La seguridad ha sido el tema más importante para la mayoría de los latinoamericanos durante las últimas tres décadas y posiblemente jugará un rol principal en el periodo post Covid-19. Frente a esta prioridad ciudadana, las respuestas a la diversificación de la criminalidad y el aumento de las violencias han sido monocordes. No han evidenciado un debate o distinción entre gobiernos de derecha o izquierda, y las propuestas llamadas “progresistas de seguridad” terminan siendo utilizadas durante las campañas electorales para posteriormente ser abandonadas. Es hora de cambiar de eje interpretativo. El presente informe propone una provocación: la necesidad de repolitizar el debate de la seguridad, reconocer la necesidad de políticas progresistas de seguridad que se alejen del castigo y el discurso punitivo. Este cambio tiene como primer escalón la profesionalización de civiles en los partidos políticos, movimientos sociales y organizaciones gubernamentales que puedan diseñar e implementar estas iniciativas.