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02 01 2019

Justicia penal internacional y crímenes contra la humanidad en Venezuela

adminOpiniones Asuntos del Sur, Corte Penal Internacional, Crímenes contra la humanidad, Nicolás Maduro, Venezuela

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Justicia penal internacional y crímenes contra la humanidad en Venezuela

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POR

ISAAC NAHÓN SERFATY Y SALVADOR HERENCIA-CARRASCO*

Juan Luis Pernalete era un estudiante de apenas 20 años que vivía en Caracas. El 26 de abril de 2017, él decidió participar en una manifestación pacífica para protestar por la difícil situación social y económica en Venezuela. Juan Luis fue asesinado ese día cuando una bomba lacrimógena, disparada por un Guardia Nacional Bolivariano, le impactó directamente en el pecho. Sus padres han denunciado el régimen del presidente Nicolás Maduro por la muerte de su hijo. Hasta el día de hoy, nadie ha sido inculpado por este crimen.

Este es uno de los múltiples testimonios que se pueden leer en el reporte presentado a fines de mayo por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Panel de Expertos Independientes sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Cada uno de los casos documentados revela un mismo patrón: el régimen niega las acusaciones, ataca y difama a los acusadores y un sistema judicial que no administra justicia. Todo esto seguido por retaliaciones contra las víctimas y sus familiares. Quienes son arrestados terminan usualmente sometidos a tortura y otras formas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Este patrón de violaciones contra los derechos humanos fue confirmado a fines de junio por un reporte del Alto Comisionado de las Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien enfatiza sobre el uso excesivo de la fuerza, las múltiples detenciones arbitrarias y el abuso contra los prisioneros.

El reporte de los expertos convocados por la OEA concluye que existen bases razonables para acusar al régimen venezolano de haber cometido crímenes contra la humanidad. Asesinatos, torturas, violencia sexual, detenciones arbitrarias y persecución forman parte de ataques sistemáticos y extendidos contra la población civil y líderes políticos acusados de criticar al régimen, lo que los califica como crímenes de lesa humanidad según lo establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI).

El panel de expertos, conformado por un ex-Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana, un ex-magistrado de la Corte Interamericana y un ex-Ministro de Justicia de Canadá, recomendó que el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, presentara el reporte y la evidencia acumulada durante la investigación a la Fiscal de la CPI. El panel también recomendó que otros estados deberían referir la situación de Venezuela a la CPI, según lo estipulado en el artículo 14 del Estatuto de Roma.

La Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, abrió una investigación preliminar sobre la situación en Venezuela en febrero de 2018. En principio, sus averiguaciones se enfocarán sobre posibles crímenes contra la humanidad perpetrados contra líderes políticos y la población civil durante la protestas que comenzaron en abril de 2017, aunque la persecución política y las violaciones contra los derechos humanos han sido un problema desde hace tiempo en Venezuela.

¿La CPI acusará finalmente a Maduro y a los funcionarios de su régimen? La Fiscal tendrá que revisar con mucho cuidado los documentos que su oficina ha recibido, incluyendo el reporte de la OEA. Los expertos convocados por Almagro identificaron 131 víctimas de asesinatos en las protestas que ocurrieron entre 2014 y 2017 a manos de fuerzas de seguridad del Estado y/o de los llamados “colectivos” (grupos paramilitares apoyados por el régimen). Además, se han registrado –según el reporte– 8.292 ejecuciones extrajudiciales desde 2015. Se estima que más de 12.000 venezolanos han sido detenidos de forma arbitraria, encarcelados o sometidos a severas restricciones a su libertad desde las elecciones presidenciales de 2013, año en el que Maduro fue electo.

El reporte se publica cuando Venezuela vive lo que ha sido definido por varias instancias internacionales como una verdadera crisis humanitaria, debido a la escasez de alimentos y medicinas. Según un estudio realizado por tres universidades del país, los venezolanos han perdido un promedio de 11 kilos (unas 24 libras) en 2017. El mismo Ministerio de Salud del régimen admitió que en 2016 se produjo un incremento de 65% en la mortalidad materna, que la mortalidad infantil creció en un 30% y que los casos de malaria subieron en un 76%. Las personas con enfermedades crónicas, lo que incluye a las que recibieron transplantes de órganos o que padecen VIH-Sida, han sufrido graves consecuencias por la falta de medicamentos. La crisis humanitaria, que se traduce en muertes por hambre, podría incluso ser considerada como otra forma de crimen contra la humanidad.

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El régimen que encabeza Maduro ha negado repetidamente que exista tal crisis, impidiendo que entre al país asistencia internacional. El gobierno argumenta que la crisis es el resultado de una conspiración extranjera contra la revolución. Muchos venezolanos no han tenido otra opción que emigrar, principalmente a Colombia y Brasil. La “diápora bolivariana” cuenta ya con 2 milllones de personas, una crisis de refugiados que en cantidad supera a la que se vive en Siria.

Independientemente del tiempo que tome a la CPI para iniciar formalmente una investigación contra el régimen, la persecución de líderes políticos opositores tiene una larga historia en Venezuela. Esta empezó bajo la presidencia de Hugo Chávez y se ha recrudecido bajo la de Maduro. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó la responsabilidad de Venezuela en la violación del derecho a la libertad de expresión (caso de Radio Caracas Televisión) y la persecución de opositores (caso San Miguel Sosa), entre otros. La Corte ha destacado la falta de autonomía e independencia del poder judicial venezolano para atender estos casos. Esta es una consideración importante, pues la evidencia indicaría que la justicia en Venezuela no podría llevar adelante una investigación independiente sobre las violaciones contra los derechos humanos, tal como lo establecen los artículos 1 y 17 del Estatuto de Roma.

El reporte de los expertos convocados por la OEA fue aprobado por la Asamblea Nacional de Venezuela, que cuenta con una mayoría opositora. ONGs locales están trabajando en estrategias para presentar pruebas ante la CPI. Una investigación exitosa deberá contar con la colaboración de varias instancias nacionales e internacionales. El Grupo de Lima podría jugar un papel importante, el cual debe complementar las declaraciones políticas. El Grupo fue creado en el seno de la OEA el año pasado para enfrentar la situación en Venezuela.

Pero referir la situación a la CPI no será suficiente para lograr justicia. Los miembros del Grupo de Lima deben comprometerse en arrestar y llevar ante la CPI a cualquier persona acusada de haber cometido crímenes contra la humanidad. También deben congelar los bienes y activos de estos funcionarios venezolanos en sus respectivas jurisdicciones. Y deben apoyar a las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela con el fin de documentar y presentar las evidencias de las violaciones de derechos humanos. Esto debe incluir el otorgamiento de facilidades para que los funcionarios de la CPI reciban testimonios y documentación de venezolanos que se encuentran en países vecinos.

El apoyo político y la crítica ante lo que sucede en Venezuela son importantes, como quedó demostrado en la más reciente Asamblea General de la OEA, pero debe haber acciones concretas. Muchos de los “Juan Luises” que están en Venezuela merecen un futuro mejor.

Nota: Este artículo es una adaptación de una versión originalmente escrita en inglés y publicado en los diarios Ottawa Citizen y Montreal Gazette el 3 de julio de 2018.

*Isaac Nahón Serfaty y Salvador Herencia-Carrasco

Isaac Nahón Serfaty es Associate Professor en el Departmento de Comunicación y miembro del HRREC de la Universidad de Ottawa. Twitter: @narrativaoral Salvador Herencia-Carrasco es Director de la Clínica de Derechos Humanos del HRREC de la Universidad de Ottawa. Twitter: @Sherencia77

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02 01 2019

Falsos positivos III. Sierra Nevada de Santa Marta – Colombia –

adminOpiniones Colombia, ejecuciones extrajudiciales, Falsos Positivos, paramilitares, Santa Marta

Falsos positivos III. Sierra Nevada de Santa Marta – Colombia –

POR

LERBER LISANDRO DIMAS VÁSQUEZ*

No debería estar escribiendo más sobre conflicto (pasado, presente y futuro): fue la dura advertencia que recibí en días pasados a través de mensajes de textos a mi número personal de teléfono. Busqué ayuda con las autoridades (silencio total). Entendí como la vida puede ser un trasegar y sentí pena ajena. Siguen siendo días acérrimos. Reconozco que soy un ser humano adusto y huraño, pero valoro positivamente las muestras de solidaridad que he recibido.

No tengo interés por lo sacro. Tampoco quiero morir y, recuerdo las palabras de Bolívar, en su última proclama de 1830: He sido víctima de mis perseguidores, que me han conducido a las puertas del sepulcro. También me uno a las de Ernesto Sábado y hago remembranza a los 70 años de su maravillosa obra literaria: en todo caso había un solo túnel, oscuro y solitario: el mío. Incluso en esos momentos que uno puede llamar de cavilación, repaso a Christopher Hitchens, y su lucha por la muerte, a la que decidió enfrentar mirándola de frente y en las que surgieron interpelaciones importantes y respuestas inesperadas: a la pregunta estúpida de ¿Por qué yo? el cosmos apenas se molesta en responder ¿Por qué no?

El fin de semana pasó un hecho curioso. Digo curioso porque soy abstemio, ateo y soltero; es decir: no hay divinidad, alcohol y enajenación, en mis actuaciones y decisiones. Me dispuse a entregar una finca (que era de mi mamá) a un dueño. Finca que hacía más de 15 años no iba y en teoría recordaba los linderos. La montaña creció a pasos agigantados y no fue posible dar con el objetivo. A duras penas llegamos donde anteriormente estaba la casa que la montaña devoró. Esa noche me quedé ahí, junto a dos personas más que iban conmigo.

Armamos hamacas; un cambuche improvisado y a dormir. Cerca de las 10 de la noche, todavía despiertos, escuchamos voces; eran dos niños jugando. Se sentían ondas con claridad. La casa más cercana está a 2 horas de camino y volvió el pánico. -Seguro aquí mataron a esos niños y están penando, decía uno de ellos-. -No, esos son unos niños indígenas que se perdieron hace muchos años, la Patasola se los llevó-.

Cualquiera de las dos a mí me parecía trágica y en medio del susto, la humedad, la oscuridad y el miedo a ser atacado por algún animal, cerré los ojos y me dormí. Muy temprano me levantó el canto de los pájaros y me fui inmediatamente hasta donde escuché las voces, porque para Maquiavelo, los fantasmas asustan más de lejos que de cerca y aunque carezco de valentía, el día es día. Encontré huellas pequeñas de felinos. Eran gatos montunos. Pero enfrenté el miedo con decisión.

Siendo consciente de mis limitaciones y de la falta de Estado, recordé el Título 1 y en él, el Artículo 1, de nuestra Carta Magna: Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades… Me dispongo a seguir escribiendo sobre eso que tanto molestó: los falsos positivos y el paramilitarismo y lo hago porque realmente es una vergüenza, junto a todos los hechos acontecidos en este lado de la montaña (distrito de Santa Marta: solo una ciudad) y no es que quiera sacrificarme, ni como dijo Dmitri Serguéievich, en el Romance de Leonardo, cuando le preguntaban por qué se arruinaba y se exponía a tantos tormentos y peligros y él respondía siempre las mismas palabras. Quiero resucitar a los muertos. Mi papel es poner la voz del que no está y no puede hablar.

Y es que hay que ver la ignominia: entre 1980 y 2015, los ejércitos totalitarios, según cifras del Observatorio de Memoría y Conflicto, asesinaron a 2291 personas. 2291 sin contar 2016, 2017 y lo que va corrido de 2018. De esos 2291, a 48 los asesinó la guerrilla, 1575 los grupos paramilitares y otros 325 entre, el Estado (falsos positivos y aparecen nombres como DAS., Policía y Ejército) y las Bandas Criminales. Violencia sexual: 285 casos, de los cuales 103 –casi la mitad- son atribuidas a una sola persona; masacres, 185 y desaparición forzada, con 1303 casos. 630 todavía siguen desaparecidos. En una ciudad que según el Dane (Departamento Nacional de Estadística), es de 507234 habitantes, con datos estadísticos de proyección poblacional 2018 y que llegó a estar (hasta 2014) dentro del Ranking de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Ocupó el puesto 29.

Hay algo que no gusta en estos números. A propósito Eduardo Galeano, en las Venas Abiertas de América Latina, afirma: nunca hubo tanta concentración de recursos económicos y de conocimientos científicos y tecnológicos dedicados a la producción de muerte y en esto, el gobierno que ahora nos dirige, hace sus movimientos. Para el 2018, el sector “defensa” recibió 28.6 billones de pesos. Este gobierno empieza la pugna pidiendo aprobación de 33.6, para 2019; es decir: hay un aumento significativo. Eso es muchísima plata en producción de muerte, heridos, viudas y demás daños colaterales que trae la guerra. Claramente no hay una preparación para fortalecer la paz sino para potencializar la guerra. Un billón de pesos en Colombia y esto es populismo de los más básicos y bajos, alcanza para dar tres comidas diarias, durante una semana a los más de 50 millones de colombianos.

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Y por supuesto, surge el temor natural al empoderamiento bélico que trajo actuaciones como la que a continuación se describe.

Eran como las 10 de la mañana y yo bajaba de San Pedro, por allá más abajo de la vuelta del Burro, me encontré con el Ejército, llevaban un tipo vestido de camuflado, amarrado y con un pasamontañas que le tapaba toda la cabeza. Solo los huequitos de los ojos. Yo me bajé en el Mico para esperar a que pasaran y al momentico pasaron, eran como 12 soldados y lo llevaban en el medio. Entre la gente que los saludaron y les preguntaban cosas, el tipo me miraba y se me acercó y me tocó el hombro: me llamó por mi nombre, pero era una voz rara, sentida, como si llevara un peso, era una voz que yo no pude entender ni reconocer. Estaba cargada como de miedo, sentimiento, como entre llorosa. El tipo sollozaba y quería como decirme algo, como sacar algo de lo más profundo. Lo empujaron y lo echaron para adelante. Yo me quedé ahí esperando a que se fueran y uno con la intriga porque él me conocía y quería como decirme algo, como pedirme ayuda, sollozaba.

Al momentico, la plomacera. Yo me quedé ahí como una hora más y después seguí y como a tres vueltas abajo del Mico, estaba el tipo tirado. Sin las manos amarradas y con una escopeta vieja al lado y en todas partes el Ejército. Ha de creer que lo mataron y él quería decirme algo, seguro eso, que lo salvara, que lo ayudara, él sabía que lo iban a matar. Pero uno ¿qué podía hacer ahí?

Después vi las noticias: guerrillero muerto en combate con el Ejército y estaba la foto del muchacho. Nunca le quitaron, ni en la foto el pasamontañas y no supimos quién fue el muerto y pues uno tampoco preguntaba porque sabía lo que le pasaba y eso de desaparecer personas era el pan de cada día. Y cuando pasé me miraban como queriendo decir: cuidado dice algo, porque lo hicieron fue de frente, no había vergüenza, ni pudor para matar.

Entonces, claro, compañías como la Halcón del batallón Córdova; la Cascabel del batallón Contraguerrilla 2 Los Guajiros; entre otras más y de otros batallones como la Popa, encontraron en esta directiva la posibilidad de asensos, permisos, bonificaciones y condecoraciones. Las veces en que he ido a hacer trabajo de campo –luego de generar confianza entre los entrevistados- pregunto ¿ustedes conocen bien a todos sus vecinos, no me de nombres, solo dígame cuántos eran realmente guerrilleros? La respuesta no varía. De 10, 1. ¿Entonces, de dónde salió tanto muerto? Y la respuesta más recurrente: de los paramilitares y el Estado, que se dedicaron a matar campesinos y gente inocente.

¿Cuántos años podía tener ese muchacho? No sé: póngale 16 o 17. Yo le dije: no vaya a raspar hoy porque por ahí me dijeron que subió el Ejército. Mi finca estaba por quebrada la Negra, cerca del caserío indígena de Kemakumake, donde el Mamo, Ramón Gil. Tenía unos cultivos de coca y ese muchacho me lo encontré en el pueblo, venía de María la Baja (Bolívar) y me pidió trabajo. Me lo traje, porque iba a coger una hojita. El pelao se fue, temprano, como a las 6 de la mañana y a las 8, como no bajaba, me dispuse a llevarle el desayuno. Desde un claro vi al Ejército y dije, ¡Mierda! lo cogieron. Y me quedé ahí escondido viendo. Cuando de pronto, uno de ellos le puso el fusil en el pecho y tenga, tres tiros a mansalva. Lo tenían arrodillado. Al momentico, la plomacera a la montaña, esas balas cortaban ramas.

Al momentico, la casa rodeada, ¡Somos el Ejército Nacional, salgan con las manos arriba! Yo pensé entre mí, ¡Jueputa, nos mataron también! Pero no, ni a mí ni a mi mujer ni al niño, nos hicieron nada. Entraron a la casa por las cosas del muchacho, los papeles y la ropa y me dijeron: métale candela a eso y queme todo. Eso me dijo eso y ahí mismo corrí y le eche gasolina y ¡bum! Que pecado con ese muchacho, no merecía morir así, humillado y lleno de pánico. Pero eso así les pidiera uno que no los matara más rápido lo hacían. Eran como los paracos, humillaban y eso los hacía sentir grandes. Luego se me acercó uno y me dijo: viejo, deme tinto y lo reparé bien, mano. Fue el que le pegó los tiros al muchacho, no tendría ni 20 años. Dos pelaos que se jodieron la vida. Uno murió pero el otro se le veía en los ojos que también estaba muerto.

Mal haría en decir que todas las actuaciones del Ejército y de la Policía fueron o son malas y nocivas. Cumplen una función constitucional necesaria para el país. Pero en lo que concierne a su Mano Negra sí lo es y no hay justificación alguna para la infamia, ni para que siga operando. No es posible, que en Santa Marta, a la Policía Metropolitana le roben 234 armas, en 2016 y que estas, presuntamente regresaran a las manos de los paramilitares. No es posible que el comandante de su Sijin (seccional de investigación criminal) haya sido vinculado (en 2016) como cabeza de una Banda Criminal. Son actuaciones que simplemente no son posibles. No lo pueden ser.

No es posible que el director de Fiscalía del Magdalena, haga una rueda de presan para decir, que su fiscalía, la responsable de llevar a los sicarios a la cárcel, de 50, solo condenó a 1. Y tampoco es posible, que de las más de 200 capturas realizadas por concierto para delinquir a Bandas Criminales: Pachencas, Clan del Golfo y Oficina Caribe, ninguna haya llegado a una sentencia condenatoria y todos, después de entre 3 y 6 meses, estén nuevamente libres. Simplemente no es posible.

Claramente no es un problema que se resuelve amenazando. Se resuelve revisando actuaciones, poniendo la cara y haciendo frente, respetando el derecho a la vida, a los Derechos Humanos y que prevalezca el respeto. Ese es el llamado, no mandando a robar computadores, ni amenazando líderes y pensadores.

*Lerber Lisandro Dimas Vásquez

Antropólogo, investigador del grupo de investigación Oraloteca de la Universidad del Magdalena. Con conocimiento sobre dinámicas, sociales, económicas, políticas y violentas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Con amplio recorrido en temas de Justicia Trasicional, construcción de paz, crimen organizado y violencia urbana. Con conocimientos y trabajos en comunidades étnicas y campesinas. Defensor de Derechos Humanos y del medio ambiente | Twitter @lerberlisandro

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01 31 2019

La diáspora Latinoamericana: más que una crisis, un desafío de inclusión y educación en Derechos Humanos

adminOpiniones caravana de migrantes, Centro América, centroamerica, Democracia, Desigualdad, Diáspora, El Salvador, Guatemala, Honduras, Migración, Nicaragua, Sueño Americano, Trump

La diáspora Latinoamericana: más que una crisis, un desafío de inclusión y educación en Derechos Humanos

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POR

VERENICE BENGTSSON*

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el número de migrantes internacionales es de 244 millones de personas. En todo el mundo las personas se desplazan internamente debido al cambio climático, los conflictos armados, la violencia estructural, la guerra, el hambre y la pobreza.

Latinoamérica no es ajena al fenómeno de la migración y es un tema clave en el desarrollo político social y económico de la región. La legitimación del racismo, con el efecto dominó de la llegada a la presidencia de Donald Trump, ha tenido un fuerte impacto mundial. El endurecimiento de las políticas migratorias, así como las protestas y los actos violentos en contra de inmigrantes en los países receptores, no se han hecho esperar. Las imágenes de las protestas xenófobas en Costa Rica contra los solicitantes de asilo procedentes del violento conflicto político en Nicaragua solo nos ha hecho refrescar la memoria de la histórica discriminación y exclusión de nicaragüenses en suelo costarricense.

Las cifras de la migración que genera laviolencia en Colombia, México, Honduras, Nicaragua, Guatemala y los desafíos dela nueva diáspora en Venezuela llega a reflejar que realmente la región enfrenta verdaderas crisis humanitarias. Pero sobre todo, enormes desafíos en materia de concientización y respeto por los derechos humanos.

Pese a los acuerdos de paz y una relativa calma, los conflictos entre grupos armados y el crimen organizado siguen generando el desplazamiento interno de ciudadanos colombianos. Según el Consejo Noruego para Refugiados, 7.2 millones de personas han sido desplazadas internamente en Colombia, colocando a ese país a la cabeza en las cifras de desplazados a nivel mundial, superando a países como Siria e Irak.

De acuerdo al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la migración de venezolanos ha aumentado en 2000% desde el año 2014. Debido a ello, ese Alto Comisionado ha incorporado una nota delineamientos que tienen por objetivo ayudar a los Estados a determinar y otorgar protección internacional, basado no solo en la Convención sobre el Estatuto de Refugiado de 1951 y la Declaración de Cartagena de 1984. Los lineamientos están orientados a que los Estados de la región tomen en cuenta la dinámica del complejo contexto social político y económico de Venezuela, garanticen derechos básicos y status de legalidad. Sobre todo a que respeten la garantía de non refoulement a fin deque los venezolanos no se vean forzados a retornar a su país de origen.

De igual manera, el ACNUR ha creado directrices especiales para proteger a solicitantes de asilo procedentes de Honduras. La prolongada crisis política, la violencia ejercida por los carteles de la droga,las pandillas y otros grupos de delincuencia organizada, que operan con la aquiescencia y/o complicidad de agentes estatales, ha generado una ola de migración sui generis hacia países vecinos, Estados Unidos y Europa. Pese al cáracter complementario de las directrices, los Estados receptores no parecen estar dispuestos a reconocer el dramático contexto de violencia que se vive en Honduras, negando la calidad de refugiado a quien merece protección internacional frente a la inoperancia de un Estado que no quiere o no puede proteger al que huye de la violencia.

De acuerdo al Observatorio consular y migratorio hondureño, 128 hondureños salieron del país diariamente, con la intención de no regresar, solo en el 2017. En ese año, alrededor de 50,000 personas fueron retornadas desde México y los Estados Unidos de América.

Mientras Latinoamérica entera explota de indignación en las redes sociales frente a la separación de familias centroamericanas en la frontera estadounidense, la miopía y la doble moral no nos permite ver los problemas internos de racismo, exclusión y amnesia histórica de las migraciones provocadas por las dictaduras a nivel local. El rechazo al migrante en América del Sur es tan fuerte y tan grave como en los países donde la supremacía blanca ejerce violencia estructural y crea un círculo vicioso donde la marginación y la exclusión traen como consecuencia el aumento de la pobreza y la violencia.

Y para entender y atender el problema, hace falta hacer uso de un enfoque interseccional, donde la clase social, el género y la edad sean tomados en cuenta en el mismo grado que la nacionalidad. La tendencia es responsabilizar al choque cultural y étnico, cuando más bien se trata de asumir que los privilegios son invisibles para quienes los poseen y que todos esos factores mencionados influyen en las relaciones de poder, sometiendo al extranjero a un problema estructural que profundiza la discriminación, la explotación y la pobreza.

Mientras el efecto Trump se expande por Europa, los Estados latinoamericanos se enfrentan a la emergencia de apelar a la solidaridad y generosidad que caracteriza a la mayoría de sus habitantes. La necesidad de educar y sensibilizar a la población en Derechos Humanos es apremiante para combatir la xenofobia. Entre más educación e igualdad se promueva más fácil será el trabajo de construcción de democracias inclusivas. Y eso implica no solo promover la aceptación, sino también fomentar el diálogo y sensibilizar en derechos humanos a nacionales y a inmigrantes, porque para bailar el tango se necesitan dos. Diferentes experiencias y estudios demuestran que la diversidad es un factor ligado al crecimiento y al desarrollo económico. Pero eso no ocurre a puertas cerradas. Frente al aumento de la migración interregional, las acciones claves para un crecimiento sostenible son apertura, participación e inclusión.

*Verenice Bengtsson

Verenice estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estudió derechos humanos, género, etnicidad, clase y bienestar social en la Universidad de Lund y una maestría en Estudios Políticos Globales con especialización en derechos huamnos en la Universidad de Malmö. Actualmente vive en Suecia y trabaja promoviendo inclusión y diversidad en el sur de este país. Por esas paradojas de la vida antes de convertirse en inmigrante en Suecia, se desempeñó como Secretaria General de Migración en Honduras.

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Docente

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01 31 2019

Brasil: la encrucijada del orden y el progreso

adminOpiniones Bolsonaro, Brasil, Ciudadanía, Democracia, Derechos, Diversidad, Haddad, Orden, Pluralismo, Progreso

Brasil: la encrucijada del orden y el progreso

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ASUNTOS DEL SUR*

El próximo 28 de octubre, Brasil decidirá su futuro entre dos posturas antagónicas. Por un lado, se encuentran Fernando Haddad y Manuela D´Ávila, la fórmula por el Partido de los Trabajadores (PT), quienes representan el legado de los gobiernos de Lula Da Silva y Dilma Rousseff, con toda su carga positiva y negativa a cuestas, debido a los avances en términos de derechos conseguidos durante los últimos años,pero eclipsados por los escándalos de supuestos actos de corrupción cometidos en esas administraciones y que llevaron a la separación del poder a ambos mandatarios, en dudosos juicios políticos.

Por el otro lado, está la candidatura de dos ex – militares: Jair Bolsonaro y Hamilton Mourao que, además de ponderar las bondades del sistema neoliberal en una sociedad profundamente desigual, representan todo lo que cualquier sociedad democrática del siglo XXI debería rechazar: el racismo, la xenofobia, la homofobia, el machismo, la misoginia, la anti inmigración, la represión y la justificación de la dictadura militar. Se trata de una versión del denominado populismo de derecha, que se ha aprovechado de un clima de opinión desfavorable a las instituciones democráticas, construido por la oposición al PT y la prensa, que posicionaron una agenda anti-política y anti-establishment, como reacción de las élites políticas y económicas, frente a privilegios perdidos y que, ahora, pretenden recuperar con su particular versión del orden y el progreso.

Con este panorama de crisis política y caos social y económico fabricado, el discurso del orden aparece dominado por la prevalencia del discurso de la mano dura contra las libertades públicas e individuales, con el recorte a los avances logrados y la premisa de que ha sido precisamente eso lo que ha provocado el desorden. Por lo menos, así lo afirmó Bolsonaro en entrevista con la actriz Ellen Page en 2016: «Cuando era joven, había pocos gays. Con el tiempo, debido a las libertades, a las drogas y con las mujeres trabajando, aumentó bastante el número de homosexuales» (1).

En cuanto al progreso, Bolsonaro ha anunciado que, de llegar a la presidencia, nombraría como ministro de finanzas a quien ha construido su programa económico: Paulo Guedes, un egresado de la Universidad de Chicago que tenía a cargo una cátedra de economía en la Universidad de Chile en plena dictadura de Pinochet y quien pretende ahora implementar en Brasil las reformas del Chile de los ’80, donde la apertura, el achicamiento del Estado, los nefastos cambios en el sistema de pensiones y la privatización de empresas públicas, sirvieron como laboratorio para el modelo económico neoliberal, que ha generado las actuales brechas de desigualdad en el orbe y que tiene la capacidad de reinventarse con cada nueva crisis, como viene pasando en países como Argentina con las medidas del gobierno Macri.

El respaldo de Sebastián Piñera a Bolsonaro, hace un par de semanas,sería la constatación de este panorama para Brasil: «Las señales que está dando en cuanto a abrir la economía brasileña, reducir el déficit fiscal, reformar las pensiones, reducir el tamaño del sector público con muchas privatizaciones, yo creo que es lo que un país como Brasil,que es un gigante, necesita» (2). Así que ya sabemos cuál es la fórmula del progreso, la de ampliar las brechas en un país donde aún 14,83 millones de personas están en la pobreza extrema, según cifras del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Solo entre 2016 y 2017, en momentos de crisis política y desaceleración económica, esta cifra aumentó 11,2%, lo cual es un indicio de lo que podría ocurrir del 28 de octubre en adelante con un gobierno de Bolsonaro.

En este aspecto, destacamos que, políticas regresivas en términos de derechos, serían además nefastas para avanzar en la necesidad de atender y visibilizar la magnitud y existencia de la interseccionalidad, en las desigualdades entrecruzadas de género y étnico-racionales. Por ejemplo, como «en el caso de las mujeres negras, ya que constituyen la mayoría entre la población más pobre del país. De todas las familias inscritas en los programas sociales brasileños, el 88% eran encabezadas por mujeres y, de estas familias,el 68% eran encabezadas por mujeres negras» (ONU Mujeres, 2016) (5)

Tal vez esta encrucijada, donde los deseos están puestos en conseguir orden y mayor progreso, sea el momento de la transformación más profunda: que cada brasileño o brasileña se comprometa con su voto y haga que el discurso del partido que dice representar sus derechos y sus conquistas históricas, retome su rumbo, recuerde de dónde emergió y cuál fue su propósito; de comprometerlo con una fuerte reestructuración interna, forzarlo a su propio escrutinio y se piensen como colectividad política. Elegir el camino más corto y el que se ofrece como salvador, suele ser el menos profundo y el que no se compromete con las verdaderas transformaciones.En este caso, el camino largo no es el más deseado por muchos y muchas, por la falta de entusiasmo, pero tal vez sea el de una oportunidad histórica para no detenerse en un rumbo en el que ya se ha encaminado Brasil y que ahora necesita del concurso de la ciudadanía.

Por eso mismo, consideramos indispensables algunos elementos que se deben tener en cuenta para tomar esta decisión el próximo 28 de octubre:

– Está comprobado que el autoritarismo no es solución a los supuestos climas de caos social, político y económico, por el contrario, suele profundizarlo.

– Los discursos de salvación suelen ser el resultado de la fabricación previa de crisis, que terminan por beneficiar política y económicamente a quienes la han creado.

– Orden no es sinónimo de restricciones a las libertades públicas e individuales, ni de represión contra grupos subalternizados (3) (población afro, colectivos LGTBI, grupos indígenas, entre otros).

– Orden no es sinónimo de responder con violencia estatal a la violencia de la delincuencia, ni atacar a consumidores a través de políticas represivas; esa ha sido la estrategia fracasada de la lucha contra la delincuencia y las drogas; México y Colombia son un claro ejemplo de ello.

– La idea de Dios, Familia y Patria, más allá delas creencia religiosas, suele ser usada políticamente como un arma de homogenización de las sociedades, que por más que quieran reordenar a su estilo quienes la pregonan, no acepta los cambios y las dinámicas del siglo XXI. Las creencias múltiples deben ser garantizadas y respetadas como derecho constitucional; la familia ya no es aquella unidad absoluta clásica, sino que ha migrado a otras formas de composición y, la Patria, tampoco es la unidad nacional constituida únicamente por iguales, sino que se compone de la diferencia y de la migración. La idea de “América para los americanos” de Trump, además de retrógrada es racista y ya sabemos que ha emergido tras los discursos de la superioridad de “razas”.

– Orden tampoco corresponde al uso por parte delos gobiernos conservadores de los discursos anti-derechos tomado de las iglesias evangélicas, que tratan de mantener las relaciones de poder desiguales entre varones y mujeres. Determinan que las tareas domésticas, de cuidado de niñas y niños y, también de personas mayores, son naturalmente de las mujeres, encerrándolas en lo domestico, como único poder social disponible para las mujeres.

– Ni orden es continuar con la división tradicional dicotómica de roles de género, que también conduce a discursos de odio y violentos contra aquellas personas que no encajan en esta visión binaria de las sociedades y en la heteronormatividad (4) como mandato social.

– Progreso no es sinónimo de salvamentos a los privados, deuda externa para ajuste fiscal, recorte de derechos y privatización. Se debe aprender de las graves consecuencias del paquete neoliberal aplicado por el gobierno Macri en Argentina.

– Los paquetes de reformas pensionales no suelen beneficiar a la población que más necesita de su pensión; hoy en Chile, por ejemplo, se busca replantearla. Hay que tener en cuenta que la crisis actual en Nicaragua comenzó por la introducción de una reforma pensional que golpeaba la situación de los pensionados.

– Castigar con el voto al PT, votando por Bolsonaro, no es castigar al PT. En este caso, elegir a Bolsonaro es elegir el castigo de las mayorías en Brasil.

– La democracia, más allá del voto, necesita el concurso de la ciudadanía. Por eso en Brasil, las organizaciones, estudiantes, colectivos feministas, grupos afro e indígenas, sindicatos, grupos artísticos, culturales y populares, deben acompañar el voto con la movilización social, exigiendo al PT reformas internas a la colectividad política, en la renovación de liderazgos y en exigir la rendición de cuentas y mecanismos de Gobierno Abierto para hacer seguimiento a su gestión.

– Por último y, no menos importante, destacar que, a pesar de que los titulares de los medios los ha secuestrado el particular y extravagante estilo de Bolsonaro que encanta a cierta prensa, la dupla conformada por Fernando Haddad y Manuela D´Ávila, es una candidatura con cualidades suficientes para gobernar a Brasil, más allá de que se le vea y se le quiera mostrar como vocera de Lula.

– A diferencia de otros casos de transferencia de votos en la región sobre candidatos sorpresa, Haddad y D´Ávila gozan de una trayectoria político-electoral comprobada y exitosa. Haddad ya gobernó una megalópolis como Sao Paulo, pasó por el Ministerio de Educación con altos reconocimientos y posee una una sólida trayectoria académica, que también lo respalda en temas del derecho, la economía y la política. Igualmente, Manuela D´Ávila tiene estudios en Ciencias Sociales y se graduó como periodista. A los 23 años fue concejal de Porto Alegre, a los 25 ya era diputada federal, la más votada en el estado y fue reelegida en 2010 con el mayor número de votos en todo el país.

Sabemos que este tipo de encrucijadas son complejas y que muchas cosas del contexto nublan la decisión. Desde Asuntos del Sur, tomamos una posición, a partir del entendimiento de una democracia con justicia social, inclusiva, paritaria y equitativa, que avanza en la ampliación de los derechos para toda la ciudadanía y que la encontramos más cercana en el proyecto y en la agenda del PT, representada hoy en Fernando Haddad y Manuela D´Ávila. No sin ojos críticos sobre una colectividad política que, consideramos, debe repensarse, renovarse, redefinir estrategias para su actuación en el poder y articular nuevos públicos y mecanismos de participación a su proyecto. Igualmente, esperamos que el ex-presidente Lula DaSilva, pueda resolver los problemas judiciales que hoy lo tienen privado de su libertad y sus derechos políticos, porque también vemos en él a un líder necesario para lo que viene, bien sea para acompañar la tarea de Haddad y D´Ávila o para ser una fuerte voz crítica, si es que Brasil, a pesar de todo, se decidiera por Bolsonaro.

Notas:

(1)https://www.semana.com/mundo/articulo/la-incomoda-entrevista-de-ellen-page-a-jair-bolsonaro-que-se-volvio-viral/586915

(2) https://es.euronews.com/2018/10/10/sebastian-pinera-matiza-su-apoyo-a-bolsonaro

(3) El concepto de subalterno permite poner el foco en los aspectos subjetivos de la subordinación en un contexto de hegemonía, es decir, la mención a los grupos subalternizados refiere a la cuestión de identidades hegemónicas e identidades subalternas;bajo la supuesta inclusión en el imaginario de “todos”, como forma de expulsar sujetos de la ciudadanía implícitamente.

(4) La heteronormatividad es un término acuñado desde el feminismo y el movimiento LGBTI, para referirse a la sexualidad heterosexual y reproductiva obligatoria, entendida como el mandato “natural” en las sociedades patriarcales (Rich, 1980). Esto es, desde la niñez se socializa a mujeres y varones, de forma simbólica y material, en el imaginario de la heterosexualidad como lo “normal” y universal.

(5) https://www.cepal.org/es/publicaciones/43746-mujeres-afrodescendientes-america-latina-caribe-deudas-igualdad

*Asuntos del Sur

Es un centro de pensamiento independiente, sin fines de lucro que desde 2007, se dedica al análisis, debate y realización de propuestas de políticas públicas para América Latina. ADS tiene el objetivo central de constituirse en una plataforma de deliberaciones de los principales problemas y preocupaciones que aquejan a nuestra región. Como resultado, ADS produce información rigurosa y de calidad que busca influenciar políticas regionales y nacionales. | Tw: @AsuntosDelSur

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01 31 2019

De la Innovación Política a la Resiliencia Democrática

adminOpiniones Asuntos del Sur, Democracia, Innovación Política, Latinoamérica, Política, Resiliencia, Resiliencia Democrátiica, Tecnoogías, Vigilanica Tecnológica

De la Innovación Política a la Resiliencia Democrática

POR

MATIAS BIANCHI / CRISTIÁN LEÓN*

Texto extraído de Democracia Abierta

Se han prendido todas las alarmas en las democracias de la región. El triunfo de Bolsonaro en Brasil es la consolidación de una tendencia de posiciones políticas en ascenso que se sirven de la antipatía social por la política para instaurar alternativas autoritarias y muchas veces abiertamente anti-democráticas. Esta tendencia se consolida en los países del Atlántico Norte y va creciendo poco a poco en nuestros países, pero decididamente en gobiernos tanto de derecha como en Colombia con Duque, como de izquierda en Nicaragua con Ortega y en Venezuela con Maduro. Esta ya no es sólo apatía, no es cansancio con los dogmas ideológicos ni la crisis de los partidos políticos. Es, en cambio, el posicionamiento del miedo y el odio como medio para la concentración del poder y la instrumentalización del electorado, y el uso de la fuerza para la eliminación de alternativas políticas. Ante este nuevo escenario, las fuerzas democráticas tienen que reorientar su campo de acción, estrategias y herramientas.

Cuando hace tres años Larry Diamond nos alertaba sobre la recesión democrática que los países occidentales estaban experimentando, nosotros dijimos que estaba equivocado. Observábamos los mismos síntomas pero no compartíamos el diagnóstico. Frente a la creciente inestabilidad política, los bajísimos niveles de legitimidad de las instituciones representativas y las masivas protestas sociales, lo que veíamos era la emergencia de una constelación de movimientos democratizantes que chocaban con la política tradicional. Especialmente en los países gobernados por la “marea rosa” progresista, vimos que el malestar se focalizaba en el agotamiento de la política tradicional, particularmente en las crecientes contradicciones que estos gobiernos experimentaban al profundizar el extractivismo, por permitir niveles de corrupción escandalosos y ser crecientemente intolerantes frente a la disidencia. En encuestas y en grupos focales que realizamos a activistas en ese momento, éstos, de hecho, afirmaban avances de la democracia, mayores derechos a grupos en situación de vulnerabilidad, una creciente participación de las mujeres en política y una mayor inclusión social. Sus demandas se concentraban en la “forma” de ejercer el poder por parte de la política tradicional. Criticamos, entonces, que las principales corrientes intelectuales no daban cuenta de un fenómeno político emergente al que nosotros denominamos como “innovación política”.

Estos movimientos, emergentes en los últimos 10 años, y estrechamente vinculados al uso de tecnologías digitales, eran actores que proponían prácticas, principios y maneras de organización opuestos a la política representativa basada en partidos políticos. Los pingüinos chilenos, los #yosoy132 mexicanos, las #niunamenos argentinas, el #vemprarua brasileño son esencialmente democráticos, y (pese a sus respectivas particularidades) se caracterizaron por incluir a actores no tradicionales, defender prácticas abiertas, estructurarse horizontalmente y poseer esquemas de comunicación y acción distribuidas. Es más, vimos con mucho entusiasmo en esos años,cómo algunos de esos movimientos crecían y se volvieron alternativas electorales, como es el caso de Revolución Democrática, Wikipolítica, o Muitas. Entendimos que esa era la dirección correcta y que con la multiplicación de estas experiencias lograríamos transformar cualitativamente las democracias de la región. ‍

Nuevo paradigma: Black Mirror‍

Lo cierto es que el escenario hoy es otro. El año 2016 marca un cambio de época en el cual se cristaliza triunfante la antipolítica y con ella se inmiscuye tímidamente el autoritarismo antidemocrático. Es el año donde se elige a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, es al año del Brexit, y más por nuestros pagos, es la derrota del plebiscito por la paz en Colombia, el golpe blando a Dilma Rousseff, y en el que Maduro decide disolver al Congreso electo y con ello abandonar el último vestigio de democracia que le quedaba a su régimen.

Dos años después, con la virtual elección de Bolsonaro como presidente del país más grande de la región, se consolida un paradigma político en el cual la política ha perdido prácticamente su capacidad de intermediación frente a los poderes de facto, en el que el autoritarismo anti-democrático ha perdido su timidez y en el que decidir participar en política se ha tornado un riesgo de vida. La tecnología digital, que creíamos la principal aliada de la innovación política -por su potencial para democratizar el debate, distribuir liderazgos, abrir gobiernos y transparentar procesos-, hoy se parece a uno de los episodios más cruentos de la serie Black Mirror, transformándose en uno de los principales instrumentos de control, opresión y manipulación por parte de los poderosos hacia las mayorías.

Este nuevo escenario se manifiesta principalmente a través de tres mecanismos perversos: el uso de la violencia directa como táctica disuasiva al activismo, el fortalecimiento de un Estado vigilante y el control narrativo para la exclusión y el odio.‍

Violencia política

La violencia es la voz con la que el autoritarismo apaga el debate democrático. Los ataques a defensores de derechos humanos, líderes sociales y la prensa libre, están en sus picos históricos. En 2017, al menos 312 defensores de derechos humanos fueron asesinados en la región. La gran mayoría de los casos se concentró en 3 países: Colombia, México y Brasil. La prensa independiente, por otro lado, es constantemente asediada, por lo que, de acuerdo a Freedom House, esta se encuentra en su peor estado en los últimos 13 años. En el año pasado, 11 reporteros fueron asesinados en México, y a octubre de 2018, esa cifra ya se superó. Durante 2016,Artículo 19 registró 426 agresiones contra la prensa, 7% más que un año antes. Destaca el aumento de agresiones contra mujeres periodistas, que de 2015 a 2016 incrementó 15%, con 96 casos (14 de ellos explícitamente por ser mujeres).

Como en las peores épocas, la protesta social vuelve a ser un crimen. Los gobiernos regulan el espacio público, declaran Estados de sitio para justificar la represión y persecución y anulan todo derecho a reunirse y expresar opiniones. En Venezuela, el Gobierno ha creado una Ley contra el Odio, la cual posibilita la censura y persecución a medios de comunicación, periodistas y activistas debido a sus contenidos y publicaciones en internet. En México, se aprobó la Ley de Seguridad que permite el uso de fuerzas de seguridad para el rol de seguridad pública, lo cual elevó los niveles de alerta contra potenciales abusos, teniendo además en cuenta los últimos antecedentes con respecto a la desaparición de los estudiantes rurales de Ayotzinapa (Frontline Defenders, 2018). En Nicaragua se decretó la necesidad de tener un permiso para poder usar el espacio público, lo cual permitió que alrededor de 30 personas sean arrestadas durante una marcha a principios de octubre. ‍

Estado vigilante

Los Estados de la región son cada vez más funcionales a los intereses de los poderes fácticos (empresas transnacionales, tráfico ilegal, medios de comunicación concentrados), concentrándose menos en garantizar derechos, brindar políticas sociales, y más en vigilar y controlar. Argentina, por ejemplo, viene siendo sacudida por una profunda crisis económica y este año eliminó diversos ministerios (como salud, trabajo y ciencia y técnica), en su propuesta de profundizar el recorte al gasto público (que se prevé será mayor en el 2019). Sin embargo, pese al ajuste en sectores sociales claves, el gobierno nacional ha aumentado competencias a las Fuerzas Armadas y su presupuesto, para permitir su intervención en la seguridad interior.

Similarmente, vemos como preocupante la tendencia a utilizar al Poder Judicial como disciplinador de voces políticas. Esta judicialización de la política, denominado Lawfare en inglés, opera en una sospechosa sintonía con los medios concentrados de comunicación y con las redes sociales para crear humor social contra ciertas tendencias políticas. Un caso emblemático es la encarcelación del líder político más popular de Brasil, Lula Da Silva, meses antes de las elecciones presidenciales.

Si bien la inclinación de los gobiernos por acceder a la información de sus ciudadanos no es nueva, las posibilidades de hacerlo a escala masiva sí lo son. La tecnología de vigilancia es cada vez más barata y accesible, así como los medios por los cuales la propia ciudadanía se expone por falta de conciencia o conocimiento (Freedom House, 2017). El hackeo a la empresa italiana HackingTeam develó la compra de su software de vigilancia (Galileo, Davinci y Remote Control System) por varios gobiernos de América Latina, incluyendo Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Panamá y México, además de otros con los que tuvieron negociaciones. Otro software de vigilancia a dispositivos móviles, Pegasus – que fue desarrollado por la firma NSO group-, fue detectado en México y Brasil recientemente. Este software además permitió la suplantación y control de cuentas de medios de comunicación.

La vigilancia no se debe solo a avances tecnológicos, sino también a legislaciones más permisivas. Por ejemplo, en México se aprobó una ley que permite expandir las facultades legales de llevar a cabo medidas de vigilancia, instituyéndose por ejemplo, la obligación para las operadoras de servicios de telecomunicaciones de guardar metadatos de los usuarios por 24 meses o la facultad de geolocalizar personas en tiempo real. ‍

Narrativa de la exclusión y el odio

Rodeados de apatía política por parte de la ciudadanía, de regresión de conquistas sociales, de crecimiento del desempleo y de una masiva migración de personas venezolanas, quienes por la situación que atraviesan se han convertido en chivo expiatorio de los Gobiernos de ultra-derecha, la región se ha vuelto un caldo de cultivo para expresiones políticas que quieran explotar esas frustraciones. Lo hacen con mensajes de odio, exclusión y la recuperación a valores que se consideran superiores como la patria, la religión y la familia. Aquí la tecnología juega un rol importante, esencialmente con el uso de la industria de datos.

De acuerdo a Tactical Tech, se han detectado alrededor de 40 métodos por los cuales organizaciones políticas y gobiernos pueden llegar a usar las tecnologías digitales para generar distorsiones en la opinión pública. Estos métodos incluyen la micro segmentación de perfiles a través de datos de Facebook y otros servicios de redes sociales, las noticias falsas, las granjas de trolls y bots, el uso masivo de grupos de Whatsapp, entre varios otros. El problema de estos no sólo es una discusión ética, en tanto suponen la vulneración del derecho a la privacidad y la manipulación, sino su uso instrumental para promover el odio y la violencia hacia el otro.Existe suficiente evidencia que demuestra el uso de estos mecanismos por organizaciones de extrema derecha, xenófobas y anti-derechos en las elecciones de Estados Unidos, el Brexit, el plebiscito por la paz en Colombia y las últimas elecciones en Brasil. El candidato Jair Bolsonaro, por ejemplo, realizó la mayoría de su campaña a través de grupos de Whatsapp en los que plantó una gran cantidad de información falsa con respecto a sus contrincantes. En esa línea, las organizaciones políticas están canalizando la violencia verbal dirigida hacia ciertos grupos sociales para desprestigiarlos y promover el odio contra estos.

El método más nocivo de control de la narrativa es la censura directa. Los Gobiernos han logrado la tecnología para interferir y bloquear contenidos y evitar tanto el acceso a información como la comunicación entre ciudadanos. Se ha evidenciado censura a medios de comunicación en Venezuela y Nicaragua, pero también en países con democracias que no están en crisis, como Chile y Brasil, al restringir el uso de servicios para activistas, mensajería instantánea. No obstante, esta es sólo una forma de censura, en tanto los grandes monopolios mediáticos siguen ahí y, como fue denunciado por varias organizaciones latinoamericanas, usan el término de “noticias falsas” para impulsar acciones en contra de los medios independientes y así acallarlos. ‍

Hacia estrategias de resiliencia‍

Nuevos tiempos, nuevos remedios. Con la virtual elección de Bolsonaro, y la consolidación del nuevo paradigma, la acción política necesita de nuevas estrategias y perspectivas que se enfoquen en la resiliencia democrática. Las estrategias de apertura de datos, de mecanismos de co-creación y participación y la lucha por la transparencia, se presentan como iniciativas insuficientes que quedan a mitad de camino -y no resuelven los problemas de fondo- para este nuevo escenario.

La primera estrategia debe ser la apropiación de un profundo conocimiento y defensa de los derechos fundamentales. Frente a un Estado vigilante y sus prácticas represivas, debemos mejorar los canales de defensa en procesos judiciales, la generación de campañas en defensa a los derechos fundamentales, el fortalecimiento de redes internacionales así como hacer un mejor uso de los instrumentos internacionales de protección de los Derechos Humanos. No obstante, es preciso socializar y concientizar el conocimiento legal y las estrategias de litigio hacia las mayoría de la población, bajar el “derecho” a través de formas como el “litigio estratégico” para que su uso pueda proyectarse desde los movimientos de base, los activistas de calle y el debate público. Ante la violencia, debemos adquirir tácticas de seguridad (analógica y digital) y disminución de riesgos para figuras públicas. La perspectiva de seguridad debe ser íntegra, incluyendo todos los aspectos de movilidad, comunicación, resguardo de información y hasta lo psicoemocional. Asimismo, debemos recuperar la iniciativa de la narrativa democrática. Tanto en el mensaje, en el cual procesos democráticos puedan volver a conectar con las mayorías, responder a sus necesidades, y no frustrarse porque no responden a las propias; como así en los medios, entender mejores los canales de comunicación y crear los incentivos para la creación de medios responsables y profesionalizados.

Sin embargo, nada será posible si no recuperamos la política, especialmente la legitimidad de los partidos políticos y las instituciones. Sin ellos, está garantizado que no habrá contención posible a la marea que avanza.

*Matias Bianchi / Cristián León

Matías F. Bianchi Director Fundador de Asuntos del Sur. Es politólogo de la Universidad de Buenos Aires, posee un MSc de la Universidad de Oxford, un Master of Public Affairs del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po) y es Doctor en Ciencia Política, tesis “economía política de la democracia subnacional”. Es docente universitario y participa en diferentes instancias de diálogo internacional en torno a temas de descentralización, federalismo y manejo de recursos naturales.

Cristian León Lidera el proyecto de Asuntos del Sur: InnovaPolíticaLatAm. Licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”. MSc en Estudios Críticos del Desarrollo del CIDES-UMSA. Investigador social en temáticas relacionadas a Internet, política, tecnología y sociedad.

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01 31 2019

Los errores de la izquierda brasileña que auparon a Bolsonaro

adminOpiniones Análisis de Brasil, Asuntos del Sur, Bernardo Gutiérrez, Bolsonaro, Brasil, Eleccione, Izquierda, Los errores de la izquierda, Lula, Lula Da Silva, Partido de los Trabajadores

Los errores de la izquierda brasileña que auparon a Bolsonaro

POR

BERNARDO GUTIÉRREZ*

[/et_pb_text][et_pb_image src=»https://asuntosdelsur.org/wp-content/uploads/2019/01/Lula.png» align=»center» _builder_version=»3.19.4″ max_width=»50%»][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=»3.19.4″]

Pubicado originalmente en: elsaltodiario.com

‍El relato victimista del PT, la división de las izquierdas, la ausencia histórica de autocrítica y apostar por la polarización ayudaron a la ultra derecha a tomar el poder en Brasil.

Ha existido una oleada de fake news pro Bolsonaro. Una red de empresarios financió una presunta campaña ilegal, bautizada como WhatsApp gate. El juez justiciero Sérgio Moro descabezó la candidatura del imbatible Lula. Los medios de comunicación abonaron el terreno a la ultra derecha. El centro derecha coqueteó con Bolsonaro, legitimándole. Y mercados, élites, militares y líderes evengelistas operaron para evitar el retorno al poder del Partido de los Trabajadores (PT). Sin embargo, los errores del PT y de las izquierdas brasileñas también han aupado a Bolsonaro. ¿Cuáles han sido los principales errores?

Giro al Centro

La llegada de Dilma Rousseff a la presidencia en 2011 acentuó el giro al centro del gobierno petista. El nombramiento de Ana Buarque de Hollanda como ministra de Cultura, que se alejó de la cultura libre y la cultura viva comunitaria de la era Gilberto Gil, fue un primer gesto. La agenda verde fue prácticamente inexistente. Dilma construyó decenas de presas en la Amazonia, como la polémica Belo Monte.

Al mismo tiempo, Dilma abrazó la neoliberal Agenda Brasil que pretendía introducir el copago en la sanidad pública o transformar reservas indígenas en tierras productivas. El nombramiento del pastor evangélico Marcos Feliciano como presidente de la Comissão de Direitos Humanos e Minorias marcó el retroceso del Gobierno Dilma en cuestiones morales. Antes del Mundial de Fútbol, Dilma aprobó la Ley Antiterrorista que llevó a cientos de manifestantes a la cárcel. La gestión de Dilma abrió una brecha con movimientos sociales y activistas que no han vuelto a votar al PT, ni siquiera contra Jair Bolsonaro. El voto nulo fue el mayor desde 1989, un 7,3%.

Abandono de Territorios

Algunos de los proyectos territoriales estrellas del Gobierno Lula, como los Pontos de Cultura, se estancaron con Dilma. El Estado apenas consiguió tener presencia en los territorios más coflictivos con proyectos como las Unidades de Pacificação Policial (UPP) de Río de Janeiro, asociados a la represión. El ecosistema de organizaciones y de iglesias progresistas cedió espacio a las iglesias evangélicas. En el interior de Brasil, el eterno retraso a la reforma agraria alejó a la Comissão Pastoral da Terra (CPT) del PT.

En las ciudades, las iglesias evangélicas construyeron una verdadera red comunitaria de apoyo mutuo. Los partidos de izquierda han estigmatizado al mundo evangélico, a pesar de que hay organizaciones progresistas como la Teologia da Missão Integral. El ascenso de Bolsonaro en las favelas, en la clase C (clase media baja) y en ciudades castigadas por la violencia ha crecido en el hueco dejado por la izquierda. Talíria Petrone, elegida diputada federal por el PSOL, afirma que “la izquierda tiene que volver a los territorios”, pero “no para llevar una verdad, si no para escuchar”.

Hegemonía de las izquierdas

Hasta el pasado mes de junio, muchos barones del PT habían aceptado sumarse a la candidatura de Ciro Gomes, del Partido Democrático Trabalhista (PDT). Jaques Wagner, peso pesado petista en el ultrapetista nordeste, avalaba un pacto que abría el camino a un frente de izquierdas junto al Partido Socialista Brasileiro (PSB), el segundo en importancia en la izquierda, el Partico Comunista do Brasil (PcdoB) y, posiblemente, el Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). Lula y Gleisi Hoffman, presidenta nacional del PT, boicotearon el acuerdo. Hoffman llegó a decir que Ciro no adelanta al PT ni con una reza brava (“con un rezo potente”). El propio Lula consiguió desde su celda que el PSB se alejara de Ciro, a cambio de acuerdos regionales.

El analista político Marcos Nobre sostiene que Lula ha machacado a los dos candidatos que han intentado disputar su legado: Marina Silva y Ciro Gomes, ambos ex ministros de Lula. En 2014, el PT lanzó una dura campaña contra Marina Silva para alejarla del segundo turno. En 2018, Ciro Gomes recibió los golpes del PT. Ciro, visiblemente resentido y pensando más en su propio futuro, no apoyó a Fernando Haddad en el segundo turno. Mantener la hegemonía de la izquierda fue siempre la prioridad del PT. Por eso sus gobiernos buscaron alianzas con la derecha, no con la izquierda. Por eso no ha existido frente amplio en 2018.

La campaña del PT de 2018 ha sido kamikaze. Mantener la candidatura de Lula fue efectiva para viabilizar al desconocido Fernando Haddad y para salvar al PT. Fracasó ante el descomunal antipetismo, capitalizado por el oportunista Jair Bolsonaro. Lula ha cometido el gran error táctico y estratégico de su carrera.

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Ausencia de Frente Democrático

En el segundo turno, no hubo una “alianza a la francesa” contra la ultraderecha. Fernando Henrique Cardoso, expresidente de Brasil por el conservador Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), se desmarcó. Ciro Gomes, el otro gran nombre de la izquierda, se fue de vacaciones y se mantuvo neutral. Marina Silva declaró un tímido apoyo crítico a Fernando Haddad. A pesar del alud de peticiones para una Concentración Democrática Yá, Haddad no convocó reunión de urgencia. El PT pensó más en el partido que en el Estado. Tanto Ciro como Marina evitaron subirse a la campaña del PT, pensando ya en la carrera electoral de 2022. Ni izquierdas ni derechas estuvieron a la altura del momento.

Entrega de símbolos

Tras el susto del primer turno, la campaña del PT cambio radicalmente. La figura de Lula desapareció. La bandera brasileña sustituyó al color rojo. Desde las revueltas de junio de 2013, la izquierda se alejó de los símbolos patrios. En un país en el que las clases populares abrazaron casi siempre la bandera, renegar a ella no fue una buena idea. Cuando empezaron a surgir los cacerolazos contra el Gobierno de Dilma Rousseff, la izquierda rechazó también este ritual asociado a los movimientos sociales.

Durante 2013 y 2014, cuando el flanco izquierda de las protestas tenía la hegemonía de las calles, las banderas brasileñas eran puntuales. A partir de 2015, la marea verde amarela creció, transformando la bandera y las camisetas de la CBF (Comissão Brasileira de Futebol) en sus iconos. En 2015, el PT colocó la etiqueta de “derechistas” a las manifestaciones contra la corrupción y la clase política. Sin embargo, un profundo estudio académico reveló que la mayoría de los manifestantes defendían la educación pública (98%) o la salud universal (97%), contrariando a los conservadores grupos convocantes. Los políticos, incluso Jair Bolsonaro, eran mal recibidos en dichas manifestaciones.

«Ellos o Nosotros»

Durante las elecciones de 2014, el PT apostó por la vieja polarización con su enemigo tradicional, el PSDB, para traer de vuelta a los críticos por la izquierda. En 2016, Lula completó su alejamiento con los nuevos movimientos, arrastrando la versión oficial del PT. El mismo Fernando Haddad publicó un artículo en la Revista Piauí en junio de 2017 culpando a junio de 2013 de todos los problemas. En 2018, la candidatura de Lula incitó a la polarización. Y alimentó el movimiento “anti Lula”. Inicialmente, el sistema intentó que el anti Lula fuera el millonario João Dória.

Finalmente, la guerra de tronos del PSDB relegó a Dória a ser candidato a gobernador de São Paulo. El fracaso del plan “Dória presidente” dejó vía libre a Bolsonaro. El PT evaluó que el segundo turno ideal era contra Bolsonaro. Numerosos petistas, como Breno Altman, manifestaron esa predilección por Bolsonaro.

Víctima de su propio relato

En la campaña electoral de 2014, algunas corrientes del PT intentaron renovar las narrativas y las estéticas. Surgieron iniciativas como Podemos Mais, imitando los tonos del partido español Podemos, así como eventos y acciones para conectar con las revueltas de 2013. Desde el golpe parlamentario a Dilma de 2016, el relato del “candidato Lula”, más similar al PT de 1989 que al de 2002, adoptó un ángulo ultra izquierdista. La paradoja es que estas elecciones no polarizaron los extremos, Jair Bolsonaro y Guilherme Boulos, del PSOL. Fernando Haddad ocupó un extremo que no le correspondería por su programa. Tener a la comunista Manuela D’Ávila como candidata a vicepresidenta redondeó este relato rojo del PT, tan distante de las prácticas centristas de Dilma. El PT, víctima de su propio relato, le puso en bandeja a Bolsonaro sus discursos anticomunistas. El giro de Haddad en el segundo turno huyendo de los símbolos petistas llegó tarde.

Culturas Estigmatizadas

Bolsonaro ha encontrado una fórmula interclasista que conecta el sur y el norte del país por el interior, evitando el izquierdista nordeste. El incipiente bolsonarismo, todavía precario y contradictorio, no había ganado apenas con los votos del sur y del sudeste. Por eso, Bolsonaro apostó por un Brasil olvidado, especialmente el Centro Oeste y la Amazonia. El pasado 4 de octubre, en entrevista a la evangelista TV Record, Bolsonaro criticó a los artistas de la Lei Rouanet (ley de mecenazgo) y defendió la música sertaneja, típica del centro oeste, considerada brega (cutre) por la superioridad moral de la izquierda. En la etiqueta Música Popular Brasileña (MPB) no caben los estilos que Bolsonaro considera populares, como la sertaneja o la caipira, típica del interior de São Paulo.

Bolsonaro también ha arrasado en las periferias urbanas. En las favelas de Río de Janeiro, donde reina el funk carioca despreciado por los artistas de culto, Bolsonaro es el nuevo mesías. El desprecio cultural a los evangelistas, que producen un gigante mercado musical y cinematográfico, revela la incapacidad de la izquierda de escuchar nuevos lenguajes, sensibilidades, asuntos (como la familia o la seguridad) y cosmovisiones. “Si la izquierda hegemónica continúa comportándose como en los últimos años, fundamentalmente antipopular y autocentrada, el autoritarismo encontrará un suelo cada vez más fértil”, afirma Rosana Pinheiro-Machado.

‍El sentimiento anticorrupción

Tras el escándalo del Mensalão, que reveló en 2005 un esquema de pagos mensuales ilegales a la base parlamentaria aliada, no hubo autocrítica. Cuando estalló el Petrolão, un monumental escándalo de corrupción de la empresa pública Petrobrás, el PT adoptó la postura de víctima. La narrativa petista impugnó la totalidad de operación anticorrupción Lava Jato empujada por el juez Sérgio Moro. Defender la pauta anticorrupción ha sido un tabú para la izquierda brasileña. Cuando Luciana Genro, que ya fue candidata a presidenta por el PSOL, elogió en la operación Lava Jato, fue masacrada. No haber disputado la pauta anticorrupción, principal indignación de los brasileños, ha sido un error garrafal. Fernando Haddad, en la campaña del segundo turno, defendió por primera vez la lucha anticorrupción. Un primer paso, que también llega tarde.

Campaña en Red

No todo han habido fake news. La campaña de Bolsonaro ha sido una verdadera revolución tecnopolítica. Una campaña en red, descentralizada, con mensajes construidos de abajo arriba. No todo ha sido miedo. La campaña fue construida por millones de fans de Bolsonaro, con narrativas múltiples, fragmentadas, al servicio de la alegría y la ilusión por el cambio.

Del otro lado, el PT se ha apoyado en los grandes ideales de la izquierda, en mensajes de arriba a bajo, en centralizados lemas unitarios. Desde el año 2015, como apunta el investigador Bruno Cava, las derechas se mezclaron con una movilización real. En mayo de 2018, los camioneros pararon Brasil y articularon una revuelta en red a través de WhatsApp. La izquierda caricaturizó ese movimiento y no tardó en estigmatizarlo como derechista. La derecha capturó ese malestar. “El verdadero drama es que la victoria aplastante de Bolsonaro está siendo vivida como renovación de la esperanza y despertar democrático, como ariete antisistémico y movilización de los pobres y castigados por la crisis”, apunta Bruno Cava.

Mientras la campaña de Bolsonaro adoptaba ropajes antisistema, la del PT sabía a Estado y la del ultra izquierdista PSOL parecía incluso institucional.

Ausencia de autocrítica

El PT todavía no ha entonado ningún mea culpa frente a la gestión de sus gobiernos, la crisis económica o la corrupción. Al contrario, el PT ha buscado chivos expiatorios. Culpó a los críticos por la izquierda de hacer juego a la derecha, a los isentões (los omisos) por no denunciar el “golpe” y a la ultraderecha internacional de Steve Bannon por ayudar a Bolsonaro. La narrativa del golpe, según el sociólogo Pablo Ortellado, sirvió como “estrategia discursiva para asustar a la militancia de izquierda y cooptarla en la defensa del legado lulista”. También para esconder los errores. El rapero Mano Brown, en un acto de campaña de Fernando Haddad, lanzó una dura crítica: “Si (el PT) no consigue hablar la lengua del pueblo va a perder. El partido del pueblo tiene que entender lo que el pueblo quiere. Si no lo sabe, que vuelva a la base e intente saberlo”. Fernando Haddad le dio la razón. Por primera vez, un líder petista parece dispuesto a hacer autocrítica, aunque llegue tarde.

*Bernardo Gutiérrez

Periodista, escritor e investigador hispano-brasileño residente en São Paulo. Escribe de política, sociedad y cultura brasileña (y latinoamericana) desde el año 2000. Sobre Brasil ha publicado el libros Calle Amazonas (Altaïr, 2010), colaborado en libros colectivos como ‘Amanhã vai ser maior’ (Anna Blume, 2014) o sido uno de los editores de ‘JUNHO: potência das ruas e das redes’ (Friedrich Ebert Siftung). Tw:@bernardosampa

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01 31 2019

Cambio Climático en América Latina

adminOpiniones

Cambio Climático en América Latina

POR

JOSEPH S. TULCHIN | BENJAMIN B.H. WILCOX*

En octubre, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) publicó un informe muy esperado, comisionado en el marco de los términos del Acuerdo de París en 2015, en el que 174 países se comprometieron a limitar las emisiones de carbono y reducir el calentamiento del planeta. Los hallazgos del informe fueron alarmantes: a partir de una variedad de estudios, los 91 científicos contribuyentes predijeron que, incluso si todos los signatarios cumplieran plenamente con sus compromisos del Acuerdo de París, las temperaturas globales subirían más de dos 2 centígrados para fines de este siglo. El informe también describía las consecuencias de ese calentamiento, que era mucho más catastrófico de lo que se entendía anteriormente. Aunque todavía es teóricamente posible evitar el umbral de 2 grados, requeriría una acción política a escala global, cada vez más improbable. Vale la pena preguntar; ¿cómo se ve el futuro económico de América Latina con un clima alterado? y ¿qué herramientas políticas siguen estando disponibles para los diseñadores latinoamericanos de políticas que buscan detener el calentamiento global y proteger a su gente de las consecuencias del cambio climático?

Si bien el cambio climático ha sido, y sigue siendo, un tema politizado en los Estados Unidos, los países latinoamericanos, en su mayor parte, lo han aceptado como un hecho y como un motivo de preocupación. Algunos sondeos han demostrado que, mientras solo el 40% de los norteamericanos actualmente consideran que el cambio climático no controlado es un «problema grave», más del 75% de sus vecinos, en América Central y del Sur, lo ven como una preocupación grave. Como resultado, los líderes latinoamericanos han desempeñado un papel destacado en las negociaciones globales sobre el clima: Christiana Figueres, de Costa Rica, fue una de las principales autoras del Acuerdo de París y muchas naciones latinoamericanas, incluido México durante la administración de Enrique Peña Nieto, hicieron compromisos unilaterales para limitar las emisiones de carbono, que sirvieron como modelo para el Acuerdo de París.

Sin embargo, hay indicios de que el cambio climático también se está politizando en América Latina. En Brasil, por ejemplo, el presidente electo de ultraderecha, Jair Bolsonaro, ha anunciado su intención no solo de retirarse del histórico Acuerdo de París, sino que ya ha cancelado la oferta de Brasil de organizar la próxima ronda de conversaciones sobre el clima de la ONU conocido como COP25 (Conferencia del Cambio Climático). La campaña de Bolsonaro para la presidencia se basó en imágenes familiares a las de los comentaristas políticos con sede en Estados Unidos, ridiculizando a los científicos del clima y los ambientalistas como determinados a sabotear la economía. Bolsonaro se ha comprometido con orgullo en «abrir» las selvas tropicales de Brasil para la tala, la minería y la agricultura a gran escala, a pesar del hecho de que la minería ilegal y la tala están ocurriendo en volúmenes sin precedentes y que, el aumento de la deforestación, tendrá consecuencias verdaderamente globales y en el corto plazo.

La mayor parte de los líderes latinoamericanos siguen comprometidos discursivamente con el Acuerdo de París, incluidos los presidentes Mauricio Macri de Argentina y Sebastián Piñera de Chile, ambos conservadores, que recientemente reemplazaron a los titulares con tendencia de izquierda. Macri, el presidente saliente del G-20, supervisó una resolución en la cumbre del G-20 de 2018, que reiteró el compromiso del grupo (con la excepción prominente de los Estados Unidos) de apoyar y adherirse al Acuerdo de París. Y Piñera, quien recientemente volvió a tomar el poder que ejercía Michelle Bachelet, ha señalado una clara intención de continuar con sus políticas climáticas y está buscando una legislación que establezca límites regionales más estrictos en materia de emisiones. Mientras tanto, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, nominó a su país como anfitrión de las negociaciones de la COP25 y Guatemala, Jamaica y Barbados también serán contendientes para reemplazar a Brasil (ya que la conferencia debe ser organizada, de acuerdo con el protocolo de rotación, por una nación latinoamericana). Está claro que las naciones de América Latina consideran que el clima es un tema de importancia y sobre el cual pueden ejercer su representación ante la comunidad global.

Algunos sectores de la economía latinoamericana son más vulnerables que otros a que sus activos queden «estancados», es decir sin valor o inutilizables, por el cambio climático y sus políticas de mitigación. Por ejemplo, la gran cantidad de recursos de combustibles fósiles en América Latina no se aprovecharán para que la región cumpla con los compromisos del Acuerdo de París; en efecto, requiere casi el 50% de las reservas de petróleo y gas de América Latina y el 75% de sus reservas de carbón para permanecer a flote. Los recursos turísticos también pueden quedar “estancados” por el cambio de temperaturas y el aumento de los mares y las pesquerías, probablemente, sufran en la medida que aumenten las temperaturas de los océanos.

La agricultura representa, quizás, el desafío más desconcertante para los planes de adaptación climáticos de América Latina. Esta representa aproximadamente el 5% del PIB regional, pero casi el 25% de las exportaciones de América Latina son productos agrícolas. Algunos han especulado que los productores latinoamericanos se beneficiarán realmente del cambio climático, adquiriendo una ventaja competitiva, debido al empeoramiento de las condiciones en otras importantes regiones productoras de cultivos del mundo. Sin embargo, es poco probable que la realidad sea tan simple.

Primero, es probable que los recursos hídricos en toda América Latina, pero especialmente en las regiones montañosas de América Central y los Andes, se alteren severamente en las próximas décadas, debido a las vastas reducciones en el descongelamiento del glaciar, a medida que el hielo se retira y desaparece. La adaptación a los nuevos regímenes de agua se puede lograr a través de nuevas técnicas de irrigación, pero solo de forma limitada. En Brasil, los efectos del cambio climático en la disponibilidad de agua serán más variados: un informe de 2013 del Panel Brasileño sobre el Cambio Climático, encontró que el norte de Brasil vería un descenso del 40% en las precipitaciones, pero que el sur de Brasil aumentaría un 30%. En general, la misma tendencia será válida para la agricultura en Uruguay y Argentina. Como resultado, mientras que los rendimientos de los principales alimentos básicos, como el trigo y la soja,probablemente disminuyan cuando se contemple en todo el continente, habrá algunos aumentos limitados de los rendimientos, debido a la mejora de la fertilidad y las precipitaciones en las zonas australes y las zonas ahora marginales de la producción de productos básicos.

Algunos cultivos básicos actuales simplemente no pueden crecer en climas más cálidos. La producción de café, por ejemplo, es probable que sea casi imposible en elevaciones por debajo de 1000 metros sobre el nivel del mar para el año 2050, según un informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático. Aquí, también, existen algunas medidas de adaptación limitadas, como el uso estratégico de árboles que proporcionan sombra para mantener las plantaciones más frescas. De manera similar, en Argentina y Chile, la producción de vino probablemente será un desafío, ya que las vides sufren a altas temperaturas. Los viñedos en elevaciones más altas tendrán una ventaja a medida que continúe el calentamiento. Al considerar el futuro agrícola de una región tan vasta como la de América Latina, una matriz complicada de preocupaciones relacionadas con el agua, la temperatura, los niveles de dióxido de carbono y la variabilidad del clima, hacen que sea imposible hacer predicciones precisas. Pero es cierto que la adaptación tendrá un costo y, es igualmente cierto, que tal variabilidad geográfica creará problemas políticos que pondrán en riesgo las habilidades delos responsables de la formulación de políticas.

Pero si hay riesgos para América Latina por el cambio climático, también hay oportunidades. Ninguna región del mundo produce más energías renovables que América Latina, pero más del 75% de esa energía es producida por mega represas hidroeléctricas, que son vulnerables a las incertidumbres del cambio climático. Las severas sequías ya han causado una escasez masiva de electricidad en las cuencas de agua que han apostado sus futuros energéticos a la energía hidroeléctrica, la más famosa en Brasil, donde los depósitos bajos han provocado racionamiento de energía e, incluso, cortes en áreas que dependen de la energía hidroeléctrica. La creciente concientización sobre los costos sociales y ecológicos de los proyectos hidroeléctricos, sin mencionar el papel central que desempeñaron las mega represas en el extenso escándalo de corrupción de Odebrecht, solo se sumará a la impotencia política de la construcción hidroeléctrica continua. La geopolítica también desempeña un papel, especialmente en Ecuador, donde los proyectos de mega represas han demostrado ser ambientalmente insostenibles y han empujado a Ecuador a una dependencia no deseada de los acreedores chinos. Las tendencias regionales más importantes son hacia la energía solar y eólica, que han experimentado reducciones de precios del 87% y 37%, respectivamente, en la última década.

En términos de recursos naturales y voluntad política, Chile es quizás el mejor posicionado que cualquier país latinoamericano para beneficiarse de un futuro basado en energía renovable. Durante su campaña, el actual presidente Sebastián Piñera declaró que para 2040, “Chile debería tener una red eléctrica 100% limpia y renovable y un sistema de transporte público 100% eléctrico”, un objetivo audaz y notable proveniente de un político conservador. Sin embargo, Chile está dotado con exactamente el tipo de recursos que lo convertirán en una potencia de energía renovable: el Desierto de Atacama, en el remoto norte de Chile, es literalmente, el lugar más soleado de la Tierra; enningún otro lugar se encuentra una mayor irradiación solar a largo plazo.Si la energía solar que llega a Atacama se aprovechara por completo, solo seríasuficiente para proporcionar electricidad a toda América Latina en los niveles actuales.

Además, a fines de 2017,Chile completó la construcción de las esperadas líneas de transmisión de alto voltaje entreAtacama y Santiago. Al hacerlo, el país resolvió un problema que había obstaculizado la rentabilidad de la producción solar en el norte, ya que la energía no podía venderse a los centros de población urbana de Chile más al sur. El próximo objetivo para Chile y sus vecinos debería ser conectar las plantas solares en Atacama a una red eléctrica regional que incluya Perú, Bolivia, Ecuador e,incluso, Brasil. Quizás el mayor obstáculo para esta visión es la aversión política a los grandes proyectos multinacionales de infraestructura, a raíz del escándalo de Odebrecht.

Atacama y el área que lo rodea, una región que se extiende por Chile, Bolivia y Argentina, también cuenta con más de la mitad del suministro mundial de litio, el ingrediente crucial de las baterías que impulsan los vehículos eléctricos y que almacenan la energía producida por fuentes solares y eólicas. En los últimos cinco años,el precio global del litio se ha duplicado (ahora cuesta $14000 USD portonelada métrica). El desarrollo de recursos de litio y la creación de capacidad para crear productos de valor agregado, es una gran fuente potencialde ingresos para las naciones andinas, que buscan obtener ganancias de un movimiento global que se aleja de los combustibles fósiles.

Si Atacama es el futuro epicentro de la producción solar y de litio, la costa atlántica de Brasil puede rivalizar con la energía eólica. Al beneficiarse de la energía eólica constante y unidireccional, la región atrajo una gran inversión externa entre 2009 y 2015. La reciente ola de crisis económicas y políticas de Brasil ha frenado la producción, pero se prevé que las subastas de energía del gobierno programadas para 2019 y 2020, traigan otros 15 gigavatios de energía eólica en la red.México, Uruguay y Argentina también están expandiendo sus sectores de energía eólica.

Las economías sudamericanas, entonces, están muy bien posicionadas para beneficiarse de los cambios económicos globales hacia economías verdes. Esto, por supuesto,requerirá que los gobiernos y los actores privados reconozcan la urgencia de hacer tales inversiones ahora, mientras que todavía existe la posibilidad (si es que disminuye) de limitar el calentamiento a 1.5 grados centígrados. Lasdiferencias entre 1.5 y 2 grados de calentamiento son dramáticas. Podemos considerar dos escenarios diferentes para el futuro de América Latina, uno enel que el aumento de la temperatura global se mantiene en 1,5 grados y otro en el que alcanza los 2 grados:

En un escenario de 1.5 grados, una sequía duraría en promedio 5 meses y 1 mes en América Central y América del Sur, respectivamente. Pero en un escenario de 2 grados, la sequía en promedio sería de 8 meses y 3 meses, respectivamente. Eso significaría que,mientras que aproximadamente 18 millones de personas estarían expuestas a la escasez de agua con 1.5 grados de calentamiento, casi 25 millones de personas sufrirían recursos de agua limitados en un escenario de 2 grados. Las enfermedades tropicales serán mucho más prevalentes en América Latina en cualquier escenario, con aproximadamente 6 o 7 millones de personas que padecerían dengue para 2050, en los escenarios de 1.5 y 2 grados respectivamente.

El clima extremo, que pone en peligro las condiciones de crecimiento dondequiera que golpea,incrementa exponencialmente a medida que aumentan lastemperaturas globales, con diferencias notables entre los escenarios de 1.5 y 2 grados. La región del Amazonas, por ejemplo, experimentaría un aumento del 258%en climas extremos con un calentamiento de 1.5 grados, pero un aumento del 737%en un escenario de 2 grados. El Cono Sur experimentaría un aumento del 188% en climas cálidos extremos en el escenario de 1.5 grados, pero un aumento del 553% si el calentamiento supera los 2 grados.

Cada escenario es una nueva realidad discordante y, el impacto de dicho calentamiento iría más allá del aumento de las temperaturas. Se extenderá a la economía latinoamericana, a medida que las industrias busquen adaptarse a un entorno alterado. Y se extenderá al sistema político, a medida que los legisladores buscan contrarrestar las nuevas crisis. Quizás lo más preocupante es que aquellos que probablemente se verán más afectados por el cambio climático son los que menos pueden permitirse adaptarse a la gran cantidad de cambios que traerá.

La estabilidad económica y política de América Latina dependerá de la capacidad de la región para proteger a sus pobres marginados de un bravo nuevo mundo de sequías y extremos,incluso mientras busca capitalizar las oportunidades de negocios de las que está tan bien posicionada para beneficiarse. El cambio climático, como la globalización, tiene sus ganadores y sus perdedores. América Latina ya es la región más desigual del mundo. A medida que los efectos del cambio climático afecten a los más susceptibles de ser vulnerados, amenazará a los gobiernos con los desafíos que tendrán que enfrentar.

*Joseph S. Tulchin | Benjamin B.H. Wilcox

Joseph S. Tulchin. Ph.D. en Historia por la Universidad de Harvard. Director del Programa Latinoamericano del Wilson Center de 1989 a 2005. Sus áreas de especialización son la política exterior estadounidense, las relaciones interamericanas, la América Latina contemporánea, la planificación estratégica y la metodología de investigación en ciencias sociales. Fue profesor de Historia y Director de Programas Internacionales en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, donde editó el Latin American Research Review y sirvió durante siete años como miembro de la Universidad de Yale. A lo largo de su larga carrera ha impartido clases en casi todos los países del hemisferio, ha publicado más de cien artículos académicos y más de setenta libros. Twitter: @JTulchin

Benjamin B.H. Wilcox. Estudiante de último año en Harvard con especialización en historia, con un enfoque en América Latina y los Estados Unidos. Ha realizado un trabajo comunitario y de políticas con una ONG brasileña y su tesis sobre la raza y la historia de Brasil. Activo en la comunidad de relaciones internacionales y ha escrito para Harvard Crimson y Harvard Political Review. Twitter: @benbhwilcox

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01 30 2019

Lucía, la muerte consentida

adminOpiniones

Lucía, la muerte consentida

POR

SOFÍA CARAVELOS | JOSEFINA GONZÁLEZ | CAROLINA RACAK | SOFÍA SESIN LETTIERI*

La absolución de los tres acusados del femicidio de Lucía Pérez, hace ya diez días, fue levantando oleadas de bronca que llegaron a su clímax el 5 de diciembre, con un nuevo paro nacional de mujeres y miles de personas marchando en las ciudades más pobladas del país. Laurana Malacalza y el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo bonaerense que coordina, fueron convocadas por la familia de Lucía como testigas expertas antes y durante el debate oral.

El diccionario de la Real Academia Española dice: “Culpa: 1. f. Imputación a alguien de una determinada acción como consecuencia de su conducta. Ej: Tú tienes la culpa de lo sucedido”.

La palabra, en sintonía con el crucifijo que colgaba a sus espaldas, seguramente les resonó a los tres jueces del Tribunal Oral Criminal N°1 de Mar del Plata, el último 26 de noviembre, cuando dos años después del femicidio de Lucía Pérez dieron a conocer la sentencia. La decisión de sus Señorías fue la de absolver a los imputados Matías Farías (25), Pablo Offidani (43) y Alejandro Maciel (61) por el delito de abuso sexual seguido de la muerte de Lucía, en concurso ideal con femicidio, y por el delito de encubrimiento.

En setenta páginas, la sentencia hace pública la vida de Lucía;allí se la cuestiona y se la juzga por sus características personales, su vida íntima y sus acciones. Los jueces construyen una víctima con ciertas características –autónoma, decidida-, a la cual aplican el estandarte de la moralidad y el prejuicio. Y sobre esta construcción opera otra: la del prejuzgamiento sobre lo que pudo haber consentido una adolescente así, tal como ellos la presentan. Exponen a una Lucía viva que ya no puede defenderse ni responder a las preguntas ordenadoras a través de las cuales los jueces la culpan por lo que sucedió.

A Lucía le quitaron la posibilidad de escribir su propia historia y de responder por sí misma estas preguntas. El patriarcado se apropió de ella,de su cuerpo, de su biografía, de su voz, de su identidad, de su historia.

Ahora ellos, tres varones dotados de la autoridad y la legitimidad que les brinda su investidura, reescriben en setenta páginas la historia de Lucía: la de personalidad fuerte que “distaba mucho de ser sumisa”,la que “fumaba marihuana”, la que “tenía contactos sexuales con hombres que no conocía”, la que mantenía relaciones sexuales con varones adultos, incluso mayores al principal imputado, la que “comenzó la conversación con Farías el mismo día de su muerte”, la que le dijo de verse, la que manejó los tiempos, la que no estaría con nadie sin su consentimiento porque ella era una piba “que hacía lo que quería” y “tenía la capacidad suficiente para decir no”.

Setenta páginas para construir la víctima necesaria (la inviolable, la insumisa, la imperfecta, la desviada, la puta) para una sentencia moralizante repleta de prejuicios sexistas, que horroriza por lo que dice y subleva por lo que calla. Eso que se omite decir ya no pasa desadvertido: condenan a Lucía por crear las condiciones de posibilidad para su propia muerte, la culpan por la forma de vivir su vida y también por perder la,como si entre ambos extremos de su biografía hubiera un hilo de continuidad necesario, entretejido entre “la vida que llevaba” y el destino que le tocó (la violencia sexual, la muerte violenta), casi un final anunciado para una adolescente como ella.

Las cuatro preguntas

El razonamiento de los jueces, como dijimos, estuvo direccionado a través de cuatro preguntas ordenadoras que los condujeron al irremediable veredicto. Las preguntas se asientan sobre un ordenamiento moral, liberal y patriarcal, que diferencia y construye víctimas estereotipadas y un determinado perfil de varón, sin tener en cuenta los contextos y entramados de relaciones de desigualdad que existen.En este caso, los estereotipos conducen a orientar la protección para las víctimas ideales y a sancionar la conducta de las consideradas culpables e imperfectas.

Los tres jueces se preguntan:

¿Se encontraba Lucía en una situación de dependencia a los estupefacientes de tal magnitud que la imposibilitaba dirigir su voluntad hasta el extremo de mantener relaciones sexuales a cambio de ellos?

La pregunta encierra un claro orden valorativo/moral con respecto a la sexualidad de las mujeres. Bajo su lógica, la sexualidad es lo último que debe cederse frente a ciertas negociaciones. Una “buena mujer”, no comprometería su sexualidad, y si lo hace deberá responsabilizarse: incluso con su muerte. La pregunta lleva entonces implícita una distinción entre mujeres que se comportan como los jueces esperan (las que no entregan su sexualidad), y mujeres que no.

Otra duda del Tribunal:

¿Era Lucía una adolescente que podía ser fácilmente sometida a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento?

Esta pregunta expone un error intencional de formulación pues la falta de consentimiento no se mide por la “facilidad” con que pueda ser sometida físicamente una mujer. Evidencia prejuicios acerca de la sexualidad de las mujeres y se apoya sobre una idea de “consentimiento” liberal y ahistórica,escindida de las relaciones de poder asimétricas entre los géneros.

Mientras estas dos primeras preguntas buscaron establecer un perfil de Lucía, la siguiente se dirigió a descartar una relación de subordinación en base a su carácter y personalidad: ¿Existió una relación de subordinación entre Lucía y Farías que le hicieran mantener relaciones sexuales no consentidas?

Con el último interrogante, los magistrados buscaron establecer si las conductas del imputado se correspondían con las de un estereotipo de abusador que, bajo una lógica de criminología positivista, convierte a una persona que compra “Cindor y facturas” en alguien incapaz de tener intenciones de violentar sexualmente a una mujer: ¿Las conductas previas y posteriores de Farías se corresponden a las de una persona cuya intención es abusar sexualmente de una menor y proporcionarle drogas hasta su muerte?

Los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas, sin embargo, decidieron no formularse preguntas sobre los delitos imputados ni sobre las debilidades de la prueba producida durante la investigación.

Tampoco se molestaron en indagar sobre acerca de las situaciones que se ventilaron sobre la vida íntima en pos de poder pensar las dimensiones de la libertad y el consentimiento en los vínculos actuales. Ello impidió analizar, en términos de relaciones de poder y dominio, el vínculo entre una joven mujer y un adulto varón -la posición de desventaja estructural de Lucía sobre la posición de superioridad de los imputados-. Por el contrario, el Tribunal se abocó a profundizar sobre las características individuales: las de Lucía, claro.

“Se la creyeron”

Para estos jueces, la muerte de Lucía no se enmarcó en un contexto de violencia de género, no hubo relaciones de dominación ni una situación de vulnerabilidad.

Lo que hubo fue una investigación irresponsable desde sus comienzos, a cargo de la Fiscal María Isabel Sánchez, a partir de la cual se instaló una versión de los hechos que influenció y confundió a varios sectores sociales, que a pesar de los resultados contrarios arrojados por las autopsias, mantuvieron su indignación y repudio frente al femicidio de Lucía.

Sí, lo sabíamos. Los hechos fueron otros, distintos a los que salió a exponer en conferencia de prensa la primera fiscal que investigó a horas de ocurridos los hechos. Los hechos fueron otros, pero las violencias también fueron otras. Las huellas de las violencias son múltiples y las más agudas, son invisibles a sus miradas y peritajes sin perspectiva de género.Pero ya no son invisibles ni inaudibles para una gran parte de la sociedad que-producto de la lucha histórica que protagoniza el movimiento feminista-repudia la violencia contra las mujeres en todos sus tipos y modalidades y ha logrado incorporar en la agenda pública las demandas feministas.

Según los términos de la sentencia, estos sectores que nos la creímos, clamamos “’una sentencia ejemplar’ contra los imputados, pretendiendo de esta manera que se tuerza el cauce natural de los hechos, las normas y las pruebas, pero deben entender que somos jueces y no verdugos y que es la ley y no la política la que rige nuestra función”.

Vale la pena destacar el uso estudiado que hace el tribunal dela actuación inicial de la fiscal como operación para desacreditar y deslegitimar el reclamo sostenido por la propia familia de Lucía, las organizaciones de género y de derechos humanos: un reclamo que exige la investigación y sanción de estos hechos desde una perspectiva de género. Un reclamo cuyo eco no se acalló desde aquel 19 de octubre de 2016, el día en que realizamos el primer paro de mujeres en Argentina y que ahora volvemos a reeditar este miércoles 5 de diciembre.

De verdugos y jueces o dos veces muerta

Después de sentencias como éstas, nos preguntamos si, como suele decirse, el femicidio es el último eslabón de la cadena de violencias. ¿No es acaso este tipo de veredictos un eslabón más que se agrega? El refuerzo despiadado de la violencia, la saña por seguir asestando más violencia a un cuerpo ya sin vida, a la memoria de quienes ya no están, al presente y al futuro de sus familias signadas por esa ausencia irreparable. ¿No es un acto más de violencia condenar a Lucía (por su propia culpa) a otra muerte al negar las circunstancias y el contexto de su deceso, al decir que se utilizó la violencia de género como escudo para encuadrar los hechos? ¿Al emitir el mensaje de que estas muertes de mujeres jóvenes son muertes merecidas en nombre del «consentimiento»?

A Lucía la mataron dos veces al pretender instalar la normalización del desecho de los cuerpos que no importan, al refrendar -enclave judicial- el zarpazo misógino sobre vidas, que para el patriarcado y el capital, no valen nada.

‍Este artículo fue originalmente publicado en la agencia Pericya: http://www.perycia.com/2018/12/lucia-la-muerte-consentida.html?m=1

*Sofía Caravelos, Josefina González, Carolina Racak, Sofía Sesin Lettieri

Trabajadoras feministas del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

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01 30 2019

Uruguay da su voto de confianza al sistema judicial peruano

adminOpiniones

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POR

MARIANA RODRÍGUEZ-PAREJA | SALVADOR HERENCIA-CARRASCO*

La decisión del gobierno uruguayo de no otorgar el asilo político al ex-Presidente peruano, Alan García, es la noticia del día en esta parte del mundo. El anuncio realizado la mañana del lunes por el Presidente Vázquez y el Canciller Nin Novoa establece que, de acuerdo con la información recibida por la Cancillería, no existe una persecución política por parte de las autoridades judiciales del Perú en contra de Alan García. Al rechazar esta solicitud, el gobierno considera que los delitos por los cuales se lo investiga son delitos económicos y no de naturaleza política.

Los considerandos de la Resolución que niega el asilo son importantes pues se basa en dos juristas uruguayos para fundamentar dicho rechazo. La primera referencia es a Manuel Adolfo Vieira, quien considera que el asilo es “uno de los factores fundamentales para la protección de vidas humanas, cuya única culpa es la declamar por la libertad de sus creencias filosóficas, políticas o religiosas”. A su vez, la referencia al trabajo de Eduardo Jiménez de Aréchaga justifica que el asilo tiene como fin sustraer al perseguido político de la, valga la redundancia, persecución que sufre en su país.

Luego se hace referencia a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y su Art. III, el cual determina que “no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes”. Es decir, la Resolución establece que el asilo diplomático es un mecanismo excepcional para proteger la vida, integridad o libertad de una persona que se encuentre perseguida por motivos políticos. Bajo estos criterios, y más allá de las suspicacias en torno al por qué Alan García decidió solicitar el asilo a la casa del embajador de Uruguay, se determinó que en este caso no se cumplían estas condiciones.

Un factor importante de la resolución que no debería pasar desapercibida es el considerando VIII). Esta establece que la decisión para conceder el asilo diplomático, si bien es discrecional, no tiene por qué ser arbitraria. Para esto, la resolución establece que la valoración si el acto de una persona que solicita el asilo por parte del Ejecutivo, “debe ser análogo al realizado por un juez en un caso de extradición”. Esto es importante pues establece ciertos criterios que Uruguay deberá seguir ante futuras solicitudes. De ahí se entiende el énfasis que el Presidente Vásquez hizo en sus declaraciones al decir que la decisión se basó en “argumentos jurídicos y legales”.

El anuncio fue directo, sin demasiadas vueltas, tomando en cuenta la legislación y las convenciones internacionales de las cuales Uruguay es parte y fue recibido con beneplácito por todos los sectores del país. La decisión tomada por el Uruguay es por demás trascendente por varias razones.

En primer lugar, pone un voto de confianza en el sistema judicial peruano, que viene siendo blanco de ataques por parte de ciertos dirigentes peruanos, no contentos con las investigaciones en torno a corrupción. Alan García no es el único ex-Presidente investigado en el Perú por corrupción. Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski están implicados en investigaciones sobre corrupción y fue Alan García y su partido político, el APRA, quién llevó al plano internacional estos casos, vociferando fuertes acusaciones en contra del sistema judicial de su país y poniendo en duda la parcialidad de las investigaciones.

Los pasos que se den en las investigaciones en torno a García deben ser basados en derechos, sin dar lugar a dudas por ninguna parte. El Ministerio Público peruano deberá llevar adelante los procesos, respetando los derechos y las garantías procesales, tomando en consideración las obligaciones existentes por parte del país en torno a la legislación local y las convenciones internacionales sobre derechos humanos y corrupción de las que el Perú es parte.

Al rechazar el pedido de asilo y dejar en claro que en el Perú hay Estado de Derecho, Uruguay también da un voto de confianza el gobierno peruano encabezado por Martín Vizcarra, quien asumió la presidencia luego de la dimisión de Kuczynski en marzo de 2018. Este domingo, 9 de diciembre el Perú realizó un referéndum con el fin de desarrollar reformas para asegurar la lucha contra la corrupción y lograr una mayor transparencia por parte de los partidos políticos.

Por último al rechazar con debidos fundamentos la solicitud de García, crea un precedente fundamental para el día de mañana no convertirse en refugio de políticos sospechados de corrupción que busquen eludir la justicia de sus países. Es lastimoso, pero sucede en más de una ocasión que, quienes deben y tienen la obligación moral y política de responder buscan huir, alegando venganza política.

Ahora es el turno del sistema judicial peruano de hacer su parte, respetando los derechos y garantías que amparan a García y seguiremos atentos a la información que surja sobre presuntos pedidos de asilo hechos en otros Estados de la región. El Presidente Vásquez terminó su anuncio rechazando el asilo diciendo que en el Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado”. Corresponde a las autoridades honrar este voto de confianza.

‍*Artículo originalmente publicado en el portal Medium y la sección de blogs del Huffington Post en español.

*Mariana Rodríguez-Pareja | Salvador Herencia-Carrasco

Mariana Rodríguez Pareja es abogada defensora de Derechos Humanos y Profesora en la Universidad del Salvador (Argentina). Twitter: @maritaerrepe

Salvador Herencia Carrasco es director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza de Derechos Humanos (HRREC) de la Universidad de Ottawa. Twitter: @Sherencia77

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11 11 2018

Intimidación, miedo y amenaza: (terrorismo) Herramienta macabra para propiciar el silencio

adminOpiniones

Intimidación, miedo y amenaza: (terrorismo) Herramienta macabra para propiciar el silencio

POR

LERBER LISANDRO DIMAS VÁSQUEZ*

Efectos colaterales del antiguo diseño de una política de seguridad en Colombia

El reporte de eventos adversos sobre el territorio en materia de seguridad, sobre personas y líderes que ejercen un papel de denuncia y defensa en el país, crece y hace parte de la antigua política de seguridad que se sobrepone con fortaleza. La Política de Defensa y Seguridad Democrática(2003) tenía, dentro de sus objetivos “proteger los derechos de los colombianos y fortalecer, con la solidaridad de la ciudadanía, el Estado de Derecho y la autoridad democrática, donde quiera que esté amenazada” (República de Colombia, 2003). El tema es que esta política de seguridad desató hechos como los Falsos Positivos, el incremento en la destinación de recursos para la guerra y fortaleció, de alguna manera, el aparato criminal, en manos de los grupos Paramilitares. El objetivo principal -que era vencer a las guerrillas militarmente- no se logró, pero sí hubo muchos efectos colaterales de esa política de Estado.

La base social que crearon los grupos Paramilitares, a lo largo y ancho del país, se basó en dos elementos para el control delas personas: el terror y la función totalitaria (grupal o individual) de ejercer la fuerza como mecanismo de fortaleza. Las guerrillas, por su parte,emplearon otras formas de lucha diferente, cuya base social extendieron a la población de una manera menos radical, pero sin dejar de ser una fuerza abrumadora y bélica. La estrategia de defensa entonces se dio conociendo esa premisa y con la impetuosa necesidad de ganar la guerra para dar paso a la confianza inversionista y establecer, entre otras cosas, la economía del país.Se dieron las alianzas y la ruta se estableció y a partir de allí empezaron a converger y establecer estrategias. Llegaron los asesinatos, el exilio, las amenazas, las desapariciones y el desplazamiento. “Hubo un momento en que uno,como campesino, veía el Ejército o la Policía y se asustaba mucho. Entraba en pánico.” (Testimonio oral, 2008).

Los resultados, catastróficos. Pero, no voy a referirme a ellos en extensión en este artículo, sino que abordaré la intimidación, el miedo y la amenaza (terrorismo) como estrategia de control que toma elementos repetitivos, casi que similares, con ese modelo pasado que ahora reaparece. En un extenso artículo, escrito por Hans–Peter Gasser, en 2002, en la Revista Internacional de la Cruz Roja, afirma que el Derecho Internacional Humanitario prohíbe, sin excepción, los actos de terrorismo en situaciones de conflicto armado internacional o no internacional (Gasser, 2002). También en 2002 surge la Convención Interamericana contra el Terrorismo, que cinco años después el gobierno de Álvaro Uribe y la Corte Constitucional aprobaron bajo la Ley 1108en diciembre de 2007; casi dos años después de la desmovilización de los grupos Paramilitares, quienes lo habían sembrado por décadas.

Gasser, también es enfático en decir que no hay una definición clara sobre terrorismo (ni antes ni ahora) porque es un fenómeno social que presenta numerosos y variables aspectos y los intentos que se han hecho, han demostrado que la cuestión está cargada de consideraciones políticas (c.f. Gasser, 2002), pero se pueden intuir algunos elementos: violencia, amenaza, medio para alcanzar un objetivo político que supuestamente no podría lograrse por medios legales y ordinarios y humillar a seres humanos; entre otros. Eso fue lo que instauraron los grupos Paramilitares a quienes, paradójicamente, el gobierno americano había declarado como organización terrorista en 2001. Entonces surge la estrategia del silencio, donde nadie habla y el terror se apodera del lenguaje simbólico, del ambiente y de las acciones. “Le abrieron la garganta y le sacaron la lengua. No se necesita ser un experto o un estudiado como usted para entender el mensaje” (Kogui, 2010).

La política que favoreció la confianza inversionista en el país y en varias regiones se mide desde la incidencia en el campo de la violencia. Una cosa es Bogotá; la capital. Otra, las regiones cuyas instituciones de representación, legalidad, defensa y protección fueron coaptadas en su inmensa mayoría. El paramilitarismo exterminó sistemáticamente,en muchas regiones, a los sindicatos, líderes sindicales, asociaciones campesinas y defensores de Derechos Humanos, bajo la premisa de ser aliados del socialismo, y la miseria sería lo que aportarían a la nación. Muchos callaron,por miedo; otros alzaron la voz y con esa misma fortaleza que lo hicieron, les dispararon y así mismo se disparaban en producción las empresas, porque la postura Paramilitar fue: “Entre más una persona tenga la mente ocupada no tiene tiempo para estar pensando cosas malas” (Expostulado, 2018), luego, explotarlos laboralmente y sin representación social o colectiva y sin mecanismos para exigir derechos, pasaron a ser mano de obra barata para las empresas que gracias a esto aumentaron su cobertura y producción.

El tema es lo repetitivo de esa criminalidad que se instauró bajo el terror y que se pueden estar repitiendo los mismos mecanismos totalitarios. ¿Quién defiende a un líder, un académico, un defensor, un reclamante o un denunciante? La respuesta es contundente. Si está en Bogotá,donde prácticamente no pasa nada, pues el Estado lo protege. Si está en regiones apartadas, rurales, entra a una base de datos, a un Comité de Justicia Transicional, o una denuncia y luego a esperar hasta 6 meses por una respuesta de la Unidad Nacional de Protección, que se toma otros meses más para definir el nivel de riesgo. Con suerte estás vivo, pero, si no llegara a estarlo, no hay lío: seguramente la Defensoría del Pueblo en su cuenta de Twitter va a lamentar y a rechazar el asesinato, como si con esto lo resucitara, haría que los asesinos se abstuvieran de volverlo a hacer o el Estado desactivara su burocracia que mata a más personas que la misma guerra.

De ahora en adelante y -mientras algún país nos acoge- solo queda como estrategia enunciar. Ojalá la JEP retome e investigue algunos temas,como los Falsos Positivos en la Sierra Nevada de Santa Marta, y que nos diga qué pasó con los 24 campesinos que asesinaron entre Paramilitares y algunos miembros de la Policía Antinarcóticos con posible ayuda de la DEA, dentro de la política de lucha por la erradicación de los cultivos declarados ilícitos. Que nos digan también qué pasó con los cerca de 80 afrocolombianos, que asesinaron antes de la disputa territorial entre Hernán Giraldo y Jorge 40 y que nos cuenten también las investigaciones sobre Para economía. Que nos digan también qué pasó con los Falsos Positivos y que por favor: ayuden a visibilizar los hechos para que por lo menos se contenga el crecimiento Paramilitar y se garantice la no repetición de hechos violentos, de coerción y de violación a los Derechos Humanos y al DIH.

Para terminar es importante definir lo colateral de esa política de seguridad, que se dio en un tiempo determinado y que no logró restablecer el orden constitucional y lo repetitivo de ella. Siguen por doquier las amenazas –algunas materializadas- y persistentes también los mecanismos de intimidación basados en el terror. Persisten los ejércitos totalitarios que se amparan en este nuevo modelo de gobierno para redefinir su postura: “ahora sí,las cosas van a cambiar, porque este país perdió mucho y se llenaron las calles de viciosos, rateros y sapos que se creen defensores. A esos los callamos sin problema” (Paz, 2018).

Hasta el momento, lo que se ha visto es el silencio de quienes quieren gritar y no pueden hacerlo porque hablar, denunciar y defender adquiere los calificativos de “muerte a los sapos y metidos” y nos toca seguir escuchando las denuncias solo desde la capital, porque para las zonas apartadas o ciudades pequeñas (provincias), quien habla, denuncia o defiende, se muere yeso hace parte de la política de exterminio que favorece esa conducta punible que se recompensa con pagos, inversiones en el campo de la guerra y crecimiento de los ejércitos totalitarios que redefinen las dinámicas sociales, políticas y económicas.

Bibliografía.

Andina,C. d. (14 de Febrero de 2008). Violencia, paras, guerrilas y Estado. (LerberLisandro Dimas Vásquez, Entrevistador)

Gasser,H.-P. (2002). Actos de terror, “terrorismo” y derecho internacionalhumanitario. Revista Internacional de la Cruz Roja, 10.

AutoridadKogui, A. t. (12 de Noviembre de 2010). Memorias y violencia. (Lerber LisandroDimas Vásquez, Entrevistador)

Paz,E. d. (20 de Mayo de 2018). Retornos . (Lerber Lisandro Dimas Vásquez,Entrevistador)

Repúblicade Colombia . (2003). Ministerio de Defensa . Obtenido de Política deDefensa y Seguridad Democrática:https://www.oas.org/csh/spanish/documentos/Colombia.pdf

*Lerber Lisandro Dimas Vásquez

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Autor: Matías F. Bianchi