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Perspectivas para una transición energética justa hacia 2050 en Climate Week Argentina

16/11/2026

Especialistas, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil debatieron las trayectorias posibles hacia una transición energética ambientalmente sostenible, socialmente justa y que contribuya al desarrollo de América Latina.

La Climate Week Argentina convocó a diversos actores estratégicos a debatir el futuro de la región. En este marco, se organizó en Asuntos del Sur, en la Ciudad Buenos Aires,  el espacio de debate: «Transición energética justa hacia 2050: perspectivas y desafíos para América Latina», con el objetivo de responder cómo avanzar hacia un modelo sostenible y equitativo.

El intercambio de propuestas abordó tanto las dimensiones económicas y productivas como sus implicancias sociales, ambientales y territoriales. El foco estuvo puesto en cómo se toman las decisiones, quiénes participan en ellas y cómo se distribuyen sus costos y beneficios.

El evento contó con la moderación de Lucía Martelotte (Asuntos del Sur) y la participación d: Marina Recalde (Fundación Bariloche); María Victoria Arias Mahiques (FUNDAR); Marcelo Saguier (UNSAM/CONICET); Martín Dapelo (Comisión Directiva de CADER); y Manuel Tufró (Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS).

Combustibles fósiles, rentas y financiamiento

Uno de los ejes del debate fue el lugar de los combustibles fósiles en las economías cuyas estructuras fiscales dependen de su explotación. La conversación amplió la pregunta sobre si explotar o no esos recursos hacia el destino de las rentas que generan, su posible canalización hacia el financiamiento de la transición y la construcción de alternativas económicas sostenibles. También se planteó la necesidad de evaluar qué actividades financian hoy los fondos vinculados a los recursos naturales y en qué medida contribuyen a una transición justa.

Infraestructura y planificación

Las intervenciones coincidieron en que la transición exige decisiones estratégicas sobre los recursos fósiles, la expansión de la infraestructura y la electrificación de la economía. La ampliación de las redes de transmisión y distribución y el desarrollo de capacidades de almacenamiento aparecieron como condiciones indispensables, en una región donde esas infraestructuras todavía presentan déficits de calidad y cobertura. En ese marco, se destacó el fortalecimiento de la planificación pública de largo plazo y de instrumentos como los impuestos al carbono.

Justicia distributiva y derechos territoriales

La definición misma de transición justa atravesó el intercambio, con la pregunta sobre quién asume sus costos, quién obtiene sus beneficios y qué mecanismos permiten distribuirlos de manera equitativa. Las implicancias territoriales ocuparon un lugar central, en particular el derecho de los pueblos indígenas a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado. Se señaló el riesgo de que los mecanismos de participación queden subordinados a decisiones ya tomadas, y la ausencia de criterios nacionales comunes para garantizar procesos de consulta adecuados.

Nuevas dependencias y escenario internacional

La mesa advirtió que la transición no constituye una sustitución tecnológica neutral. La expansión de tecnologías limpias depende de minerales críticos cuya extracción puede reproducir patrones históricos de extractivismo y dependencia, por lo que resulta clave atender a las condiciones de producción, el procesamiento local y la transferencia tecnológica. En el plano internacional, se discutió la tensión entre seguridad energética y descarbonización, y se identificaron oportunidades para avanzar en el abandono de los combustibles fósiles.

Democracia Ambiental y Sur Global

Desde el área de Democracia Ambiental y Sur Global, Asuntos del Sur entiende que las políticas energéticas deben ser justas, inclusivas y estar profundamente conectadas con las realidades de los territorios del Sur Global. En esa línea, la organización propone acciones y recomendaciones de política orientadas a una transición energética que respete los derechos humanos, reconozca la justicia epistémica, es decir, el valor de los saberes de las comunidades junto al conocimiento experto, y garantice la participación activa de las comunidades en las decisiones que las afectan.