Por: María Esperanza Casullo
y Matías Bianchi
Argentina se asoma a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1976 en un estado de profunda perplejidad. El objeto de esa perplejidad es nada más y nada menos que el estado de nuestra democracia. ¿Nuestra democracia está sólida o débil? Y, ¿cómo y desde dónde respondemos a esta pregunta?
El autoritarismo contemporáneo ya no suspende la Constitución, utiliza las instituciones vigentes para impulsar su agenda. No cancela la institucionalidad sino que juega en sus contornos. El exceso de los Decretos de Necesidad y Urgencia del actual gobierno—como el 70/2023 que derogó más de 300 leyes de un plumazo— y el recurso abusivo al veto presidencial representan una forma de «cesarismo democrático». Todo legal.
Más preocupante es la resistencia del Ejecutivo a aceptar las reglas del juego cuando le son adversas. El caso de las leyes de financiamiento universitario y movilidad jubilatoria es emblemático: ante la anulación de los vetos por parte del Congreso con mayorías agravadas, el gobierno optó por declarar dichas leyes «suspendidas». Esta «suspensión» de facto no solo es inconstitucional, sino que representa un quiebre en el equilibrio de poderes. Ya no es la «suma del poder público» obtenida por las armas, sino la parálisis deliberada de los contrapesos institucionales.
Está claro que si comparamos la salud de nuestra política con el año 1976, la Argentina ha logrado éxitos que en 1983 parecían impensables. ¡Llegamos cuatro décadas de democracia ininterrumpida! Y, sin embargo, también la democracia cruje por todos lados. Una cifra de pobreza mayor a la que existía en 1976, una ciudadanía desencantada que vota en menor porcentaje en cada elección, ascenso de fuerzas que llegan al poder paradójicamente afirmando que la democracia no sirve y que limitan o erosionan derechos civiles, políticos y sociales. Vivimos en democracia, sí, pero una democracia más frágil, más imperfecta y, en definitiva, menos democrática de lo que soñamos en 1983.
El Reporte Sobre la Democracia del V-Dem Institute de 2026 señala a la Argentina como uno de los países que han girado más fuertemente al autoritarismo en el último año; de hecho, para ellos Argentina tiene el dudoso privilegio de pertenecer a los 10 países que más democracia han perdido en este último tiempo. Algo similar mostrábamos en el reporte “Marcadores de erosión democrática 2025” de Asuntos del Sur y en una nueva versión producida en 2026. En estos informes señalamos el debilitamiento institucional mediante el uso de DNU y medidas de excepción, la persecusión judicial a periodistas, las restricciones al derecho a la protesta y la huelga, el desfinanciamiento de funciones claves del estado como la educación, la salud y la atención a las personas con discapacidad, la creación de una esfera pública violenta a través del uso del insulto y el acoso. No pueden quedar dudas de que el gobierno de Javier Milei lleva adelante un proceso de autocratización incremental desde adentro.
En 1976, la dictadura impuso mediante la violencia abierta un orden que en gran medida buscaba generar silencios sociales. Nada que ver con los procesos de autocratización actuales, que en gran medida están basados en la generación consciente de cacofonías sociales: gritos constantes, espectáculos que mezclan estética de recital de rock con insultos a sus adversarios, públicos que se azuzan en redes sociales, fake news y memes. En todo el mundo vemos líderes que están en nuestras pantallas todo el día, gritando, bailando, y posteando imágenes de sí mismos como superhéroes musculosos o figuras bíblicas.
La palabra como arma
En la memoria colectiva de los argentinos y argentinas el 24 de marzo está ineludiblemente conectado con un recuerdo sonoro: una voz marcial enunciado en radio y televisión “Comunicado Nro 1”. La voz humana, la palabra, dando forma oficial a un proceso político.
Es fácil olvidar el rol central de la palabra en la política, y que todo proceso autoritario comienza con la captura y degradación del lenguaje. En la década de los 60, la construcción retórica del «enemigo interno» preparó el terreno para la aniquilación física. Hoy, esa lógica reaparece bajo el disfraz del combate contra la «casta», el «comunismo» o el «anti-wokismo». Como dijimos, el efecto es cacofónico. Sin embargo, no hay que olvidar que aún en esta cacofonía hay voces privilegiadas. El presidente es el nodo central en el esquema comunicacional político, ya que su voz es la única con la autoridad política suficiente para designar amigos y enemigos.
La diferencia fundamental es que hoy el campo de batalla es la esfera pública digital y el atril presidencial. Los nuevos soportes son posteos, memes, reels, imágenes creadas con inteligencia artificial. Los mensajes, como dijimos, se multiplican pero aún en esta diversidad hay un hilo conductor: una visión de la política como inherentemente violenta, como una guerra contra adversarios sacados de los repertorios de la alt-right norteamericana: lo woke, el colectivismo, las feministas, los parásitos, los orcos.
El concepto de violencia estocástica es el eje de esta nueva fase. Cuando el Presidente califica a los oponentes de «ratas», «parásitos», «orcos» o «terroristas económicos», no está simplemente incurriendo en exabruptos; está emitiendo una señal de baja frecuencia a una red capilar de seguidores que interpretan ese mensaje como una oportunidad de hostigamiento. Nuestras investigaciones destacan cómo en esta práctica se ha vuelto un mecanismo de identificación y formación de identidad política a través del ataque digital coordinado. La formación de un “nosotros” tiene como un componente central creer que se tienen los mismos enemigos.
La violencia discursiva se relaciona de maneras complejas con la violencia real y concreta, como hemos visto en el caso del doble femicida y activista libertario Pablo Laurta. No es casual que este maniqueísmo extremo presenta un claro patrón de género. Mientras que la mayoría de los críticos varones a veces son respetados o ignorados, las mujeres —periodistas como Julia Mengolini o artistas como Lali Espósito— son objeto de campañas de difamación masiva, ataques con deep fakes y amenazas que trascienden la pantalla para afectar su seguridad personal. Al convertir al adversario en una patología o una amenaza a eliminar, se rompe la premisa básica de la democracia: que el otro es un interlocutor legítimo.
La palabra llega finalmente a los cuerpos
La reducción democrática se explica y se legitima con la palabra, pero la finalidad última es impactar en la vida cotidiana, en los cuerpos. Margaret Thatcher dijo que la verdadera finalidad era el cambio cultural, pero ese cambio cultural implica cambios concretos en las libertades y los derechos de trabajar en condiciones dignas, de tener acceso a la educación y a la salud de calidad, de usar el espacio público, de disfrutar el ocio. El discurso que ataca a los sindicatos como parásitos y ladrones se hace realidad en una reforma laboral que hace que las personas trabajen doce horas seguidas; el discurso que ataca a las orientaciones sexuales disidentes se hace realidad en el aumento de ataques a personas LGTBIQ+ en la vía pública; la demonización de los discursos de género es instrumental para la eliminación de las políticas contra la violencia de género.
La etapa final de la secuencia de erosión democrática es la reducción sustancial del espacio para la contestación pública. El protocolo antipiquetes —que legaliza una postura represiva arbitraria— y la flexibilización para que las fuerzas de seguridad actúen sin orden judicial son ecos distantes, pero reconocibles, de las épocas más oscuras.
La violencia policial en las marchas de jubilados y el hostigamiento sistemático a periodistas de investigación —que ha llevado a la Argentina a caer 47 puestos en el índice de libertad de prensa de RSF— configuran un escenario de «disciplinamiento» social. Cuando el Estado nacional defiende a agentes que arrojan gas lacrimógeno a niños o que provocan daño cerebral a periodistas, está enviando un mensaje de tolerancia hacia la violencia institucional que rompe el pacto de «Nunca Más».
A esto se suma la preocupación por la reactivación de capacidades de espionaje interno a través de la SIDE y los cambios en la Ley de Acceso a la Información Pública, que ahora permite mantener bajo secreto datos sobre la «vida privada» de los funcionarios, obstaculizando el control ciudadano sobre posibles casos de corrupción.
Argentina en la Internacional Reaccionaria
Argentina no está sola en este deslizamiento autoritario. Según V-Dem, hoy el mundo tiene menos democracias (N=88) que autocracias por primera vez en más de 20 años. El mismo informe pone a Argentina en un grupo de países que se han vuelto más autoritarios, como Estados Unidos, Hungría, India. Así como hubo una ola global de golpes de Estado en el Sur Global apoyados por países del Norte inmersos en la Guerra Fría, hoy la “internacional reaccionaria” es parte de otro tsunami equivalente.
Argentina se ha convertido en el laboratorio global de una nueva derecha radical. Como señala un artículo reciente en Foreign Affairs, el alineamiento ciego con figuras como Donald Trump, Viktor Orbán o Benjamin Netanyahu inserta al país en una red global de autocratización que intercambia marcos retóricos, estrategias diplomáticas y recursos económicos.
El informe revela la existencia de «colaboración financiera blanda», como el rescate estadounidense de 2025 destinado explícitamente a apuntalar la posición electoral de Milei en las elecciones de medio término frente a la frágil situación económica. Al mismo tiempo, el retiro de delegaciones argentinas de cumbres climáticas (COP29) y la salida anunciada de la Organización Mundial de la Salud (OMS) marcan un repliegue soberanista que busca eludir los compromisos previamente asumidos y los mecanismos de rendición de cuentas internacionales. Este aislamiento diplomático no es ingenuo; es la búsqueda de desmantelar el «estorbo» de los tratados de derechos humanos que el país históricamente ha sido protagonista a nivel global.
El desafío de la memoria
En definitiva, la lucha democrática en la actualidad es más urgente que nunca. Sin embargo, vivimos en un momento de desconcierto. Esa misma cacofonía constante de palabras e imágenes puede hacer difícil orientarse, decidir estrategias comunes, no dispersarse frente al ataque del día. Es fácil suponer que la solución es renunciar, aislarse, intentar proteger el metro cuadrado. Hoy “Nunca más” significa resistir a estos embates y fortalecer los espacios de resiliencia. La vitalidad de las instituciones electorales, de los partidos y la masividad de las protestas en defensa de la salud y la educación pública demuestran que la sociedad no ha claudicado.
Dos cuestiones son clave. Primero, es necesario fortalecer los espacios de encuentro y de copresencia, cualquiera sean. Segundo, es importante identificar a los actores y sectores sociales más comprometidos con los valores democráticos. Nuestras indagaciones señalan que los grupos sociales más identificados con los valores democráticos son las mujeres jóvenes, las personas con discapacidad y sus familiares, y los jubilados y jubiladas. El mayor desafío es evitar la guetificación de las agendas de derechos y lograr que los derechos de cada grupo, identidad, comunidad, es un derecho de todos.
Y, finalmente, también se trata de imaginar una democracia nueva. La salida de la dictadura en 1983 felizmente no intentó recrear el sistema político de 1916, sino avanzar hacia nuevos discursos y nuevos derechos. El trabajo de reconstrucción que espera no debe ser nostálgico, sino valiente e imaginativo.