En mayo de 2026, el gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de ley conocido como «Super RIGI», formalmente, Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. La iniciativa legó precedida por la visita (y reciente mudanza) de Peter Thiel, cofundador de Palantir y una de las figuras centrales del complejo tecno-militar estadounidense, quien mantuvo reuniones con Milei y con el ministro de Economía, Luis Caputo. El Super RIGI ofrece exactamente lo que los grandes operadores de infraestructura digital necesitan para instalarse en un país con energía barata, clima frío, litio y agua, sin someterse a reglas que protejan a la población que los aloja.
Desde Asuntos del Sur creemos que el Super RIGI no es solo una política de atracción de inversiones, sino una pieza dentro de una arquitectura más amplia de privatización y tercerización de la soberanía, inscrita en la ofensiva global de los varones tecnofeudalistas contra los marcos democráticos y que en Argentina aterriza sobre un Estado deliberadamente vaciado de las capacidades que necesitaría para negociar, supervisar y resistir.
Tras la media sanción del proyecto, el embajador argentino en Estados Unidos anunció que Argentina se suma a la coalición global Pax Silica (una iniciativa del Departamento de Estado para asegurar la cadena de suministro de tecnologías emergentes y de la inteligencia artificial) como proveedor de energía y minerales críticos. Empieza a transparentarse el rol que tendrá el país en la cadena global de suministro: facilitador barato de materias primas y recursos naturales.
Tecno Feudalismo: ¿de qué hablamos cuando hablamos de estos actores?
El economista Yanis Varoufakis acuñó el concepto de tecnofeudalismo para describir cómo un puñado de magnates tecnológicos está transformando el capitalismo en un sistema donde el poder ya no se acumula mediante la producción, sino mediante el control de plataformas, datos e infraestructuras digitales que intermedian toda relación social, económica y política. En ese sistema, los Estados son territorios a colonizar, marcos regulatorios a neutralizar, poblaciones a procesar.
Peter Thiel es uno de los exponentes más explícitos de esta visión. Fundador de Palantir —empresa que provee sistemas de vigilancia masiva a la CIA, el Pentágono, el ICE y fuerzas armadas en varios países—, Thiel ha declarado abiertamente que la democracia y la libertad son incompatibles. Su empresa está vinculada a proyectos de «ciudades inteligentes» en Honduras que operan como enclaves privados con gobernanza algorítmica fuera del derecho local. Su manifiesto «República Tecnológica» propone sustituir la deliberación democrática por decisión tecnocrática. La legada de Thiel a Buenos Aires es el desembarco de una concepción del poder que tiene en la democracia a su principal adversaria.
El Super RIGI, entonces, se inscribe con un patrón regional e internacional que desde Asuntos del Sur venimos documentando: la convergencia entre líderes iliberales electos y redes tecno-autoritarias globales que se refuerzan mutuamente, los primeros ofrecen territorios, recursos y marcos legales a medida; los segundos aportan legitimidad, discurso y, en casos como Argentina, intervención financiera directa en procesos electorales.
Lo que el proyecto concede y lo que no pide a cambio
El Super RIGI establece un piso mínimo de inversión de USD 1.000 mi lones y apunta a sectores que no existen aún en el país: inteligencia artificial, data centers, semiconductores, biotecnología, hidrógeno. A cambio, ofrece un paquete extraordinario: impuesto a las Ganancias reducido al 15% (frente al 35% general), retenciones a exportaciones en cero desde el día uno, libre disponibilidad del 100% de divisas a partir del tercer año de exportaciones, contribuciones patronales al 10% y estabilidad regulatoria, tributaria, aduanera y cambiaria por treinta años. Las provincias que quieran acceder a estos beneficios deben adherirse al régimen y aceptar un tope del 0,5% en Ingresos Brutos, resignando autonomía fiscal por tres décadas.
Pero lo que el proyecto no incluye es igual de revelador: no hay obligación de localización de datos, ni reserva de capacidad de cómputo para instituciones públicas, ni inversión mínima en I+D local, ni mecanismos de participación subnacional en la aprobación y supervisión de proyectos, ni repositorio público de empresas adheridas, ni evaluación de impacto sobre derechos ciudadanos para proyectos vinculados al procesamiento de datos sensibles.
El contraste con lo que otros países exigen a cambio de estos beneficios es contundente. Brasil condiciona sus incentivos a data centers al uso de energía renovable, a reservar capacidad de cómputo para el mercado interno y a invertir en I+D con universidades. Noruega construyó en décadas una industria energética de clase mundial, exigiendo desde el principio el desarro lo de proveedores locales. Chile ofreció estabilidad fiscal durante décadas, pero cobrando más (no menos) a cambio de esa certeza. Ninguno de estos países regaló soberanía. Todos pidieron algo a cambio. El Super RIGI no pide nada.
La experiencia del RIGI original confirma que el modelo de concesiones unilaterales no produce los resultados prometidos. De los USD 124.000 mi lones anunciados bajo el RIGI, a la fecha se ejecutaron efectivamente solo USD 762 mi lones. El 90% de los proyectos se concentra en petróleo, gas y minería —sectores que tenían inversiones planificadas antes del régimen. Lo que el RIGI hizo, en la práctica, fue resignar recaudación sobre inversiones que habrían ocurrido de todas formas, y el Super RIGI viene a profundizar esa misma lógica.
Un Estado que negocia lo que no puede regular
Hay una contradicción estructural en el corazón del Super RIGI que ningún análisis técnico puede ignorar: el Estado que va a suscribir compromisos de estabilidad regulatoria por treinta años con megacorporaciones tecnológicas es el mismo Estado que leva dos años desmantelando las únicas instituciones que podrían sostener esa regulación en el tiempo.
El presupuesto en Ciencia y Tecnología cayó un 48,8% en términos reales entre 2023 y 2026. El presupuesto universitario para 2026 representa el 0,47% del PBI —el mínimo histórico en dos décadas. La Ley de Presupuesto 2026 eliminó los artículos de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de CyT que garantizaban una senda progresiva hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032. La inversión en educación técnica cayó un 93% respecto a 2023. El CONICET perdió el 30% de su financiamiento; la Agencia I+D+i, más del 80%. 68 Premios Nobel firmaron una carta de preocupación por el sistema científico argentino.
La paradoja es aguda, se propone atraer industrias de inteligencia artificial y procesamiento masivo de datos a un país que no tiene un marco regulatorio, que desfinancia sistemáticamente a los investigadores que podrían auditar esos sistemas y que acaba de eliminar las garantías legales de financiamiento del sistema científico que podría formar a los reguladores del futuro.
La dimensión democrática: lo que dicen los Marcadores de Erosión Democrática
Desde Asuntos del Sur monitoreamos el estado de la democracia argentina a través de los Marcadores de Erosión Democrática (MED). Los resultados del período 2024-2025 son directamente relevantes para entender el contexto en que se instala el Super RIGI.
Tres dimensiones se encuentran en rojo, el nivel más grave de deterioro. Entre e las, la participación en redes antidemocráticas globales: el gobierno argentino se ha consolidado como nodo estratégico de la red global de la derecha populista, con vínculos activos con Trump, Orbán, Abascal, Bukele y Musk que se expresan no solo en discurso, sino en asistencia financiera directa sin precedentes: la administración Trump intervino en el mercado cambiario argentino durante el período preelectoral de octubre de 2025, condicionando públicamente una segunda fase de esa intervención al resultado de las elecciones. También está en rojo la dimensión de limitación de libertades civiles y políticas, que documenta la represión sistemática de protestas, el hostigamiento a periodistas, la violencia estocástica promovida desde el propio Ejecutivo y la degradación del espacio cívico que levó a CIVICUS a reclasificar a Argentina entre los 39 países con mayores restricciones a las libertades civiles a nivel global.
En ese contexto, la instalación de infraestructura de IA de gran escala está lejos de poder catalogarse como una decisión técnica neutral. Es una decisión con consecuencias directas para los derechos de las personas que viven en ese territorio. El mismo gobierno que habilitó el ciberpatru laje sin autorización judicial, amplió por decreto el intercambio de datos entre organismos estatales y estructuras de inteligencia, y cuyo Plan de Inteligencia Nacional fue denunciado por el CELS como habilitador de vigilancia sobre periodistas, opositores y organizaciones sociales, es el que negocia sin contraprestaciones la instalación de la infraestructura que haría ese procesamiento de datos exponencialmente más poderoso.
El nexo con Palantir es el punto más sensible de este escenario. La empresa de Thiel provee sistemas de análisis predictivo de poblaciones para operaciones militares, de control migratorio y de inteligencia estatal. Su modelo de negocio se basa en acceder a datos ciudadanos y convertirlos en insumo para decisiones de control. Un régimen que atrae ese tipo de inversión sin regulación específica sobre localización de datos, sin auditorías independientes, sin transparencia sobre los contratos, está subcontratando soberanía más que atrayendo a la infraestructura de las industrias del futuro.
El problema de la gobernanza subnacional
Una de las dimensiones más ignoradas en el debate sobre el Super RIGI es su impacto en la autonomía de las provincias y municipios. El proyecto obliga a las jurisdicciones subnacionales que quieran adherirse a aceptar restricciones fiscales permanentes —tope del 0,5% en Ingresos Brutos y la prohibición de crear nuevos tributos para empresas adheridas— sin ofrecerles ningún mecanismo de participación real en la negociación o supervisión de los proyectos instalados en sus territorios.
Esto es lo opuesto a una gobernanza multinivel; el gobierno nacional está empujando una adhesión bajo presión: para acceder a los beneficios nacionales que podrían atraer inversión a su territorio, una provincia debe resignar por décadas su capacidad de financiar servicios públicos locales mediante impuestos a esas mismas empresas. No hay mecanismo de articulación multiactor que permita a gobiernos provinciales, municipios, universidades, organizaciones de la sociedad civil o comunidades afectadas participar en la definición de los términos, el monitoreo de los compromisos o la exigencia de contraprestaciones.
La Patagonia concentra la mayor expectativa de inversión: data centers que necesitan clima frío, energía y agua; minería de litio y tierras raras; fracking en Vaca Muerta. Es también la región donde los impactos de estas actividades sobre el agua, el suelo y las comunidades locales son más documentados y más disputados. El Super RIGI no contempla ninguna instancia de consulta a las comunidades que habitarán al lado de un megadata center de 500 MW. La gobernanza del siglo XXI no puede construirse sobre esa ausencia.
Lo que un régimen de incentivos debería incluir
Desde Asuntos del Sur no argumentamos contra la atracción de inversiones en tecnología estratégica. Argentina tiene activos reales que las empresas globales buscan: energía renovable, clima, minerales críticos, conectividad submarina, una tradición científica que el actual gobierno está empeñado en destruir, pero que todavía existe. Ese poder de negociación existe (y debemos continuar trabajando para que así sea), pero el Super RIGI lo regala.
Un régimen de incentivos que sirva al desarro lo democrático requiere, como mínimo, condiciones de reciprocidad verificables: inversión en I+D con universidades nacionales como contraprestación a los beneficios tributarios; reserva de capacidad de cómputo para instituciones públicas; localización y gobernanza de los datos generados en territorio argentino; transparencia activa con la existencia de un repositorio público de proyectos adheridos, empleo generado e impacto ambiental; evaluación de impacto sobre derechos digitales y libertades civiles para proyectos que involucren procesamiento masivo de datos; mecanismos genuinos de participación subnacional en la aprobación y supervisión de proyectos; y un horizonte de estabilidad acotado y renovable —no treinta años incondicionales que desbordan el horizonte de cualquier mandato democrático.
Conclusión:
el laboratorio y sus condiciones Argentina es presentada por el gobierno de Milei ante las redes conservadoras globales como el «laboratorio del modelo libertario». El Super RIGI es una de las piezas más ambiciosas de ese experimento: un país que ofrece territorio, recursos naturales e infraestructura sin pedir nada a cambio, salvo que los inversores leguen. Lo que ese laboratorio produce, sin embargo, no es desarro lo, sino dependencia. Produce un Estado que firma compromisos que no puede monitorear, sobre tecnologías que no puede regular, con actores que tienen incentivos declarados para que la democracia no funcione.
Los Marcadores de Erosión Democrática documentan que Argentina experimenta una profundización sin precedentes desde 1983 del deterioro institucional. Instalar, sobre ese escenario, la infraestructura digital que necesitan los actores más hostiles a la democracia global es el catalizador de esa erosión. La pregunta que el Senado tendrá ahora que el proyecto se deslizó por la Cámara de Diputados es a qué precio, con qué reglas, con qué capacidad estatal de supervisión y en beneficio de quién se proyectan nuevas inversiones que impactarán en el desarro lo (y futuro) del país.