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La democracia liberal y representativa supone un marco de participación amplio y abierto para la ciudadanía. No obstante, son pocos los “actores de veto” que, en la práctica toman las decisiones. Estos se reducen a las y los representantes o miembros del Congreso y al Presidente y autoridades ejecutivas. Así, se genera una falta de control público y social;  lo que se denomina como accountability, tanto horizontal como social.

Esta falencia detectada de desarrollo de instrumentos de participación ciudadana, está estrechamente ligada al empoderamiento ciudadano(Smulovitz y Peruzzotti, 2002). Para ello se requiere mayor información disponible, respeto de los derechos individuales y la publicidad y transparencia de la toma de decisiones de los distintos poderes (ejecutivo, legislativo y judicial). Es decir, lo que Oszlak (2013) determina como “Estado abierto”, pero que el resto de autores hablan de “gobierno abierto”.

A razón de esta situación de “crisis de representación”, los actores que desean influir en el proceso político con fines de generar un mayor control social, deben hacer un trabajo de convencimiento y seguimiento a las autoridades decisorias. Normalmente, quienes pueden realizar ese trabajo, debido a su disponibilidad de recursos, son los partidos políticos, a través de la disciplina partidaria, los sectores religiosos y las empresas, haciendo el denominado lobby. La ciudadanía, en cambio, tiene menor posibilidad de influencia debido a varias limitantes, entre ellas, el tiempo de dedicación que requiere. Así, su participación se limita al sufragio (la elección de autoridades), no pudiendo así, influir sobre decisiones y políticas públicas que le afectan directamente.

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“Activa el Congreso” asumió la difícil tarea de cambiar esa situación. Ante la posibilidad que la decisión en torno a la aprobación del aborto en Argentina quedará supeditada solo a pocos sectores, varios de ellos sin conocimiento de causa sobre embarazos no deseados y las situaciones de abortos inseguros, al cual normalmente acceden mujeres de escasos recursos; de esta manera, la práctica del aborto plantea problemas de inequidad y refuerzan las diferencias entre los sectores sociales. Por estos motivos, un grupo de activistas decidió traer a la población de vuelta al Congreso, entendiendo el aborto como un problema público que, particularmente, afecta a los derechos reproductivos y la salud física, psíquica y social  de las mujeres y, por ello, necesita estar en el centro del debate social.

Dicha tarea no resultó fácil. El Congreso o Asamblea Legislativa, es quizás una de las instituciones más anquilosadas de la democracia representativa. Sus miembros, a menudo, son objeto de críticas por su falta de representatividad y su alejamiento con sectores de la sociedad civil. En la última encuesta de Latinobarómetro, en promedio, el 42% de la población en América Latina no confía en el Congreso y el 36% confía poco. Sin embargo, a pesar de esta baja legitimidad, legisladores y legisladoras siguen teniendo en su potestad la posibilidad de decidir sobre las normas que rigen nuestras sociedades, dirimir los grandes debates que enfrentan nuestras sociedades y deliberar al respecto. Entonces, reactivar el Congreso implicaba no solo hacer que la ciudadanía vuelva a creer que puede influir en los y las congresistas, sino también que éstos vuelvan a ver a la ciudadanía como un actor válido.

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Para ello, se creó una plataforma online que posibilita que cada ciudadano y ciudadana pueda comunicarse directamente con sus representantes a través de tuits, mensajes de Facebook e, incluso, llamadas a sus despachos. Además, la plataforma te brinda mensajes pre-escritos: “Hola! Estuve buscando declaraciones tuyas pero no encontré nada que aclare cómo vas a votar sobre la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo…”, y un repositorio de documentos y argumentaciones para que, la persona que se comunique con el o la legisladora, intente convencerla de manera informada.

Tan simple como suena, “Activa el Congreso” hizo que usuarios y usuarias envíen mensajes a sus representantes en más de 160.000 ocasiones. La página web de la plataforma tuvo 1,3 millones de visitas durante todo el proceso, con más de 172.000 usuarios (72% fueron mujeres y 40% jóvenes entre 18 y 24 años). Sus impactos fueron múltiples: se generó un nuevo relato con respecto a la capacidad ciudadana de influir directamente en la toma de decisiones y, de hecho, 3 diputados de La Pampa que cambiaron su voto a último momento a favor del aborto, fueron a su vez, los más “activados” mediante tuits y llamadas.

No obstante, esto no hubiera sido posible sin un considerable trabajo de campaña activista. “Activa el Congreso” estuvo activo a su vez en Twitter,  Facebook e Instagram, a través de videos virales grabados por los y las mismas activistas, articulación de diversos movimientos y grupos, acción de calle en las vigilias, pañuelazos y otros momentos de manifestación pública.

Más allá de la campaña por el Aborto legal, seguro y gratuito, “Activa el Congreso” se perfila como un mecanismo innovador para introducir a la ciudadanía como un actor con alta capacidad de presión e influencia en los procesos de toma de decisiones. Las tecnologías digitales y el ingenio comunicacional permiten que, a pesar de no tener ni los recursos ni el tiempo de dedicación que tienen los lobbistas profesionales, la ciudadanía pueda ejercer un rol más activo y tener mayor presencia en la política.

Bibliografía

Oszlak, O. (2013). Estado abierto: hacia un nuevo paradigma de gestión pública. Presentado a Congreso CLAD Montevideo.

Smulovitz, C. & Peruzzotti, E. (2002). Accountability Social: la otra cara del control. En Peruzzotti, E. & Smulovitz, C. (eds.). Controlando la Política. Ciudadanos y Medios en las Democracias Latinoamericanas. Bueno Aires: Grupo Editorial Temas.

 

Cristian León

Lidera el nuevo proyecto de Asuntos del Sur, #InnovaPolíticaLatAm. Licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Catolica Boliviana “San Pablo”. MSc en Estudios Críticos del Desarrollo del CIDES-UMSA. Investigador social en temáticas relacionadas a internet, política, tecnologia y sociedad.

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¿Hay una agenda para Internet en América Latina?

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Internet ha impactado en América Latina con igual, o hasta mayor intensidad, que en las regiones del Norte Global. Con mayor intensidad en tanto, como evidenciaron en su momento los distintos informes, hubo un incremento acelerado de la conectividad en los últimos 6 a 8 años. De acuerdo con la última publicación de la CEPAL, entre 2010 y 2016, el incremento alcanzó un 103%. Esta situación ha planteado serios desafíos de comprensión y adecuación por parte de las sociedades latinoamericanas a la era digital, pues a la par de ese acelerado paso, la tecnología no ha dejado de avanzar ni sus complejidades se han reducido.  

En esa línea, temas como la desinformación, vulneración a la privacidad, violencia digital, infraestructura insuficiente, falta de competitividad, vigilancia, exclusión y falta de participación se constituyen en problemas considerables que afectan actualmente a los países latinoamericanos. Si bien existe una gran incertidumbre, también abundan capacidades y quienes trabajamos por una internet libre, abierta y segura, estamos promoviendo una nueva agenda para internet en América Latina. Esa agenda aún está en definición, pero se siente que cada vez estamos más cerca de consolidarla.

Esto fue lo que se pudo visibilizar durante más de siete intensos días de eventos relacionados con internet en Buenos Aires, Argentina. Allí nos dimos cita distintas organizaciones, activistas, investigadores, periodistas y otros actores para discutir, desde distintos enfoques, sobre la situación de internet en América Latina. Acá te contamos un poco qué pasó con estos eventos y cómo nos acercaron un poco más a definir la agenda de internet para la región.

¿Cuál es la relación entre el espectro radioeléctrico y los derechos humanos?

Quizás no nos damos cuenta, pero la manera como se gestiona la infraestructura de telecomunicaciones determina nuestra libertad de expresión, asociación y capacidad de participar en democracia. El problema es que la regulación de las telecomunicaciones se ha tornado cada vez más compleja ante el incremento notable de personas conectadas, la emergencia de nuevos servicios y la prevalencia de intereses económicos y políticos. No obstante, los altos requerimientos técnicos para entrar en la defensa de derechos y políticas públicas en el área de telecomunicaciones, ha debilitado la presencia de la sociedad civil.

En ese marco, la organización Public Knowledge, con apoyo de  Derechos Digitales, Access Now, Fundación Karisma, Artículo 19 y Global Partners, entre otras, coordinó una amplia discusión y profundización de capacidades en varias temáticas como: servicios Over The Top(OTT), uso del espacio radioeléctrico, redes comunitarias, neutralidad de la red, capacidades de advocacy y organizaciones internacionales. Este primer evento, realizado previamente a LACIGF, permitió que distintos miembros de la sociedad civil podamos establecer un lenguaje común y horizontalizar así un campo que ha sido altamente controlado por un puñado de actores poco diverso.

Buscando una gobernanza intergeneracional

En los días previos al LACIGF, también se llevaron a cabo las reuniones Youth LACIGF+Youth IGF Argentina y el IGF Argentina, este último adelantando a contrarreloj el evento planificado para finales del segundo semestre del año.

Por primera vez se realizó una iniciativa nacional para las juventudes. Dado los intereses mutuos y espacios de colaboración pre-existentes, el Youth IGF Argentina y Youth LACIGF se unieron para convocar a jóvenes de entre 18 y 30 años en un espacio que alentara su inclusión en el ecosistema de gobernanza de internet. El encuentro combinó formatos dinámicos liderados por Youth LACIGF, desde grupos de debate sobre libertad de expresión y ciberseguridad, hasta un espacio donde los y las jóvenes intercambiaron experiencias e iniciativas que están impulsando en sus comunidades. Durante la tarde, Youth IGF Argentina invitó a quienes participaban a discutir sobre temáticas que se abordarían durante IGF Argentina, como género y tecnología, derechos digitales y responsabilidad de intermediarios, culminando con un taller de datos abiertos, ampliando así la agenda.

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Cierre del Youth IGF Argentina

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El encuentro no solo reflejó que los y las jóvenes buscan incidir sobre los temas de la agenda local y regional, sino que también buscan hacerlo mediante los espacios ya creados. Reflejo de esto fue cómo participantes del Youth asistieron posteriormente a los eventos de la semana, interviniendo y reconociéndose en pie de igualdad para abordar los temas críticos de la gobernanza de internet.

Redefinición de intereses

El IGF Argentina, por su parte, de manera acelerada -duró solamente un día- discutió varios aspectos clave y de interés público: inteligencia artificial, ciberseguridad, libertad de expresión -tema además trasversal en las diferentes sesiones- e inclusión. Si bien la discusión estuvo nutrida por parte de actores ya reconocidos en estas áreas, se sintió que de los cuatro eventos llevados a cabo durante esa semana, fue quizás el que más flaquezas demostró.

Habiendo sido esta su tercera edición, la participación viene en caída y también su legitimidad como espacio que nuclea a los diferentes sectores con intereses en juego en la gobernanza de internet. Tal vez esto se deba, en parte, a una tendencia general de las iniciativas IGF nacionales y regionales (INR) o bien a una tendencia del contexto local. Las sesiones no fueron parte de un proceso sistemático de discusión local y se sintieron desconectadas de espacios de incidencia. En algunos casos, además -como lo fue la sesión sobre inclusión de género- no avanzaron sobre las discusiones de ediciones anteriores. Pese a los esfuerzos por revalorizar el espacio, en el marco de una competencia entre eventos paralelos (nacionales e internacionales) por llevarse a sus mesas de discusión a los actores locales de peso político, el IGF Argentina parecía haber quedado huérfano por parte de actores que otrora defendieron y propiciaron este espacio.

Por once veces, América Latina reunida

Finalmente, se llevó a cabo el evento principal: la versión once del Foro de Gobernanza de Internet de América Latina (LACIGF). Esta versión se circunscribe a un momento de inflexión con respecto a gobernanza de internet a nivel global: la emergencia de una fuerte agenda multistakeholder para el tratamiento de la protección de datos personales.

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Panel «Amenazas a la libertad de expresión en el entorno digital: campañas de desinformación»

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En la región, se observaron claras brechas y caminos divergentes. Mientras existen varios países que ya contemplan una normativa con respecto a la protección de datos personales, la mayoría parece estar muy poco avanzado. Brasil, desde ese aspecto, es el primer país -tal cual lo hizo con su Marco Civil del Internet- en poner la vara para una actualización de esta normativa en América Latina, frente a lo que es el GDPR europeo. No obstante, la región ingresa en este campo en una situación claramente desfavorable. Primero, tiene una menor capacidad de presión, desde las perspectivas individuales de cada país, con respecto a grandes empresas como Facebook, Google y Amazon. No obstante, como se observó en la discusión, sería distinto si se mirara a Latinoamérica como un gran mercado unificado. Segundo, en muchos países no son necesariamente las empresas multinacionales quienes más lucran con datos personales, sino los propios gobiernos y las empresas de telecomunicaciones. En esos casos; ¿cómo se logra una mejor regulación?

Otro tema abordado, que compete a la situación del Sur global de Latinoamérica fue la inclusión digital. Esta fue tratada desde la perspectiva de género, de manera muy bien delimitada por las panelistas, quienes demostraron con argumentos sólidos la prevalencia de la brecha digital de género. No obstante, quedó clara la dificultad de comprensión de esta problemática cuando se la aborda sólo desde los indicadores y las estadísticas con las que se miden- Por ejemplo, brechas territoriales y que toman en cuenta sólo si alguien se conecta o no. La brecha de género requiere de nuevas metodologías y paradigmas para poder observar la incidencia real de la exclusión de mujeres de los puestos de toma de decisión, las violencias que disuaden una participación amplia, el diseño de futuras políticas y la participación en la economía digital, entre otros.

Además, se trataron también problemáticas referidas a la desinformación, ahondando sobre experiencias en Colombia y México, la transición a la IPv6, desde una perspectiva de sus desafíos de seguridad y los problemas de compatibilidad, pautas para una regulación de internet desde distintas miradas regionales, entre varias otras.

Cabe destacar una mayor presencia del sector privado y organizaciones de sociedad civil. Estas últimas destacaron la necesidad de incidir en espacios de toma de decisión más allá de Foros de discusión, quienes defendieron derechos de la ciudadanía y demandaron mayor transparencia y acciones concretas a empresas. En ese sentido, hubo una posición común en pensar LACIGF, ya no como sesión preparatoria para IGF, sino como espacio con fuerza en sí mismo.

En definitiva, el Foro de Gobernanza de Internet en Latinoamérica se ha consolidado como un espacio de encuentro y, desde el cual, plantear una propia agenda sobre internet. Esta agenda ya va tomando sus propios temas y orientaciones, no obstante, sigue definiéndose en relación a los debates del Norte global, esto se nota, por ejemplo, en la influencia del GDPR en la discusión sobre la protección de datos personales. Por otro lado, es importante el rol de liderazgo que van tomando las organizaciones sociales por sobre empresas y gobiernos, esto debe tomarse de manera positiva, pues abre la puerta de que a futuro, la agenda tenga un mayor contenido en torno a derechos y participación ciudadana, más que intereses económicos y políticos de unos cuantos.

 

Antonella Perini | Cristián León

Antonella Perini, Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de San Andrés y Magister en Relaciones Internacionales Europa-América Latina por la Universidad de Bolonia. Asiste en proyectos de investigación en InnovaPolíticaLatam de Asuntos del Sur, en temas de política, innovación, ciencia, tecnología y desarrollo sustentable | Cristián León, Lidera el proyecto de Asuntos del Sur #InnovaPolíticaLatAm. Licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Catolica Boliviana “San Pablo”. MSc en Estudios Críticos del Desarrollo del CIDES-UMSA. Investigador social en temáticas relacionadas a internet, política, tecnologia y sociedad.

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Construyendo resiliencia digital con activistas en Nicaragua

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Nicaragua vive desde hace cinco meses, una de las peores crisis políticas y sociales en el continente. Esta crisis ha sumido el país en una situación de extrema violencia que ha puesto a la angurria del poder absoluto, por encima de los derechos humanos más esenciales. Este contexto ha incrementado los riesgos para la manifestación política, cancelando así, la libertad de expresión y asociación y, con estas, la democracia.

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Hasta el momento se contabilizan más de 300 muertos, 2.000 heridos y cientos de desaparecidos. La sociedad civil se halla debilitada y desarticulada ante una precarización de la vida y el constante asedio político. Las organizaciones internacionales, pese a sus esfuerzos de mediación y veeduría, han sido desacreditadas, siendo el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones (ACNUDH) expulsado, pocos días después de emitir su informe sobre violaciones a los DD.HH. Esta situación dificulta las posibilidades de acción, empero, no debería hacernos desistir, sino seguir apoyando.

A través de sus redes con organizaciones nicaragüenses, Asuntos del Sur generó un proyecto para apoyar en la construcción de resiliencia digital para activistas políticos, sobre todo grupos universitarios, periodistas y organizaciones de la sociedad civil. Así se envió una pequeña misión durante el mes de junio, que brindó capacitación y asesoramiento directo para resolver cuestiones urgentes de vulnerabilidades digitales; a su vez, se armó un curso online especial, para intentar generar capacidades en un número más amplio de activistas y personas con perfil público.

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Las experiencias y aprendizajes obtenidos, han sido recopilados en este breve texto (ResilienciaNic) que analiza los riesgos observados, con base en la información obtenida en campo y desde los propios testimonios de activistas y periodistas. Al mismo tiempo, plantea desafíos y acciones futuras necesarias.

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A partir de este proyecto, Asuntos del Sur se plantea el compromiso de seguir haciendo causa y defendiendo los derechos humanos en la región.

Pueden descargar el informe aquí

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De los vientos de cambio a lo concreto: ¿Cómo medir el impacto del Gobierno Abierto?

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Al acercarnos a la primera década de vigencia de implementación de iniciativas de Gobierno Abierto (GA) en el marco del Open Government Partnership (OGP), y con 79 países y 20 gobiernos subnacionales que han virado hacia este modelo de gestión pública, cabe preguntarnos sobre qué tipos de impacto ha producido en la sociedad y en la vida concreta de las personas.

La mayoría de la literatura sobre GA se ha concentrado en el análisis de potencialidades, pero sin aproximarse a su validación y evaluación. Si bien, en una primera fase, este tipo de abordaje ha resultado útil, pues permitió posicionar al GA como un modelo innovador, a largo plazo se requiere poder demostrar su capacidad para renovar la gobernanza y generar impactos. Esto, claro, tomando en cuenta lo que el GA puede y no cambiar.  De otro modo, el GA se convertirá en un modelo de transición sin posibilidad de reproducirse más allá de lo discursivo.

En base a lo anterior, en este breve artículo profundizaremos sobre la cuestión de medición de sus impactos y proveeremos algunos lineamientos metodológicos.‍

Operacionalizando el GA‍

El GA ha sido mayormente analizado desde sus vetas conceptuales, evitando así ser discutido desde sus ejes más pragmáticos. Es así que raramente se encuentra literatura que aborde su operacionalización en variables, categorías e indicadores de medición. A su vez, la mayor cantidad de estudios disponibles se enfocan en sólo uno de sus pilares: la transparencia y rendición de cuentas, pero pocos lo hacen en los temas de participación y co-creación.

Estas flaquezas metodológicas imposibilitan la problematización del GA, pues invisibilizan aspectos críticos con respecto a sus posibles limitaciones, y más bien sobredimensionan sus expectativas. Esto es, creer que el GA puede de hecho resolverlo todo. Al final, el GA se convierte en un discurso vistoso para hablar de innovación pero sin posibilidad de demostrar cambios reales.

Una forma para aproximarse a la operacionalización del GA es desde su propia implementación. El GA se lleva acabo a través de Planes de acción que se elaboran y desarrollan cada 2 años, lo cual le permite aterrizar en forma de proyectos y acciones concretas. Los Planes de acción se componen a su vez de distintos “Compromisos” temáticos que contienen actividades o acciones específicas para cumplir con el mencionado compromiso. Los planes estipulan responsables, objetivos, organizaciones co-responsables para su seguimiento, fechas de inicio y terminación.

Desde esa perspectiva, el GA sigue los formatos y procesos cíclicos típicos de cualquier política pública, esto es las fases de definición de problemas, análisis de alternativas, planificación estratégica, diseño operativo y evaluación. Esto implica que el GA pueda ser operacionalizado y analizado a partir de sus diferentes componentes.

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 Proceso de implementación de los Planes de Acción

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Fuentes: OGP, 2018

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El problema es que los Planes de acción no estipulan directamente indicadores de impacto más allá de aquellos de implementación. Estos, si bien son útiles para comprender la capacidad de los gobiernos para ejecutar sus propias políticas, no necesariamente capturan la información con respecto a los bienes públicos finales, aquellos que llegan a la población.

Los Planes de acción son evaluados por el Mecanismo de Reporte Independiente (MRI), una herramienta creada por OGP, para medir progreso. El MRI produce reportes individuales para cada Plan de acción a partir de las siguientes dimensiones de análisis:

• Proceso. ¿Qué tan abiertos son los diálogos para desarrollar los Planes de acción?

Estos son los grados y la calidad de los debates en torno al desarrollo del Plan de acción.

• Compromisos. ¿Qué tan claros, relevantes y ambiciosos son los planes de acción?

Para esto, se toman en cuenta cuatro variables para analizar los Planes de acción: medibles, relevantes con respecto al GA, transformativos, y tienen un avance significativo hacia su finalización

• Impactos. ¿Qué tan visibles es la relación entre la implementación de los planes de acción y cambios en la gobernanza?

Si bien, en su última dimensión, el MRI debería poder brindar información sobre cómo las iniciativas implementadas podrían llegar a “mover la aguja” con respecto al beneficio generado para las personas, este tiene serias limitaciones. Es más, dentro de su propio abordaje metodológico, se aclara que el MRI no es un instrumento diseñado para medir impactos en tanto su rol primario es de herramienta de implementación. Sus indicadores toman en cuenta aspectos inherentes a la propia visión de quienes ejecutan los Planes de acción, no así de los beneficiarios. Es decir, el MRI levanta información a partir de la propia capacidad de los Gobiernos para convertirse en “Gobiernos abiertos”, pero no contempla a los resultados e impactos finales del GA.                                              

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Dimensiones de análisis del MRI

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Fuente: OGP, 2015

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Entonces, ¿Cómo medir impactos?‍

Una de las complejidades con respecto al GA es que opera sobre dimensiones político-sociales altamente volátiles y dependientes de factores ajenos a su propia implementación. Así por ejemplo, la percepción de mayor o menor gobernanza, entendida como inclusión en la toma de decisiones, no depende solamente de la existencia de mecanismos de participación, sino de una serie de factores, varios de cuales pueden estar ligados a temas políticos. Lo mismo puede suceder en temas de transparencia, seguridad ciudadana y confianza, entre otros.

Al mismo tiempo, la información para medir cambios de percepción en la población son, en varios casos, inexistentes. Los indicadores no están ajustados a cuestiones específicas referidas al GA, sino desde aspectos muy generales como: apoyo a la gestión de gobierno, victimización con respecto a la corrupción y confianza en el sistema político, por nombrar sólo algunos. Ninguno de estos depende única ni exclusivamente de la capacidad transformativa del GA.

Finalmente, parece ser que el término de “GA” no ha sido adoptado por públicos masivos, sino que ha quedado como un calificativo técnico. Es decir, el GA lo entienden sólo quienes lo implementan, algunas organizaciones, y las personas con experticia en esta materia. Por ende, su impacto no puede medirse desde un conjunto íntegro sino desde sus temáticas más concretas: se puede medir la lucha contra la corrupción pero no necesariamente la “apertura del gobierno”.

A partir de lo anterior, entonces se requiere profundizar el debate metodológico de modo que se pueda empezar a generar información crítica que pueda ayudar a medir los impactos reales y las transformaciones sociales detrás del GA. En función de ello, se propone tomar en cuenta lo siguiente:

• Dar mayor preponderancia a los estudios que aborden los impactos desde lo cualitativo. Esto implica hacer estudios de caso, profundizar en testimonios que reflejen en qué modo ciertos aspectos críticos del GA están realmente generando cambios en la vida de las personas y las organizaciones. Al respecto, recientemente OGP lanzó CitizENGAGE. A través de esta herramienta, OGP busca dar a conocer las historias de la ciudadanía que se está aliando a sus gobiernos para dar más fuerza a sus voces, promover oportunidades y generar cambios.
• Generar indicadores propios a partir de una línea base y de un mapeo de actores en los cuales se ejercerá potenciales efectos y resultados. Los actuales Planes de acción parecen carecer de estos y sólo se afianzan en los indicadores de progreso propios del MRI. Esto equivale a justificar que sólo la “ejecución presupuestaria” es suficiente para medir los resultados de un gobierno.
• Mirar también adentro. Si bien se busca que el GA impacte en la vida de la población, no se debe dejar de lado que su orientación es la de transformar la gestión pública. Entonces, los primeros impactos deben ser buscados en la propia esencia de la cultura política de la burocracia.
• Encontrar las personas beneficiarias. Como se mencionó, gran parte de los beneficios no necesariamente llegan al gran conjunto de la población, sino a sectores y organizaciones específicas. Por lo mismo, es vital entender primero cómo estos han cambiado sus relaciones con los Gobiernos a partir de las iniciativas de GA antes de llegar a entender sus impactos a nivel de la sociedad en su conjunto.

En conclusión, la metodología disponible y usada por OGP para el análisis de impactos, el MRI, si bien posibilita un análisis de los Planes de acción desde su implementación, no es suficiente pues no logra captar cómo las iniciativas de GA están realmente generando cambios en los usuarios finales. En ese entendido, este artículo buscó ampliar el debate metodológico al plantear  abordaje cualitativo, la generación de indicadores nuevos y replanteamientos con respecto a beneficiarios.

Sólo evidenciando resultados concretos de los impactos del GA podremos determinar las posibles falencias, de otro modo, no podremos profundizar y consolidar sus alcances y caeremos en su sobredimensionamiento discursivo.

 

Cristian León

Lidera el nuevo proyecto de Asuntos del Sur, #InnovaPolíticaLatAm. Licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Catolica Boliviana “San Pablo”. MSc en Estudios Críticos del Desarrollo del CIDES-UMSA. Investigador social en temáticas relacionadas a internet, política, tecnologia y sociedad.

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En medio de una gran convulsión social -debido a la crisis económica imperante-, esta semana Buenos Aires es sede de la Conferencia Internacional de Datos Abiertos (IODC18), Abrelatam, así como de varios otros eventos para la discusión, reflexión y conmutación de agendas en torno al manejo y uso de datos. Una gran parte de las personas asistentes se relacionan con temas político-sociales: son tomadoras de decisiones, asesoran en gestión pública, desarrollan aplicaciones cívicas, son activistas de los derechos humanos. Es decir, no necesariamente trabajan en el área de la informática o se dedican a la tecnología por la propia tecnología.