Este texto, aparte de describir cómo funciona el ecosistema de desinformación de la extrema derecha, pretende explicar por qué millones de latinoamericanos viven inmersos en un mundo paralelo que reniega del establishment político, de los datos, de la racionalidad, de la ciencia y de la mera información.
Este paper analiza dos puntos sobre la llegada de la Inversión Extranjera Directa a la región: la firma tratados bilaterales de protección y promoción de las inversiones, y la concentración de esta inversión en el sector extractivo (gas, petróleo y minería). La realidad actual muetsra la necesidad de revisar los marcos de derechos otorgados a los inversores a través de los tratados internacionales.
Se han prendido todas las alarmas en las democracias de la región. El 2019 se consolidó como el año de mayor emergencia de gobiernos con tendencias autoritarias y represivas, y en consecuencia, también como el año de más estallido social. Ante este escenario, las fuerzas que defienden a la democracia deben reorientar sus estrategias, herramientas y formas de acción.
Es por ello que Asuntos del Sur y el Laboratorio de Seguridad de la Fundación Chile 21 realizaron este estudio basado en entrevistas y encuestas a activistas de la Región para poder entender los peligros que enfrentan, sus percepciones y los desafíos que se les presentan.
Ante situaciones de emergencia, como el terremoto del 19S en México o más recientemente el COVID-19, la ciudadanía se encuentra con cambios trascendentales y necesidades de adaptación. La economía y la vida de las personas se ven afectadas por medidas que, según sea la naturaleza y dimensión de la emergencia, pueden ir desde el estrés psicoemocional, la organización en comunidad, la re-alocación de una gran cantidad de recursos para el control de la emergencia, hasta la interrupción de actividades y el cierre de fronteras. Por ende, estas crisis no sólo interpelan a los sistemas directamente vinculados con la emergencia – como en el caso del COVID-19, al sistema de salud -, sino a toda la gestión de gobierno en su conjunto.
En ese marco, este curso busca proveer herramientas para promover que ante situaciones de emergencia la ciudadanía realice acciones de apoyo desde sus hogares, aprovechando las herramientas digitales y la inteligencia colectiva. De este modo, la ciudadanía puede auto-organizarse y asistir para resolver problemas básicos.
Este programa de formación busca desarrollar capacidades rápidas para potenciar y canalizar la inteligencia colectiva de la ciudadanía hacia la generación de proyectos de autogestión y asistencia en contextos de emergencia.
Venezuela está hoy sumergida en una emergencia humanitaria compleja, porque el Estado no provee ni las garantías más básicas a quienes vivimos en este país. De todas las regiones, el estado Zulia es una de las más afectadas, con un colapso de la provisión de servicios públicos[1], una tasa de migración exorbitante, y niveles de inseguridad alimentaria verdaderamente alarmantes[2]. Vivir en el Zulia significa no poder dormir por no contar con ventiladores o aire condicionado en las calurosas noches del caribe, donde la sensación térmica sobrepasa los 40°C con regularidad, debido a cortes de la electricidad por 12, 14, o 16 horas seguidas a diario. Nuestras calles están rotas, nuestras universidades vacías, e incluso así se encuentran nuestros hogares. En una encuesta realizada por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) en la última semana de agosto 2019, el 72% de los encuestados respondieron que al menos un miembro de su familia directa había emigrado.[3]
Como si no fuera suficiente la violación sistemática de nuestros derechos económicos y sociales, el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática ha sido desmoronada por un gobierno de facto que se mantiene en el poder sin importar el sufrimiento de nuestra gente. La represión gubernamental es una realidad diaria. En el Zulia, además de la desaparición de los periódicos impresos, cuyo suministro de papel ha sido cortado por el monopolio del gobierno sobre este insumo, los periodistas son amenazados y violentados por intentar ejercer sus labores.[4] El gobernador que fue electo, opositor al gobierno de facto, fue remplazado por una figura adepta al gobierno de facto a cargo de Nicolás Maduro, quien se ha mostrado capaz de amenazar a activistas de la sociedad civil.[5] Las protestas de comunidades reclamando el derecho a los servicios públicos son reprimidas y los manifestantes detenidos. Ante este contexto sumamente hostil y una sociedad civil debilitada, ¿cómo se articulan las luchas por la democracia y los derechos humanos?
En 2016, el poder judicial frenó los esfuerzos porque se realizara un referendo revocatorio contra el entonces Presidente Maduro. Para la organización de derechos humanos Provea esto marcó el inicio de la dictadura en Venezuela. Ante el cierre de las vías electorales para solucionar la crisis política, la represión, y la crisis humanitaria, desde Codhez entendimos la necesidad de articularnos con las organizaciones y activistas comprometidos de la sociedad civil bajo la bandera de los derechos humanos, con el fin de trabajar en conjunto hacia la visión compartida del respeto por los derechos y la defensa de la democracia. Sabíamos que, en un contexto socialmente hostil y de alta tensión política, formar una red de actores de la sociedad civil requeriría dedicarle mucho tiempo y cariño a la construcción de la confianza y apoyo a organizaciones de diversos sectores. Emprendimos un camino que sabíamos sería pelo a pelo, paso a paso.
El 31 de marzo de 2017 explotan de nuevo las protestas masivas en el país tras la ruptura del orden constitucional en el momento que el Tribunal Supremo de Justicia dicta la sentencia 156, mediante la cual se atribuyó a sí mismo las funciones de la Asamblea Nacional, bajo el control mayoritario de la oposición política a Maduro. Fue en medio de estas protestas que propusimos formar la Red de Derechos Humanos del Estado Zulia (Redhez) con un diverso grupo de actores y organizaciones. Nos reunimos con cada organización aliada, una a la vez, para proponerles formar esta red, en la cual nos pudiésemos apoyar mutuamente y articularnos para que la sociedad civil zuliana cobrara mayor protagonismo en los cambios sociales que queremos ver.
A mediados de julio las organizaciones nos reunimos por dos días seguidos en un encuentro especial para planificar cuáles serían nuestros valores y cómo trabajaríamos en conjunto. Era la primera vez que organizaciones de derechos de los pueblos indígenas, ambientalistas, feministas, activistas LGBTI+, defensores de derechos universitarios, anticorrupción, derechos civiles y políticos, y derecho a la salud, se comprometían a unirse para trabajar en conjunto hacia la defensa y promoción de cada uno de los derechos que los demás también defendían en el Zulia. Con todos los problemas que vivía el país en ese momento, una perspectiva inclusiva de derechos humanos quedaba en segundo plano en la agenda pública. Redhez se dedicaría a visibilizar las problemáticas y las personas que eran invisibilizadas.
La unión de nuestras causas comenzó por una apertura dentro de nuestras propias actitudes que ocurría orgánicamente al reunirnos cada mes para actualizarnos sobre nuestras actividades mientras compartíamos una merienda. Las organizaciones ambientalistas nos concientizaron sobre el reciclaje, aprendimos sobre las violaciones de derechos humanos en la región indígena de la Guajira, hemos aprendido cómo el Gobierno Abierto podría reducir la corrupción en el Estado y hemos ido adoptando una perspectiva de género en las actividades que realizamos. Dedicar atención a estos procesos de aprendizaje entre aliados nos ha acercado más allá de ser aliados institucionales. Somos, realmente, una comunidad.
Fue así que, entre otros resultados de la cooperación que ha fomentado la red, el hermano menor del director de la fundación The ArTEA Project, que trabaja con niños dentro del espectro autista, diseñó el nuevo logo de Rehabilitarte, que atiende a personas con problemas de salud mental de manera gratuita. Fue así que Ciclovías Maracaibo, que se dedica a fomentar el uso de las bicicletas como transporte urbano ecológico, realizó un evento con Mulier, organización feminista, para visibilizar y conversar la realidad de mujeres ciclistas que usan la bicicleta como principal forma de transporte en una sociedad donde el acoso callejero aún es “normal”. Fue así que, bajo el liderazgo de Transparencia Venezuela, la red entera ha realizado protestas creativas para demandar acceso a la información pública al Estado en cada una de las temáticas que tocamos. Fue así que, cuando se fue la luz por al menos 5 días en nuestra región, las organizaciones reunimos todos nuestros contactos y recaudamos información sobre las muertes causadas por la falta de electricidad y la cantidad de comercios saqueados durante ese tiempo, difundiendo el informe al nivel nacional e internacional. Más recientemente, Redhez se unió para crear el primer Plan Vacacional para adolescentes sobre derechos humanos, titulado “Futuros Defensores”, en la que 26 jóvenes recibieron formación de cada organización de la red, así sembrando la semilla de defensa de los derechos en las próximas generaciones.
Pero también fue el caso que cuando una amistad de un miembro de la red necesitaba una donación de sangre urgente, contó con apoyo de los demás. Cuando se va la electricidad en toda la ciudad, región o país, el primer lugar que consultamos con el fin de obtener información verídica sobre lo que ocurre es nuestro grupo de chat. Cuando alguién está de cumpleaños, todos les felicitamos. Resulta que siempre fue tan importante para el fortalecimiento de Redhez que apoyáramos las actividades de los demás como lo era tomarnos el tiempo para reírnos, bailar juntos, y apoyarnos en los momentos difíciles. En una Venezuela en la que los que nos quedamos estamos cada vez más aislados, el éxito de nuestro activismo tiene tanto que ver con el apoyo institucional entre organizaciones como también las amistades que hemos desarrollado en el camino. Hemos aprendido que la resiliencia para luchar, nuestra habilidad para superar la grave situación venezolana, está íntimamente relacionada a la construcción de comunidad. Lo que antes asumimos como lema, hoy lo asumimos como realidad: juntxs somos más.
[1] “Comunidades de Maracaibo denuncian que han pasado períodos prolongados sin agua, que se extienden por más de 20 días e incluso meses. La situación también es crítica en la Costa Oriental del Lago. En Santa Rita, para junio de 2019 se contaban 19 meses sin servicio de agua por tubería.” Codhez. (Julio de 2019). Los zulianos llegan a la mitad de 2019 sin electricidad, sin agua y sin gas. http://codhez.ong/noticias/276-los-zulianos-llegan-a-la-mitad-de-2019-sin-electricidad-sin-agua-y-sin-gas.html
[2] Panorama. (19 de octubre de 2018). El hambre afecta a 3 de cada 4 hogares de Maracaibo. https://www.panorama.com.ve/ciudad/El-hambre-afecta-a-3-de-cada-4-hogares-de-Maracaibo–20181019-0019.html
[3] Codhez. (Por publicarse).
[4] Mariela Nava, Crónica Uno. (9 de mayo de 2019). Zulia se quedó sin diarios impresos tras el cese de circulación de Panorama. http://cronica.uno/zulia-se-quedo-sin-diarios-impresos-tras-el-cese-de-circulacion-de-panorama/
[5] TuReporte. (15 de octubre de 2018). Juan Pablo Guanipa fue electo gobernador hace un año con el 51,35% de los votos. http://tureporte.com/juan-pablo-guanipa-fue-electo-gobernador-hace-un-ano-con-el-51-35-de-los-votos/
[author] [author_info]Daniel Cooper Bermúdez (Defensor de derechos humanos en Venezuela con la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, Codhez) Foto: Ramon Espinosa[/author_info] [/author]
La diversidad cultural, social, económica y poblacional de la extensa provincia de Santa Fe nos debe llevar obligadamente a repensar el regreso del Colegio Electoral para la elección de Gobernador y Vicegobernador.
Ante de avanzar en ese aspecto, creo necesario realizar una breve aclaración acerca de que, cuando aquí hablo de “colegio electoral” hago referencia al sistema representativo indirecto (esto es, por electores votados popularmente) para la elección del representante del Poder Ejecutivo Provincial, y no en los términos esgrimidos en otros países que utilizan la palabra para designar a los lugares o centros de votación o incluso la misma mesa de elecciones.
En sus orígenes, el cuerpo de electores instaurado por la Carta de Filadelfia de 1776 para la elección de Presidente de los Estados Unidos de América, tomada en su génesis por la Constitución Chilena de 1833, que resultó ser de inspiración a nuestra Carta Magna de 1857, no tenía como objetivo primario el fortalecimiento del federalismo. Muy por el contrario Hamilton[1] destacaba como idea nuclear que la elección presidencial por medio del voto de compromisarios (electores) resultantes del sufragio popular, ofrecía varias ventajas, siendo las principales: a) que un grupo de ciudadanos capaces e ilustrados, elegidos por sus pares “entre la masa general”, se encuentra en mejores perspectivas de meritar las condiciones de los candidatos a ocupar la primera magistratura ejecutiva; b) que dicho sistema disipaba las probabilidades de tumulto y desorden que podrían acaecer en una elección directa, en la que las pasiones podrían enturbiar el acto; y c) que el hecho de que los grupos de compromisarios o colegios electorales se reunieran a lo largo de los trece Estados de la Unión, haría más dificultosas las maniobras para cooptar ilegítimamente la voluntad de éstos.
En esta inteligencia, un sistema ideado para elegir al mejor para gobernar que tanto en nuestro país como en su país de origen mutaron en beneficio de un federalismo a través de la equidad en el peso electoral de cada distrito (o provincia) fue cayendo en desuso hasta su total eliminación en Argentina, por críticas poco fundadas y motivados por intereses contrarios a los que inspiraron a nuestros fundadores patrios.
Así, en las inmediaciones de la Reforma Constitucional de 1994 se alzaban críticas al sistema de electores tildándolo de arcaico, elitista, no representativo de las voluntades populares, pues puede llegar el caso de que un candidato obtenga mayor cantidad de sufragios que su contrincante pero menos electores y por ende que el ganador se consagre como tal con menor cantidad de votos válidamente emitidos, como ha ocurrido en reiteradas oportunidades en los Estados Unidos de América (1824 Adams contra Jackson; 1888 Harrison contra Cleveland; 2000 Bush contra Al Gore; 2016 Trump contra Clinton), siendo entonces el titular del Poder Ejecutivo un funcionario sin “legitimación popular” en su gobierno.
No obstante ello, ningún argumento fue lo suficientemente válido para contrarrestar los beneficios federalista que consagra el Colegio Electoral. Sin interés en adentrarnos en los hechos históricos de nuestra república y de manera sumaria, es interesante destacar que entre 1862 y 1919 los electores eran elegidos usando un sistema de lista incompleta, en donde los partidos que recibían la mayoría relativa de votos en las elecciones presidenciales tenían derecho a elegir a todos los electores de esa provincia. Entre 1916 y 1932, y en 1958, se utilizó un sistema de lista incompleta, donde el partido del candidato presidencial puntero en cada provincia nombraba dos terceras partes de los electores de esa provincia, y el resto lo hacía el partido que quedaba en segundo lugar. Más recientemente, explica Dalla Vía[2], los electores eran elegidos mediante el sistema de representación proporcional y luego de la reforma de 1994, y con la eliminación del Colegio Electoral, mediante voto directo de los ciudadanos.
En Santa Fe existieron durante mucho tiempo sistemas electorales indirectos (Constituciones de 1856 y 1863) que fueron modificados a un sistema de elección de gobernador y vice directo, mediante el voto popular a partir de 1949, con una realidad totalmente distinta a la actual. La Constitución de 1856 –adecuada a la Carta Magna Nacional- establecía una Legislatura que tenía entre sus funciones la de elegir Gobernador de la Provincia. La modificación a ésta en el año 1863 creó el Colegio de Electores –elegido popularmente- que tenía como función la de nombrar al Gobernador. Asimismo es de destacar que las modificaciones posteriores, como la famosa Constitución de 1900 y 1921, tuvieron en miras el dispar desarrollo económico que se comenzaba a visibilizar entre el norte y el sur provincial.
No se duda de los beneficios del sistema de elección de las máximas autoridades de manera directa, sino de la desventaja y perjuicio que esto acarrea para zonas menos pobladas del territorio. La absoluta desproporción existente entre ambos extremos del territorio provincial (en lo que aquí interesa: en materia poblacional) conlleva necesariamente a replantearnos el sistema electoral en funcionamiento. Dos de los diecinueve departamentos suman más de la mitad de la población total de Santa Fe (Rosario 1.193.703 habitantes y La Capital 525.093 habitantes, según el IPEC[3]) y de los 2.432.664 personas habilitadas para votar[4], 928.590 corresponden al departamento Rosario, esto es el 38,17% que sumados al departamento La Capital contabilizan más del 54% de los sufragios.
En términos claros y en un ejemplo de laboratorio, si un candidato a Gobernador decide solamente hacer campaña en las ciudades de Santa Fe y Rosario, efectuando promesas electorales que beneficien solamente a estas localidades sin siquiera recorrer el resto del territorio, podría convertirse en la máxima autoridad de la provincia, en contraposición a lo que piense y vote el resto de los 17 departamentos, sin interesarle la realidad del resto de los 1.300.000 habitantes y sin importar las necesidades del resto de los 53 municipios y 310 comunas[5] que componen la provincia de Santa Fe, un juego de la democracia que algunos sostienen como el modo más puro para la elección de los representantes del pueblo[6].
Lijphart[7] realizó una importante investigación sobre veintisiete sistemas políticos comparados, clasificándolos en proporcionales y mayoritarios, prefiriendo a los primeros por entender que son “consociativos”, asegurando mayor estabilidad y una mejor convivencia política basada en el debate. Por su parte, Sartori[8] clasifica a los sistemas en “fuerte” y “débiles” en términos de los resultados que obtienen, manifestando su preferencia por los sistemas mayoritarios con doble vuelta. En suma, no existe un sistema electoral ideal, que resulte el mejor sobre los mejores y que garantice la elección del “mejor entre los mejores” como pretendían lograrlo los father patriotic con los Electores del Colegio Electoral. Cada uno de ellos muta según las realidades en las que se desarrollan y desenvuelven y su triunfo o su fracaso estará directamente relacionado con la calidad institucional de cada país o región donde se lo deba aplicar.
La voz de la mayoría, entendida ésta como la suma matemática directa de sus voluntades, no representa el espíritu de todo el territorio electoral, pues los intereses que mueven a cada uno de estos votantes son diferentes según su propia realidad y el gobernante no debe gobernar para ese elector sino para todos, logrando (por mandato constitucional) el desarrollo íntegro y equitativo de toda la provincia. Destinar fondos para obras que en zonas despobladas implican beneficiar a una cantidad ínfima de personas en comparación con la misma inversión en las urbes más pobladas es una tarea que debe ser efectuada con suma cautela pero sin que esas decisiones se vean influenciadas por las elecciones futuras. Y esta espiral perversa en la que se puede caer, no deja de llamar la atención de cómo una ciudad pueda tener tanta influencia en la elección del Gobernador de la Provincia, interpretando que los ciudadanos de la pujante ciudad de Rosario puedan arrasar de manera absoluta con las voluntades de habitantes de pueblos como Intiyaco, Las Garzas o Villa Minetti, sólo por nombrar algunas del norte santafesino donde su población no superan los cinco mil habitantes.
En este marco de disparidad, tanto de población como de necesidades y de realidades sociales, es que debe entenderse impostergable la discusión sobre el sistema electoral imperante en Santa Fe. Una provincia pionera en cambios que son ejemplo en todo el país merece darse este debate.
[1] Hamilton, 2006 [1780]: 288, citado por Gardinetti, Juan. La supresión del colegio electoral y el debilitamiento del federalismo en la Argentina. Revista Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. U.N.L.P. 2015
[2] Dalla Via, Alberto R. Instituciones de Derecho Político y Constitucional: derecho político y electoral – T II. Abeledo Perrot. Buenos Aires, 2014
[3] Datos tomados del censo de hogares de 2010.
[4] Datos de la página oficial del Tribunal Electoral de Santa Fe
[5] https://www.santafe.gob.ar/index.php/web/content/view/full/93666
[6] JIMÉNEZ CASTILLO, Elva Regina y PRECIADO RODRÍGUEZ, Teresa Magnolia (2013). “La función del colegio electoral en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de Norteamérica”. EN: Sufragio. Revista especializada en derecho electoral, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, N° 11, Junio-Noviembre de 2013. Disponible en http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/sufragio/ cont/11/art/art6.pdf
[7] Lijphart, Arend. Modelos de democracia. Ariel, Barcelona. 2000., citado por Dalla Via, Alberto. Op. Cit.
[8] Sartori, Giovannni. Ingeniería Constitucional comparada. Mexico. 1994, citado por Dalla Via, Alberto. Op. Cit.
[author] [author_info]Alexis Matías Marega es Profesor de Matemáticas y Abogado por la Universidad Católica de Santa Fe. Prosecretario en el Poder Judicial de Santa Fe. Posee una diplomatura en derecho municipal de la UCSF y un diplomado en Innovación Democrática por Asuntos del Sur y por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. [/author_info] [/author]
[author] [author_image timthumb=’on’]https://asuntosdelsur.org/wp-content/uploads/2019/09/Lucas.jpeg[/author_image] [author_info]Autor: Lucas Barreña, periodista[/author_info] [/author]
Quince días de denuncias que no fueron noticia; miles de hectáreas de selva amazónica destruidas por un incendio; fuego en los estados brasileños de Rondonia, Mato Grosso y Mato Grosso del Sur, en los departamentos bolivianos de Santa Cruz y Beni, en el Chaco paraguayo y en la zona de Madre de Dios en Perú. Recién esta semana trascendió la catástrofe de magnitud asombrosa, aunque todavía no se ha dimensionado en su totalidad. Miles de animales que huyen de su hábitat y los indígenas que viven en el Amazonas son testigos de cómo arde el pulmón del mundo mientras a pocos parece importarles.
De acuerdo a estimaciones del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE), durante esta última semana los focos de incendio han afectado 68 zonas protegidas o reservas indígenas de la región amazónica. En las redes sociales, los internautas, los que tienen voz, comenzaron a visibilizar su reclamo a través de los hashtags #ActForAmazonia y #PrayForAmazonia.
La indiferencia de Bolsonaro hizo que los focos de preocupación miren hacia el país carioca, sin embargo algunas políticas de Evo Morales también llevaron a que el incendio afecte a más de un millón de hectáreas en tierras bolivianas. La quema controlada aprobada meses atrás paradójicamente se descontroló.
Para comprender la importancia de la selva, la peligrosidad del incidente y la peligrosidad del gobierno de Jair Bolsonaro, vale aquí un repaso.
La importancia del Amazonas
Las plantas –en contraste con los animales– captan el carbono del ambiente y eliminan el oxígeno. Es por eso que la selva amazónica es considerada “el pulmón del mundo”: produce un 20% de la cantidad total de oxígeno que hay en el ambiente y absorbe 1.000 millones de toneladas de dióxido de carbono, el principal impulsor del calentamiento global. De no existir el Amazonas, todas las emisiones de carbono que el ecosistema absorbe por año se concentrarían en la atmósfera, provocando el aumento de las temperaturas a nivel mundial.
El Amazonas, de 7.4 millones de km2 de extensión, es el bosque tropical más grande del planeta y alrededor del 60% se encuentra en Brasil. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), es el hábitat de 40.000 especies de plantas, 427 de mamíferos, 1.300 de aves, 378 de reptiles, 400 de anfibios, 3.000 de peces y de 400 pueblos indígenas diferentes (alrededor de 34 millones de personas). Estas vastas superficies verdes cumplen una función vital tanto para el funcionamiento de la Tierra como para la supervivencia del humano.
El principio del fin
Varios sectores de la sociedad brasileña alarmaron el peligro que significa Bolsonaro para el Amazonas incluso antes de ser electo. El presidente brasileño, que asumió en enero, cuenta con el apoyo de la agroindustria y en varias oportunidades ha manifestado su deseo de explotar la selva amazónica para fines lucrativos.
Sin embargo, conocida la noticia de los incendios, desde el gobierno han salido a defenderse. Ricardo Salles, ministerio de Medioambiente, atribuyó la catástrofe a una gran sequía en las regiones norte y centro-oeste del país, mientras que Bolsonaro apuntó a una conspiración en su contra para dañar su imagen. “Puede existir una acción criminal de las ONG para llamar la atención contra mi persona”, declaró Bolsonaro el pasado miércoles 21 ante periodistas. Como consecuencia, decidió retirar las subvenciones públicas destinadas las ONG que luchan por proteger el Amazonas.
Científicos, ambientalistas y organizaciones sociales no piensan lo mismo. Varios especialistas desmintieron los dichos de Salles, pues si bien la escasez de lluvia es causante de incendios, “este año ha sido bastante húmedo”, explicó Adriane Muelbert, ecóloga experta en estudiar el rol del Amazonas en el cambio climático. Por otra parte, conocida la postura de Bolsonaro, les es fácil concluir que los incendios fueron provocados deliberadamente para deforestar esas vastas extensiones de tierras, lo que deja el terreno preparado para la minería o la agricultura extensiva.
Para entender las hipótesis de quienes acusan al presidente de ser responsable de los incendios, primero hay que tratar de descifrar quién es y cómo piensa Bolsonaro, a qué intereses responde y cómo fue que llegó al poder.
El paradigma BBB: “Bala, Biblia y Buey”
Que el presidente del país que contiene “el pulmón del mundo” no crea en el calentamiento global es un gran problema. Que haya amenazado con salirse del Acuerdo Climático de París, también lo es. Esta última idea fue desestimada luego de que, en el marco del G-20 organizado en Buenos Aires, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, haya aclarado que no habría tratado entre la Unión Europea y el Mercosur si Bolsonaro cumplía con su promesa de abandonar el Acuerdo de París, como ya lo había hecho anteriormente Donald Trump.
En octubre del año pasado, en plena campaña, trascendió la noticia de que Jair Bolsonaro habría pensado en unificar los ministerios de Agricultura y Medioambiente, casi como si fuesen lo mismo y dejando en claro su posición al declarar quién mandaría en el súperministerio: “Seamos claros: el futuro ministro provendrá del sector productivo. No nos pelearemos más por esto”.
Luego de las críticas recibidas en campaña tras reiterar en varias oportunidades sus deseos de abrir el Amazonas para las empresas y mostrarse a favor de intereses comerciales, adoptó un tono más conciliador y aceptó entablar negociaciones. Sin embargo, desde su asunción solo ha colaborado a la explotación de la selva amazónica sin siquiera oír reclamos de la comunidad internacional.
BBB, “Biblia, Bala y Buey”, son las siglas con que utilizan los brasileños para referirse a los tres grupos de poder que mayor peso tienen en su agenda conservadora: los religiosos, los armamentistas y los de agronegocios. El apoyo de este último sector explica las retribuciones que desde el gobierno ha dado Bolsonaro a madereros, hacendados y terratenientes.
¿Extractivismo o protección?: el progreso a costas de la existencia
Los pesimistas que creyeron que Bolsonaro iba a actuar a favor de intereses comerciales en el Amazonas finalmente tuvieron razón. Menos de nueve meses en el gobierno fueron suficientes para comprobarlo. Según datos del INPE, hasta julio se deforestaron 2.255 km2 y solo en los primeros 15 días de ese mes fueron talados otros 1.000 km2 de selva amazónica. El instituto también precisó que entre el 1 de enero y el 18 de agosto se registraron 71.497 focos de incendio, de los que un 52.5% se situaron en la región amazónica (otro 30.1% se detectó en el Cerrado, la sabana brasileña que rodea la Amazonia, y el 10.9% restante en el Bosque Atlántico, que rodea el litoral del país).
En el mismo período del año anterior, se habían acumulado 39.194 siniestros, por lo que en comparación se superaron los incendios en un 83%. De acuerdo a las estadísticas del INPE, solo en este verano la deforestación en Brasil ha sido mayor que en los últimos tres años. No hay que caer en la tentación de que el gobierno anterior, de Michel Temer, no haya inmiscuido en la propagación de incendios, pues entre agosto de 2017 y julio de 2018 la deforestación aumentó un 13.7% y durante todo el año pasado han desaparecido más de 1.3 millones de hectáreas de selva amazónica, según un informe de Global Forest Watch, del Instituto de Recursos Mundiales.
La deforestación es una práctica habitual para transformar áreas forestales en áreas agrícolas o de cría de ganado. La tala de madera, el cultivo de soja y la agricultura son algunas de las actividades que, para muchos, son consideradas como beneficios. La quema de árboles despeja el terreno rápidamente: la región se vuelve más seca y estimula aún más la deforestación.
La quema prescripta –también conocida como quema controlada o chaqueo– es una técnica voluntaria como alternativa de prevención de los incendios forestales, herramienta que permite habilitar terrenos para la siembra y demás actividades lucrativas. Cuando se vigila la quema prescripta, el fuego se descontrola y se terminan quemando tierras vírgenes que intentaban preservar.
En Bolivia, por ejemplo, Evo Morales aprobó en julio pasado un decreto con el cual autorizó los chaqueos en los departamentos de Santa Cruz y Beni. Conocida la catástrofe del Amazonas, el presidente acusó que solo un 20% de los terrenos destruidos en Bolivia pertenecían a tierras vírgenes. En este espiral descendente, favorecido por la ausencia estatal, el bosque podría secarse cada vez más hasta transformarse en un ecosistema más parecido a una sabana. Los costos de estos “beneficios comerciales”, como veremos más adelante, son bastante apocalípticos.
La política de Bolsonaro con respecto al cuidado del medioambiente y el potencial desarrollo económico que podría tener la región se alinea a la idea de que, durante décadas, las leyes han sido demasiado restrictivas para un país que necesita crear nuevos empleos. En ese marco, en reiteradas oportunidades se ha mostrado a favor de explotar las ricas áreas protegidas del Amazonas y favorable a una mayor flexibilización de las políticas ambientales brasileñas. La agricultura y la agroindustria acumulan alrededor del 44% de las exportaciones del país y el 23% del Producto Bruto Interno (PBI). El debate sobre si se debe mantener la protección de la selva o abrirla a la explotación es el que se instaló unilateralmente en Brasil.
A pesar de las alertas de grupos ambientalistas y científicos, Bolsonaro ha hecho oídos sordos e insiste en explotar las selvas amazónicas. Incluso se ha burlado de quienes quieren colaborar en su política ambiental. “Amazonas es de Brasil, no de ustedes”, sentenció en conferencia de prensa el pasado viernes 16 en el Planalto, el palacio presidencial de Brasilia, ante corresponsales extranjeros. El mandatario, de hecho, consideró que se generó una gran exageración con respecto al tema y aclaró que se acabó “la psicosis ambiental”.
En ese marco, el gobierno de Bolsonaro propuso algunas reglas de juego que alimentaron la explotación del Amazonas. La agencia de cumplimiento ambiental de Brasil ha tenido un recorte presupuestario de US$ 23 millones de dólares y sus operaciones han disminuido al igual que las confiscaciones de maderas y las multas ambientales para los agricultores. Estas últimas han sido ampliamente criticadas desde el oficialismo por no permitir la apertura de las reservas indígenas y otras áreas protegidas al desarrollo económico. IBAMA, la agencia de protección forestal encargada de las condenas a individuos y empresas que deforestan y contaminan ilegalmente, ha entrado en el ojo de la tormenta y el propio presidente manifestó su deseo de querer restringir su capacidad.
La reacción de la comunidad internacional
Un informe publicado en abril por la ONG Amazon Watch, elaborado en conjunto con National Articulation of Indigenous Peoples of Brazil (ABIP), expuso algunas maniobras de empresas brasileñas e internacionales que practican la tala de árboles en el Amazonas. La compañía Benevides Madeiras, por ejemplo, exportó en los últimos dos años unas 125 toneladas de madera a firmas de Francia, Bélgica, Holanda y Dinamarca. Un total de 27 empresas europeas y estadounidenses trabajan con proveedores locales que llevan a cabo talas ilegales y pagan irrisorias multas por contaminar el planeta.
En el documento se analizaron las cadenas de suministro de 56 compañías brasileñas involucradas en la deforestación y venta de madera. En otro apartado, Amazon Watch sostiene las grandes cantidades de productos que continúan ingresando a los mercados internacionales, principalmente a los tres socios comerciales más importantes de Brasil: China, Estados Unidos y la Unión Europea. Este último obtiene el 41% de sus importaciones de carne de Brasil, otro negocio que promueve la deforestación amazónica al necesitar cada vez más terrenos para desarrollar la ganadería.
Por otro lado, Greenpeace elaboró un reporte titulado “Árboles imaginarios, destrucción real” en el que señaló a la exportación de maderas preciosas de Brasil, como el lapacho, hacia Europa y Estados Unidos, como unas de las acciones ilegales que devastan a la selva.
Otras de las respuestas recibidas desde otras partes del mundo fueron las de Noruega y Alemania. Ambas naciones aportan el 99.5% de las donaciones que recibe el Fondo Amazonia, un proyecto creado en 2008 durante el Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) con el objetivo de prevenir, monitorear y combatir la deforestación del mayor bosque tropical del mundo. Luego de que el gobierno bolsonarista haya cambiado de manera unilateral al equipo directivo que gestiona el fondo, el país nórdico ha anunciado la congelación una ayuda de 30 millones de euros y Alemania ya suspendió un aporte similar.
En estos días, también trascendió la noticia de que Macron –que había sugerido que no habría tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur si Bolsonaro sacaba a Brasil del Acuerdo de París– estaría oponiéndose al pacto luego de la postura del presidente brasileño con respecto al cambio climático y su nulo accionar en la región amazónica.
Las consecuencias del desastre
Los millones de indígenas que habitan el Amazonas no parecen ser un impedimento para el gobierno de Bolsonaro si quiere utilizar la selva para su explotación. En su primera semana como presidente, el exmilitar firmó un decreto en el que otorgó al ministerio de Agricultura el poder de delimitar las tierras indígenas, una tarea que antes realizaba, justamente, la Fundación Nacional de Indígenas (FUNAI).
Luego de los incendios forestales, varios estados brasileños, como Amazonas y Acre, han declarado situación de emergencia o alerta ambiental. La deforestación hace que se pierda la función del bosque, que es la de proporcionar nubes a la atmósfera para producir lluvia, y que, en estos días, lugares como Mato Grosso del Sur, Paraná e incluso Sao Paulo solo puedan ver nubes de humo causadas por el fuego y que provocan graves enfermedades respiratorias.
Sin embargo, deforestar el Amazonas no repercute solamente en el área local. Como se explicó anteriormente, la deforestación hará que “el pulmón del mundo” reduzca su capacidad de absorber grandes cantidades de dióxido de carbono, lo que aumentaría las temperaturas globales. Y si la selva tropical llegase a convertirse en una sabana seca inhabitable para gran parte de su vida silvestre no solo no existiría más como fuente de oxígeno, sino que comenzaría a emitir carbono, el principal impulsor del cambio climático. Que sí, existe.
En un contexto complejo signado por el proceso electoral y de re definición de agendas locales y nacionales, se mantiene un fuerte aval a las iniciativas de gobierno abierto que pretenden trascender las diferencias político-ideológicas. No obstante, los mecanismos existentes para la participación, no necesariamente son efectivos para convocar a toda la ciudadanía o hacerlo desde la inclusión.
Desde Asuntos del Sur, consideramos que es el momento propicio para discutir narrativas, visiones, herramientas y prácticas de participación ciudadana y rendición de cuentas con el objetivo de co-construir una propuesta articulada acorde a las necesidades y desafíos de nuestra Ciudad ¿es posible contar con mecanismos de participación más inclusivos y efectivos?
Para esto, el sábado 14 de septiembre en el centro cultural Vuela el Pez, Av. Córdoba 4379, tendrá lugar el #ParticipaLAB donde organizaciones de la sociedad civil, activistas, representantes de diferentes partidos políticos, referentes de la academia y quienes se quieran sumar, se encontrarán a co-crear e incidir sobre la agenda de Gobierno Abierto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El #ParticipaLAB será un espacio para encontrarnos y desarrollar insumos mediante talleres lúdicos y visualizaciones creativas en el marco del evento regional sumultáneo #DemocraciaViva que celebra el “Día internacional de la Democracia”.
Atentis, la participación es activa, te van a interpelar las paredes y podrás disfrutar de arte en vivo y música. Quedate hasta el final para consolidar el trabajo, picar algo y hacer un brindis compromiso de cierre con música en vivo.
Desde el #ParticipaLAB, esperamos co-construir insumos para incidir en una agenda de gobierno abierto democrática, inclusiva y de ampliación de derechos. Los y las invitamos a ser partícipes de este encuentro, que esperamos, sea el punto de partida de muchos otros para intercambiar ideas, soñar futuros posibles y consolidar comunidad ¡Nos vemos en Vuela el Pez!
Entrada libre y gratuita, mas data: info@asuntosdelsur.org
Esta publicación se realizó gracias a la cooperación entre la Fundación Konrad Adenauer, KAS y la Corporación SeamOS Democracia Digital.
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“La innovación política desde los feminismos. Estrategias de incidencia para la legalización del aborto en Argentina” es el resultado de una investigación de Asuntos del Sur y Economía Femini(s)ta, liderada por Cora Ruiz Tena y Mercedes D’Alessandro, en el marco del proyecto SISA Mujeres Activando, acerca del proceso de innovación política que se generó en torno al debate del reconocimiento del derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
Para ello, entrevistamos a 19 protagonistas que fueron seleccionadas a partir de un mapeo sobre las principales agentes que intervinieron en este debate, entre las que figuran Diana Maffía, Dolores Fonzi, Silvia Lospennato, Victoria Donda Pérez y Mariana Carbajal.
En la investigación se propuso indagar cómo operó el conjunto de los activismos feministas en el debate del aborto legal, a partir de los siguientes ejes: ¿qué narrativas, qué herramientas y qué estrategias fueron exitosas para la consolidación de esta agenda? ¿Cómo fue posible esta agenda transversal de las distintas agentes que confluyeron en la demanda del aborto legal? ¿Cómo han influenciado las distintas colectivas de mujeres y de la comunidad LGBTTTIQ+ en las transformaciones del discurso y el cambio de postura de algunos sectores?
Además, realizamos una encuesta online que fue respondida por 1.312 personas en la que incluimos preguntas sobre el papel que tuvieron las plataformas de redes sociales en las dinámicas de distribución de información y su influencia en los activismos. Finalmente, se encuentra un análisis de datos sobre el resultado de la votación.
Esta investigación forma parte del proyecto SISA, que lidera Asuntos del Sur con el apoyo del IDRC. SISA aborda como la diversidad de mujeres a través de sus activismos feministas fortalece sus liderazgos, y de esta forma, sortean las diferentes situaciones de violencias machistas en las que se encuentran en su día a día, en cuatro países de América Latina: Guatemala, Ecuador, Paraguay y Argentina.
Los feminismos rompen con las grietas y muestran en su accionar el enorme potencial político de las mujeres y disidencias sexuales para expandir no solo la agenda de debate feminista, sino también para transformar el ejercicio de la democracia y cuestionar las prácticas políticas, económicas y culturales que vivimos.
La marea verde llegó para quedarse. Este 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentará un nuevo proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, por octava vez consecutiva, en el Congreso de la Nación. Esperamos que este trabajo que aquí presentamos sirva para reflexionar sobre nuestros caminos, desafíos y posibilidades, para seguir impulsando la marea.
El Informe se puede descargar gratuitamente aquí
