El estudio ¿Futuros (im)Posibles?, elaborado por la red de incidencia regional de juventudes, RADAR, con el apoyo de Asuntos del Sur, ofrece una radiografía crítica sobre el estado del espacio cívico en Centroamérica y México desde la mirada de las juventudes. En un contexto atravesado por disputas por los territorios, las narrativas y el poder político, las juventudes luchan por mantener vivos sus espacios de expresión, organización y protesta. El espacio cívico se ha convertido en un campo de disputa cotidiano donde se defienden derechos fundamentales y se ponen en juego futuros posibles.
RADAR es una red de articulación juvenil creada para fortalecer la democracia frente al cierre del espacio cívico en el Sur Global. Nace como un espacio colectivo donde organizaciones y liderazgos jóvenes se conectan, comparten aprendizajes y construyen estrategias comunes para resistir contextos hostiles y violentos. Su propósito es generar sinergias regionales que permitan no solo defender derechos fundamentales, sino también imaginar y poner en práctica nuevas formas de participación política y ciudadana, más abiertas, inclusivas y sostenibles.
Principales hallazgos:
barreras y retrocesos A través de una encuesta regional a más de 150 jóvenes de entre 18 y 35 años de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y México, se identificaron los principales desafíos, obstáculos y estrategias que marcan hoy la participación juvenil. En su mayoría, se trata de personas con más de tres años de trayectoria en organizaciones, colectivos, redes y movimientos sociales vinculados a la política, la comunidad, la cultura o la defensa de derechos.
Entre los hallazgos, la precarización económica aparece como una de las mayores barreras: ocho de cada diez jóvenes señalaron la falta de recursos como obstáculo central para sostener la acción política, obligándolos a elegir entre participar o sobrevivir. A esto se suma la estigmatización y criminalización del activismo, las restricciones legales y la vigilancia digital, que generan autocensura y ponen en riesgo tanto a las personas como a las organizaciones.
En el plano de los derechos, se observa una débil protección a la sociedad civil, acceso limitado a información pública confiable y restricciones a la libertad de expresión. En países como El Salvador y Nicaragua, el cierre del espacio cívico es percibido como casi total, mientras que en México y Guatemala la violencia, la censura y la reducción de fondos a organizaciones han erosionado gravemente las condiciones de participación.
Estrategias de resistencia y agendas prioritarias
El informe resalta múltiples estrategias de resistencia y cuidado: redes de apoyo mutuo, tecnologías seguras, formación en derechos humanos, activismo digital, radios comunitarias, plataformas de datos abiertos y pedagogías populares. Estos espacios creativos no solo sostienen la participación, sino que también permiten imaginar nuevas formas de democracia desde lo cotidiano y lo colectivo.
En cuanto a las agendas prioritarias, destacan el empleo digno, el acceso a educación de calidad, la protección ambiental y la participación ciudadana efectiva. Las juventudes muestran así una visión interseccional que conecta derechos sociales, económicos, ambientales y políticos.
El estudio concluye que el fortalecimiento del espacio cívico requiere medidas integrales: financiamiento directo a iniciativas juveniles, protección legal efectiva, acceso a información pública, educación cívica crítica y reconocimiento de la diversidad juvenil. Más allá de las restricciones, las juventudes siguen abriendo grietas de posibilidad, tejiendo redes y construyendo futuros más justos y democráticos.
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