Por Augusto Tomás Val, Practicante de Innovación Pública 360°.
En el marco de la celebración del Día Internacional de la Democracia 2022 y una nueva edición de #DemocraciaViva, se realizó un nuevo ciclo de diálogos de “Al Encuentro con Minerva”, organizado por el proyecto de Innovación Pública 360° de Asuntos del Sur. En esta ocasión, tuvimos la oportunidad de conversar con Amalio Rey, experto en Gestión de la Innovación e Inteligencia Colectiva, sobre la importancia que tiene ésta última y su puesta en práctica para el desarrollo y fortalecimiento de nuestras democracias.
Según Amalio, la Inteligencia Colectiva (IC) tiene lugar en el agrupamiento de personas que buscan realizar una serie de tareas de forma conjunta con la finalidad de resolver retos comunes y tomar decisiones colectivas a gran escala. Asimismo, entiende que en esa unión de individuos se desarrolla un grado de inteligencia que podemos situar dentro de una escala mayor. Por este motivo, entiende que la Inteligencia debe comprenderse como un continuo, contrariamente al enfoque binario que considera que la IC sólo será cuando la inteligencia del grupo sea la suma de las partes.
Además, sostiene que ese trabajo colectivo, que tiene por objetivo sortear dificultades compartidas y en el cual se manifiesta la Inteligencia Colectiva, se debe producir mediante mecanismos efectivos, afectivos y legítimos.
De este modo, propone una serie de puntos que para él darían espacio a un mayor desarrollo de la IC, y por ende elevarían la confianza de la ciudadanía en los sistemas democráticos.
En primer lugar, es de vital importancia reforzar la cultura de la interdependencia, entendiendo que la IC no se generará si actuamos en soledad. Por eso mismo, son sumamente relevantes la pedagogía de los procesos, que estimula a la ciudadanía a participar de procesos socialmente enriquecidos, dejando de lado la perspectiva resultadista exacerbada, y la cultura del prototipado, que favorece al aumento de la tolerancia al error.
Otro punto considerable que nos menciona Amalio es el paternalismo arrogante propio de las izquierdas: no existe una superioridad moral o racional. No es práctico pensar que la gente no sabe lo que es mejor para ella. De esta forma, afirma que es necesaria una postura activa de la gente para la formación de la IC. Esta contribución por parte de los individuos se apoyará en la información recogida en sus experiencias de la vida cotidiana (“expertos en experiencia”) y en un rediseño informacional que reduzca los costos de informarse.
Sin embargo, una mayor cooperación entre todxs debe ser acompañada por la inclusión de los sectores más afectados y por una diversidad de talentos, talantes y destrezas. Por este motivo, Amalio considera que el talento está distribuido en toda la ciudadanía y que sólo un mecanismo aleatorio logrará mostrar fielmente el universo soberano que participa del proceso. Incluso, para un mayor alcance deberán tenerse en cuenta la utilización de plataformas participativas, tales como crowdlaw o crowdsourcing de leyes, que permitan una deliberación a gran escala. También, propone nuevos diseños institucionales que posibiliten una mejor calidad conversacional, cuidando de la legitimidad y robusteciendo la democracia deliberativa.
Por último, el invitado afirma que para tener un sistema democrático mucho más saludable es fundamental resignar ese deseo intenso de conseguir los objetivos planteados y optar por un modelo de supermayorías, en donde la deliberación y el consenso sean quienes direccionen los procesos de decisión, favoreciendo la inclusión de mucho más personas.
Luego de ello, Amalio concluye que las personas no es que estén desinteresadas y apáticas en participar, sino que aquello es efecto de los fallos de participación que hoy tenemos.
¿Qué es lo que enfatizamos desde IP360? Tenemos la convicción de que es sumamente necesario el involucramiento de la ciudadanía en la resolución de los problemas públicos que enfrentan los distintos gobiernos a través de la puesta en práctica de la Inteligencia Colectiva, compartiendo información y experiencia que resultará indispensable para el fortalecimiento de nuestras democracias.
Por Agustina Salas, Analista de Relaciones Institucionales de Asuntos del Sur
Por séptimo año consecutivo, Asuntos del Sur y la red de organizaciones y entidades aliadas convocan a la iniciativa “Democracia Viva”, enmarcada en el Día Internacional de la Democracia.
Democracia Viva es un grito que llama al cambio. Desde Argentina hasta México, América Latina y el Caribe se unen en la necesidad de un nuevo pacto social que sea incluyente, deliberativo y participativo.
Con este espíritu, y como resultado de la edición del año 2020, se elaboró el Nuevo Acuerdo Democrático (NAD), un documento firmado por múltiples actores latinoamericanxs comprometidxs con defender y fortalecer la democracia en la región. El NAD se estructuró en torno a cinco ejes estratégicos y 21 líneas de acción. En la edición 2021, mostramos las acciones que operativizan dichas líneas desde sociedad civil, gobiernos y academia.
Este año, haciéndonos eco del contexto, el llamado se enmarca en dos ejes específicos del NAD: “Acceso a derechos, respeto de las libertades y participación efectiva” y, “Cooperación regional», y busca responder a la siguiente consigna: ¿Cómo mantenemos vivas nuestras democracias en contextos hostiles?
En América Latina estamos viviendo serios retrocesos en las libertades que aseguran el ejercicio de nuestros derechos en el espacio cívico. Es por ello que hablamos de contextos hostiles. Entendemos a los contextos hostiles como aquellos espacios en los que los activismos y la sociedad civil organizada (con distintos grados de formalidad) enfrentan importantes desafíos relacionados al cierre del espacio cívico. El espacio cívico es el contexto que propicia que la sociedad civil desempeñe una función en la vida política, económica y social de nuestras sociedades. En particular, el espacio cívico permite que las personas y los grupos contribuyan a la elaboración de políticas que afectan a sus vidas, al facilitarles, entre otros:
acceder a la información,
participar en el diálogo,
manifestar disidencia o desacuerdo, y
unirse para expresar sus opiniones.
Sin embargo, se constata que el espacio cívico está sometido a presión. Se multiplican las leyes represivas, que acarrean mayores restricciones a la libertad de expresión, participación, reunión y asociación. Las nuevas tecnologías han contribuido al crecimiento de las redes de la sociedad civil, pero también han proporcionado a los gobiernos excusas para controlar los movimientos de esa sociedad y las libertades de la prensa, a menudo con el pretexto de la seguridad (https://www.ohchr.org/es/civic-space).
Es alarmante que las voces disidentes estén siendo sometidas a investigaciones arbitrarias, perseguidas penalmente mediante procesos judiciales infundados, así como atacadas y difamadas mediante acoso en redes, lo cual evidencia el aumento en los discursos de odio en contra de personas críticas de las gestiones gubernamentales. Sin embargo, a pesar del avance de estas prácticas autoritarias y represivas en la región, las organizaciones, colectivos, activismos y personas defensoras continúan su labor, porque «Tal como lo establece el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”(Fuente:https://bit.ly/3wTS75u ).
De manera adicional, y partiendo del reconocimiento de que la situación es crítica en todo el mundo, este año queremos hacer foco en Centroamérica donde en los últimos años, en especial luego de las manifestaciones masivas de 2015 y 2019, se han hecho evidentes las crisis institucionales, económicas, políticas y sociales agravadas por la cuarentena y confinamiento, a las que los gobiernos han respondido con políticas restrictivas y, en muchos casos, violatorias de los derechos humanos de la población.
Human Rights Watch, en su Informe Mundial 2022, nos invita a reflexionar sobre la importancia de estar a la altura de las circunstancias, reafirmando que “la defensa de los derechos humanos exige no solo poner freno a la represión autocrática, sino también mejorar el liderazgo democrático” (https://bit.ly/3KRfHG0). Es con esta misma intención que invitamos a la comunidad a mostrar sus luchas, estrategias y prácticas frente a estos contextos hostiles, para poner en el centro las iniciativas que se están llevando a cabo desde las bases (y especialmente desde las juventudes), para mantener vivas las democracias de nuestros países.
Por Tatiana Cárdenas, Coordinadora Metodológica de Asuntos del Sur
El domingo 29 de mayo se realizará la elección presidencial en Colombia y sería poco decir que todos los ojos están puestos en este país. No solo por el inusual escenario político que tiene al progresista de izquierda, Gustavo Petro, como principal opcionado a la Casa de Nariño sino por los movimientos realizados por las autoridades electorales, durante los últimos meses, que hacen temer por la transparencia del proceso.
Los candidatos que mejor marcan en las encuestas son: Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá y ex militante de la extinta guerrilla del M19; Federico Gutiérrez, que representa a los partidos más tradicionales y es el ungido del expresidente Álvaro Uribe Vélez; Rodolfo Hernández, empresario y exalcalde de Bucaramanga, que ha centrado su campaña en polémicas; y Sergio Fajardo, el elegido en la consulta de la llamada Coalición de la Centro Esperanza.
Es la primera vez que, en el país, una opción cercana a la izquierda y al progresismo tiene la posibilidad real de llegar a la presidencia. La fórmula vicepresidencial de Petro es Francia Márquez, lideresa social, activista ambiental y feminista que, en 2018, fue reconocida con el Premio Medioambiental Goldman por su defensa del territorio.
Uno de los mayores logros de Petro, quien fue candidato presidencial y alcanzó el segundo lugar en 2018, es aglutinar en su movimiento a partidos políticos, colectivos y referentes de izquierda y centroizquierda, además de liderazgos que luchan por la defensa de los derechos humanos y que tienen como bandera la implementación del acuerdo de paz con las Farc que, hasta ahora, viene realizándose con retrasos y sin garantías para la seguridad y la vida de los y las excombatientes.
Aunque lo ha negado en repetidas ocasiones, se sabe que Federico Gutiérrez o “Fico”, como se le conoce, representa el movimiento político que puso en la presidencia a Iván Duque, quien termina su mandato con bajísimos índices de popularidad (25,1% según la última encuesta de Invamer Gallup). Gutiérrez fue alcalde y concejal de Medellín y su paso por la ciudad le dejó una mancha difícil de borrar: su exsecretario de seguridad fue procesado por tener vínculos con la llamada Oficina, una estructura criminal heredera del cartel de Medellín.
Aunque las encuestas dan a Petro como ganador, alcanzar la mitad más uno de los votos escrutados en primera vuelta es una hazaña que solo ha logrado Álvaro Uribe Vélez en su elección y reelección; por lo tanto, es muy posible que haya una segunda -y acá está el mayor interrogante de la campaña actual: no se sabe si será Federico Gutiérrez o Rodolfo Hernández quien alcance el apoyo popular para meterse en el segundo round-.
Elecciones amenazadas
Más allá del escenario político inusual, y bastante convulsionado, se ha levantado un manto de duda sobre la transparencia del proceso electoral, tras el fiasco en el conteo de votos vivido en las elecciones legislativas del 13 de marzo. Aquella vez, durante el escrutinio, se evidenciaron serias irregularidades que la Registraduría General de la Nación justificó como errores de los jurados de votación.
Sobre las situaciones que pueden generar dudas sobre el proceso del domingo 29 de mayo, Extituto de Política Abierta -organización que hace parte de la alianza por la veeduría electoral- denunció que “se teme que se generen, nuevamente, eventos que puedan llegar a poner en duda los resultados y la idoneidad de la Registraduría Nacional del Estado Civil, entre otras cosas, porque no se ha observado un proceso de cambio en los procesos que generaron inconvenientes hace un poco más de dos meses”.
La semana antes de la elección trascendió que la Registraduría no iba a contratar una firma internacional para realizar auditoría al software que será utilizado durante los comicios; hecho que ha sido justificado por demoras para la autorización del presupuesto, por parte de los ministerios del interior y de Hacienda, generando suspicacias y temores, especialmente, entre los candidatos opositores al gobierno actual.
Otra situación que sumó a la desconfianza fue que Migración Colombia negara el ingreso al país del estadounidense Teri Mattson y el abogado argentino Alejandro Rusconi, observadores electorales invitados por organizaciones de derechos humanos locales.
Esto se suma a situaciones de orden público, como las amenazas que viven distintas regiones. A inicios de mayo, la estructura criminal Clan del Golfo paralizó parte de Antioquia y Córdoba con un paro armado, según ellos, en protesta por la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”. Este hecho afectó la movilidad y seguridad de miles de personas, quienes, durante cuatro días, no pudieron desplazarse libremente ni realizar actividades comerciales. El miedo aún se siente en las calles y se presume que tendrá efectos directos en la jornada del domingo.
También se han sembrado dudas sobre el Registrador Nacional, Alexánder Vega, quien fue denunciado y está siendo investigado por las irregularidades mencionadas en las elecciones legislativas y de consultas internas.
Sobre este antecedente, Extituto aportó: “los órganos de control, entiéndase Procuraduría y Contraloría, no tomaron ningún tipo de medida adicional para evitar que se repitan errores del 13 de marzo. Ninguno de estos entes generó actuaciones para investigar y sancionar a los responsables, así como tampoco hizo requerimientos para prevenir que los inconvenientes vuelvan a suceder”.
“La Contraloría se excusa en que su control es posterior, a pesar de contar con competencias para hacer controles especiales de manera preventiva y concomitante, y la Procuraduría ha brillado por su ausencia en estos meses de elecciones, excepto para sacar de sus cargos a funcionarios elegidos por voto popular, en contravía de lo establecido en la Convención Interamericana”.
A pesar de todo ello, Vega dice que no es posible que exista fraude electoral y que todo se hará de forma correcta. Habrá que esperar al domingo para confiar en su palabra.
Más información sobre el proceso electoral en Colombia:
– Campaña#NadiePorEncimaDeLaJusticia presenta lineamientos y propuestas para garantizar la independencia judicial en próximo gobierno
El Día Mundial del Medio Ambiente 2021 coincide con la necesidad urgente de un cambio en la forma de habitar los espacios verdes públicos en las ciudades ante la pospandemia, es por esto que desde el proyecto Partícipes impulsamos ante la Legislatura porteña una Ley Marco de Espacios Verdes Públicos para la Ciudad de Buenos Aires (Proyecto de Ley N° 703-P-2021).
La Ley Marco de Espacios Verdes Públicos fue cocreada por un grupo de organizaciones y colectivos de la sociedad civil, interesados en que existan acciones para incrementar los espacios verdes públicos en la Ciudad de Buenos Aires, recuperar áreas costeras, garantizar la integridad de parques, reservas ecológicas, plazas y plazoletas.
Asuntos del Sur, en colaboración con el Observatorio del Derecho a la Ciudad y Jóvenes por el clima, realizó en 2020 un informe de situación sobre los espacios verdes en la Ciudad de Buenos Aires, que incluye análisis y mediciones que son el punto de partida para mejorar la situación en la Ciudad. La estadística oficial dice que en CABA hay 6 m2 promedio de espacio verde por habitante, mientras que la Organización Mundial de la Salud recomienda que el mínimo sea entre 10 y 15 m2.
Somos la generación que tiene la oportunidad de reconstruir la relación con la naturaleza antes de llegar a un punto irreversible, por ello este año además acompañamos el impulso de la iniciativa #GeneraciónRestauración, que marcará el inicio del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas.
Asuntos del Sur firmó un convenio con la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) con el objeto de generar acciones de fortalecimiento en innovación gubernamental con los gobiernos autónomos municipales de Bolivia.
Desde Asuntos del Sur, y en alianza con Fundación Luminar, desarrollamos el Conversatorio “Las juventudes en Acción: ¿cómo lograr una participación efectiva?”.
El encuentro fue moderado por Tatiana Cárdenas, Coordinadora Metodológica de Asuntos del Sur y organizado dentro del marco del Curso de formación “Procesos Participativos: Políticas públicas co-creadas con la ciudadanía” con el fin de reflexionar sobre una temática social que nos interpela especialmente: cómo lograr la participación ciudadana efectiva de las juventudes. El mismo giró en torno a experiencias y reflexiones de la región latinoamericana y, en particular, de Argentina.
Tuvimos el privilegio de contar con un destacado panel de oradorxs que incluyó a Eugenia Catalfamo, Senadora Nacional por San Luis, Argentina, quien, recientemente, presentó el Proyecto de Ley Nacional de Juventudes en el Congreso . Además, nos acompañó, desde Bolivia, Canela Crespo, militante de Columna Sur; Romina Peralta, intendenta de la localidad de Renca (San Luis, Argentina) e Ignacio Lara, presidente de Asuntos del Sur.
A lo largo del encuentro, lxs panelistas reflexionaron sobre distintas problemáticas. Eugenia habló de la necesidad de una ley argentina de juventudes que “permita que el Estado otorgue y haga cumplir los derechos de las y los jóvenes y destine un presupuesto para concretar esta y otras políticas públicas que las y los prioricen”.
Por su parte, Canela Crespo, quien forma parte de colectivos feministas y activistas por los derechos de la Madre Tierra, hizo énfasis en la experiencia en torno a la participación política de las juventudes en Bolivia durante el Proceso de Cambio. A su vez, destacó que “las juventudes no son un conjunto homogéneo y debemos distinguir, por un lado, las interseccionalidades de género y clase que existen y, por el otro, las muchas cosas en común y lugares de encuentro que habitan entre ellos.”
Romina nos permitió conocer su trayectoria, experiencia y obstáculos como mujer joven que llega a participar en política y a ocupar un cargo público. “Desde mi experiencia como una de las intendentas más jóvenes en San Luis, además de ser mujer, viví cuestionamientos sobre si podría lograr mis tareas como mandataria”, afirmó la Intendenta.
Esto puso en evidencia el techo de cristal que existe para muchas mujeres que se desenvuelven en la política y las dificultades que deben atravesar por partida doble, siendo, además, jóvenes.
Finalmente, Ignacio Lara, quien se especializa en la integración latinoamericana, la geopolítica energética y las políticas públicas con enfoque de derechos, nos brindó una perspectiva de las juventudes a nivel regional, permitiéndonos entender con ejemplos concretos, plasmados en el libro “Remando Contracorriente”, la participación política de las juventudes en diferentes países de América Latina. “Las juventudes pueden realizar política sin necesariamente tener que alinearse a un partido político formal, de hecho, lo hacen todos los días”
El encuentro posibilitó compartir múltiples experiencias y reflexiones, con miradas regionales y locales. Desde proyectos de leyes nacionales hasta incentivos al involucramiento y movilización en las calles de las juventudes. Consideramos que espacios de discusión y reflexión de este tipo son cruciales para replantearnos los canales de participación y el rol de las juventudes en la sociedad. Renovamos el compromiso de seguir trabajando juntxs para consolidar espacios de interacción inclusivos, paritarios y participativos.
La erosión de las instituciones democráticas a nivel global, le ha planteado a los gobiernos la difícil tarea de brindar respuestas eficaces a la creciente desconfianza en la democracia y sus instituciones. Sumado a esto, la historia demuestra que, después de grandes pandemias, a nivel interno, se agudizan los clivajes sociales; surge un clamor ciudadano contra los gobiernos por lo que se hizo mal, regular o pésimo y hay más demandas por parte de la sociedad en torno a necesidades elocuentes en materias económicas y sociales (Tokatlian, 2020). Se plantea, entonces, un claro escenario en el cual resulta aún más imperioso fortalecer y reimaginar la relación entre gobiernos, instituciones y sociedad civil.
Los gobiernos locales son el primer contacto y experiencia que tienen los ciudadanos con una administración gubernamental. En Argentina, por ejemplo, el 66% de la población reside en los 31 mayores aglomerados urbanos (Lanfranchi, G.: 2017). Los 2300 gobiernos locales argentinos se caracterizan por tener realidades heterogéneas que, a su vez, están fuertemente interrelacionados por las dinámicas cotidianas. Tienen grandes desafíos pero, también, en algunos casos, escenarios con graves limitaciones.
En este sentido, la innovación pública resulta clave para renovar un sector que, normalmente, tiene pocos incentivos para mejorar sus procesos o cambiarlos. No obstante, la innovación en gestión municipal no es solo a nivel de mecanismos o herramientas sino que requiere un cambio de estrategias y modificar estilos y prácticas de la administración que son adversas a los cambios (Tecco,C.: 2002). Este nuevo escenario pone en juego nuevas misiones y funciones a las ciudades para buscar novedosas y mejores formas de agregar valor público.
La toma de decisión pública demanda nuevos abordajes que atiendan temáticas complejizadas por la vinculación de un mayor número de actores sociales, poniendo en juego nuevas capacidades. Con miras a mejorar la calidad de vida de las personas, los gobiernos locales deben fortalecer sus conocimientos, habilidades, experiencias y destrezas rediseñando las lógicas tradicionales de gestión pero recuperando y fortaleciendo sus capacidades endógenas. Generar evidencia empírica identificando desafíos institucionales, económicos, sociales y/o ambientales; promover el trabajo colaborativo consolidando la cooperación y el compromiso del ecosistema local; incentivar lógicas de coordinación y construir consensos que potencien vínculos y proyectos ya no son solamente una opción. Ser una ciudad innovadora implica gestionar estas variables que son nuevas y, en muchos casos, exceden los límites y funciones conocidas.
El acento en los gobiernos locales es aún más pronunciado en la actual situación mundial, la cual profundiza las incertidumbres de todos los actores y requiere esquemas de participación de actores multinivel (Bianchi y Lara, 2021). Aún cuando los Estados siguen teniendo un rol fundamental en dichas instancias, están llamados a trabajar conjuntamente con otros actores, tan relevantes como los primeros. El nivel local cumple un rol fundamental debido a que tienen un conocimiento y legitimidad en el territorio de la cual carecen (en mayor o menor medida) los demás actores (Schapper y Jenichen, 2020).
En esta línea, el diagnóstico realizado en el marco del proyecto Innovación Pública 360, con 17 gobiernos locales de Latinoamérica, permitió señalar áreas sobre las cuales trabajar, tales como fortalecimiento de formatos de datos abiertos, ampliación de la información y transparencia en compras o mecanismos de rendición de cuentas. Además, la necesidad de seguir formando agentes de gobierno en las temáticas analizadas se encuentra presente de manera transversal. El tablero de IP360 brinda la base a partir de la cual mejorar la calidad de estos datos.
El trabajo se inserta en los diferentes debates y documentos sobre la importancia de diseñar índices e información sobre innovación pública. Ha sido NESTA quien, desde 2008, comenzó a abrir el debate mundial sobre el tema. Además, se encuentra La Declaración Sobre Innovación en el Sector Público, adoptada el 22 de mayo de 2019 por 35 países miembros de la OCDE y por 5 no miembros (entre ellos, Argentina). La Declaración tiene como propósito legitimar la innovación como centro y estrategia del funcionamiento de las instituciones del sector público y, en el trabajo diario, de los servidores públicos. Introduce, además, un compendio de cinco principios generales, acompañados con acciones que legitiman y apoyan la innovación como centro y estrategia de la función pública de instituciones y servidores.
Adicionalmente, existen otro tipo de países que comenzaron la tarea de medir la innovación desde 2002, como es el caso de Canadá y la República de Corea, los cuales diseñaron un Índice de Innovación en 2006. De igual forma, los países Nórdicos desarrollaron en 2010 un Índice para medir la Innovación Pública, con indicadores internacionalmente comparables.
Recientemente, el Gobierno de Chile, a través del Laboratorio de Gobierno, desarrolló un índice que permitirá medir las capacidades para innovar y transformarse de los servicios públicos de cara a las personas. El Índice considera cuatro dimensiones de medición, las que, a su vez, se asocian a diversos estados del proceso de innovación: recursos institucionales; actividades y prácticas; colaboración y apertura; y resultados.
En este contexto, en 2021, el tablero de IP360 pasará a una segunda etapa que buscará cuantificar indicadores, ampliar las variables de análisis e incrementar la cantidad de gobiernos que son parte del mismo, entendiendo la potencialidad de los municipios en el escenario actual y lo valioso e importante de llevar nuevas ideas a la práctica en el marco de la planificación local.
Nueve de cada diez personas de países en desarrollo no recibirán la vacuna de la COVID-19 en 2021. Esta constatación, tan simple cuanto trágica, es la voz de alarma que desde organizaciones, plataformas multisectoriales, algunos gobiernos y organismos internacionales vienen advirtiendo y sustentando el pedido de liberar temporalmente los derechos de propiedad intelectual de las vacunas para inmunizar a la población mundial del virus de la COVID-19.
Lamentablemente, los planteos (a favor y en contra) sobre la circulación del libre de conocimiento y tecnología para salvar vidas no es nuevo. Así como se encuentran casos como el del descubridor de la vacuna de la polio (John Stalk), que se negó a patentar su descubrimiento, favoreciendo la extensión y la aceleración de su aplicación, otras patentes médicas han tenido un proceso más complejo. Este fue el caso de los medicamentos retrovirales para tratar el VIH, cuyas patentes se liberaron temporalmente a fines de los ’90, y pudieron ser producidas y adquiridas a precios asequibles para los países más pobres y aquellos en vías de desarrollo (aunque considerablemente más tarde que en los países más ricos, causando un gran daño en la población de los primeros)
En diciembre del 2020 comenzó el proceso de vacunación contra la COVID-19 en un puñado de países -la mayoría de ellos, del norte industrializado-. Y, a medida que pasaba el tiempo, y pese a los esfuerzos multilaterales encabezados por la Organización Mundial de Salud -junto a organizaciones y gobiernos aliados-, se mantuvo el patrón predominante del “sálvese quien pueda” y “yo primero” que caracterizan al actual apartheid de las vacunas.
De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud, al 19 de abril el mundo contaba con más de 140 millones de casos de contagios de COVID-19 y 3 millones de muertes. De estas últimas, algo más del 48% ocurrieron en el continente americano, con Estados Unidos (561.611 muertes), Brasil (371.678) y México (212.228) a la cabeza. A su vez, se aplicaron 792.796.083 dosis de vacunas para contrarrestar el virus, en una población mundial de 7.684.000.000. Sin embargo, si la desproporción entre las dosis aplicadas y la población mundial no fuese suficiente, el panorama empeora cuando se analiza cómo se han distribuido dichas dosis. Según manifestara el Director General de la OMS recientemente: el 87% de las dosis fueron aplicadas en países ricos, mientras el 0,2% de la población de los países de menores recursos recibieron alguna dosis. América Latina, que se estipula necesitaría unas 500 millones de dosis para inmunizar a su población, recibirá para fines de abril -mediante Covax- algo menos de 380.000 dosis. Solo un puñado de países tienen un nivel mayor al 12% de su población con al menos 1 dosis: Chile (66,58 dosis por cada 100 habitantes), Uruguay (36,48), Brasil (15,24), Argentina (13,48) y Panamá (12,7). Por su parte, países como Nicaragua, Guatemala y Honduras no llegan siquiera a 1 dosis por cada 100 habitantes.
El mundo no sólo necesita una mayor producción de dosis, sino también que estas lleguen a todos los rincones del planeta, al mismo tiempo y en condiciones tales de volver efectiva la inmunización de la población mundial. Sin embargo, según las previsiones de las farmacéuticas que tienen aprobadas sus vacunas, y ante la desigual (adquisición y) distribución de vacunas, viene empujando con fuerza la idea de actuar e intervenir sobre la producción de vacunas a través de la suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual -como solicitado por India y Sudáfrica, junto a un grupo de países, en el seno de la OMC- o a través de la implementación de plataformas colaborativas para el intercambio de información y tecnología, como Acceso Mancomunado a la Tecnología contra la covid-19 (C-TAP), liderado por la OMS.
El C-TAP fue lanzado por la OMS junto al gobierno de Costa Rica y co-patrocinado por otros 40 Estados reunidos en el Llamamiento a la acción solidaria, 13 de los cuales, pertenecientes a América Latina y el Caribe: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas y Uruguay. Este mecanismo insta a gobiernos, organizaciones financiadoras, empresas y a la comunidad científica a compartir (voluntariamente) el conocimiento, la propiedad intelectual y los datos relacionados con la tecnología de la salud COVID-19. La implementación del C-TAP se realiza a través del Fondo de Patentes de Medicamentos, el Compromiso Open COVID, la Asociación de Acceso a la Tecnología alojada por el Banco de Tecnología de las Naciones Unidas y Unitaid.
Sin embargo, y pese a que potencialmente podría ser una herramienta considerablemente útil -en el ámbito sanitario y económico, pero también para revitalizar una nuestra estructura colaborativa de la gobernanza internacional- al día de hoy ni una sola farmacéutica -que tenga aprobada alguna de las vacunas para combatir esta pandemia- ha adherido a este mecanismo. Ante la ausencia de las grandes farmacéuticas, así como la falta de apoyo de los países de donde estas provienen, poco hay que compartir, y mucho menos material para colaborar.
Diversas organizaciones de la sociedad civil han mostrado su preocupación ante la OMS, por la falta de apoyos efectivos y de resultados tangibles de la C-TAP, a la vez que se insta a la organización multilateral de la salud a tomar un rol más proactivo y transparente.
En lo que respecta al proceso iniciado en la OMC por India y Sudáfrica -en el que se solicita la exención de determinadas disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio para la prevención, contención y tratamiento de la COVID-19-, esta media ha encontrado un fuerte apoyo de más de 80 países de ingresos medios y bajos, en modo de aumentar el ritmo de producción y el costo de acceso a las vacunas. Sin embargo, un reducido grupo de países -ricos-, que son los que obviamente están liderando el ritmo de vacunación a nivel mundial, se oponen. Así, países como Estados Unidos, Reino Unido, Suiza y la mismísima Unión Europea se oponen a la medida, así como también la Federación Internacional de Asociaciones y Fabricantes de Productos Farmacéuticos, aduciendo que sería una mala señal parea nuevas inversiones (que son extremadamente altas) para la investigación y desarrollo de nuevas vacunas y medicamentos.
Las empresas del sector sostienen que los problemas de suministro de vacunas se podrían solucionar mediante la realización de acuerdos bilaterales con productores de medicamentos genéricos para hacer frente a las dificultades de producción, como ya han hecho AstraZeneca, Novartis y Johnson&Johnson con distintos institutos. En el caso latinoamericano, se trata del acuerdo de la primera de estas farmacéuticas realizado con Argentina y México para la fabricación conjuntan de las vacunas que utilizan su tecnología. Sin embargo, como señala el Director General de la OMS, estos mecanismos se están mostrando insuficientes.
No resulta complejo desentrañar los intereses por detrás del posicionamiento de los países más ricos. Por citar un ejemplo, de las 10 farmacéuticas más valoradas en el mundo 2019, 5 son estadounidenses (Pfizer, Abbot, Merck, Celgene y Abbvie), 2 son suizas (Roche y Novartis), 1 alemana (Bayer), 1 francesa (Sanofi) y 1 inglesa (Gsk). A su vez, en un reciente estudio publicado en The Lancet, queda en evidencia que el sector público (representado en los gobiernos nacionales) y el de la filantropía (con la Fundación Bill y Melinda Gates a la cabeza), aportaron -como mínimo- más de 10 mil millones de dólares para el la investigación y desarrollo de vacunas contra la COVID-19. Más del 83% de este financiamiento se concentró en solo 5 vacunas, que tienen como denominador común la presencia del gobierno de EEUU como financiador en todas ellas. A esto se suma el estudio que confirma, para el caso de la vacuna de AstraZeneca, que la industria farmacéutica aportó solo el 3% de los 120 millones de euros invertidos para su desarrollo -provenientes, principalmente, del Reino Unido y la Comisión Europea.
Fuente: Wouter et al. (2021)
Recientemente, un grupo de ex mandatarios y premios Nobel instaron al actual presidente de los Estados Unidos a que apoye la suspensión de los derechos de propiedad intelectual para la producción de vacunas contra la COVID-19. A esto se suma los resultados de una encuesta, en este mismo país, en el que el 60% de las personas consultadas (de distintas orientaciones ideológicas) expresa su acuerdo con la suspensión temporal de la protección de las patentes de las vacunas contra la COVID-19, lo cual facilitaría el proceso de vacunación mundial.
En este mismo sentido se ha expresado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien -junto a la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión- hicieron un llamamiento a los gobiernos que forman parte del sistema interamericano a que se promueva la distribución justa y equitativa de las vacunas, así como también garantizar que estas sean accesibles y asequibles para los países de medios y bajos ingresos. En especial, en los puntos 27 y 28 de la Resolución, se hace especial mención a la necesidad de avanzar en las dos direcciones mencionadas para promover una inmunización global, tanto en lo que hace a la suspensión temporaria de los derechos de propiedad intelectual como a la necesidad de fomentar el intercambio de tecnologías y conocimientos entre los Estados.
Siguiendo los pedidos de expertos y científicos de todo el planeta, reunidos en la mencionada publicación de The Lancet, una estrategia de inmunización global contra la COVID-19 que sea efectiva debe impactar en cuatro dimensiones: desarrollo y producción, asequibilidad, asignación y despliegue. Es por ello que, para el logro de dicha estrategia, es imperioso que se aumente la producción a escala de las vacunas, que las vacunas estén disponibles cuando se necesiten (para lo cual, los mecanismos cooperativos y multilaterales aparecen como herramientas fundamentales), que sus precios sean asequibles (y, cuando no lo son, deberán tomarse medidas para que lo sean) y garantizar la infraestructura y los medios necesarios para que estas lleguen a todas las comunidades.
Uno de los principales argumentos contra la liberalización de los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas radica en el hecho de considerar las mismas (y, en definitiva, a la salud) como un bien de consumo. Sin embargo, la vacuna de la COVID-19 debe ser considerada un bien público global, como sostuvo el Secretario General de las Naciones Unidas. Siguiendo esta premisa, y bajo el lema “la vacuna de los pueblos” es que personalidades de todo el mundo instando a una producción masiva y disponible para todo el mundo, de todos los países, que sea gratuita.
Ahora bien, en un mundo en el que reina el “salvase quien pueda” (donde primero, obviamente, se salvan los más ricos): ¿por qué habríamos de esperar que las grandes farmacéuticas actuarán en forma colaborativa y solidaria? Si los gobiernos de todo el planeta van desesperados a ofrecer lo que tienen (y lo que no) para reservarse un puñado de vacunas, estas no tienen ningún incentivo para cooperar, abrir patentes y manejarse por principios que no sean el lucro. Porque recordemos que, ante todo, son empresas. No son depositarias del interés general ni representan a nadie más que a sus inversores. También se abre un interrogante sobre el rol, y qué es esperable, de las fundaciones filantrópicas, como la Fundación Bill y Melinda Gates, que han financiado miles de millones de dólares para el desarrollo de vacunas.
Más allá de todo lo antes mencionado, la responsabilidad de lo que se haga o deje de hacer, así como la factibilidad de cambiar el curso de la actual pandemia sigue recayendo en los Estados y en las capacidades de estos de dotar de sentido (y contenido) los mecanismos colaborativos globales (como Covax y C-TAP). Pero, fundamentalmente, apostando por consensos globales sobre la importancia de salvaguardar la vida de los y las habitantes del planeta ante el mantenimiento de las reglas del mercado.
Autor: Ignacio Lara
Presidente del Consejo Directivo de Asuntos del Sur – Argentina
El coronavirus ha afectado la vida de las personas en todo el mundo, pero Latinoamérica es aún más perjudicado. Es necesario actuar en forma conjunta para superar esta crisis.
En el marco de la política institucional de alianzas, Asuntos del Sur (ADS) se suma a la Red Argentina de Cooperación Internacional (RACI), federación conformada por más de 150 Organizaciones de la Sociedad Civil. RACI trabaja en pos de fortalecer al sector, vinculandolo con agentes locales e internacionales que realicen inversión social para la transformación social en la Argentina y en el mundo.
Con la intención de ampliar nuestras redes, estrechar lazos y potenciar el impacto de nuestras propuestas, ambas partes firmamos un Memorándum de Entendimiento que nos permitirá trabajar, en los siguientes meses, en estrecha colaboración para el desarrollo institucional de ADS y aportar a nuestro propósito de alcanzar democracias paritarias, inclusivas y participativas.
A partir de la celebración de este acuerdo, nos hacemos eco de la visión en la que una sociedad civil independiente, sostenible, con capacidad de incidencia en políticas públicas y de transformación social, participativa, articulada, democrática, transparente, diversa y plural es posible y con la certeza de que será más enriquecedor construirla y alcanzarla juntxs.
Investigadora asistente en CONICET, profesora en la Universidad Torcuato Di Tella y directora del Interdisciplinary Laboratory for Computational Social Science, de University of Maryland, en Argentina. Doctora en Ciencia Política (UTDT), MA en Social Research por Uneversity of Warwick, (becaria Chevening) y licenciada en Ciencia Política (UBA). Especialista en instituciones políticas, comportamiento legislativo y federalismo.
Abogada (UBA), con maestría en Políticas Públicas (UTDT) y MPA en Tecnologías Digitales y Policy (UCL, en curso). Vicepresidenta para América del Grupo Asesor de Desarrollo de Telecomunicaciones de la UIT y experta en el Grupo de Iniciativas de Capacitación del mismo organismo. Integra el Consejo Directivo de Internet Society Argentina desde 2020 y es docente de Derecho en la Universidad de Palermo.
Licenciada en Ciencia Política (Universidad de Buenos Aires, Argentina), Magíster en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe por la Universidad Nacional de San Martín (Universidad Nacional de San Martín, Argentina) y maestranda en Ciencia Política (Universidad Torcuato Di Tella, Argentina). Me desempeño como investigadora en el Observatorio Electoral de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, docente universitaria y consultora independiente. Miembro de la Red de Politólogas #NoSinMujeres. Líneas de investigación: participación política de las mujeres y diversidades, gobernanza electoral y nuevas tecnologías para la participación política.
Mi nombre es Bruno, soy de Rio Cuarto, Córdoba. Me desempeño laboralmente como desarrollador web, especializado en Wordpress y Javascript. Actualmente estoy estudiando PHP y React. Me gusta mucho viajar y andar en bici 😁
Migrante colombiana viviendo en Argentina. Licenciada en Ciencias Políticas con formación de Maestría en Intervención Social. Investiga y trabaja en políticas urbanas, especialmente en barrios populares. Diseña procesos participativos con enfoque interseccional.
Lic. En Comunicación Social (UBA). Máster en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digital (Universidad Rey Juan Carlos y Media Lab Prado, Madrid) especialista en procesos de innovación democrática, gobierno abierto y comunicación política, con más de 10 años de experiencia en investigación, diseño y ejecución de políticas de gobierno abierto y estrategias de comunicación política.
Actualmente, está estudiando Relaciones Internacionales. Le gusta entrenar, leer y adora aprender cosas nuevas. Su estación favorita del año es el invierno y le gustan los dulces y postres.
Vive en San Martín (Buenos Aires) y tiene 21 años. Es estudiante de la Lic. en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de San Martín y se encuentra realizando su trabajo de tesis sobre el modelo de desarrollo sostenible que presenta y defiende el Acuerdo de Escazú, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se suma a Asuntos del Sur motivada por adquirir conocimientos sobre cómo se lleva a cabo un proyecto a nivel regional y conocer sus dinámicas.
Maia tiene 22 años y es franco-argentina. Es ex estudiante de cine y actual estudiante de Ciencia política en la UNSAM. Amante de la fotografía. Dedica su tiempo libre a entrenarse para correr carreras.
Vive en Reconquista, Santa Fe, pero es originario de Buenos Aires. Tiene 25 años y es estudiante de la Licenciatura en Periodismo en la Universidad Siglo 21. También estudió Programación en la UTN.
Estudiante avanzada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de San Martín. Se encuentra cursando las últimas materias de la carrera y redactando la Tesis de Investigación. Se confiesa muy emocionada de ser parte de Asuntos del Sur para experimentar este nuevo desafío.
Artista y gestora cultural. Magíster en Mediación Cultural (Universidad Nouvelle Sorbonne Paris 3). Doctoranda en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó como asesora de despacho de la Gobernación de Nariño y de la Alcaldía de Cartagena, Colombia, en la implementación de procesos de innovación pública.
Magíster en Ciencia Política por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ha trabajado como consultora e investigadora para organismos internacionales, gubernamentales nacionales y Think Tanks nacionales e internacionales.
Politólogo de la Universidad de Buenos Aires, Máster en Mercados e Instituciones del Sistema Global y PhD en Políticas e Instituciones de la Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Italia). Activista por los derechos de las personas LGTBI y docente de postgrado en la Universidad de Lanús (Argentina) y en la Alta Escuela de Economía y Relaciones Internacionales (Italia). Sus áreas de especialización son la integración regional latinoamericana, la geopolítica energética y las políticas públicas con enfoque de derechos.
Peruana, Coach Ontológico Profesional con especialización en educación emocional y estudiante del último año de la carrera de Relaciones del Trabajo – UBA. Trabaja como coach facilitando capacitaciones para emprendedores y negocios. Como pasatiempo, disfruta leer, hacer yoga y trekking y viajar.
Argentino, politólogo (UBA) e investigador en cuestiones de género y seguridad (ILSED). Amante de los viajes, los idiomas y el intercambio cultural.
Oriunda de Río Negro. Estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de San Martín, con tesina en proceso. Además, participa en asociaciones civiles de base comunitaria. En su tiempo libre, juega para uno de los equipos deportivos de la UNSAM.
Abogada. Derecho Internacional Público. Gestión de proyectos en temáticas de transparencia, acceso a información pública, participación ciudadana, integridad, fortalecimiento institucional, innovación y gobierno abierto.
Estudiante de Relaciones Internacionales en la UNSAM. Le interesan las cuestiones de género y desplazamiento forzado. Como pasatiempo, la literatura y el cine.
Estudia Ciencias Políticas (UNSAM) con tesina en proceso. En paralelo, estudia Relaciones Internacionales en la misma casa de estudios. Además, trabaja en la Fundación Metropolitana haciendo desarrollo institucional y contenidos y escribe informes sobre Ambiente en Politeia.arg. Como hobbie, dedica tiempo a danza jazz y comedia musical desde hace varios años, como también a talleres de lectura sobre diferentes temáticas.
Nació y creció en Bogotá (Colombia). En 2011 emigró a Argentina para continuar sus estudios. Actualmente, está cursando la Licenciatura de Relaciones Internacionales.
Es estudiante de Ciencias Políticas y Profesorado Universitario en Ciencia Política (UNSAM). Disfruta mucho viajar y le gusta leer, cocinar y hacer deporte.
Licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales con una Maestría en Comunicación Política (Austral). Fue Directora Nacional de Relaciones Institucionales del Ministerio de Salud de la Nación y se especializó en el Ceremonial y Protocolo. Ama el running y viajar.
Actualmente cursando la Tecnicatura en Administración de Gestión y PyMEs y la licenciatura en Comercio Internacional. Atleta trans, fanática del ciclismo y activista de la inclusión deportiva.
Licenciada en Comunicación Social con orientación en opinión pública y publicidad en la UBA. Becaria de la Nueva Escuela de Diseño y Comunicación. Se encuentra vinculada con las ONG desde el 2017. Consultora y especialista en herramientas digitales y Ecommerce & Marketing Digital.
Licenciada en Comunicación Social, experiencia de trabajo en OSC y en el Estado en temática de políticas públicas enfocadas en hábitat. Especializada en el diseño de metodologías participativas, facilitación de talleres, coordinación de grupos y acompañamiento en los procesos de diseño e implementación de proyectos. Docente de teatro en nivel secundario y actriz.
Lic. en Ciencia Política (UCA). Trabajó en el sector privado para diferentes multinacionales, en Escuelas de Negocio y tiene, además, experiencia en la función pública. Es docente universitario y secundario.
Jennifer Cyr es profesora asociada e investigadora de ciencias políticas y de los estudios latinoamericanos en la Universidad de Arizona. Además de estudiar la representación política y la democratización en América Latina, escribe sobre los métodos cualitativos y mixtos y el uso de los grupos focales en las ciencias sociales.
Directora de Arte e Ilustradora independiente. Artista autogestiva. Miembro activo de MEP (Mujeres en Publicidad), un colectivo de mujeres en busca de una industria publicitaria con perspectiva de género. www.jotaschneider.com
Lic. en Relaciones Públicas y Cs. de la Comunicación. Comunicadora en Bachillerato Popular Travesti Trans Mocha Celis. Activista por los DDHH LGBTIQ+. Transfeminista.
Politóloga por la UCB de La Paz con especialización en Gestión Equitativa por la USMP, Lima. Diplomada en IAP y Educación Superior. Trabaja en investigación, derechos políticos de las mujeres, paridad y alternancia, prevención de violencia contra las mujeres y presupuestos sensibles al género.
Dentro del tercer sector desarrolló todo tipo de tareas, profesionalizándose en la gestión humana y de comunidades de personas. Trabajó en temas relacionados a la educación, los derechos civiles y la responsabilidad social empresaria. Estudia idiomas y turismo para poder seguir relacionándose con personas de todo el mundo.
Licenciada en Comercialización. Ha prestado sus servicios como asistente de gestión académica del Programa Colegio de las Américas – COLAM de la Organización Universitaria Interamericana – OUI. Apoyo a los procesos de convocatoria, registro de estudiantes, monitoreo de inscripciones y pagos, coordinación del proceso de certificación y diplomación y producción de informes administrativos.
Periodista de Medellín, Colombia y estudiante de la Maestría en Comunicación y Criminología de la Universidad Nacional de La Plata. Trabaja en temas relacionados con la memoria histórica, la violencia y los derechos humanos. Participa en procesos de periodismo ciudadano por la memoria, así como en investigaciones sobre el mismo tema. Ha sido docente de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia.
Licenciada en Relaciones Internacionales (UCC); Técnica en Responsabilidad y Gestión Social (Universidad Siglo 21); Especialista en Políticas Públicas para la Igualdad en América Latina (CLACSO y FLACSO Brasil) y Magíster en Derechos Humanos y Políticas Públicas (UNED España). Se desempeña en los ámbitos de la cooperación internacional, el desarrollo institucional y la docencia.
Argentina. Lic. en Relaciones Internacionales (Universidad Católica de Córdoba). Maestranda en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano (Universidad Nacional de Córdoba). Con experiencia en la coordinación y facilitación de talleres presenciales en América Latina, en tutorías de programas de formación virtual, y en el diseño de metodologías y la creación de plataformas colaborativas.
Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, con una maestría en curso de Ciencia Política por la Universidad Torcuato Di Tella. Su trabajo se concentra en los derechos reproductivos de las mujeres y la participación ciudadana.
Abogada experta en violencia de género por la Comisión Nacional de Justicia de Género de Venezuela – TSJ y Magíster en Docencia para Educación Superior, Diplomada en Innovación Política, Derechos Humanos y Procesal Penal. Trabajó en el Poder Judicial en la competencia de Delitos de Violencia contra la Mujer en el Estado Zulia, Venezuela. Embajadora de Venezolanas Globales en Argentina; forma parte de la Red de Mujeres de Amnistía Internacional Venezuela y de la Red Feminista del Estado Zulia.
Licenciado en Ciencia Política de la UBA, con un amplio recorrido en comunicación digital y campañas políticas. Con formación en diseño audiovisual por su vocación para contar historias. Colaborador de la Federación Internacional de Racquetball.
Licenciada en Administración Gubernamental y Políticas Públicas por la Universidad de Guadalajara con especialización en temas de participación ciudadana, innovación política y combate a la corrupción. Actualmente es Maestrante en Politicas Públicas con enfoque en Gobiernos Locales y Rendición de Cuentas. Especialista en estrategias y herramientas de incidencia y construcción de Redes por EQUIS- Justicia para mujeres, Alternativas y Capacidades y la GIZ -Agencia del Gobierno Federal Alemán y en Contraloría Social y Sistemas Anticorrupción por el Colegio de Jalisco y el Comité de Participación Social de Estado de Jalisco.
Licenciada en Ciencia política por la Universidad de Buenos Aires. Magister en Administración Pública por la facultad de Ciencias Económicas de la UBA y Especialista en Educación y nuevas tecnologías por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Se desempeña hace más de 10 años en la educación en línea en diferentes organizaciones de la región.
Licenciada en Relaciones Internacionales (Universidad de San Andrés) y Mg. en Relaciones Internacionales Europa – América Latina (Universidad de Bolonia). Realiza una Maestría en Ciencias Sociales de Internet en Oxford Internet Institute (Universidad de Oxford). Especializada en innovación política y gobernanza de internet.
Politóloga por la Universidad Pompeu Fabra, especializada en género y juventudes. Máster Interuniversitario en Juventud y Sociedad, Universidad de Girona. Maestría en Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires (en proceso de elaboración de tesis). Forma parte de la Red de Politólogas. Sus intereses de investigación se focalizan en los temas de género, juventudes y participación política.
Coordinadora de Gobernanza, Estado y Gestión del Observatorio de Políticas Públicas y Docente investigadora de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV). Asesora de organismos públicos nacionales y subnacionales. Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador (Argentina) y especialista en Cooperación Internacional por la Universidad Nacional de San Martín (Argentina).
Coordina el programa de Innovación Pública 360 y es Digital Integrity Fellow del Open Tech Fund. Msc en Desarrollo Internacional (Universidad de Bristol). Fue investigador en tecnologías para la Vicepresidencia de Bolivia, PNUD y Fundación UNIR Bolivia. Ex becario Chevening.
Licenciada en Ciencia Política de la UBA, especializada en dirección y gestión de organizaciones sociales en UdeSA y docente en la UBA de la materia “el rol de las organizaciones de la sociedad civil en políticas públicas”.
Politólogo de la Universidad de Buenos Aires, MSc en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford, MPA y PhD en Ciencias Políticas del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po). Trabajó en el Woodrow Wilson Center, el Centro de Desarrollo de la OCDE y dirigió el Instituto Federal de Gobierno en Argentina. También es docente universitario e investiga sobre democracia, economía política y tecnopolítica.
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Por innovaciones políticas nos referimos
Al desarrollo de prácticas, intervenciones, dispositivos tecnológicos y/o regulaciones que permitan solucionar problemas públicos. Las innovaciones, entendemos, deben tener dos condiciones necesarias:
La primera es que deben buscar transformarse en una práctica social y política generalizada, es decir, deben buscar tener un impacto político.
La segunda es que deben favorecer a la ampliación de derechos y de calidad de vida de las personas. Entendida de este modo, la innovación política apunta a la construcción de sociedades abiertas, gobernadas por comunes, por lo que se requieren acciones que distribuyan el poder. Es por ello que, desde Asuntos del Sur, priorizamos las innovaciones centradas en la construcción de sociedades más paritarias, inclusivas y participativas.
Finalmente, Ignacio Lara, quien se especializa en la integración latinoamericana, la geopolítica energética y las políticas públicas con enfoque de derechos, nos brindó una perspectiva de las juventudes a nivel regional, permitiéndonos entender con ejemplos concretos, plasmados en el libro “Remando Contracorriente”, la participación política de las juventudes en diferentes países de América Latina. “Las juventudes pueden realizar política sin necesariamente tener que alinearse a un partido político formal, de hecho, lo hacen todos los días”
Fuente: Wouter et al. (2021)
