Entre los días 27 y 31 de Mayo, se celebró a nivel global la Semana de Gobierno Abierto (#OpenGovWeek) una iniciativa de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés) con un llamado a los “reformadores de todo el mundo (en el gobierno y la sociedad civil) que están trabajando para hacer que sus comunidades sean más fuertes, abiertas, participativas, inclusivas y responsables”. Ante un contexto de crisis y recesión democrática como el que estamos atravesando, los principios que promueve la Agenda de Gobierno Abierto resultan aún más indispensables: promover gobiernos Transparentes a través de acceso a la información pública y datos abiertos; Participativos, a partir del involucramiento de la ciudadanía en la toma de decisiones y la Colaboración entre gobierno, sociedad civil, ciudadanía, academia, sector privado y todos los actores relevantes en la formulación, ejecución y control de políticas públicas.

En los últimos años, el concepto de Gobierno Abierto ha evolucionado hacia el de Estado Abierto, ampliando el enfoque para incluir y propagar su aplicación a todos los poderes del Estado, sumando el Judicial y el Legislativo, y ya no sólo el Ejecutivo. Además se logró mayor involucramiento de gobiernos subnacionales, organizaciones de la sociedad civil, sector privado, academia y ciudadanía. Es decir, todos los actores relevantes que atraviesan las instituciones estatales y permiten promover una gobernanza participativa, inclusiva y transparente.

En el marco de esta “semana abierta”, desde IP360, realizamos un conversatorio en Casa Sur “La agenda de Gobierno Abierto que queremos para Argentina” (del ciclo de conversatorios “La Democracia que queremos” de IP360 by CILA).

En este encuentro, buscamos abrir el debate, generar un espacio de intercambio entre las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la temática, plantear estrategias de incidencia y conversar sobre el avance de los compromisos correspondientes al Quinto Plan de Acción Nacional (2022-2024):

• Participación pública en la toma de decisiones ambientales en el marco de la implementación del Acuerdo de Escazú en Argentina.
• Participación y control ciudadano en la obra pública.
• Mujeres en el sistema productivo federal: más evidencia, menos brecha.
• Salud Mental: desinstitucionalización e inclusión social de personas con padecimiento mental.
• Acceso a la información y políticas de cuidados.
• El acceso a la información y los prestadores de servicios de salud.
• Programa Federal de Estado abierto.

Como resultado del encuentro podemos arribar a algunas conclusiones: Desde su adhesión a la Alianza en el año 2012, Argentina ha trabajado (con mejores y peores resultados) en elevar sus estándares de transparencia y participación ciudadana, siempre de manera progresiva y constante. Sin embargo, la situación actual parece ser muy diferente.

Si bien algunos compromisos se encuentran en pleno desarrollo y todo indica que seguirán su curso, otros parecen de imposible (o muy dificultoso) cumplimiento, ya que las áreas de implementación han sido eliminadas por la gestión actual y no existe certeza sobre su continuidad.

El contexto nos lleva a reflexionar profundamente sobre la situación actual que golpea a la Argentina. Con un gobierno que promueve abiertamente el achicamiento del Estado y un recorte feroz de la intervención y el presupuesto público, surge la pregunta de cuál será el lugar que se le dará a esta agenda y cuán abierto puede llegar a ser un Estado gobernado bajo estas condiciones, especialmente tratándose de un gobierno de derecha. A nuestro modo de ver, existe una fuerte contradicción entre la planificación de un Estado Abierto y las políticas de gestión que se están llevando a cabo en todos los ámbitos.

Sin ir más lejos, ya se perciben y padecen las consecuencias del brutal ajuste, recorte de las jubilaciones y pensiones, caída del salario real, baja de subsidios, despidos estatales, cierre de obra pública, desregulación económica, desprotección y abandono de los sectores más vulnerables, entre muchos otros.

Entonces ¿cómo podemos desde el tercer sector trabajar en esta Agenda, que implica ante todo el fortalecimiento democrático, con un gobierno que entiende que “el Estado es una organización criminal violenta que se financia con una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos”?.

No queremos ser pesimistas, celebramos que la agenda de Gobierno Abierto no haya desaparecido, sin embargo el contexto nos obliga a pensar y repensar constantemente nuestras estrategias, a redoblar esfuerzos para impulsar y trabajar conjuntamente por una agenda basada en el fortalecimiento de la democracia, una democracia genuina y de calidad, sin regresión en materia de derechos humanos. Hoy más que nunca, debemos consolidar lazos fuertes y generar sinergias entre las organizaciones, juntarnos, debatir y compartir. Fortalecer a los gobiernos locales, acercarnos a comunidades, y ciudadanía en general, acompañar y demostrar el valor agregado de contar con un Estado Abierto, de involucrarse en la toma de decisiones sustanciales. Las instituciones no vienen dadas, tenemos que seguir construyéndolas y fortaleciéndolas día a día.

Por:
Ana Doria: Coordinadora IP360
Florencia Cavalli Durán: Abogada y Voluntaria IP360