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‍Neoextractivismo y otros pecados capitales de la “izquierda progresista”

En una entrevista reciente, Noam Chomsky hizo un balance de los principales aciertos y desaciertos de la llamada “izquierda progresista” en América Latina. En cuanto a los desaciertos, criticó los proyectos económicos que insertaron a la región, como nunca, en las cadenas globales de producción y comercio. Dicha inserción amplió, como siempre, la posición de desventaja para América Latina, cuyas economías se convirtieron en una gran subasta de bienes primarios destinados a países industrializados del norte, China y otras potencias emergentes.  

En la línea de Chomsky, el aumento de la exportación de productos primarios generó, en un primer momento, mejores condiciones para que países como Venezuela, Argentina, Brasil, Ecuador y Bolivia ampliaran sus gastos en políticas sociales. Bajo este aspecto, la inversión intensiva en infraestructura y la exportación acelerada de recursos naturales permitieron remediar algunos males del prontuario neoliberal, vigente en la década de 1990. En dicho período, la pobreza y la indigencia avanzaran a un ritmo metastásico, disminuyendo solamente a partir de la década del 2000, durante el apogeo de los gobiernos de izquierda. Las siguientes cifras de CEPAL reflejan, claramente, esa tendencia:  

Pese a la disminución de la pobreza durante la era de la “izquierda progresista”, Chomsky se pregunta si esta realidad es resultado de la reducción estructural de la desigualdad, de políticas sostenibles de desarrollo o de una bonanza coyuntural, dependiente de un ciclo favorable de demanda por bienes primarios. Claramente, el aumento de la demanda internacional de petróleo, gas natural, minerales y monocultivos fue el principal responsable por la década de vacas gordas en los países gobernados por la izquierda en América Latina. Con el fin del período de bonanza, tales países deben enfrentar ahora los costos sociales, económicos, políticos y ambientales de la extracción irracional de recursos naturales, fenómeno usualmente denominado “neoextractivismo”.

El neoextractivismo latinoamericano trajo consigo algunas manifestaciones de la llamada “maldición de los recursos naturales” (resource curse). Se trata de la paradoja según la cual países abundantes en recursos naturales tienden a poseer instituciones democráticas más débiles y, en general, un peor desempeño económico, en comparación con el de países industrializados desprovistos de tales recursos[1]. En mayor o menor medida, todos los países de América Latina han pasado por un fuerte proceso de desindustrialización y, en casos extremos como Venezuela, la única actividad industrial que sigue de pie está vinculada a la extracción y procesamiento del petróleo.

Desde el punto de vista político, el neoextractivismo tuvo como trasfondo la captura del Estado por parte de constructoras y empresas del sector minero-energético. Antes de los escándalos de corrupción que enlodan a varios partidos de izquierda en la región, una parte considerable del electorado latinoamericano hacía una distinción entre los proyectos políticos liderados por Lula, Kirchner, Chávez, Correa y Morales y los proyectos políticos de una derecha habituada a disputar elecciones a través de corruptelas. Este es probablemente el legado más dañino del abrazo entre la “izquierda progresista” y el neoextractivismo: la impresión de que no importa la camisa ideológica de quienes disputan la elección; los vencedores siempre rendirán cuentas a las corporaciones que financian el juego electoral.

Tradicionalmente, cuando los mecanismos simbólicos de preservación de la hegemonía de una elite económica estuvieron en riesgo en América Latina, existía la posibilidad de apropiarse de facto del Estado y acallar líderes de izquierda que alcanzaron el poder democráticamente (Jacobo Árbenz en Guatemala, João Goulart en Brasil y Salvador Allende en Chile) o que poseían todas las condiciones para hacerlo (Jorge E. Gaitán en Colombia). Para la decepción de Antonio Gramsci, la nueva élite económica ya no necesita mecanismos tan soeces como las dictaduras o los asesinatos en América Latina. De hecho, pueden prescindir de la hegemonía política para continuar ejerciendo la económica.

Es interesante observar como la historia reciente de América Latina puede ser contada a partir de grandes ciclos de modismos discursivos. Entre las décadas de 1950 y 1980, expresiones enraizadas en la “doctrina de seguridad nacional” inspiraron el discurso de dictadores y sus simpatizantes. “Restauración del orden interno y proceso de reorganización nacional” fueron algunas expresiones que generales autoproclamados presidentes utilizaron para justificar la usurpación de la democracia y el terrorismo de Estado. Con el fin de la Guerra Fría, los modismos no fueron importados de la Escuela de las Américas, sino de la Escuela de Chicago. Términos como “estabilización macroeconómica, shock de gestión y apertura comercial” pasaron a dominar el discurso de jefes de Estado, Ministros y Presidentes de Bancos Centrales a lo largo y ancho del continente.

A partir de la segunda mitad de la década de los ‘90, un nuevo modismo fue incorporado al discurso político tanto de la izquierda como de la derecha. Se trata del modismo neoextractivista, adaptable a cualquier cariz ideológico. Como resultado de dicho modismo, se multiplicaron los megaproyectos de infraestructura, tanto para la producción de energía como para el transporte de bienes primarios, rumbo a puertos chinos o del norte global. En medio al boom extractivista, representantes de la “izquierda progresista” tales como Rafael Correa, Evo Morales y Daniel Ortega emplearon un discurso de descrédito contra quienes defienden formas tradicionales de ocupación y uso del territorio. “Enemigos del desarrollo y ambientalistas dogmáticos” fueron algunas expresiones utilizadas para descalificar a quienes se oponen a los modelos de extracción a gran escala. Por otro lado, “utilidad pública, interés nacional y desarrollo”, son algunos términos que conforman el mantra de los modelos económicos caracterizados por la extracción intensiva de recursos naturales.

Salvados los innegables beneficios de los proyectos de desarrollo social y ambientalmente sostenibles, el meollo de la controversia parece radicar en el significado de esta palabra tan desgastada por el juego del discurso político: desarrollo. Desde México hasta Chile, pasando por Ecuador y Brasil, tal vocablo ha sido utilizado como sinónimo de dos cosas: a) la satisfacción de demandas sociales, siendo la renta y el empleo generados por megaproyectos un medio idóneo para la consecución de tan noble finalidad; y b) un majestuoso crecimiento del producto interno bruto. En general, mientras los gobiernos autodenominados de izquierda enfatizan la primera definición, los que evitan dicho rótulo o asumen directamente el sello de derecha abrazan la segunda definición.

En el caso de Brasil, la recolección de los pedazos dejados por la implosión moral del Partido de los Trabajadores (PT) y, lo que es más importante, la reconstrucción de un proyecto político de izquierda, requieren el diseño de un modelo de desarrollo realmente emancipador. Tal proceso debe partir del reconocimiento de que los gobiernos petistas fueron indiferentes y, particularmente en el caso de Dilma Rousseff, agresivos a las demandas de los pueblos indígenas. Basta con mencionar el uso de aparatos estatales de inteligencia para realizar espionaje y criminalizar líderes indígenas, ONGs y opositores a proyectos de “desarrollo” ecocidas, tales como las usinas hidroeléctricas de Belo Monte y Tapajós.

No viene al caso ventilar la instrumentalización de la política económica en beneficio de constructoras y grandes empresas extractivas durante los gobiernos petistas. Sin embargo, es importante destacar la necesidad de un nuevo discurso en el que la superación de la pobreza no se de a costa de pasivos ambientales irreparables y de la negación de derechos fundamentales de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades tradicionales. No se puede negar que la emancipación de Brasil ante las asimetrías de la cadena global de producción y comercio pasa por la reducción de la pobreza. No obstante, resulta evidente que el apelo ideológico a la justicia redistributiva fue defraudado por la “izquierda progresista”, tanto en Brasil como en otros países de América Latina, donde los estratos poblacionales más pobres lograron consolidarse, cuando mucho, como consumidores ocasionales y no como ciudadanos. En el proceso de recomposición de sus pedazos, la “izquierda progresista” debería renovar el discurso sobre el desarrollo, bajo una lógica de justicia no solo como superación de la pobreza, sino como reconocimiento de la forma de vida diferenciada de ciertos sectores de la población, tales como los pueblos tradicionales.

Al defender la concesión del canal interoceánico a un magnate chino, el presidente nicaragüense Daniel Ortega, parafraseó, a su modo, una alocución de Augusto César Sandino, para quien la soberanía nunca sería alcanzada mientras subsistiera la pobreza en Nicaragua. Para Ortega, una obra estrambótica que conecta dos océanos y que salinizará el lago de agua dulce más grande de Centroamérica es la única forma de sacar a su país del subdesarrollo. Es evidente, sin embargo, que la concesión de un canal faraónico, social y ambientalmente inviable, solo contribuirá para el enriquecimiento de la endogamia presidencial de los Ortega, en el poder desde el 2006, y para hundir Nicaragua en el enredo de corrupción, injusticia y dependencia que caracteriza la inversión transnacional en infraestructura.

Esa simbiosis entre corrupción y política de desarrollo es una de las marcas deletéreas que deben ser erradicadas de la izquierda latinoamericana, en general, y en Brasil, en particular. Al referirse a la reconducción del PT post-golpe del 2016, Chomsky aseveró: “no creo que el partido esté perdido, de ninguna manera. Hay varios logros alcanzados, y pienso que muchos serán mantenidos. Pero hay también retrocesos. Tendrán que elegir nuevamente fuerzas más honestas con disposición para reconocer la necesidad de desarrollar un proyecto económico con fundamentos sólidos y no basadas exclusivamente en la exportación de bienes primarios...”[2]

Por ende, se puede afirmar que las políticas de desarrollo fundadas en el neoextractivismo solo contribuyeron para escavar el abismo ético y político en el que se encuentra una parte considerable de los partidos de izquierda que conquistaron victorias electorales en los últimos años en América Latina. Salir de dicho abismo pasa, en la lección de Boaventura, por la construcción de una nueva izquierda intercultural, dispuesta a alzar a bandera de la justicia ambiental y dar voz, voto y prioridad a los pueblos tradicionales ante decisiones relacionadas con su territorio. Si la huella de la izquierda es la emancipación individual y colectiva ante estructuras sociales injustas, no hay grupo humano más acostumbrado a resistir la dominación cultural y material que los referidos pueblos. Su historial de resistencia a la mercantilización de la naturaleza debe ser un ejemplo para la izquierda latinoamericana.    

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[1] La expresión resource curse fue utilizada por primera vez por el economista británico Richard M. Auty, en 1993, para describir la incapacidad de los países ricos en minerales de utilizar la renta derivada de tales recursos para modernizar sus economías y alcanzar niveles de crecimiento económico superiores a los de países industrializados que cuentan con una cantidad inferior de recursos naturales.

[2] Texto original: I don’t think the game is over by any means. There were real successes achieved, and I think a lot of those will be sustained. But there is a regression. They’ll have to pick up again with, one hopes, more honest forces that won’t be—that will, first of all, recognize the need to develop the economy in a way which has a solid foundation, not just based on raw material exports.

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Daniel Cerqueira

Oficial de programa sénior de Due Process of Law Foundation. Twitter: @dlcerqueira

Christian Andres Gonzales Calla

Politólogo.

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