Ante el debate legislativo sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el denominado «Super RIGI»
El próximo 6 de agosto, el Congreso Nacional debatirá proyectos de ley que podrían introducir modificaciones profundas en el régimen de propiedad, inversiones y gestión del territorio en Argentina. Entre ellos se encuentra la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo tratamiento ha sido reprogramado para esa fecha.
Desde el Área de Democracia Ambiental y Sur Global de Asuntos del Sur consideramos que toda reforma con potencial impacto sobre el acceso a la tierra, los bienes comunes y el desarrollo de grandes proyectos de inversión debe discutirse con plena transparencia, participación ciudadana y respeto por los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos y ambientales.
Las transformaciones propuestas han generado preocupación entre organizaciones sociales, académicas y especialistas debido a sus posibles implicancias sobre el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones ambientales, la protección de los territorios y las garantías de las comunidades potencialmente afectadas. Diversos análisis señalan que la iniciativa modifica aspectos vinculados con expropiaciones, tierras rurales, manejo del fuego y desalojos, entre otros temas.
En un contexto de profundización de la crisis climática y de creciente conflictividad socioambiental, resulta fundamental fortalecer —y no debilitar— los mecanismos de gobernanza democrática que permiten prevenir conflictos, garantizar el acceso a la justicia y proteger a quienes defienden el ambiente y los derechos colectivos.
Argentina ha asumido compromisos internacionales, entre ellos el Acuerdo de Escazú, que establecen la importancia de asegurar el acceso a la información ambiental, la participación efectiva de la ciudadanía y la protección de las personas defensoras del ambiente. Estos principios deben orientar cualquier discusión sobre reformas que involucren el uso del territorio y los recursos naturales.
Desde Asuntos del Sur hacemos un llamado a que el debate parlamentario se desarrolle con amplia deliberación pública, evidencia técnica y perspectiva de derechos, garantizando que las decisiones sobre el futuro del país contemplen no solo la promoción de inversiones, sino también la sostenibilidad ambiental, la equidad territorial y el fortalecimiento de la democracia.