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No debió haberse dado un plebiscito en Colombia

Por enfrascarnos como región en el debate en favor del SI o el NO de los acuerdos de paz en Colombia, me da la impresión de que en el camino hemos olvidado un elemento importante: Colombia no controla la totalidad de su territorio, pues hace décadas que no solo uno, sino varios grupos guerrilleros, narcotraficantes y paramilitares han descuartizado la soberanía nacional, además de haber desafiado (no como una excepción, sino como la regla) a la definición misma del Estado de Weber, que vendría a ser la entidad portadora del monopolio legítimo de la fuerza.

En una situación multidimensional de conflicto armado como el colombiano, el cargo de Jefe de Estado no solamente se encuentra sujeto a la administración de los asuntos que requieren la atención de la parte del país que vive enmarcada en la ley, sino que también recae en su investidura la obligación de comandar a las fuerzas militares que se encuentran combatiendo una guerra intestina.

Ahora bien, fue una iniciativa bastante loable la de Santos de haber intentado poner a consideración de la población lo negociado en La Habana con las FARC, sin embargo, ese camino tan sólo representaba uno de muchos otros que se podrían haber tomado. Como Primer Mandatario de un Estado en situación bélica, Santos debería haber planteado el acuerdo como un tratado de carácter vinculante de inicio, mismo que podría haber sido aprobado o reformado, y para ganar más legitimidad, directamente en el Legislativo.  

Como es tradicional, los parlamentos tienen la prerrogativa tanto de aprobar que un país vaya a la guerra, como el aceptar o rechazar los términos de rendición (si su ejército vuelve victorioso) o de capitulación (si su ejército vuelve derrotado). En este entendido, y comprendiendo que se vive un Estado “excepcional”, el Presidente tiene la atribución tanto de decretar un cese al fuego sin necesidad de una consulta previa (que Santos sí lo hizo sin problema) como de negociar los términos de un pacto con los insurgentes, para así finalmente poder sentar soberanía en los territorios irredentos.

Si a Uribe se le dio permiso para encrudecer el conflicto durante diez años, a Santos también se le debería haber dado tácitamente permiso para firmar un convenio de paz con la legitimidad que deviene de haberlo votado a él y al Congreso en elecciones democráticas.

Es muy posible que mi opinión personal no haga demasiado eco en el sentimiento generalizado, que va desde quienes argumentan que era “imprescindible” preguntarle a todos los colombianos sobre el destino de los acuerdos, hasta quienes defienden el volver a la guerra total, planteada por la década del uribismo a través de su tan controversial “Política de Seguridad Democrática”.

Dicho esto, “me lanzo a la piscina”, a ver qué pasa: consultarle a la ciudadanía sobre un acuerdo final de 297 páginas sería entendible si es que se trata de una nueva Constitución Política, no en el caso de un pacto que conlleva la recuperación de soberanía territorial perdida; además de ser poco considerado con el elector promedio el hacer un referéndum sobre un texto que sólo comprende a cabalidad un puñado de técnicos legales y el equipo de negociadores.

Finalmente, creo que es ser abusivo con las frágiles capacidades democráticas que se han logrado con los años el gastar esfuerzos y recursos en una consulta donde el 60% de la población ni siquiera participó, para aprobar o rechazar un pacto que, a la sola firma y con posibles mecanismos de reforma posterior de un Ejecutivo y un Legislativo votado en urnas (y al que pertenece Uribe), le hubiera resuelto en parte la vida a miles de desplazados, victimas y afectados.

Plebiscitos deben existir cuando un país se encuentra viviendo ya en paz, no en medio conflicto.

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