El 2020, sin dudas, será un año que no olvidaremos. El año del zoom o meet, del tapabocas, de trabajar en red detrás de las pantallas, cada unx desde un rincón diferente desde el cual le tocó vivir la pandemia y el aislamiento.
Aún así, comprendiendo y afrontando la complejidad del presente, nos organizamos y accionamos de manera colaborativa entendiendo que, para salir adelante, la solución es siempre colectiva.
Queremos compartir con ustedes todo el trabajo realizado en pos de lograr más y mejores democracias en América Latina y agradecerles por acompañarnos un año más.
La pandemia por COVID-19 aumentó las violencias contra las mujeres e identidades no binarias; por lo cual se hizo urgente mejorar el acceso a los servicios de atención en casos de violencias de género. Como respuesta a ello, nos unimos en red para co-crear un plan integral de abordaje de violencias de género 2020-2022 para mejorar el acceso a servicios de atención a las mujeres víctimas de los seis municipios del departamento de Orán de la Provincia de Salta (San Ramón de la Nueva Orán, Pichanal, Colonia Santa Rosa, Hipólito Yrigoyen, Urundel y Aguas Blancas) para contribuir a la erradicación de las violencias contra la diversidad de mujeres e identidades no binarias.
Terminamos la formación de nuestra primera cohorte de 700 agentes de innovación pública de gobiernos subnacionales y organizaciones de la sociedad civil de más de 14 países de la región. Fue un proceso que iniciamos desde la Academia de Innovación Política en octubre pasado, en el marco del proyecto de Innovación Pública 360, buscando incidir en la adquisición de competencias para la transformación de la cultura de gestión desde el gobierno abierto, la inteligencia colectiva y la digitalización.
¿Por qué formar agentes públicos para la innovación?
Dentro de la perspectiva 360 que adoptamos en Asuntos del Sur, la formación de servidores y servidoras públicos/as responde a la necesidad de brindar herramientas y fortalecer capacidades para acelerar la apertura de gobiernos.
Como habíamos advertido en un anterior artículo, organismos internacionales han observado las grandes dificultades para propiciar transformaciones en los gobiernos de cara a la digitalización y gobierno abierto, debido a bajos niveles de capacitación (ONU, 2018). La pandemia, a su vez, exhibió, con mayor énfasis, la urgencia por tener servidores y servidoras públicas que puedan aprovechar al máximo todas las herramientas disponibles para brindar respuestas rápidas y eficaces.
Es por ello que, con base en la experiencia que tenemos en formación con la Academia de Innovación Política (AIP), buscamos, en Asuntos del Sur, responder a este gran desafío y brindar un programa de formación para gobiernos a la altura de las circunstancias.
El Curso en Innovación Pública 360
El programa que generamos consistió en un proceso de siete unidades temáticas diseñadas y desarrolladas por expertos y expertas de trayectoria regional. Entre los temas vistos se encuentran: nuevos municipalismos y derecho a la ciudad, gobierno abierto e innovación, tecnologías cívicas para la innovación pública, participación ciudadana, comunicación política de gestión, planificación sostenible y métodos de participación, co-creación e inteligencia colectiva. El curso tuvo una duración de 9 semanas, contando espacios de introducción a la navegación de la plataforma virtual y espacios de intercambio de dudas y comentarios. Uno de los grandes valores que la AIP ofrece en cada uno de sus cursos es el acompañamiento personalizado a cada uno/a de sus estudiantes a través de un tutor/a que brinda seguimiento semanal a las actividades.
Durante el desarrollo del curso, se generaron dos grandes actividades asincrónicas con el objetivo de que las y los estudiantes pudieran compartir sus experiencias y retos en cuanto a la participación ciudadana y las herramientas y tecnologías cívicas que han utilizado para resolverlas. En el debate se compartieron buenas prácticas y metodologías innovadoras que han utilizado gobiernos subnacionales de toda la región generando un ambiente de reconocimiento y aprendizaje mutuo.
Como valor agregado al contenido brindado en el aula virtual se ofreció una serie de webinarios en vivo y otras actividades de intercambio entre los y las participantes. Así, se desarrollaron los siguientes espacios de discusión con expertos y expertas, los cuales fueron transmitidos a través del canal de youtube de la AIP:
Gobernanza local y participativa. 16 de octubre. Invitados/as: Rocío Noriega (Congreso Nacional Chile), Enrique Bravo-Escobar (National Endowment for Democracy -NED-), Celía Ramíez (Gobierno de Jalisco).
Tejido digital del Gobierno abierto. 23 de octubre. Invitados/as: Cecilia Nicolini (Asesora del Presidente de la Nación argentina), Diego Gismondi (Ex subsecretario Santa Fe), María Paz (GobLab Chile), y Luisa Medina (Ministerio TIC Colombia)
ODS desde lo local: desafíos y buenas prácticas. 13 de noviembre. Invitados/as: Pablo Giles (Gobierno de Argentina), Rocío Molina (AMB Bolivia), Pablo Maturana (AMVA Colombia).
Innovación Urbana y derecho a la ciudad. 20 de noviembre. Invitados/a: Sergio Blanco (ONU Habitat), Mercedes Di Virgilio (CONICET) y Christian Correa (Visor Urbano – México).
Como cierre del proceso de formación realizamos un conversatorio denominado “Gobiernos disruptivos para nuevas realidades”. Tuvimos como invitados/as a tres intendentes/as: Fernanda Alonso, de General Pico; Pablo Javkin, de Rosario y Héctor Gay, de Bahía Blanca; así como al ex Gobernador de Nariño, Colombia, Camilo Romero. Asimismo, contamos con la participación de representantes de los gobiernos de Tucumán, Rosario, Bahía Blanca, Jalisco, Hurlingham y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), quienes compartieron iniciativas desarrolladas en sus gobiernos durante la pandemia.
Así, este programa contribuyó a una perspectiva integral para la transformación de los gobiernos, alineada con las necesidades de una era digital y los objetivos de desarrollo sostenible – datos, apertura institucional, participación, colaboración, inteligencia colectiva- pero, sobre todo, con el contexto de nuevos desafíos que planteó la pandemia.
Aquí algunas de nuestras postales:
Más allá de lo aparente
El mayor aprendizaje del curso fue, sin duda alguna, la articulación y el tejido colectivo logrado a través de múltiples foros y espacios facilitados para la discusión y el intercambio de experiencias. Juntar más de 700 funcionarios y funcionarias públicas de 14 países para pensar juntos y juntas la innovación pública es, en sí mismo, un gran ejercicio de inteligencia colectiva.
Varios/as de los/as participantes del curso, que más que estudiantes son también grandes profesores, se animaron a contar sus vivencias e iniciativas: Alejandra Leon, René Rivera, Milenka Villegas, Santiago, Javier Hernan, Claudia Fullone, Vannia Villegas, Maria Paola, Daniel Marca, Julieta de Luca, Jonatan Campo, Eugenia Velasquez, Laura Durdana y Evelin Chavez.
Ellos y ellas demuestran cómo, desde sus acciones en territorio, están innovando y generando transformaciones de pequeña escala pero con gran impacto. Este tipo de historias son las que nos animan a seguir impulsando este tipo de proyectos.
Es por ello que, como Asuntos del Sur, reafirmamos nuestra convicción para formar en 2021 una segunda cohorte de Innovación Pública y conformar una red de agentes públicos para la innovación a nivel regional.
Sí, feminismo de datos, una manera de denunciar análisis heteropatriarcales, racistas y coloniales que se enfrenta a las formas patriarcales de pensar la ciencia de datos y la ética de los mismos desde una postura interseccional. ¿Acaso aún pensabas que los datos eran neutrales?
A principios de 2020, Catherine D’Ignazio y Lauren Klein, publicaron el libro Feminismo de Datos, donde muestran su crítica sobre la recopilación, tratamiento y presentación que se hace hoy en día de los datos ante la opinión pública.
El libro parte de un hecho fundamental: los datos se han presentado como el nuevo potenciador de diversos sectores (privado, públicos y sociedad civil) pero, si los datos no son desglosados en categorías como sexo, género, raza, etnia, etc., no van a reflejar las desigualdades que estructuran las sociedades actuales. Entonces, al igual que los históricos sesgos androcéntricos en la ciencia que demuestran que la ciencia no es neutral, los datos tampoco y los problemas comienzan, incluso, antes de recolectar los datos porque muchas veces esa recopilación está incompleta.
Por otro lado, si los datos no son utilizados para actuar atendiendo a las necesidades y demandas de los sectores más vulnerables, se priorizan los intereses de unos pocos en detrimento de las mayorías sosteniendo, de esta manera, las desigualdades.
Ahora bien, que los datos no sean neutrales y existan ciertos sesgos de género no resulta extraño si consideramos que quienes suelen trabajar en esta actividad son personas dominantes y privilegiadas: varones, cisgénero, heterosexuales y blancos. Esto genera que una parte muy reducida de la población se encuentre trabajando en la recopilación, el mantenimiento y la utilización de los datos y, más allá, diseñando herramientas para una mayoría que no se encuentra en la intersección de todas esas identidades. Frente a esta situación, el feminismo de datos se propone frenar la reproducción del status quo patriarcal y, por ende, desigual. Su valor radica, además, en que se producirán proyectos de mayor alcance y con información más completa.
Para comenzar a romper con estas lógicas patriarcales al trabajar en ciencia de datos, es necesario preguntarse:
¿Sobre quién?
¿Para quién?
¿Sirviendo a qué intereses?
¿Con qué valores?
Catherine D’Ignazio y Lauren Klein presentan, en su libro, siete principios del feminismo de datos:
Examinar el poder.
Desafiar el poder.
Los dos primeros puntos refieren al análisis del poder. Esto es central porque examinarlo equivale a entender cómo funcionan estas estructuras de poder y a la idea de que el feminismo de datos debe evaluarlas para entender cómo contribuyen a perpetuar diversas injusticias sociales: “creer en la igualdad continúa pareciendo un proyecto irrealizable. El mundo no está funcionando como debería y nosotras queremos trabajar para lograr que sea más justo ” (2020).
De esta manera, el feminismo de datos trata, entre otras cosas, sobre poder, sobre quién lo tiene y quién no. El feminismo interseccional examina la distribución desigual de poder. Y, en el mundo contemporáneo, los datos son poder. De esta manera, el punto de partida del feminismo de datos es algo que la ciencia de datos en general no reconoce: en el mundo, el poder no se distribuye de manera igualitaria.
Elevar la emoción y la corporalidad
Reivindicar las emociones como una manera de conocer y responder al mundo. Tal como sostiene Sara Ahmed (2019), las emociones implican una postura ante el mundo o una manera de aprehenderlo. A través de ellas podemos revisar las formas de socialización que nos consigna el pensamiento patriarcal y que nos llevan a considerarnos inferiores a los hombres. El feminismo es emocional y posee una estrecha relación con la indignación y el miedo pero esto no implica que las emociones que expresa no sean pensadas. Al contrario, el pensamiento feminista involucra una respuesta emocional al mundo que consiste en la compleja reorientación de nuestra relación corporal con las normas sociales.
Repensar los binarismos y las jerarquías
Es necesario desafiar los binarismos, no existen sólo dos géneros y existen muchos otros sistemas de opresión. Por este motivo, el feminismo de datos no es sólo sobre mujeres, para lograr la igualdad es necesario contemplar a todos los géneros para trabajar por una sociedad más igualitaria.
Adoptar el pluralismo
De la mano con el principio anterior y la interseccionalidad, las múltiples perspectivas y otorgarles prioridad a los pueblos originarios, brindarán distintas formas de aprehender y conocer.
Considerar el contexto
Los datos no son objetivos, muestran relaciones sociales desiguales, el contexto es esencial para comprender si los análisis realizados son precisos.
Hacer visible el trabajo
Todo trabajo es el resultado de diversos actores, es necesario valorar todas las contribuciones. El feminismo nos habla de lógicas horizontales y formas de conocimiento orgánicas.
Por supuesto, estos cambios son parte de procesos más amplios pero, para incentivar a gobiernos y organizaciones a implementar estos principios en sus análisis y construcción de información, la educación es clave. Incorporar los principios del feminismo de datos significa aprender otras perspectivas en pos de crear no sólo una mejor ciencia de datos sino también productos y proyectos. También significa escuchar a las comunidades para las cuales trabajamos, de lo contrario, nos estaríamos perdiendo la oportunidad de comprender sus necesidades y desarrollar los mejores caminos para ayudar y crear impactos que perduren en el tiempo.
De esta manera, si bien el potencial de los datos para exponer problemáticas, desigualdades y mejorar o ser aplicados en políticas públicas ha quedado demostrado en los últimos años, es el momento de replantearse: ¿datos para quién? Por eso, el feminismo de datos, trabaja para incluir a todas las personas en la construcción y análisis de información. Parafraseando a Bell Hooks, al igual que los movimientos feministas, el feminismo de datos es para todo el mundo.
Innovar en el sector público se ha vuelto una necesidad para los gobiernos que desean fortalecer sus democracias y hacerlas más paritarias e inclusivas. Ahora bien, para lograrlo es necesario que se contemple la pluralidad de voces que coexisten en la ciudadanía y, por lo tanto, que la innovación pública tenga perspectiva de género. Esto es clave para aportar a la calidad de la innovación pública, ya que genera inserción de talentos, reduce brechas salariales, fortalece equipos y promueve la excelencia en el área, representando una oportunidad de crecimiento para cualquier país.
Sin embargo, pese a que en muchos países las mujeres son mayoría en las áreas de ciencia, tecnología e innovación (CTI), acceden en menor medida que los varones a las categorías más altas de la carrera de investigación. Asimismo, no solo se observa el efecto de tijeras o el techo de cristal en la carrera científica sino que también se puede apreciar la segregación horizontal o por disciplina al menos en algunos campos del conocimiento.
Estas diversas brechas de género no sólo impiden que la ciencia y la tecnología beneficien de igual manera a hombres, mujeres e identidades no binarias, sino que limitan su participación y contribución plena. Además de reducir el impacto de la CTI en el desarrollo.
Las inequidades de género se encuentran presentes en las diferentes etapas de la investigación: desde la propia definición de las preguntas, pasando por la generación de evidencia y trabajo de campo, hasta los procesos de financiamiento y definición de políticas públicas.
Resulta fundamental para los gobiernos promover la participación de las mujeres en CTI e incorporar el enfoque de género en las decisiones institucionales. Existen muchas acciones posibles, desde atraer más mujeres a las áreas de innovación hasta requerir la inclusión de la perspectiva de género en los proyectos de investigación como condición para el financiamiento.
Te invitamos a leer el documento que elaboramos desde Asuntos del Sur para conocer por qué necesitamos más mujeres en ciencia, tecnología e innovación pública. Lo puedes descargar aquí.
Con muchísima alegría y entusiasmo realizamos el pasado 24 de noviembre el Taller inauguración de COLABORA.Lat, un proyecto impulsado por Asuntos del Sur, Universidad Icesi, USACH, UNSAM, FES Bolivia, Diálogos y Nosotrxs. Generamos un diálogo de saberes entre investigadores/as del proyecto, el Consejo Asesor e invitados/as a través del cual intercambiar pareceres respecto a la coordinación intergubernamental, el impacto de COVID-19 sobre las poblaciones vulnerabilizadas y los desafíos de medición.
Durante la bienvenida, Jairo Acuña, miembro del Consejo Asesor del proyecto y Team Leader de Gobernanza en PNUD, destacó que COVID-19 es principalmente un amplificador de déficits estructurales. La respuesta a la crisis, como crisis de gobernabilidad, debe ser política y relacionado a la gobernanza. Nicholas Benequista, Senior Program Specialist en IDRC, añadió que la pandemia nos desafía a renegociar el pacto social, un proceso que en América Latina ya estaba ocurriendo. Asimismo, invitó a las organizaciones parte del consorcio a mantener el ojo crítico y estar abiertas a respuestas no esperadas.
Matías Bianchi, Director Ejecutivo de Asuntos del Sur, y Antonella Perini, Coordinadora del proyecto, presentaron oficialmente COLABORA.Lat, su surgimiento, marco conceptual y fases de ejecución.Las organizaciones que forman parte del consorcio de COLABORA.Lat, junto al Consejo Asesor y participantes iniciaron luego las mesas de trabajo para responder a los desafíos que presenta el proyecto.
Coordinación Intergubernamental
Jacqueline Behrend (UNSAM) moderó la mesa de Coordinación Intergubernamental. En ella, Carolina Tohá, Presidenta del Instituto Ciudad y miembro del Consejo Asesor del proyecto, señaló que, la manera de enfrentar correctamente el virus, es tener capacidad de actuar universalmente pero diferenciándose a las distintas realidades y conociendo la capilaridad del tejido social en detalle.
Para esto, es necesario un trabajo conjunto entre niveles y sectores del gobierno, es decir, una coordinación multinivel e intersectorial. Sin embargo, el clima político y económico dificulta la coordinación y a esto le acompañan crisis de corrupción, desigualdad, desconfianza y apatía. Marcela Aguilar, Directora de formación y seguimiento de Nosotrxs, compartió el trabajo de la Asociación Civil Nosotrxs en relación a las mujeres trabajadoras del hogar y migrantes. A partir de esto, identificaron en México la existencia deesfuerzos aislados de gobierno, sociedad civil y ciudadanía, así como la inexistencia de políticas focalizadas en poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Impactos sobre poblaciones vulnerabilizadas
La mesa Impactos sobre poblaciones vulnerabilizadas, fue moderada porInge Valencia y Jorge Figueroa (Universidad Icesi). En ella, Lourdes Morales, profesora asociada del Centro de Investigación y Docencia Económicas, destacó la necesidad de un modelo de gobernanza basada en la información, difundida de forma digital y medios tradicionales. Asimismo, señaló cómo un reciente decreto presidencial en México, que reduce las oportunidades de intermediación entre organizaciones sociales y del gobierno federal, afectó principalmente a las mujeres.
Yoseth Ariza, por su lado, destacó el impacto diferenciado de COVID-19 en la salud de la población afrodescendiente en Colombia. Ilustró la tensión entre el nivel central de la administración de los datos con el nivel territorial local en el Pacífico colombiano y sugirió enfocarnos en la articulación con autoridades étnico-territoriales, así como apostar por un proceso de alfabetización en lo que es la gramática racial.
Jairo Acuña destacó tres retos: la velocidad de la demanda y del reclamo, que es mayor a la de respuesta o solución del Estado, la escala – especialmente en los territorios en los cuales el Estado está ausente – y la política y distribución de ingresos.
Finalmente, Nicole Jordán (FES Bolivia) alentó a escuchar a los sectores vulnerabilizados para ver dónde están los vacíos en estructuración y articulación, qué necesitan, cómo generar espacios de articulación concretos y qué velocidad de respuestas pueden irse dando de acuerdo a la necesidades, incluso de manera anticipada.
Desafíos de medición
La última mesa estuvo moderada por Liza Zuñiga (USACH) y se centró en los Desafíos de medición. Jennifer Cyr detalló el enfoque teórico-conceptual y metodológico del proyecto y reiteró la idea de la multidimensionalidad, tanto de la gobernanza colaborativa como de algunos de los elementos que la componen.
Lucas Gonzalez (UNSAM) señaló los desafíos de contar con subreportes de los datos así como, también, la falta de variables control, que son fundamentales para el análisis cuantitativo.
Richard Snyder (Brown University) identificó las dificultades de medir este tema en contextos de pandemia, tales como los sesgos al hacer una medición en línea y no alcanzar a poblaciones vulnerables.
Finalmente, Carlos Mendoza (Diálogos) presentó el índice de vulnerabilidad social en Guatemala desarrollado por la organización en conjunto con un grupo de expertos/as. La base principal de datos en el censo de población de 2018, añadió un nivel de accesibilidad hacia los centros hospitalarios para luego desarrollar el índice de vulnerabilidad a nivel municipal. Aplicando la metodología sugerida se podían hacer mapas donde, para cada indicador, podían sacar su valor para cada uno de los 340 municipios de Guatemala, ordenarlos y clasificarlos, a fin de generar alertas de los municipios más vulnerables.
El encuentro finalizó con las reflexiones finales de Matías Bianchi, quien destacó los aprendizajes principales de cada mesa y agradeció el esfuerzo de las organizaciones participantes del consorcio, IDRC, Consejo Asesor y participantes del taller.
Te invitamos a ver el taller completo en:
*Coordinadora de COLABORA.Lat
Visita la web de COLABORA.Lat ingresando a colabora.lat
Uno de los objetivos del proyecto Partícipes es generar espacios para el intercambio de experiencias que inspiren y habiliten la colaboración y cocreación de políticas públicas. Para ello nos proponemos conocer y visibilizar distintos casos de innovación que posibiliten aprender y potenciar actuales y futuras prácticas.
Con esto en mente, se realiza el Encuentro de Experiencias de rendición de cuentas, monitoreo y participación ciudadana de gobiernos y organizaciones de la sociedad civil en Argentina, Somos Partícipes. Organizaciones sociales, gobiernos y sectores académicos fueron convocados este 25 de noviembre.
Partícipes es una iniciativa que se implementa en Córdoba, Rosario y Gran Mendoza, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es implementada por Asuntos del Sur.
Luego de meses de haber asumido el compromiso, finalmente, Alberto Fernández envió al Congreso el proyecto para la Interrupción voluntaria del embarazo. La iniciativa fue secundada/presentada junto al Plan de los 1000 días que consiste en una propuesta de acompañamiento de la maternidad en situación de vulnerabilidad hasta los primeros 3 años de vida de niños y niñas.
El proyecto que despenaliza y legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación (art. 86 del Código Penal) tiene algunas modificaciones respecto del presentado siete veces (sí, siete) por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, entre las que se encuentran: incorporación de la objeción de conciencia para lxs profesionales que intervengan de manera directa en la interrupción del embarazo; penalización a las mujeres o personas gestantes que se realicen un aborto por fuera de las 14 semanas (modificando el art. 88 del Código Penal); estableciendo un plazo de diez días para que pueda realizarse la práctica -mientras que el anterior proyecto suponía cinco-. Y, finalmente, la incorporación del Derecho al Aborto en el contenido de la ESI. Estos puntos, a partir de ahora, deberán tratarse en comisiones.
¿Por qué es necesario despenalizar y legalizar el aborto?
Con el acceso al aborto legal, seguro y gratuito se evitará la persecusion punitivista que recae sobre quienes deciden abortar y deben jugarse la vida o la libertad en un aborto. En este sentido, la clandestinidad es violencia de género porque, a la discusión, subyace la criminalización de las mujeres y personas gestantes. No poder decidir sobre nuestros cuerpos es violencia y restringe nuestra capacidad de agencia. Recordando a Julieta Di Corleto (2020) “Paradójicamente, las excepcionales condiciones en que llevan adelante los embarazos (las mujeres y personas gestantes), en lugar de encontrar en el derecho un espacio de cuidado y protección, dan lugar a la intrusión del sistema penal”.
Gloria Orrego-Hoyos y María Lina Carrera y Natalia Saralegui, las abogadas autoras del libro “Dicen que tuve un bebé”,publicado hace unos meses, resaltan cómo el caso de Belén marcó la agenda de los feminismos con relación al debate sobre el aborto poniendo sobre la mesa tanto el nivel de criminalización y flagelo de las mujeres presas por abortar como los vínculos que exiten entre las corporaciones médicas y judiciales. La libertad de Belén es la confirmación de que no puede haber personas presas por aborto.
Fuente: Asuntos del Sur
Un poco de devenir histórico
El paso del ejecutivo al enviar el proyecto y volver al escenario legislativo es fruto de una lucha colectiva impulsada por la Campaña durante más de 15 años. Comienzan días agitados e históricos para quienes militamos por el derecho al aborto en Argentina.
Por supuesto, existieron hechos que potenciaron la agenda feminista y ayudaron a que el debate se instale socialmente: desde avances en la normativa sobre violencias de géneros a la ampliación de derechos para los colectivos LGBTTTQI+.
Especialmente, y retomando algunos acontecimientos que se señalan en la investigación realizada por Asuntos del Sur “La innovación política desde los feminismos”, hay elementos que permiten darle un contexto a la llegada del debate al Congreso en 2018:
Los Encuentros Nacionales de Mujeres (ENM) masivos, los cuales evidenciaron que los feminismos se encontraban en un momento muy alto y unido en toda su heterogeneidad, llegando a consensos muy grandes.
El crecimiento del lugar que ocupa la agenda de género en el debate argentino y latinoamericano en los últimos años.
El antes y después que genera el estallido del Ni Una Menos en 2015, un hito en la historia nacional Argentina, que permitió visibilizar la violencia de género. Un acontecimiento que ha sido y es la expresión de capital cultural en acción, en participación y en construcción de ciudadanía para una conquista colectiva en defensa de la vida y de la libertad.
La propia agenda política de la Argentina en aquel entonces, cuando gobernaba Mauricio Macri.
Los paros del 8 de marzo, movilizaciones que evidenciaron una fuerza revolucionaria que se opone a las políticas neoliberales y a la explotación capitalista. Una fuerza capaz de derrotar el sistema patriarcal que ha tomado a los varones como el eje sobre el que pivotea la historia. Y que nos mostró, una vez más, que para desandar esa historia es indispensable el compromiso de la ciudadanía en su conjunto.
La relevancia de los feminismos es incuestionable y ha revelado una red, el rizoma que siempre ha estado ahí en resistencia, marginada en un sistema de abuso y exclusión pero siempre disponible de afectos y de organización. Particularmente, la militancia por el aborto ha evidenciado esa forma de construir con lógicas orgánicas espontáneas, construyendo de manera horizontal, alejada de la imposición de expertos y delirios de superioridad propios de los diseños patriarcales. Esto es fundamental porque reconocer, conectar y proyectar es esencial para generar otro modelo de gobernanza y, es por esto, que “la fuerza en las calles y la capacidad de tejer alianzas de los activismos feministas desde el Sur se constituyen como innovadoras formas de hacer política.”
Al mismo tiempo, toda la actividad en redes sociales, la masividad y difusión a nivel nacional nos lleva a reivindicar la tecnología como espacio para potenciar estas demandas sociales y necesidades de comunidades locales. Muchas veces hablamos de las violencias digitales pero la lucha colectiva por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito es una muestra reciente de que la tecnología puede y debe ser defendida como espacio para potenciar los procesos de construcción colectiva.
La sanción de la ley constituirá un punto de partida en estas lógicas de articulación y un recordatorio de que son múltiples y debemos crearlas o encontrarlas en procesos de devenir común, en discusiones sobre posibles intereses comunes en la disparidad nuestra, para inventar juntxs rechazando la obediencia y apostando por nuevas formas de organización y ordenamientos que incluso avancen un paso más frente a las modalidades vigentes de gobernanza. Porque luchar desde la democracia funciona mejor cuando rebasa lo tradicional y si mañana pensamos en otros modos de lo político, de gobierno y de intervención, bienvenido sea.
Por más libertades, nunca menos. Y como nuestro poder descansa en la práctica colectiva:luche y que se escuche.
Qué sea ley!
*Analista del proyecto de Innovación Pública 360 y Partícipes
Cuando los mecanismos tradicionales de la democracia muestran un alto nivel de agotamiento, al mostrar bajos niveles de legitimidad o al extremo de ser desconocidos por los grupos más radicales, se requiere volver a lo esencial. La democracia es un sistema de gestión del poder pensado para la participación en igualdad de condiciones y la representación de la mayor parte de la población. Entonces, ¿cómo pensar un mecanismo que ejecute de mejor manera esos principios? La respuesta es: con una democracia digital, deliberativa y por sorteo.
Inteligencia colectiva para la democracia – 2017 (Madrid)
Imagen cortesía de Ana Doria
Hace 3 años, en el marco de “Inteligencia colectiva para la democracia” (ICD) del MediaLab Prado de Madrid, junto a un equipo de expertos/as de varias nacionalidades, nos animamos a pensar una toma de decisiones más coherente con la diversidad de nuestras sociedades y más representativa al conjunto de toda la población. Así surgió el modelo “Democracia híbrida”, una combinación de mecanismos de democracia por sorteo, deliberativa y digital. Parte de este modelo se aplicó posteriormente en Madrid y, en el contexto en el cual nos encontramos, hoy cobra cada vez más sentido.
La ola deliberativa
De acuerdo a un reciente reporte de la OCDE, las formas de deliberación y participación se han vuelto cada vez más atractivas para resolver varios dilemas que afectan a las democracias. Este reporte argumenta que varios factores afectan la credibilidad en los sistemas tradicionales, como la mayor sensación de injusticia, la polarización política, la falta de inclusión en la toma de decisiones y la falta de confianza en que las autoridades puedan enfrentar los desafíos actuales. A esto debe añadirse la percepción de altos niveles de corrupción y el hecho de que los países son gobernados por una minoría de políticos que sólo persiguen sus propios intereses, como muestra el Latinobarómetro (2018). En conjunto, se muestra que la población quiere poder opinar y tener una mayor participación en las políticas públicas que definen su vida y su futuro.
¿Cómo lograr resolver todos esos problemas? No hay un sólo modelo, OECD identificó al menos 12 modelos distintos que han mostrado ser exitosos en 289 casos de estudio.
El modelo de “Democracia híbrida”, que construimos en el ICD, buscaba combinar las capacidades digitales de la plataforma Decide.Madrid (Basada en CONSUL), el abordaje de la mayor deliberación ciudadana posible y las herramientas? (siento que faltaría una palabra acá) del principio de democracia por sorteo para la toma de decisiones en políticas públicas. Por un lado, la participación digital permite una participación más masiva e individualizada aunque con problemas de representación, debido a las brechas digitales; es decir, participan quienes pueden y tienen las posibilidades. Por otro, la democracia por sorteo, un mecanismo por el cual se elige de manera aleatoria grupos de ciudadanos/as que representen, de la mejor manera posible, la diversidad de toda la población. Estos son elegidos para resolver decisiones de políticas públicas de manera informada y con base en la deliberación.
Nuestro modelo, basado en el contexto de Madrid pero replicable a otras ciudades o gobiernos locales, identificó 6 fases y 3 mecanismos de activación para la combinación de ambos en la toma de decisiones. Las fases eran: a) selección de la problemática a ser resuelta, b) debate en línea a través de una plataforma, c) deliberación del grupo de ciudadanos seleccionado por sorteo, d) elevación de recomendaciones al consejo de la ciudad para su aprobación o rechazo, e) monitoreo de los resultados, f) evaluación del proceso.
Etapas del modelo de Democracia Híbrida
Reactivando la democracia
Este mecanismo se activaría a través de la solicitud de un partido, ante un impasse en el congreso o legislatura, votación en la plataforma digital o activación automática para cierto tipo de decisiones que cumplan ciertos requisitos normados previamente (por ejemplo, que impliquen una inversión grande o afecten a ciertas poblaciones minoritarias). A ello seguiría el proceso antes descrito, el cual debería ser ejecutado por un organizador independiente al gobierno de turno.
En marzo de 2019, el entonces gobierno de Manuela Carmena, decidió instaurar el Observatorio de la ciudad, un mecanismo de democracia por sorteo compuesto por 49 delegados. Este mecanismo se basó en parte del modelo de Democracia Híbrida desarrollado en ICD 2017 y fue un avance en términos cualitativos a los procesos de democracia deliberativa.
Tomando en cuenta los hallazgos del estudio de la OCDE referenciado anteriormente, este tipo de procesos trae varias ventajas en la toma de decisiones e influye positivamente en la innovación pública. Así, por ejemplo, los procesos deliberativos influyen en una mayor legitimidad en las políticas públicas, diversidad de opiniones, capacidad de mitigar la excesiva polarización electoral y generar confianza en la democracia y los gobiernos.
En el contexto actual de las democracias latinoamericanas, es necesario repensar los mecanismos sobre los cuales basamos algunas decisiones y cómo se está generando la representación. Las crisis políticas y conflictos recientes son sintomáticos de una institucionalidad que ya no alcanza y que ha demostrado ser fácilmente corruptible o desconocida por ciertos grupos de poder más radicalizados. Por ese motivo, es necesario devolver la legitimidad y confianza en la democracia innovando desde sus mecanismos pero, ante todo, generando una toma decisiones que refleje, de la mejor manera posible, la diversidad en la sociedad.
*Director programático de Asuntos del Sur y coordinador de Innovación Pública 360
La agenda de innovación pública no es en sí misma una agenda de digitalización de la gestión pública, pero a menudo quedan solapadas y hasta confundidas. ¿Qué tanto dependen una de la otra?. Ante el nuevo contexto que vivimos, se puede decir que mucho.
Las fuentes de la innovación pública
Empecemos estableciendo que la innovación pública siempre fue una agenda separada de la digitalización. La innovación pública es una cultura de transformación de los gobiernos tanto en sus procesos internos como en sus servicios externos a partir de tres premisas. La primera se refiere a un cambio en la comprensión del valor público – desde el criterio de eficiencia liberal al de resolución de necesidades -. Segundo, promueve un Gobierno Abierto, con base en la transparencia, participación y cocreación. Tercero, se centra en la inteligencia colectiva como fuente inagotable de conocimiento y capacidad distribuida.
Hasta ahí se puede innovar el sector público sin digitalizar. Gran parte de las transformaciones se introducen a partir de cambiar ciertas prácticas, nivelar capacidades y emplazar espacios de encuentro entre ciudadanía y gobierno. De hecho, los mecanismos de mayor impacto no son en sí mismos tecnológicos, sino de diseño institucional y político. La innovación pública es, a todas luces, una agenda de democratización del servicio público.
Por su parte, lo digital se convirtió en una suerte de solucionismo que, en vez de resolver varios de los déficits democráticos, ocultaba otro tipo de intereses. Iniciativas como las de ciudades inteligentes – que justifican la instalación de todo tipo de sensores de medición y control -, mayores mecanismos de vigilancia para la seguridad ciudadana, interoperabilidad de sistemas sin garantías para los datos personales, entre otras iniciativas, supusieron altos riesgos para varios Derechos Humanos.
Cuando la pandemia obliga
En un contexto de pandemia y en el cual el distanciamiento social parece haber cambiado varios aspectos de la cultura laboral y de servicios, ¿Es posible seguir pensando la innovación pública sin la digitalización? Claramente, no.
Hoy es difícil pensar que vamos a poder seguir sosteniendo una innovación pública sin repensar cómo el gobierno llega a la ciudadanía. Esto conlleva avanzar en varias de las dimensiones de gobierno digital que, por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) promueve como bases de la digitalización:
Procesos y servicios pensados y creados desde las oportunidades que brindan las tecnologías
Mecanismos y toma de decisiones que usen datos como principal fuente de consulta
Funcionamiento del gobierno como plataforma, lo que implica que la mayor cantidad de servicios se encuentren disponibles en un ecosistema lo más abierto posible.
Apertura de la información por defecto, y no post-generación.
Tecnologías pensadas de manera inclusiva para todo tipo de usuarios/as.
Proactividad: anticipar las necesidades de la población y responder rápidamente.
Digitalizar desde América Latina
A los anteriores puntos, cabe sumar tres aspectos más que necesarios para el contexto latinoamericano.
Por un lado, accesibilidad e inclusión digital, para lograr llegar al máximo posible de la población – tomando en cuenta que en muchos países, de acuerdo a un reciente informe de la CEPAL, existen aún grandes porcentajes de la población no conectada. Por el otro, una alfabetización digital dentro y fuera del gobierno. Esto va más allá de enseñar las herramientas básicas, pero de fomentar una cultura de lo digital desde lo abierto. Finalmente, la protección de los datos personales y la privacidad, como principio rector de la digitalización, brindando así garantías para que todo sistema y acción de gobierno, se enmarque en el respeto de los derechos humanos.
Si la innovación pública ayuda a democratizar la toma de decisiones, y la digitalización ayuda a generar procesos más eficientes y acceso a servicios, entonces la combinación de ambos tiene una mayor potencialidad de transformación. Por tanto, ambas son dos agendas que además de complementarias, son para estos tiempos, prácticamente indivisibles.
*Director programático de Asuntos del Sur y coordinador del proyecto Innovación Pública 360
Investigadora asistente en CONICET, profesora en la Universidad Torcuato Di Tella y directora del Interdisciplinary Laboratory for Computational Social Science, de University of Maryland, en Argentina. Doctora en Ciencia Política (UTDT), MA en Social Research por Uneversity of Warwick, (becaria Chevening) y licenciada en Ciencia Política (UBA). Especialista en instituciones políticas, comportamiento legislativo y federalismo.
Abogada (UBA), con maestría en Políticas Públicas (UTDT) y MPA en Tecnologías Digitales y Policy (UCL, en curso). Vicepresidenta para América del Grupo Asesor de Desarrollo de Telecomunicaciones de la UIT y experta en el Grupo de Iniciativas de Capacitación del mismo organismo. Integra el Consejo Directivo de Internet Society Argentina desde 2020 y es docente de Derecho en la Universidad de Palermo.
Licenciada en Ciencia Política (Universidad de Buenos Aires, Argentina), Magíster en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe por la Universidad Nacional de San Martín (Universidad Nacional de San Martín, Argentina) y maestranda en Ciencia Política (Universidad Torcuato Di Tella, Argentina). Me desempeño como investigadora en el Observatorio Electoral de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, docente universitaria y consultora independiente. Miembro de la Red de Politólogas #NoSinMujeres. Líneas de investigación: participación política de las mujeres y diversidades, gobernanza electoral y nuevas tecnologías para la participación política.
Mi nombre es Bruno, soy de Rio Cuarto, Córdoba. Me desempeño laboralmente como desarrollador web, especializado en Wordpress y Javascript. Actualmente estoy estudiando PHP y React. Me gusta mucho viajar y andar en bici 😁
Migrante colombiana viviendo en Argentina. Licenciada en Ciencias Políticas con formación de Maestría en Intervención Social. Investiga y trabaja en políticas urbanas, especialmente en barrios populares. Diseña procesos participativos con enfoque interseccional.
Lic. En Comunicación Social (UBA). Máster en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digital (Universidad Rey Juan Carlos y Media Lab Prado, Madrid) especialista en procesos de innovación democrática, gobierno abierto y comunicación política, con más de 10 años de experiencia en investigación, diseño y ejecución de políticas de gobierno abierto y estrategias de comunicación política.
Actualmente, está estudiando Relaciones Internacionales. Le gusta entrenar, leer y adora aprender cosas nuevas. Su estación favorita del año es el invierno y le gustan los dulces y postres.
Vive en San Martín (Buenos Aires) y tiene 21 años. Es estudiante de la Lic. en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de San Martín y se encuentra realizando su trabajo de tesis sobre el modelo de desarrollo sostenible que presenta y defiende el Acuerdo de Escazú, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se suma a Asuntos del Sur motivada por adquirir conocimientos sobre cómo se lleva a cabo un proyecto a nivel regional y conocer sus dinámicas.
Maia tiene 22 años y es franco-argentina. Es ex estudiante de cine y actual estudiante de Ciencia política en la UNSAM. Amante de la fotografía. Dedica su tiempo libre a entrenarse para correr carreras.
Vive en Reconquista, Santa Fe, pero es originario de Buenos Aires. Tiene 25 años y es estudiante de la Licenciatura en Periodismo en la Universidad Siglo 21. También estudió Programación en la UTN.
Estudiante avanzada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de San Martín. Se encuentra cursando las últimas materias de la carrera y redactando la Tesis de Investigación. Se confiesa muy emocionada de ser parte de Asuntos del Sur para experimentar este nuevo desafío.
Artista y gestora cultural. Magíster en Mediación Cultural (Universidad Nouvelle Sorbonne Paris 3). Doctoranda en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó como asesora de despacho de la Gobernación de Nariño y de la Alcaldía de Cartagena, Colombia, en la implementación de procesos de innovación pública.
Magíster en Ciencia Política por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ha trabajado como consultora e investigadora para organismos internacionales, gubernamentales nacionales y Think Tanks nacionales e internacionales.
Politólogo de la Universidad de Buenos Aires, Máster en Mercados e Instituciones del Sistema Global y PhD en Políticas e Instituciones de la Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Italia). Activista por los derechos de las personas LGTBI y docente de postgrado en la Universidad de Lanús (Argentina) y en la Alta Escuela de Economía y Relaciones Internacionales (Italia). Sus áreas de especialización son la integración regional latinoamericana, la geopolítica energética y las políticas públicas con enfoque de derechos.
Peruana, Coach Ontológico Profesional con especialización en educación emocional y estudiante del último año de la carrera de Relaciones del Trabajo – UBA. Trabaja como coach facilitando capacitaciones para emprendedores y negocios. Como pasatiempo, disfruta leer, hacer yoga y trekking y viajar.
Argentino, politólogo (UBA) e investigador en cuestiones de género y seguridad (ILSED). Amante de los viajes, los idiomas y el intercambio cultural.
Oriunda de Río Negro. Estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de San Martín, con tesina en proceso. Además, participa en asociaciones civiles de base comunitaria. En su tiempo libre, juega para uno de los equipos deportivos de la UNSAM.
Abogada. Derecho Internacional Público. Gestión de proyectos en temáticas de transparencia, acceso a información pública, participación ciudadana, integridad, fortalecimiento institucional, innovación y gobierno abierto.
Estudiante de Relaciones Internacionales en la UNSAM. Le interesan las cuestiones de género y desplazamiento forzado. Como pasatiempo, la literatura y el cine.
Estudia Ciencias Políticas (UNSAM) con tesina en proceso. En paralelo, estudia Relaciones Internacionales en la misma casa de estudios. Además, trabaja en la Fundación Metropolitana haciendo desarrollo institucional y contenidos y escribe informes sobre Ambiente en Politeia.arg. Como hobbie, dedica tiempo a danza jazz y comedia musical desde hace varios años, como también a talleres de lectura sobre diferentes temáticas.
Nació y creció en Bogotá (Colombia). En 2011 emigró a Argentina para continuar sus estudios. Actualmente, está cursando la Licenciatura de Relaciones Internacionales.
Es estudiante de Ciencias Políticas y Profesorado Universitario en Ciencia Política (UNSAM). Disfruta mucho viajar y le gusta leer, cocinar y hacer deporte.
Licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales con una Maestría en Comunicación Política (Austral). Fue Directora Nacional de Relaciones Institucionales del Ministerio de Salud de la Nación y se especializó en el Ceremonial y Protocolo. Ama el running y viajar.
Actualmente cursando la Tecnicatura en Administración de Gestión y PyMEs y la licenciatura en Comercio Internacional. Atleta trans, fanática del ciclismo y activista de la inclusión deportiva.
Licenciada en Comunicación Social con orientación en opinión pública y publicidad en la UBA. Becaria de la Nueva Escuela de Diseño y Comunicación. Se encuentra vinculada con las ONG desde el 2017. Consultora y especialista en herramientas digitales y Ecommerce & Marketing Digital.
Licenciada en Comunicación Social, experiencia de trabajo en OSC y en el Estado en temática de políticas públicas enfocadas en hábitat. Especializada en el diseño de metodologías participativas, facilitación de talleres, coordinación de grupos y acompañamiento en los procesos de diseño e implementación de proyectos. Docente de teatro en nivel secundario y actriz.
Lic. en Ciencia Política (UCA). Trabajó en el sector privado para diferentes multinacionales, en Escuelas de Negocio y tiene, además, experiencia en la función pública. Es docente universitario y secundario.
Jennifer Cyr es profesora asociada e investigadora de ciencias políticas y de los estudios latinoamericanos en la Universidad de Arizona. Además de estudiar la representación política y la democratización en América Latina, escribe sobre los métodos cualitativos y mixtos y el uso de los grupos focales en las ciencias sociales.
Directora de Arte e Ilustradora independiente. Artista autogestiva. Miembro activo de MEP (Mujeres en Publicidad), un colectivo de mujeres en busca de una industria publicitaria con perspectiva de género. www.jotaschneider.com
Lic. en Relaciones Públicas y Cs. de la Comunicación. Comunicadora en Bachillerato Popular Travesti Trans Mocha Celis. Activista por los DDHH LGBTIQ+. Transfeminista.
Politóloga por la UCB de La Paz con especialización en Gestión Equitativa por la USMP, Lima. Diplomada en IAP y Educación Superior. Trabaja en investigación, derechos políticos de las mujeres, paridad y alternancia, prevención de violencia contra las mujeres y presupuestos sensibles al género.
Dentro del tercer sector desarrolló todo tipo de tareas, profesionalizándose en la gestión humana y de comunidades de personas. Trabajó en temas relacionados a la educación, los derechos civiles y la responsabilidad social empresaria. Estudia idiomas y turismo para poder seguir relacionándose con personas de todo el mundo.
Licenciada en Comercialización. Ha prestado sus servicios como asistente de gestión académica del Programa Colegio de las Américas – COLAM de la Organización Universitaria Interamericana – OUI. Apoyo a los procesos de convocatoria, registro de estudiantes, monitoreo de inscripciones y pagos, coordinación del proceso de certificación y diplomación y producción de informes administrativos.
Periodista de Medellín, Colombia y estudiante de la Maestría en Comunicación y Criminología de la Universidad Nacional de La Plata. Trabaja en temas relacionados con la memoria histórica, la violencia y los derechos humanos. Participa en procesos de periodismo ciudadano por la memoria, así como en investigaciones sobre el mismo tema. Ha sido docente de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia.
Licenciada en Relaciones Internacionales (UCC); Técnica en Responsabilidad y Gestión Social (Universidad Siglo 21); Especialista en Políticas Públicas para la Igualdad en América Latina (CLACSO y FLACSO Brasil) y Magíster en Derechos Humanos y Políticas Públicas (UNED España). Se desempeña en los ámbitos de la cooperación internacional, el desarrollo institucional y la docencia.
Argentina. Lic. en Relaciones Internacionales (Universidad Católica de Córdoba). Maestranda en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano (Universidad Nacional de Córdoba). Con experiencia en la coordinación y facilitación de talleres presenciales en América Latina, en tutorías de programas de formación virtual, y en el diseño de metodologías y la creación de plataformas colaborativas.
Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, con una maestría en curso de Ciencia Política por la Universidad Torcuato Di Tella. Su trabajo se concentra en los derechos reproductivos de las mujeres y la participación ciudadana.
Abogada experta en violencia de género por la Comisión Nacional de Justicia de Género de Venezuela – TSJ y Magíster en Docencia para Educación Superior, Diplomada en Innovación Política, Derechos Humanos y Procesal Penal. Trabajó en el Poder Judicial en la competencia de Delitos de Violencia contra la Mujer en el Estado Zulia, Venezuela. Embajadora de Venezolanas Globales en Argentina; forma parte de la Red de Mujeres de Amnistía Internacional Venezuela y de la Red Feminista del Estado Zulia.
Licenciado en Ciencia Política de la UBA, con un amplio recorrido en comunicación digital y campañas políticas. Con formación en diseño audiovisual por su vocación para contar historias. Colaborador de la Federación Internacional de Racquetball.
Licenciada en Administración Gubernamental y Políticas Públicas por la Universidad de Guadalajara con especialización en temas de participación ciudadana, innovación política y combate a la corrupción. Actualmente es Maestrante en Politicas Públicas con enfoque en Gobiernos Locales y Rendición de Cuentas. Especialista en estrategias y herramientas de incidencia y construcción de Redes por EQUIS- Justicia para mujeres, Alternativas y Capacidades y la GIZ -Agencia del Gobierno Federal Alemán y en Contraloría Social y Sistemas Anticorrupción por el Colegio de Jalisco y el Comité de Participación Social de Estado de Jalisco.
Licenciada en Ciencia política por la Universidad de Buenos Aires. Magister en Administración Pública por la facultad de Ciencias Económicas de la UBA y Especialista en Educación y nuevas tecnologías por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Se desempeña hace más de 10 años en la educación en línea en diferentes organizaciones de la región.
Licenciada en Relaciones Internacionales (Universidad de San Andrés) y Mg. en Relaciones Internacionales Europa – América Latina (Universidad de Bolonia). Realiza una Maestría en Ciencias Sociales de Internet en Oxford Internet Institute (Universidad de Oxford). Especializada en innovación política y gobernanza de internet.
Politóloga por la Universidad Pompeu Fabra, especializada en género y juventudes. Máster Interuniversitario en Juventud y Sociedad, Universidad de Girona. Maestría en Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires (en proceso de elaboración de tesis). Forma parte de la Red de Politólogas. Sus intereses de investigación se focalizan en los temas de género, juventudes y participación política.
Coordinadora de Gobernanza, Estado y Gestión del Observatorio de Políticas Públicas y Docente investigadora de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV). Asesora de organismos públicos nacionales y subnacionales. Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador (Argentina) y especialista en Cooperación Internacional por la Universidad Nacional de San Martín (Argentina).
Coordina el programa de Innovación Pública 360 y es Digital Integrity Fellow del Open Tech Fund. Msc en Desarrollo Internacional (Universidad de Bristol). Fue investigador en tecnologías para la Vicepresidencia de Bolivia, PNUD y Fundación UNIR Bolivia. Ex becario Chevening.
Licenciada en Ciencia Política de la UBA, especializada en dirección y gestión de organizaciones sociales en UdeSA y docente en la UBA de la materia “el rol de las organizaciones de la sociedad civil en políticas públicas”.
Politólogo de la Universidad de Buenos Aires, MSc en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford, MPA y PhD en Ciencias Políticas del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po). Trabajó en el Woodrow Wilson Center, el Centro de Desarrollo de la OCDE y dirigió el Instituto Federal de Gobierno en Argentina. También es docente universitario e investiga sobre democracia, economía política y tecnopolítica.
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Por innovaciones políticas nos referimos
Al desarrollo de prácticas, intervenciones, dispositivos tecnológicos y/o regulaciones que permitan solucionar problemas públicos. Las innovaciones, entendemos, deben tener dos condiciones necesarias:
La primera es que deben buscar transformarse en una práctica social y política generalizada, es decir, deben buscar tener un impacto político.
La segunda es que deben favorecer a la ampliación de derechos y de calidad de vida de las personas. Entendida de este modo, la innovación política apunta a la construcción de sociedades abiertas, gobernadas por comunes, por lo que se requieren acciones que distribuyan el poder. Es por ello que, desde Asuntos del Sur, priorizamos las innovaciones centradas en la construcción de sociedades más paritarias, inclusivas y participativas.
El 2020, sin dudas, será un año que no olvidaremos. El año del zoom o meet, del tapabocas, de trabajar en red detrás de las pantallas, cada unx desde un rincón diferente desde el cual le tocó vivir la pandemia y el aislamiento.
