La aplicación regional de los Marcadores de Erosión Democrática (MED), desarrollados por Asuntos del Sur e implementados en Brasil por Democracia em Xeque, permite mirar más allá de las crisis presidenciales y detectar cómo se gestan y producen las amenazas autoritarias. El caso brasileño muestra que el principal desafío ya no es solamente impedir un nuevo golpe, sino evitar que quienes intentaron romper las reglas democráticas vuelvan a ocupar espacios desde los cuales puedan debilitarlas.

Brasil ofrece una advertencia para toda América Latina, un movimiento que erosiona la democracia puede ser derrotado y, sin embargo, la amenaza autoritaria continúa por otras vías. Como enseñan los manuales de los autócratas del Siglo XXI, es durante los segundos mandatos cuando quienes buscan concentrar el poder, ya con experiencia en la maquinaria del Estado, aceleran su vorágine totalitaria capturando instituciones, silenciando voces críticas y desmantelando progresivamente los frenos y contrapesos democráticos.

Recapitulemos, la primera elección presidencial posterior al intento de golpe del 8 de enero de 2023 constituye un momento especialmente relevante para observar este fenómeno. Aquel episodio implicó un plan para desconocer las elecciones, intervenir militarmente y asesinar al presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, a su vicepresidente y al presidente del Tribunal Superior Electoral. Días después, seguidores de la intervención militar destruyeron las sedes de los tres poderes de la República.

Pero el fracaso de aquella ofensiva no significó el regreso automático a una normalidad institucional. Como se observa en los hallazgos preliminares del informe que se encuentran elaborando el Instituto Democracia en Jaque (Brasil) y Asuntos del Sur (Argentina) sobre marcadores de erosión democrática, la derrota de una ofensiva autoritaria no normaliza automáticamente la relación entre los poderes. La tensión se desplazó hacia el Congreso, la Corte Suprema, los gobiernos estaduales, las fuerzas de seguridad, las redes sociales e incluso las relaciones internacionales.

Ese es uno de los principales aportes de la experiencia brasileña y, al mismo tiempo, del esfuerzo regional que busca entender en profundidad las causas que operan en el avance de los estilos autocráticos de liderazgo y el retroceso de las instituciones democráticas. Los marcadores permiten identificar patrones comunes, pero también obligan a mirar las particularidades de cada sistema político.

Un cordón sanitario que no pasa necesariamente por el Congreso

Uno de los hallazgos más interesantes del caso brasileño es la necesidad de revisar cómo entendemos el llamado cordón sanitario, es decir, la coordinación entre fuerzas políticas democráticas para impedir que actores con proyectos autoritarios utilicen las instituciones para debilitarlas desde dentro.

En Brasil, ese mecanismo funcionó en la fórmula presidencial, con el Frente Amplio que formó Lula con su candidato a vice, Geraldo Alckmin, quien fuera un histórico adversario de Lula, perdiendo en el balotaje del 2006. La vieja dinámica adversarial fue puesta de lado en defensa del bien mayor, la democracia brasileña. No obstante, esa dinámica de cordón sanitario no parece funcionar en el Congreso, principalmente a través de la imposibilidad de un acuerdo parlamentario estable. El informe señala que el Centrão —un conjunto heterogéneo de decenas de partidos que puede apoyar al gobierno o a la oposición según el momento— “muda su apoyo entre el gobierno de Lula y la oposición bolsonarista según cálculos pragmáticos, al sabor del interés político-electoral del momento”. Por eso, el concepto tradicional de cordón sanitario resulta difícil de aplicar a la dinámica parlamentaria y partidaria brasileña.

La contención ha operado, en buena medida, por otra vía, el Poder Judicial. La Corte Suprema ha tenido un papel central en la investigación y condena de quienes participaron del intento de ruptura democrática. Al mismo tiempo, cuando sectores del Congreso intentaron limitar la capacidad del tribunal para investigar y procesar parlamentarios vinculados al bolsonarismo, la movilización social y la propia institucionalidad legislativa terminaron frenando esas iniciativas.

El caso de la llamada “PEC (Propuesta de Enmienda Constitucional)”, un blindaje que intentó operar como una especie de super inmunidad, es ilustrativo. Aprobada ampliamente por la Cámara de Diputados, buscaba que los procesos penales contra parlamentarios ante la Corte Suprema requirieran autorización previa de la propia Cámara. Sin embargo, la Comisión de Constitución y Justicia del Senado la rechazó por unanimidad, demostrando que el sistema aún cuenta con mecanismos de contención. Sin embargo, estos mecanismos son cada vez más frágiles y, un eventual segundo gobierno de los Bolsonaro, terminará de romperlos.

La experiencia brasileña obliga entonces a ampliar los enfoques tradicionales y considerar que un cordón sanitario no necesariamente es un acuerdo entre partidos. Puede ser también una red de instituciones, controles y actores sociales capaces de impedir que una mayoría circunstancial utilice las reglas democráticas para desactivar los controles entre poderes.

Entre la judicialización de la política y la politización de la justicia

El protagonismo de la Justicia en estos contextos abre, sin embargo, una segunda tensión fundamental. Defender las instituciones democráticas frente a quienes intentaron desconocer las elecciones no significa que toda intervención judicial deba quedar fuera del escrutinio democrático.

El estudio que estamos realizando plantea la tensión entre los procesos de judicialización de la política y la politización de la justicia. Por un lado, la judicialización aparece cuando actores políticos recurren a los tribunales para resolver conflictos que no logran resolver en el ámbito político. El impeachment a Dilma Rousseff y la delegación de poder que realizó Bolsonaro -como moneda de cambio para que no fuera investigado por su gestión atroz durante la pandemia- generó en el Congreso un empoderamiento desproporcionado de sectores fisiológicos del Centrão. El gobierno de Lula, como también organizaciones de la sociedad civil (sean defensores de clima y medio ambiente, defensores de derechos humanos o de los pueblos originarios), no tuvieron más remedio qué recurrir crecientemente al Supremo para intentar revertir las decisiones regresivas impuestas por la alianza espuria entre la bancada bolsonarista y el Centrão en el Congreso. 

Por otro lado, la politización de la justicia aparece como reflejo amargo de este proceso, cuando las decisiones judiciales, los nombramientos o los mecanismos de control sobre los magistrados comienzan a ser utilizados estratégicamente para modificar la correlación de fuerzas políticas.

La propia historia reciente brasileña muestra los riesgos de ambos movimientos. Están muy presentes en la actualidad las críticas a la Operación Lava Jato y las revelaciones sobre la coordinación entre juez y fiscales, así como el posterior ingreso de algunos de sus protagonistas en la primera línea de la política partidaria. El juez Moro, después de actuar activa e ilegalmente los meses anteriores para que Lula da Silva no pudiera competir con Bolsonaro en las elecciones del 2018, como si fuera un pago por los servicios prestados, dejó los tribunales para asumir como Ministro de Justicia de Bolsonaro.

Al mismo tiempo, las críticas legítimas al funcionamiento del Supremo no deben confundirse con estrategias destinadas a controlar políticamente su composición. La discusión sobre la transparencia, el establecimiento de mandatos con tiempo fijo, los conflictos de interés, códigos de conducta, es necesaria.  La pregunta democrática, por lo tanto, no es simplemente quién tiene razón en la disputa entre el Congreso y la Corte, sino cómo preservar simultáneamente la independencia judicial, la rendición de cuentas y los límites entre los poderes. 

La erosión también ocurre en los estados

El tercer aprendizaje del caso brasileño es que mirar exclusivamente al gobierno federal puede ocultar una parte sustantiva de la erosión democrática. En la organización federal de Brasil, las policías militares están subordinadas a los gobiernos estaduales y buena parte de la violencia estatal ocurre fuera del ámbito directo del Ejecutivo federal. El estudio destaca que las acciones más violentas de violación de los derechos humanos provienen actualmente de las policías militares subordinadas a los gobiernos estatales.

El caso de Río de Janeiro es particularmente grave. La llamada Operación Contención, en octubre de 2025, dejó más de 120 muertos, en su mayoría civiles. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos identificó allí un modelo de seguridad marcado por violencia institucional y racismo estructural, junto con graves problemas de investigación e impunidad.

El estado era gobernado por el aliado de los Bolsonaro, Claudio Castro, hoy inhabilitado por la justicia electoral por fraude e investigado por delitos fiscales, corrupción, lavado de dinero y por beneficiar a empresarios en contratos públicos y licencias ambientales. Castro no solo promovió la necropolítica como estrategia electoral sino que también sus aliados en la Asamblea de Río de Janeiro, entre ellos su expresidente Rodrigo Bacellar o el diputado TH Joias, están presos e investigados por actuar en favor de una de las mayores facciones criminales del país. Todos ellos, antes de ser investigados y detenidos, eran candidatos al senado y gobierno de Río de Janeiro con apoyo de Flavio Bolsonaro. 

Como puede observarse, la existencia de elecciones libres y controles institucionales a nivel federal no garantiza por sí sola la protección efectiva de derechos en todo el territorio. Se estaría produciendo un patrón de erosión selectiva. Según la región y el lugar de residencia, determinados grupos pueden sufrir restricciones progresivas de sus libertades mediante instrumentos que conservan una apariencia de legalidad. Pueblos indígenas, comunidades quilombolas, habitantes de favelas y periferias, trabajadores rurales, defensores ambientales y de derechos humanos aparecen entre los grupos más expuestos.

No volver atrás

Brasil no es hoy el mismo país que enfrentó el intento de golpe de 2023. La condena de un expresidente y de altos mandos militares por intentar quebrar el orden democrático representa un hecho institucional de enorme importancia. También lo es la capacidad de distintas instituciones para contener iniciativas que buscaban debilitar los controles judiciales.

Pero esos avances no permiten bajar la guardia. El informe advierte que Brasil atraviesa una erosión más sutil que una ruptura ensayada en enero de 2023 y durante los años del gobierno de Bolsonaro, pero no por ello menos preocupante. El problema ya no aparece necesariamente como una ruptura abierta del orden constitucional, sino como una disputa permanente por los límites de las instituciones y por la utilización estratégica de mecanismos formalmente legales.

A este escenario se suma una dimensión que excede las fronteras brasileñas. En los últimos meses, la administración de Donald Trump combinó presiones diplomáticas, económicas y políticas sobre Brasil a partir de medidas arancelarias, sanciones contra integrantes del Poder Judicial y un respaldo público a sectores políticos alineados con Trump. El caso se inscribe en una tendencia más amplia de involucramiento de Washington en procesos electorales de América Latina, observada también recientemente en Argentina, Colombia y Honduras. Más allá de las controversias sobre el alcance de estas acciones, el fenómeno plantea un desafío para la autonomía de las democracias de la región y para la capacidad de sus sociedades de definir libre y soberanamente su futuro político. Si en 2022 contaron con el apoyo de generales de cuatro estrellas, ahora es la Casa Blanca y el Departamento de Estado quienes parecen imbuidos de esta tarea.

La discusión democrática brasileña no debería reducirse a una oposición entre Lula y Bolsonaro, ni a la disputa coyuntural entre el Ejecutivo, el Congreso y el Supremo. Lo que está en juego es si quienes intentaron romper las reglas democráticas pueden volver a ocupar espacios de poder desde los cuales erosionarlas progresivamente.