El COVID-19 cambió el mundo. Se ha puesto de manifiesto que esta pandemia excede a la emergencia sanitaria: se trata de una crisis a nivel económico, humanitario, de seguridad y de derechos humanos. No solo ha generado una desaceleración económica a nivel global, sino que ha evidenciado las graves fragilidades y desigualdades que afectan a los países entre sí y al interior de ellos (ONU).  Afectó la forma en que vivimos, producimos y nos relacionamos social, cultural, económica y políticamente. Para salir de esta crisis será necesario un enfoque que incluya la participación responsable y comprometida de todos los sectores y la diversidad de actores del mundo entero. También, se abre la oportunidad para un despertar regional: hoy más que nunca Latinoamérica demanda un cambio que integre voces y miradas históricamente excluidas.

A partir de este escenario, del lunes 14 al viernes 18 de septiembre, Asuntos del Sur coordinó el espacio DEMOCRACIA VIVA con la convicción de que podemos sentar las bases de un Nuevo Acuerdo Democrático, que ponga a América Latina en el camino hacia sociedades más inclusivas, paritarias y participativas.

DEMOCRACIA VIVA fue cocreada junto a 50 organizaciones, gobiernos, universidades y referentes/as de la región. Impulsamos 21 actividades, entre conferencias con líderes/as políticos/as, paneles de debate, conversatorios, twitteratón, laboratorios de innovación e inteligencia colectiva. Contamos con 38 oradores y 770 inscriptos de 20 países.

Durante una semana de arduo trabajo y gran compromiso, logramos sistematizar y consolidar propuestas concretas, con el firme propósito de que constituyan un punto de partida para guiar nuestros esfuerzos:

1. Exigimos lograr la paridad transversal, horizontal y vertical de nuestras democracias. Que la renovación de éstas vaya acompañada con mayor acceso a escaños para mujeres, indígenas, afros, personas con discapacidad, juventudes y personas LGTBI+ a la vez que se promueva la movilización social anti clasista y antirracista.
2. Necesitamos urgentes reformas institucionales para posibilitar el efectivo acceso a derechos y el respeto de las libertades, con especial énfasis en grupos étnicos, afro, diversidad de mujeres, colectivos LGTBI+ y minorías históricamente excluidas.
3. Se debe fortalecer el acceso a recursos y las capacidades de los Estados para que estos puedan brindar y garantizar la infraestructura adecuada: inversión en seguridad social, educación y salud pública.
4. Necesitamos repensar los paradigmas de gobernanza y planificación urbana, para fortalecer y revalorizar el rol de las comunidades locales en el desarrollo político, económico y social de las naciones.
5. Una renta básica universal es fundamental para garantizar una base común de ingresos para toda la población, a modo de redoblar los esfuerzos por combatir la pobreza y la indigencia.
6. Exigimos la configuración de un nuevo pacto fiscal redistributivo, que contemple el impuesto a las grandes fortunas, el combate a la cultura de la evasión y el desgravamiento de los sectores en situación de mayor vulnerabilidad.
7. Exigimos garantizar la democratización de la justicia y su independencia respecto al poder político, económico y de las corporaciones, así como fortalecer mecanismos institucionales y ciudadanos para la lucha contra la corrupción.
8. Apelamos a los Estados para garantizar el acceso y uso universal de internet como derecho, desde una perspectiva de inclusión digital. Se debe poner énfasis en la infraestructura, estándares y generación de protocolos de tecnologías digitales. Para esto, es fundamental universalizar su acceso y uso, reducir las brechas digitales (especialmente con una perspectiva de género e interseccional) y lograr una alfabetización transversal y efectiva. Necesitamos formación de formadores (y provisión de recursos básicos) y garantía de acceso y uso (y apropiación) para estudiantes desde edad temprana.
9. Alentamos la urgente entrada en vigor del Acuerdo de Escazú y su aprovechamiento como fuente normativa para avanzar con otras legislaciones vinculadas al acceso a la información, el derecho a la participación y a la justicia. Latinoamérica lidera el ranking de las regiones más peligrosas para ser defensor/a ambiental y, en este sentido, el Acuerdo de Escazú es impostergable. Asimismo, celebramos la iniciativa por un espacio interseccional con representación de distintos actores de la sociedad civil para que se encarguen de controlar el cumplimiento del acuerdo.
10. Velamos por una recuperación económica postpandemia que debería abrir el camino a la transición climática verde y a un nuevo modelo económico basado en la renovación de los recursos y no en su explotación.
11. Invitamos a Estados y sociedad civil a promover una desmilitarización de la seguridad y a la construcción de modelos comunitarios de seguridad ciudadana.
12. Bregamos por una educación con perspectiva de género que se aparte de la educación tradicional que perpetúa las violencias contra las mujeres y diversidades.
13. Exhortamos a los Estados a  cumplir con la normativa que resguarda la libertad de expresión y las garantías  para la integridad  de periodistas, activistas y líderes/as sociales. Asimismo, la creación y/o profundización de esquemas de  transparencia y acceso a la información pública. Dicha normativa debe actuar como garantía a la integridad y el derecho a la vida de estas personas en toda la región.
14. Llamamos a la adhesión, cumplimiento y apoyo a los Principios de Santa Clara, que fueron impulsados desde la sociedad civil, sobre la transparencia y la responsabilidad en la moderación de contenidos por parte de empresas y plataformas de internet.
15. Rechazamos el uso de tecnologías que son nocivas para la privacidad de la ciudadanía, que capturan y mercantilizan datos personales sin su consentimiento. Demandamos, a su vez, mayor transparencia y debate con respecto al uso indiscriminado de la inteligencia artificial.
16. Debemos generar un código de ética y de financiamiento que garantice el periodismo independiente del poder político y económico, para mantener la autonomía y sostenibilidad propia de los medios como factor determinante para la independencia editorial.
17. Creemos y alentamos una cooperación regional al servicio de los intereses de los pueblos latinoamericanos, con agendas sociales y políticas situadas, y alternativas de desarrollo que vayan más allá de la lógica meramente comercial: que la autodeterminación signifique una posibilidad de buen vivir.
18. Invitamos a Estados y sociedad civil a fortalecer, pensar y crear colectivamente espacios efectivos de participación y representación directa a nivel local y nacional. Rescatemos la democracia ocupando, como ciudadanía, el centro de la política pública y hagamos que los gobiernos amplíen su representación más allá de las elites.
19. Invitamos a todos los sectores a plantear un diálogo social más allá de la perspectiva de ciudadanía individualizada, con base en la recuperación de las identidades y la interculturalidad. Necesitamos diálogos paritarios y plurales, que hagan representación de la diversidad de grupos que componen la sociedad.
20. Frente a la disputa por la construcción del conocimiento y validación de saberes, debemos garantizar la igualdad de las inteligencias y el diálogo de saberes.
21. Alentamos la autonomía de las juventudes en la toma decisiones, evitando subestimar sus aportes y entendiendo la importancia de estos como actores políticos y sociales. Para ello, necesitamos que los espacios de participación juvenil se multipliquen y surjan nuevos liderazgos por y para las juventudes.