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Pueblos originarios de Brasil en lucha contra los cambios en la Constitución

El golpe parlamentario/judicial y mediático vivido por el Brasil en 31 de agosto de ese año ha colocado una nueva barrera a los pueblos originarios. No que el gobierno de Dilma Roussef estuviera totalmente en favor de las demandas indígenas, pero el mandato de Michel Temer agrega mucho más poder a la bancada legislativa que representa el agro-negocio y el latifundio. Esa bancada –de corte conservador, casi fascista– es la que quiere cambiar la Constitución, sacando del Ejecutivo la decisión de demarcar tierras indígenas, trasladando esa función al Congreso Nacional. Además de definir las nuevas demarcaciones, los diputados podrán también cuestionar las demarcaciones ya hechas, lo cual significa un retroceso sin precedentes para la dura lucha de los pueblos indígenas.

El movimiento de los pueblos originarios en Brasil ha crecido mucho en la última década, incluso saliendo de la tutela política de las organizaciones religiosas o de las controvertidas ONGs. En los Estados de la federación donde hay más comunidades o población indígena, han creado organizaciones propias, así como también se consolidaron organizaciones de carácter nacional que articulan las luchas de manera unificada. Hoy, son 305 etnias vivas y en lucha por el territorio, por el derecho a la autonomía y por vivir su propia cultura. Esta población –que en los años ‘90 eran apenas 300 mil almas– llega actualmente a casi un millón de personas, lo que puede parecer poco en un país de más de 200 millones de habitantes. Pero si se considera la historia de exterminio y de tentativa de apagamiento de las culturas, esta cifra se convierte en un gran hecho para los pueblos originarios.    

No se pode dejar de reconocer que la era petista, aunque haya hecho (en gran parte) caso omiso con los asesinatos y ataques sistemáticos de los ruralistas a los pueblos indígenas, ha promovido algunas alteraciones en la vida cotidiana que permitieron ese ascenso del movimiento. La decisión de garantizar cuotas para indígenas en las universidades ha llevado miles de jóvenes a la enseñanza superior. Según datos del Ministerio de Educación, hoy son más de ocho mil indígenas en las universidades. Eso, de cierta forma, permite que la juventud se apropie del saber del “no-indígena” y con eso pueda enfrentar con mucho más eficacia los ataques que son innumerables. Además, esa presencia en las universidades igualmente ayuda para que los “no-indígenas” puedan acercarse a la cultura y la sabiduría indígena. De alguna manera –aunque haya mucho prejuicio– el dialogo se hace.

Junto a esto, la organización autónoma de las comunidades y la creación de entidades únicamente indígenas, también han permitido que los pueblos encuentren caminos para decir su propia palabra, sin necesitar de mediaciones.

Pero claro que eso no es suficiente, porque el poder del agro-negocio –también potenciado durante el gobierno del PT– sigue siendo desproporcional. Basta que se vea el propio Congreso Nacional, donde los representantes del mundo del latifundio son muchos y tiene aliados de peso. No es sin razón que esos diputados quieren hacer el cambio en la Constitución con la PEC-215, que es una propuesta de enmienda constitucional que entrega al Congreso las decisiones sobre las demarcaciones de la tierra.  Eso es fundamental para los hacendados, los dueños de tierras, porque ellos quieren apoderarse de los territorios donde están hoy los indígenas. Espacios de muchas riquezas, no solo como lugar de plantación, sino también por sus manantiales y las fuentes de recursos para la minería.

En el Estado de Mato-Grosso do Sul, por ejemplo, donde están las tierras más fértiles del país, los ataques a los indígenas son feroces y sistemáticos. La etnia Guarani-Kaiwoá incluso llegó a lanzar un documento donde anunciaba su decisión de llevar una dura lucha en el caso que el gobierno no definiera la demarcación de sus tierras. Ellos viven en las orillas de las carreteras, sin poder ocupar sus tierras, y son violentamente atacados por los terratenientes y criminales a sueldo de esos hacendados. Muchas personas son asesinadas, mujeres son brutalizadas, niños son violados y mucho jóvenes cometen suicidio por negarse a vivir sin un lugar. Incluso el poder judicial local apunta contra ellos, los indígenas, acusándolos de ser una traba al  progreso. O sea, toda la estructura del poder instituido se asocia con los intereses de los propietarios de las tierras.

También en la región norte del país, en la Amazonia, las obras de construcción de hidroeléctricas –más de 40, incluyendo la gigante Belo Monte– alzaron a los pueblos en rebeliones y luchas. Muchas fueron las batallas en contra de la destrucción de los ríos y de los territorios sagrados, pero el gobierno federal –de Lula y Dilma– hicieron oídos sordos, garantizando que las máquinas siguiesen su trabajo. Esa ya es una batalla perdida.

Pero con la propuesta de cambio en la Constitución (PEC-215) las cosas se pueden ponerse aún más duras, porque además de dejar en manos de los intereses del capital la decisión de demarcación das tierras, las decisiones ya tomadas pueden ser revertidas. Eso significa que territorios ya definidos, donde viven los pueblos, pueden ser tomados con respaldo en la ley. Lo que determinará eso serán los intereses de expansión agrícola o la minería.  

No es sin razón que esa esta siendo la lucha más importante en este momento para los pueblos originarios. Porque hubo un golpe y los grupos de intereses en el cambio de la Constitución están fortalecidos, llenos de poder. En un universo de 503 diputados, los indígenas quizás puedan contar con unos 50. Por eso siguen en Brasilia, capital de la república, en manifestaciones constantes.

La única posibilidad de que los pueblos originarios puedan vencer esta batalla es contar con el apoyo de la gente, de los trabajadores, de las fuerzas sindicales, las entidades del movimiento social. Su primera batalla, en verdad, es la de la comunicación. Hacer llegar a la gente sus reivindicaciones y demandas. Hacer que éstos comprendan lo que significa tener su territorio y poder vivir su cultura. Pero, esa también es una lucha muy difícil pues todos los medios de comunicación comercial –las grandes televisoras, los periódicos y revistas semanales– han creado un consenso en la opinión pública de que los indígenas son perezosos, criminales, borrachos, gente que no deja al país seguir adelante. Eso va gestando prejuicios que son muy duros de quebrar apenas con la comunicación alternativa, comunitaria y popular. El alcance de esos medios es pequeño y una única red de televisión –como O Globo, que es un oligopolio– puede llegar a 97% del territorio nacional, siempre repitiendo mentiras.

Pero para los indígenas las alternativas son luchar o luchar. No hay otra salida, una vez que prácticamente todas las fuerzas conservadoras están con las garras afiladas, prontas para desalojar a las comunidades que tengan riquezas en sus territorios. La solidaridad internacional puede ser un elemento importante para frenar la ganancia de los políticos brasileños. Borrar la PEC-215 es una necesidad urgente. No resuelve todos los dramas de los pueblos originarios, pero posibilita un respiro en una guerra que parece no tener fin.

Para el capitalismo los pueblos indígenas son inútiles, porque no producen mercancías. Así es que tratan de extermínalos. Pero, si uno mira con cuidado, verá que son los pueblos originarios los únicos que pueden ayudar la humanidad a mantener el planeta, la casa de todos. Son los indígenas los que tienen encarnados en su cultura el cuidado con la vida, toda  la vida que vive. Son los protectores, los cuidadores de la tierra. Sin ellos, también la tierra se hunde.

Que la gente no-indígenas pueda aprender la lección. Y, con los originarios, emprender el largo y necesario camino para el corazón de la Pachamama. Proteger los hijos de la tierra es proteger la tierra misma. Nuestra casa. De todos nosotros.

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Elaine Tavares

Periodista del Instituto de Estudios Latinoamericanos/UFSC | Tw: @eteia

Christian Andres Gonzales Calla

Politólogo.

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