiertos, ampliando así la agenda.
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Cierre del Youth IGF Argentina
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El encuentro no solo reflejó que los y las jóvenes buscan incidir sobre los temas de la agenda local y regional, sino que también buscan hacerlo mediante los espacios ya creados. Reflejo de esto fue cómo participantes del Youth asistieron posteriormente a los eventos de la semana, interviniendo y reconociéndose en pie de igualdad para abordar los temas críticos de la gobernanza de internet.
Redefinición de intereses
El IGF Argentina, por su parte, de manera acelerada -duró solamente un día- discutió varios aspectos clave y de interés público: inteligencia artificial, ciberseguridad, libertad de expresión -tema además trasversal en las diferentes sesiones- e inclusión. Si bien la discusión estuvo nutrida por parte de actores ya reconocidos en estas áreas, se sintió que de los cuatro eventos llevados a cabo durante esa semana, fue quizás el que más flaquezas demostró.
Habiendo sido esta su tercera edición, la participación viene en caída y también su legitimidad como espacio que nuclea a los diferentes sectores con intereses en juego en la gobernanza de internet. Tal vez esto se deba, en parte, a una tendencia general de las iniciativas IGF nacionales y regionales (INR) o bien a una tendencia del contexto local. Las sesiones no fueron parte de un proceso sistemático de discusión local y se sintieron desconectadas de espacios de incidencia. En algunos casos, además -como lo fue la sesión sobre inclusión de género- no avanzaron sobre las discusiones de ediciones anteriores. Pese a los esfuerzos por revalorizar el espacio, en el marco de una competencia entre eventos paralelos (nacionales e internacionales) por llevarse a sus mesas de discusión a los actores locales de peso político, el IGF Argentina parecía haber quedado huérfano por parte de actores que otrora defendieron y propiciaron este espacio.
Por once veces, América Latina reunida
Finalmente, se llevó a cabo el evento principal: la versión once del Foro de Gobernanza de Internet de América Latina (LACIGF). Esta versión se circunscribe a un momento de inflexión con respecto a gobernanza de internet a nivel global: la emergencia de una fuerte agenda multistakeholder para el tratamiento de la protección de datos personales.
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Panel «Amenazas a la libertad de expresión en el entorno digital: campañas de desinformación»
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En la región, se observaron claras brechas y caminos divergentes. Mientras existen varios países que ya contemplan una normativa con respecto a la protección de datos personales, la mayoría parece estar muy poco avanzado. Brasil, desde ese aspecto, es el primer país -tal cual lo hizo con su Marco Civil del Internet- en poner la vara para una actualización de esta normativa en América Latina, frente a lo que es el GDPR europeo. No obstante, la región ingresa en este campo en una situación claramente desfavorable. Primero, tiene una menor capacidad de presión, desde las perspectivas individuales de cada país, con respecto a grandes empresas como Facebook, Google y Amazon. No obstante, como se observó en la discusión, sería distinto si se mirara a Latinoamérica como un gran mercado unificado. Segundo, en muchos países no son necesariamente las empresas multinacionales quienes más lucran con datos personales, sino los propios gobiernos y las empresas de telecomunicaciones. En esos casos; ¿cómo se logra una mejor regulación?
Otro tema abordado, que compete a la situación del Sur global de Latinoamérica fue la inclusión digital. Esta fue tratada desde la perspectiva de género, de manera muy bien delimitada por las panelistas, quienes demostraron con argumentos sólidos la prevalencia de la brecha digital de género. No obstante, quedó clara la dificultad de comprensión de esta problemática cuando se la aborda sólo desde los indicadores y las estadísticas con las que se miden- Por ejemplo, brechas territoriales y que toman en cuenta sólo si alguien se conecta o no. La brecha de género requiere de nuevas metodologías y paradigmas para poder observar la incidencia real de la exclusión de mujeres de los puestos de toma de decisión, las violencias que disuaden una participación amplia, el diseño de futuras políticas y la participación en la economía digital, entre otros.
Además, se trataron también problemáticas referidas a la desinformación, ahondando sobre experiencias en Colombia y México, la transición a la IPv6, desde una perspectiva de sus desafíos de seguridad y los problemas de compatibilidad, pautas para una regulación de internet desde distintas miradas regionales, entre varias otras.
Cabe destacar una mayor presencia del sector privado y organizaciones de sociedad civil. Estas últimas destacaron la necesidad de incidir en espacios de toma de decisión más allá de Foros de discusión, quienes defendieron derechos de la ciudadanía y demandaron mayor transparencia y acciones concretas a empresas. En ese sentido, hubo una posición común en pensar LACIGF, ya no como sesión preparatoria para IGF, sino como espacio con fuerza en sí mismo.
En definitiva, el Foro de Gobernanza de Internet en Latinoamérica se ha consolidado como un espacio de encuentro y, desde el cual, plantear una propia agenda sobre internet. Esta agenda ya va tomando sus propios temas y orientaciones, no obstante, sigue definiéndose en relación a los debates del Norte global, esto se nota, por ejemplo, en la influencia del GDPR en la discusión sobre la protección de datos personales. Por otro lado, es importante el rol de liderazgo que van tomando las organizaciones sociales por sobre empresas y gobiernos, esto debe tomarse de manera positiva, pues abre la puerta de que a futuro, la agenda tenga un mayor contenido en torno a derechos y participación ciudadana, más que intereses económicos y políticos de unos cuantos.
Antonella Perini | Cristián León
Antonella Perini, Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de San Andrés y Magister en Relaciones Internacionales Europa-América Latina por la Universidad de Bolonia. Asiste en proyectos de investigación en InnovaPolíticaLatam de Asuntos del Sur, en temas de política, innovación, ciencia, tecnología y desarrollo sustentable | Cristián León, Lidera el proyecto de Asuntos del Sur #InnovaPolíticaLatAm. Licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Catolica Boliviana “San Pablo”. MSc en Estudios Críticos del Desarrollo del CIDES-UMSA. Investigador social en temáticas relacionadas a internet, política, tecnologia y sociedad.
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Construyendo resiliencia digital con activistas en Nicaragua
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Construyendo resiliencia digital con activistas en Nicaragua
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Nicaragua vive desde hace cinco meses, una de las peores crisis políticas y sociales en el continente. Esta crisis ha sumido el país en una situación de extrema violencia que ha puesto a la angurria del poder absoluto, por encima de los derechos humanos más esenciales. Este contexto ha incrementado los riesgos para la manifestación política, cancelando así, la libertad de expresión y asociación y, con estas, la democracia.
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Hasta el momento se contabilizan más de 300 muertos, 2.000 heridos y cientos de desaparecidos. La sociedad civil se halla debilitada y desarticulada ante una precarización de la vida y el constante asedio político. Las organizaciones internacionales, pese a sus esfuerzos de mediación y veeduría, han sido desacreditadas, siendo el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones (ACNUDH) expulsado, pocos días después de emitir su informe sobre violaciones a los DD.HH. Esta situación dificulta las posibilidades de acción, empero, no debería hacernos desistir, sino seguir apoyando.
A través de sus redes con organizaciones nicaragüenses, Asuntos del Sur generó un proyecto para apoyar en la construcción de resiliencia digital para activistas políticos, sobre todo grupos universitarios, periodistas y organizaciones de la sociedad civil. Así se envió una pequeña misión durante el mes de junio, que brindó capacitación y asesoramiento directo para resolver cuestiones urgentes de vulnerabilidades digitales; a su vez, se armó un curso online especial, para intentar generar capacidades en un número más amplio de activistas y personas con perfil público.
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Las experiencias y aprendizajes obtenidos, han sido recopilados en este breve texto (ResilienciaNic) que analiza los riesgos observados, con base en la información obtenida en campo y desde los propios testimonios de activistas y periodistas. Al mismo tiempo, plantea desafíos y acciones futuras necesarias.
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A partir de este proyecto, Asuntos del Sur se plantea el compromiso de seguir haciendo causa y defendiendo los derechos humanos en la región.
Pueden descargar el informe aquí
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De los vientos de cambio a lo concreto: ¿Cómo medir el impacto del Gobierno Abierto?
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De los vientos de cambio a lo concreto: ¿Cómo medir el impacto del Gobierno Abierto?
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Al acercarnos a la primera década de vigencia de implementación de iniciativas de Gobierno Abierto (GA) en el marco del Open Government Partnership (OGP), y con 79 países y 20 gobiernos subnacionales que han virado hacia este modelo de gestión pública, cabe preguntarnos sobre qué tipos de impacto ha producido en la sociedad y en la vida concreta de las personas.
La mayoría de la literatura sobre GA se ha concentrado en el análisis de potencialidades, pero sin aproximarse a su validación y evaluación. Si bien, en una primera fase, este tipo de abordaje ha resultado útil, pues permitió posicionar al GA como un modelo innovador, a largo plazo se requiere poder demostrar su capacidad para renovar la gobernanza y generar impactos. Esto, claro, tomando en cuenta lo que el GA puede y no cambiar. De otro modo, el GA se convertirá en un modelo de transición sin posibilidad de reproducirse más allá de lo discursivo.
En base a lo anterior, en este breve artículo profundizaremos sobre la cuestión de medición de sus impactos y proveeremos algunos lineamientos metodológicos.
Operacionalizando el GA
El GA ha sido mayormente analizado desde sus vetas conceptuales, evitando así ser discutido desde sus ejes más pragmáticos. Es así que raramente se encuentra literatura que aborde su operacionalización en variables, categorías e indicadores de medición. A su vez, la mayor cantidad de estudios disponibles se enfocan en sólo uno de sus pilares: la transparencia y rendición de cuentas, pero pocos lo hacen en los temas de participación y co-creación.
Estas flaquezas metodológicas imposibilitan la problematización del GA, pues invisibilizan aspectos críticos con respecto a sus posibles limitaciones, y más bien sobredimensionan sus expectativas. Esto es, creer que el GA puede de hecho resolverlo todo. Al final, el GA se convierte en un discurso vistoso para hablar de innovación pero sin posibilidad de demostrar cambios reales.
Una forma para aproximarse a la operacionalización del GA es desde su propia implementación. El GA se lleva acabo a través de Planes de acción que se elaboran y desarrollan cada 2 años, lo cual le permite aterrizar en forma de proyectos y acciones concretas. Los Planes de acción se componen a su vez de distintos “Compromisos” temáticos que contienen actividades o acciones específicas para cumplir con el mencionado compromiso. Los planes estipulan responsables, objetivos, organizaciones co-responsables para su seguimiento, fechas de inicio y terminación.
Desde esa perspectiva, el GA sigue los formatos y procesos cíclicos típicos de cualquier política pública, esto es las fases de definición de problemas, análisis de alternativas, planificación estratégica, diseño operativo y evaluación. Esto implica que el GA pueda ser operacionalizado y analizado a partir de sus diferentes componentes.
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Proceso de implementación de los Planes de Acción
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Fuentes: OGP, 2018
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El problema es que los Planes de acción no estipulan directamente indicadores de impacto más allá de aquellos de implementación. Estos, si bien son útiles para comprender la capacidad de los gobiernos para ejecutar sus propias políticas, no necesariamente capturan la información con respecto a los bienes públicos finales, aquellos que llegan a la población.
Los Planes de acción son evaluados por el Mecanismo de Reporte Independiente (MRI), una herramienta creada por OGP, para medir progreso. El MRI produce reportes individuales para cada Plan de acción a partir de las siguientes dimensiones de análisis:
- Proceso. ¿Qué tan abiertos son los diálogos para desarrollar los Planes de acción?
Estos son los grados y la calidad de los debates en torno al desarrollo del Plan de acción.
- Compromisos. ¿Qué tan claros, relevantes y ambiciosos son los planes de acción?
Para esto, se toman en cuenta cuatro variables para analizar los Planes de acción: medibles, relevantes con respecto al GA, transformativos, y tienen un avance significativo hacia su finalización
- Impactos. ¿Qué tan visibles es la relación entre la implementación de los planes de acción y cambios en la gobernanza?
Si bien, en su última dimensión, el MRI debería poder brindar información sobre cómo las iniciativas implementadas podrían llegar a “mover la aguja” con respecto al beneficio generado para las personas, este tiene serias limitaciones. Es más, dentro de su propio abordaje metodológico, se aclara que el MRI no es un instrumento diseñado para medir impactos en tanto su rol primario es de herramienta de implementación. Sus indicadores toman en cuenta aspectos inherentes a la propia visión de quienes ejecutan los Planes de acción, no así de los beneficiarios. Es decir, el MRI levanta información a partir de la propia capacidad de los Gobiernos para convertirse en “Gobiernos abiertos”, pero no contempla a los resultados e impactos finales del GA.
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Dimensiones de análisis del MRI
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Fuente: OGP, 2015
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Entonces, ¿Cómo medir impactos?
Una de las complejidades con respecto al GA es que opera sobre dimensiones político-sociales altamente volátiles y dependientes de factores ajenos a su propia implementación. Así por ejemplo, la percepción de mayor o menor gobernanza, entendida como inclusión en la toma de decisiones, no depende solamente de la existencia de mecanismos de participación, sino de una serie de factores, varios de cuales pueden estar ligados a temas políticos. Lo mismo puede suceder en temas de transparencia, seguridad ciudadana y confianza, entre otros.
Al mismo tiempo, la información para medir cambios de percepción en la población son, en varios casos, inexistentes. Los indicadores no están ajustados a cuestiones específicas referidas al GA, sino desde aspectos muy generales como: apoyo a la gestión de gobierno, victimización con respecto a la corrupción y confianza en el sistema político, por nombrar sólo algunos. Ninguno de estos depende única ni exclusivamente de la capacidad transformativa del GA.
Finalmente, parece ser que el término de “GA” no ha sido adoptado por públicos masivos, sino que ha quedado como un calificativo técnico. Es decir, el GA lo entienden sólo quienes lo implementan, algunas organizaciones, y las personas con experticia en esta materia. Por ende, su impacto no puede medirse desde un conjunto íntegro sino desde sus temáticas más concretas: se puede medir la lucha contra la corrupción pero no necesariamente la “apertura del gobierno”.
A partir de lo anterior, entonces se requiere profundizar el debate metodológico de modo que se pueda empezar a generar información crítica que pueda ayudar a medir los impactos reales y las transformaciones sociales detrás del GA. En función de ello, se propone tomar en cuenta lo siguiente:
- Dar mayor preponderancia a los estudios que aborden los impactos desde lo cualitativo. Esto implica hacer estudios de caso, profundizar en testimonios que reflejen en qué modo ciertos aspectos críticos del GA están realmente generando cambios en la vida de las personas y las organizaciones. Al respecto, recientemente OGP lanzó CitizENGAGE. A través de esta herramienta, OGP busca dar a conocer las historias de la ciudadanía que se está aliando a sus gobiernos para dar más fuerza a sus voces, promover oportunidades y generar cambios.
- Generar indicadores propios a partir de una línea base y de un mapeo de actores en los cuales se ejercerá potenciales efectos y resultados. Los actuales Planes de acción parecen carecer de estos y sólo se afianzan en los indicadores de progreso propios del MRI. Esto equivale a justificar que sólo la “ejecución presupuestaria” es suficiente para medir los resultados de un gobierno.
- Mirar también adentro. Si bien se busca que el GA impacte en la vida de la población, no se debe dejar de lado que su orientación es la de transformar la gestión pública. Entonces, los primeros impactos deben ser buscados en la propia esencia de la cultura política de la burocracia.
- Encontrar las personas beneficiarias. Como se mencionó, gran parte de los beneficios no necesariamente llegan al gran conjunto de la población, sino a sectores y organizaciones específicas. Por lo mismo, es vital entender primero cómo estos han cambiado sus relaciones con los Gobiernos a partir de las iniciativas de GA antes de llegar a entender sus impactos a nivel de la sociedad en su conjunto.
En conclusión, la metodología disponible y usada por OGP para el análisis de impactos, el MRI, si bien posibilita un análisis de los Planes de acción desde su implementación, no es suficiente pues no logra captar cómo las iniciativas de GA están realmente generando cambios en los usuarios finales. En ese entendido, este artículo buscó ampliar el debate metodológico al plantear abordaje cualitativo, la generación de indicadores nuevos y replanteamientos con respecto a beneficiarios.
Sólo evidenciando resultados concretos de los impactos del GA podremos determinar las posibles falencias, de otro modo, no podremos profundizar y consolidar sus alcances y caeremos en su sobredimensionamiento discursivo.
Cristian León
Lidera el nuevo proyecto de Asuntos del Sur, #InnovaPolíticaLatAm. Licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Catolica Boliviana “San Pablo”. MSc en Estudios Críticos del Desarrollo del CIDES-UMSA. Investigador social en temáticas relacionadas a internet, política, tecnologia y sociedad.
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¿Hacia dónde queremos ir con los “datos” en la política?
En medio de una gran convulsión social -debido a la crisis económica imperante-, esta semana Buenos Aires es sede de la Conferencia Internacional de Datos Abiertos (IODC18), Abrelatam, así como de varios otros eventos para la discusión, reflexión y conmutación de agendas en torno al manejo y uso de datos. Una gran parte de las personas asistentes se relacionan con temas político-sociales: son tomadoras de decisiones, asesoran en gestión pública, desarrollan aplicaciones cívicas, son activistas de los derechos humanos. Es decir, no necesariamente trabajan en el área de la informática o se dedican a la tecnología por la propia tecnología.
La Mano Negra en Colombia. Falsos Positivos II: Minca Sierra Nevada de Santa Marta
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En 2007, poco menos de un año después de la última desmovilización paramilitar en Colombia -a saber, el Bloque Elmer Cárdenas-, empezó a surgir un movimiento de Águilas Negras, que luego mutaron a otros colores (doradas, rojas y azules) hasta regresar al color original: negras. Su mayor auge fue entre el 2009 y el 2010 y, claro, uno no lograba entender muy bien (en ese momento) quién estaba detrás de esta invención de nombre, aunque intuía que se trataba de la Mano a la que ahora le habían puesto alas. La intuición advertía que el fenómeno tenía más de estrategia de control, de cuidar y sostener las fuerzas del miedo que habían introducido los movimientos paramilitares en el país y con los cuales el Estado había logrado contener y reprimir otros modelos y fenómenos como la expansión guerrillera y uno que otro “desadaptado” al que le imprimió la pena de muerte a través de la Mano Negra.
Cuando se le hace seguimiento al conflicto, de manera rigurosa, y se estudian todos sus componentes, sus particularidades y sus métodos, es fácil concluir qué es la Mano Negra y con qué fin se usa. Apareció en 2007, nunca antes se habló de Águilas Negras, sí de la Mano Negra y se le atribuyó rápidamente su creación a un muerto: Vicente Castaño Gil, fundador del proyecto AUC, y creador de varios bloque paramilitares entre los que estuvo, el Vencedores de Arauca, el Conjunto Calima, el Centauros y por supuesto, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Este artículo tiene dos componentes, el primero de ellos es identificar qué es la Mano Negra, quién está detrás de ella y su fin, y conocer algunas de sus actuaciones, en concreto y en un sitio específico. La Sierra Nevada de Santa Marta, en adelante: SNSM.
Lo primero que vamos a definir es el nombre: se llama, Mano Negra. Punto: no águilas negras, doradas, rojas o azules y es un grupo que se encargó y se encarga de someter, mediante la muerte, el desplazamiento, la amenaza y el miedo a todo aquel individúo o colectividad que amenace la estabilidad del Estado, de una comunidad o de algún sitio de alto nivel económico para el Estado o sus antiguos aliados. Esta Mano Negra, según testimonios, fue orgánica a la seguridad y a la defensa del Estado y tuvieron nombres: F2 y DAS. El DAS fue disuelto en 2011 y sus miembros fueron reasignados a otras dependencias del Estado, entre ellas, la Unidad de Protección, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional de Colombia. Es decir que dentro de estos organismos hay, al menos, la premisa de que algunas de esas personas, con esos antecedentes, pasaron sin ningún control a esas dependencias. Sobre el F2 no se tienen noticias y la razón es porque los movimientos paramilitares pasaron a cumplir sus funciones.
Un sector del Ejército ayudó a la creación, la expansión y la ejecución del dominio del miedo a los movimientos paramilitares en el país. Se ayudaron mutuamente. Esto no es un secreto, como tampoco lo es las actuaciones del DAS. Frente a esto hay suficiente documentación, trabajos y denuncias que dan cuenta de esa realidad. Sobre el origen de sus amenazas, se encuentra allí que algunos de sus panfletos son cartas bien elaboradas, escritas por alguien con educación. Un panfleto tiene la particularidad de causar miedo a través del vocabulario usado y, por supuesto, los errores de ortografía. Es algo contundente. Miren estos dos ejemplos: Amenaza al Departamento de Sociología, de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia (https://goo.gl/d4CUq6) y este con el que se amenaza a expendedores (https://goo.gl/JfE8BF).
Esto no quiere decir, en ningún momento, que las amenazas de las Águilas Negras no sean contundentes y reales. Pueden que amenacen de una forma diferente pero son más mortales y peligrosas que las segundas, tienen un respaldo que les facilita el encubrimiento y la impunidad y esto es sumamente perverso y tienen una fuerza mayor: hacer sus crímenes sistemáticos y -como muchos de ellos mismos dicen- “usted se está metiendo con una familia muy grande”. Ahora, miremos a quiénes van dirigidas esas amenazas: líderes sociales, indígenas y afros que buscan beneficios colectivos para sus comunidades. Evitar minería, recuperar tierras, reclamar derechos e iniciar procesos de resistencias en contra del surgimiento de los Grupos Armados Ilegales (paramilitares con otro nombre); investigadores independientes, Organizaciones sin Ánimo de Lucro, profesores, periodistas, un sector político y defensores de Derechos Humanos, que todos tienen un elemento común: denuncian atropellos del Estado y de sus antiguos aliados que ven en estas personas o colectivos las amenazas de la verdad, de la justicia, la reparación y por supuesto el restablecimiento de derechos -que va desde reconocer el daño que se le hizo al otro, hasta devolverle todo lo que se le quitó.
Las amenazas buscan frenar procesos, callar personas y eliminar opositores. En esto, el Estado es pasivo y complaciente: en lo que va corrido del año, según el informe realizado por Indepaz, Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria, nos faltan 124 y abundan el cansancio y el “tirar la toalla” de algunos importantes pensadores -como lo indicó Ariel Ávila en su columna en Semana, Legalización de la censura-, porque no dan abasto con las amenazas. Esto es un flagelo y un antecedente terrible, y el problema se complejiza por la cercanía de este nuevo modelo de gobierno con personas que han sido altamente cuestionadas, investigadas y censuradas por hacer parte, fomentar y apoyar ejercicios totalitarios como el paramilitarismo y que siguen impunes.
La Mano Negra tiene diferentes actuaciones. En lo que concierne a este artículo, se identifican los falsos positivos y, siguiendo esa línea, dar a conocer los hechos puntuales que quizá algún día lleven a una investigación formal o al menos que las víctimas sepan que pasó con sus seres queridos y entender, por supuesto, lo cruento del conflicto y las motivaciones que dieron pie a la pérdida de muchas vidas humanas. Los Falsos Positivos son una mancha indeleble para el Estado.
Minca está ubicada en el distrito de Santa Marta, a veinte (20) minutos en carro. Está a unos 650 msnm, y tiene una superficie cercana a las 400 mil hectáreas. Es conocida como la capital ecológica y cuenta con unos paisajes maravillosos. También fue escenario de disputas, antes del 2006, entre paramilitares y guerrillas, contexto que dejó centenares de muertos. Después de eso, abrió sus puertas para enseñar las bondades naturales con las que había sido dotada, pero también dar a conocer los abusos sufridos. Uno de los primeros trabajos realizados allá fue en 2012 y lo hizo el Grupo Oraloteca, de la Universidad del Magdalena (https://goo.gl/74XKUi).
Luego, se empezaron a develar los hechos atroces, muchos de los cuales se conocen por la Ley de Justicia y Paz; otros, se esperan conocer por la Justicia Especial para la Paz (JEP). Estos testimonios dan cuenta de los Falsos Positivos en Minca.
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Testimonio 1
En la vereda la Lisa hubo una muchacha que le decían la Mona, ella llegó allá y el comandante Rafa, como era mujer de él, la uniformó y le dio fusil y todo. Éramos una contraguerrilla como de 45 paracos y bueno, ella, llegó y todos que bueno, que una mujer. En esta zona nunca había habido mujeres trabajando así con nosotros, nos pareció raro, pero bueno, dormía con el comandante. Y así pasaron los días y los días. Ella había venido de los lados de Guamachito (Magdalena) por los lados de Tucurinca. Estando ahí nos trasladamos para Nuevo Mundo, en Minca y estando allí apareció una versión de que ella tenía un hermano en la guerrilla, un tal Jorge o Jhon Jairo, algo así, y que por eso ella también era guerrillera. Yo no sé de donde salió esa información pero lo que creo era que el comandante quería abrirla para quedarse con otra vieja de esos lados. Ella era mujer de planta del man, le lavaba, le cocinaba, lo cuidaba, prestaba guardia, dormía con él, como si fuera la esposa. Entonces vino el comandante Flaco y habló con ella y la convenció para ir a hacer un registro y más abajito estaba el Ejército. A nosotros se nos hizo como raro ¿cómo es posible que van a hacer un registro estando el Ejército ahí por los lados de Tigrera? Pero era que se iba a hacer una reunión entre el Flaco y comandante del Ejército, no sé quién era el comandante.
Estando nosotros ahí, se escucharon unos tiros, todo el mundo se azaró porque estábamos como a un kilómetro, pero el Flaco enseguida avisó por radio que tranquilos, que era una guerrillera que se había volado con un fusil. Lo que pasó realmente es que se la entregaron al Ejército y el Ejército la cazó como un animal y la mató y la pasó como guerrillera muerta en combate. El comandante le dijo, corra por su vida porque vine a traérsela al Ejército para que la matara y la vieja arrancó a correr, asustada, desesperada y estos manes la prendieron a candela, hasta que la mataron. Ella no era ninguna guerrillera, esa muchacha, la trajeron de Guamachito para darle un positivo al Ejército, no hizo ni un tiro, yo creo que ni sabía disparar. Después el comandante dio parte a Rafa y ya. Eso quedó así (Testimonio oral, 2016).
Testimonio 2
En Cerro Negro, arriba en la Tagua, la misma vaina, el Ejército llegó y cuadraron entre comandantes y le entregaron un campesino de por allá de los lados de rio Córdoba. Era un campesino de la región, a nosotros nos hacia los mandaos, buena gente, mejor dicho lo único que faltaba era que nos lavara la ropa pero el de todo ahí en Cerro Negro. Un campesino buena gente y el pelao está más contento porque estaba vestido de camuflado y eso solo tenía un pantalón camuflado y unas botas de caucho. Uno más o menos entiende cuando una persona campesina, pensaría uno que esas persona de esas humildes no lo hace porque le guste, lo hace porque tiene temor del grupo que estábamos ahí, entonces se sentía contento porque estaba colaborando y más porque le hacía, ese man si le lavaba la ropa a los comandantes, les hacia la comida, tinto en la madrugada, no joda, lo tenían de servicio de ellos y el man pensaba que por eso no le iban a hacer nada. Era una persona humilde y trabajadora, campesina, porque ni armas cargaba. Solamente se le daba arma el día en que lo iban a entregar como falso positivo o como guerrillero, mejor dicho, como ustedes entiendan, pero vuelvo y te repito: son vainas mal hechas porque eran personas humildes, campesinos, mujeres, niños, gente asustada con nosotros que si tú le decías canta, cantaban, llora, lloraban, ríete, se reían. Este man, llegó haciendo mandados, que vaya a tal parte y tráigame esto, colaboración y así poco a poco lo fueron dejando a tal punto que no salía de la base donde estamos nosotros. Era un pelao, joven, asustado.
Lo mismo, como a los 20 días de estar ahí nosotros, llegó el Ejército y cuadraron los comandantes y se fueron. Como a las 3 horas, le dijo el comandante, coja esa pistola (una vaina que no servía, el cañón se le caía, eso no daba ni susto) y vaya allá a aquel cerro que ahí está otro comandante y me va a mandar un recado. Mentiras, ahí estaba el Ejército esperándolo y apenas el man se acercaba se armaba la plomera. Ahí mataron a ese muchacho y lo pasaron como guerrillero y no era ni guerrillero, ni paraco, ni nada. Un campesino humilde, humilde hermano, se le veía la humildad en la cara (Testimonio oral, 2016).
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Entonces surge nuevamente el miedo, porque quienes participaron de esos hechos, unos, no están vinculados formalmente a una investigación, es más: esto muy pocos lo conocen. No se ha abierto todavía el capítulo de los Falsos Positivos en la SNSM, y los otros, que salieron de Justicia y Paz (el mecanismo transicional que imperó en el Proceso de Paz entre el gobierno y los paramilitares) salieron luego de condenas de 8 años y varios de ellos están reorganizando sus estructuras de poder (paramilitarismo).
Es muy posible que nunca se llegue a saber nada de los Falsos Positivos en estas montañas; es muy posible que nunca se llegue a saber nada de la Mano Negra, pero también es cierto que muchos sabemos quiénes son, cómo operan y qué hicieron. ¿Lo repiten? Sí. ¿Pueden volver a intimidar? Lo están haciendo ¿Pueden asesinar? Según los registros de Indepaz, desde diciembre de 2016, 295 defensores han sido asesinados en el país; en promedio se registra una muerte cada cuatro días. Datos alarmantes.
Finalmente estamos a la merced del Estado y de un gobierno que regresa, después de 8 años al poder. Ocho años en los que ha pasado de todo y en los que se ha cuestionado, duramente, las desmovilizaciones y el Proceso de Paz y en los que han aumentado las amenazas. Aquí, en Colombia, si usted es amenazado, lo más seguro es que lo maten porque el Estado no lo protege y no lo protege porque es tan solo un campesino, un líder, un defensor de Derechos Humanos o un profesor de una escuela, en zona rural, que no tiene el poder mediático ni económico que le permita ser tenido en la cuenta. Hay una diferencia enorme entre los protegidos y los asesinados; estos últimos, son esos, campesinos, humildes, no políticos, ni columnistas: son personas del común y a esos el Estado no los protege y si llegan a ser asesinados, la respuesta institucional es la justificación de la muerte con la vinculación a hechos punibles o líos de faldas -son los muertos que no importan ni hacen un boom mediático. No conozco, de este grupo, humildes y campesinos, el primer líder, defensor de Derechos Humanos, protegido. No los bajan, cuando los van a asesinar, de una camioneta blindada, los bajan de una mula o de un caballo y los dejan tirados de la forma en que su muerte pueda callar a otros; no les disparan y las balas quedan en el chaleco antibalas, las balas pasan por la camisas sudorientas y quien reacciona, para evitar su muerte, no es un escolta entrenado sino un familiar o amigo que cae también entre las balas y si tiene suerte y deciden iniciar un estudio de seguridad, que va a demorar entre 6 meses y un año.
Esto es lo mismo que se vivió antes del 2006, con los grupos paramilitares y nada nos indica que va a ser diferente. En la SNSM, los paramilitares se están organizando desde hace 12 años, dominan territorios y modifican las dinámicas sociales y por supuesto: aniquilan todo aquello que se sea contrario a sus intereses y los intereses de su Estado.
*Lerber Lisandro Dimas Vásquez
Antropólogo, investigador del grupo de investigación Oraloteca de la Universidad del Magdalena. Con conocimiento sobre dinámicas, sociales, económicas, políticas y violentas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Con amplio recorrido en temas de Justicia Trasicional, construcción de paz, crimen organizado y violencia urbana. Con conocimientos y trabajos en comunidades étnicas y campesinas. Defensor de Derechos Humanos y del medio ambiente | Twitter @lerberlisandro
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Justicia penal internacional y crímenes contra la humanidad en Venezuela
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Justicia penal internacional y crímenes contra la humanidad en Venezuela
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POR
ISAAC NAHÓN SERFATY Y SALVADOR HERENCIA-CARRASCO*
Juan Luis Pernalete era un estudiante de apenas 20 años que vivía en Caracas. El 26 de abril de 2017, él decidió participar en una manifestación pacífica para protestar por la difícil situación social y económica en Venezuela. Juan Luis fue asesinado ese día cuando una bomba lacrimógena, disparada por un Guardia Nacional Bolivariano, le impactó directamente en el pecho. Sus padres han denunciado el régimen del presidente Nicolás Maduro por la muerte de su hijo. Hasta el día de hoy, nadie ha sido inculpado por este crimen.
Este es uno de los múltiples testimonios que se pueden leer en el reporte presentado a fines de mayo por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Panel de Expertos Independientes sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Cada uno de los casos documentados revela un mismo patrón: el régimen niega las acusaciones, ataca y difama a los acusadores y un sistema judicial que no administra justicia. Todo esto seguido por retaliaciones contra las víctimas y sus familiares. Quienes son arrestados terminan usualmente sometidos a tortura y otras formas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Este patrón de violaciones contra los derechos humanos fue confirmado a fines de junio por un reporte del Alto Comisionado de las Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien enfatiza sobre el uso excesivo de la fuerza, las múltiples detenciones arbitrarias y el abuso contra los prisioneros.
El reporte de los expertos convocados por la OEA concluye que existen bases razonables para acusar al régimen venezolano de haber cometido crímenes contra la humanidad. Asesinatos, torturas, violencia sexual, detenciones arbitrarias y persecución forman parte de ataques sistemáticos y extendidos contra la población civil y líderes políticos acusados de criticar al régimen, lo que los califica como crímenes de lesa humanidad según lo establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI).
El panel de expertos, conformado por un ex-Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana, un ex-magistrado de la Corte Interamericana y un ex-Ministro de Justicia de Canadá, recomendó que el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, presentara el reporte y la evidencia acumulada durante la investigación a la Fiscal de la CPI. El panel también recomendó que otros estados deberían referir la situación de Venezuela a la CPI, según lo estipulado en el artículo 14 del Estatuto de Roma.
La Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, abrió una investigación preliminar sobre la situación en Venezuela en febrero de 2018. En principio, sus averiguaciones se enfocarán sobre posibles crímenes contra la humanidad perpetrados contra líderes políticos y la población civil durante la protestas que comenzaron en abril de 2017, aunque la persecución política y las violaciones contra los derechos humanos han sido un problema desde hace tiempo en Venezuela.
¿La CPI acusará finalmente a Maduro y a los funcionarios de su régimen? La Fiscal tendrá que revisar con mucho cuidado los documentos que su oficina ha recibido, incluyendo el reporte de la OEA. Los expertos convocados por Almagro identificaron 131 víctimas de asesinatos en las protestas que ocurrieron entre 2014 y 2017 a manos de fuerzas de seguridad del Estado y/o de los llamados “colectivos” (grupos paramilitares apoyados por el régimen). Además, se han registrado –según el reporte– 8.292 ejecuciones extrajudiciales desde 2015. Se estima que más de 12.000 venezolanos han sido detenidos de forma arbitraria, encarcelados o sometidos a severas restricciones a su libertad desde las elecciones presidenciales de 2013, año en el que Maduro fue electo.
El reporte se publica cuando Venezuela vive lo que ha sido definido por varias instancias internacionales como una verdadera crisis humanitaria, debido a la escasez de alimentos y medicinas. Según un estudio realizado por tres universidades del país, los venezolanos han perdido un promedio de 11 kilos (unas 24 libras) en 2017. El mismo Ministerio de Salud del régimen admitió que en 2016 se produjo un incremento de 65% en la mortalidad materna, que la mortalidad infantil creció en un 30% y que los casos de malaria subieron en un 76%. Las personas con enfermedades crónicas, lo que incluye a las que recibieron transplantes de órganos o que padecen VIH-Sida, han sufrido graves consecuencias por la falta de medicamentos. La crisis humanitaria, que se traduce en muertes por hambre, podría incluso ser considerada como otra forma de crimen contra la humanidad.
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El régimen que encabeza Maduro ha negado repetidamente que exista tal crisis, impidiendo que entre al país asistencia internacional. El gobierno argumenta que la crisis es el resultado de una conspiración extranjera contra la revolución. Muchos venezolanos no han tenido otra opción que emigrar, principalmente a Colombia y Brasil. La “diápora bolivariana” cuenta ya con 2 milllones de personas, una crisis de refugiados que en cantidad supera a la que se vive en Siria.
Independientemente del tiempo que tome a la CPI para iniciar formalmente una investigación contra el régimen, la persecución de líderes políticos opositores tiene una larga historia en Venezuela. Esta empezó bajo la presidencia de Hugo Chávez y se ha recrudecido bajo la de Maduro. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó la responsabilidad de Venezuela en la violación del derecho a la libertad de expresión (caso de Radio Caracas Televisión) y la persecución de opositores (caso San Miguel Sosa), entre otros. La Corte ha destacado la falta de autonomía e independencia del poder judicial venezolano para atender estos casos. Esta es una consideración importante, pues la evidencia indicaría que la justicia en Venezuela no podría llevar adelante una investigación independiente sobre las violaciones contra los derechos humanos, tal como lo establecen los artículos 1 y 17 del Estatuto de Roma.
El reporte de los expertos convocados por la OEA fue aprobado por la Asamblea Nacional de Venezuela, que cuenta con una mayoría opositora. ONGs locales están trabajando en estrategias para presentar pruebas ante la CPI. Una investigación exitosa deberá contar con la colaboración de varias instancias nacionales e internacionales. El Grupo de Lima podría jugar un papel importante, el cual debe complementar las declaraciones políticas. El Grupo fue creado en el seno de la OEA el año pasado para enfrentar la situación en Venezuela.
Pero referir la situación a la CPI no será suficiente para lograr justicia. Los miembros del Grupo de Lima deben comprometerse en arrestar y llevar ante la CPI a cualquier persona acusada de haber cometido crímenes contra la humanidad. También deben congelar los bienes y activos de estos funcionarios venezolanos en sus respectivas jurisdicciones. Y deben apoyar a las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela con el fin de documentar y presentar las evidencias de las violaciones de derechos humanos. Esto debe incluir el otorgamiento de facilidades para que los funcionarios de la CPI reciban testimonios y documentación de venezolanos que se encuentran en países vecinos.
El apoyo político y la crítica ante lo que sucede en Venezuela son importantes, como quedó demostrado en la más reciente Asamblea General de la OEA, pero debe haber acciones concretas. Muchos de los “Juan Luises” que están en Venezuela merecen un futuro mejor.
Nota: Este artículo es una adaptación de una versión originalmente escrita en inglés y publicado en los diarios Ottawa Citizen y Montreal Gazette el 3 de julio de 2018.
*Isaac Nahón Serfaty y Salvador Herencia-Carrasco
Isaac Nahón Serfaty es Associate Professor en el Departmento de Comunicación y miembro del HRREC de la Universidad de Ottawa. Twitter: @narrativaoral Salvador Herencia-Carrasco es Director de la Clínica de Derechos Humanos del HRREC de la Universidad de Ottawa. Twitter: @Sherencia77
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Falsos positivos III. Sierra Nevada de Santa Marta – Colombia –
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Falsos positivos III. Sierra Nevada de Santa Marta – Colombia –
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POR
LERBER LISANDRO DIMAS VÁSQUEZ*
No debería estar escribiendo más sobre conflicto (pasado, presente y futuro): fue la dura advertencia que recibí en días pasados a través de mensajes de textos a mi número personal de teléfono. Busqué ayuda con las autoridades (silencio total). Entendí como la vida puede ser un trasegar y sentí pena ajena. Siguen siendo días acérrimos. Reconozco que soy un ser humano adusto y huraño, pero valoro positivamente las muestras de solidaridad que he recibido.
No tengo interés por lo sacro. Tampoco quiero morir y, recuerdo las palabras de Bolívar, en su última proclama de 1830: He sido víctima de mis perseguidores, que me han conducido a las puertas del sepulcro. También me uno a las de Ernesto Sábado y hago remembranza a los 70 años de su maravillosa obra literaria: en todo caso había un solo túnel, oscuro y solitario: el mío. Incluso en esos momentos que uno puede llamar de cavilación, repaso a Christopher Hitchens, y su lucha por la muerte, a la que decidió enfrentar mirándola de frente y en las que surgieron interpelaciones importantes y respuestas inesperadas: a la pregunta estúpida de ¿Por qué yo? el cosmos apenas se molesta en responder ¿Por qué no?
El fin de semana pasó un hecho curioso. Digo curioso porque soy abstemio, ateo y soltero; es decir: no hay divinidad, alcohol y enajenación, en mis actuaciones y decisiones. Me dispuse a entregar una finca (que era de mi mamá) a un dueño. Finca que hacía más de 15 años no iba y en teoría recordaba los linderos. La montaña creció a pasos agigantados y no fue posible dar con el objetivo. A duras penas llegamos donde anteriormente estaba la casa que la montaña devoró. Esa noche me quedé ahí, junto a dos personas más que iban conmigo.
Armamos hamacas; un cambuche improvisado y a dormir. Cerca de las 10 de la noche, todavía despiertos, escuchamos voces; eran dos niños jugando. Se sentían ondas con claridad. La casa más cercana está a 2 horas de camino y volvió el pánico. -Seguro aquí mataron a esos niños y están penando, decía uno de ellos-. -No, esos son unos niños indígenas que se perdieron hace muchos años, la Patasola se los llevó-.
Cualquiera de las dos a mí me parecía trágica y en medio del susto, la humedad, la oscuridad y el miedo a ser atacado por algún animal, cerré los ojos y me dormí. Muy temprano me levantó el canto de los pájaros y me fui inmediatamente hasta donde escuché las voces, porque para Maquiavelo, los fantasmas asustan más de lejos que de cerca y aunque carezco de valentía, el día es día. Encontré huellas pequeñas de felinos. Eran gatos montunos. Pero enfrenté el miedo con decisión.
Siendo consciente de mis limitaciones y de la falta de Estado, recordé el Título 1 y en él, el Artículo 1, de nuestra Carta Magna: Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades… Me dispongo a seguir escribiendo sobre eso que tanto molestó: los falsos positivos y el paramilitarismo y lo hago porque realmente es una vergüenza, junto a todos los hechos acontecidos en este lado de la montaña (distrito de Santa Marta: solo una ciudad) y no es que quiera sacrificarme, ni como dijo Dmitri Serguéievich, en el Romance de Leonardo, cuando le preguntaban por qué se arruinaba y se exponía a tantos tormentos y peligros y él respondía siempre las mismas palabras. Quiero resucitar a los muertos. Mi papel es poner la voz del que no está y no puede hablar.
Y es que hay que ver la ignominia: entre 1980 y 2015, los ejércitos totalitarios, según cifras del Observatorio de Memoría y Conflicto, asesinaron a 2291 personas. 2291 sin contar 2016, 2017 y lo que va corrido de 2018. De esos 2291, a 48 los asesinó la guerrilla, 1575 los grupos paramilitares y otros 325 entre, el Estado (falsos positivos y aparecen nombres como DAS., Policía y Ejército) y las Bandas Criminales. Violencia sexual: 285 casos, de los cuales 103 –casi la mitad- son atribuidas a una sola persona; masacres, 185 y desaparición forzada, con 1303 casos. 630 todavía siguen desaparecidos. En una ciudad que según el Dane (Departamento Nacional de Estadística), es de 507234 habitantes, con datos estadísticos de proyección poblacional 2018 y que llegó a estar (hasta 2014) dentro del Ranking de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Ocupó el puesto 29.
Hay algo que no gusta en estos números. A propósito Eduardo Galeano, en las Venas Abiertas de América Latina, afirma: nunca hubo tanta concentración de recursos económicos y de conocimientos científicos y tecnológicos dedicados a la producción de muerte y en esto, el gobierno que ahora nos dirige, hace sus movimientos. Para el 2018, el sector “defensa” recibió 28.6 billones de pesos. Este gobierno empieza la pugna pidiendo aprobación de 33.6, para 2019; es decir: hay un aumento significativo. Eso es muchísima plata en producción de muerte, heridos, viudas y demás daños colaterales que trae la guerra. Claramente no hay una preparación para fortalecer la paz sino para potencializar la guerra. Un billón de pesos en Colombia y esto es populismo de los más básicos y bajos, alcanza para dar tres comidas diarias, durante una semana a los más de 50 millones de colombianos.
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Y por supuesto, surge el temor natural al empoderamiento bélico que trajo actuaciones como la que a continuación se describe.
Eran como las 10 de la mañana y yo bajaba de San Pedro, por allá más abajo de la vuelta del Burro, me encontré con el Ejército, llevaban un tipo vestido de camuflado, amarrado y con un pasamontañas que le tapaba toda la cabeza. Solo los huequitos de los ojos. Yo me bajé en el Mico para esperar a que pasaran y al momentico pasaron, eran como 12 soldados y lo llevaban en el medio. Entre la gente que los saludaron y les preguntaban cosas, el tipo me miraba y se me acercó y me tocó el hombro: me llamó por mi nombre, pero era una voz rara, sentida, como si llevara un peso, era una voz que yo no pude entender ni reconocer. Estaba cargada como de miedo, sentimiento, como entre llorosa. El tipo sollozaba y quería como decirme algo, como sacar algo de lo más profundo. Lo empujaron y lo echaron para adelante. Yo me quedé ahí esperando a que se fueran y uno con la intriga porque él me conocía y quería como decirme algo, como pedirme ayuda, sollozaba.
Al momentico, la plomacera. Yo me quedé ahí como una hora más y después seguí y como a tres vueltas abajo del Mico, estaba el tipo tirado. Sin las manos amarradas y con una escopeta vieja al lado y en todas partes el Ejército. Ha de creer que lo mataron y él quería decirme algo, seguro eso, que lo salvara, que lo ayudara, él sabía que lo iban a matar. Pero uno ¿qué podía hacer ahí?
Después vi las noticias: guerrillero muerto en combate con el Ejército y estaba la foto del muchacho. Nunca le quitaron, ni en la foto el pasamontañas y no supimos quién fue el muerto y pues uno tampoco preguntaba porque sabía lo que le pasaba y eso de desaparecer personas era el pan de cada día. Y cuando pasé me miraban como queriendo decir: cuidado dice algo, porque lo hicieron fue de frente, no había vergüenza, ni pudor para matar.
Entonces, claro, compañías como la Halcón del batallón Córdova; la Cascabel del batallón Contraguerrilla 2 Los Guajiros; entre otras más y de otros batallones como la Popa, encontraron en esta directiva la posibilidad de asensos, permisos, bonificaciones y condecoraciones. Las veces en que he ido a hacer trabajo de campo –luego de generar confianza entre los entrevistados- pregunto ¿ustedes conocen bien a todos sus vecinos, no me de nombres, solo dígame cuántos eran realmente guerrilleros? La respuesta no varía. De 10, 1. ¿Entonces, de dónde salió tanto muerto? Y la respuesta más recurrente: de los paramilitares y el Estado, que se dedicaron a matar campesinos y gente inocente.
¿Cuántos años podía tener ese muchacho? No sé: póngale 16 o 17. Yo le dije: no vaya a raspar hoy porque por ahí me dijeron que subió el Ejército. Mi finca estaba por quebrada la Negra, cerca del caserío indígena de Kemakumake, donde el Mamo, Ramón Gil. Tenía unos cultivos de coca y ese muchacho me lo encontré en el pueblo, venía de María la Baja (Bolívar) y me pidió trabajo. Me lo traje, porque iba a coger una hojita. El pelao se fue, temprano, como a las 6 de la mañana y a las 8, como no bajaba, me dispuse a llevarle el desayuno. Desde un claro vi al Ejército y dije, ¡Mierda! lo cogieron. Y me quedé ahí escondido viendo. Cuando de pronto, uno de ellos le puso el fusil en el pecho y tenga, tres tiros a mansalva. Lo tenían arrodillado. Al momentico, la plomacera a la montaña, esas balas cortaban ramas.
Al momentico, la casa rodeada, ¡Somos el Ejército Nacional, salgan con las manos arriba! Yo pensé entre mí, ¡Jueputa, nos mataron también! Pero no, ni a mí ni a mi mujer ni al niño, nos hicieron nada. Entraron a la casa por las cosas del muchacho, los papeles y la ropa y me dijeron: métale candela a eso y queme todo. Eso me dijo eso y ahí mismo corrí y le eche gasolina y ¡bum! Que pecado con ese muchacho, no merecía morir así, humillado y lleno de pánico. Pero eso así les pidiera uno que no los matara más rápido lo hacían. Eran como los paracos, humillaban y eso los hacía sentir grandes. Luego se me acercó uno y me dijo: viejo, deme tinto y lo reparé bien, mano. Fue el que le pegó los tiros al muchacho, no tendría ni 20 años. Dos pelaos que se jodieron la vida. Uno murió pero el otro se le veía en los ojos que también estaba muerto.
Mal haría en decir que todas las actuaciones del Ejército y de la Policía fueron o son malas y nocivas. Cumplen una función constitucional necesaria para el país. Pero en lo que concierne a su Mano Negra sí lo es y no hay justificación alguna para la infamia, ni para que siga operando. No es posible, que en Santa Marta, a la Policía Metropolitana le roben 234 armas, en 2016 y que estas, presuntamente regresaran a las manos de los paramilitares. No es posible que el comandante de su Sijin (seccional de investigación criminal) haya sido vinculado (en 2016) como cabeza de una Banda Criminal. Son actuaciones que simplemente no son posibles. No lo pueden ser.
No es posible que el director de Fiscalía del Magdalena, haga una rueda de presan para decir, que su fiscalía, la responsable de llevar a los sicarios a la cárcel, de 50, solo condenó a 1. Y tampoco es posible, que de las más de 200 capturas realizadas por concierto para delinquir a Bandas Criminales: Pachencas, Clan del Golfo y Oficina Caribe, ninguna haya llegado a una sentencia condenatoria y todos, después de entre 3 y 6 meses, estén nuevamente libres. Simplemente no es posible.
Claramente no es un problema que se resuelve amenazando. Se resuelve revisando actuaciones, poniendo la cara y haciendo frente, respetando el derecho a la vida, a los Derechos Humanos y que prevalezca el respeto. Ese es el llamado, no mandando a robar computadores, ni amenazando líderes y pensadores.
*Lerber Lisandro Dimas Vásquez
Antropólogo, investigador del grupo de investigación Oraloteca de la Universidad del Magdalena. Con conocimiento sobre dinámicas, sociales, económicas, políticas y violentas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Con amplio recorrido en temas de Justicia Trasicional, construcción de paz, crimen organizado y violencia urbana. Con conocimientos y trabajos en comunidades étnicas y campesinas. Defensor de Derechos Humanos y del medio ambiente | Twitter @lerberlisandro
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La diáspora Latinoamericana: más que una crisis, un desafío de inclusión y educación en Derechos Humanos
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La diáspora Latinoamericana: más que una crisis, un desafío de inclusión y educación en Derechos Humanos
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POR
VERENICE BENGTSSON*
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el número de migrantes internacionales es de 244 millones de personas. En todo el mundo las personas se desplazan internamente debido al cambio climático, los conflictos armados, la violencia estructural, la guerra, el hambre y la pobreza.
Latinoamérica no es ajena al fenómeno de la migración y es un tema clave en el desarrollo político social y económico de la región. La legitimación del racismo, con el efecto dominó de la llegada a la presidencia de Donald Trump, ha tenido un fuerte impacto mundial. El endurecimiento de las políticas migratorias, así como las protestas y los actos violentos en contra de inmigrantes en los países receptores, no se han hecho esperar. Las imágenes de las protestas xenófobas en Costa Rica contra los solicitantes de asilo procedentes del violento conflicto político en Nicaragua solo nos ha hecho refrescar la memoria de la histórica discriminación y exclusión de nicaragüenses en suelo costarricense.
Las cifras de la migración que genera laviolencia en Colombia, México, Honduras, Nicaragua, Guatemala y los desafíos dela nueva diáspora en Venezuela llega a reflejar que realmente la región enfrenta verdaderas crisis humanitarias. Pero sobre todo, enormes desafíos en materia de concientización y respeto por los derechos humanos.
Pese a los acuerdos de paz y una relativa calma, los conflictos entre grupos armados y el crimen organizado siguen generando el desplazamiento interno de ciudadanos colombianos. Según el Consejo Noruego para Refugiados, 7.2 millones de personas han sido desplazadas internamente en Colombia, colocando a ese país a la cabeza en las cifras de desplazados a nivel mundial, superando a países como Siria e Irak.
De acuerdo al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la migración de venezolanos ha aumentado en 2000% desde el año 2014. Debido a ello, ese Alto Comisionado ha incorporado una nota delineamientos que tienen por objetivo ayudar a los Estados a determinar y otorgar protección internacional, basado no solo en la Convención sobre el Estatuto de Refugiado de 1951 y la Declaración de Cartagena de 1984. Los lineamientos están orientados a que los Estados de la región tomen en cuenta la dinámica del complejo contexto social político y económico de Venezuela, garanticen derechos básicos y status de legalidad. Sobre todo a que respeten la garantía de non refoulement a fin deque los venezolanos no se vean forzados a retornar a su país de origen.
De igual manera, el ACNUR ha creado directrices especiales para proteger a solicitantes de asilo procedentes de Honduras. La prolongada crisis política, la violencia ejercida por los carteles de la droga,las pandillas y otros grupos de delincuencia organizada, que operan con la aquiescencia y/o complicidad de agentes estatales, ha generado una ola de migración sui generis hacia países vecinos, Estados Unidos y Europa. Pese al cáracter complementario de las directrices, los Estados receptores no parecen estar dispuestos a reconocer el dramático contexto de violencia que se vive en Honduras, negando la calidad de refugiado a quien merece protección internacional frente a la inoperancia de un Estado que no quiere o no puede proteger al que huye de la violencia.
De acuerdo al Observatorio consular y migratorio hondureño, 128 hondureños salieron del país diariamente, con la intención de no regresar, solo en el 2017. En ese año, alrededor de 50,000 personas fueron retornadas desde México y los Estados Unidos de América.
Mientras Latinoamérica entera explota de indignación en las redes sociales frente a la separación de familias centroamericanas en la frontera estadounidense, la miopía y la doble moral no nos permite ver los problemas internos de racismo, exclusión y amnesia histórica de las migraciones provocadas por las dictaduras a nivel local. El rechazo al migrante en América del Sur es tan fuerte y tan grave como en los países donde la supremacía blanca ejerce violencia estructural y crea un círculo vicioso donde la marginación y la exclusión traen como consecuencia el aumento de la pobreza y la violencia.
Y para entender y atender el problema, hace falta hacer uso de un enfoque interseccional, donde la clase social, el género y la edad sean tomados en cuenta en el mismo grado que la nacionalidad. La tendencia es responsabilizar al choque cultural y étnico, cuando más bien se trata de asumir que los privilegios son invisibles para quienes los poseen y que todos esos factores mencionados influyen en las relaciones de poder, sometiendo al extranjero a un problema estructural que profundiza la discriminación, la explotación y la pobreza.
Mientras el efecto Trump se expande por Europa, los Estados latinoamericanos se enfrentan a la emergencia de apelar a la solidaridad y generosidad que caracteriza a la mayoría de sus habitantes. La necesidad de educar y sensibilizar a la población en Derechos Humanos es apremiante para combatir la xenofobia. Entre más educación e igualdad se promueva más fácil será el trabajo de construcción de democracias inclusivas. Y eso implica no solo promover la aceptación, sino también fomentar el diálogo y sensibilizar en derechos humanos a nacionales y a inmigrantes, porque para bailar el tango se necesitan dos. Diferentes experiencias y estudios demuestran que la diversidad es un factor ligado al crecimiento y al desarrollo económico. Pero eso no ocurre a puertas cerradas. Frente al aumento de la migración interregional, las acciones claves para un crecimiento sostenible son apertura, participación e inclusión.
*Verenice Bengtsson
Verenice estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estudió derechos humanos, género, etnicidad, clase y bienestar social en la Universidad de Lund y una maestría en Estudios Políticos Globales con especialización en derechos huamnos en la Universidad de Malmö. Actualmente vive en Suecia y trabaja promoviendo inclusión y diversidad en el sur de este país. Por esas paradojas de la vida antes de convertirse en inmigrante en Suecia, se desempeñó como Secretaria General de Migración en Honduras.
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Docente
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