La prohibición del ingreso a 60 periodistas acreditados en la Casa Rosada, presidida por Javier Milei, es el desenlace previsible de un proceso que «Marcadores de Erosión Democrática» de Argentina ya había clasificado en estado de deterioro crítico.

El Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, ejecutó una prohibición masiva de ingreso a la prensa acreditada en la Casa Rosada, vinculando arbitrariamente la labor con supuestas actividades de «espionaje ilegal». Con esta decisión, se interrumpe una tradición de transparencia y acceso a la información que no se había vulnerado ni siquiera en los períodos más oscuros de la historia argentina.

Los periodistas acreditados se encontraron con personal de Casa Militar y de la Policía Federal que, portando una lista con al menos 60 nombres de trabajadores de prensa, les impidió el ingreso. La eliminación del registro de huellas digitales y la revocación del permiso de acceso a los acreditados redoblan la escalada de hostigamiento que La Libertad Avanza (LLA) mantiene desde hace años contra los trabajadores de prensa.

Una medida que se venía gestando

El 7 de abril pasado se aplicó la primera restricción en Balcarce 50, replicada también en la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por Martín Menem, quien acompañó la decisión limitando el acceso a periodistas de medios que habían publicado artículos identificados por el oficialismo como parte de una «guerra híbrida». La excusa fue haber replicado notas supuestamente provistas por una agencia rusa con la intención de desacreditar al Presidente.

Desde el círculo de poder aclararon que no se trataba de algo «personal» contra los periodistas, sino contra los medios en los que trabajan.

Denuncias penales y hostigamiento presidencial

Durante la jornada del jueves 23 de abril, el Gobierno denunció penalmente a los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, del canal TN, por haber filmado determinadas áreas de la sede del Poder Ejecutivo.

«Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables», posteó el jefe de Estado en sus redes sociales. «Se terminó la época nefasta de las operetas periodísticas sin consecuencias», añadió.

El diagnóstico de Asuntos del Sur: alerta roja confirmada

El último informe de Marcadores de Erosión Democrática de Argentina en 2025 evalúa seis dimensiones y las clasifica en verde, azul, amarillo, naranja o rojo, según su nivel de riesgo. Tres de ellas —entre las que se encuentran las libertades civiles y políticas— quedaron marcadas en rojo, lo que indica una erosión grave y casi irreversible.

«El reporte identifica las agresiones contra periodistas como una de las alertas tempranas del deterioro democrático. Es la ejecución de una promesa de campaña que hoy, desde el poder del Estado, se convierte en un plan de destrucción institucional. Debemos decidir si vamos a permitir que se desmantele nuestra democracia frente a nuestros ojos», explica Matías Bianchi, director de Asuntos del Sur.

Los números del retroceso

Los datos de 2025 no dejan lugar a dudas. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) registró 257 ataques al ejercicio periodístico, un récord histórico, siendo el propio presidente de la Nación el responsable directo de 113 de esos casos. Argentina cayó 47 posiciones en el índice de Reporteros Sin Fronteras en apenas dos años, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó a una audiencia especial sobre libertad de expresión en el país. No puede olvidarse, además, el caso de Pablo Grillo, fotorreportero que perdió masa encefálica tras ser alcanzado por un cartucho de gas lacrimógeno en medio de una marcha de jubilados.

El informe ya documentaba un patrón de restricción progresiva del acceso periodístico: el endurecimiento de los requisitos de acreditación, el cierre de la agencia Télam y los sucesivos ataques al ejercicio de la profesión durante 2025, entre otras medidas. Lo ocurrido es la culminación de esa secuencia, y los indicadores que ya figuraban en rojo se profundizan aún más.

MED Argentina identifica la violencia estocástica como un patrón sistemático en la gestión de Milei. El Presidente señala, y la campaña de hostigamiento se desencadena. Lo sucedido hoy repite ese mecanismo con precisión. Mientras se borraban los accesos de los periodistas, el Presidente los descalificaba públicamente, configurando así una doble acción: la legitimación de un proyecto ideológico y el uso del aparato estatal para restringir la comunicación pública.

El argumento oficial del «espionaje ilegal», sumado a la respuesta de Milei en X, expresa algo más que una medida de seguridad: un control excesivo sobre lo que se ve —y lo que no se ve— puertas adentro del poder. El acceso de la prensa a la sede de gobierno es una condición básica de todo sistema democrático.

Lo ocurrido puede parecer un episodio aislado, pero quizá sea la gota con mayor poder erosivo dentro de una situación que viene escalando desde el inicio de esta gestión. Desde el lanzamiento de nuestras Alertas Autoritarias, en Asuntos del Sur hemos sostenido que las democracias no siempre colapsan de un día para el otro. Esto, dejará una marca profunda en ese camino.