El conflicto entre Anthropic y el Pentágono que estalló este fin de semana es más que una disputa contractual, es una pregunta sobre soberanía: quién tiene el poder de decidir qué puede y qué no puede hacer la inteligencia artificial cuando esa IA ya está integrada en los sistemas de defensa, en las redes clasificadas del Estado y, progresivamente, en los engranajes de la vida pública de decenas de países. Claude, el modelo de Anthropic, fue el primer sistema de IA comercial en operar dentro de las redes clasificadas del ejército estadounidense. Cuando Trump ordenó expulsar a Anthropic del aparato federal porque la empresa se negó a eliminar las restricciones que prohíben usar su tecnología para vigilancia masiva y armas autónomas, quedó expuesto que las reglas éticas que hoy limitan el poder del Estado sobre sus ciudadanos no las fijó el Congreso, ni la justicia, ni ningún proceso democrático. Las fijó una empresa privada en sus términos y condiciones. Y cuando esa empresa se negó a cederlas, el presidente de Estados Unidos la castigó con una designación reservada históricamente para adversarios extranjeros.
Esto ocurre en un contexto donde Donald Trump es un líder autoritario que en lo que va del año ya ha lanzado ataques militares contra dos países, rompiendo el orden internacional que su propio país contribuyó a construir tras la Segunda Guerra Mundial. El mismo presidente que ordena bombardeos sobre naciones soberanas es el que ahora exige acceso sin restricciones a tecnologías de vigilancia masiva y armas autónomas. Y en ese escenario, OpenAI (la empresa más poderosa del ecosistema de IA global) decidió cerrar un acuerdo con el Pentágono en cuestión de horas, sin debate público, sin supervisión legislativa, con los mismos principios que Anthropic defendía pero presentados como una concesión razonable. Los llamados “varones tecnológicos” —Altman, Musk, Bezos, Zuckerberg— no son simplemente empresarios exitosos. Son actores geopolíticos que toman decisiones sobre infraestructuras críticas de la democracia global sin rendir cuentas, sin mandato popular y sin contrapesos institucionales reales.
Lo que este episodio deja en claro es que existe un vacío de soberanía en el corazón de la gobernanza tecnológica global. Los Estados han cedido el control sobre tecnologías que afectan directamente el ejercicio de derechos fundamentales. La soberanía, en este caso, no reside en el pueblo ni en sus representantes. Reside en los laboratorios de San Francisco y en la voluntad de los hombres que los dirigen. Cuando el debate sobre si la IA puede usarse para vigilar ciudadanos o dirigir armas autónomas se resuelve en una reunión entre un secretario de Defensa y un CEO, el resto del mundo no es parte de esa conversación. Es su objeto.
Para nuestra región, esto tiene consecuencias que van mucho más allá de Washington. América Latina no tiene capacidad real de auditar los modelos de frontera que ya corren en sus Estados, y no participa en las negociaciones que definen sus límites. Los modelos que procesan datos de nuestros ciudadanos, que asisten a nuestros gobiernos, que moldean nuestros espacios de información pública, son diseñados, entrenados y controlados por empresas que responden a la lógica del mercado estadounidense y, cada vez más, a los caprichos de un presidente que ha demostrado no tener ningún reparo en usar el poder del Estado como arma económica y militar. ¿Qué pasa cuando esas tecnologías ya integradas en la administración pública, en la salud, en los sistemas electorales de la región están sujetas a la voluntad de alguien que rompió el orden internacional? ¿Quién nos protege? ¿Qué instancia democrática, regional o global, tiene hoy la legitimidad y la capacidad de poner límites?
Por eso no alcanza con tener posiciones éticas claras. América Latina necesita con urgencia construir marcos de gobernanza de IA que sean a la vez centrados en derechos y técnicamente operativos. Esto significa regulación con dientes: no solo declaraciones de principios sino mecanismos concretos de auditoría, trazabilidad y rendición de cuentas sobre los sistemas que los Estados usan y contratan. Significa invertir en capacidades técnicas propias, en universidades, en agencias públicas, en organismos regionales, para que la región pueda evaluar, adaptar y producir tecnología que responda a sus propias necesidades democráticas y no a las de Silicon Valley. Y significa articulación regional: porque ningún país de América Latina tiene por sí solo el peso político para negociar en igualdad de condiciones con las empresas que hoy controlan los modelos de frontera. La gobernanza ética sin correlato técnico es solo retórica, y la capacidad técnica sin un marco democrático es otra forma de dependencia.
La soberanía tecnológica es la capacidad concreta de decidir qué sistemas corren en tu territorio, bajo qué reglas, con qué supervisión ciudadana y al servicio de qué proyecto político. Hoy esa soberanía no existe en nuestra región. Y mientras los varones más poderosos del mundo tecnológico negocian con los varones más poderosos del aparato militar más grande de la historia, nosotras —sociedades, organizaciones, ciudadanías del Sur— seguimos siendo espectadoras de decisiones que nos afectan profundamente y en las que nadie nos preguntó nada.
Construir soberanía tecnológica desde el Sur no es una opción: es una condición de posibilidad para que la democracia tenga algún sentido en el siglo que viene.