El gobierno derogó la resolución que exigía la paridad en empresas y asociaciones civiles, uno de los 17 objetivos de desarrollo estipulados por Naciones Unidas. Argentina fue pionera en la materia al ser el primer país del mundo en aprobar la Ley de Cuotas de Género en 1991.

En un golpe directo a los avances por la equidad democrática, el gobierno argentino derogó la resolución que exigía paridad de género en empresas y asociaciones civiles: nos referimos a las resoluciones 34/2020, 35/2020, 42/2020 y 12/2021 de la Inspección General de Justicia (IGJ) que establecían paridad de género en los órganos de administración de las sociedades.

La normativa alcanzaba a sociedades anónimas, asociaciones civiles en proceso de constitución, asociaciones simples que solicitaron su registro voluntario, fundaciones con un consejo de administración de integración temporaria y electiva, y las sociedades estatales.

Un estudio de la consultora KPMG indica que sólo un 10,3% de los miembros de directorios de las empresas más grandes de la Argentina estaba compuesto por mujeres cuando se dictaminaron las mencionadas resoluciones. Luego de tres años, el porcentaje había ascendido a 17,5%.

En América Latina, menos del 2% de los puestos más altos en empresas privadas son ocupados por mujeres y a nivel global solo el 5% de las empresas tiene CEOs del sexo femenino.

En el lado de la arena política podemos observar con claridad cómo las políticas y acciones positivas, como las cuotas y paridad, han logrado impactar directamente en la composición de las Cámaras. con un marcado aumento en la proporción de mujeres que ocupan cargos parlamentarios y ministeriales. Con una paridad del 35%, la región tiene la segunda puntuación más alta después de Europa.

Argentina ha sido pionera en esta materia al ser el primer país del mundo en aprobar una Ley de Cuotas de Género en 1991, y posteriormente promulgar la Ley de Paridad de Género en los Ámbitos de Representación Política. Desde entonces, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Panamá han aprobado leyes similares. Varios de estos países han ido más lejos: México, Bolivia y Ecuador han impuesto la paridad de género en todos los poderes del Estado. Doce de los 21 países de la región han tenido una mujer como Jefa de Estado en los últimos 50 años.

La necesidad de implementar este tipo de políticas radica en la persistencia de barreras estructurales: representan los primeros pasos para la necesaria transformación cultural, política y social para su inserción orgánica en una democracia paritaria o tendiente a la paridad.

Según el Foro Económico Mundial, América Latina también ha observado mejoras en la paridad de género en la participación de la fuerza laboral, la remuneración y la representación femenina en puestos directivos y de liderazgo. En este sentido, destacan la importancia de la colaboración público-privada para cerrar las brechas económicas de género mediante políticas y programas efectivos.

Para mirar más allá de la región, el Parlamento Europeo, en 2022, adoptó una ley para impulsar la igualdad de género en las cúpulas empresariales. Su aprobación requirió de años de negociaciones y el acuerdo final y busca aumentar la presencia de mujeres en los consejos de administración y obligar a las empresas a tener al menos el 40% de puestos de director no ejecutivo o el 33% de todos los puestos de director ocupados por personas del género menos representado para junio de 2026. Francia, Alemania, España e Italia también cuentan con legislación específica al respecto.

La igualdad como horizonte

La brecha existe. No es una sensación ni una moda. El desafío sigue siendo enorme, se requieren estrategias multiactorales que, sin duda, deben ser motorizadas por el Estado ya que es a través de las capacidades estatales y la voluntad política que podemos garantizar que estos avances sean hacia la igualdad efectiva. Pero también aprendimos que el Estado solo no puede y es necesario construir estrategias con el sector privado, organismos multilaterales, sociedad civil y la academia para trazar horizontes que permitan pensar la equidad y el fortalecimiento democrático.

La agenda 2030 enmarca el “plan de desarrollo para un futuro sostenible” basado en 17 objetivos de Desarrollo y adoptado por los países de Naciones Unidas “como su hoja de ruta”. Estos objetivos permiten abordar los problemas enmarañados -complejos, entrelazados- como la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia a nivel global con acciones y metas multinivel muy específicas.

En este sentido, la Agenda 2030 contempla el ODS 5 para lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, un objetivo clave para lograr el resto de las dimensiones del desarrollo inclusivo y sostenible. No obstante, para hacerlo efectivo se debe operar tanto en la esfera pública como privada.

Entre las metas y recomendaciones de Naciones Unidas se establece la necesidad de modificar las leyes discriminatorias y adoptar otras que promuevan activamente la igualdad. Al mismo tiempo, desde el organismo advierten que al ritmo actual se necesitarán 300 años para lograr la igualdad efectiva.

El mundo sin la visión de las mujeres ya no es una posibilidad, por eso debemos poner la igualdad como horizonte para lograr espacios donde las mujeres participen en condiciones de igualdad, la sociedad avance y la democracia se consolide.

Dentro de ese marco se asoma la certeza de que gana la ciudadanía y ganamos todas. Como dice Tara Cemlyn-Jones, quien está al frente del organismo británico 25×25, que defiende la paridad en las empresas:

«El mundo del trabajo se ha ideado para responder a las necesidades de los hombres»; y yo agrego: pero ya es hora de cambiarlo.

Autora: Fiorella Wernicke, Directora Ejecutiva Asuntos del Sur
Publicado en: Perfil.com