El COVID-19 nos ha demostrado que esta pandemia es un reto global con profundas repercusiones en una multiplicidad de dimensiones de la sociedad y su solución requiere de prácticas políticas que promuevan la colaboración.
Una de las incógnitas que más está presente a la hora de hablar de innovación en procesos participativos es ¿cómo generar espacios efectivos de cocreación?.
Y es que las plataformas que gestionan efectivamente la inteligencia colectiva están reemplazando a las formas tradicionales de participación ciudadana, utilizando tecnologías libres y teniendo en cuenta la cuádruple hélice de la innovación: Estado, ciudadanía, instituciones y sector privado.
Para lograrlo, necesitamos explorar y generar mejores herramientas, instrumentos y metodologías, que guíen la co-construcción y faciliten la generación de redes de colaboración. Por ello, en Asuntos del Sur creamos el área de diseño metodológico y laboratorios de innovación, con las siguientes consignas:
Diseñar y poner en marcha laboratorios de innovación
Evaluar y sistematizar experiencias de forma colaborativa y participativa
Generar soluciones metodológicas y cajas de herramientas
Modelar soluciones tecnológicas para procesos participativos
Aplicar la ciencia de datos, y diseño de modelos estadísticos para la toma de decisiones
Facilitar espacios participativos y de cocreación, presenciales y virtuales
Formar equipos de facilitación
Con estos objetivos, acompañamos varios procesos regionales, que a pequeña y gran escala están implementando la innovación desde el sector público y las organizaciones de la sociedad civil.
De la mano del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, Helvetas y el acompañamiento técnico de ONU Hábitat, diseñamos y desarrollamos un laboratorio que operativiza la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades en Bolivia – PNDIC.
El Laboratorio de Innovación Urbana Integral se encargará de identificar problemáticas, proponer soluciones, a partir de prototipos escalables, y acompañar la planificación del desarrollo urbano, a partir de insumos técnicos, en relación a los niveles de intervención que tiene la PNDIC.
El Consejo Económico y Social (CES) es un espacio de participación ciudadana creado por la Presidencia de Argentina, con el objetivo de movilizar el debate informado y la búsqueda de consensos sobre prioridades estratégicas para el país.
Asuntos del Sur realiza un acompañamiento en facilitación y diseño metodológico de los espacios del CES, relacionados a la misión 1: Comunidad de cuidado y seguridad alimentaria y la misión 4: Ecología integral y desarrollo sustentable; propiciando el diálogo y guiando el logro de los objetivos, en los diferentes encuentros con los públicos estratégicos.
Diseñamos la metodología de los talleres para la formulación y gestión de proyectos, que compone el módulo 2 del Programa Federal de Formación, brindado por el Consejo Federal de Inversiones en Argentina.
Este programa tiene la finalidad de brindar perspectivas actuales y herramientas modernas de gestión que permitan a los gestores y gestoras públicas de las provincias Chaco, Jujuy, La Rioja, La Pampa y San Juan dar respuestas concretas a los desafíos actuales.
La segunda fase del proyecto Altavoz -de Asuntos del Sur, en colaboración con Instituto 25A, Azul Originario y Cristosal- busca delinear acciones en el marco del Nuevo Acuerdo Democrático (NAD), al tiempo que genera capacidades de incidencia de las juventudes para el impulso de compromisos puntuales entre jóvenes, autoridades y miembros de la sociedad civil.
Por medio de la creación de Laboratorios de Innovación Ciudadana en Guatemala y El Salvador, se delineará este plan de incidencia, en talleres para construir, analizar y proponer.
El Día Mundial del Medio Ambiente 2021 coincide con la necesidad urgente de un cambio en la forma de habitar los espacios verdes públicos en las ciudades ante la pospandemia, es por esto que desde el proyecto Partícipes impulsamos ante la Legislatura porteña una Ley Marco de Espacios Verdes Públicos para la Ciudad de Buenos Aires (Proyecto de Ley N° 703-P-2021).
La Ley Marco de Espacios Verdes Públicos fue cocreada por un grupo de organizaciones y colectivos de la sociedad civil, interesados en que existan acciones para incrementar los espacios verdes públicos en la Ciudad de Buenos Aires, recuperar áreas costeras, garantizar la integridad de parques, reservas ecológicas, plazas y plazoletas.
Asuntos del Sur, en colaboración con el Observatorio del Derecho a la Ciudad y Jóvenes por el clima, realizó en 2020 un informe de situación sobre los espacios verdes en la Ciudad de Buenos Aires, que incluye análisis y mediciones que son el punto de partida para mejorar la situación en la Ciudad. La estadística oficial dice que en CABA hay 6 m2 promedio de espacio verde por habitante, mientras que la Organización Mundial de la Salud recomienda que el mínimo sea entre 10 y 15 m2.
Somos la generación que tiene la oportunidad de reconstruir la relación con la naturaleza antes de llegar a un punto irreversible, por ello este año además acompañamos el impulso de la iniciativa #GeneraciónRestauración, que marcará el inicio del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas.
Firma nuestra petición en Change.
¿Cómo la participación ciudadana puede ayudar al desarrollo local? La confianza entre todos los actores de la sociedad podría ser una de las respuestas a esta pregunta.
Asuntos del Sur firmó un convenio con la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) con el objeto de generar acciones de fortalecimiento en innovación gubernamental con los gobiernos autónomos municipales de Bolivia.
Desde Asuntos del Sur, y en alianza con Fundación Luminar, desarrollamos el Conversatorio “Las juventudes en Acción: ¿cómo lograr una participación efectiva?”.
El encuentro fue moderado por Tatiana Cárdenas, Coordinadora Metodológica de Asuntos del Sur y organizado dentro del marco del Curso de formación “Procesos Participativos: Políticas públicas co-creadas con la ciudadanía” con el fin de reflexionar sobre una temática social que nos interpela especialmente: cómo lograr la participación ciudadana efectiva de las juventudes. El mismo giró en torno a experiencias y reflexiones de la región latinoamericana y, en particular, de Argentina.
Tuvimos el privilegio de contar con un destacado panel de oradorxs que incluyó a Eugenia Catalfamo, Senadora Nacional por San Luis, Argentina, quien, recientemente, presentó el Proyecto de Ley Nacional de Juventudes en el Congreso . Además, nos acompañó, desde Bolivia, Canela Crespo, militante de Columna Sur; Romina Peralta, intendenta de la localidad de Renca (San Luis, Argentina) e Ignacio Lara, presidente de Asuntos del Sur.
A lo largo del encuentro, lxs panelistas reflexionaron sobre distintas problemáticas. Eugenia habló de la necesidad de una ley argentina de juventudes que “permita que el Estado otorgue y haga cumplir los derechos de las y los jóvenes y destine un presupuesto para concretar esta y otras políticas públicas que las y los prioricen”.
Por su parte, Canela Crespo, quien forma parte de colectivos feministas y activistas por los derechos de la Madre Tierra, hizo énfasis en la experiencia en torno a la participación política de las juventudes en Bolivia durante el Proceso de Cambio. A su vez, destacó que “las juventudes no son un conjunto homogéneo y debemos distinguir, por un lado, las interseccionalidades de género y clase que existen y, por el otro, las muchas cosas en común y lugares de encuentro que habitan entre ellos.”
Romina nos permitió conocer su trayectoria, experiencia y obstáculos como mujer joven que llega a participar en política y a ocupar un cargo público. “Desde mi experiencia como una de las intendentas más jóvenes en San Luis, además de ser mujer, viví cuestionamientos sobre si podría lograr mis tareas como mandataria”, afirmó la Intendenta.
Esto puso en evidencia el techo de cristal que existe para muchas mujeres que se desenvuelven en la política y las dificultades que deben atravesar por partida doble, siendo, además, jóvenes.
Finalmente, Ignacio Lara, quien se especializa en la integración latinoamericana, la geopolítica energética y las políticas públicas con enfoque de derechos, nos brindó una perspectiva de las juventudes a nivel regional, permitiéndonos entender con ejemplos concretos, plasmados en el libro “Remando Contracorriente”, la participación política de las juventudes en diferentes países de América Latina. “Las juventudes pueden realizar política sin necesariamente tener que alinearse a un partido político formal, de hecho, lo hacen todos los días”
El encuentro posibilitó compartir múltiples experiencias y reflexiones, con miradas regionales y locales. Desde proyectos de leyes nacionales hasta incentivos al involucramiento y movilización en las calles de las juventudes. Consideramos que espacios de discusión y reflexión de este tipo son cruciales para replantearnos los canales de participación y el rol de las juventudes en la sociedad. Renovamos el compromiso de seguir trabajando juntxs para consolidar espacios de interacción inclusivos, paritarios y participativos.
La erosión de las instituciones democráticas a nivel global, le ha planteado a los gobiernos la difícil tarea de brindar respuestas eficaces a la creciente desconfianza en la democracia y sus instituciones. Sumado a esto, la historia demuestra que, después de grandes pandemias, a nivel interno, se agudizan los clivajes sociales; surge un clamor ciudadano contra los gobiernos por lo que se hizo mal, regular o pésimo y hay más demandas por parte de la sociedad en torno a necesidades elocuentes en materias económicas y sociales (Tokatlian, 2020). Se plantea, entonces, un claro escenario en el cual resulta aún más imperioso fortalecer y reimaginar la relación entre gobiernos, instituciones y sociedad civil.
Los gobiernos locales son el primer contacto y experiencia que tienen los ciudadanos con una administración gubernamental. En Argentina, por ejemplo, el 66% de la población reside en los 31 mayores aglomerados urbanos (Lanfranchi, G.: 2017). Los 2300 gobiernos locales argentinos se caracterizan por tener realidades heterogéneas que, a su vez, están fuertemente interrelacionados por las dinámicas cotidianas. Tienen grandes desafíos pero, también, en algunos casos, escenarios con graves limitaciones.
En este sentido, la innovación pública resulta clave para renovar un sector que, normalmente, tiene pocos incentivos para mejorar sus procesos o cambiarlos. No obstante, la innovación en gestión municipal no es solo a nivel de mecanismos o herramientas sino que requiere un cambio de estrategias y modificar estilos y prácticas de la administración que son adversas a los cambios (Tecco,C.: 2002). Este nuevo escenario pone en juego nuevas misiones y funciones a las ciudades para buscar novedosas y mejores formas de agregar valor público.
La toma de decisión pública demanda nuevos abordajes que atiendan temáticas complejizadas por la vinculación de un mayor número de actores sociales, poniendo en juego nuevas capacidades. Con miras a mejorar la calidad de vida de las personas, los gobiernos locales deben fortalecer sus conocimientos, habilidades, experiencias y destrezas rediseñando las lógicas tradicionales de gestión pero recuperando y fortaleciendo sus capacidades endógenas. Generar evidencia empírica identificando desafíos institucionales, económicos, sociales y/o ambientales; promover el trabajo colaborativo consolidando la cooperación y el compromiso del ecosistema local; incentivar lógicas de coordinación y construir consensos que potencien vínculos y proyectos ya no son solamente una opción. Ser una ciudad innovadora implica gestionar estas variables que son nuevas y, en muchos casos, exceden los límites y funciones conocidas.
El acento en los gobiernos locales es aún más pronunciado en la actual situación mundial, la cual profundiza las incertidumbres de todos los actores y requiere esquemas de participación de actores multinivel (Bianchi y Lara, 2021). Aún cuando los Estados siguen teniendo un rol fundamental en dichas instancias, están llamados a trabajar conjuntamente con otros actores, tan relevantes como los primeros. El nivel local cumple un rol fundamental debido a que tienen un conocimiento y legitimidad en el territorio de la cual carecen (en mayor o menor medida) los demás actores (Schapper y Jenichen, 2020).
En esta línea, el diagnóstico realizado en el marco del proyecto Innovación Pública 360, con 17 gobiernos locales de Latinoamérica, permitió señalar áreas sobre las cuales trabajar, tales como fortalecimiento de formatos de datos abiertos, ampliación de la información y transparencia en compras o mecanismos de rendición de cuentas. Además, la necesidad de seguir formando agentes de gobierno en las temáticas analizadas se encuentra presente de manera transversal. El tablero de IP360 brinda la base a partir de la cual mejorar la calidad de estos datos.
El trabajo se inserta en los diferentes debates y documentos sobre la importancia de diseñar índices e información sobre innovación pública. Ha sido NESTA quien, desde 2008, comenzó a abrir el debate mundial sobre el tema. Además, se encuentra La Declaración Sobre Innovación en el Sector Público, adoptada el 22 de mayo de 2019 por 35 países miembros de la OCDE y por 5 no miembros (entre ellos, Argentina). La Declaración tiene como propósito legitimar la innovación como centro y estrategia del funcionamiento de las instituciones del sector público y, en el trabajo diario, de los servidores públicos. Introduce, además, un compendio de cinco principios generales, acompañados con acciones que legitiman y apoyan la innovación como centro y estrategia de la función pública de instituciones y servidores.
Adicionalmente, existen otro tipo de países que comenzaron la tarea de medir la innovación desde 2002, como es el caso de Canadá y la República de Corea, los cuales diseñaron un Índice de Innovación en 2006. De igual forma, los países Nórdicos desarrollaron en 2010 un Índice para medir la Innovación Pública, con indicadores internacionalmente comparables.
Recientemente, el Gobierno de Chile, a través del Laboratorio de Gobierno, desarrolló un índice que permitirá medir las capacidades para innovar y transformarse de los servicios públicos de cara a las personas. El Índice considera cuatro dimensiones de medición, las que, a su vez, se asocian a diversos estados del proceso de innovación: recursos institucionales; actividades y prácticas; colaboración y apertura; y resultados.
En este contexto, en 2021, el tablero de IP360 pasará a una segunda etapa que buscará cuantificar indicadores, ampliar las variables de análisis e incrementar la cantidad de gobiernos que son parte del mismo, entendiendo la potencialidad de los municipios en el escenario actual y lo valioso e importante de llevar nuevas ideas a la práctica en el marco de la planificación local.
Autora: Ana Montañez
Analista Innovación Pública 360
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En el marco del plan de implementación de la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades (PNDIC), Bolivia contará con un Laboratorio de Innovación Urbana. En criterio de Beatriz Lizarazu, Especialista en Planificación Urbana y Espacial, Coordinadora del proyecto Ciudades Resilientes (CoREUrban) de HELVETAS Swiss Intercooperation, «el Laboratorio se encargará de identificar problemáticas urbanas, proponer soluciones a partir de prototipos escalables y acompañar la planificación del desarrollo urbano, desde insumos técnicos, en relación a los niveles de intervención que tiene la PNDIC».
Las instancias involucradas en este proceso son el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, HELVETAS Swiss Intercooperation Bolivia y ONU Hábitat. Roger Cruz Viceministro de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, dio a conocer el interés estratégico que se tiene en la temática del Laboratorio de Innovación Urbana, porque permitirá identificar problemas que se presentan a nivel de las ciudades, conocer las percepciones de las personas y precisar soluciones eficientes. Cruz señaló la importancia de acompañar la operacionalización e implementación de la PNDIC a través de metodologías y capacidades de trabajo colaborativo.
La Gerente del Subprograma de Territorios Resilientes de HELVETAS Bolivia, y Directora del Proyecto Basura 0 financiado por la Cooperación Sueca en Bolivia, Mariana Daza explicó que «desde el ámbito estratégico de la institución, diversos proyectos como el caso de Gestión Integral del Agua, Gestión Ambiental Municipal, CoREUrban, Basura 0 forman parte activa del proceso que está orientado a la generación del Laboratorio de Innovación Urbana, desde un abordaje colaborativo y participativo».
El 23 y 24 de abril, el equipo del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, HELVETAS Bolivia, ONU Hábitat y entidades interesadas en la temática participan de un proceso de capacitación, cuyo objetivo es promover el acercamiento a los conceptos relacionados con los laboratorios de innovación, así como de herramientas diseñadas para el Laboratorio.
En criterio de Javier Zubieta, Director del proyecto Gestión Integral del Agua de la Cooperación para el Desarrollo de la Embajada de Suiza en Bolivia que implementa HELVETAS «el Laboratorio de Innovación Urbana constituye una opción adecuada al contexto en el cual vivimos, donde la riqueza de la información que se recupera, brinda oportunidades valiosas para la toma de decisiones efectiva, desde una planificación clara de políticas públicas»
Cristian León, Sub Director programático en Asuntos del Sur y Coordinador de Innovación Pública 360, instancia encargada del diseño conceptual del Laboratorio de Innovación Urbana señaló que el Laboratorio «es un espacio vivo e interactivo que permite conocer los problemas y necesidades de la población con relación al ámbito urbano y también contribuye a generar diálogo para encarar soluciones conjuntas».
Fuente: Helvetas
Nueve de cada diez personas de países en desarrollo no recibirán la vacuna de la COVID-19 en 2021. Esta constatación, tan simple cuanto trágica, es la voz de alarma que desde organizaciones, plataformas multisectoriales, algunos gobiernos y organismos internacionales vienen advirtiendo y sustentando el pedido de liberar temporalmente los derechos de propiedad intelectual de las vacunas para inmunizar a la población mundial del virus de la COVID-19.
Lamentablemente, los planteos (a favor y en contra) sobre la circulación del libre de conocimiento y tecnología para salvar vidas no es nuevo. Así como se encuentran casos como el del descubridor de la vacuna de la polio (John Stalk), que se negó a patentar su descubrimiento, favoreciendo la extensión y la aceleración de su aplicación, otras patentes médicas han tenido un proceso más complejo. Este fue el caso de los medicamentos retrovirales para tratar el VIH, cuyas patentes se liberaron temporalmente a fines de los ’90, y pudieron ser producidas y adquiridas a precios asequibles para los países más pobres y aquellos en vías de desarrollo (aunque considerablemente más tarde que en los países más ricos, causando un gran daño en la población de los primeros)
En diciembre del 2020 comenzó el proceso de vacunación contra la COVID-19 en un puñado de países -la mayoría de ellos, del norte industrializado-. Y, a medida que pasaba el tiempo, y pese a los esfuerzos multilaterales encabezados por la Organización Mundial de Salud -junto a organizaciones y gobiernos aliados-, se mantuvo el patrón predominante del “sálvese quien pueda” y “yo primero” que caracterizan al actual apartheid de las vacunas.
De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud, al 19 de abril el mundo contaba con más de 140 millones de casos de contagios de COVID-19 y 3 millones de muertes. De estas últimas, algo más del 48% ocurrieron en el continente americano, con Estados Unidos (561.611 muertes), Brasil (371.678) y México (212.228) a la cabeza. A su vez, se aplicaron 792.796.083 dosis de vacunas para contrarrestar el virus, en una población mundial de 7.684.000.000. Sin embargo, si la desproporción entre las dosis aplicadas y la población mundial no fuese suficiente, el panorama empeora cuando se analiza cómo se han distribuido dichas dosis. Según manifestara el Director General de la OMS recientemente: el 87% de las dosis fueron aplicadas en países ricos, mientras el 0,2% de la población de los países de menores recursos recibieron alguna dosis. América Latina, que se estipula necesitaría unas 500 millones de dosis para inmunizar a su población, recibirá para fines de abril -mediante Covax- algo menos de 380.000 dosis. Solo un puñado de países tienen un nivel mayor al 12% de su población con al menos 1 dosis: Chile (66,58 dosis por cada 100 habitantes), Uruguay (36,48), Brasil (15,24), Argentina (13,48) y Panamá (12,7). Por su parte, países como Nicaragua, Guatemala y Honduras no llegan siquiera a 1 dosis por cada 100 habitantes.
El mundo no sólo necesita una mayor producción de dosis, sino también que estas lleguen a todos los rincones del planeta, al mismo tiempo y en condiciones tales de volver efectiva la inmunización de la población mundial. Sin embargo, según las previsiones de las farmacéuticas que tienen aprobadas sus vacunas, y ante la desigual (adquisición y) distribución de vacunas, viene empujando con fuerza la idea de actuar e intervenir sobre la producción de vacunas a través de la suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual -como solicitado por India y Sudáfrica, junto a un grupo de países, en el seno de la OMC- o a través de la implementación de plataformas colaborativas para el intercambio de información y tecnología, como Acceso Mancomunado a la Tecnología contra la covid-19 (C-TAP), liderado por la OMS.
El C-TAP fue lanzado por la OMS junto al gobierno de Costa Rica y co-patrocinado por otros 40 Estados reunidos en el Llamamiento a la acción solidaria, 13 de los cuales, pertenecientes a América Latina y el Caribe: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas y Uruguay. Este mecanismo insta a gobiernos, organizaciones financiadoras, empresas y a la comunidad científica a compartir (voluntariamente) el conocimiento, la propiedad intelectual y los datos relacionados con la tecnología de la salud COVID-19. La implementación del C-TAP se realiza a través del Fondo de Patentes de Medicamentos, el Compromiso Open COVID, la Asociación de Acceso a la Tecnología alojada por el Banco de Tecnología de las Naciones Unidas y Unitaid.
Sin embargo, y pese a que potencialmente podría ser una herramienta considerablemente útil -en el ámbito sanitario y económico, pero también para revitalizar una nuestra estructura colaborativa de la gobernanza internacional- al día de hoy ni una sola farmacéutica -que tenga aprobada alguna de las vacunas para combatir esta pandemia- ha adherido a este mecanismo. Ante la ausencia de las grandes farmacéuticas, así como la falta de apoyo de los países de donde estas provienen, poco hay que compartir, y mucho menos material para colaborar.
Diversas organizaciones de la sociedad civil han mostrado su preocupación ante la OMS, por la falta de apoyos efectivos y de resultados tangibles de la C-TAP, a la vez que se insta a la organización multilateral de la salud a tomar un rol más proactivo y transparente.
En lo que respecta al proceso iniciado en la OMC por India y Sudáfrica -en el que se solicita la exención de determinadas disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio para la prevención, contención y tratamiento de la COVID-19-, esta media ha encontrado un fuerte apoyo de más de 80 países de ingresos medios y bajos, en modo de aumentar el ritmo de producción y el costo de acceso a las vacunas. Sin embargo, un reducido grupo de países -ricos-, que son los que obviamente están liderando el ritmo de vacunación a nivel mundial, se oponen. Así, países como Estados Unidos, Reino Unido, Suiza y la mismísima Unión Europea se oponen a la medida, así como también la Federación Internacional de Asociaciones y Fabricantes de Productos Farmacéuticos, aduciendo que sería una mala señal parea nuevas inversiones (que son extremadamente altas) para la investigación y desarrollo de nuevas vacunas y medicamentos.
Las empresas del sector sostienen que los problemas de suministro de vacunas se podrían solucionar mediante la realización de acuerdos bilaterales con productores de medicamentos genéricos para hacer frente a las dificultades de producción, como ya han hecho AstraZeneca, Novartis y Johnson&Johnson con distintos institutos. En el caso latinoamericano, se trata del acuerdo de la primera de estas farmacéuticas realizado con Argentina y México para la fabricación conjuntan de las vacunas que utilizan su tecnología. Sin embargo, como señala el Director General de la OMS, estos mecanismos se están mostrando insuficientes.
No resulta complejo desentrañar los intereses por detrás del posicionamiento de los países más ricos. Por citar un ejemplo, de las 10 farmacéuticas más valoradas en el mundo 2019, 5 son estadounidenses (Pfizer, Abbot, Merck, Celgene y Abbvie), 2 son suizas (Roche y Novartis), 1 alemana (Bayer), 1 francesa (Sanofi) y 1 inglesa (Gsk). A su vez, en un reciente estudio publicado en The Lancet, queda en evidencia que el sector público (representado en los gobiernos nacionales) y el de la filantropía (con la Fundación Bill y Melinda Gates a la cabeza), aportaron -como mínimo- más de 10 mil millones de dólares para el la investigación y desarrollo de vacunas contra la COVID-19. Más del 83% de este financiamiento se concentró en solo 5 vacunas, que tienen como denominador común la presencia del gobierno de EEUU como financiador en todas ellas. A esto se suma el estudio que confirma, para el caso de la vacuna de AstraZeneca, que la industria farmacéutica aportó solo el 3% de los 120 millones de euros invertidos para su desarrollo -provenientes, principalmente, del Reino Unido y la Comisión Europea.
Fuente: Wouter et al. (2021)
Recientemente, un grupo de ex mandatarios y premios Nobel instaron al actual presidente de los Estados Unidos a que apoye la suspensión de los derechos de propiedad intelectual para la producción de vacunas contra la COVID-19. A esto se suma los resultados de una encuesta, en este mismo país, en el que el 60% de las personas consultadas (de distintas orientaciones ideológicas) expresa su acuerdo con la suspensión temporal de la protección de las patentes de las vacunas contra la COVID-19, lo cual facilitaría el proceso de vacunación mundial.
En este mismo sentido se ha expresado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien -junto a la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión- hicieron un llamamiento a los gobiernos que forman parte del sistema interamericano a que se promueva la distribución justa y equitativa de las vacunas, así como también garantizar que estas sean accesibles y asequibles para los países de medios y bajos ingresos. En especial, en los puntos 27 y 28 de la Resolución, se hace especial mención a la necesidad de avanzar en las dos direcciones mencionadas para promover una inmunización global, tanto en lo que hace a la suspensión temporaria de los derechos de propiedad intelectual como a la necesidad de fomentar el intercambio de tecnologías y conocimientos entre los Estados.
Siguiendo los pedidos de expertos y científicos de todo el planeta, reunidos en la mencionada publicación de The Lancet, una estrategia de inmunización global contra la COVID-19 que sea efectiva debe impactar en cuatro dimensiones: desarrollo y producción, asequibilidad, asignación y despliegue. Es por ello que, para el logro de dicha estrategia, es imperioso que se aumente la producción a escala de las vacunas, que las vacunas estén disponibles cuando se necesiten (para lo cual, los mecanismos cooperativos y multilaterales aparecen como herramientas fundamentales), que sus precios sean asequibles (y, cuando no lo son, deberán tomarse medidas para que lo sean) y garantizar la infraestructura y los medios necesarios para que estas lleguen a todas las comunidades.
Uno de los principales argumentos contra la liberalización de los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas radica en el hecho de considerar las mismas (y, en definitiva, a la salud) como un bien de consumo. Sin embargo, la vacuna de la COVID-19 debe ser considerada un bien público global, como sostuvo el Secretario General de las Naciones Unidas. Siguiendo esta premisa, y bajo el lema “la vacuna de los pueblos” es que personalidades de todo el mundo instando a una producción masiva y disponible para todo el mundo, de todos los países, que sea gratuita.
Ahora bien, en un mundo en el que reina el “salvase quien pueda” (donde primero, obviamente, se salvan los más ricos): ¿por qué habríamos de esperar que las grandes farmacéuticas actuarán en forma colaborativa y solidaria? Si los gobiernos de todo el planeta van desesperados a ofrecer lo que tienen (y lo que no) para reservarse un puñado de vacunas, estas no tienen ningún incentivo para cooperar, abrir patentes y manejarse por principios que no sean el lucro. Porque recordemos que, ante todo, son empresas. No son depositarias del interés general ni representan a nadie más que a sus inversores. También se abre un interrogante sobre el rol, y qué es esperable, de las fundaciones filantrópicas, como la Fundación Bill y Melinda Gates, que han financiado miles de millones de dólares para el desarrollo de vacunas.
Más allá de todo lo antes mencionado, la responsabilidad de lo que se haga o deje de hacer, así como la factibilidad de cambiar el curso de la actual pandemia sigue recayendo en los Estados y en las capacidades de estos de dotar de sentido (y contenido) los mecanismos colaborativos globales (como Covax y C-TAP). Pero, fundamentalmente, apostando por consensos globales sobre la importancia de salvaguardar la vida de los y las habitantes del planeta ante el mantenimiento de las reglas del mercado.
Autor: Ignacio Lara
Presidente del Consejo Directivo de Asuntos del Sur – Argentina
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