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Religión, inclusión e identidad: la apremiante separación de la iglesia y el Estado en América Latina, en la ruta hacia la dignidad para 2030

Las distintas manifestaciones de diversidad étnica, cultural y religiosa constituyen parte de la riqueza de las sociedades latinoamericanas. Esa diversidad nos acerca y nos hace inmensamente afortunados, y a la vez extremadamente distantes unos de otros en materia de convivencia y de respeto a los derechos humanos cuando se trata, por ejemplo, del respeto a la diversidad por identidad de género y orientación sexual. Una marcada herencia en la que las instituciones religiosas continúan ejerciendo autoridad sobre las políticas públicas que definen las normas aceptables y los roles tradicionales respecto al género y la sexualidad, crea un abismo en el que se fomenta fragmentación en lugar de cohesión. Cuando una mayoría se siente amenazada en sus creencias, surge un conflicto entre religión e identidad que dificulta la convivencia frente a las diferencias.

Mientras en otras latitudes cobra mayor vigencia el derecho al cambio de sexo, al matrimonio igualitario, la adopción y el reclamo del espacio público para celebrar -por ejemplo- el orgullo gay, en Latinoamérica la agenda que continúa pendiente es la de conservar y hacer valer el derecho a la vida y la integridad de aquellos que por su orientación sexual y/o identidad se ven amenazados y violentados en sus derechos fundamentales. Según el registro de violencia contra personas LGBT en América, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante un período de quince meses (entre enero de 2013 y marzo de 2014), se cometieron al menos 770 actos de violencia contra personas LGBT, incluyendo 594 asesinatos. Lastimosamente el fenómeno del hostigamiento y la violencia basada en orientación sexual encuentra sustento en el discurso político y religioso, que promueve rechazo y odio contra esta población.

Imagen: Lo Cole

Los Derechos Humanos como eje de acción hacia la convivencia

En esa diversidad, el respeto a los derechos humanos es un eje fundamental de acción para facilitar la convivencia. Para ello, es preciso y apremiante la separación entre Estado e Iglesia, comenzando porque los gobernantes no involucren sus creencias personales en la toma de decisiones que puedan afectar a los gobernados. Así, resulta también imprescindible recurrir a las normas internacionales de derechos humanos, los ejemplos aplicables de otros países que permitan articular instrumentos jurídicos y políticas públicas que garanticen la igualdad ante la ley en la práctica. La difusión de conocimiento y entendimiento es parte fundamental para que la sociedad venza sus prejuicios y ponga freno a la tiranía en la que una mayoría se cree con derecho a tolerar a una minoría que mira, piensa y siente diferente. Mientras la tolerancia separa y excluye, la intolerancia hacia esta minoría genera odio y rechazo contra la comunidad LGBTI. Es sabido que el odio, mata.

Una sociedad en la que los individuos se reconozcan de forma recíproca como seres libres e iguales, se puede lograr cuando se supera esa etapa equivocada de “tolerancia” en la que unos toleran a otros, creando un grupo de ellos y otro de nosotros.

Es así que la generación de espacios orientados a la inclusión, aceptación, diálogo y respeto a las convicciones y decisiones más íntimas del ser humano, es vital. En el caso “Karen Atala e hijas vrs. Chile”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha dicho por ejemplo que “la orientación sexual de una persona se encuentra ligada al concepto de libertad y la posibilidad de toda persona de auto-determinarse y escoger libremente las circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias opciones y convicciones”. El reconocimiento social y el establecimiento de medidas concretas que garanticen el derecho a la seguridad, a una vida libre de violencia, a procesos de selección de personal libre de discriminación estructural por identidad u orientación sexual son indispensables para garantizar derechos tan fundamentales como el derecho al trabajo. Según la CIDH, existe un vínculo claro entre exclusión, pobreza y violencia. Este organismo señala, por ejemplo, que el 90% de las mujeres trans en Latinoamérica y el Caribe ejercen trabajo sexual como medio de supervivencia y, en consecuencia, enfrentan criminalización directa o indirecta.

Doble desafío enfrentan aquellos cuya identidad indígena e identidad de género no normativa, se entrecruzan con la profundización de la pobreza y la marginación incluso dentro de sus propios territorios indígenas.

Promover y generar políticas públicas no discriminatorias es un paso necesario en la construcción de sociedades inclusivas, instituciones fuertes y responsables, en la construcción de la paz, de acuerdo al Objetivo 16 (de los 17 objetivos) de Desarrollo Sostenible. Disminuir desigualdades y aumentar la igualdad de género son también parte de los Objetivos 10 y 5, respectivamente. Ningún paso hacia el progreso y cumplimiento de esos objetivos puede darse en un contexto marcado de violencia, conflictos o amenazas de violencia. Es claro que Latinoamérica no puede asegurar un crecimiento económico sostenible si sus políticas públicas de desarrollo no son inclusivas. Que la región alcance los 17 objetivos y se involucre en el camino hacia la dignidad para 2030, es urgente y es tarea de todos. La acción, la exigencia y la concientización por una América libre de prejuicios, violencia y discriminación está en nuestras manos.

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Verenice Bengtsson

Verenice estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estudió género, etnicidad, clase y bienestar social en la Universidad de Lund y una maestría en Estudios Políticos Globales con especialización en Derechos Humanos de la Universidad de Malmö. Actualmente vive en Suecia y trabaja promoviendo Derechos Humanos inclusión y diversidad en las empresas del Sur de Suecia.

Christian Andres Gonzales Calla

Politólogo.

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