El 27 de octubre se decidirá quién será el Jefe del Gobierno de CABA en una elección que, por lo que se vio en la PASO, puede llegar a ser sorpresiva. Nos dimos a la tarea de analizar lo propuesto por Horacio Larreta, Matías Lammens, Matías Tombolini y Gabriel Solano, durante los meses de campaña, con especial énfasis en lo dicho durante el debate del pasado jueves 10 de octubre, en los temas de transparencia, participación ciudadana e innovación tecnológica. Esto fue lo que encontramos:
Autoras: Cora Ruiz y Georgia RotheFotos y videos: Lila Andrea Monasterios
El 34º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries en La Plata fue el más grande de la historia, no solo por la cantidad de mujeres que asistieron a las actividades -unas 200 mil, y 500 mil en la marcha- sino también porque hubo 87 talleres en simultáneo, charlas, conversatorios e infinidad de actos culturales y artísticos durante tres días, donde se trabajaron muchos de los temas que nos atraviesan como diversidad de mujeres y personas con identidades y sexualidades plurales1. Las aulas de las facultades y escuelas de la Plata quedaron chicas; tuvieron que multiplicar los espacios de los talleres por la cantidad de personas en cada uno de ellos. Algo inaudito hasta este año.
Si miramos hacia atrás, el primer ENM de 1986 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue convocado por las que ahora cariñosamente llamamos “las históricas” del movimiento feminista argentino: docentes, médicas, psicólogas, abogadas, escritoras, entre otras, que comenzaron a organizar actividades en centros académicos, organizaciones civiles y a publicar sobre temáticas feministas. La mayor parte de esta generación provenía de la militancia en diferentes espacios políticos2. En ese momento el tema central fue la situación de la mujer en la Argentina y las estrategias para el cambio. Este largo recorrido de 33 años, tal como indica Dora Barrancos, es único en la región tanto por su forma de construcción como por su constancia a lo largo del tiempo3.
¿Qué tuvo de innovador el 34º Encuentro?
En esta oportunidad el protagonismo, como nunca antes, fue de la intergeneracionalidad de la movilización por los derechos de las mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries. Desde el Ni una Menos de 2015, se produce el crecimiento exponencial del movimiento feminista que Dora Barrancos conceptualiza como “el rompimiento de la capilla del feminismo”: las jóvenas se apropian de las calles y muestran nuevas formas de habitar el espacio público con sus cuerpas y consignas, algo que no siempre fue entendido por el feminismo. Diana Maffía lo define como “disrupción generacional”.4
Esta irrupción de las mujeres jóvenas se consolida a partir del proceso de innovación política que se generó alrededor del debate por el Aborto Legal Seguro y Gratuito de 2018, donde ellas tomaron un protagonismo histórico por el reclamo de la implementación de la educación sexual integral (ESI) y el derecho de las adolescencias para decidir sobre sus propias cuerpas como territorio de disputa política. Tal como señala Diana Maffia:“hubo un punto de inflexión en el reconocimiento mutuo de formas de hacer distintas y que se generaron diálogos enriquecedores” por lo que, desde entonces, podemos hablar de alianza intergeneracional.
Este año, se afianza esta presencia de las jóvenas que ya no están dispuestas a que hablen o decidan por ellas y elles, con talleres como el de “Niñez y ESI” donde niñas y adolescentas de 14 años debatieron, mientras su madres asistían a otros talleres. Así como, “infancias e infancias trans y no binarias sin violencias ni discriminación” también fueron parte de los talleres. Además, las estudiantas de secundaria de la provincia de Buenos Aires coparon los talleres. También se incorporaron a la palestra temas liderados por las juventudes como el “ciberfeminismo y las mujeres en internet”, “cuerpes menstruantes”, “mujeres y deconstrucción de cuerpos feminizados”, y los “cuerpos gordxs”.
Las calles de La Plata se llenaron de glitter y brillo, como estrategia identitaria de las juventudes, y de pañuelos verdes, como ícono de la lucha de la clandestinidad de los abortos y de resistencia y rebelión al patriarcado. El glitter y el verde fueron los protagonistas indiscutibles. Sin embargo, no solo fue muestra de identidad política feminista de las jóvenas, sino que este intercambio de prácticas generacionales se plasmó en su apropiación por parte la diversidad de mujeres. Las adultas, las trans, las travestis, las lesbianas, las adultas mayores, las mujeres con discapacidad, les no binaries también tomaron las calles con glitter verde y lila como otra forma de ocupar la ciudad y de intercambio generacional.
Reconocimiento explícito del carácter Plurinacional del Encuentro
Las mujeres de los pueblos originarios desde los inicios son parte activa de los Encuentros Nacionales de Mujeres. Pero, este año fue la primera vez que se realizaron talleres sobre Ecofeminismo. En América Latina, históricamente para los feminismos el medio ambiente constituye el eje central, tal es así que las feministas comunitarias y decoloniales nos enseñaron la defensa de los derechos de las mujeres como primer territorio en disputa. Sus luchas y resistencias desde el cuerpo y los territorios para la sostenibilidad de la vida las tienen como protagonistas así como su concepción de la cosmogonía desde la colectividad.
En este Encuentro se retoma el debate del año pasado en Chubut, donde se reivindicó la participación popular y los sistemas de cooperación, y la centralidad de la demanda de las mujeres de los pueblos y comunidades originarias de las 36 Naciones de todo el Abya Yala; de las identidades afros y negras, de las racializadas y migrantes, de las mujeres con discapacidad y de las niñeces libres. Y, a su vez, la visibilización y protagonismo a las mujeres y disidencias sexuales, quienes sintetizaron una lucha colectiva contra el racismo, el colonialismo y la violencia machista del capitalismo patriarcal.
Para finalizar, tal como ocurrió el año pasado con la confluencia de los feminismos en la demanda por el aborto legal, este año se demostró la capacidad de generar una agenda feminista transversal intergeneracional, más allá de ideologías políticas, clases sociales y que engloba personas con cuerpos plurales, identidades plurales y sexualidades plurales. Sigamos tejiendo redes y acuerpando las luchas diversas de las mujeres originarias, las trans y travestis, las lesbianas, las afroargentinas, las racializadas y migrantes, las mujeres con discapacidad, entre otras colectivas. Desde Asuntos del Sur estamos convencidas que sin la participación efectiva de la diversidad de mujeres y disidencias sexuales en la toma de decisiones públicas y políticas no podemos seguir hablando de democracias.
Conceptos acuñados por la feminista comunitaria territorial, indígena maya-xinca, Lorena Cabnal.
Belloti, Magui (1988).Hacia un movimiento autónomo de mujeres: los encuentros nacionales. Brujas, 14, Buenos Aires.
Barrancos, Dora (2019). Artículo publicado en CGTN America, del 17 de febrero de 2019. A defiant women’s movement rises up in Argentina.
En Ruiz Tena, Cora y D’Alessandro, Mercedes (2019). La innovación política desde los feminismos. Estrategias de incidencia para la legalización del aborto en Argentina. Asuntos del Sur en colaboración con Economía Femini(s)ta. Disponible en: https://asuntosdelsur.org/la-innovacion-politica-desde-los-feminismos/.
A dos años de su creación, la Mesa Federal de Participación Ciudadana (MFPC) se reunió en San Miguel de Tucumán entre el 10 y 12 de octubre. Asuntos del Sur fue invitado al encuentro, al cual asistieron funcionarias/os, investigadoras/es, estudiantes y organizaciones de más de 10 provincias y 15 municipios de todas las regiones de Argentina. Durante el evento nuestro director, Matias Bianchi, firmó la adhesión formal de Asuntos del Sur a la Mesa Federal de Participación.
A su vez, nuestro Laboratorio Local de Participación Ciudadana-ParticipaLAB, espacio colaborativo e itinerante para crear políticas públicas usando metodologías de inteligencia colectiva, se sumó a la iniciativa #LaTeArgentina.
Juventudes, género, seguridad ciudadana y gobiernos locales, fueron algunos de los temas abordados en el Encuentro de Participación. Se compartieron experiencias en un diálogo de saberes, resultado de la mezcla de distintos mundos, sensibilidades y perspectivas sobre la participación ciudadana, propiciando el debate y las reflexiones colectivas.
Innovación política que articula
En Asuntos del Sur articulamos con la Mesa Federal de Participación Ciudadana desde su creación, pues reconocemos este espacio como un motor de la innovación política en Argentina. La MFPC nuclea diferentes equipos y funcionarios de la innovación gubernamental de provincias y municipios, con un gran potencial para promover otro tipo de gobernanza democrática.
En el marco de la MFPC se constituyó un Laboratorio de Participación Ciudadana, el Federal-Lab, con el objetivo de crear ideas, metodologías y acciones que promuevan una mayor participación, más incluyente y convocante.
Durante el encuentro, este realizaron varios ejercicios para pensar la Agenda 2030 de Participación Ciudadana desde el enfoque de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Desde el área de Innovación Política de Asuntos del Sur, nos llena de alegría poder sumamos a la Mesa Federal de Participación, a través de nuestro proyecto Partícipes y vemos una valiosa oportunidad de potenciar el ParticipaLab como un lugar para el trabajo colaborativo y la co-creación de estrategias ciudadanas innovadoras.
En Paraguay se avanza un paso y automáticamente se retrocede a la época de la dictadura de Stroessner. Últimamente se sintió muy fuerte el retroceso político y social que vivimos. Para dar contexto el 30 de septiembre celebramos el orgullo TLGBI porque fue la fecha en que sale el primer manifestó defendiendo a la comunidad en épocas de la dictadura (1959). Esta celebración se realizó en varias partes del país pero la que más llamo la atención fue la de Hernandarias.
¿Por qué?
Por los grupos fundamentalistas religiosos y anti derechos que fueron a violentar de forma física y verbal. Apedrearon, insultaron y hasta trataron de matar a quienes estaban en la manifestación que desde el primer momento fue pacífica y festiva. Aquí la indignación es selectiva y esa situación no conmovió a nadie más que a la misma comunidad TLGBI y unos pocos aliades de la lucha.
Para más contexto, en Paraguay no tenemos ley contra toda forma de discriminación y al parecer esa ley pertenece a la frase NUNCA JAMÁS pero así también como ocurrió eso tuvimos un momento de gloria y alegría porque por primera vez fue condenado un travesticida. Siendo un hecho histórico porque en lo que va del periodo democrático donde existen 61 casos de asesinatos a personas trans es el primero que va a juicio y es condenado.
Es un logro, pero eso ya no nos devuelve a la compañera Romina Vargas que nos fue arrebata por la Transfobia a la cual enfrentamos todos los días y en diferentes formas, sin acceder a educación, salud e identidad; cosas mínimas como acceder a un baño público siguen siendo privilegios a los que no podemos acceder.
En estos días, con una compañera fuimos echadas de forma muy violenta de un espacio público por el simple hecho de usar el baño, donde pudimos percibir lo deshumanizadas y criminalizadas que seguimos siendo y si vamos por lo más complejo en plano de accesos no se puede pensar aún en cupo laboral trans. Siendo más específica, en Paraguay, la comunidad trans es la más vulnerada, somos parte de los cuerpos que no importan. No tenemos ley de identidad de género, estar aquí es como firmar un contrato de deshumanización y tenemos que vivir como habitantes que mendigan por las calles un mínimo de acceso.
Actualmente, en Paraguay estamos a 30 años del inicio de la democracia pero esa democracia aún no llega para las trans y travestis. La democracia es cisgénero, blanca y de clase alta pero por sobre todo es PATRIARCAL. Las travestis y trans existimos y resistimos y nunca más van a gozar de nuestro SILENCIO.
El debate entre los candidatos a Jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se caracterizó por alejarse de los tonos y líneas de las campañas nacionales, al casi no caer en la grieta de los grandes temas de tensión actuales de la política argentina ni generar polarización entre los candidatos. Además de un par de bloopers y algunos palos que le tiraron a la gestión del actual Jefe de Gobierno, el debate no tuvo mayores sobresaltos y rozó solo en la superficie temas tan importantes como vivienda o empleo.
La línea que se mantuvo fue la del continuismo, esa fue la tendencia de Matías Lammens (Frente de Todos), Matías Tombolini (Consenso Federal) y por supuesto el actual jefe de gobierno, Horacio Larreta (PRO). Un solo un candidato buscó claramente desmarcarse, Gabriel Solano (Frente de Izquierda).
El manejo del tiempo en las respuestas fue estricto y sobresalió el respeto en la interacción de los cuatro aspirantes. El único que trajo a colación a Mauricio Macri y su gestión fue Tombolini, el candidato por Consenso Federal, quien le echó en cara a Larreta las malas decisiones tomadas por el Presidente en términos de gestión económica.
Al iniciar el debate cada candidato tenía un minuto para presentarse, sin embargo cuando llegó el turno del aspirante por el Frente de Izquierda el conductor Gabriel Andino dio por terminadas las presentaciones, hecho que corrigió rápidamente pero se volvió uno de los temas de conversación y burla en redes sociales.
Guillermo Andino: Bueno muy bien, así se han presentado cada uno con su minuto. #LaCiudadDebate
Otro momento destacado por la cantidad de comentarios a favor y en contra que suscitó fueron las declaraciones de Tombolini frente a dos temas sensibles de ciudad: la Terminal de Retiro y el uso de pistolas taser. Sobre Retiro dijo “hoy (la Terminal) es un peligro, una carrera de obstáculos, mugre y robos, queremos que la Ciudad vuelva a tomar el control de la Terminal”. Sobre el uso de taser mencionó “vamos a implementar más tecnología, que sí son más pistolas taser».
Solano tuvo duras críticas sobre el manejo del tema inmobiliario: «nuestro diagnóstico sobre lo que hicieron en la ciudad es negativo. Está manejada por los grandes negocios inmobiliarios. El Gobierno de la ciudad es una inmobiliaria. Larreta dice que sirvió para financiar alguna obra. Tenemos una ciudad copada. No crece la población, y sí crecen las villas. Hoy en la ciudad hay una política de exclusión del trabajador. No queremos viviendas de 18 metros cuadrados», manifestó.
Una de las confrontaciones del debate fue entre el postulante del Frente de Todos y Horacio Larreta: «muchas veces quisiste que me integrara a tu gestión y siempre te expliqué que no lo hacía porque tenía diferentes concepciones de cómo se hace política y diferentes prioridades», le replicó Lammens después de que el Jefe de Gobierno actual le dijera que «durante años trabajamos juntos, vos desde San Lorenzo y yo desde la Ciudad en acción social en el Bajo Flores, y lo hicimos muy bien. Nunca me hiciste un comentario”.
Mi parte favorita fue cuando Lammens le dijo a Larreta “vos siempre quisiste que integre tus listas”. pic.twitter.com/vmdaSDUrID
En varias oportunidades se señaló a Larreta de no ser sincero y mentir con cifras de aumento en presupuesto de educación y salud. Solano sentenció en su conclusión final diciendo: «si no querés que gane Larreta podés votar a Lammens, Tombolini o a mí».
Género y la economía fueron los grandes faltantes en el debate. No solo por el hecho de ser una contienda de cuatro hombres, también porque la defensa de los derechos de la mujer y minorías sexuales no fueron parte de la discusión. Sólo Solano incluyó en una de sus intervenciones la promesa de una educación sexual integral.
En cuanto a seguridad pública, Larreta propone la instalación de nuevas cámaras de seguridad con reconocimiento facial (100.000 más) e incrementar los policías en las calles. Tombolini respaldó la continuidad de ese tipo de políticas, mientras que Lammens propuso transparentar más esa gestión y fortalecer la lucha contra la corrupción.
Solano se opuso a incrementar la vigilancia y buscó atacar a Lammens en relación a su defensa del uso de pistolas táser.
Políticas sociales
En cuanto a políticas sociales, parte del debate se fue en discutir las cifras actuales de los presupuestos de salud y educación. En esa línea, Lammens les pidió a sus contrincantes, que sin importar quién llegue a ser Jefe de Gobierno se aumente al menos en un 1.5% el presupuesto en educación. Larreta comentó acerca del crecimiento en educación y salud durante su gestión, datos que fueron controvertidos por los demás candidatos, también expresó su intención de sumar al menos 19 nueva escuelas, jerarquizar la carrera docente e incluir nuevos contenidos como robótica e informática. Tombolini fue en la misma línea, incluyendo temas blandos como la educación financiera.
Solano se comprometió con dar más apoyo a los artistas y mencionó la precarización de los empleados y empleadas del Teatro Colón, además del desfinanciamiento del cual es objeto la cultura, según su visión. Fue además quien marcó una posición más ideológica, al defender la educación laica, los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad.
Vivienda
El tema vivienda, de alta importancia para la ciudad ante una crisis habitacional en ciernes, quizás fue el que mayor disonancia generó. El actual Jefe de Gobierno defendió su política de venta de terrenos fiscales, muy criticada por Lammens y Solano.
Lammens propuso construir 3.000 viviendas en Liniers, mientras que Solano insistió en hacer que las 400 hectáreas de terrenos públicos enajenados por Larreta regresen a la Ciudad y usarlos para viviendas sociales. Tombolini, por su parte, hizo énfasis en la situación inmobiliaria, los altos costos de alquileres y expensas, proponiendo que una parte de las mismas tengan tarifa social.
Infraestructura
Finalmente, con respecto a las políticas de obras, los tres candidatos mencionaron darle continuidad a la actual política de Larreta, mientras que éste anunció como su propuesta bandera para un nuevo periodo la de eliminar las 31 barreras en el trayecto del ferrocarril Sarmiento.
Lammens buscó distinguirse mencionando la creación de jardines maternales y mejorar el servicio público en hospitales. Casi todos coincidieron en la necesidades de ampliar espacios verdes, siendo una ciudad que no llega ni al 5% de estos.
El candidato Tombolini, mencionó un par de veces fortalecer la participación ciudadana a través de herramientas, consejos vecinales y espacios de encuentro con técnicos, tema que no fue tratado por los demás.
Casi todos mencionaron en algún punto la implementación de herramientas tecnológicas, Larreta haciendo énfasis en las plataformas que actualmente funcionan en la Ciudad, como BA Elige y BA Obras; Lammens se comprometió a que la ciudadanía podrá hacer seguimiento en tiempo real a sus denuncias a través del celular y Tombolini dijo que dará mayor uso de las tecnologías digitales en distintos procesos.
Aunque el debate sirvió para conocer las prioridades y posturas de los candidatos, la división de las líneas temáticas no permitió una profundización, al poner en un mismo paquete temas gruesos y darle a los candidatos poco tiempo para responder.
[author] [author_image timthumb=’on’]https://asuntosdelsur.org/wp-content/uploads/2019/10/CarlosFlores.png[/author_image] [author_info]Autor: Carlos Flores, periodista[/author_info] [/author]
Foto: RTVE.es
«Espero que la ciudadanía sepa comprender». Probablemente, el vicepresidente Otto Sonnenholzner pensó que las próximas medidas económicas tendrían una fuerte respuesta social. La expresión se hizo viral en las redes sociales y de inmediato las alertas sobre un “paquetazo” saltaron a la opinión pública. Había la sospecha de que se tocaría el tema de los subsidios. Y en efecto, cuando el presidente de la república, Lenín Moreno, anunció el ajuste económico en cadena nacional, la única medida que hizo ruido, y produjo enojo e indignación fue: eliminar los subsidios para el diésel y la gasolina extra y ecopaís.
En su tiempo, el gobierno que presidió Rafael Correa también barajó esa opción y explicó los altos costos que representan para el Estado mantener una medida que beneficia “más a los ricos que a los pobres”. Una línea que Moreno también usó para justificar la decisión. La diferencia es que su antecesor no lo aplicó. Él, sí. Por eso dijo: “Estas son decisiones postergadas por décadas”.
Ecuador tiene historia sobre qué sucede con los gobernantes que anuncian medidas económicas que perjudican a las grandes mayorías empobrecidas. Ocurrió, por ejemplo, con el autodenominado “gobierno de los pobres” de Abdalá Bucaram, o con Jamil Mahuad que representa el caso más doloroso en la historia económica y social del país. Con estos u otros casos, los anuncios económicos llevaron a los gobernantes de turno hacia un túnel que terminó con su salida del Palacio de Carondelet.
Y en dichas movilizaciones sociales, los indígenas tuvieron un rol relevante.
Por eso el anuncio de estas medidas suscitó prontamente la sospecha de que este gobierno se “caería”. Pero, a ese antecedente histórico también hay que sumarle hechos más coyunturales: la baja aceptación del presidente Moreno bordea el 20%, el correísmo concentra el descontento contra lo que llama “el peor gobierno de la historia” y que se trata de un régimen percibido como frágil, más aún cuando entra en comparación con la figura hiperpresidencialista y autoritaria del expresidente Rafael Correa.
Tras el anuncio, los movimientos indígenas llegaron en importante número a Quito, capital de Ecuador. Las protestas se dejaron sentir, y los hechos obligaron al régimen a tomar acciones como mover la sede del gobierno a Guayaquil, declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional, desplegar en territorio a los militares (incluyendo las tanquetas antimotines) y a todo el contingente policial y restringir la movilidad en las áreas donde funcionan entidades públicas, una suerte de “toque de queda” focalizado para impedir que los manifestantes lleguen a tomarlos.
Este amplio despliegue militar y policial en todo el país reveló el temor y la debilidad del régimen frente a líderes y lideresas indígenas que llegaron con una agenda clara: bajarse las medidas económicas del gobierno. Pero, la oposición correísta no dejó pasar la ocasión para insistir en aquello que maneja desde que comenzó el gobierno de Moreno: la renuncia del mandatario y convocar a elecciones generales. El líder de esta oposición y autoexiliado en Bélgica, Rafael Correa, envió un video en Twitter con el mensaje claro de que llegarán para la recuperación de la patria. Es más: en una rueda de prensa desde el Parlamento Europeo no solamente pidió el llamado a nuevas elecciones sino también dejó abierta la opción de ser candidato, como Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, a la vicepresidencia de Ecuador.
El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, un político que se perfila para postular a la presidencia en las próximas elecciones, también entró en dinámica electoral. Con la movida del régimen de Moreno para gobernar desde esta ciudad costera, Nebot junto a la alcaldesa de Guayaquil, Cinthya Viteri, cerraron filas para defender a esa ciudad contra el “vandalismo” y el “caos”. El llamado y énfasis, con una alta dosis de nacionalismo local y acentuando las diferencias regionales del país, mostraron a un país nuevamente quebrado en sus diferencias sociales. Ese nuevo episodio solamente reflejaba un asunto cotidiano: el señalamiento a los indígenas como “indios”, “vagos” y “sucios” que producen el caos en contra de los que “no son indios” y que quieren trabajar y tener progreso.
Al mismo tiempo, el movimiento indígena exigía sin descanso sus demandas. La jornada de lucha más intensa sucedió el miércoles 09 de octubre, fecha en que Guayaquil celebra año a año sus fiestas de independencia. Mientras en Quito las organizaciones indígenas demandaron sin descanso, en medio de toletazos y bombas lacrimógenas, en Guayaquil salieron a marchar por la paz y el progreso. En Quito, la represión fue dura. Los videos en redes sociales muestran una larga lista de excesos de la fuerza pública. No se respetó nada. Incluso, se lanzó una bomba lacrimógena en una zona de Ayuda Humanitaria que facilitó una universidad para atender a los movilizados. El atentado causó pánico y algunas de las personas que salieron del lugar, fueron perseguidas por elementos policiales.
El descontrol en el uso de la fuerza pública suscitó la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Pero, las acciones de violencia en estos ocho días de protestas también llegaron desde los manifestantes. En un reciente comunicado la misma CIDH, a través de su Relatoría para la Libertad de Expresión, advirtió que hay más de 80 periodistas agredidos tanto por agentes estatales como por manifestantes.
Aunque en las marchas realizadas el saldo es mayor: ya se cuentan cinco muertos, hay más 700 personas detenidas, y según las organizaciones de derechos humanos, más de 70 personas detenidas de manera ilegal, ilegítima y arbitraria.
En este momento, pese a que el gobierno insiste que se genera “un clima de confianza” para el diálogo, el movimiento indígena señala que no hay tal cosa. Lo que sí queda claro es que, pese a las invocaciones para negociar, ambas partes tienen líneas duras: el gobierno no piensa derogar las medidas económicas y los indígenas piden que eso se elimine. No sé sabe bien cuál será el siguiente movimiento. Lo que sí queda claro es que el estado de excepción tendrá una duración de 30 días según lo dispuesto por la Corte Constitucional (y no por 60 días como inicialmente planteó el régimen) y que Lenín Moreno ha dicho que no piensa renunciar y que no dará un paso atrás en las medidas económicas que ya ha recibido el saludo y reconocimiento del FMI.
El movimiento indígena históricamente ha sufrido represión cuando sale a las calles a exigir sus demandas. En el gobierno anterior fueron reprimidos por un régimen que se tildó como “revolucionario”; hoy, padecen la misma represión, pero de un gobierno que dice optar primero por el “diálogo”.
Un diálogo que no existió con los movimientos sociales cuando este gobierno tomó la decisión de aplicar las medidas económicas que produjeron la crisis que se vive.
El pasado 9 y 10 de septiembre se llevó a cabo el taller de incidencia: Diversidad de mujeres Activando organizado por Asuntos del Sur en articulación con el colectivo Las Poderosas-Teatroen Ciudad de Guatemala en la FGER (Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas).
¿Por qué volvemos a Guatemala?
En el proyecto SISA trabajamos durante 18 meses con la diversidad de mujeres de 4 países de la región (Ecuador, Paraguay, Argentina y Guatemala) en la identificación de los obstáculos que se encuentran las mujeres en sus respectivos activismos políticos y en la facilitación de procesos para la creación de iniciativas de empoderamiento desde las propias mujeres.
En esta segunda fase del proyecto lanzamos desde Asuntos del Sur el Programa de Formación SISA-Mujeres Activando que se encuentra alojado en la plataforma de la Academia de Innovación Política. Esta formación tiene como objetivos brindar contenido teórico y herramientas prácticas para los activismos de la diversidad de mujeres, así como para impulsar la articulación y fortalecimiento de sus mecanismos de trabajo e identidades entre las distintas colectivas. Del mismo participan actualmente más de 1000 lideresas de 19 países de América Latina, de las cuales 70 mujeres se encuentran en Guatemala.
Contexto político de Guatemala
Este es el tercer año consecutivo que, desde Asuntos del Sur, trabajamos en Guatemala. En esta ocasión llegamos en un contexto de declaración de Estado de excepción en 5 departamentos del nordeste del país: Izabal, Baja Verapaz, Zacapa, El Progreso, Alta Verapaz y Petén. El mismo fue ratificado por el Congreso, en los días posteriores, como supuesta medida para combatir el narcotráfico; sin embargo se sabe que en estos territorios tradicionalmente hubo tensiones entre las comunidades y las empresas por la explotación de los recursos naturales. En estos días, se está tratando de renovar el Estado de Sitio en 22 municipios de los departamentos afectados.
Por su parte, en Ciudad de Guatemala, el gobierno retiró el altar de las 41 cruces que se encontraban en la plaza central, en memoria de las 41 niñas quemadas en el incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción el pasado 8 de marzo de 2018. Cada una de las cruces tenía una vela y un cártel con el nombre y la edad de cada una de las niñas. Las mujeres tomaron la “Plaza de las Niñas” (como ellas la nombran) y restituyeron las cruces, pero ese mismo día fueron expulsadas por los antidisturbios. Días más tarde, restituyeron el altar pintando las cruces con un emotivo ritual maya conducido por Lorena Cabnal, del cual fuimos parte. Este caso movilizó a las mujeres del país, porque 56 niñas fueron encerradas en una habitación sin acceso a baños o comida durante más de 12 horas como represalia por un intento de huída debido a las violaciones y abusos sexuales así como las condiciones insalubres de vida que sufrían. Tras pasar toda la noche encerradas, una de las niñas prendió una colchoneta para que les abrieran la puerta como medida de protesta. Pero no lo hicieron, y dejaron que 41 niñas murieran calcinadas y otras 15 sufrieran quemaduras de hasta el 80% de sus cuerpos.
Talleres SISA-Diversidad de Mujeres Activando
El Programa de Formación contempla sedes presenciales en 6 países de la región (Paraguay, Guatemala, Ecuador, México, Colombia y Argentina), y como parte presencial del Programa en Guatemala realizamos un taller de dos días en Ciudad de Guatemala organizado junto a las Poderosas Teatro. Del mismo, participaron 35 mujeres: mayas (Tz’utujil, Q’eqchi’, Kaqchikel, K’iche), mestizas, jóvenes, adultas, rurales y urbanas; de distintos departamentos del país (Sacatepéquez, Izabal, Totonicapán, Huehuetenango, Sololá, Chimaltenango, y de municipios de Guatemala y de capital). Durante el taller utilizamos el Método SISA como herramienta innovadora en el diseño de acciones concretas con enfoque feminista. En ese sentido, las mujeres que participaron, por un lado, se propusieron trabajar la educación integral sexual a través de metodologías lúdicas y participativas, y por el otro, se interpelaron sobre cómo articular una agenda que integre la diversidad de luchas de las mujeres indígenas y las mujeres mestizas.
Cerramos la primera jornada de trabajo con una movilizante noche cultural de teatro “Preguntas púrpuras y discursos violetas” de Violetas resilientes con el proceso de formación, sanación y creación escénica de nuestras aliadas Las Poderosas Teatro.
En el segundo día de trabajo, se realizó el webinario “Estrategias para sortear los contextos de violencias machistas contra las mujeres” con la intervención de nuestra aliada Yren Rotela de Repadis, defensora de los derechos humanos de las personas trans en Paraguay, para contarnos sobre las estrategias que llevan adelante las mujeres trans y travestis para sortear los contextos de simultáneas y complejas situaciones de violencias machistas en los transitan sus vidas. También escuchamos a Kristell Anaid Perla Montes, defensora de los derechos humanos de las mujeres en Honduras, y participante del Programa de Formación, que nos contó del proyecto de investigación social que forma parte “Resiliencia: Mujeres enfrentando la violencia en espacios urbanos y estrategias para abordarlas”.
Acuerpamos las luchas de las hermanas de Guatemala, y seguiremos trabajando para el impulso de los liderazgos de las mujeres en plural, porque estamos convencidas que sin la diversidad de mujeres, ocupando los puestos de toma de decisiones públicas y políticas, no podemos seguir hablando de democracias. Las voces plurales, las cuerpas plurales y las identidades plurales tienen que estar defendiendo sus necesidades e intereses diferenciados para romper la tríada entre racismo, patriarcado y colonialismo.
[author] [author_image timthumb=’on’]https://asuntosdelsur.org/wp-content/uploads/2019/09/LilaMonasterios.png[/author_image] [author_info]Texto y fotos: Lila Andrea Monasterios, Responsable de Comunicación en Asuntos del Sur[/author_info] [/author]
Más de cinco millones de hectáreas de naturaleza han dejado de existir en Bolivia. 28,4% de todo lo que se deforestó entre 2005 y 2018 sería el equivalente a lo que se quemó entre julio y septiembre de este año. Solo en el 2019, hasta el 26 de septiembre de este año.
En lo que se conoce como la Amazonía boliviana, más de dos millones de sus habitantes están carbonizados y desparramados en tierras antes rojizas y ahora cubiertas de ceniza. Los signos de sufrimiento son evidentes: los cuerpos fríos yacen sobre la tierra aún caliente. De aquellos que pudieron escapar, muchos morirán por falta de alimento, los otros tienen traumas. Pocos tuvieron la suerte de la osa bandera Valentina, que al ser rescatada, cayó en un coma profundo. En medio de toda esa destrucción, también está un pueblo ayoreo no contactado y acorralado por el fuego.
La cronología se remonta a décadas de falta de voluntad para convivir en armonía con la naturaleza. Pero es este año cuando se hace evidente que los planes por la preservación de los bosques -firmados en tantos convenios internacionales, como el Acuerdo de París, que Bolivia ratificó en 2017- son solo parte de la letra muerta de tantos otros papeles. Con la aprobación del decreto supremo 3973, el 9 de julio de 2019, se amplía la frontera agrícola y sin preguntar a la población se concreta que:
“ARTICULO 5.- En los departamentos de Santa Cruz y Beni, se autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias, que se enmarque en el Manejo Integral y Sustentable de Bosques y Tierra, conforme a los instrumentos de gestión específicos aprobados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra – ABT, y sus Planes de Uso de Suelo vigentes. En ambos departamentos se permite las quemas controladas de acuerdo a reglamentación vigente, en las áreas clasificadas por el PLUS que así lo permitan.”
Quienes se apuraron en manifestar su rechazo a esta medida fueron los indígenas del Comité Defensor de la Amazonía de la cuenca del río Madera, en el departamento de Beni. La tala y quema afectarán todo su trabajo en reforestación y calificaron de mercantilista el decreto, pues se evidenció que no hay un manejo profesional de la naturaleza. Como antecedente, la Red Amazónica de Información Socioambiental Georeferenciada establece que entre el 2005 y 2018, la Amazonía boliviana perdió 18,7 millones de hectáreas.
La sociedad prende chispa
Pero no es hasta la segunda semana de agosto que la población en general se termina de enterar que este año los “chaqueos”, como se conoce a las quemas controladas en Bolivia, no son las que se acostumbra. Si bien ya estaba normalizado estar rodeados de humo en esta época, los pedidos de auxilio de las comunidades aledañas del territorio afectado, las alertas del Centro de Operaciones de Emergencias Departamental y los animales que inesperadamente llegan a la ciudad de Santa Cruz, son cada día mayores. Es entonces cuando una densa capa de humo cubre la ciudad, cuyo himno tiene paradójicamente la frase “bajo el cielo más puro de América”.
Desde el 13 de julio se sabe que el 46% de Santa Cruz está en peligro crítico por el fuego. El 8 de agosto, el alcalde de San José de Chiquitos, Germaín Caballero pide que se declare emergencia para gestionar ayuda internacional. Para el 13 de agosto Roboré se declara en desastre: 25 mil hectáreas quemadas parecen ser lo suficientemente impresionantes para llamar la atención del Gobierno central. Las acciones que se toman a nivel nacional, como el freno de las autorizaciones de quema controlada que otorga la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), no tienen ningún resultado.
Es recién el 19 de agosto que el presidente de Bolivia, Evo Morales, visita la zona y aunque declara que “hay que ser sinceros, no les voy a mentir, a ver si podemos apagar el fuego según la información es mucho”. Sin embargo, resalta que no es necesaria la ayuda internacional, pues, «el país está preparado». Aunque en ese momento solo se cuenta con dos helicópteros Bambi Bucket. A nivel nacional, empiezan las protestas, la agenda de medios toma el evento como el más relevante: cifras, datos, declaraciones, la temporada preelectoral parece estar en pausa.
El 20 de octubre, Bolivia elegirá a su presidente y este desastre se interpuso en la carrera
A la región de la Amazonía boliviana que se encuentra en Santa Cruz se la conoce como Chiquitania. Más al sur, como Chaco y Pantanal. El bosque seco chiquitano es el punto intermedio del degradé de árboles como las palmeras que lentamente se van cruzando con los burupaus, propios del Chaco, que se expande hasta Paraguay. Hacia el lado de Brasil está el Pantanal, hogar de la casi extinta paraba azul y una de las mayores zonas húmedas del mundo, que nutre las aguas del rio Paraguay.
Solo en Santa Cruz la destrucción representa 3,1 millones de hectáreas, más del 40% se tratan de áreas protegidas.
La sociedad parece estar dividida en este tema: desde el oficialismo se apunta a opositores y activistas como responsables. Incluso varias autoridades acusaron a chilenos, brasileños y menonitas. Activistas acusan al Gobierno que, con las leyes 741 y 1098, además de los decretos supremos 3874 y 3973, avala las prácticas de destrucción de la naturaleza. El presidente defiende a los pequeños chaqueadores, porque «de algo deben vivir» y dice que el desarrollo es primero. La oposición aprovecha el tema para decirle que Bolivia Dijo No a su cuarta candidatura. Para el resto, es como si el incendio no tuviera que ver con ellos.
Contener el espíritu
El luto que dejaron los siete bomberos fallecidos durante los incendios en Bolivia reveló que, por un lado, nuestra sociedad es solidaria siempre y, por otro, que haber participado de esta titánica tarea dejará consecuencias a muchos. Por eso, consta como uno de los pedidos en la recién creada Coordinadora Intersectorial en Defensa de la Naturaleza y los Pueblos, que se les otorgue un seguro de salud, pues la inhalación de monóxido de carbono, entre otras cosas, puede causar daños en su salud.
Pero también hay que pensar en el costo psicológico de nuestra sociedad. ¿Quién dará la contención necesaria? Mónica Negrete, egresada en veterinaria y voluntaria lamentaba no tener tiempo para entristecer por la muerte de sus amigos bomberos, porque el fuego continúa y los animales siguen en riesgo.
Todos aquellos que ingresaron a las zonas, con o sin experiencia, están condenados a recordar de por vida las imágenes de devastación, el silencio de la tragedia, el manto blanco de la ceniza, el rojo vivo del fuego al lado del camino, el olor a humo impregnado en el cuerpo, la lluvia sombría con restos de árboles: la muerte, en alguna medida, de nuestro espíritu.
Última parada: El gran refugio
Una pequeña voz surge en Ñembi Guasu, el área protegida más joven de Bolivia.En medio de la vorágine de acusaciones, reclamos y protestas, desde Roboré -que se convirtió en el centro de operaciones gubernamental para dirigir las acciones-, se determina que las zonas con gente serán las prioritarias.
Ñembi Guasu, entonces, queda relegada como si se tratara de un monte sin vida. Sin embargo, gente del Gobierno Autónomo Guaraní Charagua Iyambae (GAIOC), junto con el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) y Naturaleza, Tierra y Vida (Nativa), entre otros, toman este territorio como su prioridad.
En guaraní, Ñembi Guasu significa «Gran Refugio».
Adhemar Flores, legislador de la GAIOC y miembro de la comisión de Recursos Naturales, Tierra y Territorio, cuenta que la falta de equipo y logística es lo que demora sus acciones de contingencia. Más adelante, vendrá la etapa de restauración, aunque prevé que la mayor amenaza serán los avasallamientos que tienen por aliados a los del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que a pesar de saber que es una área protegida, siguen entregando títulaciones. Flores ya tuvo que enfrentarse y sacar a gente que se estaba asentando en la zona.
De quienes no se sabe nada es de los ayoreos no contactados.
A pesar de existir diferentes legislaciones como el Decreto Supremo 24122, en el que “se garantizan y aseguran los derechos de subsistencia básica y actividades de transhumancia, recolección y manejo del hábitat de las familias ayoreo de nómadas no contactados” o el Decreto Supremo 1286, que señala que “las naciones y pueblos indígena originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados, serán protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva”, el rastro de estas vidas parecen ni cruzarse por la cabeza de quienes gestionan la ayuda «humanitaria».
Esta es la mayor preocupación de Jose Picanderai, un ayoreo de la comunidad Urucú, que entró hasta donde se hacían las exploraciones con drones en Ñembi Guasu para buscar algo de atención.
“Mis hermanos están ahí y estamos preocupados por que en las imágenes del satélite hemos visto que el fuego está en su zona”.
Cuando dice «su zona», se refiere a los hitos entre el 4 y 6 del lado boliviano, aproximadamente, desde el sur de Santa Teresita y la comunidad Nueva Jerusalén, hacia el parque Kaa Iya.
Sabe que no están en Paraguay, porque allá hay protocolos y gente que los monitorea, además de que allá los ganaderos cierran sus terrenos, mientras que en Bolivia quedan abiertos.
“Ellos no saben cómo protegerse, he pedido ayuda al Ejército, he escrito cartas al alcalde de Roboré. Quiero hacer un reconocimiento aéreo porque de día se los puede ver cuando están cocinando, pero no me hacen caso, dicen que no hay gente aquí, pero está nuestra huella. Ancestralmente este es nuestro territorio”, ruega José y explica que sus «hermanos» son nómadas y que, seguramente, irán a tierras elevadas donde no llegue el fuego. Pero la tristeza de la devastación los invadirá inevitablemente y los afectará de manera directa, porque sus fuentes de alimento mermarán.
Ellos, a diferencia de nosotros, cazan para el día, sacan la miel para el día.
Ante la falta de protocolos y conocimiento general, recomienda no acercarse a ellos, no hay que seguirles ni gritarles por que eso sería tomado como una provocación y les pueden defenderse a flechazos.
Rebeca Chiqueno, de la Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (CANOB), reconoce que existen indicios para saber que están por ahí. Hace un par de meses, cuando su hijo entró a cazar, los escuchó gritando, además de ver sendas abiertas donde están sus huellas. También está preocupada por esta situación y espera al encuentro de emergencia que habrá en octubre entre Bolivia y Paraguay, para saber como proceder en este tema.
Desde la CANOB en Bolivia y UNAP en Paraguay están demandando a las respectivas autoridades coordinar con sus organizaciones para generar acciones y garantizar los derechos humanos fundamentales del pueblo ayoreo, pues sus sistemas de supervivencia para alimentarse de las raíces, miel, insectos y animales han sido destruidos y señalan que se sienten amenazados por el agronegocio.
Responsabilizan a las autoridades de ambos países y exigen la sanción de los culpables. “¿qué será de ellos, viven aún?” cuestiona su comunicado.
“Los servidores públicos del nivel central del Estado, de las entidades territoriales autónomas y la sociedad civil, tienen el deber de hacer cumplir los derechos de los titulares de la presente Ley, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal”, dice el artículo 5 de la ley 450 de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios en Situación de Alta Vulnerabilidad del 4 de diciembre de 2013.
En la misma, se anuncia la creación de la Dirección General de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios (DIGEPIO). Hasta este año, esta oficina no existe. Como tampoco se sabe de protocolos bolivianos ni proyecto de sensibilización.
¿Qué pasaría si en medio del desastre bomberos voluntarios se encuentran con ellos? ¿Saben que nuestra ropa tiene bacterias que pueden enfermarlos? ¿Saben que son hostiles y que no hay que intentar establecer comunicación?
¿Qué será de ellos, viven aún? Ninguna autoridad se ha manifestado al respecto de los no contactados, pareciera que los decretos y leyes son, de nuevo, letra muerta en los documentos que se firman en el «intento» de hacer bien las cosas.
Llegada la hora, cuando es necesario implementarlas, el camino se desvía.
Habría que rescatarnos como a la osa Valentina, quien después de su coma despertó y muestra mejorías. Nunca será la misma de antes, pero por lo menos se le dio una nueva oportunidad para continuar con su vida.
En la agenda patriótica del Gobierno constan las grandes exploraciones en busca de combustibles fósiles, construcciones de megaproyectos, exportación de carne masiva, venta de etanol, que nada tienen que ver con los derechos de la madre tierra.
Mientras el modelo de desarrollo extractivista bolivianos -que se basa en la propiedad privada de los recursos y su extracción en grandes cantidades, mercantilizando a la naturaleza para fortalecer la economía internacional provocando consecuciones territoriales- continúe como regla, los habitantes de los últimos refugios naturales irán migrando, desapareciendo, escapando o muriendo.
[author] [author_image timthumb=’on’]https://asuntosdelsur.org/wp-content/uploads/2019/10/Captura-de-pantalla-2019-10-08-a-las-4.00.05-p.m..png[/author_image] [author_info]Autor: Ignacio García Marín, Doctor en Gobierno y Administración Pública [/author_info] [/author]
(Foto: redes sociales)
La semana pasada, el 2 de octubre de 2019, el presidente de la República del Perú, Martín Vizcarra, disolvió el Congreso con base en el artículo 134 constitucional. Todo ello sucedió luego de una jornada de tensiones entre las bancadas fujimorista y aprista y el gobierno peruano. Como si de una clase de derecho constitucional se tratara, el conflicto entre poderes se resolvió mediante el empleo de una facultad típicamente parlamentaria e impropia, en términos teóricos, de un régimen presidencial como el de la nación andina, dada la separación de los procesos electorales que el presidencialismo establece para el jefe del Estado y los legisladores.
Sin embargo, y a pesar de haber sido la primera ocasión en la que se ha empleado este mecanismo desde la entrada en vigor de la actual Constitución de 1993, no parece un hecho inesperado ni imprevisto. Tanto en la década de los años 80, como en los primeros años de Alberto Fujimori, el choque entre el legislativo y el ejecutivo peruanos fue razonablemente constante, gracias en parte, a las frecuentes minorías oficialistas y, en otra parte, a una oposición con poco sentido de Estado y altamente electoralista. Con la recuperación de la democracia en los 2000, la tónica fue similar, aunque podemos identificar mayor colaboración entre los grupos parlamentarios y el oficialismo, especialmente durante el ejecutivo del fallecido Alan García.
No en vano, no hay que olvidar el bajo nivel de institucionalización del sistema de partidos peruano, lo que ya en diferentes investigaciones se ha evidenciado una debilitación del empleo de las facultades constitucionales del ejecutivo y del legislativo, así como de colaboración inter-institucional. En efecto, en el Perú podemos a menudo identificar organizaciones partidarias creadas ad hoc para los comicios generales, una gran dependencia de estas precarias y noveles estructuras hacia sus líderes y una escasa estabilidad electoral y parlamentaria. Se trata del país con mayores niveles de volatilidad agregada y de rotación de ministros y primeros ministros entre 1980 y 2018 en toda América Latina. Sirva de ejemplo que, para este período, un primer ministro -o presidente del consejo de ministros, como oficialmente se le denomina- ha estado en su cargo poco más de 14 meses, por 11 meses de los ministros.
Por tanto, nos encontramos ante un sistema de partidos frágil e inestable, mismos adjetivos que podríamos agregar a los ejecutivos peruanos de los últimos años. A ello añádase el sistema presidencial “parlamentarizado” del Perú, el cual, en situaciones de bloqueo como la que se dio hace unos días, puede resolverse, al menos momentáneamente, mediante la aplicación de una facultad pensada para estos fines. ¿Cuál es por tanto la polémica?
En primer lugar, aunque la Constitución del Perú faculta al presidente de la república a la disolución de legislativo -monocameral- una vez que éste haya censurado en al menos dos ocasiones al presidente del consejo de ministros -el primer ministro- durante un mismo mandato, no está del todo claro que estas condiciones aplicaran al caso de Martín Vizcarra. Para unos, indudablemente se produjeron dos censuras en junio y septiembre de este año; para otros, estaríamos ante una interpretación autoritaria de los supuestos que habilitaron al presidente a la convocatoria de elecciones, lo que cuestionaría la visión simplista de buenos y malos de esta película. En todo caso, y quizá como algo positivo, ni oficialismo ni fujimorismo aparecen como los claros candidatos a la obtención de una sólida mayoría parlamentaria en los comicios de enero de 2020, aunque sea apresurado lanzar esta previsión.
En segundo lugar, tenemos la arena política del momento. El fujimorismo, junto a las alianzas parlamentarias que estaba tejiendo con el aprismo, APP, Acción Republicana y otros, se situaba cerca de alcanzar los dos tercios de la cámara. Con esa mayoría cualificada no solo podía aspirar a reformar puntos cruciales del sistema político, caso de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, sino además llevar adelante de manera exitosa la amenaza de la vacancia presidencial con difícil encaje legal. Es decir, en apenas unas horas la situación política se tornó irremediablemente en favor de Martín Vizcarra, preso hasta entonces de una presidencia errática y de una aguda minoría parlamentaria. Más que por sus acciones de gobierno, es probable que el electorado le apoye por esta disolución congresual que ha herido gravemente al fujimorismo.
En tercer lugar, no ha de entenderse el apoyo popular como un juicio de constitucionalidad. Ciertamente pueden identificarse de manera sencilla encuestas y reacciones populares a favor de la convocatoria de elecciones y de la acción ejecutiva. Sin embargo, aunque la imagen del Congreso y, aún más de las bancadas protagonistas sea muy baja, no le corresponde al máximo intérprete de la Carta Magna fallar en consonancia al sentir popular. Más al contrario, y a pesar de la política de hechos consumados dirigida por Martín Vizcarra, hemos de estar expectantes ante el próximo fallo de la corte constitucional, el cual no llegará antes de diciembre de 2019, salvo sorpresa. Es improbable que anule la convocatoria de elecciones legislativas por la previa disolución parlamentaria, pero la sentencia ante la primera ocasión en que se ha empleado esta facultad puede resultar un interesante precedente sobre el adecuado uso de esta herramienta de desbloqueo ante escenarios de abierto enfrentamiento entre los poderes del Estado. Especialmente, en un contexto global donde los populismos pugnan por imponer el voto sin límites ante las bases del Estado Constitucional y de la Democracia Liberal. El discurso fácil pero muy peligroso de pueblo vs instituciones contra-mayoritarias está servido.
Por tanto, en el propio Perú no sólo se está librando una batalla que supera las luchas entre dos poderes del Estado debilitados por un sistema de partidos frágil, inestable y tendente a la volatilidad, hecho no del todo novedoso para la república andina. Más bien, se está discutiendo sobre los límites a los poderes del Estado, a la esencia de la Constitución y al propio arbitrio de conflictos cuando los representantes del pueblo no están a la altura esperada. Es pues, una cuestión de democracia, por muy predecible que ésta pudiera haber sido.
La noche del 1 de octubre, el Presidente Lenín Moreno anunció la entrada en vigencia de nuevas medidas económicas y laborales para lxs ecuatorianxs. La decisión presidencial incluye la liberación de los precios de la gasolina y el diésel, la reducción de los días de vacación para los empleados públicos, así como nuevas modalidades de contrato por período determinado y reajustes a la jubilación patronal. A la par, se anunció la eliminación y reducción del impuesto a la renta e impuestos para la importación de maquinaria industrial y bienes tecnológicos, entre otros puntos de índole tributaria.
Desde el día siguiente hasta el viernes 04 de octubre, ciudadanxs no agrupadxs y organizaciones civiles autoconvocadas han ocupado las calles a lo largo del país exigiendo la derogatoria de las medidas. La movilización social inició con marchas hacia el centro histórico y la paralización del servicio de transporte público. A la protesta se unieron estudiantes de las universidades públicas y cientos de personas que denuncian la precarización de la vida y la injerencia del Fondo Monetario Internacional en la política nacional.
Luego de las primeras horas de movilización, Moreno dispuso el Estado de excepción, medida que habilita el empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como y la limitación del derecho a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito y asociación. Esto, mientras manifestantes y medios independientes denunciaban detenciones a estudiantes, violencia física hacia reporteros y fotógrafos y fuerte represión en los alrededores del Palacio de Carondelet, sede presidencial.
La zanganería
En lo que va de la protesta, un joven quiteño perdió el ojo derecho a causa del impacto de una bomba lacrimógena y se ha elevado el número de heridos y detenciones a nivel nacional. En medio de la inconformidad social, medios corporativos y prensa escrita tradicional han emprendido una campaña de desprestigio contra indígenas, estudiantes, padres y madres de familia que se han ido sumando al paro nacional. En línea con el discurso oficial que acusa de vándalos a quienes ejercen el derecho a la protesta, la tarde del viernes 4 de octubre, el Presidente Moreno ratificó que no cambiará la eliminación del subsidio al combustible y que “se acabó la zanganería”, refiriéndose de manera despectiva hacia quienes se han movilizado a lo largo del país.
Al cierre de esta nota, la expresión presidencial ha sido resignificada por quienes apoyan el paro y el hashtag #YoTambiénSoyZángano ya ocupa las redes sociales y las paredes de distintas ciudades. Asimismo, activistas informan que la fuerza policial impide que familiares y abogadxs de las personas detenidas puedan realizar su labor de defensa, y se conoce de manera oficial que la asociación de transportistas ha declinado de la paralización del servicio, hecho que deja en duda bajo qué parámetro se toma la decisión pues no se ha transparentado el acuerdo.
Ante este panorama, se mantiene la preocupación por el alza de los pasajes, por el encarecimiento de la vida y por la represión y desaparición de manifestantes. Si la movilización continúa -y para que el horizonte de una vida digna no se pierda-, que “lxs zánganos” seamos más.
Licenciada en Ciencia Política (Universidad de Buenos Aires, Argentina), Magíster en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe por la Universidad Nacional de San Martín (Universidad Nacional de San Martín, Argentina) y maestranda en Ciencia Política (Universidad Torcuato Di Tella, Argentina). Me desempeño como investigadora en el Observatorio Electoral de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, docente universitaria y consultora independiente. Miembro de la Red de Politólogas #NoSinMujeres. Líneas de investigación: participación política de las mujeres y diversidades, gobernanza electoral y nuevas tecnologías para la participación política.
Mi nombre es Bruno, soy de Rio Cuarto, Córdoba. Me desempeño laboralmente como desarrollador web, especializado en Wordpress y Javascript. Actualmente estoy estudiando PHP y React. Me gusta mucho viajar y andar en bici 😁
Migrante colombiana viviendo en Buenos Aires hace más de 6 años. Estudié Ciencias Políticas y estoy realizando mi tesis de Maestría en Intervención Social. Investigo y trabajo en políticas urbanas, especialmente en barrios populares, me gusta pensar y hacer talleres participativos y disfruto mucho el trabajo en equipo. Practico y oriento prácticas de vinyasa yoga y amo bailar salsa.
Lic. En Comunicación Social (UBA). Máster en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digital (Universidad Rey Juan Carlos y Media Lab Prado, Madrid) especialista en procesos de innovación democrática, gobierno abierto y comunicación política, con más de 10 años de experiencia en investigación, diseño y ejecución de políticas de gobierno abierto y estrategias de comunicación política.
Actualmente, está estudiando Relaciones Internacionales. Le gusta entrenar, leer y adora aprender cosas nuevas. Su estación favorita del año es el invierno y le gustan los dulces y postres.
Vive en San Martín (Buenos Aires) y tiene 21 años. Es estudiante de la Lic. en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de San Martín y se encuentra realizando su trabajo de tesis sobre el modelo de desarrollo sostenible que presenta y defiende el Acuerdo de Escazú, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se suma a Asuntos del Sur motivada por adquirir conocimientos sobre cómo se lleva a cabo un proyecto a nivel regional y conocer sus dinámicas.
Maia tiene 22 años y es franco-argentina. Es ex estudiante de cine y actual estudiante de Ciencia política en la UNSAM. Amante de la fotografía. Dedica su tiempo libre a entrenarse para correr carreras.
Vive en Reconquista, Santa Fe, pero es originario de Buenos Aires. Tiene 25 años y es estudiante de la Licenciatura en Periodismo en la Universidad Siglo 21. También estudió Programación en la UTN.
Estudiante avanzada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de San Martín. Se encuentra cursando las últimas materias de la carrera y redactando la Tesis de Investigación. Se confiesa muy emocionada de ser parte de Asuntos del Sur para experimentar este nuevo desafío.
Artista y gestora cultural. Magíster en Mediación Cultural (Universidad Nouvelle Sorbonne Paris 3). Doctoranda en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó como asesora de despacho de la Gobernación de Nariño y de la Alcaldía de Cartagena, Colombia, en la implementación de procesos de innovación pública.
Magíster en Ciencia Política por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ha trabajado como consultora e investigadora para organismos internacionales, gubernamentales nacionales y Think Tanks nacionales e internacionales.
Politólogo de la Universidad de Buenos Aires, Máster en Mercados e Instituciones del Sistema Global y PhD en Políticas e Instituciones de la Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Italia). Activista por los derechos de las personas LGTBI y docente de postgrado en la Universidad de Lanús (Argentina) y en la Alta Escuela de Economía y Relaciones Internacionales (Italia). Sus áreas de especialización son la integración regional latinoamericana, la geopolítica energética y las políticas públicas con enfoque de derechos.
Peruana, Coach Ontológico Profesional con especialización en educación emocional y estudiante del último año de la carrera de Relaciones del Trabajo – UBA. Trabaja como coach facilitando capacitaciones para emprendedores y negocios. Como pasatiempo, disfruta leer, hacer yoga y trekking y viajar.
Argentino, politólogo (UBA) e investigador en cuestiones de género y seguridad (ILSED). Amante de los viajes, los idiomas y el intercambio cultural.
Oriunda de Río Negro. Estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de San Martín, con tesina en proceso. Además, participa en asociaciones civiles de base comunitaria. En su tiempo libre, juega para uno de los equipos deportivos de la UNSAM.
Estudiante de Relaciones Internacionales en la UNSAM y Coordinadora General en Soft Power, un think tank de relaciones internacionales. Interesada por las cuestiones relativas a la vinculación entre el género y el libre comercio
Estudiante de Relaciones Internacionales en la UNSAM. Le interesan las cuestiones de género y desplazamiento forzado. Como pasatiempo, la literatura y el cine.
Estudia Ciencias Políticas (UNSAM) con tesina en proceso. En paralelo, estudia Relaciones Internacionales en la misma casa de estudios. Además, trabaja en la Fundación Metropolitana haciendo desarrollo institucional y contenidos y escribe informes sobre Ambiente en Politeia.arg. Como hobbie, dedica tiempo a danza jazz y comedia musical desde hace varios años, como también a talleres de lectura sobre diferentes temáticas.
Nació y creció en Bogotá (Colombia). En 2011 emigró a Argentina para continuar sus estudios. Actualmente, está cursando la Licenciatura de Relaciones Internacionales.
Es estudiante de Ciencias Políticas y Profesorado Universitario en Ciencia Política (UNSAM). Disfruta mucho viajar y le gusta leer, cocinar y hacer deporte.
Licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales con una Maestría en Comunicación Política (Austral). Fue Directora Nacional de Relaciones Institucionales del Ministerio de Salud de la Nación y se especializó en el Ceremonial y Protocolo. Ama el running y viajar.
Actualmente cursando la Tecnicatura en Administración de Gestión y PyMEs y la licenciatura en Comercio Internacional. Atleta trans, fanática del ciclismo y activista de la inclusión deportiva.
Finalizando la Licenciatura en Comunicación Social con orientación en opinión pública y publicidad en la UBA. Becaria de la Nueva Escuela de Diseño y Comunicación. Se encuentra vinculada con las ONG desde el 2017.
Licenciada en Comunicación Social, experiencia de trabajo en OSC y en el Estado en temática de políticas públicas enfocadas en hábitat. Especializada en el diseño de metodologías participativas, facilitación de talleres, coordinación de grupos y acompañamiento en los procesos de diseño e implementación de proyectos. Docente de teatro en nivel secundario y actriz.
Lic. en Ciencia Política (UCA). Trabajó en el sector privado para diferentes multinacionales, en Escuelas de Negocio y tiene, además, experiencia en la función pública. Es docente universitario y secundario.
Jennifer Cyr es profesora asociada e investigadora de ciencias políticas y de los estudios latinoamericanos en la Universidad de Arizona. Además de estudiar la representación política y la democratización en América Latina, escribe sobre los métodos cualitativos y mixtos y el uso de los grupos focales en las ciencias sociales.
Directora de Arte e Ilustradora independiente. Artista autogestiva. Miembro activo de MEP (Mujeres en Publicidad), un colectivo de mujeres en busca de una industria publicitaria con perspectiva de género. www.jotaschneider.com
Lic. en Relaciones Públicas y Cs. de la Comunicación. Comunicadora en Bachillerato Popular Travesti Trans Mocha Celis. Activista por los DDHH LGBTIQ+. Transfeminista.
Politóloga por la UCB de La Paz con especialización en Gestión Equitativa por la USMP, Lima. Diplomada en IAP y Educación Superior. Trabaja en investigación, derechos políticos de las mujeres, paridad y alternancia, prevención de violencia contra las mujeres y presupuestos sensibles al género.
Dentro del tercer sector desarrolló todo tipo de tareas, profesionalizándose en la gestión humana y de comunidades de personas. Trabajó en temas relacionados a la educación, los derechos civiles y la responsabilidad social empresaria. Estudia idiomas y turismo para poder seguir relacionándose con personas de todo el mundo.
Licenciada en Comercialización. Ha prestado sus servicios como asistente de gestión académica del Programa Colegio de las Américas – COLAM de la Organización Universitaria Interamericana – OUI. Apoyo a los procesos de convocatoria, registro de estudiantes, monitoreo de inscripciones y pagos, coordinación del proceso de certificación y diplomación y producción de informes administrativos.
Periodista de Medellín, Colombia y estudiante de la Maestría en Comunicación y Criminología de la Universidad Nacional de La Plata. Trabaja en temas relacionados con la memoria histórica, la violencia y los derechos humanos. Participa en procesos de periodismo ciudadano por la memoria, así como en investigaciones sobre el mismo tema. Ha sido docente de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia.
Licenciada en Relaciones Internacionales (UCC); Técnica en Responsabilidad y Gestión Social (Universidad Siglo 21); Especialista en Políticas Públicas para la Igualdad en América Latina (CLACSO y FLACSO Brasil) y Magíster en Derechos Humanos y Políticas Públicas (UNED España). Se desempeña en los ámbitos de la cooperación internacional, el desarrollo institucional y la docencia.
Argentina. Lic. en Relaciones Internacionales (Universidad Católica de Córdoba). Maestranda en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano (Universidad Nacional de Córdoba). Con experiencia en la coordinación y facilitación de talleres presenciales en América Latina, en tutorías de programas de formación virtual, y en el diseño de metodologías y la creación de plataformas colaborativas.
Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, con una maestría en curso de Ciencia Política por la Universidad Torcuato Di Tella. Su trabajo se concentra en los derechos reproductivos de las mujeres y la participación ciudadana.
Abogada experta en violencia de género por la Comisión Nacional de Justicia de Género de Venezuela – TSJ y Magíster en Docencia para Educación Superior, Diplomada en Innovación Política, Derechos Humanos y Procesal Penal. Trabajó en el Poder Judicial en la competencia de Delitos de Violencia contra la Mujer en el Estado Zulia, Venezuela. Embajadora de Venezolanas Globales en Argentina; forma parte de la Red de Mujeres de Amnistía Internacional Venezuela y de la Red Feminista del Estado Zulia.
Licenciado en Ciencia Política de la UBA, con un amplio recorrido en comunicación digital y campañas políticas. Con formación en diseño audiovisual por su vocación para contar historias. Colaborador de la Federación Internacional de Racquetball.
Licenciada en Administración Gubernamental y Políticas Públicas por la Universidad de Guadalajara con especialización en temas de participación ciudadana, innovación política y combate a la corrupción. Actualmente es Maestrante en Politicas Públicas con enfoque en Gobiernos Locales y Rendición de Cuentas. Especialista en estrategias y herramientas de incidencia y construcción de Redes por EQUIS- Justicia para mujeres, Alternativas y Capacidades y la GIZ -Agencia del Gobierno Federal Alemán y en Contraloría Social y Sistemas Anticorrupción por el Colegio de Jalisco y el Comité de Participación Social de Estado de Jalisco.
Licenciada en Ciencia política por la Universidad de Buenos Aires. Magister en Administración Pública por la facultad de Ciencias Económicas de la UBA y Especialista en Educación y nuevas tecnologías por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Se desempeña hace más de 10 años en la educación en línea en diferentes organizaciones de la región.
Licenciada en Relaciones Internacionales (Universidad de San Andrés) y Mg. en Relaciones Internacionales Europa – América Latina (Universidad de Bolonia). Realiza una Maestría en Ciencias Sociales de Internet en Oxford Internet Institute (Universidad de Oxford). Especializada en innovación política y gobernanza de internet.
Politóloga por la Universidad Pompeu Fabra, especializada en género y juventudes. Máster Interuniversitario en Juventud y Sociedad, Universidad de Girona. Maestría en Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires (en proceso de elaboración de tesis). Forma parte de la Red de Politólogas. Sus intereses de investigación se focalizan en los temas de género, juventudes y participación política.
Coordinadora de Gobernanza, Estado y Gestión del Observatorio de Políticas Públicas y Docente investigadora de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV). Asesora de organismos públicos nacionales y subnacionales. Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador (Argentina) y especialista en Cooperación Internacional por la Universidad Nacional de San Martín (Argentina).
Coordina el programa de Innovación Pública 360 y es Digital Integrity Fellow del Open Tech Fund. Msc en Desarrollo Internacional (Universidad de Bristol). Fue investigador en tecnologías para la Vicepresidencia de Bolivia, PNUD y Fundación UNIR Bolivia. Ex becario Chevening.
Licenciada en Ciencia Política de la UBA, especializada en dirección y gestión de organizaciones sociales en UdeSA y docente en la UBA de la materia “el rol de las organizaciones de la sociedad civil en políticas públicas”.
Politólogo de la Universidad de Buenos Aires, MSc en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford, MPA y PhD en Ciencias Políticas del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po). Trabajó en el Woodrow Wilson Center, el Centro de Desarrollo de la OCDE y dirigió el Instituto Federal de Gobierno en Argentina. También es docente universitario e investiga sobre democracia, economía política y tecnopolítica.
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La segunda es que deben favorecer a la ampliación de derechos y de calidad de vida de las personas. Entendida de este modo, la innovación política apunta a la construcción de sociedades abiertas, gobernadas por comunes, por lo que se requieren acciones que distribuyan el poder. Es por ello que, desde Asuntos del Sur, priorizamos las innovaciones centradas en la construcción de sociedades más paritarias, inclusivas y participativas.
¿Qué será de ellos, viven aún? Ninguna autoridad se ha manifestado al respecto de los no contactados, pareciera que los decretos y leyes son, de nuevo, letra muerta en los documentos que se firman en el «intento» de hacer bien las cosas.
